{"id":99989,"date":"2026-06-25T19:46:20","date_gmt":"2026-06-25T19:46:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3293-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:46:20","modified_gmt":"2026-06-25T19:46:20","slug":"stc3293-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3293-2017\/","title":{"rendered":"STC3293-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3293-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00489-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Arsenio Blanco Fl\u00f3rez, frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, extensiva a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, vincul\u00e1ndose a los intervinientes en el juicio (n.\u00b0 2009-80001) que cursa en el despacho acusado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

2.1. Mediante sentencia proferida el 9 de septiembre de 2010 por el despacho encartado fue condenado a pena de prisi\u00f3n de 528 meses por el delito de \u00abhomicidio agravado en concurso con lesiones personales\u00bb, la que apelada fue confirmada por el Tribunal censurado con providencia de 5 de noviembre siguiente, pero modific\u00f3 la sanci\u00f3n, dej\u00e1ndola en \u00ab440 meses de prisi\u00f3n\u00bb, la cual qued\u00f3 debidamente ejecutoriada el 21 de septiembre de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Desde el momento de la captura ha alegado su inocencia y \u00abpeleado por [su] integridad social y humanidad\u00bb y al 1.\u00b0 de noviembre de 2016 lleva \u00ab85 meses y 26 d\u00edas\u00bb privado de su libertad.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Afirma que la persona que caus\u00f3 ese homicidio fue Nelson Enrique Fl\u00f3rez Rangel, hecho por el que se encuentra \u00abprivado de la libertad desde el 26 de agosto de 2015\u00bb quien se entreg\u00f3 voluntariamente dentro de la causa 540013187002-2016-00110-00 y, el 9 de febrero de 2016 realiz\u00f3 un \u00abpreacuerdo\u00bb con la Fiscal\u00eda que fue aprobado por el Juzgado 3.\u00b0 Penal del Circuito de C\u00facuta, en el que acept\u00f3 \u00ablibre y espont\u00e1neamente y sin presi\u00f3n\u00bb que el 1.\u00b0 de enero de 2009 cometi\u00f3 \u00abel homicidio [\u2026] en contra de la humanidad del se\u00f1or Juan Carlos Lizarazo Meza, [\u2026] que cometi\u00f3 el delito y caus\u00f3 la muerte a ese se\u00f1or\u00bb, menciona la verdad y \u00abaclara como fueron los hechos y manifiesta verbalmente y por escrito su responsabilidad\u00bb, donde a \u00e9l lo \u00absaca en limpio\u00bb y reconoce que no particip\u00f3 en la \u00abconducta\u00bb, por lo que fue condenado a 238 meses de prisi\u00f3n y vigila la sanci\u00f3n el hom\u00f3logo 2.\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medias de Seguridad  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abverificar los audios y escritos procesados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta y la declaraci\u00f3n por escrito hecha por [Nelson Enrique Fl\u00f3rez Rangel] donde acepta su responsabilidad y manifiesta que [el actor] no procedi[\u00f3] con ning\u00fan tipo de conducta\u00bb por lo cual su \u00abprivaci\u00f3n de la libertad es ilegal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 15 de noviembre de 2016, el Tribunal del Distrito Judicial de C\u00facuta admiti\u00f3 la tutela (f. 9), y el d\u00eda 24 de ese mismo mes y a\u00f1o declar\u00f3 su improcedencia (ff. 60-68).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La determinaci\u00f3n fue impugnada por el interesado y, la hom\u00f3loga Penal mediante prove\u00eddo de 9 de febrero de 2017 decret\u00f3 la invalidez de todo lo actuado por falta de competencia y dispuso su remisi\u00f3n a esta Colegiatura. (ff. 3-6 cuad. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. A la protecci\u00f3n invocada se le dio tr\u00e1mite, admiti\u00e9ndola, mediante auto del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El secretario del juzgado censurado, tras presentar el decurso del proceso 54001-61-06109-2009-80001 seguido contra el accionante por las conductas punibles de homicidio agravado y lesiones personales manifest\u00f3 atenerse a lo expuesto en la providencia de 9 de septiembre que lo conden\u00f3 a la pena de 528 meses de prisi\u00f3n. Asimismo, aludi\u00f3 a la improcedencia del amparo, puesto que pretende revivir t\u00e9rminos precluidos y convertir la acci\u00f3n en una tercera instancia \u00abpara regresar nuevamente al debate que ya concluy\u00f3 en el juicio\u00bb (ff. 104-105).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Novena Seccional adscrita a la Unidad de delitos contra la Vida manifest\u00f3 no contar con elementos para pronunciarse por haber entregado la carpeta al Juez al momento de dictar sentencia condenatoria, y porque funge como titular de ese despacho desde el mes de septiembre de 2016. (f. 110).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido,  en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

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2. El gestor pretende se \u00abverifique\u00bb la actuaci\u00f3n surtida ante el a quo, as\u00ed como la \u00abdeclaraci\u00f3n por escrito hecha por [Nelson Enrique Fl\u00f3rez Rangel] donde acepta su responsabilidad y manifiesta que [el aqu\u00ed actor] no procedi[\u00f3] con ning\u00fan tipo de conducta\u00bb, con el objeto de demostrar que su \u00abprivaci\u00f3n de la libertad es ilegal\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas allegadas, se observa lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de 21 de septiembre de 2011, resolvi\u00f3 \u00abno admitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor de Arsenio Blanco Fl\u00f3rez\u00bb, por cuanto sostuvo que \u00ab La casaci\u00f3n, en t\u00e9rminos del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, en tanto control constitucional y legal s\u00f3lo resulta viable cuando el fallo objeto de ella afecta derechos o garant\u00edas fundamentales por alguno de los motivos que el mismo precepto indica; en consecuencia, las causales del recurso extraordinario no son un fin en s\u00ed mismas, sino el medio por el cual ha de hacerse evidente la afectaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, por eso una demanda en forma no debe ce\u00f1irse exclusivamente a la demostraci\u00f3n de la causal que se invoque, sino adem\u00e1s y principalmente a la acreditaci\u00f3n de que la sentencia recurrida vulner\u00f3 una prerrogativa de la mencionada \u00edndole pues la casaci\u00f3n, dentro del contexto constitucional penal, ha de entenderse y proponerse a partir de sus fines, eso explica por qu\u00e9 a\u00fan frente a demandas formal y t\u00e9cnicamente correctas desde el punto de vista de la causal que se aduzca, la Corte est\u00e1 facultada para inadmitirlas cuando de su contenido se advierta que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso o porqu\u00e9, pese a que algunas demandas resulten en ese sentido desacertadas, la Corte puede superar los defectos formales para decidir de fondo \u00abatendiendo a los fines de la casaci\u00f3n, fundamentaci\u00f3n de los mismos, posici\u00f3n del impugnante dentro del proceso e \u00edndole de la controversia planteada\u00bb\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, refiri\u00f3 que \u00abla inferencia que reclama el abogado no resulta m\u00e1s que una especulaci\u00f3n por la sencilla raz\u00f3n que ninguno de los testimonios cuestionados, m\u00e1s all\u00e1 de decir que la v\u00edctima le asi\u00f3 la cuchilla al ofensor, o que se encontraban agarrados o que le quit\u00f3 el arma blanca, nada aseveran de modo objetivo en torno a establecer los elementos de la eximente de responsabilidad, nadie indica en lo m\u00e1s m\u00ednimo que la v\u00edctima haya pasado a actuar como agresor, esta es una deducci\u00f3n del demandante carente por lo mismo de sustento, de ah\u00ed sus expresiones de que \u201cArsenio Blanco act\u00faa, cree, piensa que su pariente iba a ser agredido con la cuchilla en mano de la v\u00edctima\u2026quien no iba a correr con la cuchilla al despojar a Nelson de ella, sino muy seguramente a lesionarlo por la actitud violenta de \u00e9ste y para ello no hab\u00eda que pensarlo dos veces, pues hubiera sido fatal tal postura, si se hace, o que \u201cla v\u00edctima no lo desarma para correr, sino para atacar, para deshacerse del agresor, indudablemente\u201d\u00bb, por lo que la conjetura de que \u00abla v\u00edctima no despoj\u00f3 a su ofensor del arma para evitar el ataque sino para a su turno agredir no tiene en esas condiciones sustento alguno\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente anot\u00f3 que \u00abno otra decisi\u00f3n procede que la de inadmitir la demanda que se examina, m\u00e1s a\u00fan cuando no se advierte que el recurso de casaci\u00f3n est\u00e9 convocado en este asunto a cumplir alguna de sus finalidades o que se hayan vulnerado garant\u00edas de orden fundamental que impongan su protecci\u00f3n oficiosa\u00bb, advirtiendo, en todo caso, que contra esa decisi\u00f3n proced\u00eda la insistencia prevista en el canon 184 de la Ley 906 de 2004. (fls. 1-27).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) De la anterior providencia se infiere que el 9 de septiembre de 2010 el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento acusado, conden\u00f3 al se\u00f1or Arsenio Blanco Fl\u00f3rez (aqu\u00ed accionante) por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales a la pena principal de prisi\u00f3n de 528 meses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Asimismo, el 5 de noviembre siguiente el ad-quem censurado al desatar la alzada confirm\u00f3 el fallo de primer grado y modific\u00f3 la sanci\u00f3n fij\u00e1ndola en 440 meses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Esta Sala, a partir del 4 de septiembre de 2014, en aplicaci\u00f3n de las reglas de competencia consagradas en el Decreto 1382 de 2000 y a su reglamento interno, recogi\u00f3 el criterio denominado \u00ab\u00f3rgano l\u00edmite\u00bb, consistente en que no era de recibo tramitar \u00abacciones de amparo\u00bb tendientes a revisar, v\u00eda constitucional, las providencias adoptadas por sus hom\u00f3logas de esta Corporaci\u00f3n en los diversos juicios sometidos a su conocimiento y, entonces, en lo sucesivo, dio curso a las tutelas formuladas contra determinaciones de la aludida autoridad de casaci\u00f3n (CSJ ATC5313-2014, rad. 01999-00 y CSJ ATC5314-2014, rad. 00271-00, entre otros).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Conforme al entendido que viene de verse, cabe emprender el an\u00e1lisis del reparo elevado, m\u00f3vil por lo que a ese prop\u00f3sito, antes que otra cosa, es menester examinar acerca de si se brind\u00f3 o no observancia a los presupuestos generales y especiales de procedencia de esta acci\u00f3n, entre ellos, al de \u00abinmediatez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Relativamente al \u00faltimo t\u00f3pico enunciado, que ata\u00f1e con la forma en que ha de verificarse la tempestividad de las solicitudes de salvaguardia dirigidas, para el caso que nos ocupa, en frente de pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es decir, a prop\u00f3sito del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino jurisprudencial de seis (6) meses que est\u00e1 fijado como el l\u00edmite temporal razonable que ha de atenderse en pro de verificar si la petici\u00f3n de resguardo atiende al postulado de marras, esta Corporaci\u00f3n relev\u00f3, en CSJ STC2446-2015, 5 mar. rad. 00392-00, que \u00abmientras se aplic\u00f3 el criterio del \u201c\u00f3rgano l\u00edmite\u201d, ninguna posibilidad ten\u00eda el promotor de someter al escrutinio constitucional los pronunciamientos aqu\u00ed denunciados, independientemente del t\u00e9rmino que hubiere transcurrido entre su proferimiento y la formulaci\u00f3n del amparo, lapso que deber\u00e1 contarse s\u00f3lo a partir del cambio de jurisprudencia -4 de septiembre de 2014-\u00bb (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicho de otra manera, pretorianamente qued\u00f3 establecido que \u00abel d\u00eda hito desde el cual se ha de principiar el c\u00e1lculo del per\u00edodo de \u201cinmediatez\u201d, en los restrictivos asuntos que connotan la naturaleza del ahora auscultado, no es otro distinto que la fecha del 4 de septiembre de 2014, data que se yergue coto a considerar derivado del cambio doctrinal adoptado sobre el concreto tema actualmente abordado\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2015, rad. 00875-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Con vista en el entendido anterior, que, it\u00e9rase, solamente aplica cuando se trata de efectuar el conteo del antedicho plazo en trat\u00e1ndose de discrepancias constitucionales enfiladas contra providencias de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, a secuela que desde el 4 de septiembre de 2014 y hasta el momento de la formulaci\u00f3n de la presente solicitud de resguardo, que no es otro que el 11 de noviembre de 2016, (fl. 7), transcurri\u00f3 un interregno mayor al ut supra mentado, lo que, per se, torna improcedente la petici\u00f3n de amparo de que aqu\u00ed se trata.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Es, en ese orden de ideas, que el reclamante no puede acudir a este excepcional\u00edsimo medio de protecci\u00f3n para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, ya que, como reiteradamente ha sido referido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la acci\u00f3n de tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso (CSJ STC, 9 dic. 2010, rad. 00376-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta senda ius fundamental, en que necesariamente ha de repararse, la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01 y STC5826.2015, 14 may. rad 00954-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. De otra parte, en lo que refiere a la queja relacionada con el supuesto que Nelson Enrique Fl\u00f3rez Rangel realiz\u00f3 preacuerdo con la Fiscal\u00eda, en el que manifest\u00f3 haber cometido el homicidio del se\u00f1or Juan Carlos Lizarazo Meza (hecho por el que fue juzgado el promotor el amparo), y que fue aprobado por Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta el 9 de febrero de 2016, tampoco resulta viable el amparo constitucional puesto que, de concurrir los supuestos legales exigidos para ello, puede plantearse tal a la jurisdicci\u00f3n a trav\u00e9s del instrumento que para el efecto tiene previsto el ordenamiento jur\u00eddico, este es el recurso o la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el estatuto procesal penal (art. 192 L. 906 de 2004).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto esta Sala en un asunto de similares aristas precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado y acerca de la petici\u00f3n de reabrir el proceso penal criticado, por existir, seg\u00fan los dichos del quejoso, hechos nuevos que dan cuenta de su inocencia, advi\u00e9rtase que cuenta aqu\u00e9l con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de la que trata el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede efectuar el juez de tutela al respecto, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna este tipo de acciones. (CSJ STC17257-2016, 30 nov. 2016 rad. 003365-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otra oportunidad sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo aducido por […] frente a nuevos \u2018elementos probatorios necesarios para darle vigor y solidez a la solicitud de amparo\u2019 conduce, igualmente, a descartar la protecci\u00f3n, como quiera que es un tema propio de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, siendo \u00e9ste el medio id\u00f3neo para indicar que hay nuevas pruebas que no se pudieron aportar al juicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicho mecanismo resulta viable a tenor de lo establecido en los art\u00edculos 75 y 220 de la Ley 600 de 2000, aplicable al caso atendiendo la fecha de ocurrencia de los hechos, seg\u00fan los cuales, \u2018La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (\u2026) 2. De la acci\u00f3n de revisi\u00f3n cuando la sentencia, la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n o la cesaci\u00f3n de procedimiento ejecutoriadas hayan sido proferidas en \u00fanica o segunda instancia por esta corporaci\u00f3n o por los tribunales superiores de distrito o por los fiscales que act\u00faen ante ellos\u2019, y \u2018La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 3.- cuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u2019 (CSJ. STC6859-2016, 26 may. 2016 rad. 01295-00).  <\/span><\/p>\n

Luego entonces, dado que el gestor, en calidad de condenado, cuenta con un medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear las inconformidades que ahora manifiesta por v\u00eda de tutela, vale decir, el se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n extraordinaria, con prescindencia del desenlace que tenga ese puntual instrumento, resulta improcedente el amparo deprecado, ya que de otra manera \u00e9ste se convertir\u00eda en una herramienta paralela a los procedimientos ordinarios, circunstancia que choca con lo prescrito por la doctrina constitucional, en cuanto que  <\/span><\/p>\n

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\u00abTal mecanismo preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia  cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC 6  feb. 2003, Rad. 23243, reiterada 4 jul. 2014, Rad. 01341 y STC3590-2015 26 mar. 2015 rad. 00589-00).  <\/span><\/p>\n

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10. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3293-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00489-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}