SU315-25

  SU315-25 

     

REPÚBLICA  DE COLOMBIA        

CORTE  CONSTITUCIONAL    

Sala Plena    

     

SENTENCIA SU-315 DE  2025    

     

Expediente: T-10.785.266    

     

Asunto:  Acción de tutela interpuesta por Juan, Lucia,  Sofía, Elena y Pedro en contra de la Sala Penal del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.    

     

Magistrada ponente:    

Paola Andrea Meneses Mosquera    

     

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio  de dos mil veinticinco (2025)    

     

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio  de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente    

     

SENTENCIA[1]    

     

Síntesis de la decisión    

     

     

El 19 de agosto de 2011, a través de apoderado, el  niño Juan, Lucia (madre), Sofía (abuela), Elena  (prima) y Pedro (tío), solicitaron al juzgado la apertura del incidente  de reparación integral en contra del condenado. Además, pidieron la vinculación  de (i) el municipio de Pereira, así como (ii) la Diócesis de Pereira y la  Conferencia Episcopal de Colombia, en calidad de terceros civilmente  responsables.    

     

Providencia judicial cuestionada. El 24 de  abril de 2023, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de  Pereira dictó sentencia de segunda instancia en el incidente de reparación  integral. El Tribunal de Pereira concluyó que:    

     

–          El municipio de Pereira no podía ser vinculado ni declarado responsable  en el incidente de reparación integral. Esto, porque la competencia para  declarar la responsabilidad patrimonial del Estado correspondía, por  disposición constitucional y legal, a la jurisdicción de lo contencioso  administrativo, no al juez penal.    

–          El señor Alfredo era responsable del pago de la indemnización de  perjuicios morales causados al niño Juan, su madre y su abuela. En  contraste, consideró que (i) el tío y prima del niño no acreditaron perjuicios  morales y (ii) no se probó el daño a la vida de relación del menor de edad.    

–          La Diócesis de Pereira no era civilmente responsable por los daños que  el abuso sexual del señor Alfredo causó. Según el Tribunal de Pereira,  “los hechos jurídicamente relevantes fueron desplegados por el señor Alfredo,  en su rol de profesor, de docente nombrado en cargo de carrera administrativa,  en institución educativa del Municipio de Pereira, sin que, en momento alguno,  se hiciera mención a sus funciones como sacerdote, que obligaran la vigilancia  del clero en sus actividades”.    

     

Acción de tutela. El 8 de julio de 2024, a  través de su apoderado, Juan, la señora Lucia (madre), Sofía  (abuela), Elena (prima) y Pedro (tío) (en adelante, los “accionantes”)  interpusieron acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Penal del  Tribunal Superior de Pereira. Sostuvieron que, en la sentencia del 24 de abril  de 2023 que resolvió el recurso de apelación dentro del incidente de  reparación integral, el Tribunal de Pereira incurrió en tres defectos: (i)  fáctico, (ii) sustantivo y (iii) procedimental absoluto.    

     

Decisión de la Corte. La Corte resolvió lo  siguiente en relación con cada uno de los defectos alegados:    

     

1. El Tribunal de Pereira no incurrió en defecto  sustantivo ni procedimental absoluto. Lo primero -defecto  sustantivo-, porque rechazó la vinculación del municipio de Pereira en el  incidente con fundamento en el artículo 104.1 del CPACA, el cual  asigna competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto  de las pretensiones indemnizatorias dirigidas a entidades públicas. La jurisprudencia  de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sección Tercera del  Consejo de Estado han reconocido que, en virtud de esta asignación de  competencia, las entidades públicas no pueden ser vinculadas al incidente de  reparación integral. Lo segundo -defecto procedimental-, porque el deber  previsto en el artículo 138 del CGP no era aplicable en este caso. Lo anterior,  en atención a las diferencias procesales y sustantivas entre la acción de  reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el  incidente de reparación integral.    

     

2. El Tribunal de Pereira incurrió en tres defectos  fácticos por indebida e irrazonable valoración probatoria:    

     

(i)        El  Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al concluir  que la Diócesis de Pereira no era civilmente responsable por los daños que el  abuso sexual cometido por el señor Alfredo causó al niño Juan  y sus familiares. Esto es así, porque (a) ignoró pruebas que  demostraban que la Diócesis de Pereira era responsable por omisión del daño  causado al menor de edad, debido a que decidió abstenerse de informar a las  autoridades civiles y a la Institución Educativa La Soledad que, en el  pasado, el señor Alfredo había incurrido en actos de abuso con otros  menores de edad. Además, (b) valoró de forma irrazonable pruebas que  evidenciaban que, conforme a la jurisprudencia ordinaria, el señor Alfredo  cometió el abuso sexual del niño Juan “prevalido”  de su posición sacerdotal, lo que implicaba que la Diócesis de Pereira debía  responder de forma directa por los daños causados.    

(ii)     El Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir que el señor Pedro (tío) y la niña Elena (prima) no  probaron haber sufrido daños morales como resultado del abuso sexual al niño Juan.  Esto, porque las pruebas que reposaban en el expediente demostraban que (a) el  niño Juan tenía un estrecho vínculo de crianza con su tío y prima, al  punto que los consideraba como su padre y hermana, respectivamente, (b) el niño  convivía con ellos, y (c) ambos demostraron haber padecido sufrimiento y  aflicción como consecuencia del abuso sexual que sufrió el niño.    

(iii)   El Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir que el daño a la vida de relación del niño Juan no se  encontraba probado. Esto, porque (a) ignoró que existe una presunción simple o  judicial de que el abuso sexual en contra de NNA (niñas, niños y adolescentes) causa  un menoscabo de su proyecto de vida y, en particular, de su relacionamiento  sexual, así como el desarrollo de la identidad y formación religiosa o  espiritual; (b) las declaraciones del niño, su madre y abuela evidenciaban que  el niño había visto afectada su capacidad de relacionamiento social; y (c)  contrario a lo sostenido por el Tribunal de Pereira, el psicólogo forense concluyó  que no podía afirmar con certeza la existencia ni la inexistencia de una  perturbación. En virtud de los principios pro damnato y pro infans,  esta duda debió haberse interpretado en favor del derecho a la reparación  integral del niño Juan.    

     

     

      I.             ANTECEDENTES    

     

1.        Hechos    

     

1.1.   El proceso penal y la solicitud de apertura del trámite  incidental    

     

1.                  Antecedentes. El 25 de noviembre de 1990, la Diócesis de  Pereira expidió el acta de ordenación sacerdotal del señor Alfredo[2]. Luego, el 1  de septiembre de 2005, la Secretaría de Educación Municipal de Pereira (en  adelante, “SEMP”) lo nombró como docente en provisionalidad en la  Institución Educativa La Soledad, ubicada en el municipio de Pereira[3].    

     

2.                  En el año 2005, tras recibir denuncias de abuso sexual en contra  de un niño, la Diócesis de Pereira impuso al señor Alfredo la sanción de  suspensión del ministerio sacerdotal por dos años y lo envió a un retiro  espiritual en el municipio de la Ceja, Antioquia. Estos hechos, sin embargo, no  fueron puestos en conocimiento de la autoridad civil ni a entidad educativa  alguna y fueron investigados y sancionados bajo los lineamientos del derecho  canónico[4].  Luego, en el año 2007, tras observar un aparente cambio de conducta, la  Diócesis autorizó al señor Alfredo a prestar servicio pastoral en la  Parroquia Santa Claridad de Pereira.    

     

3.                  El 14 de mayo de 2007, la SEMP nombró al señor Alfredo en  propiedad como docente de matemáticas en la Institución Educativa La Soledad,  luego de haber superado el concurso de méritos. El señor Alfredo dictaba  clase a niños que se encontraban en preescolar y escuela media. La SEMP no  tenía conocimiento de que, años atrás, la Diócesis de Pereira había suspendido  al señor Alfredo por haber incurrido en actos de abuso sexual con un  menor de edad.     

     

4.                  El proceso penal. El 29 de marzo de 2008, la señora Lucia  interpuso denuncia en contra del señor Alfredo por la presunta comisión  del delito de acceso carnal abusivo en contra de su hijo menor de 10 años, el  niño Juan, quien era estudiante de la Institución Educativa La  Soledad.    

     

5.                  El 20 de mayo de 2011[5],  mientras el proceso penal estaba en curso, la Diócesis de Pereira suspendió al  señor Alfredo de su ministerio sacerdotal, dispuso que “no dependerá ya  de la Parroquia [Santa Claridad], donde venía prestando sus servicios  ministeriales y pastorales”[6].  Asimismo, señaló que “se le devolverán sus licencias ministeriales”[7] si se prueba  su inocencia. Luego, en comunicado de prensa del 30 de mayo de 2011, suscrito  por monseñor Gildardo y el sacerdote Dagoberto, informó que:    

     

El Padre [Alfredo] ya había recibido un castigo  jurídico eclesiástico, por una denuncia que le habían hecho al Señor Obispo,  con relación al trato que el Padre había dado a un niño, hace algunos años.    

     

Según las orientaciones del Derecho Canónico, al Padre [Alfredo],  se le quitó la parroquia donde era párroco, se le retiraron las licencias  ministeriales por más de dos años y se le sometió por seis meses a un  tratamiento de tipo psicológico y espiritual. También recibió la ayuda  espiritual de algunos sacerdotes de la Diócesis.    

     

Cuando se le observó un cambio en su vida y la promesa  firme de no volver a tener este tipo de faltas, se le permitió ayudar en la  Parroquia [Santa Claridad]; mientras estuvo allí no se recibió en la  Curia ninguna queja de mal comportamiento.    

     

Con gran sorpresa el Señor Obispo recibió el día 16 de mayo  de 2011 el oficio No. 14445, interno CSJ.: 17388, un comunicado de la Fiscalía  Quinta de Vida, en el cual acusaban al Padre [Alfredo] de abusos con  niños y lo citaban para que se presentara con el fin de notificarle los cargos.  Inmediatamente el Señor Obispo dio un Decreto de suspensión del ejercicio del  Ministerio Sacerdotal. Las familias habían presentado la denuncia a la Fiscalía  y no lo hicieron con la Curia, solo una de esas familias, hace tiempo, nos hizo  saber que habían llevado a la misma, el caso de una denuncia contra el Padre [Alfredo],  para algo relacionado con el colegio donde el [sic] era profesor. Tampoco la  fiscalía había comunicado antes al Señor obispo los cargos graves, que se habían  presentado contra el Padre [Alfredo].    

     

Después de estos hechos tan lamentables y que hacen sufrir  a la Iglesia, deducimos que el Padre [Alfredo] mentía al Obispo cuando  le decía que se estaba comportando muy bien, se engañaba así mismo y llevaba  una doble moral[8].    

     

6.                  La sentencia penal condenatoria. El 7 de julio de 2011, el  Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira condenó  al señor Alfredo a la pena de 85 meses y 10 días de prisión, por el  delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años[9]. Lo anterior,  al encontrar probado que, durante el mes de marzo de 2008, el señor Alfredo  agredió sexualmente al niño Juan en las instalaciones de la Institución Educativa  pública La Soledad de Pereira. Según la sentencia condenatoria, se  demostró que el señor Alfredo “dejaba al mejor castigado en la hora del  descanso, cerraba la puerta del salón con llave ‘…y empezaba a darle besos en  la boca, en la cara, en el cuello, […] le bajaba a [sic] los pantalones, le  acariciaba el pene y se lo introducía en su boca e introducía su pene en la  boca del niño’”.    

     

7.                  Solicitud de apertura del incidente de reparación. El 19  de agosto de 2011, a través de apoderado, el niño Juan, Lucia (madre), Sofía (abuela), Elena  (prima) y Pedro (tío), solicitaron al juzgado la apertura del  incidente de reparación integral en contra del condenado[10]. Además,  pidieron la vinculación de (i) el municipio de Pereira (junto con sus  aseguradoras Previsora S.A. y Colseguros S.A.),  así como de  (ii) la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de  Colombia, en calidad de terceros civilmente responsables.    

     

1.2.           Trámite del incidente de reparación integral    

     

(i)           Sentencia de primera instancia    

     

8.                  El 18 de diciembre de 2012, el Juzgado 002 Penal de Conocimiento  del Circuito de Pereira (en adelante, el “Juzgado”) resolvió condenar  solidariamente a Alfredo y al municipio de Pereira, en calidad de  tercero civilmente responsable, al pago de: (i) 100 SMMLV al niño Juan por  concepto de perjuicios morales; y (ii) 50 SMMLV a Lucia (madre) y Sofía  (abuela del niño) por el mismo concepto[11].  Sin embargo, negó la indemnización de perjuicios a la prima y tío del niño Juan.    

     

     

10.             El Juzgado exoneró de responsabilidad civil a la Diócesis de  Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia[14].  En su criterio, estaba probado que al realizar la conducta punible, el señor Alfredo  no actuaba como sacerdote, “lo que conlleva que no existe nexo causal entre la  realización de la conducta punible y el ministerio sacerdotal que implique  tener como terceros civilmente responsables a la Diócesis de Pereira y a la  Conferencia Episcopal”[15].  Además, agregó que pese a que “la investidura de sacerdote lo acompaña siempre […]  al momento de su actuar punible el señor Alfredo no ejercía ninguna  función sacerdotal, ni estaba al interior de ningún lugar perteneciente a la  Iglesia Católica […], no pudiendo aducir dependencia que conlleve a imponer a  las entidades eclesiásticas la obligación de indemnizar los perjuicios causados”[16].    

     

11.             El Juzgado concluyó que no se acreditaron daños materiales en  contra del menor de edad. En relación con el daño emergente y el lucro cesante,  indicó que “el niño no está en etapa productiva y no se demostró que hubiera  quedado afectado, de tal manera, que cuando llegue a esa etapa de su vida  tendrá menguada su capacidad laboral”[17].  Añadió que el niño “no presenta perturbación psíquica a raíz de los hechos”[18], por lo que  no podía inferirse una afectación futura. En cuanto a los perjuicios inmateriales,  el Despacho descartó la existencia de daño a la vida de relación, al considerar  que no se probó que el menor de edad hubiera sufrido “alteraciones  significativas en el estado anímico, psicológico, afectivo y comportamental”[19]. Por último,  respecto de Elena (prima) y Pedro (tío), concluyó  que “no se causaron perjuicios ni morales ni materiales”[20].    

     

12.             Apelación. Los demandantes y el municipio de Pereira  impugnaron el fallo. La siguiente tabla resume los escritos de impugnación:    

     

     

     

     

     

Demandantes                    

En escrito del 16 de    enero de 2013[21], los demandantes solicitaron la    nulidad parcial del fallo y la modificación de la condena civil, con    fundamento en cuatro argumentos:    

1.     El Juzgado absolvió de forma indebida a la Diócesis de    Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia, a pesar de que (i) el    condenado tenía un doble rol: sacerdote y profesor; y (ii) el entonces obispo    Edgario -superior jerárquico del condenado- habría conocido    previamente presuntos actos ilícitos similares y, sin embargo, omitió adoptar    medidas preventivas. Alegaron que esto constituía una omisión a su deber de    vigilancia sobre el subordinado.    

2.     El Juzgado desconoció la calidad de víctimas del tío y la    prima de Juan.    

3.     El monto de la indemnización por daño moral era    insuficiente.    

4.     El Juzgado omitió reconocer el daño a la vida de relación    al niño Juan.   

     

     

     

     

     

Municipio    de Pereira                    

Mediante escrito del 14    de enero de 2013, el municipio de Pereira solicitó ser absuelto de    responsabilidad civil extracontractual. Sostuvo que:    

1.     Conforme al artículo 2358 del Cód. C., la acción    indemnizatoria estaba prescrita por haber transcurrido más de tres años desde    la ocurrencia de los hechos.    

2.     El municipio no era civilmente responsable por omisión    del deber de cuidado. Esto, porque (i) el rector del Colegio La Soledad    ejerció vigilancia “adecuada” y, en cualquier caso, con su “autoridad y el    cuidado […], no se hubiere podido impedir el hecho”[22],    (ii) el condenado tenía una “excelente hoja de vida” y no existía “queja por    parte de los estudiantes y padres, como tampoco de los profesores” y (iii)    las víctimas no demostraron “cuál fue la acción u omisión del municipio de    Pereira”[23].    

3.     En subsidio, el municipio pidió reducir la indemnización,    dado que, a su juicio, “el daño al menor de edad fue mínimo, como lo dijo el    perito de medicina legal”[24].    

     

13.             El 5 de septiembre de 2014[25],  el señor Alfredo falleció antes de que se profiriera la sentencia de  segunda instancia dentro del trámite del incidente de reparación integral.    

     

(ii)         Sentencia de segunda instancia    

     

14.             El 24 de abril de 2023, más de 10 años  después del fallo de primera instancia[26], la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del  Distrito de Pereira (en adelante, el “Tribunal de Pereira”) dictó  sentencia de segunda instancia. El Tribunal de  Pereira dividió el análisis en cuatro secciones: (a) la vinculación del  municipio de Pereira al incidente de reparación integral, (b) la  responsabilidad civil de la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de  Colombia, (c) los perjuicios presuntamente causados a la niña Elena y al  señor Pedro (prima y tío de Juan)  y (d) la cuantía de los perjuicios y la presunta existencia del daño a la vida  de relación:    

     

15.             (a) La vinculación del municipio de  Pereira. El Tribunal de Pereira señaló que de acuerdo con la jurisprudencia  de la Sala de Casación Penal[27], así como la de la Sección Tercera  del Consejo de Estado, “el juez penal carece de competencia para vincular a una  institución de derecho público”[28] al trámite de reparación integral.  Por competencia, “son los jueces administrativos quienes deben conocer de las  demandas de responsabilidad de las entidades públicas. Así, quienes son  reconocidas como víctimas para obtener una reparación en el proceso penal,  deben solicitar la indemnización contra el condenado por medio del incidente de  reparación integral y “a través de la acción de reparación directa o  patrimonial contra la entidad pública que tenía a su servicio al funcionario  responsable”[29].    

     

16.             (b) La responsabilidad como terceros  civiles de la Diócesis de Pereira y  la Conferencia Episcopal. El Tribunal  de Pereira encontró que la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de  Colombia “no están llamadas a responder solidariamente por los perjuicios  causados por el delito, […] pues los hechos jurídicamente relevantes fueron  desplegados por el señor Alfredo, en su rol de profesor, de docente  nombrado en cargo de carrera administrativa, en institución educativa del municipio  de Pereira, sin que en momento alguno, se hiciera mención a sus funciones como  sacerdote, que obligaran la vigilancia del clero en sus actividades”[30].  El Tribunal de Pereira sustentó esta conclusión en los siguientes argumentos:    

     

–          Conforme a la resolución de posesión,  el señor Alfredo fue nombrado en la Institución Educativa La Soledad  no como sacerdote, sino como docente “con ocasión del concurso de méritos que,  como persona natural, realizó el sentenciado, obteniendo ese cargo de carrera  administrativa. Por tanto, no puede predicarse que sus labores como docente se  encontraban vinculadas a su rol de sacerdote”[31].    

–          El señor Alfredo desempeñaba dos roles:  sacerdote y docente. Sin embargo, “incurrió en la conducta punible cuando  desplegaba sus funciones como docente”[32]. Según el Tribunal de Pereira, los  testimonios que se practicaron evidenciaban que, pese a que en una ocasión el  señor Alfredo “dio una misa en un festival”[33],  lo cierto es que en la Institución Educativa La Soledad “no lo  tenían como el sacerdote oficial, no tenía funciones religiosas, no desplegaba  actos propios de la iglesia”[34].  Por esta razón, concluyó que “es claro que no se puede determinar que la  Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia tuvieran un rol de  superioridad, de jerarquía y obligatoria vigilancia, en las labores que  desempeñaba el hoy sentenciado como docente”[35].  Además, señaló que la obligación de vigilancia del clero solo podría predicarse  “si los actos de agresión sexual se hubiesen dado en una iglesia o en un  escenario donde desempeñara sus labores como sacerdote”[36] o si el  colegio lo hubiera contratado expresamente como párroco.    

–          El Tribunal de Pereira reconoció que,  en la audiencia de pruebas de 27 de febrero de 2012, el Obispo Edgario  -superior jerárquico – refirió que “conocía que en otrora [ocasión], el señor Alfredo  presuntamente había atentado contra la integridad y formación sexual de un  acolito de la iglesia, y no se dio aviso a las autoridades”[37].  No obstante, “a pesar [de] que ello corresponde a una actitud completamente  reprochable del mencionado, tal manifestación no determina una responsabilidad  civil, en este caso en particular, de las instituciones religiosas vinculadas,  pues se insiste, el sentenciado cuando atentó contra la libertad sexual del  menor [de edad Juan], fue en su rol de  docente”[38]. Además, argumentó que “frente a las  manifestaciones del obispo, bien pudo el representante de víctimas presentar  las acciones legales correspondientes, pero sus dichos no logran determinar esa  jerarquía, en torno a las labores desplegadas por el sentenciado en el Colegio [La  Soledad]”[39].    

     

17.             En tales términos, el Tribunal de  Pereira concluyó que “comulga en su integridad con lo decidido por la Juez de  Primera Instancia, al no imponer a la Diócesis de Pereira y la Conferencia  Episcopal de Colombia la obligación de cancelar solidariamente los perjuicios  causados en este caso, por tanto, se confirmará el numeral segundo de la  sentencia recurrida, en lo que fue objeto de apelación”[40].    

     

18.             (c) Los perjuicios presuntamente  causados a Elena (prima) y al señor Pedro (tío). El Tribunal de Pereira  consideró que los demandantes no probaron que la agresión sexual al niño Juan  causó daños morales a su tío y prima:    

     

     

     

Elena    

(prima)                    

     

     

Pedro    

(tío)                    

El Tribunal de Pereira    advirtió que el señor Pedro no rindió testimonio, pese a solicitar la    indemnización de perjuicios. En cualquier caso, encontró que los testimonios    practicados no demostraban el daño o sufrimiento, pues estos no “dejan clara    su afectación, solo que recuerda todos los días el insuceso y que, pretendía    hacer algo indebido, previo a que se presentara la denuncia. Circunstancia    que tampoco permite determinar cuál fue el menoscabo sufrido”[44].    

     

19.             (d) La cuantía de los perjuicios  morales y el daño a la vida de relación. El Tribunal de Pereira confirmó  que no se acreditaron perjuicios materiales ni daño a la vida de relación en  favor del niño, su madre o su abuela, y consideró razonable el monto de la  indemnización por daño moral reconocido en primera instancia. Encontró que los  cien (100) salarios mínimos de indemnización que otorgó al menor de edad era  “proporcional y adecuada […] pues si bien los hechos fueron graves, su  afectación moral no se ha determinado una perturbación psíquica, como lo  refiere el dictamen de psicología forense”[45]. Asimismo, concluyó que los  cincuenta (50) salarios mínimos que el Juzgado reconoció a la madre y abuela  del niño era un monto “acertado […] pues si bien se vieron afectadas  emocionalmente, no obra dentro del plenario, siquiera valoraciones psicológicas  que determinen una grave afectación psíquica”[46].    

     

20.             Por otro lado, indicó que, conforme a  la jurisprudencia ordinaria, el daño a la vida de relación “solo se concede a  la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida  simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le  impedirá tener una vida en condiciones normales, debiéndose tener en cuenta las  secuelas permanentes e irreversibles que se hayan sufrido y de contera, alteren  su existencia e integridad psicofísica”[47]. En este sentido, consideró que no  era procedente reconocer indemnización alguna al niño Juan por este concepto, por las siguientes razones:    

     

–          No “se logra determinar esa afectación  psíquica permanente, del dictamen psicológico de medicina legal”. Por el  contrario, el Psicólogo Forense “dejó en claro que el menor [de edad] ‘no  presenta perturbación psíquica a raíz de los hechos que se investigan’”[48].    

–          No se “allegaron valoraciones  diferentes al menor [de edad] víctima que denotaran su afectación a la salud,  como por ejemplo que no pudiera establecer vínculos con personas diferentes a  su familia, […] o que un especialista determinara la imposibilidad del [niño],  de tener relaciones afectivas en un futuro o de desempeñarse laboralmente por  los hechos acaecidos”[49].    

–          No se probó que el niño “pudiera tener  trastornos de índole sexual y que por ello se le desencadene otros síntomas que  afecten su vida adulta, por el contrario, aquí no se demuestra esa grave  afección a la psiquis del [niño Juan]”[50].  Como lo indicara el Psicólogo Forense, “no se detect[aron] ‘alteraciones  significativas en el estado anímico, psicológico y afectivo y comportamental,  el desempeño global se ha conservado, lo cual permite determinar que no  presenta perturbación psíquica a raíz de los hechos que se investigan’”[51].    

     

21.             Con fundamento en estas  consideraciones, el Tribunal de Pereira resolvió:    

     

PRIMERO: DECLARAR LA  NULIDAD PARCIAL DE LO ACTUADO DENTRO DEL TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION  INTEGRAL, A PARTIR DE LA VINCULACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, COMO TERCERO  CIVILMENTE RESPONSABLE, INCLUSIVE, al haberse presentado una irregularidad  insalvable, atendiendo que el reclamo en contra del mismo, debió adelantarse  ante la Jurisdicción contencioso administrativa, por ser una entidad del orden  público, conforme lo analizado en precedencia, atendiendo lo esbozado en la  parte motiva de este proveído.    

En consecuencia, por la nulidad ordenada, queda clara la  desvinculación del trámite incidental del Municipio de Pereira.    

SEGUNDO: CONFIRMAR en  lo demás, la sentencia de primera instancia, conforme lo señalado en la parte  motiva de la providencia.    

TERCERO: Notificar  esta providencia a las partes y demás intervinientes por el medio más expedito.  Dichas comunicaciones se harán en la medida de lo posible, mediante la remisión  de copias de la misma vía correo electrónico, tal y cual como lo regula el  artículo 8º de la Ley 2213 de 2022.    

CUARTO: Contra la  misma procede el recurso extraordinario de casación[52].    

     

     

22.             El 27 de abril de 2023, el apoderado de  las víctimas solicitó al Tribunal de Pereira adicionar y aclarar la sentencia  proferida el 24 de abril del mismo año, con fundamento en los artículos 285 y  287 del Código General del Proceso (en adelante, “CGP”), aplicables por  remisión del artículo 25 del Código de Procedimiento Penal. En particular, citó  apartes del artículo 287, que dispone que la sentencia deberá adicionarse  cuando omita resolver “cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier  otro punto que, conforme a la ley, debía ser objeto de pronunciamiento”.  Asimismo, refirió el artículo 138 ibidem, el cual dispone que en caso de  declararse la falta de jurisdicción, “el proceso se enviará de inmediato al  juez competente”. Con base en estas normas, solicitó: (i) remitir al  juez contencioso-administrativo la solicitud de incidente de reparación  integral, la audiencia de conciliación y las diligencias probatorias realizadas  contra el municipio de Pereira, y (ii) precisar la actuación que debía  renovarse después de la nulidad parcial[53].    

     

23.             Por medio de auto de 15 de mayo de  2023, el Tribunal de Pereira consideró que no era procedente “aclarar ni adicionar  la sentencia del 24 de abril del [2023]”[54].  Explicó que la carga de demandar ante la autoridad  jurisdiccional competente era del apoderado de las víctimas y no del juez, lo  que implicaba que no tenía la obligación de remitir el expediente a la jurisdicción  contencioso-administrativa[55].    

     

1.3.           El recurso extraordinario de casación    

     

24.             El apoderado de las víctimas interpuso  recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 24 de abril de 2023.  Argumentó que el Tribunal de Pereira incurrió en violación indirecta de la ley  sustancial al omitir valorar medios de prueba que demostraban que (i) el señor Alfredo  tenía antecedentes delictivos y (ii) la Diócesis de Pereira y la Conferencia  Episcopal de Colombia no habían tomado ninguna medida de prevención. En su  criterio, de haber tenido en cuenta estos medios de prueba, el Tribunal de  Pereira debió haber concluido que la Diócesis de Pereira y la Conferencia  Episcopal de Colombia eran terceros civilmente responsables. Asimismo,  cuestionó la negativa del Tribunal a reconocer a la prima y el tío del niño  como terceros damnificados, así como la decisión de desvincular al municipio de  Pereira, sin siquiera remitir el expediente al juez que consideraba competente.    

     

25.             El 11 de agosto de 2023, el Tribunal de  Pereira remitió el recurso de casación a la Secretaría de la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia[56]. No obstante, mediante auto del 20  de septiembre de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de  Justicia ordenó la devolución del expediente, al considerar que la concesión  había sido prematura[57]. Según la Sala de Casación Penal,  antes de conceder el recurso debía constatarse que las pretensiones superaran  la cuantía mínima, lo que correspondía al juez de segunda instancia[58].  En consecuencia, dispuso la devolución del expediente al Tribunal de Pereira.    

     

26.             El 30 de octubre de 2023, el Tribunal  de Pereira declaró improcedente el recurso de casación “por no superar el monto  exigido”[59] en el artículo 338 del CGP, según el  cual el recurso “procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable  al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes  (1.000 smlmv)”. El apoderado de las víctimas interpuso recurso de reposición y  en subsidio de queja. El 16 de noviembre de 2023, el Tribunal de Pereira  confirmó su decisión y concedió el recurso de queja. Luego, el 14 de febrero de  2024, la Sala de Casación Penal de la Corte rechazó la queja y declaró “bien  negado el recurso extraordinario de casación”[60].    

     

2.      La acción de tutela    

     

2.1.   Solicitud de amparo    

     

27.             El 8 de julio de 2024, a través de su  apoderado, Juan, Lucia (madre), Sofía  (abuela), Elena (prima) y Pedro (tío) (en adelante, los “accionantes”)  interpusieron acción de tutela contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal  Superior de Pereira. Sostuvieron que, en la sentencia del 24 de abril de 2023  que resolvió el recurso de apelación dentro del incidente de reparación  integral, el Tribunal de Pereira incurrió en tres defectos: (i) fáctico, (ii)  sustantivo y (iii) procedimental absoluto:    

     

(i)           Defecto fáctico    

     

28.             Los accionantes sostuvieron que el  Tribunal de Pereira incurrió en tres defectos fácticos:    

     

29.             Defecto fáctico No. 1. El Tribunal de Pereira omitió valorar las pruebas que  demostraban que: “(i) el acusado actuó bajo el amparo de su doble condición de  cura y profesor, y (ii) las autoridades eclesiásticas concurrieron, por omisión  y encubrimiento civilmente, a la causación del daño causado a las víctimas con  el actuar delictivo del condenado”[61]. En particular, los accionantes  resaltaron que el Tribunal de Pereira omitió valorar las declaraciones del niño  Juan y Edgario las cuales, a su  juicio, demostraban la responsabilidad de la Diócesis:    

     

–          El señor Edgario, obispo de la  Diócesis de Pereira y superior jerárquico del condenado, testificó que el señor  Alfredo era vicario de la diócesis, por lo que todas las semanas recibía  instrucciones relacionadas con su labor pastoral y, además, “estaba autorizado  para oficiar, recibir confesiones e impartir catequesis a los niños y niñas  aspirantes a la primera comunión, prueba ignorada por el Tribunal”[62].  Asimismo, confesó que en el año 2005 suspendió al señor Alfredo debido a  que había recibido denuncias de feligreses que aseguraban que había agredido  sexualmente a un menor de edad. Sin embargo, reconoció que no informó a la  autoridad civil sobre estos hechos.    

–          El menor de edad declaró que el señor Alfredo  era “el cura del colegio que daba clases de matemáticas y creo que otras, pero  no recuerdo”[63]. En el mismo sentido, afirmó que el señor  Alfredo “daba misa en [La Soledad], en la catedral, y me daba  clases de matemáticas”[64].    

     

30.             A juicio de los accionantes, “si se  contrasta el testimonio del obispo, con la declaración del menor [de edad], se  puede concluir claramente que el condenado actuaba en su doble calidad de  sacerdote y profesor, y ello, con la complicidad de la iglesia que permitió que  el acusado pudiera seguir cometiendo más ultrajes. Si las autoridades eclesiásticas  hubieran cumplido su deber de trasladar las quejas a la justicia civil con  grado de probabilidad este delito y muchos se hubieran evitado”[65].  En este sentido, alegaron que si “se hubiera hecho una valoración correcta [de  estas pruebas] se habría llegado a la conclusión, por demás absolutamente  clara, de que la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia son  terceros civilmente responsables en aplicación de las normas sustanciales que  gobiernan la materia, esto es los artículos 96 del Código Penal, 2341, 2344 y  2347 del Código Civil”[66].    

     

31.             Defecto fáctico No. 2. El Tribunal de Pereira omitió valorar las pruebas que  demostraban que el señor Pedro (tío) y la niña Elena (prima) fueron  víctimas indirectas del hecho. En concreto, los accionantes refirieron que  omitió valorar la declaración del niño Juan, quien reconoció que (i) “mi tío ha sido como mi papá y  habla también conmigo, cuando pedía cosas para el colegio me la daban, cuando  pedía para gastar en el colegio me la daba”[67] y (ii) la prima, también menor de  edad y estudiante del colegio, fue la primera persona a quien le contó que  había sido objeto de agresiones sexuales por parte del señor Alfredo.  Asimismo, no tuvo en cuenta las declaraciones de la madre y abuela del niño quienes  testificaron que el señor Pedro se encontraba muy afectado por el abuso.    

     

32.             Por otro lado, los accionantes  reprocharon que el Tribunal de Pereira hubiera descartado el sufrimiento de la  prima “porque un profesor dijo que era una ‘pelioncita’”[68].  En criterio de los accionantes, este aparte de la sentencia cuestionada  estigmatiza y revictimiza a la menor de edad:    

     

[H]abla mal de la rama judicial  al referirse a una niña en formación que fue testigo directo del abuso que  padeció su hermanito primo (p. 21) donde la negación a la reparación luce como  un nuevo castigo que desvaloriza al ser humano que reside dicho reproche y  antes que reivindicar la dignidad de las víctimas, las descalifica y  estigmatiza, generando un nuevo daño, ahora propinado por quien debería  protegerlos    

con medidas de reparación.    

     

     

La conclusión del H. Tribunal, es contraevidente y riñe no  solo con las reglas de la experiencia, las presunciones de hombre y sobre todo  con trato que merecen las víctimas de delitos tan humillantes como el que los  sometió a este viacrucis no solo psicológico, sino judicial. Cuando la justicia  debe ser un bálsamo, actuó como atizador del dolor[69].    

     

33.             En este sentido, los accionantes  aseguraron que “los medios de prueba permiten concluir una realidad muy diferente  a la concluida por el H. Tribunal, […] es decir, que el Sr. [Pedro] (ti[o]-papá)  y la niña [Elena] (prima-hermana) padecieron daño moral por los ultrajes  de que fue objeto su sobrino-hijo y primo-hermano”[70].    

     

34.             Defecto fáctico No. 3. El Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir que el daño a la vida de relación del niño Juan no se  encontraba probado. Los accionantes refirieron que, de acuerdo con la  jurisprudencia civil ordinaria, “el daño a la vida de relación constituye una  afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en  mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la  personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos (…)  [Esta] especie de  perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de  vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o  relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia  corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar  las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su  realidad”[71]. En criterio de los accionantes, el  Tribunal de Pereira ignoró que las pruebas que reposaban en el expediente  demostraban de forma clara que la agresión sexual de la que fue víctima el niño  afectaba su proyecto de vida.    

     

(ii)              Defecto sustantivo    

     

35.             Los accionantes sostuvieron que el Tribunal de Pereira incurrió  en defecto sustantivo porque la sentencia cuestionada “se funda en una  interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras  disposiciones aplicables al caso”[72].  Según los accionantes, al concluir que el municipio de Pereira no estaba  legitimado, el Tribunal de Pereira omitió “tener a consideración la regulación  general y especial que atribuye al juez penal la competencia para imponer  condenas económicas a los terceros”[73].  Lo anterior, con fundamento en cuatro argumentos:    

     

–          El municipio de Pereira era el empleador del condenado. En este sentido,  “es un tercero civilmente responsable según las voces del artículo 107 del  Código de Procedimiento Penal, por ser la persona que según la ley civil deba  responder por el daño causado por la conducta del condenado, en razón de ello  fue citado al incidente de reparación integral”[74].    

–          La prohibición de vincular a entidades públicas como terceros civilmente  responsables “existió en el art. 58 del Dcto. 50 de 1987, pero ella fue  derogada expresamente con la expedición del Código de Procedimiento Penal, art.  573, del Decreto 2700 de 1991”[75].    

–          Las sentencias de la Sala de Casación Civil que el Tribunal de Pereira  invocó como fundamento para desvincular al municipio de Pereira no constituyen  doctrina probable ni precedente en estricto sentido.    

–          La doctrina autorizada en la materia ha señalado que las entidades  públicas pueden ser partes en los incidentes de reparación integral. El  profesor Javier Tamayo Jaramillo ha indicado que “la disposición contenida en  el artículo 153 del C.P.P., se le puede aplicar al Estado en los eventos en los  cuales sin haber participado en la comisión del hecho punible su conducta se  haya tipificado conforme a las normas del código civil. De tal suerte, el  Estado podrá ser llamado al proceso cuando sea responsabilidad indirecta”[76].    

     

36.             En este sentido, los accionantes concluyeron que “[n]o existiendo  norma expresa que impida la vinculación de una entidad pública al incidente de  reparación integral, negarla representa una violación directa de la ley  sustancial, especialmente los artículos 94, 95, 96 del Código Penal y 107 del  Código de Procedimiento Penal”[77].    

     

(iii)           Defecto procedimental absoluto    

     

37.             En criterio de los accionantes, el Tribunal de Pereira incurrió  en defecto procedimental absoluto por desconocimiento del artículo 138 del CGP.  El artículo 138 del CGP dispone que: “cuando se declare la falta de  jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo  actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez  competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará”  (énfasis añadido). En este caso, más de 10 años después de interpuesta la solicitud  de reparación integral, el Tribunal de Pereira declaró probada la falta de  legitimación del municipio de Pereira. Además, “no cumplió el deber legal de  remitir el expediente al juez que consideraba competente”[78].    

     

38.             Pretensiones. Con fundamento en los defectos expuestos,  los accionantes formularon las siguientes pretensiones[79]:    

     

–          Dejar sin efecto la sentencia del 24 de  abril de 2023, proferida por el Tribunal de Pereira.    

–          Ordenar la vinculación del municipio de  Pereira como tercero civilmente responsable en el incidente de reparación  integral.    

–          Declarar la responsabilidad civil de la  Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia.    

–          Ordenar la revisión y reevaluación de  la indemnización, en concreto, la cuantía de los perjuicios morales y la  procedencia del daño a la vida de relación y daños materiales.    

–          Reconocer como víctimas al tío y prima  de Juan.    

–          Disponer de medidas de reparación  integral para las víctimas, a saber: (i) compensación económica justa y  proporcional al daño sufrido, (ii) medidas de satisfacción como disculpas  públicas y reconocimiento oficial del sufrimiento causado, (iii) rehabilitación  con acceso a servicios de apoyo psicológico y médico, y (iv) garantías de no  repetición, e incluir reformas institucionales y políticas de protección a NNA.    

     

2.2.   Trámite de instancia    

     

39.             Admisión y vinculaciones. El 9 de julio de 2024, la Sala  de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de  Justicia admitió la tutela y “dispuso vincular a la actuación a las demás  partes e intervinientes del proceso [del incidente de reparación integral]”[80].    

     

40.             Escritos de respuesta. El 12 de julio de 2024, el Juzgado 002 Penal de  Conocimiento del Circuito de Pereira, así como a la Sala de Decisión Penal del  Tribunal Superior de Pereira, contestaron la acción de tutela:    

     

     

Juzgado 002 Penal                    

Solicitó su    desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.    Por otro lado, alegó que “no ha transgredido derecho fundamental alguno, por    cuanto […] tramitó, en forma legal y completa, el incidente de reparación    integral”[81].   

     

     

     

Tribunal    de Pereira                    

Argumentó que no    vulneró los derechos fundamentales de los accionantes. Esto, porque:    

1.   El incidente de reparación integral se “inicia a    solicitud de parte”[82] y no de oficio, por lo que no    tenía la obligación de remitir el expediente a la jurisdicción    contencioso-administrativa.    

2.   En el trámite del incidente de reparación actuó “dentro    del marco legal y [resolvió] todos los recursos y peticiones”[83].    

3.   Por último, refirió que la tutela no puede utilizarse    como “una tercera instancia para rebatir argumentos”[84]    ajenos al incidente de reparación integral[85].    

     

41.             Fallo de primera instancia. El 6 de agosto de 2024, la Sala  de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de  Justicia negó el amparo. En primer lugar, señaló que, conforme al artículo  104.1 de la Ley 1437 de 2011[86] (CPACA), “el factor de competencia  respecto de una entidad estatal radica por disposición legal exclusivamente en  cabeza de los jueces administrativos, para lo cual se ha puesto a disposición  de las víctimas la acción de reparación directa”[87].  En este sentido, concluyó que el Tribunal de Pereira no incurrió en defecto  alguno al determinar que “carece de competencia para decidir sobre el daño  antijurídico producido por la acción u omisión de una institución de derecho  público, dado que únicamente le corresponde lo relacionado con resarcir los  perjuicios ocasionados por la conducta punible de las personas naturales, y de  la responsabilidad de los sujetos de derecho privado”[88].    

     

42.             En segundo lugar, estimó que la sentencia  cuestionada no incurrió en defecto fáctico ni sustantivo al concluir que la  Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia no eran terceros  civilmente responsables[89]. Destacó que el condenado actuó “en uso de su  posición de profesor, donde ciertamente hay una jerarquía institucional,  […] una posición dominante”[90]. Sin embargo, no se demostró “la  incidencia con la comunidad eclesiástica, pues de acuerdo con las pruebas  testimoniales, [Alfredo] en ningún momento cumplió o ejerció su rol como  clérigo de la iglesia católica dentro del colegio”[91].  Por el contrario, “su vinculación laboral devino con ocasión de un concurso de  méritos que aquel superó, por el cual fue nombrado y posesionado”[92].  En su criterio, esto descartaba “cualquier relación con su labor sacerdotal, o  que pueda asociarse con la [D]iócesis de Pereira y/o la Conferencia Episcopal  de Colombia, en su contratación”[93].    

43.             Impugnación. El apoderado de las víctimas impugnó la decisión con base  en cuatro argumentos[94]. Primero, sostuvo que la tutela era  procedente como mecanismo excepcional porque los accionantes agotaron los  medios ordinarios de defensa. Segundo, argumentó que el fallo incurrió en  defectos: (i) fáctico, por omitir pruebas sobre la responsabilidad de la  Diócesis y del Municipio; (ii) sustantivo, por aplicar de forma restrictiva el  artículo 2347 del Cód. C.; y (iii) procedimental, por desvincular al municipio de  Pereira sin remitir el expediente al juez administrativo. Tercero, manifestó  que ambas entidades -la Diócesis de Pereira y el municipio de Pereira- eran  responsables por el hecho ajeno, en virtud de los vínculos de jerarquía,  control y vigilancia que ejercían sobre el agresor. Cuarto, alegó que la  sentencia desconoció los daños acreditados y omitió medidas de reparación, lo  cual “reflej[ó] una violación del derecho a la prevalencia de los derechos de  los niños”[95] y condujo a un escenario de  impunidad.    

     

44.             Fallo de segunda instancia. El 14 de noviembre de 2024, la  Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de  primera instancia. Sostuvo que no “se les podía endilgar [r]esponsabilidad”[96]  civil a la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia por el  hecho punible. Lo anterior, porque estaba probado que el señor Alfredo  ingresó “a la institución educativa como docente en carrera administrativa, no  tenía asignadas funciones sacerdotales y, en ese escenario, no se hallaba bajo  su supervisión”[97].    

     

3.         Actuaciones judiciales en sede de revisión    

     

45.             Selección y reparto. El 31 de  enero de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte  Constitucional seleccionó para revisión las sentencias dictadas en el proceso  identificado con el número de expediente T-10.785.266. Luego, el 14 de febrero  de 2025 el expediente de la referencia fue enviado al despacho de la suscrita  magistrada, a quien le correspondió por sorteo público. El 29 de abril de 2025,  la Sala Plena asumió el conocimiento del caso[98].    

     

46.             Autos de pruebas. Mediante autos del 20 de marzo y 30 de  mayo de 2025, la magistrada sustanciadora ordenó la  práctica de pruebas. En particular, solicitó información en relación con (i) las acciones correctivas que la Diócesis de Pereira  llevó a cabo con ocasión de las conductas en las que había incurrido  previamente el sacerdote condenado; (ii) el proceso disciplinario adelantado  por la Procuraduría Regional de Risaralda; y (iii) los actos religiosos que el  sacerdote Alfredo presuntamente celebró en la Institución Educativa La  Soledad.    

     

47.             Respuesta a los autos de pruebas. El siguiente cuadro  resume las respuestas a los autos de pruebas:    

     

Interviniente                    

Respuesta en sede de revisión   

Conferencia Episcopal de Colombia    

(CEC)                    

Informó que la CEC es una persona jurídica    autónoma, distinta e independiente de las diócesis, parroquias y demás    instituciones religiosas del país conforme al artículo 4 de la Ley 20 de    1974, por lo que no ejerce funciones de supervisión, vigilancia, control o    subordinación jerárquica respecto de dichas entidades. En consecuencia,    sostuvo no tener vínculos directos, ni información específica sobre la    relación institucional entre la Diócesis de Pereira y el sacerdote Alfredo,    ni sobre las medidas internas adoptadas tras los abusos sexuales que dieron    lugar a su condena penal. En cualquier caso, destacó que en el trámite del    incidente de reparación se probó que el sacerdote actuó como docente en una    institución educativa oficial y no en ejercicio de funciones religiosas. Esto    implica que no existe un nexo causal que permita atribuir responsabilidad    solidaria a la Diócesis de Pereira o a la misma Conferencia Episcopal.   

Jesús Alberto Buitrago Duque    

(Apoderado víctimas)                    

El apoderado de las víctimas controvirtió la    respuesta de la CEC. Sostuvo que la posición de la CEC refleja una    preocupante evasión institucional de responsabilidad frente a la violencia    sexual perpetrada por sacerdotes. Según expuso, la doble condición del    sacerdote Alfredo como docente y clérigo incrementó la vulnerabilidad    del niño abusado, al ostentar una autoridad moral y espiritual inseparable de    su investidura sacerdotal, independientemente del lugar o contexto en el que    ocurriesen los hechos. A su juicio, en sociedades    profundamente religiosas como la colombiana, es artificial y contrario a la    realidad social diferenciar rígidamente entre el rol secular y el sacerdotal.    Además, resaltó que la comunidad educativa percibía al agresor principalmente    como sacerdote, dado que ofició misas, impartió ceniza, dictó clases de    religión y realizó actividades pastorales en la institución educativa.    

     

Por otro lado, subrayó que la Iglesia Católica no    puede fragmentar ni limitar su responsabilidad según el ámbito donde ocurran    los abusos, pues la ordenación sacerdotal implica una configuración    ontológica permanente, con obligaciones continuas y sin distinciones según el    contexto. Citó disposiciones del Derecho Canónico y de la norma papal “Vos    estis lux mundo” (2019), que se refieren a la obligación institucional de    investigar abusos sexuales aun en contextos no estrictamente religiosos. Por    último, señaló que la falta de mecanismos institucionales eficaces por parte    de la CEC para prevenir, investigar y sancionar estos abusos representa una    grave omisión constitucional, que contribuye a su repetición y revictimiza.    

En respuesta al auto de    pruebas del 30 de mayo de 2025, el apoderado allegó un escrito en el que    transcribió apartes de tres testimonios rendidos en audiencias del incidente    de reparación integral:    

–          La señora Clara, vendedora de dulces en un puesto ubicado    frente al colegio y madre de un niño que cursó estudios en la misma    institución donde ocurrieron los hechos, testificó que el sacerdote celebraba    misa en el patio del colegio y que imponía la “Santa Ceniza” el miércoles de    ceniza.    

–          La señora Rosa, madre de menores de edad que estudiaron en la    Institución Educativa La Soledad, afirmó haber visto al sacerdote    vestido con atuendo clerical dentro de la institución y reiteró la referencia    a la imposición de la cruz en miércoles de ceniza.    

–          El Obispo Edgario, en audiencia del 28 de febrero de 2012,    indicó haber conocido en 2005 de quejas previas por tocamientos a menores de    edad.   

Diócesis de Pereira                    

La apoderada de la Diócesis de Pereira indicó que    el señor Alfredo no ejercía funciones pastorales al momento de los    hechos, sino labores docentes. Afirmó que su condición sacerdotal no tuvo    incidencia en la comisión de los delitos. Precisó que fue ordenado sacerdote    en 1990 y suspendido de su ministerio en dos ocasiones: la primera entre 2005    y 2007, y la segunda en mayo de 2011, cuando fue apartado de la Parroquia Santa    Claridad de Pereira. Expuso que la Diócesis inició los trámites canónicos    correspondientes, entre ellos el proceso de exclusión del estado clerical, e    informó sobre las actuaciones adelantadas ante el Nuncio Apostólico, la    Conferencia Episcopal de Colombia y la Congregación para la Doctrina de la    Fe. Agregó que la Diócesis tuvo conocimiento de los hechos de 2008 solo    cuando la Fiscalía citó al sacerdote.    

     

   II.             CONSIDERACIONES    

     

1.      Competencia    

     

48.             La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para  revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución  Política, así como los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.    

     

2.      Estructura de la decisión    

     

49.             La presente decisión tendrá la siguiente estructura. En primer  lugar, la Sala Plena estudiará si la solicitud de amparo cumple los requisitos  generales de procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales (sección  II.3 infra). En segundo lugar, si la tutela es formalmente  procedente, la Sala llevará a cabo el examen de fondo para lo cual reiterará la  jurisprudencia constitucional sobre la protección constitucional reforzada de  los NNA, se referirá a la regulación legal del incidente de reparación integral  y describirá el régimen legal de la responsabilidad civil extracontractual  aplicable a la Iglesia Católica por los abusos sexuales cometidos por párrocos  y sacerdotes (sección II.4 infra). Luego, con fundamento en las  reglas aplicables, examinará el caso concreto para determinar si la Sala Penal  del Tribunal Superior de Pereira incurrió en alguno de los defectos alegados  por los accionantes (sección II.5 infra). Por último, en caso de  encontrar acreditada una vulneración a los derechos fundamentales de los  accionantes, adoptará las órdenes y remedios que correspondan (sección II.6 infra).    

     

3.    Requisitos generales de procedibilidad    

     

50.             La Corte Constitucional ha  señalado que la procedencia formal de la acción de tutela contra providencias  judiciales es excepcional y está supeditada al cumplimiento de los siguientes  requisitos generales de procedibilidad: (i) legitimación en la causa –activa y  pasiva–, (ii) inmediatez, (iii) subsidiariedad, (iv) relevancia constitucional,  (v) identificación razonable de los hechos, (vi) efecto decisivo de la  irregularidad procesal y (vii) que la solicitud de amparo no se dirija contra  un fallo de tutela u otras sentencias que no pueden ser reprochadas por vía de  tutela. La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar un  estudio de fondo. A continuación, la Sala examinará si la presente acción de  tutela satisface estos requisitos.    

     

3.1.  Legitimación  en la causa    

     

51.             Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la  Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para  reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales[99].  Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que la solicitud  de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio, (ii) mediante  representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante  agente oficioso. En tales términos, la Corte Constitucional ha definido el  requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa como  aquel que exige que la acción de tutela sea ejercida, bien directa o  indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales[100], es  decir, por quien tiene un interés sustancial “directo y particular”[101]  respecto de la solicitud de amparo.    

     

52.             La Sala Plena constata que los accionantes (Juan, Lucia, Sofía, Elena y Pedro)  están legitimados en la causa por activa, porque son titulares de los derechos  fundamentales presuntamente vulnerados por la providencia judicial cuestionada.  Esto es así, porque fueron quienes presentaron el incidente de reparación integral.  De otro lado, la Sala constata que la acción de tutela fue presentada por el  abogado Jesús Alberto Buitrago Duque, a quien los accionantes le confirieron  poder especial para que interpusiera la solicitud de amparo[102].    

     

53.             Legitimación en la causa por pasiva. Los  artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991 prevén  que la acción de tutela procede en contra de “toda acción u omisión de las  autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar derechos  fundamentales”. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el  requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de  tutela sea interpuesta en contra del sujeto -autoridad pública o particular-  que (i) conforme a la Constitución y la ley, cuenta con la aptitud o capacidad  legal para responder a la acción de tutela y ser demandado[103] y (ii)  es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos  fundamentales[104].    

     

54.             La Sala Plena encuentra que el Tribunal Superior de Pereira está  legitimado en la causa por pasiva porque es la autoridad judicial que dictó la  decisión judicial que los accionantes cuestionan.  Esto es, el fallo del 24 de  abril de 2023 que declaró la nulidad parcial del trámite incidental, desvinculó  al municipio de Pereira como tercero civilmente responsable y confirmó la  sentencia de primera instancia[105].  Por otro lado, la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia  también están legitimadas, dado que fueron parte del incidente de reparación  integral y, además, los accionantes solicitan a la Corte declarar que son  civilmente responsables de los daños causados por el abuso sexual.    

     

3.2.  Inmediatez    

     

55.             La acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad. Sin  embargo, la Corte Constitucional ha interpretado que, conforme al artículo 86  de la Constitución, la solicitud de amparo debe ser presentada en un término  razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la  presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales[106]. La  razonabilidad del término de interposición debe examinarse en cada caso  concreto en atención a, entre otros, los siguientes criterios: (i) las  circunstancias personales del actor, (ii) su diligencia y posibilidades reales  de defensa[107],  (iii) la posible afectación a derechos de terceros derivada de la interposición  tardía de la tutela y (iv) los efectos del hecho vulnerador, esto es, si se  trata de una vulneración continuada o permanente[108].    

     

56.             La Corte encuentra que la solicitud de tutela satisface el  requisito de inmediatez. La providencia judicial cuestionada fue proferida el  24 de abril de 2023. Sin embargo, esta providencia sólo quedó en firme el 14 de  febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia (i) declaró “bien  negado” el recurso extraordinario de casación y (ii) rechazó el de queja. La  acción de tutela, por su parte, fue interpuesta el 8 de julio de 2024. En tales  términos, entre la ejecutoria de la sentencia cuestionada y la acción de tutela  transcurrieron menos de 6 meses, lo cual, en criterio de la Sala Plena, es un  término razonable.    

     

     

57.             El artículo 86 de la Constitución Política prescribe que la  acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios  de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de  tutela sólo procede en dos supuestos excepcionales[109].  Primero, como mecanismo de protección definitivo, si el afectado no  dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y  eficaz. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial  ordinario es idóneo si “es materialmente apto para producir el efecto protector  de los derechos fundamentales”[110].  Por su parte, es eficaz, si “está diseñado para brindar una protección oportuna  a los derechos amenazados o vulnerados”[111] (eficacia en abstracto)  en consideración de las circunstancias en que se encuentre el  solicitante (eficacia en concreto)[112]. Segundo, como mecanismo  de protección transitorio si, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y  eficaces, la tutela es interpuesta para evitar la consumación de un perjuicio  irremediable[113].    

     

58.             La Corte encuentra que la solicitud de amparo satisface el  requisito de subsidiariedad, dado que contra la sentencia de segunda instancia  en los incidentes de reparación integral no procede ningún recurso ordinario.  Por otro lado, en este caso tampoco proceden los recursos extraordinarios de  casación y revisión. El recurso de casación no procede dado que, tal y como lo  decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las pretensiones no  superan la cuantía mínima prevista en el artículo 338 del CGP. A su turno, los  defectos que los accionantes invocan no encuadran en ninguna de las causales  del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 355 del CGP.    

     

3.4.   Relevancia constitucional    

     

59.             El requisito  de relevancia constitucional exige que la controversia que subyace a la  solicitud de amparo verse sobre un asunto de marcada e indiscutible naturaleza  constitucional[114], que  involucra algún debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce de un  principio o derecho fundamental[115]. La  Corte Constitucional ha resaltado que para encontrar acreditado este requisito  deben constatarse tres elementos: que la solicitud (i) no versa sobre asuntos  legales o económicos, (ii) persigue la protección de facetas constitucionales  del debido proceso y (iii) no busca reabrir debates concluidos en el proceso  ordinario[116]. El  propósito de este requisito es preservar la competencia y “la independencia de  los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional”[117] e impedir  que la acción de tutela se convierta en “una instancia o recurso adicional para  controvertir las decisiones de los jueces”[118].    

     

60.             La Corte considera que la presente solicitud de amparo satisface  el requisito de relevancia constitucional. Esto es así por tres razones.  Primero, la controversia no se limita al examen de una pretensión  indemnizatoria puramente económica. Por el contrario, involucra la eventual  vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y  a la reparación integral de un niño víctima de abuso sexual, sujeto de especial  protección constitucional y convencional, así como de su núcleo familiar. Por  lo demás, la tutela está relacionada con el fenómeno de la pederastia y, según  los accionantes, con una presunta omisión deliberada del deber de denunciar  actos de abuso sexual por parte de la Diócesis de Pereira, los cuales son  asuntos de indudable relevancia constitucional. Segundo, los accionantes  denuncian tres defectos que están relacionados con facetas constitucionales e iusfundamentales  del debido proceso: (i) la omisión en la valoración de pruebas decisivas, (ii)  la interpretación supuestamente contraria a la Carta de los artículos 94, 95 y  96 del Código Penal y 107 del Código de Procedimiento Penal, al excluir al  municipio de Pereira del incidente de reparación integral, y (iii) el  desconocimiento del artículo 138 del CGP al no remitir el expediente a la  jurisdicción contencioso-administrativa tras declarar la nulidad parcial.  Tercero, la demanda no persigue reabrir debates concluidos en el trámite  ordinario; busca que se examine la compatibilidad de la sentencia con el  principio constitucional del interés superior de los NNA y la garantía de  reparación integral. Por estas razones, la Sala concluye que la acción de  tutela satisface el requisito de relevancia constitucional.    

     

3.5.   Identificación razonable de los hechos    

     

61.             Las  solicitudes de tutela que cuestionen providencias judiciales deben cumplir con  “cargas argumentativas y explicativas mínimas”[119]. El accionante tiene la  obligación de identificar de manera razonada los hechos que generaron la vulneración, así  como los derechos vulnerados[120] y  precisar la causal específica o defecto que, de constatarse, “determinaría la  prosperidad de la tutela”[121]. Estas  cargas no buscan condicionar la procedencia de la acción de tutela al  cumplimiento de “exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas  por el constituyente”[122].  Tienen como propósito que el actor exponga con suficiencia y claridad los  fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales y evitar que el  juez de tutela lleve a cabo “un indebido control oficioso de las  providencias judiciales de otros jueces”[123].    

     

62.             La Sala  constata el cumplimiento de estas cargas explicativas mínimas. Los accionantes presentaron  una descripción detallada del incidente de reparación integral y del fallo  cuestionado. Además,  identificaron de manera clara y comprensible los defectos sustantivo, fáctico y  procedimental en los que, en su criterio, el  Tribunal de Pereira habría incurrido. Asimismo, explicaron las razones por las  cuales dichos yerros presuntamente vulneran sus derechos fundamentales al  debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial  efectiva y reparación integral.    

     

3.6.  Efecto  decisivo de la irregularidad procesal    

     

63.             No  cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un  defecto que vulnere el debido proceso[124]. En este sentido, las  acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega que las  vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante son producto de  irregularidades procesales en el curso del proceso ordinario, deben demostrar  que dicho yerro tuvo un “efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna”[125].  Para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener una magnitud  significativa[126],  afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido  efectivamente en la providencia que se cuestiona.    

     

64.             La Sala Plena concluye que los defectos sustantivo y  procedimental absoluto alegados por los accionantes tienen carácter decisivo.  Esto es así, porque de constatarse su configuración, incidirían en la sentencia  cuestionada y, en concreto, en el resolutivo primero de la sentencia  cuestionada, mediante el cual el Tribunal de Pereira resolvió (i) declarar la  nulidad parcial del incidente de reparación integral y (ii) desvincular al  municipio de Pereira por falta de competencia.    

     

3.7.         La providencia objeto de la solicitud de amparo no debe ser una  sentencia de tutela u otras    

     

65.             Por último, la Sala constata que la tutela sub examine no  se interpuso contra un fallo de tutela, de control abstracto de  constitucionalidad, una sentencia del Consejo de Estado adoptada en el curso de  un proceso de nulidad por inconstitucionalidad o sentencias interpretativas  proferidas por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.    

     

66.             Conclusión en materia de procedibilidad.  Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la  presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad.  Por lo tanto, es procedente emitir un pronunciamiento de fondo.    

     

4.   Examen  de fondo    

     

67.             En esta sección, la Sala Plena  examinará si el Tribunal de Pereira vulneró los derechos fundamentales de los  accionantes al presuntamente incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y  procedimental absoluto. A dichos efectos, dividirá el análisis en cinco  acápites. En primer lugar, presentará una breve caracterización de los defectos fáctico, sustantivo y  procedimental absoluto, conforme a la jurisprudencia constitucional (sección  4.1 infra). En segundo lugar, se referirá el derecho humano y  fundamental de los niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”) a no  ser objeto de violencia y abuso (sección 4.2 infra). En tercer lugar,  describirá la regulación legal y desarrollo jurisprudencial del incidente de  reparación integral en el proceso penal, como herramienta procesal para  materializar el derecho a la reparación integral de los NNA víctimas de delitos  sexuales (sección 4.3 infra). En cuarto lugar, la Sala describirá el régimen legal de la responsabilidad  civil extracontractual de la Iglesia Católica por los daños causados por abusos  sexuales a NNA cometidos por párrocos o sacerdotes (sección 4.4 infra). En quinto lugar, con fundamento  en las reglas de decisión identificadas, la Sala Plena resolverá el caso  concreto. En esta sección, la Corte resumirá las posiciones de las partes  frente a cada defecto, planteará un problema jurídico respecto de cada uno de  ellos y luego llevará a cabo el examen de constitucionalidad (sección 5 infra).    

     

4.1.         Caracterización de los defectos  fáctico, sustantivo y procedimental absoluto. Reiteración de jurisprudencia    

     

68.             El defecto fáctico. El defecto fáctico se configura cuando  la decisión judicial se adopta con fundamento en un estudio probatorio  abiertamente insuficiente, irrazonable o arbitrario. Conforme a la  jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico tiene una dimensión positiva  y otra negativa. El defecto fáctico en su dimensión negativa se presenta cuando  el juez omite por completo la práctica o valoración de pruebas “determinantes  para resolver el caso”[127].  Por su parte, el defecto fáctico en la dimensión positiva se configura en  aquellos casos en los que la valoración de las pruebas es “manifiestamente  irrazonable”[128].    

     

69.             El defecto sustantivo. De acuerdo con la jurisprudencia  constitucional, el defecto sustantivo se presenta si la providencia judicial  cuestionada desconoce de manera manifiesta “el régimen jurídico aplicable a un  caso concreto”[129].  Esto ocurre, entre otras, cuando (i) el fundamento de la decisión judicial es  una norma que no era aplicable, por impertinente o porque ha perdido vigencia[130];  (ii) el juez interpreta la norma aplicable al caso de forma contraevidente o  manifiestamente irrazonable[131];  (iii) la autoridad judicial dejó de aplicar una norma claramente relevante[132]  o (iv) el juzgador “incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y  la decisión”[133].    

     

70.             Defecto procedimental absoluto. El defecto procedimental se configura cuando la autoridad  judicial incurre en un “error en la aplicación de las normas que fijan el  trámite a seguir para la resolución de una controversia judicial”[134].  La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defecto  procedimental: (i) defecto procedimental absoluto y (ii) defecto procedimental  por exceso ritual manifiesto[135].  El primero se presenta cuando el juez actúa totalmente al margen de las formas  propias de cada juicio, de tal manera que el procedimiento adoptado no está  sujeto a los requisitos legales, sino que obedece a su propia voluntad[136].  El segundo se configura cuando el juez utiliza o concibe los procedimientos  como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, al punto que sus  actuaciones devienen en una denegación de justicia[137].    

     

71.             La Corte ha reiterado que no cualquier error  en el trámite de un proceso configura el defecto procedimental absoluto. El  error de procedimiento “debe ser grave y trascendente, es decir que debe  influir de manera cierta y directa en la decisión de fondo y esa falencia no  puede ser imputable de manera directa ni indirecta a la persona que considera  vulnerado su derecho al debido proceso”[138].    

Asimismo, ha indicado que para declarar  el defecto debe constatarse: (i) que no haya posibilidad de  corregir la irregularidad por ninguna otra vía, (ii) que el defecto incida de  manera directa en la decisión, (iii) que la irregularidad haya sido alegada al  interior del proceso, a menos que ello hubiere sido imposible según las  circunstancias del caso, y (iv) que, como consecuencia de lo anterior, se  vulneren derechos fundamentales[139].    

     

4.2.         El derecho de los niños, niñas y  adolescentes a no ser objeto de violencia y abuso    

     

72.             El artículo 44 de la Constitución Política  dispone que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la  integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,  su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el  cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión  de su opinión”.  Asimismo, dispone que “[s]erán  protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,  venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos  riesgosos” (énfasis añadido). Por otra parte, esta disposición constitucional  consagra el principio de interés superior de los NNA, conforme al cual “[l]os  derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. El artículo  45 ibidem, por su parte, dispone que los adolescentes tienen “derecho a  la protección y a la formación integral”. En el mismo sentido, el artículo 18  de la Ley 1098 de 2006, “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la  Adolescencia”, establece que los NNA tienen derecho a ser protegidos de toda  forma de abuso sexual, en especial, de aquellas que provienen de “sus padres,  de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de  los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario”.    

     

     

74.             La especial protección de los NNA y el derecho  a no ser objeto de violencia o abuso también se encuentra prevista en  instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.  La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados (i)  “adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y  educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o  abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,  incluido el abuso sexual” (art. 19) y (ii) “se  comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso  sexuales” (art. 34). A su turno, el artículo 19 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos prevé que “[t]odo niño tiene derecho a las  medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su  familia, de la sociedad y del Estado”.     

     

75.             La Corte Constitucional[143]  y el Comité de los Derechos del Niño[144]  han desarrollado el alcance y contenido del derecho de los NNA a no ser objeto  de violencia y abuso. Al respecto, han señalado que el término violencia o  abuso cobija “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido  o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”[145]. La violencia o abuso contra los NNA “jamás es justificable”[146]; toda forma  de violencia o abuso contra los niños “es inaceptable, por leve que sea”[147].  De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la doctrina del Comité de los  Derechos del Niño, el derecho de los NNA a no ser objeto de violencia o abuso  impone al Estado, la familia y la sociedad diversas obligaciones de respeto,  protección y garantía. Estas obligaciones están desarrolladas legalmente en,  entre otras, los artículos 39 (obligaciones de la familia), 40 (obligaciones de  la sociedad) y 41 (obligaciones del Estado) de la Ley 1098 de 2006.    

     

76.             En atención al objeto de la presente tutela, la Corte resalta cuatro  obligaciones: (i) la obligación de prevenir la violencia y el abuso, (ii) la  obligación de denunciar actos de violencia y abuso, (iii) la obligación de  investigar, juzgar y sancionar a los responsables y (iv) la obligación de  celeridad y plazo razonable.    

     

–          Prevención y debida diligencia. El Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen el  deber de proteger a los NNA de todo riesgo que pueda amenazar o  perturbar su integridad y su proceso de desarrollo armónico, como, por ejemplo,  el abuso y explotación sexual[148].  Las autoridades deben actuar con la “debida diligencia para prevenir la  violencia o la violación de los derechos humanos de los NNA”[149].    

–          Denuncia. El artículo 40.4 de la Ley 1098 de 2006 dispone que  todas las personas naturales y jurídicas tienen el deber de “[d]ar aviso o  denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o  amenacen”. El artículo 219-B de la Ley 599 de 2000, por su parte, establece  sanciones penales a la persona que incumpla el deber de denuncia de ciertos  delitos contra NNA[150].  Esta obligación ha sido desarrollada por la Corte Constitucional en, entre  otras, las sentencias C-853 de 2009 y C-848 de 2014.    

–          Investigar, juzgar y sancionar. En concordancia con el artículo  44 de la Constitución, el artículo 41.6 de la Ley 1098 de 2006 dispone que el  Estado tiene la obligación de “investigar y sancionar severamente los delitos  en los cuales los niños, las niñas y adolescentes son víctimas, y garantizar la  reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados”. Esta  obligación también está prevista en los artículos 3, 6, 8 y 19 de la Convención  sobre los Derechos del Niño. Los NNA víctimas de abuso o violencia sexual son  titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral[151]. El derecho  a la verdad consiste en la facultad que tienen las víctimas de delitos de “exigir  que se conozca lo sucedido y que se promueva la coincidencia entre la verdad  que se desprende del proceso y la verdad material”[152]. El  derecho a la justicia se refiere –de forma general– a evitar la impunidad[153].  Por su parte, el derecho a la reparación integral supone el resarcimiento de  los daños causados a las víctimas con ocasión de conductas delictivas. Lo anterior,  a través de “medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción  y no repetición” [154].    

–          Celeridad y plazo razonable. Conforme a los  artículos 29 y 229 de la Constitución Política, los procesos judiciales  relacionados con presuntos actos de abuso contra NNA se deben tramitar con  celeridad en un plazo razonable, de modo que garanticen una “respuesta oportuna  frente a las pretensiones”[155]  formuladas por los afectados. El derecho fundamental de los NNA al debido  proceso se vulnera, entre otras, cuando la autoridad judicial accionada incurre  en mora judicial injustificada. La Corte Constitucional ha  definido la moral judicial injustificada como aquella que es “producto de la  falta de diligencia, la arbitrariedad o la omisión en el cumplimiento de las  funciones del juez”[156].  De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existe mora judicial  injustificada cuando “(i) se presenta un incumplimiento de los términos  señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un  motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial  o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el  cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”[157].    

     

77.             La Ley 1098 de 2006 establece criterios  específicos para orientar la actuación judicial en casos donde los NNA son  víctimas de delitos. El artículo 192 de esta ley dispone que “[e]n los  procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean  víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés  superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los  derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia,  en la Constitución Política y en esta ley”. Asimismo, el  artículo 193 ibidem prevé criterios para el desarrollo de los procesos  judiciales, los cuales exigen a la autoridad judicial, entre otras: (i) “[poner] especial atención para que en todas  las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de  delitos se les tenga en cuenta su opinión,” y (ii) “[prestar] especial atención para la sanción de los responsables, la  indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos  vulnerados”.    

     

78.             En el mismo sentido, en la Observación General  No. 13, el Comité de los Derechos del Niño precisó deberes específicos a cargo  de las autoridades judiciales que investigan actos de violencia y abuso contra  NNA:    

     

Obligaciones    de respeto, protección y garantía de las autoridades judiciales   

1.   Las garantías    procesales se han de respetar en todo momento y lugar. En particular, “todas    las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de    proteger al niño y salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su    interés superior”[158].    

2.   Los niños y    sus padres “deben ser informados debidamente y con prontitud por el sistema    judicial u otras autoridades competentes”[159].    

3.   Los niños que hayan sido víctimas de actos de violencia “deben    ser tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento judicial,    teniendo en cuenta su situación personal, sus necesidades, su edad, su sexo,    los impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez, y respetando    plenamente su integridad física, mental y moral”[160].    

4.   En todas las actuaciones en que participen niños que hayan sido    víctimas de violencia “debe aplicarse el principio de celeridad, respetando    el estado de derecho”[161].    

5.   Los procedimientos penales “deben aplicarse estrictamente para    poner fin a la impunidad generalizada de que gozan, de jure o de facto, los    autores de actos de violencia, en particular cuando se trata de agentes    estatales”.    

6.   Las autoridades judiciales deben adoptar “órdenes judiciales de    indemnización y rehabilitación para niños víctimas de actos de violencia en    sus diferentes formas”[162].    Deben “preverse medios de reparación eficaces, como la indemnización de las    víctimas y el acceso a mecanismos de reparación”[163].    

     

4.3.         La reparación de los NNA víctimas de  delitos sexuales. El incidente de reparación integral en el proceso penal    

     

79.             El derecho de los NNA víctimas de delitos  sexuales a ser reparados integralmente se materializa a través del  procedimiento penal y, en concreto, por medio del incidente de reparación  integral. El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento  Penal- dispone que las víctimas de los delitos tendrán,  entre otros, el derecho a “una pronta e integral reparación de los daños  sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados  a responder en los términos de este código”. En el proceso penal, la víctima de  la conducta punible es la persona que ha sufrido un daño como consecuencia del  delito[164].  La víctima directa “se suele identificar con el sujeto pasivo de la  conducta delictiva, o con la persona titular del bien jurídico que la norma  tutela”[165].  La víctima indirecta o perjudicado, por su parte, es toda persona que  “ha sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la  comisión del delito”[166].    

     

80.             La reparación de los daños causados por las  conductas punibles a las víctimas se rige por el principio de reparación  integral. Asimismo, en aquellos casos en los que las víctimas son NNA, al  examinar las pretensiones indemnizatorias el juez penal debe aplicar los  principios pro damnato y pro infans. El principio pro damnato impone la obligación al funcionario judicial de  favorecer “el resarcimiento al daño sufrido por la víctima, en los casos en que  ésta no se encuentre legalmente obligada a soportarlo”[167].  Asimismo, le impone “hacer prevalecer la solución más favorable a las víctimas  de un daño injusto”[168].  El principio pro infans, por su parte, es una garantía  constitucional que obliga a las autoridades “a aplicar las distintas  disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del  interés superior [de las niñas, los niños y los adolescentes]”[169].  Al mismo tiempo, este principio funciona como “herramienta hermenéutica valiosa  para la ponderación de derechos constitucionales, en el entendido de que en  aquellos eventos en que se haga presente la tensión entre prerrogativas de  índole superior, deberá preferirse la solución que otorgue mayores garantías a  los derechos de los menores de edad”[170].    

     

81.             El incidente de reparación integral está  regulado en el Capítulo IV del Título II de la Ley 906 de 2004 (arts. 102 y  siguientes). De acuerdo con  la jurisprudencia constitucional, el incidente de reparación integral es un  mecanismo procesal, independiente y posterior al trámite penal que busca  garantizar de manera efectiva y oportuna la reparación integral de la víctima  -directa o indirecta- del daño causado con el delito[171].  El artículo 102 de la Ley 906 de 2004 dispone que, una vez en firme la  sentencia condenatoria, las víctimas[172] podrán  solicitar la apertura del incidente de reparación integral de los daños  sufridos con ocasión de la conducta penal. El artículo 107 dispone que son  responsables de la reparación (i) el condenado y (ii) los terceros civilmente  responsables. El tercero civilmente responsable es “la persona que según  la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del  condenado” (énfasis añadido)[173].    

82.             En la sentencia C-425 de 2006, la Corte Constitucional examinó la  constitucionalidad del artículo 107 de la Ley 906 de 2004. En esta decisión la  Corte precisó el alcance de la intervención y obligación de reparación a cargo  del “tercero civilmente responsable”:    

     

La Corte encuentra que (i) el tercero civilmente  responsable en el sistema acusatorio no es una parte o interviniente, en los  términos del Título IV del Libro I del C.P.P. sino que su actuación se limitará  a participar, en igualdad de condiciones que la víctima, en el incidente de  reparación integral al cual (ii) deberá ser citado, de conformidad con la ley,  o acudirá al mismo en caso de buscarse una reparación de carácter económico;  (iii) podrá llamar en garantía a un asegurador; y (iv) gozará de todas las  garantías procesales, en especial aportar y controvertir pruebas, para  desvirtuar la presunción legal según la cual los daños que ocasionaron las  personas a su cuidado le son imputables por no haber ejercido adecuadamente un  control y vigilancia sobre aquéllos; rebatirá la existencia del daño causado,  el monto el mismo, la calidad de víctima, e incluso, podrá llegar a una  conciliación con la misma.    

     

83.             El juez penal puede vincular como terceros civilmente  responsables a personas naturales y jurídicas privadas que, conforme a la ley  civil, puedan estar llamadas a responder en virtud de algún régimen de  responsabilidad civil contractual o extracontractual. A continuación, la Sala  presenta una descripción general del régimen civil de la responsabilidad  extracontractual, con especial énfasis en el subrégimen de responsabilidad  directa por el hecho propio aplicable a las personas jurídicas y, en concreto,  a la Iglesia Católica, por delitos cometidos por sus agentes.    

     

4.4.         La responsabilidad civil extracontractual de la Iglesia Católica  por los daños causados por abusos sexuales a NNA cometidos por párrocos o  sacerdotes. Régimen civil y jurisprudencia ordinaria    

     

(i)           La responsabilidad civil  extracontractual. Regulación legal y subregímenes    

     

84.             El Título XXXIV del Libro Cuarto  -Obligaciones- del Cód. C. regula la responsabilidad civil. La responsabilidad  civil es “la consecuencia jurídica en virtud de la cual  quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños producidos a  terceros”[174].  El artículo 2341 del Cód. C. es el fundamento legal  del régimen de la responsabilidad civil extracontractual. Este artículo  dispone que “[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido  daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal  que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. Con  fundamento en esta disposición, la jurisprudencia reiterada de la Sala Civil de  la Corte Suprema de Justicia[175]  ha señalado que son elementos de la responsabilidad civil extracontractual: (i)  el hecho o conducta antijurídica, (ii) el factor o criterio de atribución,  (iii) el daño y (iv) el nexo causal. El cumplimiento concurrente de estos  requisitos es una condición necesaria para que surja el deber de indemnizar:    

     

Elementos    de la responsabilidad civil extracontractual   

     

Conducta                    

El primer elemento de la responsabilidad civil    extracontractual es la existencia de una “conducta humana, positiva o    negativa, por regla general antijurídica”[176].    En términos generales, una conducta es antijurídica cuando (i) está prohibida    por la ley o (ii) transgrede derechos o intereses subjetivos de terceros.    

     

Daño                    

La conducta antijurídica debe causar un daño. El    daño es toda “lesión, menoscabo o detrimento antijurídico, cierto y directo    de un interés jurídico lícito”[177].    El daño sólo será indemnizable si es (i) cierto, (ii) directo y (iii)    personal[178].    De acuerdo con la jurisprudencia ordinaria civil, existen dos tipos de daños    que se clasifican en función de la naturaleza de los intereses lesionados:    

(i)                 Patrimonial. El daño patrimonial es aquel que recae sobre un    interés jurídico pecuniario, susceptible de estimación económica. Los daños    patrimoniales comprenden (i) el daño emergente, (ii) el lucro cesante[179] y (iii)    el daño a la pérdida de oportunidad.    

(ii)              Extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial es aquel que    menoscaba “intereses jurídicos que, aunque no son estimables    pecuniariamente, ostentan un valor intrínseco para la persona y, por ende,    son resarcibles en caso de resultar lesionados”[180].    De acuerdo con la jurisprudencia civil ordinaria, existen principalmente dos    clases de daño extrapatrimonial:    

–            Daño moral. El daño moral es la “lesión    de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, ‘que corresponde a la órbita    subjetiva, íntima o interna del individuo’”[181]. Se deriva de la “aflicción, el    dolor o la tristeza que produce en la víctima”[182]    el hecho o conducta antijurídica.    

–            Daño a la vida de relación. Este daño consiste en la “afectación a la esfera exterior de la persona”[183]    cuya consecuencia es una “minoración sicofísica que le impide o    dificulta la aptitud para gozar de los bienes de la vida que tenía antes del    hecho lesivo”[184].   

     

Factor de    atribución                    

El daño debe ser atribuible o imputable a la    persona que realiza la conducta. El factor de atribución puede ser: (i)    objetivo, en los sistemas de responsabilidad objetiva[185]    (v. gr. el riesgo) o (ii) subjetivo (culpa o dolo), en los sistemas    subjetivos de responsabilidad[186].    En los sistemas subjetivos el factor de atribución puede ser de culpa probada    o presunta.   

     

Nexo    causal[187]                    

El nexo causal o relación de causalidad implica    constatar la “conexión causal jurídicamente relevante”[188] entre la    conducta y el daño. La Sala de Casación Civil ha adoptado la teoría de la causa    adecuada[189],    conforme a la cual el nexo causal “sólo puede ser develado a partir de las    reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable” [190]. El “efecto de [una] acción es únicamente ‘adecuado’ cuando esta acción ha    sido apropiada para la producción del resultado obtenido en circunstancias    normales y no sólo en circunstancias especialmente peculiares completamente    inverosímiles que han de quedar fuera de toda consideración según el curso    normal de las cosas”[191].    

     

85.             El Cód. C. establece los siguientes  subregímenes de responsabilidad extracontractual: (i) la responsabilidad civil  por el hecho propio, (ii) la responsabilidad por el hecho ajeno, con culpa  presunta (art. 2347 Cód. C.); (iii) la responsabilidad por las cosas y los  animales, fieros o no (arts. 2353 y 2354 Cód. C.); (iv) la responsabilidad por  ruina de edificios y objetos que caen de ellos (arts. 2350 y 2355 Cód. C.); y  (v) la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas (art. 2356  Cód. C.). En atención al objeto de la presente acción de tutela, a  continuación, la Sala profundizará en la responsabilidad por el hecho propio y  la responsabilidad por el hecho ajeno. Luego, examinará cuál es el régimen de  responsabilidad civil de las personas jurídicas.     

     

     

86.             El legislador estableció diferentes regímenes  de responsabilidad civil extracontractual en función del “origen físico del  daño”[192].  La responsabilidad civil por el hecho propio o “directa” es aquella que regula los  eventos en los que el responsable es el agente que causa el daño de forma  personal, física e inmediata, sin que medien otras personas o cosas bajo su  cuidado. Los elementos de la responsabilidad por el hecho propio son los  elementos generales de la responsabilidad civil extracontractual previstos en  el artículo 2341 del Cód. C. (ver párr. 84 supra).    

     

(b)          Responsabilidad por el hecho ajeno o de  otro    

     

87.             La persona obligada a indemnizar es,  usualmente, el ejecutor material del daño. Esta regla, sin embargo, no es  absoluta. El artículo 2347 del Cód. C. consagra la responsabilidad por el hecho  ajeno o el hecho de un tercero en los siguientes términos:    

     

Toda  persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de  indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.    

     

Así,  los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que  habiten en la misma casa.    

     

Así,  el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su  dependencia y cuidado.    

     

Así,  los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos  mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus  aprendices, o dependientes, en el mismo caso.    

     

Pero  cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado  que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir  el hecho.    

     

88.             La Corte Constitucional y Sala Civil de la  Corte Suprema de Justicia han señalado que la responsabilidad por el hecho  ajeno es el régimen de responsabilidad civil extracontractual en virtud del  cual una persona -principal o superior- tiene el deber de indemnizar los  daños que causa un tercero a su cargo o bajo su dependencia -agente directo -[193].  La responsabilidad se imputa al principal porque, a pesar de no ser el  causante inmediato o físico del daño, debe repararlo por el “incumplimiento del  deber de vigilar, elegir o educar -culpa in vigilando, culpa  in eligendo- al causante inmediato del daño, con quien […] tiene una  relación de cuidado o dependencia”[194].    

     

89.             De acuerdo con la jurisprudencia  constitucional y civil ordinaria, la responsabilidad por el hecho ajeno del  principal o superior surge si se acreditan dos requisitos: (a) la relación de  dependencia y (b) el incumplimiento del deber de cuidado:    

     

–          (a) Dependencia. Entre el principal y el agente directo debe existir una relación  de dependencia. La lista de relaciones o hipótesis de dependencia previstas en  los incisos 2-4 del artículo 2347 del Cód. C. es enunciativa, no taxativa[195].  En este sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido la  relación de dependencia de forma amplia como el vínculo familiar, educativo,  profesional o empresarial o de cualquier tipo que por su naturaleza le permita  al principal, “de hecho o por derecho y aun de manera apenas ocasional, dirigir  la actividad”[196]  del agente directo.    

–          (b) El incumplimiento del deber de cuidado. Debido a la relación de dependencia, la ley impone al principal  un deber jurídico de cuidado respecto de las acciones de sus dependientes. En  virtud de este deber general de cuidado, y en atención a la autoridad que  ostenta, el principal tiene obligación de elegir, vigilar o educar a sus  dependientes[197].  Lo anterior, con el objeto de impedir que “actúen en forma imprudente,  de suerte que, si la conducta de éstos genera algún tipo de daño, la ley  presume que ello acontece por desatender u omitir su función de buenos  vigilantes” [198].  El incumplimiento del principal -por acción u omisión- del deber de cuidado  (culpa in vigilando, in eligendo, o in educando) hace que  el daño causado de forma directa por el dependiente le sea imputable[199].    

     

90.             La ley asigna a la víctima del hecho dañoso la  carga de probar la relación de dependencia entre el superior y el agente  directo. Sin embargo, conforme al inciso quinto del artículo 2347 del Cód. C. y  la jurisprudencia civil ordinaria, respecto del incumplimiento del deber de  cuidado, opera un régimen de culpa presunta[200].  Esto implica que, probada la relación de dependencia, existe una presunción de  que el daño causado por el agente directo es el resultado de un incumplimiento  del deber cuidado a cargo del principal. La Sala Civil de la Corte Suprema de  Justicia ha reiterado que para desvirtuar esta presunción el principal debe  demostrar que “el agente causante del daño no estaba bajo su  vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad y el cuidado que su calidad  les confería, no habría podido impedir el hecho dañoso”[201]. Asimismo, la Sala Civil ha precisado que, para  desvirtuar la presunción, el principal debe probar la “plena de la  diligencia (…) frente al preciso evento dañoso” (énfasis añadido)[202].    

     

(c)          Responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas    

     

91.             La Sala Civil ha señalado que las personas jurídicas pueden ser  responsables jurídicamente por los daños causados por sus agentes en virtud del  régimen de responsabilidad por el hecho propio, o conforme a la denominada  responsabilidad sistémica por “culpa organizacional”.    

     

92.             Responsabilidad directa por los daños causados  por sus agentes. El artículo 633 del Cód. C. define  las personas jurídicas en los siguientes términos: “[s]e llama persona  jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer  obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”. Las  personas jurídicas al tener “plena capacidad de goce, tienen [capacidad] para  cometer culpas civiles”. Las personas jurídicas no obran por sí  mismas, sino a través de sus agentes[203].    

     

93.             De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte  Suprema de Justicia, las personas jurídicas son responsables civilmente por los  daños que sus agentes causen a terceros, en ejercicio de sus funciones dentro  la organización. En efecto, este tribunal ha sostenido que las personas  jurídicas, al tener “plena capacidad de goce, tienen [capacidad] para cometer  culpas civiles”.    

     

94.             Ahora bien, ¿cuál es el régimen de responsabilidad civil  extracontractual en virtud del cual las personas jurídicas responden civilmente  por los daños que sus agentes causan a terceros: (i) la responsabilidad  extracontractual directa por el hecho propio (art. 2341 del Cód. C.) o (ii) la responsabilidad indirecta, por el hecho  ajeno o de otro (art. 2347 del Cód. C.)? Al respecto, pueden  identificarse tres etapas en la jurisprudencia civil ordinaria. En la primera  etapa, la Sala Civil estimó que la responsabilidad civil de  las personas jurídicas “derivaba de un hecho ajeno bajo los patrones de los  artículos 2347 y 2349 del [Cód. C.]”[204].  En la segunda etapa, en virtud de la “teoría organicista”, se consideró  que el régimen de responsabilidad dependía del rol, posición o jerarquía que el  agente tenía en la organización. En este sentido, la Sala Civil sostenía que la  persona jurídica respondía (i) de forma directa por los daños causados por los  directivos en ejercicio de sus funciones y (ii) de forma indirecta, por los  daños causados por el resto de los agentes. Por último -tercera etapa-,  a partir de la sentencia de 30 de junio de 1962 (G.J. t, XCIC), la Sala  Civil de la Corte Suprema de Justicia adoptó la tesis según la cual “la  responsabilidad de las personas jurídicas es directa y tiene su  fundamento normativo en el artículo 2341 del Cód. C.”[205]. El  demandante sólo debe probar que el agente de la persona jurídica cometió el  daño “en razón o con ocasión de sus funciones”[206]. Lo  anterior, con independencia de rol que tuviera en la organización. Esta es la  jurisprudencia que actualmente está vigente:    

     

Una vez revaluada la teoría de la  responsabilidad indirecta de los entes morales, se dio paso a la doctrina de la  responsabilidad directa; desplazándose en tal forma de los artículos 2347 y  2349 al campo del 2341 del Código Civil. En relación con esta clase de  responsabilidad, nació por obra de la jurisprudencia la tesis llamada  ‘organicista’, que se explicaba diciendo que la persona jurídica incurría en  responsabilidad directa cuando los actos culposos se debían a sus órganos  directivos –directores o ejecutores de su voluntad–, y en responsabilidad  indirecta en los restantes eventos […] Sin embargo, esta caracterización de la  responsabilidad a partir de la función que el agente del daño desempeña en una  organización (dependiendo de si es directivo o subalterno), carece de un  sustento lógico y jurídico suficiente para fundamentar una teoría de la  responsabilidad civil extracontractual y, al mismo tiempo, se muestra demasiado  artificiosa e inequitativa […]. No existe un motivo razonable para variar la  posición de la entidad jurídica frente a los actos lesivos de quienes ejecutan  sus funciones por el simple hecho de que éstos desempeñen labores de dirección  o de subordinación, puesto que al fin de cuentas todos ellos cooperan al logro  de los objetivos de la persona moral, independientemente de las calidades u  oficios que realicen.    

[…]    

     

A diferencia de las personas naturales, que  poseen entendimiento, voluntad propia y autoconciencia, los entes jurídicos no  obran por sí mismos sino a través de sus agentes, por lo que los actos culposos  y lesivos que éstos cometen en el desempeño de sus cargos obligan directamente  a la organización a la que pertenecen, con apoyo en el artículo 2341 del Código  Civil, sin importar si se trata de funcionarios de dirección o de operarios […].  Fue así como a partir de la sentencia de 30 de junio de 1962 (G.J. t, XCIC),  ratificada en fallos posteriores, se recogió esa corriente jurisprudencial, al  entender la Corte que la responsabilidad extracontractual de las personas  jurídicas es directa, cualquiera que sea la posición de sus agentes productores  del daño dentro de la organización[207].    

     

95.             La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha  señalado que la tesis según la cual las personas jurídicas incurren en  responsabilidad civil directa -tercera etapa- “favorece a las víctimas del perjuicio, puesto que no sólo se amplía  el término de la prescripción de la acción (art. 2358 Cód. C.), sino que se  atenúa la carga probatoria con relación a los requisitos de la responsabilidad  por el hecho ajeno”[208]. A diferencia del régimen de responsabilidad por el hecho ajeno, en el  régimen de la responsabilidad directa por el hecho propio “al demandante no se  le exige demostrar la relación de dependencia o subordinación del autor del  daño respecto del ente moral ni el [incumplimiento] del deber de vigilancia de  éste frente a aquél”[209]. El demandante sólo debe probar (i) los elementos generales de la  responsabilidad civil (conducta del agente, daño, nexo causal y factor de  atribución) y (ii) que el agente de la persona jurídica cometió el daño “en  razón o con ocasión de sus funciones”[210].    

     

96.             Por esta misma razón, la  persona jurídica no se exime de responsabilidad “si demuestra que el agente  causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad  y el cuidado que su calidad les confiere no habría podido impedir el hecho  dañoso”. Estas circunstancias “son irrelevantes en tratándose del régimen de  responsabilidad directa de los entes morales”[211]. La  persona jurídica sólo podrá eximirse de responsabilidad (i) “proponiendo la ausencia de culpa de sus dependientes, que en últimas  traduce la ausencia de su propia culpa” o (ii) que “no hay vínculo causal entre  el proceder de sus agentes y el daño cuya reparación se persigue, que implica  sostener la inexistencia de dicha causalidad entre su propio proceder y el  daño”[212].  Esto último, “probando el  caso fortuito, el hecho de tercero o la culpa exclusiva de la víctima”[213].    

     

97.             La responsabilidad “sistémica” derivada de la  culpa organizacional. A partir de la sentencia  SC13925-2016, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desarrolló la  doctrina de la responsabilidad “sistémica” de las personas jurídicas derivada  de la “culpa organizacional”. La responsabilidad sistémica es aquella que se  deriva, no de una conducta ilícita de un agente específico de la organización,  sino que “puede deberse a falencias de planeación, de  control, de organización, de coordinación, de disposición de recursos, de  utilización de la tecnología, de flujos en la comunicación, de falta de  políticas de prevención, entre otras variables que deben quedar plenamente  identificadas para efectos de asignación de responsabilidad, pero que no  siempre son atribuibles a uno o varios individuos determinados”[214].    

     

98.             Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de  Justicia señaló que:    

     

Los seres humanos son sistemas psíquicos, las personas jurídicas  estructuradas en forma de organizaciones son sistemas compuestos por personas  naturales, pero no son únicamente una suma o agrupación de personas naturales.  De hecho, los sistemas organizativos se definen a partir de su diferenciación  con el entorno y con los elementos que los conforman; por ello sus procesos,  actuaciones, métodos, estructuras y fines no son los mismos ni coinciden con  los de sus miembros o elementos.    

     

De ahí que en tratándose de la responsabilidad de las personas  jurídicas constituidas en forma de sistema, como lo son las entidades de la  seguridad social en salud, lo primero que hay que hacer es adentrarse en el  análisis del funcionamiento y estructura de dicho sistema, pues es la única  forma de establecer el origen de la responsabilidad, su fundamento y los  límites entre la responsabilidad del ente colectivo y la de cada uno de sus  miembros.    

     

Según se explicó en el capítulo anterior, la dogmática del siglo XIX  permitió atribuir responsabilidad extracontractual al ente colectivo mediante  la previa imputación del daño a un agente determinado, lo que implicaba  desconocer la realidad de los procesos organizacionales del mundo de hoy, que  suelen ocasionar daños a terceros mediante culpa o infracción de deberes de  cuidado propios de la persona jurídica, aun cuando no sea posible atribuir el  origen de la anomalía o hacer el juicio de reproche a un individuo en concreto[215].    

     

99.             De acuerdo con la Sala Civil, para que surja la responsabilidad sistémica no es “exigible la  falta de cuidado atribuible a una persona natural determinada”. Lo que  interesa “para efectos de endilgar responsabilidad directa al ente colectivo es  que el perjuicio se origine en los procesos y mecanismos organizacionales  constitutivos de la culpa in operando, es decir que la lesión a un bien  jurídico ajeno se produzca como resultado del despliegue de los procesos  empresariales y que éstos sean jurídicamente reprochables por infringir los  deberes objetivos de cuidado; lo cual no sólo se da en seguimiento de las  políticas, objetivos, misiones o visiones organizacionales, o en acatamiento de  las instrucciones impartidas por los superiores”. Esta doctrina ha sido reiterada  por la Sala Civil en las sentencias SC9193-2017 y SC5199-2020.    

     

(ii)         La responsabilidad civil  de la Iglesia por los abusos sexuales cometidos por párrocos contra menores de  edad. Jurisprudencia civil ordinaria y derecho comparado    

     

100.       La  responsabilidad de la Iglesia Católica por los actos de abuso sexual a NNA  en contextos religiosos es una problemática mundial, así como un “asunto de  relevancia social”[216]  que ha sido abordado por la Corte Constitucional[217], la Corte  Suprema de Justicia, tribunales superiores de diferentes distritos judiciales, tribunales  extranjeros y el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. A  continuación, la Sala Plena se referirá a las decisiones más relevantes de la  jurisdicción civil ordinaria, respecto de la responsabilidad civil  extracontractual de la Iglesia por actos de abuso sexual cometidos por párrocos  o sacerdotes. Luego, presentará una breve referencia a pronunciamientos de  cortes y tribunales extranjeros, y organismos internacionales.    

     

     

101.       La  sentencia SC13630-2015 es la sentencia hito en la jurisdicción civil. En esta  decisión, la Corte Suprema de Justicia resolvió la demanda de responsabilidad  civil interpuesta por dos menores de edad y sus familiares en contra de la  Diócesis de Líbano–Honda (Tolima) y Luis Enrique Duque Valencia, párroco de la Iglesia  San Antonio de Padua. La parte demandante alegaba que el párroco y la Diócesis  de Líbano eran responsables civiles por el delito de acceso carnal abusivo que  el sacerdote cometió contra los dos menores de edad. Según la demanda, (i) el  sacerdote era responsable por el hecho propio y (ii) la Diócesis era  responsable de forma solidaria por incumplimiento del deber de cuidado,  conforme al régimen de responsabilidad por el hecho de otro.    

     

102.       En  primera instancia en el proceso ordinario, el Juzgado 001 Civil del Circuito de  Líbano condenó al sacerdote, pero absolvió a la Diócesis de Líbano al  considerar que no existía prueba que acreditara “la vinculación jurídica,  contractual, legal o laboral entre la Diócesis y el sacerdote demandado, lo  cual es requisito indispensable para que haya lugar a responsabilidad por el  hecho ajeno”. En segunda instancia, el Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Ibagué confirmó la condena al sacerdote y, además,  encontró que la Diócesis también era responsable por el hecho ajeno, en los  términos del artículo 2347 del Cód. C. En criterio del Tribunal de Ibagué, si  bien “no puede deducirse que entre la iglesia y el presbítero existe un vínculo  laboral o contractual (…) sí existe una relación de autoridad y subordinación”.  Esto implicaba que el obispo o superior jerárquico tenía la obligación de  vigilar al párroco, el señor Luis Enrique Duque Valencia. Sin embargo, el  obispo incumplió este deber.    

     

103.       La  Diócesis de Líbano presentó recurso de casación. Argumentó que el Tribunal  Superior de Ibagué incurrió en error de derecho y de hecho. Primero -error  de derecho por indebida aplicación de la ley sustancial-, sostuvo que el  Tribunal aplicó el régimen de responsabilidad equivocado. Al respecto, señaló  que, de acuerdo con la jurisprudencia civil ordinaria reiterada, el régimen  aplicable a la responsabilidad civil de las personas jurídicas por los actos de  sus agentes o dependientes era el de la responsabilidad por el hecho propio, no  por el hecho ajeno. Segundo -error de hecho-, argumentó que, en  cualquier caso, no estaban probados los requisitos de la responsabilidad por el  hecho ajeno. Lo anterior, porque el Tribunal de Ibagué no acreditó que (i) la  Diócesis tuviera un deber de vigilancia y control respecto del sacerdote y (ii)  hubiera incumplido tal deber. Según el recurso de casación, la obligación de  vigilancia de la Diócesis “se circunscribía única y exclusivamente  a instruir sobre las tareas pastorales, propias de todos los Ministros de la  Iglesia, y no a actuaciones tan íntimas, personales y confidenciales como son  las que rodean su vida privada, en especial las de índole sexual” (énfasis  añadido).    

     

104.       Para  resolver el recurso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dividió el  examen en tres secciones: (a) el régimen de responsabilidad civil aplicable a  las Diócesis de la Iglesia Católica por los daños causados por los sacerdotes,  (b) los requisitos de la responsabilidad civil de la Diócesis de la Iglesia  Católica respecto de daños causados por sus párrocos, y (c) la responsabilidad  civil de la Diócesis de Líbano en el caso concreto. Por su importancia para  resolver la presente solicitud de tutela, a continuación, la Corte sintetiza  las consideraciones de la Sala Civil:    

     

105.       (a)  Régimen de responsabilidad civil aplicable a la Diócesis por los daños  causados por los sacerdotes. A título preliminar, la Sala Civil reconoció  que, tal y como se alegó en el recurso de casación, la jurisprudencia ordinaria  ha reiterado que el régimen aplicable a las personas jurídicas por los daños de  sus agentes es el de la responsabilidad directa por el hecho propio, no el de  la responsabilidad por el hecho ajeno. Esta regla cobija la responsabilidad  civil de las diócesis de la Iglesia Católica por los daños ocasionados por  párrocos o sacerdotes, dado que las diócesis son personas jurídicas de derecho  público no estatal, cuyo régimen de responsabilidad civil se rige por las normas  civiles[218].  En este sentido, la Sala Civil concluyó que el Tribunal de Ibagué erró al  examinar la responsabilidad civil de la Diócesis de Líbano con base en la  reglas y requisitos previstos en el artículo 2347 del Cód. C[219].    

     

106.       En  criterio de la Sala Civil, sin embargo, este error carecía “de la virtualidad  de variar la decisión a la que llegó el ad quem”. Esto, por tres  razones. Primero, la Sala Civil señaló que la prohibición de opción[220] “se predica  únicamente entre la responsabilidad contractual y la extracontractual”. Esta  prohibición no se “ha hecho extensiva a las subespecies de la responsabilidad  aquiliana, por la sencilla razón de que en éstas el origen fáctico de la  controversia no cambia por el hecho de sustentar jurídicamente el libelo en una  u otra de las normas que configuran la responsabilidad común por los delitos y  las culpas”. Segundo, en este caso el error en la escogencia del régimen de  responsabilidad aplicable era imputable al Tribunal, no a la parte accionante.  Tercero, el error del Tribunal no era en la parte resolutiva porque, con  independencia del régimen de responsabilidad aplicable, la Diócesis era  civilmente responsable.    

     

107.       (b)  Requisitos de la responsabilidad civil extracontractual de las Diócesis de  la Iglesia Católica respecto de daños causados por sus párrocos. La Sala  Civil definió los requisitos de la responsabilidad civil de las Diócesis de la  Iglesia Católica respecto de daños causados por sus párrocos, derivados de  abusos sexuales. Al respecto, fijó cinco reglas de decisión relevantes:    

     

108.       Regla  1. El régimen de responsabilidad civil de las Diócesis de la Iglesia  Católica respecto de los daños causados por sus párrocos por abuso sexual es,  por regla general, el de la responsabilidad directa por el hecho propio que  consagra el artículo 2341 del Cód. C. Lo anterior, siempre que los párrocos o  sacerdotes hubieren causado el daño “en razón o con ocasión de sus funciones, o  prevalidos de tal condición, es decir, cuando causan una lesión a terceros  dentro del ejercicio normal de las tareas que deben cumplir dentro de la  organización o cuando abusan o incumplen la labor que están llamados a  desempeñar”.    

     

109.       Regla  2. La Diócesis debe responder civilmente incluso cuando los daños causados  son el resultado del ejercicio abusivo de la función sacerdotal. Al  respecto, la Sala Civil señaló que:    

     

No  hay duda de que el oficio sacerdotal es un encargo público eclesiástico y quien  lo desempeña lo hace a nombre de la Iglesia a la que pertenece, de manera que  la responsabilidad civil derivada del ejercicio abusivo de ese ministerio es  institucional de la organización religiosa, por lo que la Iglesia tiene la  obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses en  razón o con ocasión del desempeño de su misión pastoral,  tanto espiritual como terrenal[221].    

     

110.       Regla  3. El párroco y la Diócesis son responsables de forma solidaria por  el daño causado a la víctima de abuso sexual. Según la Sala Civil, en “los  eventos de acceso carnal violento o acto sexual abusivo cometidos por  sacerdotes, no hay duda de que el autor del delito responde penal y civilmente  por su acción autónoma”[222].  Sin embargo, cuando “el clérigo haya actuado con ocasión de su ministerio,  prevalido de su posición de figura pública y respetable, y aprovechando la  confianza que los feligreses depositan en la reputación espiritual y moral de  su pastor religioso”, la diócesis también es “directamente responsable por las  consecuencias civiles de la conducta punible ejecutada por el sacerdote a ella  incardinado”[223].    

     

111.       Regla  4. La Diócesis de la Iglesia Católica no responde de forma directa por todos  los daños que causen los párrocos. La Sala Civil diferenció tres escenarios. Al  respecto señaló que la responsabilidad civil extracontractual de un religioso o  ministro del culto puede presentarse: (i) escenario 1: “como despliegue  de su exclusiva autonomía privada por fuera del ámbito eclesiástico”  (énfasis añadido); (ii) escenario 2: “como acto de representación de la  Iglesia”; o (iii) escenario 3: “como conducta prevalida de la posición que  ocupa en el seno de esa organización religiosa”. Según la Sala Civil, en el  primer evento “responderá personal y exclusivamente el clérigo; en los dos  últimos la Iglesia tendrá responsabilidad civil directa y solidaria por los  actos culposos o dolosos de los agentes a ella incardinados, realizados en  ejercicio de la misión pastoral y espiritual inherentes a esa persona moral,  considerados por tanto como hecho propio”[224].    

     

112.       Regla  5. El daño causado por la Iglesia a sus feligreses por los delitos sexuales  cometidos por sus clérigos “repercute gravemente no sólo en los fieles sino en  la sociedad entera, dada la doble dimensión terrenal y espiritual de esta  organización”. Por esta razón, la reparación del daño debe ser integral,  lo que implica, según la Sala Civil, que “tendría que satisfacerse no sólo con  una compensación de carácter pecuniario, sino, además, mediante la restitución  de todos los bienes jurídicos constitucional y legalmente quebrantados con la  conducta indigna del clérigo, tal como lo es el valor espiritual de las  víctimas directas y de la propia comunidad”[225].  Limitar el alcance de la responsabilidad civil “a un ámbito estrictamente  patrimonial reñiría con el ordenamiento constitucional y legal, toda vez que  quedarían sin resarcir algunos bienes jurídicos de superior raigambre que  inciden, incluso, en el orden y la moralidad general”[226].    

     

113.       (c)  La responsabilidad civil de la Diócesis de Líbano en el caso concreto.  Con fundamento en las reglas de decisión citadas, la Sala Civil concluyó que,  en el caso concreto, la Diócesis de Líbano era responsable de forma directa y  solidaria -por el hecho propio- de los daños causados por el abuso sexual que  el párroco Luis Enrique Duque Valencia cometió.    

     

114.       En  primer lugar, la Sala Civil constató que “[e]l autor del delito era un  sacerdote incardinado a la Diócesis de Líbano–Honda, quien desplegó su conducta  punible en razón y con ocasión de su misión pastoral, y prevalido de su  condición clerical, porque cuando los menores de edad fueron puestos al cuidado  del presbítero para que les brindara apoyo y ayuda económica y espiritual, ello  obedeció a su calidad de persona religiosa y a que era un representante de la  Iglesia Católica; toda vez que no se encomendaron al cura como hombre de mundo  o como persona secular”[227].  Al respecto, resaltó que:    

     

“De hecho, entre los deberes que el Código de Derecho  Canónico impone a los sacerdotes está el de «procurar de manera particular  la formación católica de los niños y de los jóvenes…» (canon 528); misión  que no se limita al contexto de dar misa dentro de las iglesias, sino que se  ejercita todos los días y en todo lugar, por lo que se trata de una especial e  importante actividad de carácter pastoral” (subrayado fuera del original).    

     

115.       En  segundo lugar, la Sala Civil enfatizó que, en el caso concreto, se demostró que  “los actos ilícitos cometidos por el párroco de la iglesia San Antonio de Padua  se ejecutaron en las mismas instalaciones de la Parroquia, en razón y con  ocasión de la labor que realizaba el sacerdote, y prevalido de su función  clerical, pues los padres acudieron a éste por la misión pastoral que  desempeñaba, a quien confiaron la integridad de los niños en busca de una mejor  formación personal y espiritual, y para participar de la caridad y consolación  que pudiera brindarles la Iglesia”[228].    

     

116.       En  tercer lugar, la Sala Civil encontró que la extralimitación de las funciones  del párroco no era una eximente de responsabilidad. Enfatizó que “no es  aceptable la excusa esgrimida por la demandada en el sentido de que «se  trata de actos que, de haber existido, son ajenos a la misión pastoral,  principios religiosos y valores inculcados por la Iglesia Católica» (folio  76)”[229].  Esto último, porque si bien es cierto que la función de la Iglesia no es causar  daño a los feligreses, “está probado que el sacerdote se aprovechó de su  investidura religiosa para cometer delitos sexuales sobre los menores [de edad],  es decir que realizó un inadecuado uso de su misión pastoral para abusar de los  niños”[230].    

     

117.       Con  fundamento en estas consideraciones, la Sala Civil resolvió no casar la  sentencia de segunda instancia, en la que el Tribunal Superior de Ibagué había  (i) confirmado la condena del sacerdote y (ii) concluido que la Diócesis también  era un tercero civilmente responsable.      

     

–                  Sentencias de Tribunales Judiciales de Distrito Judicial    

118.       La  Corte advierte que algunos Tribunales Superiores de Distrito Judicial también  han examinado la responsabilidad civil extracontractual de la Iglesia Católica  por los abusos sexuales cometidos por sus párrocos. Tal y como se muestra en la  siguiente tabla, estos tribunales han adoptado una aproximación similar a la  que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia adoptó en la Sentencia  SC13630-2015:    

     

     

     

     

     

Tribunal de Bogotá, Sala    Civil, Sentencia del 30 de enero de 2024.                    

El Tribunal de Bogotá resolvió la acción de    responsabilidad civil extracontractual que David Lara, Ulpiano Lara y otros,    interpusieron en contra del Obispado Castrense de Colombia y la Congregación    Hijos de la Sagrada Familia. Los demandantes alegaron que el obispado y la    congregación eran responsables civiles por los abusos sexuales que sacerdote    Freddy Rodríguez cometió en contra de algunos niños. El delito fue cometido    mientras el sacerdote Freddy Rodríguez era rector de la institución educativa    en la que los niños estudiaban. El tribunal declaró que ambas entidades -obispado    y congregación- eran solidariamente responsables conforme al artículo 2341    del Cód. C. Esto, por considerar que el sacerdote actuó prevaliéndose de su    posición institucional, en su calidad de incardinado y miembro del Obispado    Castrense de Colombia, así como de su posición como rector del Colegio.   

     

     

     

Tribunal de Manizales,    Sala Civil, Sentencia del 24 de agosto de 2017.                    

El Tribunal de Manizales resolvió la acción de    responsabilidad civil extracontractual interpuesta por parte de una víctima    menor de edad y su madre, contra un sacerdote y la Arquidiócesis de    Manizales. Los demandantes alegaron responsabilidad civil por los abusos    sexuales cometidos por el sacerdote en la casa cural de Filadelfia, Caldas,    debido a la falta de vigilancia institucional. El Tribunal declaró civil y solidariamente    responsable a la Arquidiócesis según el artículo 2341 del Cód. C.,    atribuyendo responsabilidad directa por hecho propio. Lo anterior, al    considerar que el sacerdote cometió el delito prevalido de su función    clerical, bajo la autoridad institucional directa del obispo.    

     

–                  Derecho internacional y comparado    

     

119.       Decisiones  de Cortes o Tribunales de otros países. La responsabilidad de la Iglesia  Católica por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes ha sido objeto de  decisiones judiciales en otras jurisdicciones. Tribunales de cierre de Chile,  España y Canadá, entre otros, han reconocido la responsabilidad de las diócesis  u otros organismos eclesiásticos por estos hechos:    

     

     

Chile    

     

Corte de Apelaciones de Santiago,    Novena Sala, Sentencia C-9209-2012, del 27 de marzo de 2019.                    

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile    resolvió la acción civil extracontractual de indemnización interpuesta por Juan    Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton contra la Iglesia Católica    (Arzobispado de Santiago). Los demandantes alegaron responsabilidad por culpa    organizacional y encubrimiento frente a abusos sexuales cometidos por el    sacerdote Fernando Karadima. La Corte declaró al Arzobispado responsable    directo por hecho propio (art. 2314 del Cód. C. chileno), por la negligencia    y encubrimiento del hecho punible. Esto, porque no investigó de forma    oportuna ni tomó medidas para proteger a las víctimas.   

     

España    

     

Tribunal Supremo, Sala Segunda Penal,    Sentencia 140/04, del 9 de febrero de 2004.                    

La Sala Segunda Penal del Tribunal Supremo    resolvió el recurso de casación interpuesto por varias víctimas contra el    Obispado de Tui-Vigo. Las víctimas alegaron que el obispo era responsable    civil subsidiario en un proceso penal por abusos sexuales cometidos por un    sacerdote. El tribunal declaró responsable al Obispado conforme al artículo    120.3 del Cód. P. español, por el incumplimiento de los deberes de    vigilancia, al constatar que no había supervisado  al sacerdote, lo que    facilitó los abusos ocurridos en la casa parroquial.   

     

Canadá    

     

Tribunal Supremo, Sentencia 2004 SCC    17, del 25 de marzo de 2004.                    

El Tribunal Supremo de Canadá resolvió la acción    civil extracontractual interpuesta por 36 demandantes contra la Corporación    Episcopal Católica Romana de St. George’s por abusos sexuales cometidos por    el sacerdote Kevin Bennett. Alegaron responsabilidad directa e indirecta por    negligencia y falta de intervención de los obispos. El tribunal declaró a la    corporación responsable directa por negligencia de sus obispos al no detener    los abusos, aun sabiendo o debiendo saber de los mismos. También declaró que    la Corporación Episcopal era responsable indirecta[231], porque    las omisiones institucionales aumentaron significativamente el riesgo,    otorgando al sacerdote poder sobre víctimas vulnerables y facilitando las    condiciones para cometer los abusos.    

     

120.       Comité  de los Derechos del Niño de la ONU. En las Observaciones finales sobre el  segundo informe periódico de la Santa Sede, publicado el 25 de febrero de 2014,  el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se pronunció sobre los abusos  sexuales de niños y actos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia  Católica[232].  El Comité expresó su preocupación porque “la Santa Sede no ha reconocido el  alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para  abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos, y porque ha  adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de  dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores”. En particular,  el Comité enfatizó las siguientes preocupaciones:    

     

a)      Personas que, era bien sabido, abusaron sexualmente de niños hayan sido  transferidas de una parroquia a otra, o a otros países, con la intención por la  Iglesia de encubrir estos delitos. Esta práctica ha sido ha sido documentada  por numerosas comisiones de investigación nacionales. La práctica de la  movilidad de los autores del delito ha permitido a muchos sacerdotes permanecer  en contacto con niños y seguir cometiendo abusos de estos, lo cual pone a los  niños de muchos países en alto riesgo de abuso sexual por clérigos. Se tiene  conocimiento de que decenas de personas que abusaron sexualmente de niños  siguen en contacto con estos.    

     

[…]    

     

b)     En los casos en que la Santa Sede ha tratado el abuso sexual de niños,  lo ha considerado un delito grave contra la moral, objeto de procedimientos  confidenciales que dispusieron medidas disciplinarias que han permitido a la  gran mayoría de los abusadores y a casi todas las personas que han encubierto  el abuso sexual de niños evadir los procedimientos judiciales en los Estados en  que se cometieron esos abusos.    

c)      Debido a un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero  so pena de excomunión, los casos de abuso sexual de niños prácticamente nunca  se han denunciado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los  países en que se cometieron los delitos. En cambio, se ha informado al Comité  de casos de monjas y sacerdotes condenados al ostracismo, degradados y  apartados del sacerdocio por no respetar el código de silencio, así como casos  de sacerdotes felicitados por negarse a denunciar a los que habían cometido  abusos sexuales contra niños, como lo hizo el Cardenal Castrillón Hoyos en una  carta dirigida al Obispo Pierre Pican en 2001.    

d)     Nunca se ha impuesto la obligación de interponer denuncias ante las  autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley, lo cual se rechazó  explícitamente en una carta oficial dirigida por el Obispo Manuel Moreno y el  Arzobispo Luciano Storero a la Conferencia Episcopal de Irlanda en 1997. En  muchos casos, las autoridades eclesiásticas, incluidas las jerarquías más altas  de la Santa Sede, han demostrado su renuencia y en algunos casos, se han negado  a cooperar con las autoridades judiciales y las comisiones de investigación  nacionales.    

     

121.       Con  fundamento en esta información, el Comité resolvió “exhorta[r] enérgicamente a  la Santa Sede” a, entre otras: (i) “[s]eparar  inmediatamente del cargo a todas las personas de las que se sabe o sospecha que  han cometido abusos sexuales de niños y remitir la cuestión a las autoridades  pertinentes encargadas de hacer cumplir la ley para la investigación y el  enjuiciamiento; (ii) “[e]stablecer normas,  mecanismos y procedimientos claros para que se denuncien todos los casos en que  se sospecha el abuso y la explotación sexuales de niños a las autoridades  encargadas de hacer cumplir la ley”; y (iii) “[g]arantizar que todos los  sacerdotes, personal religioso y particulares sujetos a la autoridad de la  Santa Sede tengan conciencia de sus obligaciones de informar de ello y del  hecho de que, en caso de conflicto, estas obligaciones tengan precedencia sobre  las disposiciones del derecho canónico”.    

     

122.       En  síntesis, la Corte nota que múltiples tribunales en el mundo y órganos  internacionales han reconocido la responsabilidad civil de entidades de la  Iglesia Católica en contextos de abuso sexual contra NNA, no solo por la  conducta de los agresores, sino también por la omisión institucional en la  prevención, sanción y reparación de estos hechos. Esta tendencia evidencia un  consenso creciente sobre el deber de las entidades eclesiásticas de responder  cuando su inacción, tolerancia o encubrimiento contribuyen a la comisión o  impunidad de graves violaciones a los derechos de NNA.    

5.      Caso concreto    

     

123.       Los  accionantes alegan que el Tribunal de Pereira incurrió en los siguientes  defectos: (i) defecto sustantivo y procedimental por haber desvinculado al  municipio de Pereira del incidente de reparación integral; y defecto fáctico  por indebida valoración probatoria respecto de (ii) la responsabilidad civil de  la Diócesis de Pereira, (iii) el daño moral al tío y prima del niño, y (iv) el  daño a la vida de relación de Juan. En esta sección, la Sala Plena  examinará la configuración de cada defecto en un acápite independiente. En cada  acápite, la Corte resumirá las posiciones de las partes, formulará un problema  jurídico específico y llevará a cabo el examen de constitucionalidad.    

     

5.1.         El presunto defecto sustantivo y procedimental por la  desvinculación del municipio de Pereira    

     

(i)           Posiciones de las partes    

     

124.       Sentencia  cuestionada – Tribunal de Pereira. En la providencia judicial cuestionada,  el Tribunal de Pereira señaló que, de acuerdo con la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal[233], así como la de la Sección Tercera del Consejo de Estado,  “el juez penal carece de competencia para vincular a una institución de derecho  público” al trámite de reparación integral. Por competencia, “son los jueces  administrativos quienes deben conocer de las demandas de responsabilidad de las  entidades públicas. Así, quienes son reconocidas como víctimas para obtener una  reparación en el proceso penal, deben solicitar la indemnización contra el  condenado por medio del incidente de reparación integral y “‘a través de la  acción de reparación directa o patrimonial contra la entidad pública que tenía  a su servicio al funcionario responsable’”. Con fundamento en esta jurisprudencia,  resolvió declarar la nulidad parcial de lo actuado a partir de la vinculación  del municipio de Pereira como tercero civilmente responsable y ordenó su  desvinculación del trámite.    

     

125.       Defectos alegados por los accionantes. Los  accionantes alegaron que, al desvincular al municipio de Pereira, el Tribunal  de Pereira incurrió en defecto sustantivo porque “[n]o existiendo norma  expresa que impida la vinculación de una entidad pública al incidente de  reparación integral, negarla representa una violación directa de la ley  sustancial, especialmente los artículos 94, 95, 96 del Código Penal y 107 del  Código de Procedimiento Penal”. Según los accionantes:    

     

–          El municipio de Pereira era el empleador del condenado. En este sentido,  “es un tercero civilmente responsable según las voces del artículo 107 del  Código de Procedimiento Penal, por ser la persona que según la ley civil deba  responder por el daño causado por la conducta del condenado, en razón de ello  fue citado al incidente de reparación integral”.    

–          La prohibición de vincular a entidades públicas como terceros civilmente  responsables “existió en el art. 58 del Dcto. 50 de 1987, pero ella fue  derogada expresamente con la expedición del Código de Procedimiento Penal, art.  573, del Decreto 2700 de 1991”.    

–          Las sentencias de la Sala de Casación Civil que el Tribunal de Pereira  invocó como fundamento para desvincular al municipio de Pereira no constituyen  doctrina probable ni precedente en estricto sentido.    

–          La doctrina autorizada en la materia ha señalado que las entidades  públicas pueden ser partes en los incidentes de reparación integral. El  profesor Javier Tamayo Jaramillo ha indicado que “la disposición contenida en  el artículo 153 del C.P.P., se le puede aplicar al Estado, en los eventos en  los cuales sin haber participado en la comisión del hecho punible su conducta  se haya tipificado conforme a las normas del código civil. De tal suerte, el  Estado podrá ser llamado al proceso cuando sea responsabilidad sea indirecta”.    

     

126.       Por  otro lado, los accionantes alegaron que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto  procedimental absoluto por desconocimiento del artículo 138 del CGP. Esto,  porque más de 10 años después de interpuesta la solicitud de reparación  integral, el Tribunal de Pereira declaró probada la falta de legitimación del  municipio de Pereira. Sin embargo, “no cumplió el deber legal de remitir el  expediente al juez que consideraba competente”.    

     

127.       Problema  jurídico. En tales términos, la Sala debe resolver el  siguiente problema jurídico:    

     

¿El Tribunal de Pereira incurrió en  defecto sustantivo y procedimental absoluto al (i) declarar improcedente la  vinculación del municipio de Pereira como tercero civilmente responsable en el  incidente de reparación integral y (ii) omitir la remisión del expediente a la jurisdicción  contencioso-administrativa, pese a haber declarado su falta de competencia?    

     

(ii)              Análisis de la Sala    

     

128.       Defecto sustantivo. La Sala Plena  considera que el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo. La Sala Plena  reconoce que los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004, que regulan  el incidente de reparación integral en el proceso penal, no prohíben  expresamente la vinculación de entidades públicas. Sin embargo, la Sala de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Tercera del Consejo  de Estado han interpretado, en reiterada y pacífica jurisprudencia, que las  entidades públicas no pueden ser vinculadas al incidente de reparación  integral. Esto es así, porque su juez natural es el de la jurisdicción de lo  contencioso administrativo, lo que implica que la jurisdicción ordinaria está  en “imposibilidad jurídica [de] imponerle al Estado la carga de responder  patrimonialmente para reparar los perjuicios causados con los hechos de sus  agentes”[234].  En efecto, conforme al artículo 104.1 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la  jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá los procesos “relativos  a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera  que sea el régimen aplicable”. En concordancia, el artículo 155 ibidem,  asigna a los jueces administrativos en primera instancia, la competencia para  conocer las demandas de “reparación directa, inclusive aquellos provenientes de  la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de  mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.    

     

129.         Con  fundamento en estas disposiciones, la Sala de Casación Penal ha señalado que:    

     

[L]a Jurisdicción de lo contencioso  administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios  originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas  que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado; mientras  que la Jurisdicción Ordinaria es la encargada de resolver los conflictos  surgidos entre los particulares, y aquellos asuntos que no estén atribuidos por  la Constitución o la ley a otra jurisdicción.    

     

Una interpretación sistemática […] nos  permite concluir que es un mandato supralegal: el que en materia de  responsabilidad patrimonial el Juez natural del Estado sea la jurisdicción de  lo contencioso administrativo.    

     

Ahora bien, en razón al tamiz que habría de  pasar la petición del incidentante, relevante resultaría hacer la distinción  entre esos dos tipos de responsabilidad extracontractual (directa e indirecta),  si no fuera porque se advierte que la persona jurídica que el apoderado de la  víctima pretende se vincule como tercero civilmente responsable a la presente  actuación es una entidad de derecho público, esto es, la Nación- Rama Judicial,  lo que torna improcedente su petitum en éste trámite incidental, dado  que, se itera, el juez natural de aquella es la jurisdicción de lo contencioso  administrativo[235].    

     

130.       En  el mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que:    

     

[C]uando el accionar del  funcionario constituya delito y evidencia la existencia de la falla en el  servicio, la persona damnificada podrá buscar el resarcimiento por dos vías  legales diferentes, frente a dos sujetos responsables también diferentes: a  través de la acción civil dentro del proceso penal contra el delincuente; o a  través de la acción de reparación directa o patrimonial contra la entidad  pública que tenía a su servicio al funcionario responsable[236].    

     

131.       En  tales términos, la Corte concluye que, en este caso, el Tribunal de Pereira no  incurrió en defecto sustantivo al concluir que el municipio de Pereira debía  ser desvinculado. Por el contrario, esta conclusión estuvo fundada en el  principio del juez natural y su falta de competencia para imponer una condena  patrimonial al Estado[237].    

132.       Defecto  procedimental absoluto. La Corte considera que el Tribunal de Pereira no incurrió  en defecto procedimental absoluto. La Corte reconoce que el artículo 138 del  CGP establece que, cuando se declare la falta de jurisdicción o de competencia,  “lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez  competente”. Asimismo, la Corte reconoce que, tal y como lo alega la parte  accionante, el Tribunal de Pereira no remitió el proceso a reparto de los  jueces administrativos luego de desvincular al Municipio del incidente.    

     

133.       No  obstante, en criterio de la Sala Plena, esta conducta no configura un defecto  procedimental absoluto, en atención a las diferencias que existen entre el  incidente de reparación integral y el medio de control de reparación directa. Al  respecto, la Sala Plena resalta que el incidente de reparación integral es un  incidente a continuación del proceso penal, mientras que la acción de reparación  directa es un medio de control principal y autónomo ante la jurisdicción de lo  contencioso administrativo. Por otro lado, la Sala advierte que el CPACA[238] exige agotar  la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para interponer  el medio de control de reparación directa. En criterio de la Sala, esto implica  que la presentación de la solicitud de inicio del incidente de reparación  integral no puede equipararse a la presentación de una demanda de reparación  directa. Por lo tanto, el artículo 138 del CGP y, en concreto, el deber que  esta disposición asigna a la autoridad judicial que declara la falta de  competencia o jurisdicción, consistente en remitir el expediente al juez competente,  no era aplicable al caso.    

     

134.       Con  todo, la Sala Plena considera que la desvinculación tardía del municipio de  Pereira en el incidente de reparación integral no puede obstaculizar el derecho  de acceso a la administración de justicia ante la jurisdicción de lo  contencioso administrativo. La Corte advierte que, en este caso, la falta de  presentación oportuna del medio de control de reparación directa ante la  jurisdicción de lo contencioso administrativo no es imputable a la negligencia  de la parte accionante. Esto, porque, en primera instancia en el incidente de  reparación integral, el Juzgado 002 Penal de Conocimiento del Circuito de  Pereira vinculó y luego condenó al municipio de Pereira. Esta actuación,  naturalmente, generó una expectativa legítima en la parte accionante. Por lo  demás, la desvinculación del municipio de Pereira tuvo lugar el 24 de abril de  2023, en la sentencia de segunda instancia que profirió el Tribunal de Pereira.  Esto es, más de 10 años después del fallo de primera instancia[239].    

     

135.       La  Sala Plena advierte que, al margen de la congestión judicial[240], el término  de 10 años que tomó el Tribunal de Pereira para dictar el fallo de segunda  instancia es abiertamente irrazonable, constituyó una mora judicial injustificada  y vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia de los  accionantes. Esto, porque (i) el caso no tenía una complejidad alta, (ii) la  parte accionante fue diligente durante el trámite del incidente de reparación  integral y (iii) sin embargo, en el trámite del proceso se evidencian largos  periodos de inactividad imputables, exclusivamente, a la autoridad judicial.  Por lo demás, pese a que la víctima era un NNA víctima de abuso, el Tribunal no  priorizó la decisión del caso.    

     

136.       En  tales términos, pese a que no se configuraron los defectos sustantivo y  procedimental absoluto, la Corte (i) conminará al Tribunal de Pereira y al  Juzgado 002 Penal de Conocimiento del Circuito de Pereira[241] a que, en  lo sucesivo, examinen las solicitudes de reparación integral en las que  intervengan NNA conforme a los principios de celeridad procesal y plazo  razonable; y (ii) declarará que, debido a la barrera de acceso que los  accionantes enfrentaron para formular su pretensión de reparación del presunto  daño antijurídico producido por el municipio de Pereira ante la jurisdicción de  lo contencioso administrativo, los términos de caducidad del proceso de  reparación directa deberán contarse desde la notificación de la presente  sentencia. Lo anterior, en caso de que los accionantes resuelvan interponer el  medio de control de reparación directa.    

     

5.2.    El presunto defecto fáctico por indebida valoración probatoria de  la responsabilidad civil de la Diócesis de Pereira    

     

(i)                Posiciones de las partes    

     

137.       Sentencia  cuestionada – Tribunal de Pereira. En la providencia judicial cuestionada,  el Tribunal de Pereira concluyó que la Diócesis de  Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia “no están llamadas a responder  solidariamente por los perjuicios causados por el delito, (…) pues los hechos  jurídicamente relevantes fueron desplegados por el señor [Alfredo], en  su rol de profesor, como docente nombrado en cargo de carrera administrativa,  en institución educativa del Municipio de Pereira”. El Tribunal de Pereira  sustentó esta conclusión en los siguientes argumentos:    

     

–          Conforme a la resolución de posesión,  el señor Alfredo fue nombrado en la Institución Educativa La Soledad no  como sacerdote, sino como docente, “con ocasión del concurso de méritos que,  como persona natural, realizó el sentenciado, obteniendo ese cargo de carrera  administrativa. Por tanto, no puede predicarse que, sus labores como docente se  encontraban vinculadas a su rol de sacerdote”.    

–          El señor Alfredo desempeñaba dos roles:  sacerdote y docente. Sin embargo, “incurrió en la conducta punible cuando  desplegaba sus funciones como docente”. Según el Tribunal de Pereira, los  testimonios que se practicaron evidenciaban que, pese a que en una ocasión el  señor Alfredo “dio una misa en un festival”, lo cierto es que en la  Institución Educativa La Soledad “no lo tenían como el sacerdote  oficial, no tenía funciones religiosas, no desplegaba actos propios de la  iglesia”. Por esta razón, concluyó que “es claro que no se puede determinar que  la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia tuvieran un rol  de superioridad, de jerarquía y obligatoria vigilancia, en las labores que  desempeñaba el hoy sentenciado como docente”. Además, señaló que la obligación  de vigilancia del clero solo podría predicarse “si los actos de agresión sexual  se hubiesen dado en una iglesia o en un escenario donde desempeñara sus labores  como sacerdote”, o si el colegio lo hubiera contratado expresamente “como  sacerdote del mismo”.    

–          El Tribunal de Pereira reconoció que,  en la audiencia de pruebas de 27 de febrero de 2017, el Obispo Edgario  -superior jerárquico- refirió que “conocía que en otrora [ocasión], el señor [Alfredo],  presuntamente había atentado contra la integridad y formación sexual de un  acolito de la iglesia, y no se dio aviso a las autoridades”. No obstante, el  Tribunal de Pereira consideró que, “a pesar [de] que ello corresponde a una  actitud completamente reprochable del mencionado, tal manifestación no  determina una responsabilidad civil en este caso en particular”.    

     

138.       Defecto alegado por los accionantes. Los accionantes argumentaron que el Tribunal de Pereira  incurrió en defecto fáctico al concluir que la Diócesis de Pereira no era un  tercero civilmente responsable. Esto, porque omitió las pruebas que, en su  criterio, demostraban que: “(i) el acusado actuó bajo el amparo de su doble  condición de cura y profesor, y (ii) las autoridades eclesiásticas  concurrieron, por omisión y encubrimiento, a la causación del daño [causado] a  las víctimas con el actuar delictivo del condenado”. En particular, los  accionantes resaltaron que el Tribunal de Pereira omitió valorar las  declaraciones del niño Juan y el Obispo  Edgario.      

     

139.       Problema jurídico. La Sala Plena  debe resolver el siguiente problema jurídico:    

     

¿El Tribunal de Pereira incurrió en  defecto fáctico por indebida o irrazonable valoración probatoria al concluir  que la Diócesis de Pereira no era un tercero civilmente responsable, dado que  el señor Alfredo cometió el delito en las instalaciones de la  Institución Educativa La Soledad, en su condición de profesor, no de  sacerdote?    

     

(ii)         Análisis de la Sala     

     

140.       La Corte considera que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto  fáctico al concluir que la Diócesis de Pereira no era civilmente responsable  por los daños que el abuso sexual cometido por el señor Alfredo causó al  niño Juan y sus familiares. Esto es así,  porque (a) omitió valorar las pruebas que demostraban que la Diócesis de  Pereira era responsable por omisión del daño causado al niño, debido a que decidió  abstenerse de informar a las autoridades civiles y a la Institución Educativa La  Soledad que, en el pasado, el señor Alfredo había incurrido en actos  de abuso con otros menores de edad. Además, (b) valoró de forma irrazonable  pruebas que demostraban que, conforme a la jurisprudencia ordinaria, el señor Alfredo  cometió el abuso sexual del niño Juan “prevalido”  de su posición sacerdotal, lo que implicaba que la Diócesis de Pereira debía  responder de forma directa, por los daños causados. A continuación, la Corte  desarrolla cada uno de estos puntos:    

     

(a)   La responsabilidad directa de la Diócesis de Pereira por la  omisión del deber de denuncia y la culpa organizacional    

     

141.       La Sala Plena reitera que, en concordancia con el artículo  44 de la Constitución Política y la Convención de los Derechos del Niño, el  artículo 40.4 de la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia-  dispone que la “sociedad en su conjunto” y, en concreto, todas las personas  naturales y jurídicas, tienen el deber de “[d]ar aviso o denunciar por  cualquier medio” los delitos o las acciones que vulneren o amenacen los  derechos fundamentales de los NNA. Asimismo, tienen la obligación  internacional, constitucional y legal de proteger a los NNA y adoptar, con la  debida diligencia, todas las medidas a su alcance para prevenir actos de abuso  y violencia sexual. Por lo demás, la Sala Plena enfatiza que, de acuerdo con el  principio constitucional del interés superior de los NNA, el derecho de los NNA  a no ser objeto de violencia o abuso prevalece sobre otros intereses o derechos  fundamentales, tales como la honra y el derecho al trabajo de sacerdotes que  han sido acusados de actos de abuso y violencia sexual.    

     

142.       Asimismo, la Sala Plena reitera que, de acuerdo con el Comité de  los Derechos del Niño, las entidades que forman parte de la Iglesia Católica  tienen la obligación internacional de (i) “[s]eparar inmediatamente del  cargo a todas las personas de las que se sabe o sospecha que han cometido  abusos sexuales de niños y remitir la cuestión a las autoridades pertinentes  encargadas de hacer cumplir la ley para la investigación y el enjuiciamiento”,  (ii) “[e]stablecer normas, mecanismos y procedimientos claros para que se  denuncien todos los casos en que se sospecha el abuso y la explotación sexuales  de niños a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley” y (iii)  “[g]arantizar que todos los sacerdotes, personal religioso y particulares  sujetos a la autoridad de la Santa Sede tengan conciencia de sus obligaciones  de informar de ello y del hecho de que, en caso de conflicto, estas  obligaciones tengan precedencia sobre las disposiciones del derecho canónico”.    

     

143.       La Corte considera que las pruebas que reposan en el expediente  del incidente de reparación integral evidencian, sin ninguna duda, que la  Diócesis de Pereira incumplió de forma culposa el deber de dar aviso y denunciar  actos de violencia y abuso, así como la obligación internacional y  constitucional de prevenir actos de abuso y violencia sexual en contra de NNA.  Esto es así, porque conocía que, en el año 2005, antes de vincularse a la  Institución Educativa La Soledad, el señor Alfredo había  incurrido en actos de abuso con un feligrés menor de edad. Por esta razón, lo  sancionó con dos años de suspensión del ejercicio pastoral. No obstante, la  Diócesis de Pereira omitió informar a las autoridades civiles y a la  Institución Educativa La Soledad en la que el señor Alfredo  laboraba, y luego de los dos años de suspensión lo reincorporó al ejercicio  sacerdotal.     

     

144.       En efecto, así lo confesó el obispo Edgario,  entonces obispo de la Diócesis de Pereira y superior jerárquico del condenado,  en su declaración de parte en el incidente de reparación integral[242]. La Corte  resalta que en esta declaración el Obispo reconoció que:    

     

–          A la curia “llegaban documentos y peticiones  sobre varios casos [de abuso sexual], no es el único caso”[243].    

–          En 2005, ante una queja formulada por los  padres de una presunta víctima previa relativa a “tocamientos del padre hacia el niño”[244],  dispuso suspender al sacerdote Alfredo y atender el asunto “a través del  derecho canónico”[245].    

–          Sostuvo que consideró innecesario  informar a las autoridades civiles[246], dado que la problemática podía ser  abordada por medio de tratamiento psicológico y espiritual.    

–          Preguntado por la remisión de denuncias  previas a la Fiscalía, respondió: “que yo haya presentado a la autoridad, a la  fiscalía, algún caso específico ninguno. Colaboración sí pero ninguno por el  caso”[247].    

–          Frente al número de quejas recibidas  directamente, indicó: “me reservo, porque eso es una cosa de conciencia, y de  familias. Uno como obispo recibe muchas quejas, muchas veces son hasta  calumnias o mala información, yo creo que ahí no puedo responder porque se  trata de una cosa de conciencia y de tratamiento personal con el sacerdote”[248].    

     

145.       En este sentido, la Corte observa con preocupación que, en lugar  de denunciar, informar o “dar aviso” a las autoridades civiles y a la  Institución Educativa La Soledad, como medida de prevención y protección  de los derechos de los NNA, la Diócesis de Pereira dio prevalencia a la honra y  buen nombre del señor Alfredo y, por vía indirecta, a los intereses de  la Diócesis como persona jurídica[249].  Esta omisión constituye, de forma clara y manifiesta, un comportamiento antijurídico  y culposo que puso en riesgo no solo los derechos del niño Juan, sino también los de todos los estudiantes de la Institución  Educativa La Soledad y de los demás NNA que interactúan con párrocos y  sacerdotes dentro de la circunscripción de esta Diócesis.    

     

146.       En criterio de la Sala Plena, entre la omisión de la Diócesis de  Pereira y el daño causado al niño Juan existe  un claro nexo de causalidad. Esto es así, porque es razonable inferir  que, de haber informado a las autoridades y a la SEMP, el señor Alfredo  (i) no habría sido nombrado en propiedad en el cargo de docente de menores de  edad o (ii), por lo menos, el Municipio habría tomado medidas especiales de  protección. En tales términos, la Corte encuentra que las pruebas que reposaban  en el expediente acreditaban todos los requisitos de la responsabilidad civil  extracontractual de la Diócesis de Pereira por omisión, lo que implicaba que  debía haber sido declarada solidariamente responsable al pago de los perjuicios  causados a las víctimas. Al respecto, la Sala advierte: (i) conducta  contraria a la ley: la Diócesis de Pereira omitió cumplir el deber de  denunciar, informar o “dar aviso” a las autoridades competentes y a las  instituciones educativas; (ii) factor de imputación: la omisión fue,  cuando menos, culposa; (iii) daño: la omisión de la Diócesis de Pereira generó  un riesgo para los estudiantes de la institución educativa, que luego se  concretó, específicamente, en el daño causado al niño Juan por el abuso  sexual; y (iv) nexo de casualidad: entre la conducta y el daño existe  relación de causalidad adecuada.      

     

147.       La Sala Plena advierte, sin embargo, que el Tribunal de Pereira omitió  por completo examinar si el incumplimiento de la Diócesis de Pereira del deber  de denunciar, “dar aviso” o informar sobre los actos de abuso sexual que había  cometido el cura configuraba una responsabilidad civil directa por omisión. En  concreto, la Corte resalta que esta autoridad judicial no valoró si las  declaraciones del Obispo Edgario, entonces obispo de la Diócesis  de Pereira y superior jerárquico del condenado, evidenciaban la existencia de  una conducta antijurídica que contribuyó a la causación del daño. En criterio  de la Sala Plena, esta omisión constituye un defecto fáctico.    

     

     

–          En el expediente del incidente de reparación  existen pruebas de que, desde el año 2004, la Diócesis de Pereira conocía de la  existencia de denuncias por abuso sexual en contra del señor Alfredo[250].  En efecto, reposan comunicaciones dirigidas a la Diócesis, relacionadas con  este asunto.    

–          La Diócesis de Pereira reconoció que, en el  año 2005, sancionó al señor Alfredo por el abuso sexual a una menor de edad,  y decidió “enviarlo a la Ceja [Antioquia] para que tuviera un tiempo de  reflexión y acompañamiento psicológico constante”.    

–          En comunicado del 30 de mayo de 2011, mediante  declaración pública, suscrita por el monseñor Gildardo y el sacerdote Dagoberto,  la Diócesis de Pereira reconoció que, antes de la condena penal, una familia  les informó que el señor Alfredo había abusado de un menor de edad que  era su estudiante. A pesar de lo anterior, no informaron al Colegio y tampoco  tomaron medida de protección alguna. Al respecto, señalaron que:    

     

“Con gran sorpresa el Señor Obispo recibió el día 16 de mayo de 2011 el  oficio No. 14445, interno CSJ.: 17388, un comunicado de la Fiscalía Quinta de  Vida, en el cual acusaban al Padre [Alfredo] de abusos con niños y lo  citaban para que se presentara con el fin de notificarle los cargos.  Inmediatamente el Señor Obispo dio un Decreto de suspensión del ejercicio del  Ministerio Sacerdotal. Las familias habían presentado la denuncia o lo Fiscalía  y no lo hicieron con la Curia, solo uno de esas familias, hace tiempo, nos  hizo saber que habían llevado a la misma, el caso de una denuncia contra el  Padre [Alfredo], para algo relacionado con el colegio donde el [sic] era  profesor” (subrayado añadido).    

     

–          El 16 de junio de 2011, el Juzgado 005 Penal del Circuito con  Función de Conocimiento de Pereira profirió sentencia anticipada condenatoria  contra Alfredo, tras la aceptación de los cargos formulados en su contra  por el delito de acceso carnal abusivo con otra menor de catorce años. Según lo  consignado en la providencia, la víctima fue una niña a quien el procesado  había “manipulado y accedido en su zona genital, cuando tenía escasos nueve (9)  años de edad”[251]  luego de entablar amistad con su familia y visitar su residencia en Estados  Unidos. El juzgado impuso al señor Alfredo, la pena de 50 meses y 12  días de prisión, así como el pago de 100 SMMLV a favor de la menor de edad por  concepto de perjuicios morales. El fallo también indicó que el hermano mayor  pudo haber sido víctima de hechos similares, pero la acción penal se declaró  prescrita por la tardanza en la denuncia.    

–          El 23 de mayo de 2019, la Sala de Casación  Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia STC6341-2019,  resolvió la acción de tutela promovida por María Carlina Álvarez y sus hijas  menores de edad contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira.  La demanda cuestionó la sentencia que absolvió de responsabilidad a la Diócesis  de Pereira en un proceso civil de responsabilidad extracontractual derivado de  actos de manipulación sexual cometidos por el sacerdote Alonso Bueno Dávila,  párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Irra,  municipio de Quinchía (Risaralda). El religioso había sido condenado penalmente  por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años, tras  constatarse que aprovechó su ascendiente moral y su rol pastoral para cometer  los abusos en la casa cural, propiedad de la Diócesis de Pereira[252].  La Corte Suprema amparó el derecho fundamental al debido proceso de las  accionantes. Señaló que el juez civil incurrió en defecto por indebida  valoración probatoria y desconocimiento del precedente. En particular, resaltó  que no podía limitarse a reproducir las conclusiones del fallo penal, centrado  en la responsabilidad personal del sacerdote, sin examinar de manera autónoma  si existían elementos que permitieran imputar responsabilidad directa a la  Diócesis.    

     

149.       La Corte considera que estos hechos evidencian, por lo menos prima facie, un patrón de  encubrimiento en la Diócesis de Pereira. En efecto, pese a conocer de múltiples  denuncias de abuso sexual en contra de niños y niñas, la Diócesis de Pereira  (i) decidió no informar a las autoridades civiles y de educación, en su lugar,  (ii) trasladó al señor Alfredo y, años después, (iii) lo reintegró al  oficio sacerdotal.    

     

150.       A juicio de la Corte, sin perjuicio del examen sobre la eventual responsabilidad  penal individual de los superiores de la Diócesis, este patrón de encubrimiento de la Diócesis de Pereira configura un  escenario de responsabilidad sistémica por “culpa organizacional”. La Corte  reitera que, conforme a la jurisprudencia civil ordinaria, las personas  jurídicas, tales como la Diócesis de Pereira, incurren en responsabilidad  sistémica por “culpa organizacional” cuando se demuestra que el daño “puede  deberse a falencias de planeación, de control, de organización, de  coordinación, de disposición de recursos, de utilización de la tecnología, de  flujos en la comunicación, de falta de políticas de prevención, entre otras  variables que deben quedar plenamente identificadas para efectos de asignación  de responsabilidad, pero que no siempre son atribuibles a uno o varios  individuos determinados”.    

     

151.       En criterio de la Corte, esto es lo que ocurre en este caso. Las  actuaciones de la Diócesis de Pereira respondieron a una manifiesta falencia en  las políticas organizacionales de control sobre los párrocos y sacerdotes, así  como la ausencia de una política de prevención y denuncia de los actos de abuso  sexual cometidos por los miembros de su congregación. Naturalmente, esto  compromete su responsabilidad civil extracontractual directa respecto del abuso  sexual del que fue víctima el niño Juan. Pese  a que estas falencias organizacionales y patrones de encubrimiento eran de  conocimiento público y fueron advertidas por las víctimas en el incidente de  reparación integral, el Tribunal de Pereira absolvió a la Diócesis de Pereira  de responsabilidad.    

     

(b) El señor  Alfredo cometió el abuso sexual prevalido de su función sacerdotal    

     

152.       La Corte considera que el Tribunal de Pereira valoró de forma  irrazonable pruebas que evidenciaban que, de acuerdo con la jurisprudencia  civil ordinaria, el señor Alfredo cometió el abuso sexual en contra del  niño Juan “prevalido” de su posición  sacerdotal, lo que implicaba que la Diócesis de Pereira debía responder de forma  directa por los daños causados.    

     

153.       La Corte reitera que la jurisprudencia de la Sala Civil de la  Corte Suprema de Justicia ha señalado que las personas jurídicas y, en  concreto, las Diócesis y autoridades eclesiales, son responsables de forma directa  respecto de los daños causados por sus párrocos por el abuso sexual  cometido a NNA. Lo anterior, siempre que los párrocos o sacerdotes hubieren  causado el daño “en razón o con ocasión de sus funciones, o prevalidos  de tal condición” (énfasis añadido)[253].  De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el verbo pronominal  “prevalido” significa “valerse o servirse de algo para ventaja o provecho  propio”.    

     

154.       La  Sala Civil ha señalado que, en estos casos, la diócesis debe responder  civilmente incluso cuando los daños causados son el resultado del ejercicio  abusivo de la función sacerdotal:    

     

No  hay duda de que el oficio sacerdotal es un encargo público eclesiástico y quien  lo desempeña lo hace a nombre de la Iglesia a la que pertenece, de manera que  la responsabilidad civil derivada del ejercicio abusivo de ese ministerio es  institucional de la organización religiosa, por lo que la Iglesia tiene la  obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses en  razón o con ocasión del desempeño de su misión pastoral,  tanto espiritual como terrenal[254].    

     

155.       Como se expuso en el acápite (ii) de la sección 4.4. supra,  para probar la responsabilidad directa de las diócesis en estos casos, las  víctimas sólo deben probar que (i) el párroco que cometió el delito (agente  directo) forma parte de la organización religiosa y (ii) que lo hizo prevalido  de su función sacerdotal, religiosa o pastoral. Las víctimas no deben probar el  incumplimiento del deber de vigilancia o control. La prueba del incumplimiento  de los deberes de vigilancia y control sólo es exigible en el régimen de  responsabilidad por el hecho ajeno o de un tercero. Este régimen, sin embargo,  no es aplicable a los daños que causan los agentes de las personas jurídicas.  Así lo ha reconocido la Sala Civil desde el año 1962 (ver párr. 94 supra).    

     

156.       Con base en esta línea jurisprudencial, la Corte considera que el  Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico, al concluir que no estaba  probada la responsabilidad civil de la Diócesis de Pereira. El Tribunal de  Pereira fundó esta conclusión en que las pruebas que reposaban en el expediente  demostraban que el señor Alfredo (i) no era el sacerdote del Colegio,  sino profesor de matemáticas; (ii) no ejercía funciones sacerdotales al  interior de la institución educativa y (iii) el acto de abuso sexual ocurrió en  el colegio, por fuera de las instalaciones religiosas.    

     

157.       La Sala Plena estima que esta conclusión del Tribunal de Pereira  se fundó en una valoración probatoria manifiestamente irrazonable. Las pruebas  que reposan en el expediente evidencian que el señor Alfredo, pese a no  tener un contrato formal, en la práctica ejercía la función sacerdotal al  interior de la Institución Educativa La Soledad. Al respecto, la Sala  Plena resalta que, en respuesta al auto de pruebas en sede de revisión, el  apoderado de los accionantes remitió a la Corte la copia de tres declaraciones  que fueron rendidas en el incidente de reparación integral. Estas  declaraciones, cuya veracidad no fue controvertida por el Tribunal de Pereira,  evidenciaban que el señor Alfredo (i) daba misa en el colegio, e (ii)  imponía la ceniza[255].    

     

158.       En concreto, la Corte subraya que la señora Clara,  vendedora de dulces en inmediaciones del colegio, lectora y catequista de la Parroquia  del barrio La Soledad, lugar en la que se hizo amiga del señor Alfredo,  y madre de dos menores de edad que cursaron estudios en la institución  Educativa La Soledad, testificó que el sacerdote celebraba misa en el  patio del colegio y que imponía la “Santa Ceniza” el miércoles de ceniza.  También testificó que el señor Alfredo actuaba como reemplazo del  sacerdote de la Parroquia del mismo barrio y que veía cómo “sacaba” a los niños  del colegio y los llevaba a misa a la Parroquia del barrio La Soledad. En  el mismo sentido, la señora Rosa, madre de menores de edad que  estudiaron en la Institución Educativa La Soledad, afirmó haber visto al  sacerdote vestido con atuendo clerical dentro de la institución y reiteró la  referencia a la imposición de la cruz los miércoles de ceniza. Asimismo, las  víctimas aseguraron que dictaba clases de religión en la institución educativa.    

     

159.       Por otra parte, la Corte advierte que, en las declaraciones  rendidas en el incidente de reparación integral, el niño Juan se refirió al señor Alfredo como el “cura” o el “padre” del  colegio. Asimismo, la Corte nota que algunas comunicaciones oficiales de la  SEMP se referían al señor Alfredo como el “cura”. La rectora del colegio  también se refería a él como el “padre”. A su turno, de acuerdo con lo dicho por  las víctimas, la comunidad educativa percibía al señor Alfredo,  principalmente, como un “cura” o “padre”. Lo anterior, sin perjuicio de su rol  como profesor de matemáticas.    

     

160.       Contrario a lo sostenido por el Tribunal de Pereira, la Corte  encuentra que estos medios de prueba evidencian de forma clara y evidente que  el sacerdote cometió el delito prevalido, principalmente, de su posición de sacerdote  o párroco. De este título se derivaba reverencia, autoridad y respeto por parte  de los estudiantes y la comunidad educativa en general y, en particular, del niño  Juan.    

     

161.       Ahora bien, la Corte reconoce que los actos de abuso sexual  tuvieron lugar en el salón de clases de la Institución Educativa La Soledad,  no en instalaciones religiosas de la Diócesis de Pereira. Asimismo, la Corte  nota que la Institución Educativa La Soledad tenía un deber de  vigilancia respecto del párroco, dada su condición de profesor. Sin embargo,  contrario a lo sostenido por el Tribunal de Pereira, ninguno de estos hechos  exime de responsabilidad a la Diócesis de Pereira:    

     

–          El criterio principal para imputar  responsabilidad a la diócesis de la Iglesia Católica por los actos de abuso  sexual en contra de NNA cometidos por párrocos o sacerdotes, no es el lugar en  el que los hechos ocurren. El criterio preponderante es funcional, lo que  implica que la diócesis será responsable si el sacerdote comete el acto  delictivo en ejercicio de sus funciones o prevalido de su posición sacerdotal.  Por lo demás, la Corte reitera que la Sala Civil ha señalado que la función  pastoral de formación religiosa de los NNA a cargo de los sacerdotes de la Iglesia  Católica se ejercita en todos los lugares.    

–          Es cierto que la Institución Educativa La  Soledad tenía un deber de vigilancia del párroco al interior del colegio.  Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a la Diócesis de Pereira y  tampoco descarta que el párroco hubiera cometido el ilícito prevalido de su  función sacerdotal. Por el contrario, se reitera, las pruebas referenciadas por  la Sala Plena evidencian que el señor Alfredo no sólo era el profesor de  matemáticas, sino que también (i) ejercía funciones pastorales y religiosas al  interior del colegio y (ii) sus estudiantes, los directivos[256]  y funcionarios de la SEMP[257],  lo identificaban como el “cura” y el “padre”. En escenarios de este tipo,  considera la Corte, existe un deber concurrente de prevención a cargo de  la diócesis y el colegio. Por la misma razón, si se comprueba la culpa de la  Diócesis y del Colegio, la responsabilidad será solidaria.    

162.       En síntesis, con fundamento en las consideraciones precedentes, la  Corte encuentra que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir que la Diócesis de Pereira[258]  no era un tercero civilmente responsable de los daños causados por el delito  cometido por el señor Alfredo.    

     

5.3.   El presunto defecto fáctico por indebida valoración probatoria de  las pruebas que demostraban el daño moral al tío y prima del niño    

     

(i)                Posiciones de las partes    

     

163.       Sentencia  cuestionada – Tribunal de Pereira. En la  providencia judicial cuestionada, el Tribunal de Pereira consideró que los  demandantes no probaron que la agresión sexual al niño Juan causó daños morales a Pedro (tío) y Elena  (prima):    

     

     

     

Elena    

(prima)                    

El Tribunal de Pereira    resaltó que los testimonios practicados se limitaban a afirmar que “el    rendimiento escolar de la menor de edad se redujo, que ya no es una niña    alegre, que es callada, temerosa”. Sin embargo, “ello no se acompasa con lo    dicho [por] su docente, quien incluso la recuerda como una niña problemática    y ‘pelioncita’”. En criterio del Tribunal, “de esos dichos no se logra    determinar a ciencia cierta, cual es la afectación moral que se le generó,    pues su rendimiento académico, se pudo ver menguado por otras circunstancias,    de allí que la carga probatoria en este caso resultaba más exigente”.   

     

     

Pedro    

(tío)                    

El Tribunal de Pereira    advirtió que el señor Pedro no rindió testimonio, pese a solicitar la    indemnización de perjuicios. En cualquier caso, encontró que los testimonios    practicados no demostraban el daño o sufrimiento, pues estos no “dejan clara    su afectación, solo que recuerda todos los días el insuceso (sic) y que,    pretendía hacer algo indebido, previo a que se presentara la denuncia.    Circunstancia que tampoco permite determinar cuál fue el menoscabo sufrido”.    

     

164.       Defecto  alegado. Los accionantes argumentaron que el Tribunal de Pereira omitió  valorar las pruebas que demostraban que el señor Pedro (tío) y la niña Elena  (prima) “fueron víctimas indirectas del hecho”. En concreto, refirieron que  omitió valorar o bien valoró de forma irrazonable la declaración del niño Juan,  quien reconoció que (i) “mi tío ha sido como mi papá y habla también conmigo,  cuando pedía cosas para el colegio me la daban, cuando pedía para gastar en el  colegio me la daba” y (ii) la prima, también menor de edad y estudiante del  colegio, fue la primera persona a quien le contó que había sido objeto de  agresiones sexuales por parte del señor Alfredo. Asimismo, no tuvo en  cuenta las declaraciones de la madre y abuela del niño quienes testificaron que  el señor Pedro se encontraba muy afectado por el abuso.    

     

165.       Por  otro lado, los accionantes reprocharon que el Tribunal de Pereira hubiera  descartado el sufrimiento de la prima “porque un profesor dijo que era una  ‘pelioncita’”. En criterio de los accionantes, este aparte de la sentencia  cuestionada estigmatiza y revictimiza a la menor de edad:    

     

[H]abla mal de la rama judicial al referirse a una niña en  formación que fue testigo directo del abuso que padeció su hermanito primo (p.  21) donde la negación a la reparación luce como un nuevo castigo que  desvaloriza al ser humano que reside dicho reproche y antes que reivindicar la  dignidad de las víctimas, las descalifica y estigmatiza, generando un nuevo  daño, ahora propinado por quien debería protegerlos con medidas de reparación.    

     

(…)    

     

La conclusión del H. Tribunal, es contraevidente y riñe no  solo con las reglas de la experiencia, las presunciones de hombre y sobre todo  con trato que merecen las víctimas de delitos tan humillantes como el que los  sometió a este viacrucis no solo psicológico, sino judicial. Cuando la justicia  debe ser un bálsamo, actuó como atizador del dolor.    

     

166.       En  este sentido, los accionantes concluyeron que “los medios de prueba permiten  concluir una realidad muy diferente a la concluida por el H. Tribunal, (…) es  decir, que el Sr. [Pedro] (ti[o]-papá) y la niña [Elena]  (prima-hermana) padecieron daño moral por los ultrajes de que fue objeto su  sobrino-hijo y primo-hermano”.    

     

167.       Problema  jurídico. La Sala Plena debe resolver el siguiente problema jurídico:    

     

¿El Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico por  presuntamente no valorar o valorar de forma irrazonable las pruebas que, en  criterio de los accionantes, acreditaban que el abuso sexual al niño Juan  causó un daño moral Pedro (tío) y la niña Elena (prima)?    

     

(ii)              Análisis de la Sala    

     

168.       La  Corte considera que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir que el señor Pedro (tío) y la niña Elena (prima) no  probaron haber sufrido daños morales como resultado del abuso sexual al niño Juan.    

     

169.       La  Corte reitera que el daño moral es la “lesión  de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, ‘que corresponde a la órbita  subjetiva, íntima o interna del individuo’”[259]. Se deriva de la “aflicción, el  dolor o la tristeza que produce en la víctima”[260]  el hecho o conducta antijurídica. Por regla general, los terceros  damnificados o víctimas indirectas tienen la carga de probar el daño moral. Sin  embargo, la Sala Civil ha reiterado que existe una presunción judicial  conforme a la cual se presume que la muerte o lesiones graves[261] a una  persona -víctima directa- causa un daño moral a los parientes o “familiares más  cercanos”[262]  -víctimas indirectas o terceros damnificados-. Respecto de estos sujetos “no  hay necesidad de exigir la prueba de los padecimientos morales sufridos (…),  pues ellos se presumen a menos que surjan en el acervo probatorio elementos de  conocimiento que permitan desvirtuar la presunción judicial”[263]. Esta  presunción se funda en una regla de la experiencia, conforme a la cual “es  normal que los familiares más cercanos de la víctima sufran tristeza, angustia  y desasosiego al ver sufrir a su ser querido”[264].    

     

170.       La  jurisprudencia civil ordinaria ha explicado que esta presunción no es una  presunción legal de hecho ni de derecho. Es una presunción judicial o simple:    

     

Tal presunción, conocida también como ‘de  hombre o judicial’, no puede ser confundida en modo alguno con las presunciones  legales a las que alude el artículo 176 del Código de  Procedimiento Civil, pues estas últimas son directamente establecidas por el  legislador, y ante la comprobación del hecho en que se fundan, el juzgador no  realiza inferencia alguna, sino que simplemente se limita a aplicar la  consecuencia jurídica que ellas prevén.    

     

La presunción judicial, por el contrario,  consiste básicamente en una inferencia lógica que, como los indicios, se  extrae de las reglas de la experiencia; pero que a diferencia de éstos,  cuyo razonamiento debe ser explicado paso a paso –atendiendo a su gravedad,  concordancia y convergencia–, aquéllas solo requieren la  prueba del hecho que les da origen porque el proceso intelectual es tan claro y  común que la mente lo verifica mecánicamente. De manera que para su existencia,  solo se necesita la confirmación del hecho probatorio, el cual, naturalmente,  puede ser desvirtuado mediante prueba en contrario    

     

[…]    

Las presunciones judiciales, simples o de  hombre, en suma, hacen parte de las denominadas pruebas indirectas o críticas,  y se definen como las implicaciones que el juez extrae de un hecho conocido  para dar por supuesta la existencia de un hecho presunto. De ahí que no pueda  considerársele como un mero ‘prejuicio sin prueba’, dado que siempre hay  que demostrar el dato del cual se infiere que es cierto otro hecho que importa  hacer valer en el juicio[265]  (énfasis añadido).    

     

171.       Esta  presunción cobija, por regla general, a los familiares en el grado primero  (hijos-padres) y segundo (hermanos-abuelos-nietos) de consanguinidad. Sin  embargo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha estimado que esta  presunción también es aplicable a los parientes en el tercer o cuarto grado de  consanguinidad que tienen una relación afectiva estrecha con la víctima  directa. En este sentido, ha reconocido indemnización por daño moral a tíos y  sobrinos de la víctima directa, al comprobar que convivían juntos, tenían lazos  sentimentales estrechos[266],  o era un “hecho notorio” que la conducta antijurídica les causó  sufrimiento, “siendo excesivo requerir prueba para tenerlo por demostrado,  porque esta se satisface aplicando las reglas de la experiencia y el sentido  común”[267].    

     

172.       Asimismo,  la Sala Civil ha reconocido indemnización por daño moral a personas que, pese a  no tener un parentesco de consanguinidad, tenían un vínculo de crianza  con la víctima directa derivado de la probada convivencia[268]. Estos  vínculos de crianza han sido protegidos por la Corte Constitucional. En  reiterada jurisprudencia constitucional, la Corte ha señalado que la protección  constitucional de la familia no sólo cobija la familia consanguínea o por  adopción, sino que “se extiende a  otras estructuras, conformadas por lazos jurídicos o de hecho, que surgen a  partir de la convivencia y que se basan en el afecto, el respeto, la  protección, la ayuda mutua, la comprensión y la solidaridad”[269].  En ese sentido, la Corte ha enfatizado que “el ordenamiento jurídico debe  reconocer y proteger los derechos y prerrogativas de los integrantes de tales  familias (monoparentales, familias de crianza, familia extendida,  familia ensamblada y familias homoparentales)”[270].    

     

173.       La  Sala Civil ha reiterado que la cuantía del daño moral  subjetivo, “por su carácter inmaterial o extrapatrimonial, se ha confiado al  discreto arbitrio de los falladores judiciales”[271]  -arbitrium judicis-. La discrecionalidad para fijar el monto de la  indemnización por daño moral, sin embargo, no es absoluta y tampoco constituye una patente de corso para la arbitrariedad. La  autoridad judicial debe determinar la cuantía de la indemnización de forma  prudente “con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de  la situación litigiosa”. Estos incluyen, entre otras, (i) las “condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos” (ii) la situación o posición de la víctima y de los  perjudicados” y (iii) “la intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor,  aflicción o pesadumbre”[272].  Asimismo, el fallador debe atender los montos, topes y  “criterios orientadores” desarrollados por la jurisprudencia ordinaria civil[273].    

     

174.       Con  fundamento en estas reglas de decisión y estándares de prueba del daño moral,  la Corte concluye que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico por  irrazonable valoración probatoria, al concluir que no se acreditaron perjuicios  morales que el abuso sexual del niño Juan causó al señor Pedro  (tío) y la niña Elena (prima).    

     

175.       En  primer lugar, la Corte estima que las pruebas que reposaban en el expediente  demostraban razonablemente que el abuso sexual causó intensa aflicción, dolor y tristeza al señor Pedro (tío). La  Sala Plena resalta que el niño Juan testificó que veía a su tío como su  “padre”, debido a que era quien se había encargado de su cuidado. Al respecto,  afirmó que “mi tío ha sido como mi papá y habla también conmigo, cuando pedía  cosas para el colegio me la daban, cuando pedía para gastar en el colegio me la  daba”. En criterio de la Sala Plena, esta declaración evidencia de forma clara  y evidente un sólido lazo afectivo o de crianza entre el señor Pedro y  el niño. El Tribunal de Pereira, sin embargo, descartó la relevancia de estas  pruebas por el simple hecho de que no existía un vínculo consanguíneo en primer  grado, lo cual claramente desconoce la protección constitucional de la familia  de crianza, así como la jurisprudencia de la Sala Civil en la materia. De otro  lado, en el incidente de reparación integral la madre y abuela del niño  testificaron que (i) el señor Pedro convivía en la misma casa del niño Juan,  y (ii) se sintió muy afligido por el abuso sexual. A juicio de la Sala Plena,  conforme al estándar probatorio desarrollado por la jurisprudencia civil, la  declaración del niño, el sólido vínculo de crianza, la convivencia y los  testimonios sobre la afectación que el abuso causó a su esfera sentimental,  demostraban razonablemente el daño moral que el delito causó al señor Pedro.    

     

176.       En  segundo lugar, la Corte considera que las pruebas que reposaban en el  expediente también demostraban el daño moral causado a la niña Elena  (prima). De un lado, la Sala Plena advierte que la niña tuvo una relación  directa y personal con los actos de abuso sexual. En efecto, (i) era estudiante  de la Institución Educativa La Soledad, (ii) testificó que, cuando el  señor Alfredo encerraba al niño y abusaba de él en el colegio, ella  golpeaba la puerta del salón y preguntaba qué estaba pensando y (iii) fue la  primera persona a quien el niño Juan le contó sobre los hechos. Por lo  demás, la Sala Plena advierte que las pruebas del incidente de reparación  integral evidenciaban que (i) el niño Juan se refería a la niña Elena  como su “hermana”, lo que permitía presumir un estrecho vínculo de crianza;  (ii) los dos menores de edad convivían juntos; y (iii) la  abuela y la madre del niño testificaron que, luego de los hechos, el  rendimiento escolar de la niña se redujo, “ya no es una niña alegre; es  callada, temerosa”. En criterio de la Sala Plena, todas estas circunstancias,  consideradas en conjunto, probaban la existencia de una estrecha relación entre  los menores de edad que, a partir de las reglas de la experiencia, permitían  inferir razonablemente que el abuso sexual causó tristeza y aflicción a Elena.    

     

177.       Por  otro lado, la Sala Plena observa con preocupación que el Tribunal de Pereira descartó  la existencia del daño moral con fundamento en el testimonio de un profesor que  afirmó que recordaba a Elena “como una niña problemática y ‘pelioncita’”.  La Corte rechaza de forma categórica esta argumentación. En criterio de la Sala  Plena, este tipo de afirmaciones constituyen una revictimización de la menor de  edad. El hecho de que un profesor hubiese afirmado que la niña era “pelioncita”  no desvirtúa, bajo ninguna circunstancia, la existencia del perjuicio moral.  Por el contrario, es apenas natural que, luego de ser testigo de un abuso  sexual a un familiar suyo, cometido por un párroco y profesor de su colegio, la  menor de edad hubiera experimentado sentimientos de rabia y haya tenido cambios  comportamentales.    

     

178.       La  Corte reitera y reafirma que, conforme a la Constitución, la Convención de los  Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia, los NNA son sujetos  de especial protección constitucional. Esto implica que en los procesos  judiciales los NNA “deben ser tratados con tacto y sensibilidad  durante todo el procedimiento judicial, teniendo en cuenta su situación  personal, sus necesidades, su edad, su sexo, los impedimentos físicos que  puedan tener y su nivel de madurez, y respetando plenamente su integridad  física, mental y moral”[274].  Asimismo, la valoración probatoria debe llevarse a cabo conforme a los  principios pro infans y pro damnato.     

     

179.       El principio pro infans, se reitera, es una garantía  constitucional que obliga a las autoridades “a aplicar las distintas  disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del  interés superior [de las niñas, los niños y los adolescentes]”[275].  Al mismo tiempo, este principio funciona como “herramienta hermenéutica valiosa  para la ponderación de derechos constitucionales, en el entendido de que en  aquellos eventos en que se haga presente la tensión entre prerrogativas de  índole superior, deberá preferirse la solución que otorgue mayores garantías a  los derechos de los menores de edad”[276]. Por su  parte, el principio pro damnato impone la obligación al funcionario  judicial de favorecer “el resarcimiento al daño sufrido por la víctima, en los  casos en que ésta no se encuentre legalmente obligada a soportarlo”[277].  Asimismo, le impone “hacer prevalecer la solución más favorable a las víctimas  de un daño injusto”[278].    

     

180.       La  Corte considera que el examen probatorio que efectuó el Tribunal, así como las  afirmaciones revictimizantes que consignó en la sentencia, no solamente  evidencian la existencia de un defecto fáctico por irrazonable valoración probatoria.  Además, desconocen abiertamente estos principios constitucionales y la especial  protección de la que la niña Elena era titular.    

     

5.4.         El presunto defecto fáctico por omitir pruebas que demostraban la  existencia del daño a la vida de relación del niño Juan    

     

(i)                Posiciones de las partes    

     

181.       Sentencia  cuestionada – Tribunal de Pereira. En la  providencia judicial cuestionada, el Tribunal de Pereira consideró que  no se acreditó que el abuso sexual hubiera causado un daño a la vida de  relación del niño Juan. Esto, por tres razones. Primero, no “se logra  determinar esa afectación psíquica permanente, del dictamen psicológico de medicina  legal”. Por el contrario, el Psicólogo Forense “dejó en claro que el menor [de  edad] ‘no presenta perturbación psíquica a raíz de los hechos que se  investigan’”. Segundo, no se “allegaron valoraciones diferentes al menor [de  edad] víctima que denotaran su afectación a la salud, como por ejemplo que no  pudiera establecer vínculos con personas diferentes a su familia, (…) o que un  especialista determinara la imposibilidad del [niño], de tener relaciones  afectivas en un futuro o de desempeñarse laboralmente por los hechos  acaecidos”. Tercero, no se probó que el menor de edad “pudiera tener trastornos  de índole sexual y que por ello se le desencadene otros síntomas que afecten su  vida adulta, por el contrario, aquí no se demuestra esa grave afección a la psiquis  del [niño Juan]”.    

     

182.       Defecto  alegado. Los accionantes argumentaron que el Tribunal de Pereira incurrió  en defecto fáctico al concluir que el daño a la vida de relación del niño Juan  no se encontraba probado. Los accionantes refirieron que, conforme a la  jurisprudencia civil ordinaria, “el daño a la vida de relación constituye una  afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en  mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la  personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos […].  [Esta] especie de  perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de  vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o  relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia  corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar  las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su  realidad”. En criterio de los accionantes, el Tribunal de Pereira ignoró que  las pruebas que reposaban en el expediente demostraban de forma clara que la  agresión sexual de la que fue víctima el niño y su familia afectaban su  proyecto de vida.    

     

183.       Problema  jurídico. La Sala Plena debe resolver el siguiente problema jurídico:    

     

¿El Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al  concluir, presuntamente sin una valoración integral de los elementos  probatorios y sin aplicar los estándares jurisprudenciales pertinentes, que no  se encontraba acreditado el daño a la vida de relación derivado de los actos de  abuso sexual de los que fue víctima el niño Juan?    

     

(ii)              Análisis de la Sala    

     

184.       La  Corte considera que el Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico por  irrazonable valoración probatoria al concluir que el daño a la vida de relación  del niño Juan no se encontraba probado.    

     

185.       La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido  el daño a la vida de relación como la “afectación a la esfera exterior de la persona”[279],  concretamente sobre su “actividad social no patrimonial”[280].  Se configura cuando la víctima “experimenta  una minoración sicofísica que le impide o dificulta la aptitud para gozar de  los bienes de la vida que tenía antes del hecho lesivo”[281].  Esta “privación objetiva del agrado”[282]  es distinta del padecimiento interno característico del daño moral. Este daño  posee “entidad jurídica propia”[283]  y requiere tratamiento autónomo, pues su indebida asimilación al  perjuicio moral impide lograr “la reparación integral ordenada por la ley y la  equidad”[284].    

     

186.       La  siguiente tabla sintetiza las principales características del daño a la vida de  relación:    

     

     

Naturaleza    jurídica                    

Es un daño    extrapatrimonial, “económicamente inestimable”[285],    pues no refleja costos o beneficios pecuniarios sino una pérdida de bienes    vitales intangibles para la víctima.   

     

Origen o causas                    

Surge ante lesiones o trastornos físicos,    psicológicos o afectaciones a bienes intangibles de la personalidad que    dificultan el desarrollo normal de la vida cotidiana[286].   

     

     

Manifestaciones    típicas                    

Se materializa en    limitaciones o imposibilidades para actividades cotidianas como practicar    deportes, actividades recreativas, relacionarse con familiares y amigos, o    disfrutar normalmente del tiempo libre[287]. Esta afectación, por regla    general, es vitalicia y, por ejemplo, es evidente en situaciones en las que    una persona no puede “caminar, hablar, comer, aprender, trabajar […]    practicar un deporte, recibir educación formal […] o conformar una familia”[288].   

     

     

Criterios de cuantificación                    

Ante la dificultad para medir exactamente estos    perjuicios, los jueces deben aplicar el principio de arbitrium judicis.    La determinación económica del daño debe ser razonable y equitativa, basada    en circunstancias particulares del caso. Se debe evitar siempre soluciones    caprichosas o arbitrarias[289].    La Corte Suprema suele establecer sumas orientadoras que sirven como    referentes para jueces inferiores. Aunque estas cifras no son necesariamente    vinculantes, sí debe justificarse su distanciamiento[290].    

     

187.       La  Corte considera que el Tribunal de Pereira ignoró hechos notorios y valoró de  forma irrazonable pruebas que razonablemente demostraban que el abuso sexual  del que el niño Juan fue víctima causó un daño a la vida de relación:    

     

188.       Primero.  La Corte considera que existe una presunción simple o judicial de que el abuso  sexual a menores de edad causa perjuicios a la vida de relación. Así lo  corroboran diversos informes de la UNICEF y estudios psicológicos. La UNICEF ha  constatado que “[l]os NNA víctimas de abuso sexual con frecuencia callan: por  miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen experimentar un  trauma peculiar y característico de este tipo de abusos: se sienten cómplices,  impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con  el paso del tiempo, cuando la consciencia de lo sucedido es mayor”[291].    

     

189.       Asimismo,  un estudio reciente publicado en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil[292] advierte  sobre las consecuencias psicopatológicas del abuso sexual infantil en la vida  adulta:    

     

Las consecuencias producidas por el fenómeno pueden ser múltiples,  afectando a varias áreas personales de la víctima. Aun así, y dado que no  existe un patrón único de sintomatología, es difícil hablar de un síndrome derivado  del abuso sexual. La clínica acostumbra a ser inespecífica, sin ser exclusiva  del acto abusivo, desarrollándose a partir de la experiencia subjetiva del  maltrato infantil. Puede iniciarse a corto plazo (dentro de los dos años  posteriores al ASI [Abuso Sexual Infantil]) o a largo plazo (a partir de los  dos años siguientes), y hasta varias décadas más tarde.    

     

Es, por tanto, muy frecuente que los síntomas no se desarrollen en la  etapa infantil, saliendo a la luz durante la adultez como un fenómeno de ‘sleeper  effects’ o efectos latentes. En cualquier caso, las consecuencias a corto y  largo plazo pueden llegar a ser graves, ocasionando interferencias en la vida  de la víctima. Así, el ASI conlleva un impacto significativo en el bienestar  subjetivo de los adultos víctimas. En concreto, se postula que ocasiona cuatro  efectos en el individuo, que incluyen sexualidad traumática, sentimiento de  traición, impotencia y estigmatización. Sin embargo, hay investigaciones que  concluyen que tanto los abusos intrafamiliares como extrafamiliares son  igualmente dañinos, con consecuencias psicológicas persistentes[293].    

     

190.       En  un sentido similar, la Corte Constitucional ha reiterado que el delito de abuso  o violencia sexual es pluriofensivo y vulnera múltiples derechos fundamentales  e intereses jurídicos de los NNA, en concreto su formación y libertad  sexual. Al respecto, en la sentencia SU-360 de 2024, la Corte señaló que:    

     

La violencia sexual (en su  mayoría, dirigida contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes)[294] es la  manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento que esa población  padece frente a estructuras machistas profundamente enraizadas en la sociedad.  Este tipo de vejámenes, en cualquiera de sus manifestaciones constituye un  atentado contra los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la  seguridad, a la libertad, a la integridad, a la formación sexual y la dignidad  humana de las víctimas. Se trata de actos deleznables dirigidos a utilizar los  cuerpos como instrumentos de satisfacción propia o ajena, en los que se anula  íntegramente el consentimiento de la víctima para el propio placer. Y aunque  este tipo de conductas atentan, entre otras, contra la dignidad de una persona  (algunas de estas considerados crímenes de lesa humanidad[295]),  no es el único bien jurídicamente tutelado que se vulnera.    

     

191.       En  criterio de la Corte, estos informes de la UNICEF, estudios psicológicos y  decisiones judiciales permiten inferir, razonablemente, que es presumible que  un abuso sexual en contra de un niño menor de 10 años tiene la virtualidad de  afectar, en el corto, mediano y largo plazo, su relacionamiento sexual. Por lo  demás cuando el delito es perpetrado por un sacerdote o párroco, su proceso de  identidad y proceso de formación religiosa se ve severamente afectado. El  Tribunal de Pereira, sin embargo, parece haber ignorado esta situación.    

     

192.       Segundo.  En el caso concreto, la Corte nota que la entrevista a Juan, se realizó  cuando el niño tenía 12 años de edad. En esta entrevista el menor de edad manifestó  al psicólogo forense que “a mí no me gusta hablar de eso [abuso sexual], me da  rabia, prefiero irme a caminar o andar en bicicleta” y que a su “mamá, abuela y  mi primita les toca estar vigilándome porque a mí me dan pesadillas por eso […]  de vez en cuando se me viene eso a la cabeza y me digo no, no, no voy a pensar  en eso y me voy a caminar y busco estar con los  amigos y ya”[296].    

     

193.       En  el mismo sentido, en la audiencia dentro del  incidente de reparación integral, Sofía, abuela del niño Juan  relató que, tras los hechos de abuso, el niño comenzó  a encerrarse en su habitación con la luz apagada o a irse solo al parque, donde  permanecía durante horas sin hablar. Señaló además que tanto él como su prima Elena  se tornaron nerviosos y excesivamente atentos a personas extrañas. Afirmó que,  si bien todo el núcleo familiar profesa la religión católica, su hija (madre  del niño), su hijo (tío del niño), así como Juan y Elena, se alejaron de la Iglesia y dejaron de  asistir a la misa. Por su parte, la madre del niño manifestó que su hijo se ha  vuelto esquivo y callado, y que no quisieron volver a misa[297].  En el mismo sentido, la institución educativa a la que el menor de edad se  matriculó en el año 2011, luego de su retiro del colegio La Soledad,  certificó que el niño “presentó un bajo rendimiento académico […] debido a  algunas dificultades de tipo personal, y a su frecuente inasistencia”, e hizo  constar que ha tenido que recibir “asesoría y acompañamiento en  psicoorientación”[298].    

     

194.       En  criterio de la Corte, la valoración conjunta de los informes de la UNICEF, los  estudios científicos citados y las pruebas aportadas, permiten inferir  razonablemente que el abuso sexual perpetrado por el señor Alfredo  ocasionó un daño a la vida de relación de Juan.    

     

195.       No  obstante, el Tribunal de Pereira ignoró ese acervo probatorio y rechazó toda  inferencia razonable sobre la existencia del perjuicio. Lo anterior, con  fundamento en, exclusivamente, un pasaje del dictamen pericial. En este pasaje,  el perito señaló que el menor de edad “no presenta perturbación psíquica a raíz  de los hechos que se investigan”[299].  A juicio de la Sala Plena, la valoración de este aparte fue descontextualizada  e irrazonable, por al menos tres razones:    

     

–          El perito jamás descartó que el abuso sexual del que el niño fue víctima  pudiera causar, en el corto, mediano y largo plazo una afectación a su  relacionamiento. Como se expuso, es común que los efectos en el relacionamiento  de menores de edad que han sido víctimas del abuso sexual se desarrollen  durante su adolescencia o incluso adultez. En este sentido, es irrazonable  concluir que, dado que el niño no testificó expresamente que tuviera  dificultades de relacionamiento sexual, el daño a la vida de relación no  estuviera probado.    

–          La Corte nota que el perito que suscribió el dictamen, el psicólogo  forense, aclaró en audiencia que “los dictámenes tienen grado de probabilidad  no de certeza”[302]  e insistió en que “los conceptos brindados que dan están dentro del rango de la  probabilidad”[303].    

     

196.       En  este sentido, la Corte advierte que el dictamen pericial demostraba, a lo sumo,  que existía una duda sobre la prueba del daño a la vida de relación.  De  acuerdo con los principios pro infans y pro damnato, el Tribunal  de Pereira debía haber interpretado esta duda en favor del niño Juan. No  obstante lo anterior, la Corte encuentra que, en lugar de llevar a cabo una  valoración probatoria fundamentada en el interés superior de los NNA y sensible  al sufrimiento del niño, el Tribunal de Pereira aplicó un estándar probatorio  estricto que es difícilmente superable en este tipo de casos y limita en exceso  las pretensiones indemnizatorias de los NNA.    

     

197.       Con  fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte encuentra que el  Tribunal de Pereira incurrió en defecto fáctico al concluir que el daño a la  vida de relación del niño Juan no se encontraba probado.    

     

198.       Conclusión  sobre el análisis de los defectos. En síntesis, respecto de los  defectos alegados, la Corte concluye lo siguiente:    

     

199.       (i)   El Tribunal de Pereira no incurrió en defecto sustantivo al concluir que  el municipio de Pereira no podía ser vinculado al trámite incidental de  reparación integral. Esta conclusión se fundó en las disposiciones del CPACA  que, de forma expresa, asignan competencia a la jurisdicción de lo contencioso  administrativo respecto de las pretensiones indemnizatorias dirigidas a  entidades públicas. Por otro lado, el Tribunal de Pereira tampoco incurrió en  defecto procedimental absoluto porque el deber previsto en el artículo 138 del  CGP no era aplicable en este caso. Lo anterior, en atención a las diferencias  procesales y sustantivas entre la acción de reparación directa ante la  jurisdicción de lo contencioso administrativo y el incidente de reparación  integral.    

     

200.       (ii)  El Tribunal de Pereira incurrió en tres defectos fácticos por indebida e  irrazonable valoración probatoria:    

     

–          El Tribunal de Pereira incurrió en defecto  fáctico al concluir que la Diócesis de Pereira no era civilmente responsable  por los daños que el abuso sexual cometido por el señor Alfredo causó al  niño Juan y sus familiares. Esto es así,  porque (a) ignoró pruebas que demostraban que la Diócesis de Pereira era  responsable por omisión del daño causado al niño, debido a que decidió  abstenerse de informar a las autoridades civiles y a la Institución Educativa La  Soledad que, en el pasado, el señor Alfredo había incurrido en actos  de abuso con otros menores de edad.  Además, (b) valoró de forma irrazonable  pruebas que evidenciaban que, conforme a la jurisprudencia ordinaria, el señor Alfredo  cometió el abuso sexual del niño Juan “prevalido”  de su posición sacerdotal, lo que implicaba que la Diócesis de Pereira debía  responder forma directa por los daños causados.    

–          El Tribunal de Pereira incurrió en  defecto fáctico al concluir, con base en una valoración irrazonable del  material probatorio, que el señor Pedro (tío) y la niña Elena  (prima) no probaron haber sufrido daños morales como resultado del abuso sexual  al niño Juan. Esto, porque las pruebas que reposaban en el expediente  demostraban que (a) el niño Juan tenía un estrecho vínculo de crianza  con su tío y prima, al punto que los consideraba como su padre y hermana,  respectivamente, (b) el niño convivía con ellos, y (c) ambos demostraron haber  padecido sufrimiento y aflicción como consecuencia del abuso sexual que sufrió  el menor de edad. Por lo demás, la valoración del Tribunal de Pereira sobre  este punto desconoció la protección constitucional e igualdad de derechos de la  familia de crianza.    

–          El Tribunal de Pereira incurrió en defecto  fáctico al concluir que el daño a la vida de relación del niño Juan no  se encontraba probado. Esto, porque (a) ignoró que existe una presunción simple  o judicial de que el abuso sexual en contra de NNA causa un menoscabo de su  proyecto de vida y, en particular, de su relacionamiento sexual, así como el  desarrollo de la identidad y formación religiosa o espiritual, (b) las  declaraciones del niño, su madre y abuela evidenciaban que el niño había visto  afectada su capacidad de relacionamiento social y (c) contrario a lo sostenido  por el Tribunal de Pereira, el psicólogo forense concluyó que no podía afirmar  con criterio de certeza absoluta la existencia ni la inexistencia de una  perturbación. En virtud de los principios pro damnato y pro infans,  esta duda debió haberse interpretado en favor del derecho a la reparación  integral del niño Juan.    

     

6.      Órdenes y remedios    

     

201.       Con  fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte adoptará las siguientes  órdenes y remedios.    

     

202.       Primero. Revocará las  sentencias de tutela de instancia que negaron el amparo. Esto es (i) el fallo de 6 de agosto  de 2024, por medio del que la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo (primera  instancia) y (ii) la sentencia del 14 de noviembre de 2024, mediante la cual la  Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión  (segunda instancia). En su lugar, concederá el amparo a los derechos  fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y  reparación integral de los accionantes.    

     

203.       Segundo. Dejará sin  efectos la providencia judicial cuestionada, esto es, la sentencia del 24 de  abril de 2023, por medio de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal  Superior del Distrito de Pereira dictó sentencia de segunda instancia en el  incidente de reparación integral Rad. [información sometida a reserva]. En su lugar, ordenará a  esta autoridad judicial que, en el término de 30 días contados a partir de la  notificación de la presente decisión, dicte una sentencia de reemplazo conforme  a las consideraciones expuestas de esta sentencia. En concreto, el Tribunal de  Pereira deberá (i) declarar la responsabilidad civil solidaria extracontractual  de la Diócesis de Pereira, (ii) tasar el daño moral que corresponde reconocer a  Elena (prima) y Pedro (tío); (iii) tasar el monto de la  indemnización por daño a la vida de relación que debe ser reconocido al niño Juan;  y (iv) adoptar los remedios y medidas de reparación simbólica que correspondan  conforme al principio de reparación integral[304].    

204.       Tercero. Conminará a  la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pereira y al  Juzgado 002 Penal de Conocimiento del Circuito de Pereira a que, en lo  sucesivo, (i) examinen las solicitudes de reparación integral en las que  intervengan NNA conforme a los principios pro infans y pro damnato,  celeridad procesal y plazo razonable; y (ii) se abstengan de avalar o  reproducir en sus fallos afirmaciones revictimizantes en contra de los NNA.    

     

205.       Cuarto. Ordenará a la  Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal de Colombia[305] que, en  cumplimiento de la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del  Niño y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006):    

     

(i)                Dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta  sentencia, (a) remitan al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía  General de la Nación las denuncias de abuso sexual presuntamente cometidas por  miembros de la congregación religiosa de las que tenga conocimiento; y (b)  establezcan normas, mecanismos, procedimientos y protocolos claros para que se  garantice el cumplimiento del deber de denuncia en todos los casos en que se  sospecha que un párroco o sacerdote incurrió en actos de abuso sexual en contra  de NNA. Estos protocolos deberán exigir que las denuncias sean puestas en conocimiento  del ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación de forma  inmediata, una vez se tenga conocimiento de las mismas. Asimismo, deberán  establecer la obligación de informar a las instituciones educativas,  fundaciones y demás personas jurídicas en las que el párroco o sacerdote tenga  o pueda tener contacto directo en el manejo, relación y dirección de NNA.    

(ii)              Luego de recibir denuncias de abuso sexual contra NNA, adoptar de forma  inmediata las medidas de protección y prevención que correspondan mientras las  autoridades eclesiales y civiles investigan los hechos. Estas medidas deberán  incluir, entre otras, (a) la investigación de los hechos conforme al derecho  canónico, (b) la presentación de denuncia de los hechos ante las autoridades  públicas que correspondan, (c) el deber de informar a las instituciones  educativas, fundaciones y demás personas jurídicas en las que el cura o párroco  investigado tenga contacto directo en el manejo, relación y dirección de NNA y  (d) la prohibición temporal de que, en el ejercicio de sus funciones  pastorales, eclesiales o educativas, el investigado tenga contacto con NNA,  mientras las investigaciones penales culminan. Estas medidas deberán partir del  reconocimiento del interés superior del menor, lo que implica que: (a) los  deberes constitucionales y legales de denuncia, protección y prevención de los  derechos de los NNA expuestos en esta sentencia tienen prevalencia sobre las  normas de derecho canónico y (b) la inexistencia de una condena penal en firme  no es una razón suficiente para abstenerse de informar a las autoridades  civiles encargadas de la investigación de los hechos y el restablecimiento de  los derechos de los NNA (ICBF, FGN etc.), así como a las instituciones  educativas en las que el cura o párroco investigado ejerza funciones  sacerdotales o de docencia.    

     

206.       Quinto. Compulsará copias  de esta decisión y del expediente de tutela al ICBF y a la Fiscalía General de  la Nación para que, en el ejercicio de sus competencias, inicien las  investigaciones administrativas y penales por los actos y omisiones de los  obispos y superiores de la Diócesis de Pereira que incumplieron el deber de  denuncia en este caso.    

     

207.       Sexto. Declarará que,  debido a la barrera de acceso que los accionantes enfrentaron para formular su  pretensión de reparación del presunto daño antijurídico producido por el  municipio de Pereira ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los  términos de caducidad del proceso de reparación directa deberán contarse desde  la notificación de la presente sentencia.    

     

III.             DECISIÓN    

     

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena la Corte  Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la  Constitución,    

     

RESUELVE    

     

PRIMERO. Levantar la suspensión de términos  decretada en este trámite de tutela.    

     

SEGUNDO. REVOCAR los fallos de tutela de  instancia que negaron el amparo. Esto es: (i) el fallo de 6 de agosto de 2024,  por medio del que la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal  de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo (primera instancia) y (ii) la  sentencia del 14 de noviembre de 2024, mediante la cual la Sala de Casación  Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión (segunda instancia).  En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de  acceso a la administración de justicia y reparación integral de los  accionantes.    

     

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la  providencia judicial cuestionada, esto es, la sentencia del 24 de abril de  2023, por medio de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del  Distrito de Pereira dictó sentencia de segunda instancia en el incidente de  reparación integral Rad. [información sometida a reserva]. En su lugar, ORDENAR  a esta autoridad judicial que, en el término de 30 días contados a partir  de la notificación de la presente decisión, dicte una sentencia de reemplazo  conforme a las consideraciones expuestas de esta sentencia. En concreto, el  Tribunal de Pereira deberá (i) declarar la responsabilidad civil solidaria  extracontractual de la Diócesis de Pereira, (ii) tasar el daño moral que  corresponde reconocer a Elena (prima) y Pedro (tío); (iii) tasar  el monto de la indemnización por daño a la vida de relación que debe ser  reconocido al niño Juan; y (iv) adoptar los remedios y medidas de  reparación simbólica que correspondan conforme al principio de reparación  integral.    

     

CUARTO. CONMINAR a la Sala de  Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pereira y al Juzgado 002  Penal de Conocimiento del Circuito de Pereira a que, en lo sucesivo, (i)  examinen las solicitudes de reparación integral en las que intervengan NNA  conforme a los principios pro infans y pro damnato, celeridad  procesal y plazo razonable; y (ii) se abstengan de avalar o reproducir en sus  fallos afirmaciones revictimizantes en contra de los NNA.    

     

QUINTO. ORDENAR a la Diócesis de  Pereira y a la Conferencia Episcopal de Colombia que, en cumplimiento de la  Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de  Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006):    

     

(i)                Dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta  sentencia, (a) remitan al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía  General de la Nación las denuncias de abuso sexual presuntamente cometidas por  miembros de la congregación religiosa de las que tenga conocimiento; y (b)  establezcan normas, mecanismos, procedimientos y protocolos claros para que se  garantice el cumplimiento del deber de denuncia en todos los casos en que se  sospecha que un párroco o sacerdote incurrió en actos de abuso sexual en contra  de NNA. Estos protocolos deberán exigir que las denuncias sean puestas en  conocimiento del ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la  Nación de forma inmediata, una vez se tenga conocimiento de las mismas.  Asimismo, deberán establecer la obligación de informar a las instituciones  educativas, fundaciones y demás personas jurídicas en las que el párroco o  sacerdote tenga o pueda tener contacto directo en el manejo, relación y  dirección de NNA.    

(ii)              Luego de recibir denuncias de abuso sexual contra NNA, adoptar de forma  inmediata las medidas de protección y prevención que correspondan mientras las  autoridades eclesiales y civiles investigan los hechos. Estas medidas deberán  incluir, entre otras, (a) la investigación de los hechos conforme al derecho  canónico, (b) la presentación de denuncia de los hechos ante las autoridades  públicas que correspondan, (c) el deber de informar a las instituciones  educativas, fundaciones y demás personas jurídicas en las que el cura o párroco  investigado tenga contacto directo en el manejo, relación y dirección de NNA y  (d) la prohibición temporal de que, en el ejercicio de sus funciones  pastorales, eclesiales o educativas, el investigado tenga contacto con NNA,  mientras las investigaciones penales culminan. Estas medidas deberán partir del  reconocimiento del interés superior del menor, lo que implica que: (a) los  deberes constitucionales y legales de denuncia, protección y prevención de los  derechos de los NNA expuestos en esta sentencia tienen prevalencia sobre las  normas de derecho canónico y (b) la inexistencia de una condena penal en firme  no es una razón suficiente para abstenerse de informar a las autoridades  civiles encargadas de la investigación de los hechos y el restablecimiento de  los derechos de los NNA (ICBF, FGN etc.), así como a las instituciones  educativas en las que el cura o párroco investigado ejerza funciones  sacerdotales o de docencia.    

     

SEXTO. COMPULSAR copias de esta  decisión y del expediente de tutela al ICBF y a la Fiscalía General de la  Nación para que, en el ejercicio de sus competencias, inicien las  investigaciones administrativas y penales por los actos y omisiones de los  obispos y superiores de la Diócesis de Pereira que incumplieron el deber de  denuncia en este caso.    

     

SÉPTIMO. DECLARAR que, debido a la  barrera de acceso que los accionantes enfrentaron para formular su pretensión  de reparación del presunto daño antijurídico producido por el municipio de  Pereira ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos de  caducidad del proceso de reparación directa deberán contarse desde la  notificación de la presente sentencia.    

     

OCTAVO. Por Secretaría General, LIBRAR las  comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los  efectos allí contemplados.    

     

Notifíquese, comuníquese y cúmplase    

     

     

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR    

Presidente    

     

     

     

NATALIA ÁNGEL CABO    

Magistrada    

     

     

     

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO    

Magistrado    

     

     

     

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ    

Magistrado    

     

     

     

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ    

Magistrada    

     

     

     

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE    

Magistrado    

     

     

     

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA    

Magistrada    

     

     

     

MIGUEL POLO ROSERO    

Magistrado    

     

     

     

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS    

Magistrado    

     

     

     

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ    

Secretaria General    

     

     

     

     

     

     

     

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA    

 NATALIA ÁNGEL CABO    

 A LA SENTENCIA SU.315/25    

     

     

Referencia:  expediente T-10.785.266.    

     

Acción  de tutela interpuesta por Juan, Lucia, Sofía, Elena  y Pedro en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito  Judicial de Pereira.    

     

Magistrada  ponente:    

Paola Andrea Meneses Mosquera.    

     

     

Acompaño la sentencia SU-315 de 2025. No  obstante, aclaro mi voto porque no encuentro justificado aplicar el  fenómeno de la caducidad cuando la víctima pretende reclamar el daño que una  entidad pública podría haberle ocasionado, derivado de un delito sexual contra  un niño, niña o adolescente, como el ocurrido en el caso. En efecto, considero  que en los procesos de reparación contra el Estado por hechos de esta  naturaleza no debe operar la caducidad, conforme al estándar de protección  internacional del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,  que integra el bloque de constitucionalidad por mandato directo del artículo 93  de la Constitución. Así, estimo que la jurisprudencia debe avanzar  en reconocer explícitamente que la aplicación de instituciones como la  caducidad en los procesos en los que se solicita la reparación administrativa  en casos que comprometen gravemente los derechos humanos, aún más cuando se  trata de sujetos de especial protección, restringe el acceso de las víctimas a  un recurso judicial efectivo.    

     

Como se ilustra en la Sentencia SU-315 de  2025, sobre la que recae esta aclaración de voto, la Sala Plena tuteló los  derechos de las víctimas en un incidente de reparación integral tras la condena  de un sacerdote por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce  años. En el momento de los hechos, el sacerdote era profesor de un colegio  público de Pereira, en donde estudiaba el niño. La Corte Constitucional  concluyó que el tribunal de segunda instancia valoró de forma indebida las  pruebas sobre la responsabilidad civil de la Diócesis y que las víctimas  enfrentaron obstáculos para reclamar la reparación del daño contra el municipio  de Pereira. Por ello, la Sala determinó que el término de caducidad del proceso  de reparación directa debe contarse desde la notificación de su sentencia.    

     

Si bien comparto la decisión y las medidas  adoptadas en esta sentencia, pues era necesario reconocer la barrera que  impidió a las víctimas acudir a la jurisdicción de lo contencioso  administrativo para reclamar la responsabilidad del municipio, me aparto de la  idea de que la caducidad sea una figura aplicable en casos como el analizado.  De hecho, como lo he indicado en otras ocasiones[306],  no comparto el precedente de la Corte Constitucional establecido en la  sentencia SU-312 de 2020, que reconoce la caducidad en procesos de reparación  administrativa cuando están involucrados delitos de lesa humanidad. En ese  precedente, que fue expedido antes de que ocupara el cargo de magistrada, la  Corte avaló la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación de la  caducidad incluso en casos en los que el daño que se  pretende reparar es causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de  guerra o un genocidio.    

     

La Corte Constitucional ha señalado que la violencia sexual contra los  niños, niñas y adolescentes constituye una grave violación de los derechos  humanos[307].  En esa misma línea, en el contexto penal, el legislador ha dispuesto que la  acción penal es imprescriptible en relación con esas conductas[308]. Los  niños, niñas y adolescentes son, además, sujetos de especial protección  constitucional a la luz de la Constitución de 1991. Sumado a esto, como lo  reconoce la misma sentencia SU-315 de 2025, no es eventual que las víctimas de  violencia sexual denuncien mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos,  incluso cuando llegan a la edad adulta. Esto puede ocurrir por diferentes  razones, entre ellas por miedo o porque la conciencia de los hechos solo se  manifiesta en el largo plazo, al punto que muchas personas solo se hacen  conscientes de que fueron víctimas de violencia sexual años después de que  ocurre el hecho.    

     

Por  todo esto, no tiene sentido, y es contrario a la protección especial que debe  dárseles a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de graves  violaciones de derechos humanos, que en este tipo de casos opere una figura  como la de la caducidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.    

     

Con el debido respeto,    

     

     

     

     

NATALIA ÁNGEL CABO    

Magistrada    

[1] Aclaración previa: la Sala Plena advierte que el  expediente contiene información reservada, en particular, datos relacionados  con conductas punibles de las cuales uno de los accionantes fue víctima en su  infancia. Por esta razón, su divulgación podría vulnerar el derecho a la intimidad  personal y familiar. En este sentido, la Sala adoptará, de oficio, medidas de  protección para garantizar la reserva de dicha información. En consecuencia, se  elaborarán dos versiones idénticas de esta providencia. En la versión pública,  se omitirán los nombres reales de los accionantes y sus familiares, así como  cualquier otro dato que permita su identificación.    

[2] Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo “03Pruebas.pdf”,  pág. 135.    

[3] Ibid, pág.  197.    

[5] Mediante Decreto 1818 suscrito por el entonces Obispo Edgario  y el Canciller Dagoberto.    

[6] Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo “03Pruebas.pdf”, pág.  231.    

[7] Ibid.    

[8] Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo “03Pruebas.pdf”,  pág. 38.    

[9] Expediente Digital, archivo“0003Expediente_digitalizado.pdf”,  pág. 3.    

[10] Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo  “03SolicitudIncidenteReparacionIntegral.pdf”.    

[11] Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo “34FalloPrimeraInstancia.pdf”.    

[12] Cód. C. “ARTICULO 2347. <RESPONSABILIDAD POR EL HECHO  PROPIO Y DE LAS PERSONAS A CARGO>. Toda persona es responsable, no sólo de  sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de  aquellos que estuvieren a su cuidado”.    

[13] Ibid., pág. 2.    

[14] Ibid., pág. 6.    

[15] Ibid., pág. 5.    

[16] Ibid.    

[17] Ibid., pág. 4.    

[18] Ibid.    

[19] Ibid.    

[20] Ibid., pág. 5.    

[21] Expediente  Digital. Carpeta Incidente de Reparación. Doc. “37SustentacionRecurso.pdf.”    

[22] Expediente  Digital. Carpeta Incidente de Reparación. Doc. “36RecursoApelacion.pdf.”    

[23] Ibid.    

[24] Ibid.    

[25] Conforme a  la copia del registro civil de defunción que obra en el expediente digital  remitido por el Juzgado 002 Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, en  respuesta al requerimiento formulado por esta corporación. Expediente digital,  archivo “002ExpedienteDigitalizadoEjecucionPenas2008-00157[información sometida  a reserva].pdf”, pág. 234.    

[26] Expediente Digital, archivo “0003Expediente_digitalizado.pdf.”,  págs. 51 y ss. Este Tribunal excusó la  demora de su pronunciamiento en errores administrativos, la alta congestión de  procesos y el cambio de magistraturas.    

[27] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  AP5799-2016. Ver también, sentencia del 6 de diciembre de 2017, radicado 48884.    

[28] Expediente  Digital, archivo “0003Expediente_digitalizado.pdf.”, pág. 58.    

[29] Ibid.    

[30] Ibid., pág. 62.    

[31] Ibid., pág. 63.    

[32] Ibid.    

[33] Ibid.    

[34] Ibid.    

[35] Ibid.    

[36] Ibid.    

[37] Ibid., pág. 64.    

[38] Ibid.    

[39] Ibid.    

[40] Ibid.    

[41] Ibid., pág. 66.    

[42] Ibid.    

[43] Ibid.    

[44] Ibid.    

[45] Ibid., pág. 70.    

[46] Ibid.    

[48] Ibid., pág. 71.    

[49] Ibid.    

[50] Ibid.    

[51] Ibid.    

[52] Ibid., págs. 71 y  72.    

[53] Expediente Digital, archivo “0003Expediente_digitalizado.pdf.”,  pág.77.    

[54] Ibid, pág.  82.    

[55] Ibid, pág. 81.    

[56] Expediente  digital. Carpeta Incidente de Reparación integral, archivo “37OFICIO 1360 [información  sometida a reserva] (1).pdf.”    

[57] Ibid., pág. 172.    

[58] Ibid., pág. 173.    

[59] Ibid., pág. 179.    

[60] Ibid., pág. 199. En contra de la decisión de la Sala Penal  el apoderado de las víctimas interpuso acción de tutela.    

[61] Expediente  digital, archivo “0002Expediente_digitalizado.pdf”., pág. 58.    

[62] Ibid., pág. 60.    

[63] Ibid., pág. 67.    

[64] Ibid., pág. 66.    

[65] Ibid.    

[66] Ibid., pág. 77.    

[67] Ibid., pág. 83.    

[68] Ibid., pág. 82.    

[69] Ibid.    

[70] Ibid., pág. 87.    

[71] Ibid., pág. 89.    

[72] Ibid., pág. 97.    

[73] Ibid., pág. 99.    

[74] Ibid., pág. 100.    

[75] Ibid., pág. 101.    

[76] Ibid., pág. 103.    

[77] Ibid., pág. 106.    

[78] Ibid., pág. 110.    

[79] Ibid., pág. 112.    

[80] Expediente digital, archivo “004Auto.pdf”, pág. 1.    

[81] Expediente digital, archivo “0008Memorial.pdf”, pág. 1.    

[82] Expediente digital, archivo “0010Memorial.pdf”, pág. 6.    

[83] Ibid.    

[84] Ibid.    

[85] Ibid.    

[86] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.    

[87] Expediente digital, archivo “0012Sentencia.pdf”, pág. 7.    

[88] Ibid. Al respecto, citó las siguientes providencias de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: Auto AP5799-2016,  radicado 48071, 31 de agosto de 2016; y Auto AP8822-2017, radicado 48884, 6 de  diciembre de 2017.    

[89] Ibid, pág. 9.    

[90] Ibid.    

[92] Ibid., pág. 8.    

[93] Ibid.    

[94] Expediente  digital, archivo “0014Memorialimpgnacion.pdf”.    

[95] Ibid., pág. 22.    

[96] Expediente  digital, archivo “Sentenciasegunda.pdf”.    

[97] Ibid.    

[98] Expediente  digital, archivo “023 T-10785266_SUSPENSION_TERMINOS_SALA_PLENA.pdf”.    

[99] Constitución Política, art. 86.    

[100] Corte Constitucional, Sentencias  T-697 de 2006, T-176 de 2011, T-279 de 2021, T-292 de 2021 y T-320 de 2021.    

[101] Corte Constitucional, Sentencias  T-176 de 2011, T-320 de 2021 y SU-072 de 2024.    

[102] Expediente digital, archivo “0002Expediente_digitalizado.pdf”.,  pág. 116. La Sala advierte que el poder especial presentado cumple con los  requisitos previstos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y 74 del CGP.    

[103] Corte Constitucional, Sentencias T-593 de 2017, SU-424 de  2021 y T-405 de 2022.    

[104] Corte  Constitucional, Sentencia T-593 de 2017. En  concordancia con el inciso 5º del artículo 86 de la Constitución, el artículo  42 del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé los casos en los que la acción de tutela  procede contra particulares.    

[105] Por otro lado, la Diócesis de Pereira y la Conferencia  Episcopal de Colombia fueron vinculadas al trámite de tutela. Mediante auto del 9 de julio de 2024, la Sala  de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la  tutela sub examine y dispuso vincular “a la actuación a las demás partes  e intervinientes del proceso [del incidente de reparación integral]”.  Expediente digital, archivo “0004Auto.pdf”.Estas organizaciones privadas, con personería jurídica de  derecho público eclesiástico, podrían verse afectadas por las decisiones de  tutela, dado que fueron parte en el incidente de reparación integral.    

[106] Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de 1999, T-273 de  2015 y SU-260 de 2021.    

[107] Corte Constitucional, Sentencia SU-150 de 2021.    

[108] Corte Constitucional, Sentencias SU-168 de 2017 y T-550 de  2020.    

[109] Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2021.    

[110] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.    

[111] Ibid.    

[112] Decreto 2591 de 1991, art. 6.  “La acción de tutela no  procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,  salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un  perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en  concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se  encuentra el solicitante”.    

[114] Corte Constitucional, Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de  2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de  2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.    

[115] Corte Constitucional, Sentencia SU-073 de 2019.    

[116] Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006.    

[117] Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019. Ver  también, Sentencia C-590 de 2005.    

[118] Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006.    

[119] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.    

[120] Corte Constitucional, Sentencia T-093 de 2019.    

[121] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.    

[122] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.    

[123] Corte Constitucional, Sentencia  SU-379 de 2019.    

[124] Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012.    

[125] Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, SU-061 de  2018 y T-470 de 2018, entre otras.    

[126] Ibid.    

[127] Corte Constitucional, Sentencia SU-387 de 2022. Ver también,  Sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y SU-636  de 2015.    

[128] Corte Constitucional, Sentencia SU-048 de  2022.    

[129] Corte Constitucional, Sentencia SU-273 de 2022. Ver  también, Sentencia SU-074 de 2022.    

[130] Corte Constitucional, Sentencias SU-141  de 2020, SU-242 de 2015 y SU-159 de 2002.    

[131] Corte Constitucional, Sentencia SU-115 de  2019.    

[132] Corte Constitucional, Sentencias SU-424  de 2016, T-462 de 2003 y T-842 de 2001.    

[133] Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.    

[134] Corte Constitucional, Sentencias SU-388 de 2021, SU-050 de  2018 y SU-387 de 2022.    

[135] Corte Constitucional, sentencia SU-258 de 2021.    

[136] Ibid.    

[137] Ibid. Ver también, Corte Constitucional, Sentencia SU-060 de 2024.    

[138] Corte Constitucional, Sentencia SU-258 de 2021.    

[139] Corte Constitucional, Sentencia T-526 de 2024.    

[140] Corte Constitucional, Sentencias C-569 de 2016, SU-667 de  2017, C-070 de 2019, C-250 de 2019 y SU-191 de 2022, entre muchas otras.    

[141] Corte Constitucional, Sentencias SU-191 de 2022 y SU-184  de 2025.    

[142] Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 2019.    

[143] Ibid.    

[144] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.  13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.  CRC/C/GC/13. 18 de abril de 2011.    

[145] Ibid.    

[146] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.  13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.  CRC/C/GC/13. 18 de abril de 2011, párr. 3(a).    

[147] Ibid, párr. 17.    

[148] Corte Constitucional, Sentencias T-510 de 2003, T-808 de  2006, T-292 de 2004, T-899 de 2010, T-557 de 2011, T-679 de 2012 y T-005 de  2018.     

[149] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.  13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.  CRC/C/GC/13. 18 de abril de 2011, párr. 5.    

[150] Ley 599 de 2000. Artículo 219-B. “El que, por razón de su  oficio, cargo, o actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores  para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente  capítulo y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales  competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá  en multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios  mínimos legales mensuales vigentes. // Si la conducta se realizare por servidor  público, se impondrá, además, la pérdida del empleo”.      

[151] Corte Constitucional, Sentencias C-228 de 2002, T-843 de  2011, T-117 de 2013, C-117 de 2014, C-558 de 2019 y SU-191 de 2022, entre  muchas otras.      

[152] Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002.    

[154] Corte Constitucional, Sentencia C-795 de 2014.    

[155] Corte Constitucional, sentencia  T-230 de 2013. Ver también, sentencia SU-179 de 2021.    

[156] Corte Constitucional, sentencias  SU-179 de 2021 y T-420 de 2022.    

[157] Corte Constitucional, sentencias  T-1249 de 2004, T-297 de 2006, T-230 de 2013, T-441 de 2015, SU-333 de 2020,  SU-453 de 2020 y SU-179 de 2021.    

[158] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.  13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.  CRC/C/GC/13. 18 de abril de 2011, párr. 54.    

[159] Ibid.    

[160] Ibid.    

[161] Ibid.    

[162] Ibid.    

[163] Ibid., párr. 57.    

[164] Ley 906 de 2004, art. 132. Ver también, Corte  Constitucional, sentencias como  la T-275 de 1994 y C-228 de 2002, reiteradas entre otras, por las sentencias  C-916 de 2002, C-899 de 2003, C-516 de 2007 y T-794 de 2007.    

[165] Corte  Constitucional, Sentencia C-516 de 2007.    

[166] Corte  Constitucional, Sentencia C-228 de 2002.    

[167] Corte  Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.    

[168] Corte  Constitucional, Sentencia SU-279 de 2024.    

[169] Corte Constitucional, Sentencias T-1227 de 2008 y SU-360  de 2024.    

[170] Ibid.    

[171] Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2024. Ver  también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia con  radicación 34145, 13 de abril de 2011. En esta sentencia, la Sala de Casación  Penal señaló que el incidente de reparación integral es un mecanismo procesal  dirigido a obtener la “indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad  civil derivada del daño causado con el delito -reparación en sentido lato- y  cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los  derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está cobijado por la  responsabilidad civil”. Este criterio fue reiterado por la misma Sala en Sentencia  36784, 10 de mayo de 2016.    

[172] La Fiscalía o el Ministerio Público también pueden solicitar su apertura.    

[173] Artículo 107 del  Código de Procedimiento Penal.    

[174]Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de la  Responsabilidad Civil. Pp 8. Tomo I.    

[175] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con expediente 2005-00058-01, 16 de septiembre de 2011. Reiterada en  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia con expediente  2006-00372-0, 30 de octubre de 2012; Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Civil, Sentencia con expediente 2002-00358-01, 21 de enero de 2013;  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia con expediente  2005-0027-01, 14 de agosto de 2017. Ver también, Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil, Sentencia SC1758-2024, radicación  11001-31-03-006-2005-00291-02, 16 de julio de 2024; Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil, Sentencia SC422-2024, radicación  08001-31-03-016-2016-00594-01, 8 de abril de 2024; Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil, Sentencia SC072-2025, radicación  66001-31-03-004-2013-00141-01, 27 de marzo de 2025. “La responsabilidad, esto  es, la obligación que tiene el victimario de indemnizar los daños causados al  afectado con ocasión de un hecho contrario a derecho, requiere de la presencia  simultánea de los siguientes elementos para emerger a la vida jurídica: (I)  comportamiento antijurídico; (II) factor de atribución -subjetivo u objetivo-;  (III) daño; y (IV) nexo causal entre el comportamiento y el daño”.    

[176] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con expediente 2005-00058-01, 16 de septiembre de 2011. Reiterada en  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia con expediente  2006-00372-0, 30 de octubre de 2012; Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Civil, Sentencia con expediente 2002-00358-01, 21 de enero de 2013;  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia con expediente  2005-0027-01, 14 de agosto de 2017.    

[177] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4843-2021, radicación 15322-31-03-001-2015-00078-01, 2 de noviembre  de 2021. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC072-2025, radicación 66001-31-03-004-2013-00141-01, 27 de marzo de  2025; Sentencia con radicación 08001-31-03-001-2016-00025-01, 16 de marzo de  2023: “En cuanto concierne al daño, entendido como «todo detrimento, perjuicio,  menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes,  libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la  destrucción o disminución, por insignificante que sea de las ventajas o  beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo31, esta  Corporación ha considerado que radica en «la vulneración de un interés tutelado  por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que  repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y  frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de  satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del  agravio» (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia  SC4703-2021, radicación 2001-01048-01, 22 de octubre de 2021). Tal habrá de ser  cierto, susceptible de estimarse económicamente y antijurídico, memorando que  la antijuridicidad podría devenir, en el caso de la huelga, de su ejercicio  abusivo, como claramente ocurre en aquellas desarrolladas haciendo uso de la  violencia contra el empleador o terceros, aunque no es esta la única  hipótesis”.    

[178] Ibid.    

[179] Cód. C., art. 1614.  “Entiéndese por daño emergente  el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o  de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y  por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a  consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente,  o retardado su cumplimiento” (énfasis añadido).    

[181] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4124-2021, 16 de noviembre de 2021. Ver también, Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de Tutela STC6520-2025; y Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC780-2020.    

[182] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC-2002-00099, [radicación no indicada], 9 de diciembre de 2013.    

[183] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC-13-05-2008, [radicación no indicada], 13 de mayo de 2008.    

[184] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con Rad. 88001310300120020009901, 9 de diciembre de 2013.    

[185] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC040-2023, radicación 08001-31-03-001-2016-00025-01, 16 de marzo de  2023. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia  con expediente 2005-00058-01, 16 de septiembre de 2011. Reiterada en Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia con expediente  2006-00372-0, 30 de octubre de 2012; Sentencia con expediente 2002-00358-01, 21  de enero de 2013; Sentencia con expediente 2005-0027-01, 14 de agosto de 2017;  y Sentencia SC397-2021, radicación 11001-31-03-036-2009-00278-01, 22 de febrero  de 2021.    

[186] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC397-2021, radicación 11001-31-03-036-2009-00278-01, 22 de febrero  de 2021. “La culpa, cuestión nodal de la discusión, se refiere a la  negligencia, imprudencia, descuido o impericia en el comportamiento desplegado.  Se caracteriza por la «inobservancia del cuidado debido en el actuar de la  persona a quien se le atribuye ser la causante del daño»”.    

[187] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC7824, radicación 2006-00272-02, 15 de junio de 2016; Auto AC2184,  radicación 2010-00304-01, 15 de abril de 2016;  Auto AC1436, radicación  2012-00323-01, 2 de diciembre de 2015; Sentencia SC13594, radicación  2005-00105-01, 6 de octubre de 2015; Sentencia SC10808, radicación  2006-00320-01, 13 de agosto de 2015; Sentencia SC17399, radicación  2002-00188-01, 19 de diciembre de 2014; Sentencia SC12449, radicación  2006-00052-01, 15 de septiembre de 2014; entre otras.    

[188] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC065-2023, radicación 05001-31-03-005-2010-00259-01, 27 de marzo de  2023.    

[189] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13925-2016, radicación 05001-31-03-003-2005-00174-01, 30 de  septiembre de 2016.    

[190] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC065-2023, radicación 05001-31-03-005-2010-00259-01, 27 de marzo de  2023.    

[191] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13925-2016, radicación 05001-31-03-003-2005-00174-01, 30 de  septiembre de 2016. Ver también: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación  Civil, Sentencia SC072-2025, radicación 66001-31-03-004-2013-00141-01, 27 de  marzo de 2025. “Esto ha dado lugar a «asumir como causa la ‘que de todos los  antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene  la categoría de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la  vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el  más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas  circunstancias que rodearon la producción del daño’» (Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC456-2024)”.    

[192] Javier Tamayo. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II,  pág. 578.    

[193] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4420-2020, radicación 68001-31-03-010-2011-00093-01, 17 de  noviembre de 2020.    

[194] Corte Constitucional, Sentencia C-1235 de 2005.    

[195] Alberto Tamayo. La responsabilidad civil extracontractual  y la contractual. Bogotá D.C. Ediciones Doctrina y Ley. 2005. pp. 135-136; Álvaro  Pérez Vives coincide con este criterio en su obra “Teoría general de las  obligaciones”. Para más información, véase: Álvaro Pérez. Teoría general de las  obligaciones. Tomo II. Bogotá D.C. Temis. 1968.    

[196] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con radicación 4637, 15 de marzo de 1996. Reiterada en Corte Suprema  de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC4420-2020, radicación  68001-31-03-010-2011-00093-01, 17 de noviembre de 2020.    

[197] Ibid.    

[198] Ibid. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha  señalado que “la responsabilidad por el hecho ajeno tiene su fundamento en la  sanción a la falta de vigilancia para quienes tienen a su cargo el sagrado  depósito de la autoridad. Es una modalidad de la responsabilidad que deriva de  la propia culpa al elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando)  a las personas por las cuales se debe responder”. Corte Constitucional,  sentencia C-1235 de 2005.    

[199] Conforme a la jurisprudencia de la Sala Civil, el  principal es responsable de la indemnización del daño como resultado de una  actuación u omisión suya, a saber: el incumplimiento o falta culposa al deber  general de cuidado que tenía respecto del agente directo o responsable material.  Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 27 de mayo de 2000. Rad.  No. 6264. En el mismo sentido, puede consultarse a  Arturo Alessandri. De la  Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil. Santiago de Chile. Imprenta  Universal. 1987, p. 213. “[…] el que tiene bajo su cuidado o dependencia a una  persona que cause daño, no responde del hecho de ésta sino del suyo propio, que  es la falta de vigilancia que sobre ella debía ejercer […]”.    

[200] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4420-2020, radicación 68001-31-03-010-2011-00093-01, 17 de  noviembre de 2020.    

[201] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13630-2015, [radicación no indicada], 7 de octubre de 2015.    

[202] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con radicación 4637, 15 de marzo de 1996. Reiterada en Corte Suprema  de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC4420-2020, radicación  68001-31-03-010-2011-00093-01, 17 de noviembre de 2020.    

[203] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13630-2015, [radicación no indicada], 7 de octubre de 2015. Ver  también Sentencia con radicación C-1100131030221999-06826-01, 30 de agosto de  2010. “La legitimación, entonces, de la clínica para abogar por su  empleado surge de bulto, porque la responsabilidad de las personas jurídicas,  respecto de las conductas de sus dependientes, es directa, como lo tiene  decantado la jurisprudencia[203],  pues por su naturaleza ficticia, únicamente puede manifestarse a través de  sus agentes. Así que cuando el ente incorpóreo, con relación al  comportamiento de sus subordinados, alega inexistencia de culpa o falta de  relación de causalidad entre ésta y el daño, está es asumiendo su propia  defensa” (subrayado fuera del texto).    

[204] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC18594-2016, 19 de diciembre de 2016.    

[205] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13630, radicación 2009-00042-01, 7 de octubre de 2015, Sentencia  SC13925, radicación 2005-00174-01, 24 de agosto de 2016; Sentencia SC9193,  radicación 2011-00108-01, 28 de junio de 2017; Sentencia SC562-2020, 27 de  febrero de 2020.    

[206] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC13630, radicación 2009-00042-01, 7 de octubre de 2015    

[207] Ibid.    

[208] Ibid.    

[209] Ibid.    

[210] Ibid.    

[211] Ibid.    

[212] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia 184, expediente 6143, 27 de septiembre de 2002.    

[213] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia de Casación, [radicación no indicada], 28 de octubre de 1975.  Reiterada en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia  SC13630-2015, [radicación no indicada], 7 de octubre de 2015.    

[214] Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Civil, Sentencia SC13925-2016, 30 de septiembre de 2016.    

[215] Ibid.    

[216] Corte Constitucional, Sentencia SU-191 de 2022.    

[217] Corte Constitucional, Sentencias T-091 de 2020, SU-191 de  2022 y SU-185 de 2024.    

[219] “Con base en estas consideraciones, es preciso admitir que  le asiste razón al casacionista cuando reprocha al Tribunal haber aplicado al  caso bajo examen una norma que no rige la controversia, pues en tratándose de  la responsabilidad civil de las personas jurídicas –se reitera– es la directa  consagrada en el artículo 2341 y no la indirecta que prevén los artículos 2347  y 2349 del ordenamiento sustancial, la que está llamada a dirimir el  conflicto”.    

[220] La prohibición de opción es “una restricción que el  ordenamiento impone al juez para que decida el caso con base en el único  instituto jurídico que lo rige, de suerte que no es posible escoger a  conveniencia entre los distintos regímenes de la responsabilidad (contractual y  extracontractual)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC780-2020, del 10 de marzo de 2020.    

[221] Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Civil, Sentencia SC13630-2015, 7 de octubre de 2015.    

[222] Ibid., pág. 55.    

[223] Ibid.    

[224] Ibid., pág. 56.    

[225] Ibid., pág. 57.    

[226] Ibid., pág. 58.    

[227] Ibid., pág. 59.    

[228] Ibid., pág. 60.    

[229] Ibid.    

[230] Ibid.    

[231] En este caso, la responsabilidad indirecta por el hecho  ajeno o vicaria (Vicarious Liability) se determinó aplicando el test  establecido en el fallo Bazley vs Curry, que requiere: (1) que la  actividad institucional incremente significativamente el riesgo del daño; y (2)  que exista una conexión estrecha entre dicha actividad y el daño efectivamente  causado.    

[232] Las resoluciones del Comité de los  Derechos del Niño no tienen fuerza vinculante en sentido estricto. Sin embargo,  conforme art 45 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los  Derechos del Niño puede formular sugerencias y recomendaciones, cuya  consideración por los Estados Parte es exigible con fundamento en el principio  internacional de buena fe. Además, de acuerdo con la Ley 288 de 1996, algunas  decisiones de comités internacionales de derechos humanos generan obligaciones  indemnizatorias. Por lo demás, sus pronunciamientos han sido reconocidos por  esta Corte como criterios interpretativos autorizados en múltiples decisiones.  Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias  T-005 de 2024,  T-245A de 2022, T-155 de 2021 y C-606 de 2012.    

[233] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto  AP5799-2016, 31 de agosto de 2016. Ver también Sentencia con radicado 48884, 6  de diciembre de 2017, de la misma Sala.    

[234] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 30 de  noviembre de 2006, radicado 25312. Al respecto, pueden consultarse también las  siguientes providencias:  Auto AP8822-2017, 6 de diciembre de 2017, radicado 48884.  Auto AP5799-2016, 31 de agosto de 2016, radicado 48071; y, sentencia del 30 de  noviembre de 2006, radicado 25312.    

[235] Ibid.    

[236] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31  agosto de 1999, radicado 10865. Ver también, sentencias del 6 de octubre de  2023, radicado 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506), sentencia del 7 de  noviembre de 2002, radicado 25000-23-26-000-1993-08713-01 (13669), sentencia  del 13 de mayo de 2009, radicado 25000-23-31-000-1996-00321-01 (17038), entre  otras.    

[237] El Tribunal aplicó la  jurisprudencia vigente para el momento de la decisión, tanto de la Corte  Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, según la cual el juez ordinario  carece de competencia para imponer condenas patrimoniales al Estado en sede de  incidente de reparación integral. Con todo, aunque esta posición ha sido  pacífica y reiterada, la Sala Plena considera que podría ser objeto de revisión  por dichos tribunales de cierre para que, en decisiones futuras, se permita la  vinculación de entidades públicas, al menos en circunstancias excepcionales de  especial gravedad en los que su desvinculación pueda (i) imponer cargas  desproporcionadas a las NNA que son víctimas de abuso sexual,  (ii) la  tramitación de procesos indemnizatorios paralelos por los mismos hecho ante diferentes  jueces, pueda conducir a decisiones contradictorias y afectar el principio de  seguridad jurídica.    

[238] Ley 1437 de 2011, artículo 161.  “Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al  cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:    

1. Cuando los asuntos sean conciliables; el trámite de  la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda  demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con  restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales  […]”.    

[239] Expediente Digital, archivo  “0003Expediente_digitalizado.pdf.”, págs. 51 y ss. Este Tribunal excusó la demora de su pronunciamiento en  errores administrativos, la alta congestión de procesos y el cambio de  magistraturas.    

[240] El Tribunal de Pereira justificó la  mora con, principalmente cuatro argumentos. En primer lugar, el magistrado  ponente explicó que recibió el despacho en abril de 2021 con más de 400  procesos penales y alrededor de 120 acciones de tutela vencidas, así como con  graves falencias organizativas y ausencia de registros orales completos en  expedientes físicos, lo que dificultó su normal funcionamiento. En segundo  lugar, atribuyó parte de la inactividad al historial del despacho: el asunto  fue inicialmente asignado en 2013, y desde entonces atravesó múltiples relevos  en la magistratura, incluyendo periodos de provisionalidad y congestión, sin  que se evacuara el caso. En tercer lugar, sostuvo que desde su posesión  priorizó procesos penales con personas privadas de la libertad o en riesgo de  prescripción, así como acciones constitucionales con vencimiento, lo que  postergó la atención de otros asuntos como el presente. Finalmente, indicó que  ha realizado esfuerzos sostenidos de reorganización, incluyendo la remoción y  renovación del equipo de trabajo y la digitalización de expedientes, para  mejorar la eficiencia del despacho. Si bien reconoció que el caso fue enlistado  con prioridad a raíz de las reiteradas solicitudes del apoderado de las  víctimas, afirmó que las circunstancias descritas explican la mora, aunque “no  pretende en ninguna medida justificar la tardanza en la emisión de la presente  decisión”    

[241] Esta orden también estará dirigida  al Juzgado 002 Penal de Conocimiento del Circuito de Pereira debido a que fue  la autoridad judicial que, en primera instancia, mantuvo vinculado al municipio  de Pereira lo que razonablemente condujo a que la parte accionante no  presentara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.    

[242] Expediente digital. Carpeta Incidente de reparación  integral, archivo “[información sometida a reserva].wmb.”.    

[243] Ibid, Min 28:30.    

[244] Ibid, Min 33:23.    

[245] Ibid, Min 41:29.    

[246] Ibid, Min 46:22.    

[247] Ibid, Min 55:29.    

[248] Ibid, Min 56:05.    

[249] Este  planteamiento se basa en que la Diócesis de Pereira, en su condición de persona  jurídica, priorizó la protección del buen nombre y la honra de sus miembros,  personas naturales, dada la gravedad y el amplio repudio social de las  conductas denunciadas. Sobre la titularidad de derechos fundamentales de las  personas jurídicas por vía indirecta puede verse, por ejemplo: Corte  Constitucional, Sentencia T-411 de 1992.    

[250] Expediente  digital, archivos “2025-06-11-6.pdf”; “2025-06-11-9.pdf”; “2025-06-11-14.pdf”;  “2025-06-11-15.pdf”. Comunicaciones internas y comunicado de prensa aportados  como anexos a la respuesta remitida por la Diócesis de Pereira al segundo auto  de pruebas en el caso sub examine.    

[252] Sobre el particular, las accionantes manifestaron que: “Se reprocha que el Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Pereira, al desatar el recurso de apelación, no tuvo en  cuenta la declaración ofrecida por Monseñor Edgario, obispo  emérito de Pereira. En dicha declaración, Monseñor Edgario afirmó que  anteriormente el mismo sacerdote (Alonso Bueno Dávila) tuvo problemas  similares con otro menor de edad en el barrio Las Brisas del municipio de  Pereira. Debido a estos problemas, el sacerdote fue trasladado al  municipio [sic] de Irra” (énfasis añadido). Pág., 3. Irra es un corregimiento  rural perteneciente al municipio de Quinchía, Risaralda ubicado, aproximadamente,  a 1 hora y media en vehículo desde Pereira, capital del Departamento.    

[253] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC13630-2015.    

[254] Ibid.    

[255] La ceniza, en el rito litúrgico católico, es un sacramento  que se impone el “Miércoles de Ceniza” y que marca el inicio del tiempo de  Cuaresma. Según el “Libro de Bendiciones” católico, el rito de bendición y  distribución de las cenizas es competencia del sacerdote o diácono. Aunque la  celebración puede ser asistida por ministros laicos, la bendición debe ser  impartida únicamente por un sacerdote o diácono.    

[256] En  declaración rendida en el proceso disciplinario, la rectora del colegio, [información  sometida a reserva], se refería de manera constante a Alfredo como “el  padre”, tanto al describir los hechos objeto del proceso como en su relato de  interacciones cotidianas sostenidas con él dentro la institución. Señaló:  “entonces le pregunté que qué problemas tenía con Cristian y me dijo nada,  entonces le dije padre cuidado se complica la vida, no abrace a esos muchachos  (…) me dijo que a esa familia le ayudaba mucho con mercados, entonces yo le  dije padre usted se complicó la vida”. Expediente digital, archivo “IUS  2011-261775 IUC D-2011-77-421495.pdf”, pág. 60.    

[257] Mediante Resolución del 13 de julio de 2006, la SEMP  resolvió a favor del señor Alfredo un recurso de reposición interpuesto  contra su traslado, que le permitió continuar como docente en el colegio La  Soledad. En la comunicación oficial, la entidad se dirigió a él con el  tratamiento de “Padre”. Expediente  digital. Carpeta Incidente de reparación integral, archivo “03Pruebas.pdf”,  pág. 222.    

[258] La Corte precisa  que la Conferencia Episcopal de Colombia, por ser una persona jurídica distinta  respecto de la Diócesis de Pereira, no resulta civilmente responsable en este  caso. Por lo demás, las pruebas que reposan en el expediente no evidencian que  la Conferencia Episcopal sea responsable del daño. Las actuaciones y omisiones  reprochadas por las accionantes corresponden, principalmente, a la Diócesis de  Pereira.    

[259] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC4124-2021, 16 de noviembre de 2021. Ver también Sentencia STC6520-2025, 9 de  mayo de 2025 y Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de 2020.    

[260] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC-2002-00099, 9 de diciembre de 2013.    

[261] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia con  Radicación 66001-31-03-004-2013-00141-01, 27 de marzo de 2025.    

[262] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC5686-2018, 19 de diciembre de 2018; Sentencia SC3728-2021, 26 de agosto de  2021; Sentencia SC072-2025, 27 de marzo de 2025. Ver también, Corte Suprema de  Justicia, Sala Civil, Sentencia con Radicación 1993-00215-01, 20 de enero de  2009; Sentencia con Radicación 2002-00099-01, 9 de diciembre de 2013;,  Sentencia SC5050, 28 de abril de 2014; y Sentencia SC5885, 6 de mayo de 2016.    

[263] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC780-2020, 10 de marzo de 2020. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala  Civil, Sentencia STC6520-2025, 9 de mayo de 2025.    

[264] Ibid.    

[265] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC10297-2014, 5 de agosto de 2014.    

[266] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC5885-2016, 6 de mayo de 2016. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala  Civil, Sentencia SC5686-2018, 19 de diciembre de 2018; y sentencia SC072-2025,  27 de marzo de 2025.    

[267] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC4803,  12 de noviembre de 2019. Reiterada en sentencia SC3728-2021, 26 de agosto de  2021.    

[268] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC13925-2016, 30 de septiembre de 2016. Con relación al padre de crianza de Luz  Deisy Román, quien se casó con su madre cuando aquélla tenía apenas 8 años de  edad [f.15, c.1], y le dio el mismo trato que se le da a una hija biológica,  las declarantes coincidieron en sus buenas relaciones familiares, en su  cercanía, ya que vivían en la misma casa, y en el dolor que le causó la muerte  de su hija, al punto que María Orfilia Torres aseguró: «para mí la iban muy  bien, ese señor se comportaba con ella mejor que un papá, a veces mejor».  [Folio 22 rev., c. 3] //El padre de crianza de la difunta, entonces, tiene  derecho al pago de una indemnización por daño moral, debido a los lazos  afectivos que lo unían a aquélla, cuyo rompimiento le causó grandes y profundos  sufrimientos. // El padre de crianza de la difunta, entonces, tiene derecho al  pago de una indemnización por daño moral, debido a los lazos afectivos que lo  unían a aquélla, cuyo rompimiento le causó grandes y profundos sufrimientos”.    

[269] Corte Constitucional, sentencia  T-316 de 2017. Ver también, sentencias C-577 de 2011, T-070 de 2015, C-026 de  2016, T-292 de 2016 y C-569 de 2016, entre otras.    

[270] Ibid. Ver también las sentencias  SU-214 de 2016, C-071 de 2015, T-233 de 2015, T-292/16, entre otras.    

[271] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia  SC4703-2021, 22 de octubre de 2021.    

[272] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia con  Expediente 2005-00406-01, 18 de septiembre de 2009. Cfr. Sentencia SC665-2019,  7 de marzo de 2019. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,  Sentencia SC3919-2021, 8 de septiembre de 2021; Sentencia SC665-2019 con  Radicación 05001 31 03 016 2009-00005-01, 7 de marzo de 2019.    

[273] Ibid.    

[274] Ibid.    

[275] Corte Constitucional, Sentencias T-1227 de 2008 y SU-360  de 2024.    

[276] Ibid.    

[277] Corte  Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.    

[278] Corte  Constitucional, Sentencia SU-279 de 2024.    

[279] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC-13-05-2008, 13 de mayo de 2008.    

[280] Ib. En dicho fallo, la Sala retoma el concepto de  “actividad social no patrimonial” de la Sala de Casación Civil, en sentencia SC – 006-1997-09327-01, de 1968.    

[281] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia con Rad. 88001310300120020009901, 9 de diciembre de 2013.    

[282] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4124-2021, 19 de octubre de 2021    

[283] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC16690-2016, 17 de noviembre de 2016    

[284] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC22036, 19 de diciembre de 2017, reiterada por la sentencia SC4803,  12 de noviembre de 2019.    

[285] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC9193-2017, 28 de junio de 2017    

[287] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC5050-2014, 28 de octubre de 2014    

[288] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4124-2021, 19 de octubre de 2021    

[289] Ibid.    

[290] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC4124-2021, 19 de octubre de 2021    

[291] Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF),  noviembre 2016. “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para  tomar acciones y proteger sus derechos”.    

[292] La Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, de periodicidad  trimestral, es la publicación oficial de la Asociación Española de Psiquiatría  de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA).    

[293] Real-López, M., Peraire, M., Ramos-Vidal, C., Llorca, G.,  Julián, M., & Pereda, N. “Abuso sexual infantil y consecuencias  psicopatológicas en la vida adulta”, Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil,  vol. 40, n.º 1, 24 de marzo de 2023.    

[294] https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1003447/Boletin_NNA_enero_2024.pdf    

[295] El Estatuto de Roma considera  crímenes de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, el tráfico de  personas, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización  forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable.    

[296] Expediente digital. Carpeta Incidente de Reparación  integral, archivo “03Pruebas.pdf”,  pág. 10.    

[297] Expediente digital. Carpeta Incidente de Reparación  integral, archivo “[información sometida a reserva]_2.wmb.”    

[298] Expediente digital. Carpeta Incidente de Reparación  integral, archivo “03Pruebas.pdf”, pág. 32.    

[299] Expediente Digital, archivo  “0003Expediente_digitalizado.pdf.”, pág. 71.    

[300] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  Sentencia SC-13-05-2008, 13 de mayo de 2008.    

[301] Ibid. En dicho fallo, la Sala retoma el concepto de  “actividad social no patrimonial” de la Sala de Casación Civil, en sentencia SC – 006-1997-09327-01, de 1968.    

[302] Expediente  digital. Carpeta Incidente de Reparación  integral, archivo “[información sometida a reserva]_1.wmb.”. Min 31:46.    

[303] Ibid, Min.  32:06.    

[304] Por regla  general, cuando se constata un defecto fáctico, la Corte ordena a la autoridad  judicial proferir una nueva decisión que valore correctamente las pruebas. Sin  embargo, en este caso la Sala Plena optará por ordenar que, de forma perentoria,  la autoridad judicial accionada declare la responsabilidad civil de la Diócesis  de Pereira, en atención a que (i) existe certeza de que la Diócesis de Pereira  es tercera civilmente responsable, (ii) la Corte constató una mora superior a  diez años en la definición del incidente de reparación integral, y (iii) la  Corte evidenció la existencia de una grave violación a los derechos  fundamentales del menor de edad víctima y de su familia.    

[305] La Sala Plena reconoce que la  Conferencia Episcopal de Colombia es una persona jurídica independiente a la  Diócesis de Pereira. Asimismo, advierte que la Corte no encontró probada la  responsabilidad civil de la Conferencia Episcopal de Colombia respecto del daño  sufrido por el menor de edad accionante. Sin embargo, la Corte considera que es  procedente dirigirle esta orden porque (i) la Conferencia Episcopal está  vinculada al trámite de tutela y (ii) tiene funciones de dirección al interior  de la Iglesia Católica, por lo que sus actuaciones pueden contribuir a la  eficacia de este remedio, el cual tienen un carácter preventivo.    

[306] Ver las  aclaraciones de voto de la magistrada Natalia Ángel Cabo frente a las  sentencias T-354 de 2023 y SU-167 de 2023.    

[307] Ver, por  ejemplo, la Sentencia T-008 de 2020.    

[308] Ley 2081 de  2021, “por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de  delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de  incesto, cometidos en menores de 18 años – No más silencio”.

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