C-219-25

  C-219-25 

REPÚBLICA DE COLOMBIA    

         

     

CORTE CONSTITUCIONAL    

     

SENTENCIA C-219 DE 2025    

     

Referencia: Expediente  RE-372.    

     

Revisión de  constitucionalidad del Decreto Legislativo 132 de 2025, “[p]or el cual se  adoptan medidas de orden público sobre combustibles en el marco del Estado de  Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025”.    

     

Natalia  Ángel Cabo.    

     

Bogotá  D.C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticinco (2025).    

     

Síntesis  de la decisión    

     

Esta sentencia estudió la constitucionalidad del  Decreto Legislativo 132 de 2025, por medio del cual el Gobierno nacional facultó  al Ministerio de Minas y Energía para limitar, suspender o sustituir los  servicios de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y  distribución de gas, petróleo y otros combustibles líquidos. Dicha norma fue  expedida en el marco del estado de conmoción interior declarado mediante el  Decreto Legislativo 62 de 2025 en la región del Catatumbo.    

     

La Sentencia C-148 de 2025 declaró ese decreto matriz  parcialmente exequible únicamente en lo relacionado con (i) la  intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y otros GAOr, así como los  ataques y hostilidades dirigidas de forma indiscriminada contra la población  civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC y (ii) la crisis  humanitaria derivada de desplazamientos forzados -internos y transfronterizos-  y confinamientos masivos que ha desbordado la capacidad institucional del  Estado para atenderla. Esa decisión solo incluyó aquellas medidas que sean  necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención  humanitaria, los derechos y las garantías fundamentales de la población civil,  y la financiación para esos propósitos específicos.    

     

En atención a lo dispuesto en esa sentencia, la Corte  concluyó que está habilitada para analizar de fondo el Decreto 132 de 2025,  pues éste contempla una medida dirigida a controlar la disponibilidad de  productos usados por los grupos al margen de la ley para atacar a la población  civil. No  obstante, en el análisis de fondo, la Corte concluyó que el decreto estudiado incumplió  el requisito formal de contar con las firmas de todos los ministros. En efecto,  en la fecha en la que se expidió y publicó la norma analizada, el viceministro  de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Polivio Leandro Rosales Cadena, y el  ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, no  tenían competencia para firmarla. Esa situación configuró un vicio de  inconstitucionalidad que afectó el control a los estados de excepción, la  limitación de la discrecionalidad del Gobierno nacional, la confianza legítima  y la buena fe de los ciudadanos. Por esa razón, la Corte declaró inexequible el  Decreto Legislativo 132 de 2025.    

     

I)         Antecedentes    

     

1.                  En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 215 de la  Constitución, el Gobierno nacional profirió el Decreto Legislativo 62 del 24 de  enero de 2025, “[p]or el cual se decreta el estado de conmoción interior en la  región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los  municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.    

     

2.                  Posteriormente, en ejercicio de la facultad  prevista en el artículo 213 de la Constitución, el  Gobierno nacional dictó el Decreto  Legislativo  132 de 2025 “[p]or el cual se adoptan medidas de orden público sobre  combustibles en el marco del Estado de Conmoción Interior declarado mediante el  Decreto 0062 del 24 de enero de 2025”.    

     

3.                  El  6 de febrero de 2025, la secretaria jurídica de la Presidencia  de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de dicho decreto.  Ese mismo día, la Sala Plena efectuó el reparto del asunto de la referencia y, por  sorteo, asignó su revisión a la  magistrada Natalia Ángel Cabo.    

     

4.                  Mediante auto del 12 de febrero de 2025, la magistrada  sustanciadora asumió el conocimiento del asunto y decretó la práctica de  pruebas. Por medio del auto del 4 de marzo de 2025, hizo un nuevo requerimiento  probatorio, con el fin de obtener todas pruebas decretadas previamente. Una vez  recibidas, a través del auto del 18 de marzo de 2025, se  dispuso continuar con el trámite, comunicar la iniciación del mismo a distintas  autoridades, fijar en lista el proceso y correr traslado  al procurador general de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. Posteriormente,  en el auto del 3 de abril de 2025, la magistrada sustanciadora decidió  solicitar pruebas adicionales.    

     

5.                  Por medio del Auto 493 de 2025, la Sala Plena suspendió los  términos del proceso de la referencia a partir del día siguiente a: (i) la  presentación del concepto del procurador general de la Nación o (ii) al vencimiento  del término previsto para ello, lo que suceda primero y hasta el día hábil  siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se  adopte respecto del Decreto Legislativo 62 de 2025 (RE-361).    

     

6.                  Cumplidos los trámites constitucionales y legales pertinentes, la  Sala Plena de la Corte Constitucional procede a realizar el control automático  de constitucionalidad de la norma de la referencia.    

     

1.      Norma bajo examen    

     

7.                  Dada su extensión, la  transcripción completa del Decreto Legislativo 132 de 2025 se incluye en el Anexo  1, el cual forma parte de esta decisión.  Sin embargo, para facilitar la  comprensión de esta sentencia, a continuación se hace un breve resumen de su  parte considerativa y, luego, se transcribe literalmente su articulado.    

     

8.                  El decreto analizado,  que está compuesto por 51 considerandos, comienza con una referencia a lo  dispuesto en el artículo 213 de la Constitución que prevé la facultad para  decretar un estado de conmoción interior. También resume los requisitos materiales  que deben observar los decretos legislativos de desarrollo, según lo dispuesto  en el artículo superior antes mencionado, la Ley 137 de 1994, es decir, la ley  Estatutaria de los Estados de Excepción (en adelante LEEE) y los tratados  internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.    

     

9.                  A renglón seguido, la  norma analizada señala que, por medio del Decreto 62 de 2025, el Gobierno  nacional declaró el estado de conmoción interior por el término de 90 días en  la región del Catatumbo y enumera los municipios que componen dicha zona.  Asimismo, explica que dicho estado de excepción fue decretado para conjurar la  grave, excepcional y extraordinaria perturbación del orden público que se está  viviendo en esa región, fruto “de fuertes enfrentamientos armados entre grupos  armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio  de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad  y daños a bienes protegidos y al ambiente”[1]. De la misma manera, el decreto  analizado señala que, frente al aumento inusitado de la violencia, la crisis  humanitaria desbordada, los impactos a la población civil, las amenazas a  determinadas infraestructuras y al rebasamiento de las capacidades  institucionales, el Gobierno debe adoptar medidas extraordinarias para “conjurar  la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del  Estado y la convivencia ciudadana, así como, garantizar el respeto de los  derechos fundamentales”[2]  en la región en la que se declaró la conmoción interior.    

     

10.             Luego, los fundamentos del  decreto se refieren a la seguridad energética en la zona y a los riesgos que ésta  enfrenta por causa de los ataques regulares hechos en contra de la  infraestructura energética y vial, especialmente con artefactos explosivos. Las  consideraciones se refieren a las consecuencias que esa situación genera sobre  altos valores ambientales de la región del Catatumbo, la seguridad energética  de la población y el sector de hidrocarburos. Los fundamentos del decreto  también se refieren a las cantidades de petróleo, gas y energía eléctrica que  se producen en la región, las cuales se encuentran en riesgo por los actos  violentos, las inminentes amenazas a la seguridad, la suspensión de las labores  de mantenimiento, la alteración de las operaciones y la afectación de la  capacidad de las empresas. Posteriormente, las consideraciones se refieren al  suministro de combustibles y gas, y a la disponibilidad de energía, como presupuestos  necesarios para proteger la salud y cubrir las necesidades de la población en  diversos campos, como el transporte y la alimentación.    

     

11.             En ese contexto,  según el Decreto Legislativo 132 de 2025, el Ministerio de Minas y Energía, en  ejercicio de sus competencias ordinarias y de lo previsto en el Decreto 1073 de  2015, autorizó temporalmente el abastecimiento desde la Planta de Ayacucho para  abastecer los municipios de Ocaña, Ábrego, Convención, Teorama, El Carmen, El  Tarra, Tibú, Sardinata, La playa de Belén, Hacarí, San Calixto, casco Urbano de  Río de Oro, y desde las plantas de abastecimiento La Fortuna y Río Sogamoso, a  los municipios de Cáchira y la Esperanza. Lo anterior, con el fin de  garantizar la continuidad, la confiabilidad y la seguridad en la prestación del  servicio de distribución de combustibles líquidos en dichas zonas.    

     

12.             El decreto también  explica que en la región del Catatumbo los grupos armados ilegales han usado  los combustibles en actividades relacionadas con la conducción de hostilidades,  situación que se ha agravado desde el 2024. Para fundamentar lo anterior, el  Gobierno nacional cita la Alerta Temprana 026 de 2024 de la Defensoría del  Pueblo, en la que se señaló que en dicha región se hurtaron 1.200 cilindros de  gas, los cuales “suelen ser acondicionados con artefactos explosivos y usados  (…) como armas de guerra improvisadas, cuyos efectos suelen ser  indiscriminados”[3].   Así mismo, el gobierno cita la información reportada por empresas y  autoridades públicas, tales como Cenit, Ecopetrol y el Grupo de Operaciones  Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional, según las cuales durante el  año 2024 y principios del año 2025 se registraron, entre otros hechos a los que  se refiere el decreto, varios ataques terroristas en contra de miembros de la Policía  Nacional y de infraestructuras críticas, lo cual expone “a los trabajadores y a  la población civil a riesgos permanentes”[4];  el secuestro de operarios de empresas de hidrocarburos y la instalación de  válvulas ilícitas para el desvío sistemático de hidrocarburos.    

     

13.             En ese mismo sentido,  el decreto señala que los grupos al margen de la ley presentes en la región del  Catatumbo han financiado sus actividades ilícitas y asegurado su capacidad  logística y operativa a través del uso estratégico de esos recursos para elaborar  sustancias ilícitas como el clorhidrato de cocaína y mantener el control  territorial, como lo prueba el documento Caracterización Regional de la  Problemática Asociada a las Drogas Ilícitas en el Departamento de Norte de  Santander. Según el decreto legislativo, ese uso estratégico de los recursos minero-energéticos  se ha intensificado, como se extrae de los reportes de resultados operativos  del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional  sobre galones de hidrocarburos incautados y neutralizados en el 2024 y en lo  corrido del 2025. En ese contexto, dice el decreto bajo examen, “la suspensión  de las guías de transporte y la distribución de combustibles se justifica como  una medida preventiva y de contención, que permite regular el transporte de  productos potencialmente peligrosos para garantizar la seguridad pública”[5].    

     

     

“motivar  justificadamente la decisión de suspender, limitar o sustituir los servicios de  abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de  petróleo y sus derivados, combustibles líquidos, gas combustible por redes o  gas licuado de petróleo (Gl.P), con el fin de contribuir al fin legítimo de  recuperar el control territorial y evitar la comisión de conductas delictivas”[6].     

     

15.             Asimismo, la norma  analizada se refiere a la proporcionalidad y la necesidad de tomar la medida excepcional  antes mencionada. Por un lado, el decreto destaca que existe una amenaza  directa a la seguridad pública y a la prestación del servicio público de combustibles.  De la misma manera, argumenta que la suspensión temporal de la distribución y  el transporte de dichos productos es una medida proporcional y necesaria para proteger  la infraestructura crítica y conjurar la grave crisis humanitaria. También lo  es para amparar a la población civil que vive en la región del Catatumbo -especialmente  a los firmantes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la  Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final) que  están en proceso de reincorporación y tuvieron que desplazarse. Además, es una  medida proporcional y necesaria para contrarrestar las consecuencias nocivas  del conflicto y desarticular las estructuras criminales que lo perpetúan, tal y  como lo señala el Decreto 62 de 2025.    

     

16.             Por otro lado, según  el decreto objeto de control de constitucionalidad, también es necesario  adoptar medidas para controlar la distribución, la comercialización y el  transporte de combustibles en el Catatumbo, pues los grupos armados han usado  esos productos en “actividades propias de la conducción de hostilidades”[7].  De ahí que la suspensión del suministro, distribución y transporte de  combustibles en esa región sea una medida proporcional y necesaria “para  enfrentar la grave perturbación del orden público, causada por los  enfrentamientos entre grupos armados ilegales”. En definitiva, indica el  decreto, se trata de medidas necesarias para “restablecer el orden público,  proteger la seguridad del Estado y garantizar la convivencia ciudadana como  objetivos primordiales del estado de conmoción interior”[8].    

     

17.             Luego, en las  consideraciones del decreto analizado se hace referencia a las siguientes  normas: (i) artículos 24, 79 y 365 de la Constitución, según los cuales el  derecho a circular libremente por el territorio nacional está sujeto a las  limitaciones que establezca la ley y el Estado debe garantizar el derecho a  gozar de un ambiente sano, proteger la diversidad e integridad del ambiente y asegurar  la prestación de los servicios públicos; (ii) artículo 36 de la Ley 137 de 1994  que faculta al Gobierno nacional a limitar o racionar el uso de servicios o el  consumo de artículos de primera necesidad con el fin de conjurar las causas de  la perturbación del orden público; (iii) sentencias C-450 de 1995 y C-796 de  2014, artículo 4 de la Ley 142 de 1994, Decreto 1056 de 1953 y literal h) del  artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales la  distribución de gas combustible y la explotación, la refinación, el transporte  y la distribución de petróleo y sus derivados, cuando se destinan al  abastecimiento normal de combustibles, son servicios públicos esenciales.    

     

18.             Finalmente, de acuerdo con  las consideraciones del decreto legislativo, la medida de suspender, limitar,  sustituir los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización,  transporte y distribución de petróleo y sus derivados, combustibles líquidos,  gas combustible por redes o gas licuado de petróleo (GLP) es: (i) compatible  con el derecho internacional; (ii) se adopta “en el grado estrictamente  necesario para lograr el retorno a la normalidad” y (iii) no implica la  suspensión de derechos intangibles, pues “el suministro de combustible no es un  derecho intangible conforme a la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, por lo cual su suspensión está justificada en el  contexto de un estado de conmoción interior”[9].    

     

19.             Con base en esas  consideraciones, el Decreto Legislativo 132 de 2025 dispone:    

     

“Artículo  1. En el marco del Estado de Conmoción Interior y, mientras duren sus  efectos, cuando exista reporte por perfilamiento de riesgo o solicitud por  parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del  Ministerio del Interior o de cuerpos y organismos de inteligencia del Estado,  el Ministerio de Minas y Energía podrá limitar, suspender o sustituir en su  totalidad los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización,  transporte y distribución de petróleo y sus derivados, combustibles líquidos,  gas combustible por redes o gas licuado de petróleo (GLP).     

      

Estas  medidas podrán materializarse a través de las siguientes acciones:     

      

1.                      El cierre temporal de las estaciones de servicio (EDS).    

2.                      La limitación o suspensión temporal de la comercialización y  distribución de combustibles líquidos,    

3.                      La limitación o suspensión temporal de las guías de transporte de  combustibles líquidos.    

4.                      La limitación total o parcial de la distribución de gas licuado de  petróleo.    

5.                      La suspensión de transporte y la distribución de gas combustible  por redes,    

      

Parágrafo  1. Esta medida no podrá afectar los derechos intangibles a los  que hace referencia el artículo 4 de la Ley 137 de 1994. En ese sentido, una  vez implementada la medida, se enviará la información correspondiente para que  surta el trámite ordinario de suspensión o limitación de los servicios públicos  esenciales señalados o compulsa de copias a las autoridades competentes en los  casos en que haya lugar.     

     

Artículo  2. Vigencia. El presente decreto entra en vigor a partir de la fecha de  su publicación”.      

     

     

20.             A  través de los autos del 12 de febrero, 4 marzo y 3 de abril de 2025, la  magistrada sustanciadora ordenó la práctica de unas pruebas necesarias para  estudiar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 132 de 2025. Dichas  pruebas se relacionan con: (i) las firmas del decreto legislativo objeto de  revisión[10];  (ii) los fundamentos de dicha norma y; (ii) el contenido del artículo 1°. Frente  al primer punto, el contenido de las respuestas recibidas se resumirá al  analizar el cumplimiento de los requisitos formales. El resto de las pruebas se  resumen en el Anexo 2 de esta providencia.    

     

3.      Intervenciones    

     

21.             En  este proceso se recibieron las intervenciones de un ciudadano, de la Fundación  para el Estado de Derecho y del Ministerio de Minas y Energía. A continuación,  se resume el contenido de esas intervenciones.    

     

Harold Sua  Montaña    

     

22.             Durante  el periodo de fijación en lista[11],  el  interviniente solicitó la declaratoria de inexequibilidad del decreto  legislativo analizado por no contar con la firma de todos los ministros, conforme  a lo exigido en el artículo 243 de la Constitución. En su parecer, falta la  firma del señor Polivio Leandro Rosales Cadena. Así mismo, el interviniente  hizo críticas a una decisión judicial y a un proceso de tutela, sin indicar la  relación con el estudio del Decreto Legislativo 132 de 2025[12].    

     

23.             Posteriormente,  en el término de traslado de las pruebas solicitadas mediante el auto del 3 de  abril de 2025, el señor Sua Montaña sostuvo que el decreto analizado es  inconstitucional porque: (i) ninguno de los actos administrativos por medio de  los que se encargó a cuatro de los funcionarios que firmaron el Decreto  Legislativo 132 de 2025[13]  fue publicado en el Diario Oficial o en la página web de los correspondientes  Ministerios o de la Presidencia de la República, en contravía de lo previsto en  el artículo 1 de la Ley 57 de 1985; (ii) la fecha de expedición del decreto no  es la misma en la que fue firmado por los ministros y las personas encargadas  para tal efecto en las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo,  Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones y Transporte; y (iii) el 5 de febrero de  2025, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández,  estaba de permiso[14].    

     

Fundación  para el Estado de Derecho    

     

24.             La  Fundación para el  Estado de Derecho (FEDe Colombia), a través de su representante legal Andrés  Caro Borrero, solicitó declarar inexequible el Decreto Legislativo 132 de 2025.  El interviniente reconoció la existencia de una crisis humanitaria en la región  del Catatumbo y la necesidad de que el Estado intervenga para conjurarla.    

     

25.             No  obstante, en su parecer, el decreto presenta fallas y no supera los juicios de  finalidad, conexidad, motivación suficiente, necesidad, proporcionalidad,  ausencia de arbitrariedad e intangibilidad. En particular, la FEDe argumentó  que la medida del Decreto 132 de 2025 no enfrenta directamente las causas de la  perturbación del orden público que dieron origen a la declaratoria del estado  de conmoción interior. Además, el Gobierno nacional no explicó las razones por  las cuales sus facultades ordinarias no son suficientes para controlar el uso  ilícito de combustibles en la región cobijada por la conmoción interior.  Asimismo, a juicio del interviniente, la norma analizada está redactada en  términos vagos y le otorga facultades amplias al Ministerio de Minas y Energía,  lo cual puede conducir a decisiones arbitrarias. Finalmente, el Decreto 132 de  2025, aunque no afecta derechos fundamentales intangibles, sí afecta las  libertades económicas, sin contar con una justificación clara.    

     

Ministerio de Minas y Energías    

     

26.             El  Ministerio de Minas y Energía, a través de su jefe jurídico, Jorge Eduardo  Salgado Ardila, defendió la exequibilidad del Decreto Legislativo 132 de 2025.  El interviniente explicó que la norma responde a hechos concretos de violencia  y uso ilegal de combustibles por grupos armados en el Catatumbo, cuyo objetivo  es impedir que los hidrocarburos sean usados para producir cocaína, fabricar  explosivos o financiar actividades ilícitas. Además, esa cartera ministerial  explicó que la norma analizada cumple los juicios de conexidad externa e  interna, finalidad, necesidad, proporcionalidad, intangibilidad, ausencia de  arbitrariedad, motivación por incompatibilidad, necesidad y no discriminación.    

27.             Al  respecto, el ministerio adujo que la medida del Decreto 132 de 2025 está  directamente relacionada con los motivos que originaron la declaratoria de  conmoción interior, por cuanto responde a hechos como el uso ilícito de esos  productos por parte de grupos al margen de la ley. Además, su finalidad es la  de neutralizar ese uso estratégico y proteger la infraestructura del sector de  los hidrocarburos. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía sostuvo que los  mecanismos ordinarios al alcance del Gobierno nacional para alcanzar ese  objetivo son lentos e ineficaces ante la urgencia de la situación. En igual  sentido, el interviniente señaló que las restricciones que impone el decreto  son proporcionales a la violencia registrada en la región de Catatumbo. Además,  no afectan derechos fundamentales intangibles. De la misma manera, a su juicio,  la norma analizada no modifica leyes, no vulnera principios democráticos como  la separación de poderes ni introduce discriminaciones.    

     

4.      Concepto del procurador general de la Nación    

     

28.             La  cabeza de la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte declarar la  inexequibilidad del Decreto 132 de 2025 por el incumplimiento del requisito  formal de suscripción, previsto en los artículos 213 de la Constitución y 2 de  la Ley 137 de 1994, pues dos de los funcionarios que lo firmaron no tenían las  facultades para hacerlo. Así, dice la Procuraduría, en la fecha de expedición  del decreto analizado, es decir, el 5 de febrero de 2025: (i) Luis Carlos Reyes  no actuaba como ministro de Comercio, Industria y Turismo, pues se encontraba en  permiso remunerado, lo cual genera una vacancia temporal[15]; y (ii)  Polivio Leandro Rosales no podía ejercer funciones de ministro encargado de  Agricultura y Desarrollo Rural, pues su encargo en dicha cartera había terminado  el 4 de febrero de 2025. Por esas razones y conforme a la Sentencia C-256 de  2020, se configuró un vicio de inconstitucionalidad.    

     

29.             Finalmente,  en caso de encontrar superado el requisito formal antes mencionado, el  procurador general de la Nación le solicitó a la Corte declarar exequible el  Decreto 132 de 2025. Lo anterior por cuanto las medidas en él consagradas superan  los juicios de finalidad, conexidad material externa e interna, motivación  suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción  específica, necesidad, incompatibilidad, proporcionalidad, no discriminación y  prohibición de investigación o juzgamiento de civiles por militares.    

     

II)    Consideraciones    

     

1.     Competencia de  la Corte    

     

30.             De conformidad con lo establecido en los artículos 241-6 y 241-7  de la Carta Política, 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991, esta  Corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad del  Decreto Legislativo 132 del 5 de febrero de 2025, dictado por el Gobierno nacional  en ejercicio de las facultades propias del estado de conmoción interior  declarado en el Decreto 62 de 2025[16].    

     

2.      Asunto  por resolver y metodología de la decisión    

     

31.             El Gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en la  región del Catatumbo, los municipios del área  metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del  departamento del Cesar, por medio del Decreto  Legislativo 62 de 2025. Esa norma fue declarada parcialmente exequible a través  de la Sentencia C-148 de 2025, tal y como se explicará  más adelante.    

     

32.             En ejercicio de las facultades de excepción, el Gobierno expidió  el Decreto Legislativo 132 de 2025, el cual faculta al  Ministerio de Minas y Energía para que, de forma temporal, limite, suspenda o  sustituya los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización,  transporte y distribución de gas, petróleo y otros combustibles líquidos. Lo  anterior con el fin de restablecer el orden público, proteger la seguridad del  Estado y garantizar la convivencia ciudadana, como objetivos primordiales del  estado de conmoción interior.    

     

33.             Por  lo tanto, le corresponde a la Corte analizar la constitucionalidad de ese  decreto legislativo de desarrollo. Para ello, desde el punto de vista  metodológico, la Sala Plena dividirá su análisis en tres partes. En la primera,  y en tanto la Sentencia C-148 de 2025 declaró unos apartes del Decreto  Legislativo 62 de 2025 exequibles y otros inexequibles, la Corte explicará  las razones por las cuales la medida contenida en el decreto de desarrollo  analizado está directamente relacionada con hechos y consideraciones cobijados  por la declaratoria de exequibilidad parcial del Decreto Legislativo 62 de 2025,  de forma que no opera la llamada figura de inexequibilidad por consecuencia. En  la segunda parte, la Corte recordará el alcance del control de los decretos  legislativos de desarrollo y, finalmente, en la tercera parte, pasará a  analizar el Decreto Legislativo 132 de 2025. Como se ilustrará, el decreto  incumple una de las exigencias constitucionales de forma y, por ende, será declarado  inexequible.    

     

3.      Cuestión inicial. La inconstitucionalidad parcial del  decreto matriz y sus efectos frente al decreto de desarrollo analizado[17]    

     

34.             La  inconstitucionalidad por consecuencia en los estados de excepción es una figura  jurídica utilizada por la Corte Constitucional en aquellos casos en los que el  decreto matriz[18] es declarado inexequible total o  parcialmente. Así,  cuando se produce una desaparición sobreviniente de la norma jurídica que le permitía  al Gobierno nacional asumir y ejercer facultades extraordinarias, se produce el  decaimiento de los decretos legislativos posteriores[19].    

     

35.              En  efecto, la declaratoria de inexequibilidad del decreto que declara el estado de  excepción trae como consecuencia que el Gobierno nacional quede despojado de su  competencia para dictar normas con fuerza de ley, pues dicha atribución pierde  su sustento jurídico y esta situación se refleja en los decretos de desarrollo.  De ahí que, en aquellos casos en los que se configura una inconstitucionalidad  por consecuencia, este Tribunal no puede hacer el análisis formal ni material  de los decretos de desarrollo que fueron dictados con fundamento en la norma  declarada inconstitucional[20].    

     

36.             En  este caso, la Sentencia C-148 de 2025 declaró la exequibilidad del Decreto  Legislativo 62 de 2025 únicamente respecto de los  hechos y consideraciones relacionados con los siguientes dos puntos: (i) la  intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y otros GAOr, así como los  ataques y hostilidades dirigidas de forma indiscriminada contra la población  civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC y (ii) la crisis  humanitaria derivada de desplazamientos forzados -internos y transfronterizos-  y confinamientos masivos que ha desbordado la capacidad institucional del  Estado para atenderla. Esta decisión solo incluyó aquellas medidas que sean  necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención  humanitaria, los derechos y garantías fundamentales de la población civil, y la  financiación para esos propósitos específicos.    

     

37.             Según  la Sentencia C-148 de 2025, en lo relacionado con el punto (i), el Decreto 62  de 2025 satisfizo el presupuesto fáctico, pues el Gobierno nacional probó una  intensificación y un agravamiento de la perturbación del orden público por el  fortalecimiento reciente de grupos al margen de la ley como el ELN, al igual  que el incremento tanto de los enfrentamientos armados entre esos grupos y con  el Ejercito Nacional como de los ataques y hostilidades contra la población  civil. También cumplió el presupuesto valorativo, por cuanto esta situación es  grave, extraordinaria y ha producido una afectación inminente de las instituciones  del Estado y de la convivencia ciudadana. Finalmente, el decreto matriz superó  el presupuesto de suficiencia porque las atribuciones y los poderes ordinarios  del Estado son insuficientes para conjurar las causas de la perturbación del  orden público y sus efectos sobre la población civil.    

     

38.             Por el contrario, la Corte declaró la inexequibilidad del decreto  que declaró el estado de conmoción interior respecto de los hechos y las consideraciones  relacionados con: (i) la presencia histórica del ELN y otros grupos al margen  de la ley; (ii) la concentración de cultivos ilícitos; (iii) las deficiencias e  incumplimientos de la implementación del Programa Nacional Integral de  Sustitución de Cultivos (PNIS); (iv) las necesidades básicas insatisfechas de  la población por insuficiencia en la política social y (v) los daños a la  infraestructura energética y vial, al igual que las afectaciones a las  operaciones del sector de hidrocarburos. En estos ámbitos, el decreto matriz no  cumplió el presupuesto valorativo, pues se está ante situaciones y  problemáticas estructurales que existen desde antes de la declaratoria de la  conmoción interior y que deben ser enfrentadas a través de los mecanismos  ordinarios y en las instancias democráticas y participativas.    

     

39.             A juicio de este Tribunal, la medida del Decreto Legislativo 132  de 2025 no resulta afectada por la inconstitucionalidad por consecuencia que se  deriva del numeral segundo de la parte resolutiva de la Sentencia C-148 de 2025.  Así, la facultad extraordinaria otorgada al Ministerio de Minas y Energía para  limitar, suspender o sustituir de forma temporal servicios relacionados con la  cadena de suministro de ciertos hidrocarburos persigue la finalidad de controlar  la disponibilidad de productos que son usados por los grupos al margen de la  ley para conducir sus hostilidades y perpetrar ataques en contra de la  población civil. Por esa vía, la medida contenida en el decreto de desarrollo  analizado está íntimamente relacionada con hechos y consideraciones cobijados  por la declaratoria de exequibilidad parcial del Decreto Legislativo 62 de 2025,  pues busca enfrentar el agravamiento de la perturbación del orden público y proteger  los derechos y las garantías fundamentales de las personas que habitan en la región  en la que se declaró la conmoción interior.    

     

40.             De  ello dan cuenta las siguientes razones. Primero, según las  motivaciones del  Decreto 132 de 2025, los grupos armados ilegales presentes en dicha zona han  usado los hidrocarburos para conducir sus ataques y hostilidades[21]. Así  también lo pusieron de presente la Presidencia y del Ministerio de Minas y  Energía, entidades que señalaron que los combustibles son usados por los grupos  al margen de la ley para actividades tales como la fabricación de explosivos[22].    

     

41.             Segundo,  el decreto analizado citó la Alerta Temprana 026 de 2024. En ella, la  Defensoría del Pueblo explicó que una de las prácticas de los actores armados  ilegales contraria a los derechos humanos y al derecho internacional  humanitario es el acondicionamiento con artefactos explosivos de cilindros de  gas propano que son empleados como armas de guerra improvisadas, con efectos  indiscriminados sobre la población civil[23].    

     

42.             Tercero,  de acuerdo con las motivaciones del decreto analizado, la facultad temporal de suspender,  limitar o sustituir el transporte, el abastecimiento, la comercialización, la  distribución y la sustitución de ciertos hidrocarburos busca garantizar la  seguridad pública, restablecer el orden público y garantizar la convivencia  ciudadana[24].  En su respuesta al auto del 12 de febrero de 2025, la Presidencia de la  República y el Ministerio de Minas y Energía ahondaron en ese punto, al  explicar que la medida contenida en el Decreto 132 de 2025 permite controlar de  una forma más estricta la disponibilidad de hidrocarburos con el fin de evitar  que los combustibles líquidos y el gas sean usados para que los grupos al  margen de la ley conduzcan sus ataques y hostilidades[25].    

     

43.             Asimismo,  según esas entidades y conforme a lo señalado en la norma analizada[26], el  Ministerio de Minas y Energía puede ejercer la facultad analizada cuando exista  un reporte por perfilamiento de riesgo o una solicitud de los cuerpos de  inteligencia del Estado o de los ministerios del Interior, de Defensa o de  Justicia y del Derecho, los cuales tienen información privilegiada y reservada a  partir de la cual se puede verificar la ocurrencia de posibles usos indebidos  de los hidrocarburos[27].  Se concluye, entonces, que la medida busca evitar la conducción de hostilidades  y de ataques inminentes contra la población civil, a través del control de la  cadena de suministro de productos que posibilitan esas actividades criminales. En  otras palabras, se trata de una medida que no tiene por finalidad enfrentar  problemáticas estructurales anteriores a la declaratoria del estado de  conmoción interior, sino que busca superar situaciones de riesgo inmediato para  la población civil y garantizar sus derechos fundamentales.      

     

44.             Por  estos motivos, la facultad extraordinaria que el Decreto 132 de 2025 le atribuye  al Ministerio de Minas y Energía tiene una relación directa con los hechos y  las consideraciones cobijados por la declaratoria de exequibilidad parcial del  Decreto Legislativo 62 de 2025, contenida en la Sentencia C-148 de 2025. Por  esa razón, la Sala Plena está habilitada para hacer el análisis de fondo de  dicho decreto de desarrollo.    

     

45.             No  obstante, en ese estudio, la Corte no puede tener en cuenta las consideraciones  del Decreto 132 de 2025 que se refieren a la seguridad energética[28], la  infraestructura y las operaciones del sector de hidrocarburos[29] y el  uso de dichos productos para financiar actividades ilícitas[30], pues  esas motivaciones no están amparadas por la Sentencia C-148 de 2025. En dicho  fallo la Corte declaró inexequible el Decreto 62 de 2025 frente a los hechos y  consideraciones relacionados con: (i) daños en la infraestructura energética y  afectaciones a las operaciones del sector de hidrocarburos; y (ii) situaciones  y problemáticas estructurales anteriores a la declaratoria de conmoción  interior, tales como la utilización de hidrocarburos para realizar actividades  ilícitas y financiar a los grupos al margen de la ley. A continuación, luego de  referirse al alcance del control sobre los decretos legislativos de desarrollo,  la Corte resumirá los requisitos formales que deben cumplir estas normas  jurídicas.    

4.     Alcance del control sobre los  decretos legislativos de desarrollo    

     

46.             Con  el objetivo de preservar el orden constitucional, especialmente el principio de  separación de poderes, y evitar el abuso de estas figuras, el Constituyente de  1991 previó un modelo constitucional que limita las facultades del ejecutivo  para recurrir a los estados de excepción, es decir, al estado de guerra  exterior (artículo 212 superior), al de conmoción interior (artículo 213 de la  Constitución) y al de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215  superior)[31]. Ese  modelo constitucional fue desarrollado de forma detallada por el legislador  mediante la LEEE (Ley 137 de 1994).    

     

47.             De  conformidad con los artículos 212 a 215 de la Constitución Política de 1991,  los estados de excepción son circunstancias de anormalidad constitucional  previstas y consentidas por el texto superior, en las que se invierte el  principio democrático y se faculta a la rama ejecutiva para dictar normas con  fuerza de ley[32]. El  estado de conmoción interior es una modalidad de estado de excepción que puede  ser declarado cuando: (i) se presente una grave perturbación del orden público;  (ii) que provoque una afectación inminente de la estabilidad institucional, la  seguridad del Estado o la convivencia ciudadana; y (iii) no pueda ser conjurada  mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía.  Se trata de un estado de excepción que procede únicamente ante situaciones  consolidadas; exige una intensidad de la perturbación, esto es, que sea grave[33];  protege unos bienes jurídicos específicos -orden público, seguridad y  convivencia- y es de carácter residual o subsidiario, es decir, solo puede ser declarado  ante la insuficiencia de las atribuciones ordinarias. Los límites  constitucionales reforzados aplicables a los estados de excepción, en general,  y al estado de conmoción interior, en particular, responden a la historia  constitucional del país, caracterizada por el uso persistente y crónico del  estado de sitio durante buena parte de la vida republicana[34].    

     

48.             A lo largo  de varias décadas del siglo XX, Colombia experimentó una constante anormalidad  constitucional debido al uso prolongado del estado de sitio como mecanismo para  controlar crisis sociales, políticas y económicas[35]. Las  reformas constitucionales de 1910, 1936 y 1968 buscaron limitar su aplicación,  incluso con la creación del estado de emergencia social y económica[36]. No  obstante, el estado de sitio fue utilizado para responder a varias  perturbaciones de la vida social, como las protestas[37],  sindicalismo[38],  narcotráfico[39] y crisis  institucionales[40]. Bajo  esta figura, los decretos expedidos se alejaron de su propósito original y  abordaron asuntos que excedían la situación de excepción. Pese a los controles  políticos y judiciales oficiosos introducidos en 1968, el país permaneció más  de 30 años bajo estado de sitio, lo que impactó los derechos fundamentales y  evidenció la debilidad de los mecanismos de control institucional[41].    

     

49.             En  la Asamblea Nacional Constituyente, los delegatarios criticaron el uso  prolongado y excesivo del estado de sitio en Colombia[42],  pues se convirtió en un régimen permanente[43] y se aplicó a  conflictos internos del país[44].  Esta práctica generó una confusión constitucional[45]  entre la normalidad y excepcionalidad[46].  En respuesta a esta situación, los constituyentes eliminaron dicha figura[47]  y la reemplazaron por el estado de excepción, el cual buscó limitar la  excepcionalidad o anormalidad constitucional[48].    

     

50.             Estas  circunstancias explican las condiciones estrictas a las que se sujeta tanto la  declaración de los estados de excepción, como la expedición de medidas de  desarrollo y el escrutinio judicial. Así, la Constitución de 1991  estableció una serie de límites dirigidos a restringir el uso de los estados de  excepción. Esos límites se hallan tanto en la definición de las específicas y  excepcionales condiciones que permiten acudir a estas figuras, como en su  temporalidad, en el tipo de medidas que pueden ser adoptadas durante su  vigencia y en el rol de las otras ramas del poder público. Adicionalmente, la  Constitución prevé que el funcionamiento de las otras ramas no se suspende y,  por el contrario, son dotadas con específicas competencias dirigidas a efectuar  controles, tal y como sucede con el control político ejercido por el Congreso  de la República y el control judicial automático a cargo de la Corte  Constitucional.    

     

51.             En vigencia  de la Constitución de 1991, se ha declarado la conmoción interior en siete  oportunidades. Para hacer el control de constitucionalidad sobre los decretos  declaratorios, la Corte ha acudido a un escrutinio judicial compuesto por un  examen de los presupuestos formales y materiales. Las exigencias de estos  presupuestos se derivan de: (i) las disposiciones de la Constitución que  regulan los estados de excepción (art. 212 a 215); (ii) la Ley Estatutaria de  los Estados de Excepción, la cual desarrolla esas disposiciones superiores (Ley  137 de 1994) y (iii) las normas de derecho internacional de los derechos  humanos, las cuales prevén, entre otras, las garantías que no pueden ser  suspendidas en los estados de excepción, es decir, los derechos intangibles  (art. 93.1 y 214 de la Constitución). En cumplimiento del principio de  legalidad, el Gobierno nacional tiene el deber de ejercer las competencias que  se derivan de la declaratoria de un estado de excepción en el marco del orden  constitucional y con sujeción a las normas que rigen específicamente los  estados de excepción[49].    

     

52.             A continuación, se desarrollarán los requisitos formales que deben  cumplir los decretos de desarrollo expedidos en el marco de un estado de  conmoción interior.    

     

5.     Requisitos formales que deben cumplir los decretos de desarrollo    

     

53.             Con base en las reglas previstas en la Constitución y la LEEE, la  Corte debe verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos formales:  (i) expedición del decreto en ejercicio de las competencias derivadas del  estado de conmoción interior y durante su vigencia; (ii) inclusión de la firma  del presidente de la República y de todos los ministros; (iii) adopción de una  parte motiva en la que obre la justificación de las medidas que se pretende  adoptar; y (iv) definición del ámbito de aplicación territorial si es  procedente. Una vez mencionados, la Corte explicará su contenido.    

     

54.             Expedición durante la vigencia del estado de conmoción interior. Como  quiera que la facultad legislativa extraordinaria se traslada únicamente para  atender las situaciones excepcionales que motivan el estado de excepción y está  limitada temporalmente por la Constitución, los decretos de desarrollo deben  expedirse en vigencia de dichas facultades.    

     

55.             Firma del presidente de la República y de todos los ministros. En  función de lo dispuesto en los artículos 213 y 214 de la Constitución y 34 de  la LEEE, se exige que tanto la declaratoria de un estado de conmoción interior  como los decretos legislativos de desarrollo lleven la firma del presidente de  la República y de todos los ministros[50].    

     

56.             Este requisito no es una simple formalidad, sino una condición  prevista expresamente en la Constitución que tiene implicaciones sustanciales.  En efecto, como se explica a continuación, el requisito analizado persigue  asegurar la responsabilidad del Gobierno nacional y controlar el poder que le  otorga el texto superior al presidente de la República. En primer lugar, se  trata de una exigencia de trámite que permite hacer efectivo el control  político sobre las facultades extraordinarias del Gobierno nacional, en su  conjunto, cuyo ejercicio le corresponde al Congreso de la República en un  régimen democrático[51]. Así, la expedición  de decretos legislativos es una decisión del Gobierno como cuerpo colegiado[52]. De ahí  que, la expedición de este tipo de normas constituye una decisión colegiada que  se encuentra reservada a personas que tienen funciones políticas, como los  ministros.     

     

57.             En segundo lugar, es un requisito que permite compensar el déficit  de deliberación democrática que se produce cuando se expiden decretos  legislativos y evitar que el presidente de la República ejerza facultades  omnímodas[53]. En efecto, durante los estados de  excepción se cambia temporalmente la técnica de legitimidad que rige en tiempos  de normalidad, ya que primero se adopta el decreto legislativo de desarrollo y,  luego, se busca el consenso democrático a través de los controles político y  jurídico[54]. En consecuencia, el Congreso de la  República potencializa su papel de censor y se transforma en un escenario de  discusión sobre las actuaciones del Gobierno nacional. Correlativamente, se  flexibiliza transitoriamente la separación de poderes, pues la función  legislativa es asumida por el ejecutivo[55].    

     

58.             En  todos los casos bajo control automático de constitucionalidad, la Corte ha  verificado que los decretos estén debidamente suscritos por todos los miembros  del gabinete[56]. La Corte  ha considerado que se supera este requisito con la firma de todos los ministros  en servicio activo o cuando alguno de ellos está en una situación  administrativa diferente y otro funcionario del mismo nivel toma su lugar en la  suscripción del decreto mediante el encargo[57].   Además, esta Corporación ha tomado el acto de expedición y publicación del  decreto como el momento determinante para evaluar si la norma se expidió con la  suscripción de todos los ministros. Por ejemplo, en la Sentencia C-700 de 2015,  al revisar el Decreto 1771 de 2015, la Corte advirtió que, aunque inicialmente  no aparecía la firma de la ministra de Relaciones Exteriores, para la fecha de expedición  y publicación del decreto, dicha funcionaria se encontraba en comisión en el  exterior y el ministro del Interior estaba encargado de su despacho, quien  firmó en su reemplazo. Por lo tanto, la Corte concluyó que se cumplió con el  requisito formal. Así mismo, en la Sentencia C-466 de 2017, se encontró  satisfecha esa exigencia debido a que, al momento de su expedición y  publicación, el viceministro de Ambiente firmó el Decreto 601 de 2017 en  calidad de encargado, pues el ministro de esa cartera se encontraba en comisión  de servicios en el exterior.    

     

59.             En resumen, la firma del presidente de la República y de todos los  ministros constituye un requisito que le permite al poder legislativo hacer un  juicio político a dichos funcionarios por el ejercicio de las facultades  extraordinarias. También hace posible ejercer frenos y contrapesos en el marco  de una situación excepcional de anormalidad constitucional como la conmoción  interior. Por esas razones, el cumplimiento de este requisito es ineludible,  pues constituye una condición para su validez[58].  En cualquier caso, como se trata de un requisito de trámite, para determinar la  existencia de un vicio de inconstitucionalidad por su desconocimiento es  necesario aplicar el principio de instrumentalidad de las formas de acuerdo con  el cual, como las formas procesales no tienen un valor en sí mismo, deben  interpretarse teleológicamente, partiendo de los valores sustantivos  perseguidos por las normas respectivas[59].    

     

60.             Motivación. De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 213 y 214 de la Constitución, los decretos  legislativos de desarrollo proferidos en el marco de estados de conmoción  interior deben estar debidamente motivados[60].  Por lo tanto, uno de los requisitos formales que debe cumplir esta clase de  normas es contar con una exposición de razones que justifique su expedición.  Por su parte, la evaluación sustancial de la motivación se debe examinar en el  análisis de los presupuestos materiales que debe superar el respectivo decreto  legislativo.    

     

61.             La definición del ámbito territorial. Este requisito se deriva del artículo 34 de la LEEE en atención  a la posibilidad de que el estado de conmoción interior no se extienda a todo  el territorio nacional y se limite a zonas específicas del territorio. En  consecuencia, en los casos en los cuales la declaratoria del  estado de excepción se haya limitado a un ámbito territorial, debe examinarse  que los decretos de desarrollo no lo excedan.    

     

6.      Análisis  del cumplimiento de los requisitos formales frente al Decreto Legislativo 132  de 2025    

     

62.             El  decreto analizado cumple con el primer requisito formal, pues fue expedido el 5  de febrero de 2025, es decir, durante la vigencia del estado de conmoción  interior declarado en el Decreto Legislativo 62 de 2025[61]. No  obstante, por dos razones principales,  no supera la exigencia formal de haber sido firmado por todos los ministros.    

     

63.             En  primer lugar, dos de los funcionarios que firmaron la norma carecían de  competencia constitucional y legal para hacerlo. Así, al momento de la  expedición y publicación del Decreto Legislativo 132 de 2025, los señores  Polivio Leandro Rosales Cadena y Luis Carlos Reyes Hernández no se encontraban  en ejercicio del empleo de ministro del despacho de los ministerios de  Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo,  respectivamente.      

     

64.             Por  un lado, la norma analizada fue expedida y publicada en el Diario Oficial el 5  de febrero de 2025. En esa fecha, la persona que ejercía el empleo de ministro  del despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural era Martha  Viviana Carvajalino Villegas. No obstante, el que firmó el decreto fue Polivio  Leandro Rosales Cadena que, el 5 de febrero de 2025, ejercía el cargo de  viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo  Rural.      

     

     

66.             Por  otro lado, el 5  de febrero de 2025, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos  Reyes Hernández, se encontraba en una situación administrativa que  implicaba la separación transitoria de sus funciones y del servicio activo[64]. En efecto, mediante el Decreto 65  de 2025, el presidente de la República le otorgó un permiso remunerado por el  período comprendido entre el 5 y el 7 de febrero de 2025[65]. Esa  situación administrativa implica vacancia temporal del empleo, pues según el artículo  2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, el  permiso es una situación administrativa que deja el cargo vacante de manera  temporal, lo que implica la separación del funcionario del servicio activo para  que pueda atender asuntos de índole personal o familiar[66]. En  consecuencia, a través del Decreto 65 de 2025, el presidente de la República encargó  de las funciones de ministro de Comercio, Industria y Turismo a la señora Ana María  Zambrano Solarte, de manera que era ella y no el señor Reyes Hernández quien  tenía la competencia para firmar el Decreto 132 de 2025. Esta irregularidad es  determinante, ya que dicho funcionario no podría asumir la eventual  responsabilidad derivada de la implementación de la medida contenida en el  decreto estudiado.    

     

67.             En  resumen, en la fecha de expedición y publicación del Decreto 132 de 2025, las  personas que firmaron la norma en cabeza de los Ministerios de Agricultura y  Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo carecían de la competencia  para hacerlo.    

     

68.             En  segundo lugar, los argumentos expuestos por el Gobierno nacional no justifican  el incumplimiento de este requisito, como se explica a continuación. En  respuesta al auto de pruebas del 3 de abril de 2025, el Departamento  Administrativo de la Presidencia sostuvo que el presidente y todos los  ministros firmaron el decreto en cumplimiento del artículo 214.1 de la  Constitución[67].  Para ello, indicó que los señores Rosales Cadena y Reyes Hernández suscribieron  el decreto el 4 de febrero de 2025, fecha en la que el primero se encontraba encargado  del Ministerio de Agricultura y el segundo permanecía en servicio activo como ministro  de Comercio, Industria y Turismo, según consta en las declaraciones  juramentadas aportadas al proceso. Con base en lo anterior, la Presidencia  manifestó que el decreto existió con las firmas de los ministros y que su  publicación el 5 de febrero no afectó su validez. Al respecto, la representante  del Departamento Administrativa de la Presidencia expresó que la fecha de  expedición y publicación no incide en la existencia del decreto y que su  validez depende exclusivamente de la firma de los funcionarios.    

     

69.             Para  la Corte, el Gobierno nacional no tiene razón al afirmar que la fecha de  expedición y publicación del Decreto 132 de 2025, en relación con las  situaciones administrativa de los ministros que lo firmaron, no afecta la  validez de esa norma. En el análisis de los decretos legislativos expedidos  bajo estados de excepción, no basta con verificar su existencia fáctica o  jurídica. Aunque es cierto que la Corte Constitucional ha distinguido los  conceptos de existencia y validez de las normas[68], en el  control de constitucionalidad de este tipo de decretos, la fecha de expedición  y publicación adquiere un valor jurídico determinante. En particular, cuando se  evalúa el cumplimiento del requisito formal de la firma de los ministros, esta  fecha no puede separarse del análisis, ya que permite verificar si los  funcionarios que suscribieron el decreto tenían la facultad legal y  constitucional para hacerlo al momento de su expedición y publicación.    

     

70.             Así  lo ha reconocido la jurisprudencia en múltiples oportunidades al sostener que  la firma de los ministros no es un simple acto mecánico, sino una manifestación  concreta de responsabilidad política colegiada del Gobierno, tal como lo  establece el artículo 215 de la Constitución. En consecuencia, un decreto firmado  por funcionarios sin competencia para hacerlo carece de un requisito esencial  de validez, y no puede considerarse constitucionalmente válido. A la fecha de  la expedición y publicación de un decreto legislativo, todos los ministros que  lo firman deben tener la competencia para suscribirlo.    

     

71.             Por  ello, no es acertado afirmar que la validez del decreto depende exclusivamente  de la firma material de los funcionarios, sin considerar en qué momento se  produjo. La validez formal, como lo ha interpretado la Corte, exige que la  totalidad de los ministros se encuentren en ejercicio de sus funciones al  momento de la expedición y publicación del acto. Esta exigencia se relaciona  con el principio de control político, ya que facilita identificar de forma  clara a los funcionarios que asumieron la responsabilidad institucional por la  declaratoria y el contenido del decreto. Si se admite como suficiente una  declaración posterior que indique que un funcionario firmó en una fecha distinta  -apartado del servicio activo o en una situación administrativa diferente a esta-  se abriría la puerta a una forma de validación retroactiva que vulnera la  transparencia, impide el control y debilita el carácter colegiado del ejercicio  de las facultades legales extraordinarias de los estados de excepción. La Corte  ha sido enfática en señalar que la suscripción de estos actos es una condición  habilitante para su existencia válida, y que la revisión de este punto debe  hacerse con referencia al acto formalmente expedido y publicado, no a  documentos o reconstrucciones posteriores.    

     

72.             Asimismo,  el hecho de que la existencia y validez de una norma sean categorías diferentes  no afecta el alcance del control que la Corte efectúa sobre los decretos  legislativos, el cual comprende tanto elementos de forma como de fondo. En este  caso, no se discute únicamente la existencia material del decreto, sino su  validez constitucional, lo cual exige verificar que en el momento de su  expedición y publicación contara con todas las firmas exigidas por la Constitución.  El hecho de que el 5 de febrero de 2025, es decir, en la fecha de expedición y  publicación de la norma, dos de los funcionarios que la firmaron no tuvieran  competencia para hacerlo, es un factor que afecta la validez del Decreto  Legislativo 132 de 2025.    

     

73.             Además,  esta situación desconoce el principio de buena fe que rige el comportamiento de  las personas. En este caso, la ciudadanía conoció y confió en que el Decreto  Legislativo 132 de 2025 se expidió y publicó el 5 de febrero de ese mismo año,  por lo que se firmó en dicha fecha. Sin embargo, se desconoce la suscripción  privada el día anterior, situación que se ventiló casi dos meses después en un  proceso de constitucionalidad mediante declaraciones juramentadas que no tienen  la entidad de desmentir ni desvirtuar la fecha de expedición y publicación del  decreto.    

     

74.             Por  tanto, no es suficiente argumentar que la norma existe al ser firmada o que fue  publicada después de su suscripción para concluir que es válida. Lo que se  produjo fue una afectación sustancial de uno de los requisitos de forma  esenciales, y eso compromete la validez del decreto legislativo en los términos  exigidos por la Corte. El respeto por los procedimientos formales no es un mero  tecnicismo, sino que constituye una garantía institucional que protege el  principio democrático, en contextos de excepción.    

     

75.             Por  último, es necesario hacer tres precisiones. Primero, con base en lo dispuesto  en la Sentencia C-256 de 2020[69],  en este caso no es posible una subsanación de las falencias observadas, toda  vez que el término de duración del estado de conmoción interior, en lo  concerniente al decreto analizado, ya finalizó[70].    

Tampoco se puede  efectuar un análisis de prevalencia de lo sustancial sobre las formas, pues el  Gobierno no subsanó las irregularidades en las firmas del decreto durante la  vigencia del estado de excepción.    

     

76.             Segundo,  ante el incumplimiento del requisito de contar con la firma de todos los  ministros, la Corte declarará inexequible el Decreto Legislativo 132 de 2025,  sin que sea necesario analizar las demás exigencias formales y materiales. Esta  decisión sigue el precedente establecido en la Sentencia C-207 de 2025. En ella,  la Corte verificó la ocurrencia de los mismos vicios que se configuraron en  este caso frente a otro decreto de desarrollo expedido durante el estado de  conmoción interior declarado en el Decreto 62 de 2025. Así, el Decreto  Legislativo 131 del 5 de febrero de 2025[71]  también fue firmado por dos funcionarios que no tenían competencia para  hacerlo, pues al momento de la expedición y publicación de la norma no ocupaban  los cargos de ministros del despacho en los ministerios de Agricultura y  Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo. Por esa razón, la Sentencia  C-207 de 2025 lo declaró inexequible.    

     

77.             Tercero,  en esta oportunidad, la declaratoria de inexequibilidad es simple, sin efectos  retroactivos, pues la eficacia práctica de la medida del Decreto 132 de 2025 ya  se cumplió. Según la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y  Energía, la facultad prevista en el decreto solo se mantuvo y pudo ejercerse  durante el periodo temporal de la declaratoria del estado de conmoción, el cual,  frente al decreto analizado, ya culminó. Además, esas entidades le informaron a  la Corte que, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1 del  Decreto 132 de 2025, el cierre temporal de estaciones de servicio y las  limitaciones y suspensiones de la comercialización, distribución y transporte  de hidrocarburos sólo se mantuvieron durante el estado de conmoción y mientras  se surtían los procedimientos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.  La Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía también  aseguraron que la facultad extraordinaria contenida en el decreto analizado  tenía una naturaleza parcial y temporal, y solo procedía cuando existiera una  alerta o un reporte por perfilamiento de riesgo o una solicitud de los  ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior o de los organismos de  inteligencia del Estado[72].  En consecuencia, como la facultad contenida en el decreto analizado se  materializó y ya se levantó, darle efectos retroactivos a esta decisión sería inocuo.    

     

III) Decisión    

     

En mérito de lo  expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrado justicia en  nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,    

     

RESUELVE    

     

Único.  Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 132 de  2025, “[p]or el cual se adoptan medidas de orden público sobre combustibles en  el marco del Estado de Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 0062  del 24 de enero de 2025”.    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ  NAJAR    

Presidente    

     

     

     

NATALIA ÁNGEL CABO    

Magistrada    

     

     

     

JUAN CARLOS CORTÉS  GONZÁLEZ    

Magistrado    

     

     

     

DIANA FAJARDO  RIVERA    

Magistrada    

     

     

     

VLADIMIR FERNÁNDEZ  ANDRADE    

Magistrado    

     

     

     

PAOLA ANDREA  MENESES MOSQUERA    

Magistrada    

Ausente con  comisión    

     

     

     

CAROLINA RAMÍREZ   PÉREZ    

Magistrada (e)    

     

     

     

MIGUEL POLO ROSERO    

     

     

     

JOSE FERNANDO  REYES CUARTAS    

Magistrado    

     

     

     

ANDREA LILIANA  ROMERO LOPEZ    

Secretaria General    

     

     

     

     

     

     

Anexo 1. Decreto  Legislativo 132 de 2025    

     

El siguiente es el texto del decreto  legislativo objeto de examen conforme a su publicación en el Diario Oficial No.  53.021 del 5 de febrero de 2025:    

     

“DECRETO 132 DE 2025     

(Febrero 05)    

Por el cual se adoptan medidas de orden  público sobre combustibles en el marco del Estado de Conmoción Interior declarado  mediante el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025     

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA    

En ejercicio de sus facultades  constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 213 de  la Constitución Política, el artículo 38 de la Ley 137 de 1994 y en desarrollo  de lo dispuesto en el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, y     

CONSIDERANDO    

Que  el artículo 213 de la Constitución Política confiere al presidente de  la República la facultad para decretar el Estado de Conmoción Interior en todo o  en parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden  público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la  seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, pudiendo adoptar las medidas  necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión  de sus efectos.    

Que  en desarrollo del artículo 213 de la Constitución Política y de  conformidad con lo previsto en la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los  Estados de Excepción -LEEE-, el Gobierno nacional puede dictar Decretos  Legislativos que contengan las medidas destinadas a conjurar la crisis y a  impedir la extensión de sus efectos, siempre que: (i) se refieran a materias  que tengan relación directa y especifica con el Estado de Conmoción Interior, (II)  su finalidad esté encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a  impedir la extensión de sus efectos; (iii) sean necesarias para alcanzar los  fines que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, (iv)  guarden proporción o correspondencia con la gravedad de los hechos que se  pretenden superar, (v) no entrañen discriminación alguna fundada en razones de  raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o  filosófica; (vi) contengan motivación suficiente, a saber, que el gobierno  Nacional presente razones suficientes para justificar las medidas; (vii) cuando  se trate de medidas que suspendan leyes se expresen las razones por las cuales  son incompatibles con el Estado de Conmoción Interior y (viii) no contener medidas  que impliquen contradicción especifica con la Constitución Política, los  tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia ni la  Ley 137 de 1994.    

Que,  de igual manera, en el marco de lo previsto en la Constitución Política, la Ley  y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia,  las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo no pueden: (i) suspender o  vulnerar los derechos y garantías fundamentales, (ii) interrumpir el normal  funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado;  (iii) suprimir ni modificar los organismos y funciones básicas de acusación y  juzgamiento, y (iv) tampoco restringir aquellos derechos que no pueden ser  restringidos ni siquiera durante los estados de excepción.    

Que  mediante el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, el presidente de la  República, con la firma de todos los ministros, declaró el Estado de Conmoción  Interior, por el término de 90 días, “en la región del Catatumbo,  ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está  conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama,  San. Calixto, Hacari, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios  indígenas de los resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra, así como en el  área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital  departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los  Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Rio de  Oro y González del departamento del Cesar”    

Que  el Estado de Conmoción Interior fue decretado por el Gobierno nacional con el  fin de conjurar la grave perturbación del orden público que de manera  excepcional y extraordinaria se está viviendo en la región del Catatumbo y  cuyos efectos y consecuencias se proyectan sobre las demás zonas del territorio  delimitadas en la declaratoria de Conmoción Interior- derivada de fuertes.  enfrentamientos armados entre grupos armados, amenazas, desplazamientos  forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la  población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al  ambiente.    

Que  en atención a la gravedad de la situación que se vive en la región del  Catatumbo, excepcional y extraordinaria, caracterizada por el aumento inusitado  de la violencia, una crisis humanitaria desbordada, el impacto en la población  civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las  capacidades institucionales, el Gobierno nacional se ha visto obligado a la  adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación,  restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la  convivencia ciudadana, así como, garantizar el respeto de los derechos fundamentales,  en dicha región, en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de  Oro y González del departamento del Cesar    

Que,  la seguridad energética enfrenta el riesgo de ataques en contra de la  infraestructura energética y vial de la región, especialmente en el oleoducto  Caño Limón Coveñas, vías nacionales como el eje vial Ocaña – Cúcuta y Ocaña  Aguachica, subestaciones de energía y torres de comunicaciones, puentes y  edificaciones públicas y privadas que se localizan cerca de guarniciones  militares y comandos de policía, las cuales vienen siendo regularmente  atacadas, especialmente con artefactos explosivos, con el consecuente impacto  sobre los altos valores ambientales de la región del Catatumbo y la prestación  de servicios públicos a la población.    

Que  la grave situación de orden público genera riesgo de afectaciones en el sector  de hidrocarburos y en la producción de la cuenca petrolera del Catatumbo, que  cuenta con una producción diaria de 1.814 bailes de petróleo (BOPD), de acuerdo  con los reportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de 2024.    

Que,  además, está en inminente riesgo la producción de gas para la cuenca del  Catatumbo, cuyo promedio diario en 2024 fue de 2,59 Mpcd, con una producción  promedio diaria de gas comercializado de 1,73 Mpcd, según los reportes de la  ANH    

Que,  de llegarse a interrumpir la explotación dinámica de gas en la referida cuenca,  los yacimientos perderían presión, lo que disminuiría el límite técnico y  afectaría la gestión de las reservas en el país, tanto en gas como en petróleo.    

Que,  en el sector de energía eléctrica, Norte de Santander cuenta con una capacidad  de generación eléctrica de 383.5 MW, de los cuales 335 MW (87%) provienen de  plantas a base de carbón y 48.5 MW corresponden a energía solar.    

Que  existen amenazas graves e inminentes de afectaciones al Sistema Interconectado  Nacional operado en esta región por la empresa Centrales Eléctricas del Norte  de Santander (CENS), que se abastece del Sistema de Transmisión Nacional (STN)  mediante conexión en las subestaciones de Ocaña, San Mateo y Belén, por medio  de las cuales se proveen cantidades significativa de potencia para satisfacer  la demanda de los 47 municipios cubiertos (Informe Dirección de Energía  Eléctrica MME 3-2025-003391).    

Que  la seguridad energética, como componente esencial de la seguridad y convivencia  ciudadanas, así como del bienestar y la calidad de vida de las personas, se  encuentra bajo amenaza grave por los actos violentos, que han implicado la  suspensión de labores de mantenimiento. la alteración de las operaciones y la  afectación de la capacidad de las empresas para garantizar un servicio continuo  y seguro en la región del Catatumbo, en los municipios del área metropolitana  de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar.    

Que  el suministro de combustibles y gas hace parte de la garantía de seguridad  energética, en tanto contribuye a la disponibilidad de energía para cubrir las  necesidades de la población relacionadas con transporte de personas, insumos y  alimentos, y evitar la exposición a combustibles más contaminantes e  ineficientes para la cocción de alimentos y nocivos para la salud humana, entre  otros. Sin embargo, los combustibles también han sido utilizados en actividades  propias de la conducción de hostilidades por parte de los grupos armados que se  encuentran en confrontación.    

De  acuerdo con la Alerta Temprana 026 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, en  2024, en los municipios de la región del Catatumbo han sido hurtados mil  doscientos (1.200) cilindros de gas propano a las diferentes empresas que lo  distribuyen, dichos cilindros suelen ser acondicionados con artefactos explosivos  y usados, a su vez, como armas de guerra improvisadas, cuyos efectos suelen ser  indiscriminados. También se reportó que el 25 de octubre de 2024, en la vereda  Carrizal del municipio de Convención, 4 operarios de la empresa ISMOCOL,  contratista de CENIT, fueron secuestrados por el ELN en el momento en que se  dirigían a realizar labores de reparación de la infraestructura del Oleoducto  Caño Limón-Coveñas.    

Que,  de acuerdo con la información reportada por CENIT, desde el 21 de agosto de  2024, el bombeo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el tramo  Banadía-Ayacucho, se encuentra suspendido debido a los ataques terroristas  sufridos por el sistema. Recientemente, el 15 de enero de 2025, se registró una  afectación al oleoducto en la vereda La Selva, municipio de Bochalema,  departamento de Norte de Santander, como resultado de un atentado perpetrado  por terceros desconocidos.    

Que,  en lo corrido del año 2024, se han registrado 45 ataques al Oleoducto Caño  Limón Coveñas, los cuales han afectado severamente la capacidad de transporte  de petróleo y sus derivados en la región, exponiendo la infraestructura  critica, a los trabajadores y a la población civil a riesgos permanentes  (Ecopetrol, comunicación MME 2-2025-001058; Cenit, comunicación 18 de enero de  2025). Así mismo, la presencia de grupos armados ilegales en zonas como Tibú,  Sardinata y Oripaya ha generado restricciones de movilidad, dificultando el  mantenimiento y operación de sistemas de distribución de hidrocarburos y gas  (Ecopetrol, comunicación MME 2-2025-001058).    

Que  frente a las labores que venía adelantando la compañía para garantizar la  integridad de la infraestructura (Reparaciones mecánicas, liberaciones de  esfuerzo por geotecnia, entre otras), CENIT ha decidido suspenderlas hasta que  se garanticen las condiciones de seguridad en el territorio que no comprometan  la integridad física de sus  funcionarios y contratistas. (Informe del Gerente de Seguridad Física de Cenit del 18 de enero de 2025).    

Que,  la instalación de válvulas ilícitas en el Poliducto Pozos Colorados Galán,  reportada por Cenit, evidencia un desvió sistemático de hidrocarburos hacia  actividades ilícitas ejecutadas por estructuras criminales organizadas (Cenit,  2025a). De igual forma, los ataques recurrentes al Oleoducto Caño Limón Coveñas  han comprometido la integridad de la infraestructura energética, facilitando el  acceso ilegal a recursos esenciales para la financiación y operación de grupos  armados legales (Cenit. 2025b). Según reportes de la Unidad Dirección de  Carabineros y Protección Ambiental ejecutados a través del Grupo de Operaciones  Especiales de Hidrocarburos DICAR GOESH de la Policial Nacional, durante 2024  se neutralizaron 7 válvulas ilícitas, además de reportar la destrucción de 63  tanques de almacenamiento, 22 refinerías y 76 piscinas desmanteladas, 1.784  vehículos inmovilizados además de 24 capturas de personas involucradas en la  comisión de las conductas delictivas. Para el 2025 se neutralizó 1 válvula  ilícita, además de reportar la destrucción de 2 tanques de almacenamiento, 1  refinería y 5 piscinas desmanteladas, 2 vehículos inmovilizados además de 1  captura. Por lo anterior, la limitación del acceso a combustibles líquidos se  fundamenta en el deber del Estado de prevenir la comisión de ilícitos que  afecten el interés público (Informe GS-2025-004024-DICAR).    

Que  en el Departamento de Norte de Santander se encuentran ubicados 14 contratos de  hidrocarburos, los cuales podrán verse afectados por la situación de orden  público y entrar en procesos de suspensión que afectaría la seguridad  energética del país. De estos, 5 contratos se encuentran ubicados en la cuenca  del Catatumbo. De los 14 contratos, 8 se encuentran en etapa de producción, 4  en etapa de exploración y 2 que se encuentran produciendo y explorando, cuya  actividad contribuye a la adecuada gestión de reservas para la confiabilidad y  seguridad energética y de abastecimiento de hidrocarburos en el territorio  nacional (Informe de la ANH radicado ΑΝΗ 20255010109161).    

Que  la ruta de abastecimiento de combustibles desde Cúcuta hacia Ocaña se encuentra  en alto riesgo debido a que atraviesa la región del Catatumbo, la cual enfrenta  constantes perturbaciones del orden público que ponen en peligro la seguridad y  la continuidad del suministro en esta zona estratégica (Informes del Gerente de  Seguridad Física y el Vicepresidente Operativo de Cenit del 18 de enero de  2025).    

Que,  el 17 de enero de 2025 los Mayoristas PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S., TERPEL  S.A. y COOMULPINORT solicitaron al Ministerio de Minas y Energía la autorización  para activar las plantas contingentes definidas en el plan de abastecimiento,  con el objetivo de que las estaciones de servicio en los municipios afectados  puedan recibir el suministro necesario de combustible durante la contingencia y  hasta que se restablezca el tránsito de carga en los puntos afectados (oficios  con radicados MME 2-2025-001060; 2-2025-001061; 2-2025-001062).    

Que  el 17 de enero de 2025, se presentó un atentado al Grupo de Operaciones  Especiales de Hidrocarburos (GOESH) de la Policía Nacional en la vía Aguachica  – Pelaya, departamento del Cesar, durante un recorrido de inspección para  verificar la instalación de una válvula ilícita en el Poliducto Pozos Colorados  – Galán (Cenit, 2025b).    

Que  el 18 de enero de 2025, el Ministerio de Minas y Energía, en aras de garantizar  la continuidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio de  distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en los municipios  de la provincia de Ocaña, considerados zona de frontera del departamento de  Norte de Santander, en aplicación del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.7.  del Decreto 1073 de 2015, mediante los oficios con radicados MME 2-2025-001060,  2-2025-001061; 2-2025-001062 se autorizó de forma temporal el abastecimiento  desde la Planta de Ayacucho, conforme a su capacidad de suministro, para  abastecer los municipios de Ocaña, Abrego, Convención, Teorama, El Carmen, El  Tarra, Tibú, Sardinata, La playa de Belén, Hacari, San Calixto, casco Urbano de  Rio de Oro, y desde las Plantas de abastecimiento la Fortuna y Río Sogamoso los  municipios de Cáchira y la Esperanza.    

Que  el conflicto en la región del Catatumbo ha intensificado el uso estratégico de  los recursos minero energéticos como herramienta para financiar actividades  ilícitas, lo que incluye el control territorial y la producción de sustancias  ilícitas como el clorhidrato de cocaína (Defensoría del Pueblo, 2024). Según  reportes de resultados operativos informados por la Unidad Dirección de  Carabineros y Protección Ambiental ejecutados a través del Grupo de Operaciones  Especiales de Hidrocarburos DICAR GOESH de la Policía Nacional, durante 2024,  fueron recuperados 10.000 galones de hidrocarburos, 442 360 galones incautados  y 7.299.097 galones neutralizados, y para 2025, 1.500 galones neutralizados  (Informe GS-2025-004024-DICAR).    

En  este contexto, los recursos energéticos, particularmente los combustibles  líquidos, son esenciales para la logística y operación de los grupos armados  ilegales. La suspensión de las guías de transporte y la distribución de  combustibles se justifica como una medida preventiva y de contención, que  permite regular el transporte de productos potencialmente peligrosos para  garantizar la seguridad pública    

Que  el Gobierno de Colombia, en el documento Caracterización Regional de la  Problemática Asociada a las Drogas Ilícitas en el Departamento de Norte de  Santander (2016, p. 43), identificó que la gasolina es el producto más  utilizado en el proceso de producción de pasta básica de cocaína, y que se  requieren entre 74 y 86 galones de combustible para producir un kilogramo de  clorhidrato de cocaína. Además, en la región del Catatumbo, el consumo anual de  combustibles asciende a 14.401.567.378 galones, cifra solo superada por  regiones igualmente asociadas a la producción de cocaína, como Nariño,  Santander y Valle del Cauca (Informe DH MME, Combustibles Catatumbo). Este  escenario evidencia un desvío significativo del servicio público esencial hacia  actividades ilícitas, lo que vulnera el artículo 334 de la Constitución,  que otorga al Estado la dirección general de la economía y la regulación de los  servicios públicos para garantizar su eficiente prestación y evitar su uso en  actividades criminales. Por ende, la reducción de la disponibilidad inmediata  de gasolina en puntos de venta constituye una medida razonable y justificada  para interrumpir el acceso de los actores ilegales a este insumo crítico,  afectando su capacidad operativa y logística en el marco del principio de  necesidad consagrado en el artículo 6 de la Ley 137 de 1994    

Estas  circunstancias configuran una amenaza directa a la seguridad pública y a la  prestación del servicio público esencial de combustibles, por lo que la  suspensión temporal de la distribución y transporte de combustibles líquidos  constituye una medida proporcional y necesaria para la protección de la  infraestructura critica, conforme al artículo 4 de la Ley 137 de 1994  y en desarrollo de los principios de precaución y proporcionalidad.    

Que  los Ministerios de Defensa, de Justicia y del Derecho, del Interior y los  cuerpos y organismos de inteligencia del Estado, dentro del marco de sus  competencias, tienen acceso a información privilegiada y de carácter reservada,  que permite verificar la ocurrencia de los hechos descritos, y generar alertas  o reportes por perfilamiento de riesgo que permiten motivar justificadamente la  decisión de suspender, limitar o sustituir los servicios de abastecimiento,  suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y sus  derivados, combustibles líquidos, gas combustible por redes o gas licuado de  petróleo (GLP), con el fin de contribuir al fin legítimo de recuperar el  control territorial y evitar la comisión de conductas delictivas.    

Que,  conforme se describe en los considerandos del Decreto 062 del 24 de  enero de 2025, la grave perturbación del orden público en la región del  Catatumbo, que ocasionó la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, ha  afectado en forma particular a las personas que firmaron el Acuerdo Final para  la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera  suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del  Pueblo (FARC-EP), que se encuentran en proceso de reincorporación y que  debieron desplazarse de sus lugares de domicilio en la región del Catatumbo,  por lo que se requiere adoptar medidas excepcionales con el fin de conjurar  esta grave crisis humanitaria y para proteger a la población civil,  contrarrestar los efectos nocivos de este conflicto y desarticular las  estructuras criminales que lo perpetúan, se requiere adoptar medidas  excepcionales, por fuera de las facultades ordinarias existentes, como la  restricción de la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos  utilizados por los grupos armados en la región para el financiamiento de sus  actividades criminales.    

Que  el artículo 24 de la Constitución Política establece que todo  colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a  circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer  y residenciarse en Colombia.    

Que  el artículo 79 de la Constitución Política garantiza el derecho de  todas las personas a gozar de un ambiente sano, y que el Estado debe proteger  la diversidad e integridad del ambiente, promoviendo el uso de fuentes no  convencionales de energía renovable (FNCER) como la energía solar, para  contribuir a la sostenibilidad ambiental.    

Que  el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios  públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber del  mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio  nacional.    

Que  el artículo 36 de la Ley 137 de 1994 faculta al gobierno para adoptar  medidas tendientes a conjurar las causas de perturbación del orden público. Que  de acuerdo con la letra h del artículo 38 de la misma norma, el gobierno podrá  limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera  necesidad    

Que  los grupos armados en confrontación han utilizado los combustibles en  actividades propias de la conducción de hostilidades, por lo que se hace  necesario adoptar medidas de control sobre la distribución, comercialización y  transporte de combustibles en la región del Catatumbo y área metropolitana de  Cúcuta, pese a su condición de servicio de primera necesidad en tanto es un  servicio público esencial.    

Que  la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 1995 ha señalado que el  carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que  lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o  a la satisfacción de intereses o a la realización de valores. ligados con el  respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades  fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los  derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su  amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.    

Que  en lo que respecta al sector minero energético, el artículo 4 de la  Ley 142 de 1994 y el Decreto 1056 de 1953, indican que todos los  servicios públicos de que trata esa ley, entre ellos, distribución de gas  combustible, se consideran servicios públicos esenciales para efectos de la  correcta aplicación del inciso primero del  artículo 56 constitucional.    

Que  de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1056 de 1953, las  actividades de transporte y distribución de petróleos y sus derivados  constituyen servicios públicos. Así mismo, la letra h, articulo 430 del  Código Sustantivo del Trabajo, señala que las actividades de explotación,  refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén  destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, se consideran  servicio público.    

Sobre  este apartado, la Corte Constitucional indicó en la Sentencia C-450 de 1995  que: “En lo atinente a las actividades de explotación, refinación y  transporte de petróleo y sus derivados, a que alude la letra h), estima la  Corte que éstas son actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez  otras actividades esenciales, como el transporte, la generación de energía,  etc., todas ellas dirigidas a asegurar igualmente el ejercicio o disfrute de  los derechos fundamentales Por consiguiente, dichas actividades constituyen  servicios públicos esenciales” (Subrayado fuera de texto).    

Posteriormente,  la Corte Constitucional estudió nuevamente la constitucionalidad de la  letra h del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo en la  Sentencia C-796 de 2014, y señaló que    

La  prohibición que entraña el literal h) del artículo 430 del Código  Sustantivo del Trabajo no desborda el concepto de servicios públicos esenciales  al que se refiere el artículo 56 de la Carta, tal como ha sido  interpretado por esta Corporación con fundamento en los convenios 87, 98 y 154  de la OIT En efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del  petróleo es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la  salud y el transporte de pasajeros, y por tanto, su suspensión podría poner en  riesgo derechos fundamentales tales como la vida y la salud. De igual manera, a  diferencia de lo expresado por el actor, la OIT no ha establecido una  prohibición expresa que se clasifiquen en esa categoría de servicio público  esencial, las actividades dirigidas específicamente al abastecimiento normal de  combustibles derivados del petróleo. (Subrayado fuera de texto).    

Que,  conforme a lo anterior, tanto la distribución de gas combustible como las  actividades de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y  sus derivados cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles  del país son servicios públicos esenciales:    

Que  los combustibles líquidos y el gas están siendo utilizados en actividades  propias de la conducción de hostilidades por parte de los grupos armados que se  encuentran en confrontación. Por lo tanto, se hace necesario controlar,  limitar, suspender o sustituir la distribución, comercialización y sustitución  de combustibles. Esta medida es compatible con las demás obligaciones que le  impone el derecho internacional al Estado; se adopta en el grado estrictamente  necesario para lograr el retorno a la normalidad, y en todo caso, no comprende  la suspensión de los derechos que han sido clasificados por las normas citadas  bajo la categoría de intangible, en tanto el suministro de combustible no es un  derecho intangible conforme a la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, por lo cual su suspensión está justificada en el  contexto de un estado de conmoción interior.    

Que  la suspensión del suministro de combustible en la región del Catatumbo se  justifica constitucionalmente al considerarse una medida proporcional y  necesaria para enfrentar la grave perturbación del orden público, causada por  los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Esta medida está  directamente relacionada con la causa de la perturbación, dado que los  combustibles. son utilizados por estos grupos ilegales armados que se  encuentran en confrontación en actividades propias de la conducción de  hostilidades desnaturalizando a través de su uso indebido el carácter de  servicio público esencial de las actividades de explotación, refinación,  transporte y distribución de petróleo y sus derivados cuando estén destinadas  al abastecimiento normal de combustibles del país, pues estarían destinadas a  un fin diferente, y esta se constituye en una medida necesaria para  desarticular las actividades ilícitas de los grupos armados ilegales.    

Que,  en atención a lo anterior, es necesario adoptar las medidas correspondientes  para limitar el suministro de combustibles en la región del Catatumbo, los  municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y  González del departamento del Cesar, con el fin de restablecer el orden  público, proteger la seguridad del Estado y garantizar la convivencia ciudadana  como objetivos primordiales del Estado de Conmoción Interior.    

Que  la adopción de estas medidas contribuye a la protección del medio ambiente, al  desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de la población  retornada, en concordancia con los mandatos constitucionales y legales  vigentes.    

Que  la Ley 137 de 1994 en la letra h del artículo 38 establece que,  durante el Estado de Conmoción Interior, el Gobierno Nacional tendrá la  facultad de limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de  primera necesidad.    

Que  se hace necesario que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y  Energía, en observancia a la naturaleza pública y esencial del abastecimiento y  suministro de petróleo, sus derivados, gas combustible y demás combustibles  líquidos para el abastecimiento normal de combustibles del país, pueda  controlar su distribución, comercialización y transporte en la región del  Catatumbo y los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de  Rio de Oro у González del departamento del Cesar, llegando incluso a la  suspensión del servicio.    

Que,  en mérito de lo expuesto,    

     

DECRETA    

     

Artículo 1. En  el marco del Estado de Conmoción Interior y, mientras duren sus efectos, cuando  exista reporte por perfilamiento de riesgo o solicitud por parte del Ministerio  de Defensa, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio del  Interior o de cuerpos y organismos de inteligencia del Estado, el Ministerio de  Minas y Energía podrá limitar, suspender o sustituir en su totalidad los  servicios de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y  distribución de petróleo y sus derivados, combustibles líquidos, gas  combustible por redes o gas licuado de petróleo (GLP).    

Estas  medidas podrán materializarse a través de las siguientes acciones:    

1. El  cierre temporal de las estaciones de servicio (EDS).    

3. La  limitación o suspensión temporal de las guías de transporte de combustibles  líquidos.    

4. La  limitación total o parcial de la distribución de gas licuado de petróleo.    

5. La  suspensión de transporte y la distribución de gas combustible por redes.    

Parágrafo 1.  Esta medida no podrá afectar los derechos intangibles a los que hace referencia  el artículo 4 de la Ley 137 de 1994. En ese sentido, una vez  implementada la medida, se enviará la información correspondiente para que  surta el trámite ordinario de suspensión o limitación de los servicios públicos  esenciales señalados o compulsa de copias a las autoridades competentes en los  casos en que haya lugar.    

Artículo 2. Vigencia.  El presente decreto entra en vigor a partir de la fecha de su publicación.    

     

PUBLÍQUESE, y CÚMPLASE.    

     

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes  de febrero del año 2025”.    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Anexo 2. Resumen  pruebas    

     

     

1.     Sobre    los fundamentos del Decreto Legislativo 132 de 2025   

Primer bloque de preguntas   

     

Explique la finalidad, necesidad e idoneidad de las    medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 132 de 2025 frente a los    fundamentos de la declaratoria del estado de conmoción interior. En    particular, señale cómo: (i) las actividades de abastecimiento, suministro,    comercialización, transporte y distribución de hidrocarburos están    relacionadas con los hechos que dieron origen a la declaratoria del estado de    conmoción interior y (ii) las medidas definidas en el decreto bajo examen    están dirigidas a conjurar el fundamento de la conmoción y, en particular, a    asegurar el debido suministro de combustibles, conforme a lo señalado en el    Decreto Legislativo 62 de 2025. Asimismo, proporcione los estudios técnicos y    los datos específicos cuantitativos y cualitativos que fundamentan la    necesidad, idoneidad y finalidad de las medidas contenidas en el Decreto    Legislativo 132 de 2025.    

     

¿De qué manera los hechos que dieron origen a la    declaratoria del estado de conmoción interior afectan: (i) la prestación del    servicio público de combustibles, (ii) el desarrollo y la gestión eficiente    de hidrocarburos, (ii) la seguridad energética y (iv) la producción y    transporte de petróleo y gas en cada uno de los municipios cobijados por la    declaratoria del estado de conmoción interior? Individualice las afectaciones    específicas por cada eje temático y municipio y proporcione los estudios    técnicos y los datos específicos cuantitativos y cualitativos que prueban su    dicho.     

     

En las consideraciones del Decreto Legislativo 132    de 2025, se señala que unas empresas “solicitaron al Ministerio de Minas y    Energía la autorización para activar las plantas contingentes definidas en el    plan de abastecimiento, con el objetivo de que las estaciones de servicio en    los municipios afectados puedan recibir el suministro necesario de    combustible durante la contingencia y hasta que se restablezca el tránsito de    carga en los puntos afectados” (p. 4). También se afirma que dicho ministerio    “autorizó de forma temporal el abastecimiento desde la Planta de Ayacucho (…)    y desde las Plantas de abastecimiento La Fortuna y Río Sogamoso” (p. 4).    Precise cuál es la relación de estos fundamentos con las causas que dieron    origen a la declaratoria del estado de conmoción interior y con las medidas    adoptadas en el artículo 1 del Decreto Legislativo 132 de 2025.    

     

En las consideraciones del Decreto Legislativo 132    de 2025, se señala que “en el Departamento de Norte de Santander se    encuentran ubicados 14 contratos de hidrocarburos, los cuales podrán verse    afectados por la situación de orden público y entrar en procesos de    suspensión que afectaría la seguridad energética del país. De estos, 5    contratos se encuentran ubicados en la cuenca del Catatumbo. De los 14    contratos, 8 se encuentran en etapa de producción, 4 en etapa de exploración    y 2 que se encuentran produciendo y explorando, cuya actividad contribuye a    la adecuada gestión de reservas para la confiabilidad y seguridad energética    y de abastecimiento de hidrocarburos en el territorio nacional” (p. 4).    Precise cuál es la relación de este fundamento con las causas que dieron    origen a la declaratoria del estado de conmoción interior y con las medidas    adoptadas en el artículo 1 del Decreto Legislativo 132 de 2025. Asimismo,    proporcione los estudios técnicos y los datos específicos cuantitativos y    cualitativos que fundamenten su dicho.    

    

Respuestas   

El Ministerio de Minas y Energía y la Presidencia    de la República explicaron, en primer lugar, que las actividades del    sector de hidrocarburos se dividen en tres segmentos: (i) el upstream,    que hace referencia a la exploración, explotación y producción de    hidrocarburos y gas no refinados; (ii) el midstream, que se refiere a    la regulación técnica sobre transporte, almacenamiento y comercialización  de    petróleo  y gas refinado y no refinado;    y (iii) el downstream, que hace alusión a las actividades de    refinación, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles,    tales como la gasolina, el ACPM y el gas licuado de petróleo. La medida    prevista en el Decreto Legislativo 132 de 2005 recae sobre este último    segmento.    

     

En segundo lugar, frente a la finalidad, necesidad e    idoneidad de dicha norma, las entidades manifestaron lo siguiente:    

          

Elemento                          

Contenido     

Finalidad                          

La finalidad principal del Decreto      Legislativo 132 de 2025 es limitar, suspender o sustituir los servicios de      abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de      petróleo, sus derivados, combustibles, gas por redes y gas licuado de      petróleo en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los      municipios de Río de Oro y González en el Cesar.      

       

Lo anterior con el fin de prevenir el      desvío de esos productos hacia actividades ilícitas, por medio de las      cuales los grupos armados ilegales de la zona se financian. Así, por un      lado, según el artículo 1 de dicho decreto, la suspensión o limitación del      servicio público debe fundarse en una solicitud o un perfilamiento de riesgo      elaborados por los organismos de inteligencia, el Ministerio de Defensa, el      Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia y del Derecho. Esos      organismos tienen competencias en materia de seguridad social y, en esa      medida, cuentan con información privilegiada y reservada sobre la comisión      de delitos relacionados con la cadena de combustibles. Por otro lado, dicha      norma le atribuye al Ministerio de Minas y Energía la competencia para      tomar la medida administrativa de suspensión, limitación o sustitución de      combustibles, en ejercicio de sus facultades de regulación, control y      vigilancia de las actividades de refinación, importación, almacenamiento,      distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del      petróleo.     

Necesidad                          

El recrudecimiento de la situación de      orden público en la región del Catatumbo ha aumentado el uso estratégico de      dichos recursos, “como herramienta para financiar actividades ilícitas, lo      que incluye el control territorial y la producción de sustancias ilícitas”,      incluida la pasta básica de cocaína[73].      

Las cifras muestran que existe un      desvío importante de hidrocarburos hacía actividades ilícitas. Así, el      consumo anual de combustibles en esa zona es de más de 14 mil millones de      galones, número que sólo es mayor en otras regiones del país en la que se      produce cocaína (Nariño, Santander y Valle del Cauca[74]      y, en el año 2024, se recuperaron 10 mil galones de hidrocarburos, se      incautaron más de 442 mil y se neutralizaron más de 7 millones de galones      de esos recursos.     

Idoneidad                          

La suspensión y limitación de      combustibles en la región del Catatumbo se justifica, pues es idónea para      “regular el acceso a productos potencialmente peligrosos, entendidos en el      marco de los hechos que dieron origen a la declaratoria del estado de conmoción      interior, con la finalidad de garantizar la estabilidad institucional, la      seguridad del Estado y la convivencia ciudadana”[75].        

     

En tercer lugar, la Presidencia y el Ministerio de    Minas explicaron la relación entre las actividades de abastecimiento de hidrocarburos    y los hechos que originaron la conmoción interior en los siguientes términos.    Primero, la explotación, la refinación, el transporte y la distribución de    petróleo y sus derivados, al igual que la distribución de gas, están    dirigidas al abastecimiento de combustibles, en tanto servicio público    esencial. Dicho abastecimiento solo es posible si se generan “todas las    condiciones regulatorias para que el crudo nacional o importado se convierta    en un refinado y pueda llegar a la población”[76]. Por    lo anterior, cuando se afecta alguno de los segmentos de las actividades del    sector, se producen afectaciones directas en el abastecimiento de    combustibles en todo el territorio colombiano y, por lo tanto, en la    prestación del servicio público.    

     

Segundo, los hechos que originaron la conmoción    interior están conectados con el abastecimiento de hidrocarburos, pues los    actores ilegales que operan en la región usan esos productos para desarrollar    sus actividades delictivas y para financiarse, esto es, para conducir sus    hostilidades, como lo menciona el Decreto Legislativo 132 de 2025. Así, esos    grupos atacan la infraestructura de los hidrocarburos (oleoductos, etc.) y    hurtan combustibles para fabricar explosivos, producir pasta de coca, etc. En    otras palabras, “los hidrocarburos cumplen un papel fundamental en la    consolidación de las economías ilícitas que sustentan las actividades    criminales de los grupos armados ilegales que operan en la región”[77].    

     

     

En cuarto lugar, la Presidencia de la República y el    Ministerio de Minas explicaron que la medida prevista en el decreto    legislativo analizado busca conjurar la crisis, al evitar el desvío de    hidrocarburos hacia actividades ilícitas. En efecto, el hecho de limitar la    disponibilidad de los insumos que usan los grupos al margen de la ley para    procesar la cocaína, impacta directamente en la producción de esa sustancia    y, por lo tanto, reduce una fuente de financiación de los actores ilegales    que conducen hostilidades en la región en la que se decretó la conmoción    interior. Por esa vía, el decreto legislativo analizado persigue restablecer    el orden público, proteger la seguridad del Estado y garantizar la    convivencia ciudadana, es decir, alcanzar los tres objetivos primordiales de    la declaratoria del estado de conmoción interior.    

     

En quinto lugar, la Presidencia de la República y el    Ministerio de Minas hicieron un recuento de varios tipos de afectaciones de    la prestación del servicio público de combustibles, las cuales se resumen a continuación.    

     

Primero, en el segmento downstream, esas    entidades informaron que la situación de orden público amenaza el suministro    de hidrocarburos, como lo prueban los siguientes hechos. Por un lado,    Ecopetrol puso en marcha el plan de continuidad operativa con personal mínimo    en varios campos (Tibú, Sardinata y Oripaya) que producen 1.900 barriles    diarios de gas, de forma que probablemente habrá una restricción en el    suministro de dicho servicio en Cúcuta y Tibú[83]. Por    otro lado, el 17 de enero de 2025, los mayoristas de la zona (Terpel,    Petromil y Coolmulpinort) solicitaron al Ministerio de Minas y Energía    permiso para activar las plantas contingentes hasta que se restablezca el    tránsito de carga y, de esa forma, asegurar que las estaciones de servicio de    los municipios afectados (Ocaña, San Calixto, Ábrego, Convención, Teorama, El    Carmen, El Tarra, La Playa de Belén, la Esperanza y Río de Oro, entre otros)    no se queden sin hidrocarburos[84].    Dicha cartera ministerial así lo autorizó en enero de 2025, como medida para    garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del    servicio público de suministro de combustibles líquidos derivados del    petróleo[85].    

     

Segundo, en el segmento upstream, también se    producirían afectaciones en el desarrollo y gestión eficiente de    hidrocarburos. Así, en Norte de Santander hay 14 contratos de hidrocarburos,    de los cuales 5 están en la cuenca del Catatumbo; 8 están en etapa de    producción; 4 en etapa de exploración y 2 en etapa de producción y    exploración[86].    En particular, se podrían ver afectados 3 pozos exploratorios, en los cuales    se hizo una inversión de 20 millones de dólares, de forma que se pondría en    riesgo la continuidad y la planificación de la exploración en la región.    

     

Además, en general, si como consecuencia de la    situación de orden público hay que cerrar o suspender la operación de un    campo de hidrocarburos, se afectarían esos contratos y se producirían:    

     

(i)                  Afectaciones    operacionales. Por ejemplo, podría haber una disminución de las reservas del    país, un incumplimiento de los pronósticos de producción, pérdidas en la    productividad, reducción de la capacidad de disposición de los pozos,    diminución de los factores de recobro y afectación de la calidad y cantidad    de los hidrocarburos recuperables.     

(ii)                Afectaciones    económicas, pues, a modo de ilustración, la disminución de la productividad    de los yacimientos se reflejaría en    una reducción del valor económico del proyecto; el cierre puede hacer que un    campo deje de ser rentable a largo plazo o que su vida útil disminuya.    

(iii)             Afectaciones    ambientales, tales como las filtraciones y contaminaciones generadas por    derrames por corrosión, la presión    descontrolada o el aumento de las    emisiones de metano y del quemado excesivo de gas.    

(iv)              Afectaciones    a la seguridad energética. Así, los grupos al margen de la ley han hecho    atentados con los oleoductos y, como consecuencia de la situación de orden    público, se han tenido que suspender labores de mantenimiento. En ese    contexto, la capacidad de las empresas para garantizar la prestación de un    servicio continuo y seguro en esas zonas se ha visto afectada. En particular,    Cenit no ha podido reparar algunos tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas    que se vieron afectados por tres ataques terroristas ni adelantar labores    normales de mantenimiento. Lo anterior a pesar de que, según esa empresa,    dicho oleoducto “es vital para garantizar la seguridad energética del país,    pues permite la evacuación de los curdos del campo Caño Limón”[87].    

     

Tercero, en el segmento upstream, también se    han producido afectaciones de la producción y transporte de petróleo y gas,    por los ataques terroristas contra el oleoducto antes mencionado. Al    respecto, la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía    se refirieron a cuatro eventos de este tipo que ocurrieron los días 21, 24 y    29 de agosto de 2024 y el 15 de enero del año en curso[88].      

     

En sexto lugar, la Presidencia de la República y el    Ministerio de Minas y Energía precisaron que la autorización dada para    activar las plantas contingentes definidas en el plan de abastecimiento se    incluyó dentro de las consideraciones del Decreto Legislativo 132 de 2025 con    el fin de demostrar que el mencionado ministerio agotó las vías ordinarias    para garantizar el abastecimiento de combustibles en la región cubierta por    la declaratoria de la conmoción interior. Asimismo, manifestaron que esa    medida no es apta para evitar la desviación de combustibles a las actividades    delictivas perpetradas por los grupos ilegales, de forma que resulta    necesario tomar las medidas extraordinarias contenidas en el decreto    analizado.    

     

Finalmente, la Corte Constitucional no recibió    respuesta de la Agencia Nacional de Minería ni de la Agencia    Nacional de Hidrocarburos.    

    

Segundo bloque de preguntas   

     

De cara a algunas de las consideraciones del Decreto    Legislativo 132 de 2025[89],    precise: (i) cuáles son los cambios concretos que han ocurrido en relación    con la presencia de actores armados y organizaciones delincuenciales y con el    incremento de hechos delincuenciales relacionados con la producción, el    transporte y la distribución de hidrocarburos a los que se refiere el Decreto    Legislativo 132 de 2025 y (ii) profundice en cuál es el papel que la    captación ilegal de hidrocarburos tiene sobre los hechos que dieron origen a    la declaratoria del estado de conmoción interior. Asimismo, proporcione los    estudios técnicos y los datos específicos cuantitativos y cualitativos que    fundamenten su dicho.    

     

En las consideraciones del Decreto Legislativo 132    de 2025, se señala que la grave perturbación del orden público en la región    del Catatumbo “ha afectado en forma particular a las personas que firmaron el    Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz    estable y Duradera (…) que se encuentran en proceso de reincorporación y que    debieron desplazarse de sus lugares de domicilio” (p. 5). Precise cuál es la    relación de este fundamento con las medidas adoptadas en el artículo 1 del    Decreto Legislativo 132 de 2025 y de qué forma dichas medidas están dirigidas    a atender los efectos desproporcionados que la perturbación del orden público    ha tenido sobre los firmantes del Acuerdo.    

    

Respuestas   

     

La Presidencia de la República y el Ministerio de    Minas destacaron varios hechos que, a su juicio, muestran los cambios    ocurridos frente a la presencia de actores armados y el aumento actos    delictivos en el sector de hidrocarburos. Esas entidades se refirieron a los    eventos relacionados con la incautación y destrucción de hidrocarburos y el    desmantelamiento de infraestructuras ilegales por las autoridades públicas,    al hurto de cilindros de gas por grupos armados ilegales, a la activación por    Ecopetrol del plan de continuidad operativa con personal mínimo y a la    solicitud de los mayoristas para activar las plantas contingentes, los cuales    fueron resumidos previamente. Además, esas entidades agregaron que: (i) hubo    45 atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas entre agosto    de 2024 y enero de 2025 y (ii) el ELN secuestró a 4 operarios de ISMOCOL,    contratista de CENIT, el 25 de octubre de 2024.    

     

Frente a los firmantes del acuerdo de paz del 2016,    la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas explicaron lo    siguiente. Primero, según el informe del 21 de enero de 2025 del Puesto de    Mando Unificado, en la semana del 15 al 21 de enero de 2025 se registraron 38    homicidios, 5 de los cuales fueron perpetrados contra excombatientes y    líderes comunitarios. También manifestaron que aumentaron las amenazas en    contra de esos grupos de la población. Además, agregaron que, según el    Ministerio de Defensa, entre el 2017 y el 2024 hubo “afectaciones contra los    excombatientes”[90]    en Tibú, con 14 casos; El Tarra, con 7; Convención, con 4; Sardinata con 2;    Ocaña, con 2 y Ábrego, El Carmen y Teorama con 1 en cada uno de esos tres    municipios. Segundo, las entidades afirmaron que la medida adoptada en el    decreto legislativo analizado está dirigida a reducir el impacto de la crisis    sobre la población de la región del Catatumbo, en general, y en particular,    sobre los firmantes de la paz.    

     

Por su parte, la Gobernación del Cesar    informó a la Corte Constitucional que, para enfrentar la crisis de orden    público en el Catatumbo, se aumentó el pie de fuerza, los controles y las    operaciones del Gaula de la Policía Nacional. Asimismo, la gobernación señaló    que la captación de hidrocarburos ha sido una práctica recurrente de los    grupos armados ilegales presentes en la región, los cuales usan el    combustible como un insumo para fabricar sustancias psicoactivas y financiar    sus actividades terroristas. A su juicio, la captación ilegal de combustibles    constituye un riesgo importante para la seguridad energética de la región.     

     

La gobernación también explicó que, junto con otras    autoridades municipales y regionales, el 24 de enero de 2025 se organizó un    Comité de Justicia Transicional, en el marco del cual se decidió implementar    medidas de seguridad y de atención humanitaria inmediata. Asimismo, el pasado    27 de enero, tuvo lugar un Consejo de Seguridad Extraordinario Departamental,    en el cual participaron la Fuerza Pública, alcaldes municipales, personeros y    el Ministerio Público. Durante dicha reunión, quedó clara la necesidad de    atender, verificar y activar las rutas para proteger a los firmantes de la    paz y asegurar la seguridad de la población civil. En su parecer, esas    acciones muestran “un compromiso activo y coordinado para garantizar la    seguridad ciudadana y estabilidad en las zonas afectada [, al igual que para]    mantener el orden público y la seguridad energética con las medidas    establecidas en el Decreto Legislativo 132 de 2025”[91].    

     

     

Segundo, la situación de orden público ha generado    varias afectaciones. Por un lado, la empresa solo está desarrollando las    actividades estrictamente necesarias para mantener las condiciones de    producción de crudo y gas. Las demás están suspendidas, tales como el    monitorio ambiental e información ante la ANLA, el monitorio de pozos y    estaciones, la inspección de líneas de transferencia entre estaciones. Por    otro lado, la situación de orden público afecta el cumplimiento del Convenio    de Explotación de Hidrocarburos Área de Operación Directa Tibú, suscrito con    la ANLA, y de otros compromisos normativos relacionados con el abandono o la    reactivación de pozos y la reducción de quemas y emisiones.    

     

Tercero, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de    las extintas FARC se apoderan de los hidrocarburos a través de la instalación    de válvulas ilícitas en las líneas de transferencia y producción. Esa    situación tiene un fuerte impacto en las operaciones del campo Tibú. Además,    Ecopetrol informó que el apoderamiento de hidrocarburos “tuvo un crecimiento    exponencial desde el pasado 21 de agosto de 2024. A raíz de los atentados que    sufrió el oleoducto Caño Limón Coveñas operado por nuestra filial CENIT    después de la terminación del cese al fuego con el ELN”[93]. En    particular, ese evento significó el hurto de cerca de 2.000 barriles diarios    hasta el 11 de enero de 2025. Para probar su dicho, la empresa adjuntó un    compendio histórico de eventos de hurto y apoderamiento de hidrocarburos en    Tibú (Norte de Santander)[94].    

     

Adicionalmente, la empresa Cenit sintetizó    los cambios en el orden público que motivaron la expedición del Decreto 132    de 2025, los cuales incluyen[95]:    (i) incremento de atentados terroristas: el Oleoducto Caño Limón – Coveñas    (OCLC) sufrió cuarenta atentados terroristas entre 2024 y 2025; (ii)    conexiones ilícitas: la compañía afirmó que ha detectado cuarenta y seis    conexiones ilícitas utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos en    el período mencionado; (iii) riesgo en la ruta de abastecimiento: la ruta de    abastecimiento de combustibles desde Cúcuta hacia Ocaña se encuentra en alto    riesgo debido a las constantes perturbaciones del orden público en la región    del Catatumbo; (iv) uso de combustibles por grupos armados: la empresa indicó    que los grupos armados al margen de la ley han utilizado los combustibles    para  actividades relacionadas con la conducción de hostilidades; (v) impacto    en la producción y transporte: las amenazas a la seguridad y la interrupción    de las operaciones afectan el desarrollo y la gestión eficiente de los    hidrocarburos en la región. Por ejemplo, la empresa reseñó que activó un plan    de contingencia debido a que su equipo no ha podido ingresar a la zona de    Teorama, Norte de Santander, para realizar reparaciones necesarias a la infraestructura    y restablecer la operatividad del oleoducto. De ahí que, indicó que el OCLC    opera de manera excepcional en el tramo Caño Limón – Banadia para transportar    el producto a través del Oleoducto Bicentenario, el cual también ha sido    afectado por cinco atentados entre 2024 y 2025; y (iv) financiamiento de    actividades ilícitas: el conflicto en la región del Catatumbo ha    intensificado el uso estratégico de los recursos minero-energéticos como    herramienta para financiar actividades ilícitas.    

     

Para hacer frente a este escenario, Cenit afirmó que    ha adoptado varias medidas para prevenir ataques y garantizar la seguridad de    sus operaciones, a saber: (i) la socialización con contratistas y    Fuerza Pública, especialmente con el Ejército Nacional, para realizar    trabajos de reparación tras atentados terroristas; (ii) la implementación de    drones y ART para tareas de prevención y alerta sobre actividades sospechosas    en el derecho de vía por donde transita el oleoducto; (iii) recorridos a    cadena pisada e incremento del Plan Buen Vecino con el equipo de Prevención y    Control de Apoderamiento, con el fin de obtener información en tiempo real    sobre actividades que puedan poner en riesgo la operación; (iv) la    realización de reuniones para coordinar con la Secretaría de Seguridad de la    gobernación de Norte de Santander y alcaldes de las zonas afectadas, con la    finalidad de obtener el apoyo de las comunidades y garantizar la seguridad    del personal y recursos; (v) el acompañamiento de la Fuerza Aérea para    proteger la integridad del personal, la maquinaria y los recursos necesarios    para las reparaciones; (vi) la coordinación con la Fiscalía General de la    Nación para acompañar las operaciones en zonas seguras y habilitar canales de    denuncia y entrega de informes sobre la comisión de delitos y situaciones de    riesgo; (vii) la inspección rigurosa por parte de grupos EXDE del Ejército    Nacional en las zonas de trabajo, para evitar incidentes por artefactos    explosivos improvisado; y (viii) aumento de recorridos aéreos sobre línea de    oleoducto, con el propósito de verificar su estado y detectar posibles    amenazas.    

     

La empresa Cenit también explicó cómo las diversas    manifestaciones del delito de apoderamiento de hidrocarburos, en el que los    actores armados tienen una incidencia relevante, fueron determinantes en los    hechos que llevaron a la declaratoria del estado de conmoción interior. A su    juicio, este delito afecta el orden socioeconómico y el medio ambiente, y es    perpetrado por organizaciones criminales. La extracción ilegal de hidrocarburos    se realiza a través la instalación de válvulas ilícitas en oleoductos, el    transporte y almacenamiento del producto, su procesamiento en refinerías    improvisadas, y su comercialización para economías ilegales, como el    narcotráfico, minería, contrabando y venta ilegal.    

     

En particular, con respecto al Oleoducto Caño Limón    – Coveñas, la empresa afirmó que este se ha visto constantemente afectado por    este fenómeno, por lo que la obligó a desviar el paso del crudo en el    Catatumbo mediante la activación del sistema de contingencia y a suspender el    sistema desde agosto de 2024. No obstante, el CENIT informó que la extracción    ilegal de hidrocarburo informó continúa, como se verifica con bajas de    presión registradas en la infraestructura. Esta situación, junto con la    implementación de medidas de contingencia, ha generado pérdidas    significativas de barriles de crudo, aunque no se han podido cuantificar el    impacto exacto. Asimismo, la captación ilegal de hidrocarburos ha    intensificado el uso estratégico de recursos minero-energéticos para    financiar actividades ilícitas. Esto contribuye a la grave situación de orden    público en la región del Catatumbo. Por ende, la empresa señaló que se ha    presentado la interrupción de operaciones, lo que afecta la producción y    transporte de crudo, además de genera impactos ambientales y sociales en las    comunidades cercanas.    

     

La Gobernación de Norte de Santander informó    que el comportamiento de la sobretasa de la gasolina en los últimos 5 años    evidencia una fluctuación en la sobretasa a la gasolina. Si bien se ha    presentado un crecimiento sostenido de ingresos entre 2021 a 2023, este se    detuvo y se produjo un decrecimiento en 2024. Además, el ente territorial    manifestó que, en la zona del Catatumbo en los municipios de Ocaña, el    Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y    Sardinata, se encuentran 109 estaciones de servicio de gasolina.    

     

Finalmente, la Corte no recibió respuesta de los Ministerios    del Interior y del de Defensa.    

    

Tercer bloque de preguntas   

Identifique e individualice las atribuciones, las    herramientas y los mecanismos ordinarios -legales, administrativos y    presupuestales- con los que cuenta el Gobierno nacional para que, en los    municipios cobijados por la declaratoria del estado de conmoción interior,    se: (a) asegure el debido suministro de combustibles; (b) garantice la    seguridad pública, al evitar que los grupos al margen de la ley usen los    hidrocarburos para llevar a cabo sus acciones delictivas y (c) suspendan,    limiten o sustituyan los servicios de abastecimiento, suministro,    comercialización, transporte y distribución de hidrocarburos, conforme a lo    dispuesto en el artículo 1 del Decreto 132 de 2025.    

     

Informe si el Gobierno nacional, incluido el    Ministerio de Minas y Energía, ha usado las atribuciones, herramientas y    medidas ordinarias con las que cuenta para alcanzar las tres finalidades    antes señaladas desde el segundo semestre de 2024 y las razones por las    cuáles éstas no han sido necesarias, idóneas ni suficientes.    

     

Explique por qué los medios ordinarios de defensa    judicial al alcance del Gobierno nacional no son necesarios, idóneos ni    suficientes para limitar, suspender o sustituir en su totalidad los servicios    de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de    petróleo y sus derivados, combustibles líquidos, gas combustible por redes o    gas licuado de petróleo (GLP).    

    

Respuestas   

     

La Presidencia de la República y el Ministerio de    Minas y Energía sostuvieron que existen varios mecanismos ordinarios al    alcance del Gobierno nacional,    muchos de los cuales ya fueron usados, pero no son idóneos para enfrentar la    crisis y evitar la extensión de sus efectos, tal y como se explica a    continuación:    

          

Mecanismos                          

Descripción                          

Idoneidad/uso     

Para asegurar el debido suministro de combustibles      en zonas de frontera                          

El Decreto 1073 de 2015 señala que la      función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, la      cual comprende las actividades de importación, transporte, almacenamiento y      distribución, está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía en los      municipios de zonas de frontera. Dicha entidad puede ejercerla directamente      o la puede ceder o contratar de forma total o parcial con distribuidores      mayoristas, minoritas y otros terceros autorizados para ello.      

       

Además, según el artículo      2.2.1.1.2.2.6.8 de dicho decreto, el Ministerio de Minas y Energía, a      través de la Dirección de Hidrocarburos, debe aprobar un plan de      abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo para cada      departamento de frontera. Ese plan debe contener los volúmenes máximos de      combustibles y las condiciones en las que se hará el abastecimiento (los      lugares, la cadena de distribución, etc.). Dicho plan puede ser ajustado      por el Ministerio de Minas y Energía para, entre otras, enfrentar      situaciones de emergencia.       

       

Finalmente, el Ministerio de Minas y      Energía “puede disminuir la cantidad de cupos de combustibles con      beneficios tributarios asignados a dicha zona o no asignar”[96],      según lo establecido en los artículos 9 de la Ley 1430 de 2010, 220 de la      Ley 1819 de 2016, 6 de la Ley 2135 de 2021 15 del Decreto 381 de 2021 y la      Resolución 40412 de 2021, modificada por la Resolución 40082.      

                           

El Ministerio de Minas y Energía:      

       

(i)      Autorizó      la modificación temporal del plan de abastecimiento en Norte de Santander      con el fin de abastecer varios municipios[97].      

(ii)   Exigió      a los mayoristas y minoristas dedicados al comercio de combustibles activar      los controles con GPS de los vehículos y enviar diariamente los reportes      diarios a dicha cartera ministerial. En caso de incumplimiento, se      impondrán las sanciones correspondientes.      

       

Esas medidas están dirigidas a      asegurar el debido suministro de combustibles, y no a atacar el      aprovechamiento indebido de combustibles por parte de grupos armados      ilegales. Además, frente a la modificación del plan de abastecimiento, es      necesario señalar que es una medida temporal y perderá vigencia cuando se      supera la contingencia en la vía Cúcuta-Ocaña.      

Para garantizar la seguridad pública, al evitar      que grupos al margen de la ley usen los hidrocarburos para llevar a cabo      sus acciones delictiva                          

 El Consejo Nacional de      Estupefacientes, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, controla      las sustancias que pueden ser usados para producir drogas ilícitas, tales      como el aceite de motor o la gasolina. Esa entidad es la que emite el      certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE),      necesario para que las personas naturales y jurídicas puedan manejar esos      productos controlados[98].      

       

Finalmente, el Ministerio de Defensa,      la Policía Nacional y las Fuerzas Militares tienen competencia en materia      de actividades de inteligencia y contrainteligencia, investigación judicial      y protección de la población civil. A través de ellas, se ha prevenido,      perseguido y neutralizado actividades criminales en la región del Catatumbo[99].      

                           

A través de esas medidas, se ha      prevenido, perseguido y neutralizado actividades criminales en la región      del Catatumbo[100].      No obstante, no han sido efectivas para atender la crisis.      

      

Para suspender, limitar o sustituir los servicios      de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución      de hidrocarburos                          

El Decreto 1073 de 2015 establece el      proceso ordinario para suspender o cancelar estaciones de servicio, el cual      está a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, la Resolución      31348 de 2015, modificada por la 31100 de 2020, regula el procedimiento      para autorizar la operación de los agentes y actores de la cadena de      distribución de combustibles, a través del registro en el Sistema de      Información de Combustibles (SICOM). Puntualmente, los parágrafos 6 y 7 y      el literal g) del artículo 1 de esa resolución señalan las causales de      suspensión del código SICOM, asignado a cada uno de los agentes y actores      que cuenten con el permiso para ingresar y usar dicho sistema.      

       

De manera similar, el parágrafo 7      antes mencionado prevé el procedimiento para salvaguardar el régimen de      abastecimiento, comercialización y distribución de los combustibles, el      cual está a cargo de Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y      Energía. Dicho procedimiento se compone de varias fases: (i) evaluación de      los hechos; (ii) 10 días para que el agente aclare o subsane los hechos;      (iii) adopción de la decisión; (iv) dentro de los 5 días a su notificación,      es posible interponer el recurso de reposición. La suspensión temporal no      puede superar los 90 días hábiles, prorrogables por otro tanto. Luego de      ese plazo, (v) se puede iniciar el proceso administrativo sancionatorio      previsto en el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1073 de 2015 para otras      sanciones.      

       

Por otro lado, la Superintendencia de      Servicios Públicos Domiciliarios tiene facultades sancionatorias que se      aplican en el marco del servicio domiciliario de gas por redes o      distribución (art. 79 y ss. de la Ley 142 de 1994).      

       

Finalmente, se puede recurrir al      derecho penal que tipifica la conducta de apropiación de hidrocarburos      (art. 327 A del Código Penal), y demás delitos correspondientes.      

                           

Estos medios de defensa son      insuficientes para enfrentar la crisis. Así, por un lado, dichos medios      están sometidos a tiempos más extensos, de forma que no son aptos para      “responder de forma inmediata a los hechos que originan la declaración del      estado de conmoción interior”[101].      

       

Por otro lado, esos medios no permiten      suspender y limitar de forma inmediata los servicios públicos con base en      la información privilegiada y reservada recaudada por los ministerios de      Defensa y de Justicia y del Derecho, al igual que los organismos de      inteligencia.  Tampoco permiten “verificar la ocurrencia de los hechos      descritos, y generar alertas o reportes por perfilamiento de riesgo que den      lugar a suspender, limitar o sustituir los servicios de abastecimiento,      suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y sus      derivados, combustibles líquidos, gas combustible por redes o gas licuado      de petróleo (GLP), de manera motivada y justificada, con el fin de contribuir      al fin legítimo de recuperar el control territorial y evitar la comisión de      conductas delictivas”[102].      

       

En ese contexto, el Gobierno nacional,      a través del Ministerio de Minas y Energía, no ha usado el mecanismo      regulado por el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 31348 de 2015,      modificada por la 31100 de 2020, para suspender o cancelar estaciones de      servicio.      

       

Finalmente, el uso de la acción penal      y las actuaciones hechas por la Fuerza Pública conforme a las      recomendaciones de la Alerta Temprana 026 de 2024 de la Defensoría del      Pueblo, han resultado insuficientes para enfrentar la crisis y evitar la      agravación de sus efectos. Prueba de ello es el atentado perpetrado el 17      de enero de 2025 en contra del Grupo de Operaciones Especiales de      Hidrocarburos de la Policía Nacional en el municipio de Pelaya, el cual      ocurrió cuando dicho grupo estaba verificando la instalación de una válvula      ilícita en el poliducto Pozos Colorados.        

     

No se recibió respuesta de la Agencia Nacional    de Minería    ni de la Agencia    Nacional de Hidrocarburos.   

2.     Cuarto    bloque de preguntas   

En las consideraciones del Decreto Legislativo 132    de 2025, se manifiesta que la adopción de las medidas contempladas en la    norma analizada “contribuye a la protección del medio ambiente, al desarrollo    sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de la población retornada”    (p. 7). Precise cómo las medidas adoptadas en el decreto legislativo objeto    de estudio contribuyen a esos fines (proteger el medio ambiente y el    desarrollo sostenible, al igual que a mejorar la calidad de vida de la    población retornada), así como a conjurar las causas que dieron origen a la    declaratoria del estado de conmoción interior.    

    

Respuestas   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible    explicó que las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 132 de 2025    contribuyen a proteger el medio ambiente y el desarrollo sostenible por las    siguientes razones.    

     

Primero, en la región de la conmoción interior,    existen dos Parques Nacionales Naturales (Catatumbo Barí y Los Estoraques) y    dos Reservas Forestales Protectoras que hacen parte del Sistema Nacional de    Áreas protegidas. En dichas zonas hay “valores ecológicos y geológicos    excepcionales (…) que se expresan en su geomorfología, aspectos biofísicos de    sus exosistemas, fauna y flora endémicas”[103].    

     

Segundo, esos ecosistemas están en riesgo inminente    por la situación de orden público de la región. Así, por un lado, los    atentados contra la infraestructura asociada a los hidrocarburos generan    impactos ambientas.  Por otro lado, las autoridades ambientales no pueden    acceder a la zona para proteger el medio ambiente, por cuestiones de    seguridad. En ese contexto, es “necesario tomar medidas adicionales que    permitan recuperar el control territorial”, con el fin de salvaguardar la    integridad del territorio y de las comunidades que lo habitan.    

     

Tercero, la autorización contenida en el Decreto    Legislativo 132 de 2025 minimiza “los riesgos que se presentan sobre los    activos ambientales en la zona, a través de la coordinación y articulación    entre sectores y entidades”[104]    

     

Para fundamentar su dicho, el ministerio anexó las    cifras de la ANLA sobre las afectaciones de la infraestructura petrolera por    hechos bélicos entre el 2022 y el 2005[105].    Asimismo, se refirió a tres derrames de hidrocarburos ocasionados por hechos    de terceros, ocurridos este año y que dan cuenta del agravamiento del orden    público en el Catatumbo[106].    Finalmente, mencionó la Alerta Temprana 026 de 2024 de la Defensoría del    Pueblo.    

     

Por su parte, la Presidencia de la República y el    Ministerio de Minas y Energía explicaron que los enfrentamientos armados    y las actuaciones de los grupos al margen de la ley, tal como la perforación    de pozos, la refinación y el transporte ilícitos de hidrocarburos y sus    derivados, suelen producir derrames de petróleo. Por esa vía, se generan    daños ambientales tales como contaminación de las fuentes de agua y del suelo    o destrucción de nichos ecológicos de fauna y flora, lo cual afecta a los    ecosistemas acuáticos y terrestres de la zona que tienen un alto valor    ambiental y que son estratégicos[107].    

    

Quinto bloque de preguntas   

Además de la Alerta Temprana 026 de 2024 de la    Defensoría del Pueblo, ¿recibió el Gobierno    Nacional informes o alertas sobre los riesgos asociados a: (i) la prestación    del servicio público de combustibles, (ii) el desarrollo y la gestión eficiente    de hidrocarburos, (iii) la seguridad energética, (iv) la producción y    transporte de petróleo y gas y (iv) el uso de los combustibles para el    desarrollo de actividades propias de la conducción de hostilidades por parte    de los grupos armados que se encuentran en confrontación en las zonas objeto    de la declaratoria del estado de conmoción interior? Al respecto, aporte la    documentación relacionada con dichos informes o alertas e indique la fecha en    la que fueron remitidas y la autoridad que las remitió.    

    

Respuestas   

La Defensoría del Pueblo resumió y adjuntó 5    documentos de advertencia, 4 alertas tempranas y un informe de seguimiento,    que emitió antes de la declaratoria del estado de conmoción interior[108]. En    dichos documentos de advertencia, que fueron emitidos entre el 26 de    noviembre de 2020 y el 19 de diciembre de 2024, la Defensoría informó sobre    diversos riesgos asociados a los hidrocarburos.    

     

La Presidencia de la República y el Ministerio de    Minas y Energía enumeraron 9 informes, los cuales anexaron a su respuesta[109],    provenientes de diversas personas jurídicas y entidades del Estado, tales    como Cenit, Ecopetrol, Coolmulpinort, Terpel, la Policía Nacional o la    Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre el 15 y el 20 de enero de 2025.    

    

Preguntas sobre el artículo 1 del    Decreto Legislativo 132 de 2025   

¿Cuáles son las razones que justifican el    otorgamiento al Ministerio de Minas y Energía de la facultad de limitar,    suspender o sustituir en su totalidad los servicios de abastecimiento,    suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y sus    derivados, combustibles líquidos, gas combustible por redes o gas licuado de    petróleo (GLP)?    

     

¿Suspenden las medidas contenidas en el artículo 1    del Decreto Legislativo 132 de 2025 normas de rango legal? En caso de que así    sea, identifíquelas y justifique su respuesta.    

Señale cuál es el ámbito temporal de las medidas    establecidas en el artículo 1 del Decreto Legislativo 132 de 2025. En    particular, explique a qué se refiere la norma analizada cuando señala que el    Ministerio de Minas y Energía podrá limitar, suspender o sustituir en su    totalidad los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización,    transporte y distribución de petróleo y sus derivados, combustibles líquidos,    gas combustible por redes o gas licuado de petróleo (GLP) mientras duren los    efectos del estado de conmoción interior.    

     

Frente al parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto    Legislativo 132 de 2025, explique de qué manera la obligación de enviar “la    información correspondiente para que se surta el trámite ordinario de    suspensión o limitación de los servicios públicos esenciales señalados o la    compulsa de copias a las autoridades competentes en que haya lugar” permitirá    la no afectación de los derechos intangibles a los que hace referencia el    artículo 4 de la Ley 137 de 1994.    

     

Explique, frente a la prestación del servicio    público esencial de hidrocarburos y las libertades económicas reconocidas en    la Constitución, el alcance de la facultad otorgada al Ministerio de Minas y    Energía para limitar, suspender o sustituir en su totalidad los servicios de    abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de    los hidrocarburos a los que alude el artículo 1 del Decreto Legislativo 132    de 2025.    

    

Respuestas   

La Presidencia de la República y el Ministerio de    Minas y Energía señalaron, en primer lugar, que se justifica el    otorgamiento a dicho ministerio de la facultad    analizada porque es la entidad competente y con atribuciones para adoptar    medidas excepcionales como la contenida en el artículo analizado. Así, el    Ministerio de Minas y Energía:    

     

(i)                  Es    la cabeza del sector y tiene a su cargo la función de inspección, vigilancia    y control de los servicios públicos de abastecimiento de combustibles    líquidos y sus derivados. Por lo tanto, dicha entidad tiene la facultad    administrativa para regular el suministro, la comercialización, el transporte    y la distribución de esos hidrocarburos (Decreto 1073 de 2015 y Resolución    31348 de 2015, modificada por la Resolución 31100 de 2020) y se encarga tanto    de los procedimientos de autorización de los agentes y actores de la cadena    de distribución de esos productos, como del régimen sancionatorio general    sobre dichas personas.    

     

(ii)                Es    la entidad que tiene la información disponible y la capacidad instalada para    limitar, suspender o sustituir los servicios de abastecimiento, suministro,    comercialización, transporte y distribución de los hidrocarburos mencionados    en el decreto legislativo analizado, a través del establecimiento de    controles más estrictos para evitar el desvió de dichos productos a actividades    ilegales.    

     

En segundo lugar, frente al ámbito temporal de la    medida, explicaron, por un lado, que la facultad estudiada se mantendrá y    podrá ejercerse exclusivamente durante el periodo temporal de la declaratoria    del estado de conmoción interior. Es decir, inicialmente por 90 días y,    luego, en el término de las eventuales prórrogas de la declaratoria de ese    estado de excepción. Por otro lado, esas entidades precisaron que las    suspensiones y limitaciones que implementará el Ministerio de Minas y Energía    con base en el artículo 1 del decreto analizado se mantendrán mientras se    desarrollan y en los términos de los procedimientos ordinarios a los que se    refiere el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 132 de 2025[110].    

     

En tercer lugar, frente a dicho parágrafo, las    entidades explicaron que el suministro de combustibles no es un derecho    intangible, en los términos de la Ley Estatutaria de los Estados de    Excepción, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el Pacto    Internacional de Derechos Civiles y Políticos.    

     

En cuarto y último lugar, las entidades afirmaron    que la facultad contenida en el artículo 1 del decreto analizado respeta las    libertades económicas, pues conforme a la sentencia C-228 de 2010 y al    artículo 333 de la Constitución, el ejercicio de dichas libertades puede    limitarse para proteger el bien común y evitar la extensión de las causas que    motivaron la declaración del estado de conmoción interior. Además, precisaron    que la facultad extraordinaria otorgada al Ministerio de Minas y Energía está    limitada, pues es parcial y temporal y sólo procede cuando haya una alerta o    reporte por perfilamiento de riesgo o una solicitud de los ministerios de    Justicia y del Derecho, del Interior o de los organismos de inteligencia del    Estado. Finalmente, manifestaron que el literal h) del artículo 38 de la Ley    137 de 1994 autoriza la limitación o la racionalización del uso de servicios    y del suministro de bienes de primera necesidad durante los estados de    conmoción interior.    

     

Ecopetrol señaló que la    ejecución del Decreto Ley 1760 de 2003[111]    y de la Ley 1118 de 2006[112],    podría verse afectada con la facultad extraordinaria contenida en el artículo    1 del Decreto Legislativo 132 de 2025.    

     

Por su lado, el Ministerio de Justicia y del    Derecho explicó que realiza un control frente a la gasolina y el aceite    combustible para motor (ACPM), las cuales son sustancias consideradas de uso    masivo según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4 del artículo 4 y del    parágrafo 3 del artículo 12 de la Resolución 0001 de 2015. Dicho ministerio    “no cuenta con las competencias para asignar el cupo para el abastecimiento,    suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y su    derivados”. Así, el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de    Estupefacientes (CCITE) que se emite para los productos controlados de    gasolina y ACPM solo certifica la inexistencia de registros relacionados con    delitos establecidos en la Ley 30 de 1986 y conexos.    

     

En ese contexto, conforme a lo establecido en el    Decreto Legislativo 132 de 2025, dicho ministerio remite al de Minas y    Energía los informes sobre: (i) “los agentes de la cadena de distribución de    combustibles líquidos derivados del petróleo que cuenten o no cuenten con el    CCITE vigente”[113]    y (ii) los casos en los que niegue la autorización por la existencia de    registros relacionados con la Ley 30 de 1986. Lo anterior con el fin de que    el Ministerio de Minas y Energía adopte las medidas administrativas que    correspondan.    

     

No se recibió respuesta de la Agencia Nacional de    Hidrocarburos ni de la Agencia Nacional de Minería.    

     

     

[1] Considerando 5.    

[2] Considerando 6.    

[3] Considerando 16.    

[4] Considerando 18.    

[5] Considerando 27.    

[6] Considerando 30.    

[7] Considerando 36    

[8] Considerando 47.    

[9] Considerando 45.    

[10] Frente a este último punto, la  magistrada sustanciadora indagó sobre: (a) la situación administrativa de las y  los ministros que firmaron el Decreto Legislativo 132 de 2025; (b) los actos  administrativos por medio de los cuales se dispuso el encargo de los y a las  funcionarias que firmaron el documento en su condición de representantes de los  ministerios de Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones y (c) la fecha de renuncia del ministro  de Cultura y el momento a partir del cual dicho acto surtió efectos.    

[11] Este proceso fue fijado en lista el  21 de marzo de 2025 a partir de las 8:00 a.m. y por el término de 5 días  hábiles (Expediente digital RE-372, Fijación en lista).    

[12] El señor Sua Montaña criticó la Sentencia  C-349 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional analizó la Ley 2285 de 2023, “Por medio  de la cual se aprueba el «tratado internacional sobre los recursos  fitogenéticos para la alimentación y la agricultura», adoptado por el 31° período de sesiones de la Conferencia  de la FAO, en Roma, el 3 de noviembre de 2001”. También señaló que, debido  a lo decidido en esa providencia y en el auto del 28 de agosto de 2023 de la  Sala de Selección de Tutela No. 7 frente al proceso T-9.489.339, se hace  “inviable alegar que el objeto de control del proceso del asunto haya surtido  su trámite congregacional en reuniones enmarcadas en las proscritas por el  artículo 149 constitucional a estar actualmente en firme las mencionadas  decisiones como de hallar el suscrito de ahora en adelante menoscabo en su  contra del derecho a ser oído contemplado en el numeral 1 del artículo 8 de la  convención americana” (Expediente digital RE-372, Harold Sua Montaña).    

[13] El interviniente se refirió,  específicamente, a Polivio  Leandro Rosales Cadena, Ángela Yesenia Olaya Requene, Iván Daniel Jaramillo  Jassir y Belfor Fabio García Henao.    

[14] Expediente digital RE-372, Harold  Sua Montaña 2.    

[15] Artículo 2.2.5.2.2. del Decreto  1083 de 2015. Ibid., p. 15.    

[16] Al respecto, en función del principio de perpetuatio  jurisdictionis y de la necesidad de precaver la elusión del control  constitucional, la competencia de la Corte no se elimina por el hecho de que,  mediante el Decreto 467 del 23 de abril de 2025, el Gobierno nacional levantó  el estado de conmoción interior declarado en el Decreto 62 de 24 de enero de  2025. Sobre este tema, se puede consultar, entre otras, la Sentencia C-070 de  2009.    

[17] Este acápite retoma parcialmente  las consideraciones de la Sentencia C-443 de 2023 (M.P.: Natalia Ángel Cabo).    

[18] Esto es, el que declara el estado de  emergencia económica, social y ecológica, de conmoción interior o guerra  exterior.    

[20] Sentencias C-433 de 2023 y C-440 de  2023, entre otras,    

[21] Considerandos del Decreto 132 de  2025 No. 15, 36, 44 y 45.     

[22] Expediente digital RE-372,  Respuesta de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y  Energía.    

[23] Considerando 16 del Decreto 132 de  2025. Dicho documento hace parte de las pruebas que obran en el expediente.    

[24] Considerandos del Decreto 132 de  2025 No. 27, 29, 36, 44, 45 y 46.      

[25] Expediente digital RE-372,  Respuesta de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y  Energía.    

[26] Considerando 30 y artículo 1 del  Decreto 132 de 2025.    

[27] Expediente digital RE-372,  Respuesta de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y  Energía.    

[28] Considerandos del Decreto 132 de  2025 No. 7, 14, 15 (parcial)    

[29] Considerandos del Decreto 132 de 2025 No 8 a 13 y 17 a 25.    

[30] Considerandos del Decreto 132 de 2025 No 26 y 28.    

[31] Sentencia C-216 de 2011, por medio  de la cual la Sala Plena declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo 020  de 2011, por medio del cual se declaró un segundo estado de emergencia  económica, social y ecológica por grave calamidad pública, por hechos  relacionados el fenómeno de La Niña acaecido en el año 2011. También se puede  analizar la providencia C-802 de 2002 que declaró la exequibilidad del artículo  1 y exequibilidad condicionada del artículo 2 del Decreto 1837 de 2002, a  través del cual se declaró el estado de conmoción interior por perturbación del  orden público, originada  en hechos como violaciones al derecho internacional humanitario y delitos de  lesa humanidad, actos de terrorismo, etc.    

[32] Sentencia C-939 de 2002,  citada en la Sentencia C-145 de 2020. En esa oportunidad, la Sala Plena declaró  la inexequibilidad de un decreto expedido con base en el Decreto Legislativo  1837 de 2002 por medio  del cual se declaró el estado de conmoción interior por perturbación del orden  público.    

[33] En contraposición con el  artículo 121 de la Constitución Política de la República de 1886 que no  calificaba la intensidad de la perturbación.    

[34] Sentencias C-256 de 2020 y C-070  de 2009. En el  mismo sentido ver  Loveman Brian, The Constitution of Tyranny. Regimes of Exception in Spanish  America, University Press of Pittsburgh, 1993.    

[35] Sentencia C-256 de 2020.    

[36] Sentencias C-466 de 2017 y 070 de  2009.    

[37]El paro petrolero en  Barrancabermeja en 1963 llevó al Gobierno a declarar el estado de sitio en  Santander mediante los decretos 1137 y 1138, y a nombrar un jefe militar para  controlar la región. Luego, el Decreto 1187 levantó la medida. En 1965, los  decretos 1288 y 1290 extendieron el estado de sitio a todo el país. Otros  decretos como el 1530, 1709, 1866, 2494 y 2395 de 1968 ampliaron el poder  ejecutivo en justicia, educación, comercio y salud, estableciendo una normativa  que unía legalidad y excepción.    

[38] Por ejemplo, los decretos 16962 de  2019 y 17352 de 1920 estuvieron dirigidos a responder a la huelga y el auge del  sindicalismo entre los trabajadores. Incluso, el Decreto 707 de 1927 otorgó  facultades a la Policía Nacional para disolver reuniones, establecer el  empadronamiento y restringir el porte de armas. No se puede olvidar que el  Decreto 1 de 1928 declaró turbado el orden público e impuso como autoridad en  la Providencia de Santa Martha a un militar, con el fin de atender el conflicto  laboral entre los trabajadores y la empresa United Fruit Company, lo que derivó  en el nefasto episodio de la masacre de las Bananeras.    

[39] En los años 80, el estado de sitio  se volvió permanente. El Gobierno lo usó para enfrentar la crisis  institucional, el aumento de la violencia y el narcotráfico, y las presiones  internacionales en derechos humanos. Los decretos 615, 666, 667, 668, 669, 651,  747, 1038, 1039, 1042, 1056, 1057, 1061, 1071, 1290 y 2669 de 1984 sirvieron  para controlar la protesta, limitar garantías procesales, restringir el  comercio, intervenir en medios y militarizar funciones civiles.    

[40] El estado de sitio y sus decretos  de control social permitieron allanar el camino para el Frente Nacional. el  Decreto 321 de 1958 declaró turbado el orden público en departamentos como  Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, bajo el pretexto de restablecer  la tranquilidad, pero realmente limitó libertades bajo una lógica de excepción.  Esta situación se prolongó con decretos como el 1 de 1959 y el 10 de 1961,  culminando con el levantamiento parcial del estado de sitio el 31 de diciembre  de 1961 mediante el Decreto 20 de ese año.    

[41] Sentencias C-256 de 2020, C-466 de  2017, C-216 de 2011, C-135 de 2009 y C-802 de 2002.    

[42] Sentencia C-802 de  2002.    

[43] Asamblea Nacional Constituyente,  Gaceta Constitucional, No. 16, del 5 de marzo de 1991, p. 6.    

[44] Asamblea Nacional Constituyente,  Gaceta Constitucional, No 67, mayo 4 de 1991, Informe – Ponencia, “El estado de  sitio y la emergencia económica”, p. 10.    

[45] Ibid., en particular  Constituyentes Alfredo Vázquez Carrizosa y José Matías Ortiz, p. 11. En el  mismo sentido, Asamblea Nacional Constituyente, Sesión Plenaria del 20 May de  1991, p. 64.    

[46] Asamblea Nacional Constituyente,  Sesión Plenaria del 21 May de 1991, p. 111.    

[47] Op. cit.    

[48] Sentencia C-802 de 2002.    

[49] Sentencia C-205 de 2020.    

[50] Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte ha estimado que se  acredita el cumplimiento de esta exigencia incluso cuando el decreto cuenta con  la firma de funcionarios encargados de funciones ministeriales (sentencias C-033  de 1993, C-059 de 1993, C-073 de 1993, C-134 de 1993, C-416 de 1993, C-464 de  1993, C-008 de 2003, C-876 de 2002, C-939 de 2002, C-1007 de 2002, C-148 de  2003 y C-149 de 2003).    

[51] Al respecto, la  Constitución (art. 214-5) y la LEEE (art. 39) señalan que el presidente y los  ministros son responsables cuando declararan un estado de excepción de este  tipo sin que haya ocurrido una situación de conmoción interior. Dichos  funcionarios también deben responder por los abusos o extralimitaciones que  comentan en ejercicio de las facultades extraordinarias. Por otro lado, esas  normas establecen que, una vez declarada la conmoción interior, el Congreso si  no se ha reunido, lo hará por derecho propio y, mientras subsista la conmoción  interior, el Gobierno nacional debe enviarle informes sobre las medidas que  adoptó y su evaluación, al igual que sobre las investigaciones abiertas en  relación con posibles abusos en el uso de las facultades extraordinarias (sentencias  C-256 de 2020 y C-070 de 2009).    

[52] Sentencia C-1065 de 2002.    

[53] Sentencia C-256 de 2020, previamente citada.    

[55] Ibid.    

[56] Sentencias C- 256 de 2020, C-466  de 2017, C-437 de 2017, C-701 de 2015, C-222 de 2011. Entre otros.    

[57] Sentencias C-464, C-492, C-468 y  C-539 de 2023, C-409, C-410 y C-381 de 2020, C-466 de 2017, C-700 de 2015, C-216 de 2011, C-156 de  2011, C-327 de 2003 y C-1065 de 2002.    

[58] Ibid.    

     

[60] Sentencias C-135 de 1996, C-940 de  2002, C-947 de 2002, C-1024 de 2002, C-008 de 2003, C-122 de 2003, C-148 de  2003 y C-149 de 2003.    

[61] Así, dicho estado de excepción fue  declarado a el 24 de enero de 2025 por el término de 90 días. Posteriormente,  mediante el Decreto Legislativo 467 de 2025, se levantó el estado de conmoción interior  a partir del 24 de abril de 2025 y no se prorrogó la vigencia del decreto de  desarrollo analizado en esta sentencia.    

[62] Expediente digital RE-372, Anexo a  respuesta al Auto de pruebas del 3 abril de 2025, pp. 2-3.    

[63] El encargo implica una vacancia  temporal en la que el funcionario titular sigue en el empleo, pero no desempeña  las funciones propias del cargo por estar transitoriamente separado de estas.  Esta situación concluye con la terminación del encargo, lo que implica el  retorno automático del titular al ejercicio de sus funciones y la perdida de  estas potestades en cabeza de quién reemplazaba al titular. Ver sentencias C-126  de 2018 y C-428 de 1997. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala de lo  Contencioso Administrativo Sección Segunda, Sección Segunda, Subsección A.  Sentencias del 7 de marzo de 2013, Rad: 1571-10 y del 6 de mayo de 2021, Rad:  0728-19 y Subsección “B”. Sentencia del 21 de octubre de 2010, Rad: 0266-08.  Esta situación administrativa se encuentra regulada en el Artículo 2.2.5.5.43  del Decreto 1083 de 2015.    

[64] El Artículo 2.2.5.5.17 del Decreto  1083 de 2015 establece que los empleados públicos pueden solicitar por escrito  un permiso remunerado de hasta tres días hábiles cuando exista una justa causa,  cuya aprobación queda a discreción del nominador o su delegado. Si la causa es  una calamidad doméstica, el empleado debe informar de inmediato y, al  reincorporarse, justificar la ausencia con los soportes correspondientes. Si el  jefe determina que no hubo mérito suficiente, se descontarán los días no  laborados. Además, si un ministro o director de departamento administrativo  debe salir del país en fines de semana o festivos por motivos no  administrativos, deberá solicitar previamente permiso remunerado y se designará  un reemplazo encargado. En este sentido ver, Consejo de Estado Sala de Consulta  y Servicio Civil, concepto del 5 de febrero de 1996, Radicado 780.    

[65] RE-372 Anexo a respuesta al Auto  de pruebas del 3 abril de 2025, pp. 4-5.    

[66] Consejo de Estado, Sala de lo  Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 5 de  noviembre ce 2015, Rad. 0989-14.    

[67]Expediente digital RE-372 Respuesta  al Auto de pruebas del 3 abril de 2025., pp. 6-7.    

[68] Sentencias C-707 de 2017 y C-873  de 2003.    

[69] Es esa ocasión, se declaró la  inexequibilidad de un decreto legislativo de desarrollo, luego de verificar que  faltaba la firma de uno de los ministros. La Corte descartó la posibilidad de  subsanar ese vicio porque: (i) el estado de excepción ya no estaba vigente y  (ii) durante el trámite ante la Corte Constitucional, el Gobierno nacional se  limitó a poner de presente el error, pero no hizo nada para corregirlo.    

[70] Así, dicho estado de excepción fue  declarado a el 24 de enero de 2025 por el término de 90 días. Posteriormente,  mediante el Decreto Legislativo 467 de 2025, se levantó el estado de conmoción  interior a partir del 24 de abril de 2025 y no se prorrogó la vigencia del  decreto de desarrollo analizado en esta sentencia.    

[71] Por el cual se establecen medidas  relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con  recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las  regiones, de la Asignación para la Paz y de la Asignación Ambiental del Sistema  General de Regalías, en el marco del estado de conmoción interior en la región  del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios  de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.    

[72] Ver Anexo 1.    

[73] Las entidades citaron tres  documentos que obran en el expediente.  Expediente digital  RE-372, Respuesta  Presidencia de la república y Ministerio de Minas y Energía. Anexos reservados  29, 15 y 1.    

[74] Expediente digital RE-372, Anexo reservado 13  (respuesta Presidencia de la república y Ministerio de Minas y Energía).    

[75] Expediente digital RE-372, Respuesta  de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, p. 8-9.     

[76] Expediente digital RE-372, Respuesta  de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, p. 5.     

[77] Ibid, p. 24.    

[78] Ibid, anexos reservados 19 y 24.     

[79] Ibid, anexo reservado 22.    

[80] Ibid, anexo reservado 19.    

[81] Ibid, anexo reservado 30.    

[82] Ibid, anexos reservados 8 y 32.    

[83] Ibid, anexos reservados 2, 20 y 23.    

[84] Ibid, anexos reservados 37, 39 y  40.    

[85] Ibid, anexos reservados 216, 17 y  18.    

[86] Ibid, anexo reservado 43.    

[87] Ibid, p. 17; anexo reservado 22.    

[88] Ibid, anexos reservados 22 y 24.    

[89] Dichas  consideraciones son las siguientes: “la grave situación de orden público  genera riesgo de afectaciones en el sector de hidrocarburos y en la producción  de la cuenca petrolera del Catatumbo (p. 2); “las inminentes amenazas a la  seguridad y la posible interrupción de las operaciones impactan (…) el  desarrollo y la gestión eficiente de los hidrocarburos en la región” (p. 2);  “los combustibles (…) han sido utilizados en actividades propias de la  conducción de hostilidades por parte de los grupos armados que se encuentran en  confrontación” (p. 3); “la ruta de abastecimiento de combustibles desde Cúcuta  hacia Ocaña se encuentra en alto riesgo debido a que atraviesa la región del  Catatumbo, la cual enfrenta constantes perturbaciones del orden público que ponen  en peligro la seguridad y la continuidad del suministro en esta zona  estratégica” (p. 4); “el conflicto en la región del Catatumbo ha intensificado  el uso estratégico de los recursos minero energéticos como herramienta para  financiar actividades ilícitas” (p. 4) y se han registrado ataques terroristas  a la infraestructura de hidrocarburos, al igual que secuestros de operarios de  la empresa ISMOCOL, contratista del CENIT, entre otros hechos (p. 3).    

[90] Expediente digital RE-372, Respuesta Presidencia  de la república y Ministerio de Minas y Energía. Anexos reservados 29, 11 y 30.    

[91] Expediente digital RE-372, Respuesta  Gobernación del Cesar, p. 6.     

[92] Expediente digital RE-372, Respuesta  Ecopetrol, p. 5.  Ecopetrol se refirió a los enfrentamientos entre el GAO, el  ELN y el Frente 33 de la Segunda Marquetalia desde el 16 de enero de 2025, que  ocasionó diversas afectaciones, en particular el desplazamiento civil de  personas, el cierre del comercio en Tibú y la suspensión del transporte público  de pasajeros entre Cúcuta y Tibú.     

[93] Expediente digital RE-372, Respuesta  Ecopetrol, p. 7.     

[94] Expediente digital RE-372, Anexo I  (respuesta Ecopetrol). Pérdida de crudo por hurtos y apoderamiento 2020-2025.    

[95] Expediente digital RE-372,  Respuesta CENIT, pp. 2-5.    

[96] Expediente digital RE-372, Respuesta  de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, p. 29.     

[97] Lo hizo respecto de la planta de Ayacucho, para  abastecer los municipios de Ocaña, Ábrego, Convención, Teorama, El Carmen, El  Tarra, Tibú, Sardinata, La Playa de Belén, Hacarí, San Calixto, casco Urbano de  Río de Oro, y desde las plantas de abastecimiento la Fortuna y Río Sogamoso a  los municipios de Cáchira y La Esperanza.    

[98] Expediente digital RE-372, Respuesta  de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, anexos  reservados 26 y 41.    

[99] Ibid, anexos reservados 29, 33, 35  y 36.    

[100] Ibid, anexos reservados 29, 33, 35  y 36.    

[101] Ibid, p. 34.    

[102] Ibid, p. 31.    

[104] Ibid, p. 6.    

[105] Expediente digital RE-372, Anexo 1.  Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (cifras de la  ANLA).    

[106] Dichos eventos estuvieron  relacionados con la detonación y presencia de artefactos explosivos cerca de  una infraestructura de hidrocarburos; el derrame de petróleo por una pérdida de  contención del oleoducto Caño Limón Coveñas y la presencia de una válvula  ilícita en la línea de protección de uno de los pozos del Campo Tibú.    

[107] Expediente digital RE-372, Respuesta  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Anexo 44.    

[108] Puntualmente, esa entidad emitió:  (i) la Alerta Temprana Estructural 050 del 26 de noviembre de 2020 en el  municipio de Tibú (Norte de Santander), por la disputa territorial entre el  ELN, otros grupos al margen de la ley (Los Rastrojos, el EPL y el Frente 33 de  la Segunda Marquetalia) y delincuencia común; (ii) el Informe de Seguimiento  014-22 a la alerta temprana antes señalada; (iii) la Alerta Temprana  Estructural 009 del 9 de marzo de 2023 en los municipios de Bucarasica, El  Zulia y Sardinata (Norte de Santander), por la expansión de las Autodefensas  Gaitanistas de Colombia, el reposicionamiento y fortalecimiento de las  facciones disidentes de las extintas FARC-EP y la concurrencia de diversos  actores armados; (iv) la Alerta Temprana Estructural 026 del 15 de noviembre de  2024 en 2 municipios del Cesar (González y Río de Oro) y 7 de Norte de  Santander  (Ábrego, Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña y Teorama), debido a  la escalada violenta del ELN tras la finalización del cese de hostilidades  pacta en el proceso de paz, el reacomodo del EPL y la expansión de grupos  disidentes de las extintas FARC-EP; (v) la Alerta Estructural 027 del 19 de  diciembre de 2024 en los municipios de Los Patios, Puerto Santander, Sanjosé de  Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), por la presencia e influencia  del ELN, la creciente criminalidad organizada y la presencia de otros grupos al  margen de la ley (Ejército Gaitanista de Colombia, facciones disidentes de las  extintas FARC-EP.). Expediente digital RE-372, Respuesta de la Defensoría del  Pueblo y Anexo 1 (respuesta de la Defensoría del Pueblo).    

[109] Anexos 9, 19, 20, 22, 23, 37, 38,  39 y 40.    

[110] Así, “[p]or ejemplo, en el caso de  las suspensiones del abastecimiento de combustibles líquidos del procedimiento  relacionado con el SICOM, las suspensiones se mantendrían mientras se resuelve  el procedimiento y por un máximo de 90 días hábiles, prorrogables por 90 días  más, como lo señala la Resolución 33100 de 2020. Para el caso de los servicios  públicos domiciliarios, dependerá de lo que señale la Superintendencia de  Servicios Públicos Domiciliarios dentro de su procedimiento administrativo  sancionatorio” (Expediente digital RE-372, Respuesta de la Presidencia de la  República y del Ministerio de Minas y Energía, p. 38).    

[111] Ese decreto escindió Ecopetrol,  creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y mantuvo en cabeza de Ecopetrol la  titularidad de los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos de  las áreas vinculadas a los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de  2003.    

[112] Esa ley modificó la naturaleza  jurídica de Ecopetrol, que pasó a ser una sociedad de economía mixta. Además,  en el artículo 4 creó un marco regulatorio para el ejercicio de la actividad  económica de dicha empresa.    

[113] Expediente digital RE-372, Respuesta  del Ministerio de Justicia y del Derecho, p. 2.

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