{"id":99992,"date":"2026-06-25T19:47:04","date_gmt":"2026-06-25T19:47:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3312-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:47:04","modified_gmt":"2026-06-25T19:47:04","slug":"stc3312-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3312-2017\/","title":{"rendered":"STC3312-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3312-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00014-01          <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Andr\u00e9s Beltr\u00e1n Galindo contra el Comando de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional – COPER, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Comandantes de los Batallones de Infanter\u00eda No. 15, de Combate Terrestre No. 126 y de la Brigada M\u00f3vil No. 23 de la misma instituci\u00f3n, as\u00ed como la Procuradur\u00eda Judicial I para Asuntos Administrativos de la mencionada ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al trabajo, presuntamente conculcados por la entidad convocada, con ocasi\u00f3n de su desvinculaci\u00f3n, sin justa causa, como soldado profesional.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclama como mecanismo transitorio, que se ordene al Ej\u00e9rcito Nacional \u00absuspend[er] temporal o transitoriamente los efectos jur\u00eddicos del acto administrativo denominado orden administrativa No. 1978 del comando de personal\u00bb, mediante el cual fue retirado del servicio activo, \u00abhasta tanto no se pronuncie el correspondiente juez de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, en proceso de nulidad y restablecimiento que se encuentra en curso\u00bb, y que en consecuencia, se le reintegre \u00aba un cargo de igual o superior categor\u00eda del que ven\u00eda ocupando antes de su retiro\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en lo esencial, que fue miembro del Ej\u00e9rcito Nacional como soldado regular, desde el 19 de octubre de 2012 y hasta el 15 de mayo de 2014, y, como soldado profesional, desde esta \u00faltima fecha hasta el 1\u00ba de septiembre de 2016, cuando el Comando de Personal de la instituci\u00f3n emiti\u00f3 la orden administrativa No. 1978, con que lo retir\u00f3 del servicio porque supuestamente es consumidor de sustancias psicoactivas.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que como no comparte los motivos que justificaron su retiro forzado, cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n prejudicial a la entidad castrense ante la Procuradur\u00eda Judicial I para Asuntos Administrativos de C\u00facuta, como requisito de procedibilidad para poder interponer acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

Finalmente asegura, que acude a este especial tr\u00e1mite como mecanismo transitorio para la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores que considera conculcadas, hasta tanto se defina el aludido asunto ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, porque los fundamentos del rese\u00f1ado acto administrativo \u00abson sumamente graves, fals[os], arbitrari[os] y atentan contra [su] buen nombre\u00bb; adem\u00e1s, no fue objeto de investigaciones o sanciones durante el tiempo que desempe\u00f1\u00f3 funciones en los batallones vinculados a este tr\u00e1mite; y, finalmente, porque se le dificulta conseguir un nuevo empleo por la motivaci\u00f3n de dicho acto (fls. 1 a 7, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        El Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos de C\u00facuta inform\u00f3, que adelanta el tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n prejudicial a que se aludi\u00f3 en l\u00edneas precedentes, con radicado 6283 de 2017, el cual admiti\u00f3 mediante auto del 31 de enero pasado, fijando fecha para para la diligencia el d\u00eda 7 del mes que avanza (fl. 37, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante de la Brigada M\u00f3vil No. 23 del Ej\u00e9rcito Nacional, corrobor\u00f3 lo narrado por el actor, en cuanto a su retiro de la instituci\u00f3n a trav\u00e9s de la mentada orden administrativa, y acot\u00f3 que contra la misma proceden las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, dentro de cuyo tr\u00e1mite es posible solicitar medidas cautelares provisionales (fls. 91 a 96, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que el acto administrativo de que se duele el actor \u00abpuede ser atacad[o] ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, y es ese el escenario procesal donde [el actor] puede solicitar la medida cautelar que pide como amparo en la tutela\u00bb; a lo cual agreg\u00f3, que aqu\u00e9l \u00absolicit\u00f3 de manera concomitante a la presentaci\u00f3n de la tutela, la convocatoria a audiencia de conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, diligencia que se llevar\u00e1 a cabo el 17 (sic) de marzo de 2017 (\u2026) circunstancia que en un primer momento permite establecer la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Finalmente resalt\u00f3, que tampoco est\u00e1 probado un perjuicio irremediable, pues aunque el accionante \u00abafirma no poder conseguir trabajo, tal manifestaci\u00f3n por si sola no abre paso al amparo, pues es necesario tal y como lo determina la jurisprudencia constitucional, tener certeza del mismo\u00bb (fls. 132 a 141, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, haciendo \u00e9nfasis en que elev\u00f3 la solicitud de amparo como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, a fin que se suspenda el comentado acto administrativo, para as\u00ed evitar el perjuicio irremediable consistente en \u00abla indemnizaci\u00f3n que se podr\u00eda llegar a obtener si se logra demostrar en un proceso lo argumentado [en el escrito de tutela]\u00bb (fls. 150 y 151, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.    Sin embargo, aunque se solicita el amparo \u00fanicamente como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, de la revisi\u00f3n de las respuestas dadas al reclamo del actor, se observa que el 31 de enero del a\u00f1o en curso, el Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos de C\u00facuta admiti\u00f3 la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial que elev\u00f3 aqu\u00e9l con el prop\u00f3sito de agotar el requisito de procedibilidad para acudir a la mentada acci\u00f3n ante lo contencioso administrativo, se\u00f1al\u00f3 como fecha para la diligencia el 7 de marzo del a\u00f1o que avanza, circunstancia \u00e9sta que impide, entonces, que haya un pronunciamiento por parte del Juez constitucional, pues no solo la referida reclamaci\u00f3n prejudicial es una herramienta id\u00f3nea para solventar de com\u00fan acuerdo y de manera pronta sus inconformidades, y puede eventualmente abrir paso a la prosperidad de lo que finalmente aqu\u00ed se persigue, esto es, su inmediato reintegro al cargo de soldado profesional, sino que tambi\u00e9n, en defecto de lo anterior, tiene ese alcance la mentada acci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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4.   Lo anterior implica que la presente acci\u00f3n deviene presurosa de cara a las resultas de la audiencia de conciliaci\u00f3n, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, Rad. 00171-00, reiterada en CSJ STC, 18 dic. 2013, Rad. 00524-01, reiterado entre otras en STC8258-2015 y STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido ha dicho la Corte de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01, reiterado entre otras en STC8258-2015 y STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.  Ahora, corresponde destacar que la protecci\u00f3n reclamada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo transitorio, pues los actos administrativos suponen de suyo una presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada ante la jurisdicci\u00f3n mencionada y, en este caso, previo el ejercicio del medio de defensa indicado, est\u00e1 prevista la posibilidad de solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, dentro de las que se cuenta la posibilidad de suspensi\u00f3n provisional del acto cuestionado, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011-, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime si \u00abs\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 sep. 2011, exp. 2011-00194-01; reiterada en STC7133-2015 y ), presupuestos que no fueron acreditados.  <\/span><\/p>\n

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       A ese mecanismo de defensa hay que recurrirse y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abpor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho (\u2026). Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, Rad. 00330-01, reiterada \u00faltimamente en STC5738-2016, STC12203-2016 y STC7266-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3312-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00014-01           (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99992"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99992\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}