{"id":99990,"date":"2026-06-25T19:46:28","date_gmt":"2026-06-25T19:46:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3294-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:46:28","modified_gmt":"2026-06-25T19:46:28","slug":"stc3294-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3294-2017\/","title":{"rendered":"STC3294-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3294-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00498-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve   (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz \u00c1ngela Santos Rocha, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez y Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco, vincul\u00e1ndose a los Juzgados Segundo y Treinta y Dos Civil del Circuito, ambos de esta ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario (N.\u00b0 2003-00588-00) que cursa en los se\u00f1alados despachos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. El Banco Central Hipotecario le otorg\u00f3 el 22 de mayo de 1995 un cr\u00e9dito a los se\u00f1ores \u00c1lvaro Ricardo Cepeda Tarazona y Carola Forero Prada por la cantidad de $49\u2019000.000,oo, pagadero en 180 cuotas mensuales sucesivas a partir de esa misma fecha, documentado en el pagar\u00e9 n.\u00b0 1803280-7 y respaldada con garant\u00eda real sobre el inmueble con F. M. I. n.\u00b0 50N-568392.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Los deudores incurrieron en mora y el Banco Granahorrar les formul\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en la que solicit\u00f3 orden de pago por la cantidad de 798.578,1823 UVRS que a esa fecha equival\u00edan $111.784.654,5747, por concepto de cuotas vencidas desde el 15 de agosto de 2003, y manifest\u00f3 haber reliquidado el cr\u00e9dito, \u00abpero el alivio a la obligaci\u00f3n no s\u00e9 aplico por que la Superintendencia Financiera inform\u00f3 que el beneficio se aplic\u00f3 a la obligaci\u00f3n que los demandados tiene con el BANCO DA VIVIENDA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- El Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, radicado n.\u00b0 2003-588, libr\u00f3 mandamiento mediante auto de 3 de octubre de 2003, y notificados los demandados, formularon las excepciones de m\u00e9rito denominadas: \u00abpago de lo no debido, cobro de lo no debido, cobro indebido de inter\u00e9s, pago total de la obligaci\u00f3n, falta de requisitos en el t\u00edtulo valor\u00bb. Asimismo, por auto de abril 16 de 2015 se acept\u00f3 en su favor la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 14 de julio de 2015 el Juzgado 2.\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dict\u00f3 sentencia que declar\u00f3 no probados los medios de defensa propuestos y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, que fue apelada por los deudores, y el Colegiado cuestionado con providencia de 14 de marzo de 2016, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, decret\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y dio por terminado el proceso \u00abante la inexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo al no haberse realizado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Consider\u00f3 la quejosa que con esa determinaci\u00f3n se le viol\u00f3 el debido proceso puesto que \u00abaplic\u00f3 impropiamente el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional\u00bb, porque se estaba frente a una excepci\u00f3n a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, comoquiera que  tal beneficio se otorga por una vez, y para el caso, los deudores \u00abya hab\u00edan adquirido un inmueble para su vivienda, financiado con cr\u00e9dito hipotecario en el sistema UPAC con la CORPORACI\u00d3N COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA\u00bb, seg\u00fan escritura p\u00fablica n.\u00b0 1648 de 27 de abril de 1992 de la Notar\u00eda 35 de esta ciudad, registrada en el F. M. I. n.\u00b0 50N-281380, por lo que en relaci\u00f3n con el bien objeto de la garant\u00eda real del presente asunto ya no ten\u00edan derecho a los beneficios otorgados por la Ley 546 de 1999 (art. 40), raz\u00f3n por la que \u00abno se ha debido dar aplicaci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 42 de la misma Ley 546\/99 exigiendo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Con el prop\u00f3sito de \u00abagotar las diligencias necesarias para lograr, de com\u00fan acuerdo con los deudores, la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, desde mayo de 2016 los convoc\u00f3 a una audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial ante la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, sin ning\u00fan resultado positivo, y posteriormente esta se celebr\u00f3 el 16 de noviembre pasado en el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Universitaria del \u00c1rea Andina, en la que no llegaron a ning\u00fan acuerdo.  <\/span><\/p>\n

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2.7. La Superintendencia Financiera de Colombia certific\u00f3 que al demandado Cepeda Tarazona el Banco Central Hipotecario le report\u00f3 un alivio por $20’851.593 y que Davivienda dos por $1’974.038 y $134.274, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de marzo de 2016 y se ordene a la Sala Civil accionada proferirla nuevamente respetando el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El apoderado general del Banco Davivienda S.A., respecto a los cr\u00e9ditos en UPAC que los se\u00f1ores \u00c1lvaro Ricardo Cepeda Tarazona y Carola Forero Prada ten\u00edan con esa entidad, manifest\u00f3 que el primero, n.\u00b0 557108, \u00abmigrado al 05700321000226300, desembolsado el 04 de Junio de 1992 con sistema de amortizaci\u00f3n cuota m\u00ednima [\u2026] le fue aplicado un alivio por $1.974.037,11 el 1 de enero del 2000 y fue reestructurado el 29 se Septiembre de 2004\u00bb, y el segundo, con n.\u00b0 30753214, \u00abmigrado al 05700322000229989, desembolsado el 10 de Marzo de 1999 con sistema de amortizaci\u00f3n cuota m\u00ednima [\u2026] le fue aplicado un alivio por $134.284,34 el 10 de enero del 2000\u00bb; que ambos fueron reliquidados y a la fecha, se encuentran cancelados \u00abpor pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que no fue parte en el juicio hipotecario cuestionado, de manera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo cual aduce su falta de legitimaci\u00f3n en el sub judice y pidi\u00f3, en consecuencia, su desvinculaci\u00f3n (ff. 363-364).  <\/span><\/p>\n

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2. La gerente jur\u00eddica de Central de Inversiones S. A. manifest\u00f3 que los se\u00f1ores \u00c1lvaro Ricardo Cepeda Tarazona y Carola Forero Prada no tienen v\u00ednculo alguno con esa entidad, por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. (ff. 406-408).  <\/span><\/p>\n

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3. La Juez 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que conoci\u00f3 el juicio hipotecario cuestionado y que atendiendo lo dispuesto en el acuerdo PSAA4712 de 2008 en abril de ese mismo a\u00f1o fue reasignado el expediente a su hom\u00f3logo 2\u00b0 Civil del Circuito d lamsima ciudad (f. 431).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la censora, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su discrepancia contra las autoridades acusadas por considerar que incurrieron en causal espec\u00edfica de procedibilidad por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, pues afirma que la corporaci\u00f3n enjuiciada no tuvo en cuenta que los demandados ten\u00edan otro inmueble adquirido para vivienda bajo el sistema UPAC, obligaci\u00f3n que hab\u00eda sido reestructurada, por lo que al aplicarse solo por una vez, el bien objeto de garant\u00eda del sub lite ya no gozaba de tal beneficio.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Pagar\u00e9 n.\u00b0 1803280-7, de 22 de mayo de 1995, por valor de $49\u2019000.000,oo suscrito por Carola Forero Prada y \u00c1lvaro Ricardo Cepeda Tarazona en favor del Banco Central Hipotecario. (ff. 2-8 cuad. copias).  <\/span><\/p>\n

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b) Copia de la Escritura p\u00fablica de hipoteca n.\u00b0 1250 de 6 de abril del mismo a\u00f1o, otorgada ante la Notar\u00eda 19 de Bogot\u00e1, entre las mismas partes. (ff. 11-23 ib\u00edd.  <\/span><\/p>\n

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c) Escrito de la demanda con garant\u00eda real formulada por el Banco Granahorrar contra los deudores. (ff. 91-95 ib.)  <\/span><\/p>\n

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d) Mandamiento de pago proferido por el Juzgado 32 Civil del Circuito vinculado el 3 de octubre de 2003 (ff. 102-103 ib. ).  <\/span><\/p>\n

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e) Memorial de contestaci\u00f3n del libelo y formulaci\u00f3n de excepciones de fondo, presentado por los ejecutados el 10 de mayo de 2004. (ff. 114-116 ib.).  <\/span><\/p>\n

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e) Sentencia proferida el 14 de julio de 2015 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, que declar\u00f3 no probados los medios de defensa de fondo y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble embargado; la que fue apelada por el extremo demandado. (ff. 203-212 cuad. copias.).  <\/span><\/p>\n

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f) Providencia emitida el 14 de marzo de 2016 por la Colegiatura reprochada que revoc\u00f3 el fallo de primer grado y, en su lugar, \u00abdeclar[\u00f3] terminado el proceso [y decret\u00f3] la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares\u00bb (ff. 11-16 cuad. copias actuaci\u00f3n Tribunal)  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde la ocurrencia de los concretos y puntuales hechos de los que se duele la quejosa, esto es haberse proferido la sentencia de 14 de marzo de 2016, que infirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la primera instancia, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 23 de febrero de 2017, puesto que como la disconformidad se endereza contra una determinada providencia, de la cual debi\u00f3 tener conocimiento desde que fue dictada, es la data atr\u00e1s se\u00f1alada y no otra, la que demarca el conteo del plazo jurisprudencial que ha de verificarse para aquilatar lo oportuno del pedimento de resguardo, lo cual, como en este evento no se atendi\u00f3, seg\u00fan ya qued\u00f3 dicho, desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora.  <\/span><\/p>\n

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4.1. Es por eso que la censora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo.  <\/span><\/p>\n

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4.2. Sobre el mentado \u00abrequisito general de procedencia\u00bb de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Corte puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01 y STC11409-2016 17 ago. 2016 rad. 00249-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Consecuentemente con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3294-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00498-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve   (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}