{"id":99997,"date":"2026-06-25T19:47:41","date_gmt":"2026-06-25T19:47:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3325-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:47:41","modified_gmt":"2026-06-25T19:47:41","slug":"stc3325-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3325-2017\/","title":{"rendered":"STC3325-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3325-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00038-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Luz Nayibe Garc\u00eda \u00c1lvarez contra el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la supuesta demora en la resoluci\u00f3n de la oposici\u00f3n al secuestro formulada dentro del juicio ejecutivo singular que en su contra promovi\u00f3 Guillermo Verhels.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abtomar una decisi\u00f3n de fondo en la oposici\u00f3n y compulse copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de los opositores\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que dentro del juicio referido en l\u00edneas anteriores, el Despacho accionado libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por la suma de \u00ab$36\u2019000.000.oo\u00bb, y dispuso el embargo y secuestro de 3 lotes de su propiedad identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 01N-5258764, 01N-5258765 y 01N-5258766, todos ubicados en la ciudad de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que el 25 de julio de 2012, la Inspecci\u00f3n Segunda Civil de Polic\u00eda de la ciudad referida adelant\u00f3 la diligencia de secuestro de los predios memorados; no obstante, en el desarrollo de la misma, Juan Diego Castro Osorio, Olga Luc\u00eda Castro Osorio y Marco Tulio Ram\u00edrez Henao se opusieron, alegando \u00abpropiedad\u00bb y \u00abposesi\u00f3n\u00bb sobre los inmuebles, para lo cual aportaron certificados de tradici\u00f3n y libertad de fundos distintos a los que son objeto de cautela, sin que a la fecha la sede judicial accionada haya resuelto la oposici\u00f3n memorada, circunstancia que, asegura, conculca la garant\u00eda invocada, pues desde la fecha indicada uno de los opositores ha percibido los c\u00e1nones de arrendamiento de los predios aludidos en calidad de secuestre y sin rendir cuentas de su gesti\u00f3n, lo cual, afirma, \u00abva en detrimento de [su] patrimonio\u00bb (fls. 1 a 5, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn aleg\u00f3, que si bien en el juicio ejecutivo censurado \u00abse orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n desde el pasado 11 de octubre de 2012 y en consecuencia se orden\u00f3 el remate de los bienes inmuebles embargados, lo cierto es que al momento de practicar el secuestro se present\u00f3 oposici\u00f3n del se\u00f1or Juan Diego Castro Osorio, la cual fue admitida y a efectos de resolverla se decretaron algunas pruebas, actuaci\u00f3n que fue objeto de recurso, y posteriormente por parte del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, se decidi\u00f3 decretar como prueba de oficio una inspecci\u00f3n judicial a los inmuebles embargados, toda vez que no era claro sobre qu\u00e9 parte de estos reca\u00eda la oposici\u00f3n\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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De otro lado, adujo que  <\/span><\/p>\n

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\u00abse fij\u00f3 fecha para la inspecci\u00f3n el d\u00eda 4 de noviembre de 2014, la cual no pudo ser llevada a cabo debido a un memorial presentado por parte de la apoderada del opositor, por tanto se reprogram\u00f3 la fecha por parte del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn para el d\u00eda 7 de julio de 2015, la cual tampoco pudo ser atendida teniendo en cuenta que para esa \u00e9poca el proceso fue remitido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, Despacho que mediante auto de 15 de septiembre de 2015, emiti\u00f3 pronunciamiento reprogramando la inspecci\u00f3n para el 4 de diciembre del mismo a\u00f1o, fecha en la cual tampoco se pudo evacuar la diligencia debido a que para esa fecha fueron suprimidos los juzgados de descongesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La diligencia se reprogram\u00f3 nuevamente para el 6 de abril de 2016, sin embargo el 5 de abril se emite auto en el que se indica que no se realizar\u00eda la inspecci\u00f3n debido a que \u201cel inmueble no ofrece condiciones que garanticen la seguridad de esta funcionaria para desplazarse hasta el lugar\u2026\u201d, por lo que en consecuencia se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial y seguidamente se nombr\u00f3 al correspondiente auxiliar de la justicia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y finalmente puso de presente, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abse han emitido dos autos m\u00e1s fechados el 29 de julio y el 20 de octubre de 2016, en los que se nombra auxiliar de la justicia, compareciendo el nombrado en este \u00faltimo auto a posesionarse, el d\u00eda 7 de diciembre de 2016 (\u2026) y el dictamen fue presentado el pasado 11 de enero de la presente anualidad\u00bb (fls. 23 y 24, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, la Inspecci\u00f3n Segunda Civil de Polic\u00eda de la ciudad referida manifest\u00f3, que su actuaci\u00f3n en la diligencia de secuestro dispuesta dentro de la ejecuci\u00f3n atacada se ci\u00f1\u00f3 a lo previsto en el ordenamiento procesal vigente para la \u00e9poca, raz\u00f3n por la que se descarta cualquier tipo de vulneraci\u00f3n al debido proceso del actor (fl. 28, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir, en suma, que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abEn el caso de estudio la acci\u00f3n se dirige en \u00faltimas a que se resuelva la oposici\u00f3n presentada en las diligencias de secuestro realizadas el 25 de julio de 2012 y 22 de julio de 2013, es decir, desde hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, cuya orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n se dio el 11 de octubre de 2012, punto en el que indudablemente quien hoy acciona tiene inter\u00e9s en que se resuelva el conflicto, encontr\u00e1ndonos de tal manera frente a una notoria mora judicial, que conculca los derechos fundamentales de la interesada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, consider\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed que le orden\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abproced[er] proferir providencia de direcci\u00f3n procesal disponiendo el impulso del proceso de cara a resolver la oposici\u00f3n planteada, donde en todo caso las decisiones que tome de aqu\u00ed en adelante en el tr\u00e1mite respecto al cual se acciona, han de avenirse a los t\u00e9rminos procesalmente establecidos para dictar cada una de las providencias, aunado al deber de proferir el acto de direcci\u00f3n procesal echado de menos en cuanto a las cuentas del secuestre\u00bb (fls. 35 a 54 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El Despacho accionado recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la contestaci\u00f3n de la demanda de amparo; a m\u00e1s de agregar, que tiene un total de \u00ab520 procesos, de los cuales 490, se hallan en el curso de la primera instancia discriminados por clase, as\u00ed: 321 ordinarios, 28 abreviados, 75 ejecutivos, 19 hipotecarios, 6 liquidatorios \u2013concordatos-, 36 divisorios, 4 de expropiaci\u00f3n 1 correspondiente a otros declarativos \u2013deslinde y amojonamiento-; y 30 de segunda instancia \u2013para apelaci\u00f3n de sentencia y de auto, representados en 18 ordinarios y 12 ejecutivos\u00bb; que aunado a lo anterior, \u00abse han recibido un total de 750 tutelas de primera instancia y 72 de segunda instancia, as\u00ed como 320 incidentes de desacato, de las cuales, se ha dictado en 732 primera instancia, 63 en segunda y se han decidido 317 incidentes de desacato\u00bb, motivos por los que, afirma, su demora se encuentra justificada (fls. 60 a 63, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, la accionante se duele porque el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn, a\u00fan no ha resuelto la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro que formul\u00f3 Juan Diego Castro Osorio y otros en el marco del juicio ejecutivo singular que en su contra instaur\u00f3 Guillermo Verhels, situaci\u00f3n que, en su sentir, quebranta su derecho al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.        Con respecto a problem\u00e1ticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ ST, 29 abr. 2011, Rad. 00094-01, citada en STC8513-2015 y en STC15393-2016).  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u00bb (ver recientemente, CSJ STC15393-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Bajo esa perspectiva, contrario a lo considerado por el Tribunal constitucional, no encuentra la Sala un comportamiento arbitrario o ap\u00e1tico por parte del Despacho accionado en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro presentada dentro del juicio censurado, lo que de plano descarta la supuesta vulneraci\u00f3n alegada por la se\u00f1ora Garc\u00eda \u00c1lvarez.  <\/span><\/p>\n

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A ese respecto, cabe se\u00f1alar que la demora atribuida a dicha autoridad judicial fue justificada con la carga laboral que actualmente tiene, pues en el escrito de impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 en el curso de la tutela manifest\u00f3 que tiene a su cargo \u00ab520 procesos, de los cuales 490, se hallan en el curso de la primera instancia discriminados por clase, as\u00ed: 321 ordinarios, 28 abreviados, 75 ejecutivos, 19 hipotecarios, 6 liquidatorios \u2013concordatos-, 36 divisorios, 4 de expropiaci\u00f3n 1 correspondiente a otros declarativos \u2013deslinde y amojonamiento-; y 30 de segunda instancia \u2013para apelaci\u00f3n de sentencia y de auto, representados en 18 ordinarios y 12 ejecutivos\u00bb, y que \u00abse han recibido un total de 750 tutelas de primera instancia y 72 de segunda instancia, as\u00ed como 320 incidentes de desacato, de las cuales, se ha dictado en 732 primera instancia, 63 en segunda y se han decidido 317 incidentes de desacato\u00bb (fls. 60 a 63 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, la Corte aprecia que la tardanza en resolver la actuaci\u00f3n que echa de menos la interesada tambi\u00e9n es debido a que se encuentra en curso la pr\u00e1ctica de la prueba pericial decretada en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, la cual tiene por objeto establecer la verdadera identificaci\u00f3n de los predios cautelados como paso previo para resolver el eventual derecho que les asiste a los opositores y la subasta de aquellos; circunstancias objetiva y razonablemente aceptables para la Sala. Es m\u00e1s, se observa que la experticia no ha podido realizarse por situaciones ajenas al estrado atacado como la imposibilidad de notificar la designaci\u00f3n de los peritos o la falta de idoneidad de \u00e9stos para rendir la experticia requerida.  <\/span><\/p>\n

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5.   En tal sentido, la Corte ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (criterio reiterado entre otros, en CSJ STC1891-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        De otra parte, si la accionante considera que el secuestre de los predios cautelados en la ejecuci\u00f3n cuestionada est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de rendir cuentas de su gesti\u00f3n a la luz de la ley de enjuiciamiento civil vigente, tiene la posibilidad de solicitar ello ante el juez natural con el prop\u00f3sito de que se establezca la procedencia o no de su pretensi\u00f3n, puesto que de otra manera la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una herramienta alternativa, circunstancia que choca con los dictados de la doctrina constitucional, en cuanto que tal,  <\/span><\/p>\n

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\u00abmecanismo preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC 6 feb. 2003, Rad. 23243, reiterada en STC14067-2014, STC14071-2014, STC14075-2014, STC191-2015, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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7.        Por \u00faltimo, frente a la petici\u00f3n de la promotora atinente a que \u00abse compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de los opositores \u00bb (fl. 4, ib\u00eddem), resulta pertinente manifestar que, tal como se le ha precisado en anteriores oportunidades, puede acudir ante las autoridades competentes para ese fin, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2013, Rad. 00037-01; reiterada entre otras en STC5544-2015 y STC730-2016), pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; STC5544-2015; y STC730-2016 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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8.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, para entonces, desestimar el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, NEGAR la protecci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3325-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00038-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99997","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99997"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99997\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}