{"id":99993,"date":"2026-06-25T19:47:16","date_gmt":"2026-06-25T19:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3317-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:47:16","modified_gmt":"2026-06-25T19:47:16","slug":"stc3317-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3317-2017\/","title":{"rendered":"STC3317-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3317-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00207-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo que promovi\u00f3 Creditrans S.A.S. contra los Juzgados Treinta y Cinco Civil del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La sociedad gestora reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al \u00abacceso a la recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la orden de apremio proferida al interior del juicio ejecutivo que en su contra promovi\u00f3 Jes\u00fas de Aldemar Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se le conceda el resguardo implorado, y se \u00abdecrete la NULIDAD\u00bb del citado asunto (fl. 14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su pedimento, aduce en lo esencial, que con base en una prueba anticipada y la copia simple de algunos documentos \u00absupuestamente suscritos\u00bb por quien fuera el representante legal de esa compa\u00f1\u00eda para la \u00e9poca, fue promovido en su contra el litigio antes referido, del cual conoci\u00f3 el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta capital, quien en auto del 23 de mayo de 2014, libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del reclamante por $500.000.000.oo, el que, afirma, recurri\u00f3 sin \u00e9xito en reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Indica que con sustento en una prueba grafol\u00f3gica en la que se determin\u00f3 que los documentos base de la ejecuci\u00f3n \u00abNO SON ORIGINALES sino reproducciones FOTOST[\u00c1]TICAS\u00bb, formul\u00f3 incidente de nulidad ante el Despacho Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe, a quien le fue repartido el proceso luego que se ordenada seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; no obstante, \u00e9ste fue rechazado de plano.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1ala, que pese a que impugn\u00f3 dicha decisi\u00f3n a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el citado Despacho mantuvo su postura, y el Superior mantuvo \u00edntegramente lo resuelto, raz\u00f3n por la que acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 6 a 14, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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a).  El Titular del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que si bien es cierto libr\u00f3 la orden de apremio aqu\u00ed censurada por Creditrans S.A., tambi\u00e9n lo es que no ha quebrantado prerrogativa fundamental alguna a \u00e9sta, sin que le sea posible rendir un informe detallado sobre la ejecuci\u00f3n criticada, ante la falta f\u00edsica del expediente contentivo de la misma (fls. 21 y 22, ib.).  <\/span><\/p>\n

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b).  Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia del expediente contentivo del tr\u00e1mite reprochado (fl. 40, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir que \u00e9sta no satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues de un lado, la compa\u00f1\u00eda gestora omiti\u00f3 promover la solicitud de amparo objeto de an\u00e1lisis dentro de un lapso moderado, al punto que \u00abel auto contentivo del mandamiento ejecutivo, [fue] proferido el 23 de mayo de 2014, am\u00e9n del de 24 de abril de 2015, que orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n\u00bb; y del otro, incurri\u00f3 en un actuar incurioso al no haber atacado la orden ejecutiva a trav\u00e9s del recurso horizontal ni proponer las excepciones de m\u00e9rito, en tanto que ambos mecanismo de defensa jur\u00eddica fueron presentados extempor\u00e1neamente (fls. 66 a 69, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Por conducto de su representante legal, la compa\u00f1\u00eda actora se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, expresando que contrario a lo decidido por el a quo constitucional, no puede perderse de vista la \u00abGARRAFAL V\u00cdA DE HECHO\u00bb que constituye adelantar un proceso ejecutivo sin \u00abla existencia del t\u00edtulo\u00bb correspondiente, ello con sustento en los \u00abprincipios procesales preclusivos\u00bb por los que se declar\u00f3 improcedente su solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando, dice, no han transcurridos 6 meses desde que fue dictado el auto que deneg\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n la nulidad alegada al interior del juicio cuestionado (fls. 84 y 85, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En esa misma l\u00ednea de principio, es que la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; de ah\u00ed que ha insistido la Corte, que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias, debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura de la empresa Creditrans S.A.S., est\u00e1 encaminada contra los prove\u00eddos dictados i) el 23 de mayo de 2014, mediante el cual el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra al interior del proceso ejecutivo promovido por el se\u00f1or Jes\u00fas de Aldemar Rodr\u00edguez; y, ii) el 25 de abril de 2015, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo (fls. 26 y 27, cdno 1); pues a criterio de aqu\u00e9lla, all\u00e1 ejecutada, dichas decisiones pasaron por alto que los documentos base de recaudo carecen de una obligaci\u00f3n clara y son una copia simple que no presta m\u00e9rito ejecutivo, lo que, asegura, desconoce la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en la materia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisadas las diligencias se observa de entrada la improcedencia de la s\u00faplica constitucional elevada, pues como bien lo advirti\u00f3 el Juez constitucional de primer grado, \u00e9sta incumple con el presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima de las actuaciones reprochadas data del 24 de abril de 2015 (ejusdem), en tanto que la presente demanda fue radicada s\u00f3lo hasta el 1\u00ba de febrero del a\u00f1o que avanza (fl. 15, Cit.), circunstancia que revela sin duda, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo, m\u00e1s de \u2013un a\u00f1o y siete meses, sin que la inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera quebrantados con dicho prove\u00eddo, cuesti\u00f3n que pone de relieve entonces, su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC7528-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.1.   Ahora, aunque la quejosa considera que su solicitud de protecci\u00f3n fue solicitada en tiempo, lo cierto es que la decisi\u00f3n aqu\u00ed reprochada no es el auto por medio del cual se resolvi\u00f3 la alzada por aqu\u00e9lla formulada frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 de plano su solicitud de nulidad dentro del mentado litigio, sino concretamente las decisiones antes referidas.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, t\u00e9ngase en cuenta que la promotora no fue tampoco diligente en el uso de los medios judiciales de defensa que el sistema jur\u00eddico le ofreci\u00f3 frente a lo resuelto al interior del asunto objeto de an\u00e1lisis, pues no s\u00f3lo omiti\u00f3 atacar oportunamente la orden de apremio librada en su contra a trav\u00e9s del recurso que tuvo al alcance, esto es, el de reposici\u00f3n, sino adem\u00e1s, proponer las excepciones de fondo a fin de exponer ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a esta herramienta especial\u00edsima, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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4.1.  Ciertamente, tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el legislador, permiten remediar las eventuales equivocaciones o desaciertos en que en sus providencias incurran los funcionarios de conocimiento, raz\u00f3n por la cual \u00abcuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC4655-2106).  <\/span><\/p>\n

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5.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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