{"id":99994,"date":"2026-06-25T19:47:20","date_gmt":"2026-06-25T19:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3320-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:47:20","modified_gmt":"2026-06-25T19:47:20","slug":"stc3320-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3320-2017\/","title":{"rendered":"STC3320-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3320-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00035-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al inadmitir la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la sucursal de Audifarma S.A. ubicada en la \u00abcarrera 52C No. 38-08 Sur de Bogot\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, aplicar las sentencias \u00ab66001-22-13-000-2016-00878-01\u00bb de la Corte Suprema de Justicia, y, \u00ab25000-23-24-000-20002-02188-01\u00bb del Consejo de Estado, y en consecuencia, \u00abadmitir inmediatamente [su] acci\u00f3n popular, o (\u2026) \u00abconceder la alzada\u00bb por \u00e9l propuesta (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, y en los fallos antes referidos, el Despacho convocado inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional citada en l\u00edneas anteriores, con sustento en \u00abcargas\u00bb que no le corresponden, lo que, afirma, implica un \u00abnotorio abuso del juzgador\u00bb, y un quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados (fls. 1 y 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.   El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso objeto de inconformidad  (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 15, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que \u00abpara cuando se promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n (25 de enero de 2017), y a la fecha, el tr\u00e1mite de la demanda popular a\u00fan se estaba surtiendo, como quiera que se espera el pronunciamiento que deviene luego del t\u00e9rmino que se concedi\u00f3 para corregirla\u00bb; en este sentido concluy\u00f3, que el reclamo se torna improcedente en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues \u00abcontra el prove\u00eddo que se llegue a dictar, si es que fuere desfavorable para el demandante, podr\u00e1 interponer ,como m\u00ednimo, el recuso de reposici\u00f3n\u00bb (fls. 19 a 21, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, alegando que aun cuando \u00abno recuerd[a] si actualmente se le ha dado tr\u00e1mite (\u2026) a [su] acci\u00f3n popular\u00bb, lo cierto es que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira \u00abpersiste en exigir[le] requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998\u00bb (fl. 23, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra la providencia del 21 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga formul\u00f3 en contra de la sucursal de Audifarma S.A. ubicada en la \u00abcarrera 52C No. 38-08 Sur de Bogot\u00e1\u00bb, concedi\u00e9ndole a \u00e9ste el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para corregir las falencias que le fueron all\u00ed anotadas, so pena de rechazo (fls. 10 y 11, cdno. 1); y contra la del 16 de enero siguiente, en virtud de la cual dicha autoridad jurisdiccional resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume dicha determinaci\u00f3n, a m\u00e1s de declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n en subsidio interpuesto por aqu\u00e9l (fls. 13 y 14, \u00edb.); pues en sentir del actor, con ello se omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, y los precedentes jurisprudenciales aplicables en la materia.   <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo esa perspectiva, y una vez revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias,   se observa que la protecci\u00f3n reclamada deviene presurosa, como quiera que, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, a la fecha de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela se encontraba corriendo el t\u00e9rmino para que el actor popular subsanara los defectos que le fueron advertidos a trav\u00e9s del auto en virtud del cual se inadmiti\u00f3 su demanda, al cabo del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien conoce de la misma, debe pronunciarse respecto a su admisi\u00f3n o rechazo, determinaci\u00f3n en contra de la cual, en caso de inconformidad, procede por dem\u00e1s, el recurso de reposici\u00f3n; as\u00ed pues, se el interesado deber\u00e1 aguardar dicha resoluci\u00f3n, pues no es \u00e9ste el escenario para adoptar decisiones sobre aspectos que debe zanjar el administrador de justicia a quien por competencia le corresponde pronunciarse, pues al juez constitucional le est\u00e1 vedado actuar paralelamente con el juez natural de la causa.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, se ha puntualizado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 03 jul. 2015, rad. 00229-01, reiterado, entre otros, en STC2985-2016 ).  <\/span><\/p>\n

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4.   Por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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