{"id":99999,"date":"2026-06-25T19:47:57","date_gmt":"2026-06-25T19:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3328-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:47:57","modified_gmt":"2026-06-25T19:47:57","slug":"stc3328-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3328-2017\/","title":{"rendered":"STC3328-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3328-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00050-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Hern\u00e1n Altuve Macana contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, la Secretar\u00eda de Gobierno y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, todas de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, a la \u00abPROPIEDAD PRIVADA\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridades jurisdiccionales y administrativas accionadas, con las decisiones proferidas  dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el extinto Banco Central Hipotecario, promovi\u00f3 en su contra.     <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene i) al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga \u00abejer[cer] CONTROL DE LEGALIDAD DE LO ACTUADO en la DILIGENCIA DE DECRETO Y PR\u00c1CTICA DE PRUEBAS dentro del incidente de nulidad realizada el d\u00eda 18 de enero de 2017\u00bb, y, como consecuencia de ello \u00abDEJAR SIN EFECTO TODO LO ACTUADO en la mencionada diligencia y se fije nueva fecha de AUDIENCIA\u00bb; y, ii) a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana de la citada ciudad,  \u00abproced[er a] dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el art. 11, p\u00e1rrafo 1\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en el Decreto No. 422 de 2000, en el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, los Jueces que han conocido del asunto, dice, sin hacer el \u00abCONTROL OFICIOSO DE LEGALIDAD\u00bb, dieron plena validez al aval\u00fao de los predios objeto de garant\u00eda, el cual \u00abNO cumple\u00bb con los par\u00e1metros m\u00ednimos establecidos para ello.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala por otra parte, que aunque est\u00e1 acreditado con los recibos de servicios p\u00fablicos, que uno s\u00f3lo de los bienes comprometidos tiene car\u00e1cter comercial, pues los otros est\u00e1n dedicados a uso habitacional, las liquidaciones del cr\u00e9dito se han realizado como si todos fueran locales comerciales, \u00abaplicando tasas de inter\u00e9s corrientes del 42% E.A., y moratorios superiores a las consagradas en las RESOLUCIONES Nos. 20 y 14 de la Junta directiva del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que aunque las citadas irregularidades estaban acreditadas documentalmente, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, resolvi\u00f3 negativamente el incidente de \u00abNULIDAD CONSTITUCIONAL\u00bb deprecado, pese a que se trataba de una audiencia, corri\u00f3 traslado del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra esa decisi\u00f3n, \u00abpara que [la contraparte] se pronunciara por escrito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que aunque dentro de la poblaci\u00f3n que reside en sus inmuebles hay \u00abADULTOS MAYORES, NI\u00d1OS [Y] DISCAPACITADOS\u00bb, el 20 de septiembre de 2016, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana de la referida localidad, \u00absin verificar c\u00f3mo est\u00e1 integrada cada familia\u00bb, le notific\u00f3 de la diligencia de lanzamiento del predio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente sostiene, que es una persona de la \u00abTERCERA EDAD\u00bb, cuyo sustento econ\u00f3mico se deriva solamente de la droguer\u00eda que \u00e9l regenta y que est\u00e1 ubicada en el \u00fanico local comercial existente en los precios objeto de la mentada actuaci\u00f3n judicial, raz\u00f3n por la cual, dice, se le causar\u00eda un perjuicio irremediable de llegarse a materializar su desalojo (fls. 1 a 9, Cit.).  <\/span><\/p>\n

               <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, puntualiz\u00f3 que en cumplimiento de los planes de descongesti\u00f3n judicial, el 27 de noviembre de 2013 remiti\u00f3 el expediente contentivo del juicio coercitivo que se censura, a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civiles del Circuito de la misma ciudad (fls. 45 y 46, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        Los apoderados generales de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidaci\u00f3n, Central de Inversiones S.A. y Covinoc S.A., coincidieron en alegar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues los derechos de cr\u00e9dito exigidos en la mentada controversia fueron cedidos a un tercero (fls. 54 a 59, fls. 70 y 71, y fls. 99 a 101, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c.        La Juez Segunda de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la citada ciudad, adujo en lo fundamental, que el proceso ejecutivo endilgado \u00abfue adelantado con observancia de las normas procesales y, en particular respecto del incidente de nulidad formulado (\u2026), en la diligencia llevada a cabo el 18 de enero de 2017, en la cual, valga decir, hizo presencia el Veedor Ciudadano y los apoderados de las partes (\u2026) ninguna (\u2026) formul\u00f3 reparo alguno frente al tr\u00e1mite otorgado en dicha diligencia, tampoco la parte incidentante pidi\u00f3 pruebas fuera de las documentales allegadas con el escrito de nulidad\u00bb (fl. 102, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.        La representante legal para fines judiciales del Banco Colpatria S.A., se\u00f1al\u00f3 en s\u00edntesis, que desconoce no solo las actuaciones judiciales que se censuran en el presente asunto, sino tambi\u00e9n al  actor, con quien no tiene ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n comercial (fls. 127 y 128, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, de cara a las quejas relacionas con el aval\u00fao de los predios rematados, pues el actor nada dijo cuando se le corri\u00f3 traslado del mismo y tampoco present\u00f3 el justiprecio actualizado, antes de practicarse la almoneda.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo refiri\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada respecto del tr\u00e1mite incidental aludido, resultaba prematuro, pues hasta la fecha no se ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el actor contra el auto que neg\u00f3 la nulidad alegada (fls. 150 a 160, ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 173 y 174, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la pretensi\u00f3n del aqu\u00ed interesado, sin duda, va encaminada a que se ordene al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abDEJAR SIN EFECTO TODO LO ACTUADO\u00bb en la audiencia llevada a cabo el 18 de enero del a\u00f1o en curso, en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el extinto BCH promovi\u00f3 en su contra (fl. 24, Cit.), pues en su sentir, no se realiz\u00f3 el correspondiente control de legalidad respecto al decret\u00f3 y pr\u00e1ctica de pruebas dentro del incidente que por  nulidad de lo actuado, all\u00ed aleg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, examinados los soportes adosados al presente tr\u00e1mite, se advierte que el amparo rogado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como quiera que tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, estando en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n que el accionante interpuso con los mismos argumentos aqu\u00ed expuestos, contra el prove\u00eddo por medio del cual el Juzgado convocado resolvi\u00f3 dentro de la aludida audiencia, \u00abNEGAR la nulidad formulada por el demandado\u00bb (fl. 11, \u00edd.), resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, Rad. 00171-00, reiterada en CSJ STC, 18 dic. 2013, Rad. 00524-01 y STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.2.   Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; reiterada en STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, se observa que la inconformidad del gestor tambi\u00e9n se dirige contra el aval\u00fao de los  inmuebles objeto de garant\u00eda que fue aportado dentro de la tan mentada controversia, pues en criterio de \u00e9ste, no reun\u00eda los requisitos de que trata el Decreto No. 422 de 2000; no obstante, la Sala de cara a tal inconformidad considera que surge patente la improcedencia de lo suplicado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el accionante resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial, el interesado no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, ya que de acuerdo a las documentales adosadas y el informe de la autoridad convocada, el actor una vez se corri\u00f3 traslado del citado justiprecio, dej\u00f3 de objetarlo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 516 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, de manera que no le es posible a \u00e9ste ahora acudir a la tutela sin haber agotado previamente el medio procesal contemplado en la ley para controvertir la  estimaci\u00f3n que resulta lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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4.2.  As\u00ed, lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, al sostener que cuando la parte interesada no propone oportunamente los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, \u00abqueda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le fue adversa, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-2302; reiterada en STC119-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo esta Sala ha referido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 de ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC310-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se resalta que si el aqu\u00ed interesado  tambi\u00e9n se duele de que los Juzgados que conocieron del tantas veces mencionado litigio, no hicieron el correspondiente control de legalidad respecto del citado aval\u00fao, dicha queja tampoco satisface el requisito de la inmediatez, puesto que entre la fecha en que se corri\u00f3 traslado de la aludido experticia, esto es, 19 de enero de 2009 (fls. 4 a 7, cdno. Corte), y el momento en que se interpuso la presente demanda de tutela, 23 de enero de 2017 (fl. 13, \u00edd.), transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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\u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-01, reiterada en STC291-2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de entrega, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues se ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01; reiterada en STC1442-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.          <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3328-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00050-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99999","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99999","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99999"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99999\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}