T-008-25

  T-008-25 

     

     

TEMAS-SUBTEMAS    

     

Sentencia T-008/25    

     

DERECHO A LA SALUD-Protección cuando  la EPS, o la entidad del sector de salud encargada, no brinda la información,  acompañamiento y seguimiento necesario para poder asegurar a la persona el  acceso a un servicio de salud que requiere    

     

(…) para que se  entienda satisfecho el derecho al diagnóstico no basta con que se establezca la  patología que padece el paciente y se determine el tratamiento médico adecuado,  sino que también es necesario que se cumpla oportunamente con lo prescrito por  el galeno tratante. De ese modo, en esta oportunidad la corporación advierte  que la EPS (accionada) no realizó el seguimiento correspondiente al estado de  salud de la paciente, cuestión última que afectó la continuidad e integralidad  del tratamiento médico requerido.    

     

DERECHO A LA SALUD-Vulneración al  imponer barreras administrativas y burocráticas/ACCIÓN DE TUTELA-No se  puede exigir su presentación para acceder a los servicios de salud    

     

(La EPS accionada)  vulneró los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de Patricia,  al negarle la autorización y la entrega de la silla de ruedas que le fue  ordenada por sus médicos tratantes… no es dable a las EPS imponer cargas  administrativas o barreras al paciente, que afecten el acceso a un insumo  necesario decretado por el médico tratante, que no puedan ser solventadas por  ellos y que, además, conduzcan a un desgaste innecesario de la administración  de justicia, sobre todo cuando se trata de un sujeto de especial protección  constitucional.    

     

ACCION DE TUTELA  PARA PROTEGER EL DERECHO A LA SALUD DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Procedencia    

     

ACCIÓN DE TUTELA-Hecho superado  por prestación del servicio de salud    

     

CARENCIA ACTUAL DE  OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE-Cumplimiento de orden judicial    

     

DERECHO  FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Obligación del  Estado de garantizar la prestación del servicio de salud a personas en  situación de discapacidad    

     

DERECHO A LA SALUD-Protección a la  vida en condiciones dignas    

     

DERECHO AL  DIAGNOSTICO-Está  compuesto por tres etapas: identificación, valoración y prescripción    

     

PLAN DE BENEFICIOS  EN SALUD-Todo  servicio o medicamento que no esté expresamente excluido, se entiende incluido    

     

AUTORIZACION DE  SERVICIOS E INSUMOS-Las  sillas de ruedas son ayudas técnicas incluidas en el PBS    

(i) están  incluidas en el Plan de Beneficios en Salud. Por ello, (ii) si existe una  prescripción médica, se puede ordenar directamente su entrega por vía de  tutela; (iii) si no existe orden médica, se advierten estas dos alternativas:  (a) si se evidencia que su entrega constituye un hecho notorio, a través de la  verificación de la historia clínica o de otras pruebas allegadas al expediente,  el juez de tutela puede ordenar su suministro directo, condicionado a la  ratificación posterior de la necesidad por parte del médico tratante. Si no se  evidencia un hecho notorio, (b) el juez de tutela podrá amparar el derecho a la  salud en la faceta de diagnóstico, cuando se requiera una orden de protección.  En todo caso, (iv) por la ley estatutaria de salud, no es necesario verificar o  constatar la capacidad económica del usuario, para autorizar sillas de ruedas  por vía de tutela.    

     

PRINCIPIO DE  INTEGRALIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD-Condiciones a las que se sujeta el  suministro del tratamiento integral    

     

ACCESO A SERVICIOS  Y MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD-Creación de  Plataforma tecnológica MIPRES    

     

JUEZ DE TUTELA-Facultad de  fallar extra y ultra petita    

     

    

REPÚBLICA DE COLOMBIA        

CORTE CONSTITUCIONAL    

-Sala Cuarta de Revisión-    

     

SENTENCIA T-008 DE 2025    

     

Referencia:  Expediente T-10.006.990.    

     

Asunto: Acción de tutela interpuesta  por una Defensora de Familia del Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar, obrando en calidad de agente oficiosa de Patricia, contra EPS Metropolitana.    

     

Magistrado ponente:    

Vladimir Fernández Andrade.    

     

Síntesis de la decisión: En esta  oportunidad, le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte  Constitucional pronunciarse sobre la decisión proferida en única instancia por  el Juzgado  ABC de Villavicencio en relación con la acción de tutela que  presentó Milena, Defensora de Familia del Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar, obrando en calidad de agente oficiosa de  Patricia, contra  la EPS  Metropolitana,  en aras de proteger sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna,  presuntamente vulnerados por la entidad accionada, al no autorizar los  servicios médicos  que  le fueron prescritos por su médico tratante[1], en razón  de su diagnóstico de “parálisis cerebral espástica y atrofia muscular  generalizada”[2].    

     

Después  de encontrar acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela,  este tribunal advirtió que frente a la mayoría de las solicitudes realizadas en  el caso sub examine se presentó el fenómeno de la carencia actual de  objeto, por cuanto varios de los requerimientos fueron satisfechos de manera  voluntaria por la EPS demandada, antes de producirse el fallo de instancia (esto  es, lo reclamado en los numerales (ii), (iii), (iv) y (v) de la petición  original de tutela del 06 de septiembre de 2023), dando lugar al hecho  superado; y porque otras de las solicitudes ya agotaron su objeto, a partir  del cumplimiento espontáneo de lo resuelto por el juez de tutela de primera  instancia[3], sin que  sea posible retrotraer lo actuado y sin que se haya impugnado o solicitado la  revisión de lo resuelto por parte de la EPS Metropolitana (como ocurre,  con la entrega del “corset (sic) ortesis  semirrígida dorso lumbar y la silla de baño para adulto” y con la celebración  de la junta médica de sedestación), activando la figura del hecho  sobreviniente.    

     

Bajo  este panorama, y en la medida en cualquier decisión sobre lo previamente  descrito caería en el vacío, la Corte limitó la presente actuación a aquellas  pretensiones que aún no habían sido satisfechas, incluso a partir de lo  resuelto por el juez de tutela de primera instancia. Con esta aclaración, la  Corte concluyó que la EPS  Metropolitana  vulneró los derechos a la salud y a la vida digna de Patricia, toda vez  que (a) no garantizó el servicio médico “consulta de control o de  seguimiento por especialista en medicina física y rehabilitación, control 6  meses” que le fue prescrito por su médico tratante; (b) negó la autorización y la entrega  de la silla de ruedas que le fue ordenada por la junta medica de sedestación; y  (c) actuó con negligencia en la prestación del servicio.    

     

Para  la Sala, el actuar de la EPS Metropolitana comprometió la  realización de los derechos fundamentales de Patricia, como sujeto de  especial protección constitucional y desconoció la jurisprudencia de esta  corporación, respecto (i) al deber que tienen las EPS de proveer a sus  afiliados los procedimientos, medicamentos o insumos que los médicos tratantes  adscritos a ellas prescriban, así como (ii) la prohibición que tienen de  obstaculizar la prestación efectiva y eficiente del servicio de salud a los  usuarios, con fundamento en trámites administrativos o en barreras que puedan  surgir entre las distintas entidades del Sistema General de Seguridad Social en  Salud.    

     

En virtud de lo anterior, la Sala Cuarta  de Revisión decidió confirmar parcialmente la sentencia de tutela dictada el 19  de enero de 2024 por el Juzgado ABC de Villavicencio, mediante la cual  se concedió el amparo de los derechos a la salud y a la vida digna de Patricia,  excluyendo los tratamientos e insumos médicos frente a los cuales se advirtió  la existencia de una carencia actual de objeto. En consecuencia, ordenó a la EPS Metropolitana que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta  providencia, (i) proceda a programar la consulta de control o de seguimiento  por especialista en medicina física y rehabilitación ordenada por el médico  tratante el 06 de septiembre de 2023; y (ii) a realizar los trámites que  correspondan para entregar la silla de ruedas prescrita por los médicos  tratantes en favor de la agenciada. Finalmente, se decretó el  tratamiento integral en favor de Patricia, respecto de su  diagnóstico de “parálisis cerebral espástica y atrofia muscular generalizada”.    

     

Bogotá D.C., diecisiete (17)  de enero de dos mil veinticinco (2025).    

Aclaración  preliminar: reserva de la identidad. En  consideración a que en el presente caso se estudia la situación de salud de una  persona en la que se incluye información relativa a su historia clínica, como  medida de protección a la intimidad, la Sala Cuarta de Revisión emitirá dos  copias de esta providencia. Una en la que se anonimizará el nombre de la  accionante y el de los demás sujetos y lugares que permitan su identificación,  que será la versión que se dispondrá al público, y otra que contendrá los datos  reales, la cual formará parte del expediente para conocimiento de las partes[4].    

     

Sobre la base de lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión de la  Corte Constitucional integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar,  Antonio José Lizarazo Ocampo y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en  ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la  siguiente sentencia, con base en los siguientes:    

     

I.                   ANTECEDENTES    

     

A.                Hechos relevantes.    

     

1.             La  señora Milena, en calidad de Defensora de Familia del Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, “ICBF”), señaló que la referida entidad avocó conocimiento y emitió una medida  de protección en favor de Patricia, que  en ese entonces era menor de edad[5],  por requerir asistencia especializada debido a su condición de salud. Con  posterioridad, el 29 de noviembre de 2006, declaró que esta última se  encontraba en situación de peligro.    

     

2.              En virtud de lo anterior, el 13 de agosto de 2008, el ICBF  autorizó la adopción de Patricia y ordenó, como medida  de protección, su reubicación en la Fundación Progresar  hasta que esto sucediera, lo cual, para la fecha en que se presentó la acción  de tutela, no había ocurrido.    

     

3.              Afirma que el 22 de junio de 2012, Patricia  fue diagnosticada con “parálisis cerebral espástica y atrofia muscular  generalizada”, por parte del Hospital Regional de Villavicencio – Meta[6].    

     

4.             Con ocasión de dicho diagnóstico, el 06 de septiembre de 2023, el  médico tratante de Patricia,  adscrito a la IPS Urbana, en consulta de medicina  física y rehabilitación, ordenó la prestación de los siguientes servicios  médicos: “(i) consulta de control o de seguimiento por especialista en  medicina física y rehabilitación, control 6 meses; (ii) participación en junta  médica o equipo interdisciplinario por medicina especializada, junta de  sedestación para pertinencia de silla de rueda neurológica; (iii) atención  (visita) domiciliaria por foniatría y fonoaudiología (20 sesiones por cada mes,  por seis meses); (iv) atención (visita) domiciliaria por terapia ocupacional  (20 sesiones por cada mes, por seis meses); (v) terapia física integral  domiciliaria 20 sesiones cada mes por 6 meses; (vi) corset (sic) ortesis  semirrígida dorsolumbar; [y] (vii) silla baño adulto”[7].  Debido a lo anterior, la Defensora de Familia solicitó a la EPS Metropolitana  autorizar lo ordenado por el médico tratante. Dicha petición fue reiterada los  días 17 y 23 de noviembre de 2023, sin que hasta la fecha de presentación de la  acción de tutela se haya obtenido respuesta.    

     

B.                Trámite de la acción de tutela.    

     

(i)                Presentación y admisión de la demanda.    

     

5.             El 13 de diciembre de 2023, la Defensora  de Familia del ICBF acude a la acción de tutela con el fin de que se  proteja el derecho fundamental a la salud de Patricia,  presuntamente vulnerado por la EPS Metropolitana, al  no autorizar los servicios médicos que le fueron prescritos por su médico  tratante. En consecuencia, solicitó al juez de tutela lo siguiente:    

     

“1.   El  cumplimiento en la entrega de autorizaciones de los servicios requeridos para  la adulta PATRICIA,  identificada con número de documento CC 1111111111.    

     

2.     Se  realicen las gestiones pertinentes, con la celeridad que amerita, para lograr  la entrega de autorizaciones de los servicios ordenados por la especialidad de  medicina física y junta de sedestación para pertinencia de silla de  ruedas neurológica, de manera inmediata.    

     

3.     Se  garantice la atención domiciliaria para la realización de terapias  domiciliarias y entrega de dispositivos (silla de baño para adultos y corset  (sic) ortesis semirrígido dorsolumbar – OTLS) conforme al diagnóstico que  emitió el especialista de medicina física y rehabilitación. bajo protección del  ICBF, al cuidado especial de los profesionales del Hogar Comunitario Fundación  PROGRESAR,  con diagnósticos de parálisis cerebral espástica y atrofia muscular  generalizada.    

     

4.     Se  continue con atención por medicina general domiciliaria de manera mensual para  reformulación e insumos requeridos según diagnóstico médico.    

     

5.     Solicito  que su Señoría se sirva tutelar los derechos fundamentales de la adulta  PATRICIA a la vida digna, a la seguridad social y a la salud.    

     

6.     Se  autorice los materiales, e instrumentos necesarios para la recuperación física  y mental de la tutelante.    

     

7.     Sea  atendida de manera integral ante cualquier evento desencadenado de su  condición médica”. (Negrilla por fuera del texto original)    

     

6.              El 14 de diciembre de 2023, el Juzgado ABC de  Villavicencio admitió la solicitud de amparo[8],  ordenó correr traslado a la EPS Metropolitana para  que ejerciera su derecho de defensa y vinculó al trámite a IPS  Urbana, la Fundación Progresar y la Secretaria de Salud del Departamento del Meta.    

     

(ii)     Respuesta de la EPS Metropolitana.    

     

7.             La  EPS  Metropolitana solicitó al juez de tutela: (i) declarar improcedente el amparo  solicitado, por cuanto ha garantizado los servicios médicos requeridos por Patricia,  de manera oportuna; y (ii) negar el servicio denominado “silla de baño para  adultos”, toda vez que dicho insumo, de acuerdo con la Resolución No. 2273  de 2021, está excluido de forma taxativa del plan de beneficios en salud. Lo  anterior, con base en los siguientes argumentos:    

8.             Afirma que, consultada su base de datos, encontró que el servicio  médico “participación en junta médica o equipo interdisciplinario por  medicina especializada, junta de sedestación para pertinencia de silla de rueda  neurológica” está programado para el 22 de enero de 2024, en la IPS  Positiva. De igual manera, los servicios domiciliarios denominados “terapia  ocupacional en casa, terapia del lenguaje en casa, terapia física en casa y  consulta por médico general en casa”, fueron autorizadas por la EPS, a  través de la IPS Mompa.    

     

9.             Finalmente, señala que no hay evidencia en la historia clínica de  la necesidad urgente de brindarle tratamiento integral a Patricia,  así como tampoco existe una prescripción del médico tratante para tal fin, por  lo que la pretensión propuesta resulta improcedente[9].    

     

(iii)     Respuesta de la Secretaría de Salud Departamental del Meta.    

     

10.         La Secretaría de Salud Departamental del Meta solicitó al juez de  tutela su desvinculación del presente trámite, toda vez que carece de  legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad responsable de  la prestación de los servicios médicos a la paciente Patricia,  ya que, de acuerdo con la consulta realizada en el “ADRES”[10],  dicha obligación recae en la EPS Metropolitana, al  estar afiliada a esta última desde el 01 de agosto de 2018.    

     

(iv)     Respuesta de IPS Urbana.    

     

11.         IPS Urbana afirmó que carece de  legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad responsable de  prestar los servicios médicos a Patricia es la  EPS  Metropolitana, razón por la cual solicitó al juez de tutela su desvinculación  del trámite de la acción.    

     

(v)      Fundación Progresar.    

     

12.              La Fundación Progresar guardó silencio.    

     

C.      Decisión  judicial objeto de revisión.    

     

13.              En el presente caso es objeto de revisión el fallo de tutela  proferido por el Juzgado ABC de  Villavicencio, el cual, en sentencia del 19 de enero de 2024[11],  concedió el amparo solicitado. Para fundamentar su decisión, la autoridad  judicial citó jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho a la  salud como derecho fundamental autónomo[12]  y reiteró la importancia de que los servicios médicos se presten de forma  oportuna. Así mismo, se refirió a la Ley 1751 de 2015[13],  a través de la cual el Legislador garantizó dichas prerrogativas.    

     

14.              Aunado a lo anterior, el a-quo,  luego de revisar el material probatorio y las respuestas que otorgaron la  entidad accionada y las que fueron vinculadas al trámite de la acción, advirtió  que el 06 de septiembre de 2023, el médico tratante prescribió a Patricia,  en razón de su diagnóstico, los siguientes servicios médicos: “(i) consulta  de control o de seguimiento por especialista en medicina física y  rehabilitación, control 6 meses; (ii) participación en junta médica o equipo  interdisciplinario por medicina especializada, junta de sedestación para  pertinencia de silla de rueda neurológica; (iii) atención (visita) domiciliaria  por foniatría y fonoaudiología (20 sesiones por cada mes, por seis meses); (iv)  atención (visita) domiciliaria por terapia ocupacional (20 sesiones por cada  mes, por seis meses); (v) terapia física integral domiciliaria 20 sesiones cada  mes por 6 meses; (vi) corset (sic) ortesis semirrígida dorsolumbar; [y]  (vii) silla baño adulto”.    

     

15.              Sin embargo, observó que la EPS Metropolitana sólo  acreditó la autorización de lo ordenado en los numerales (ii), (iii), (iv) y  (v). En consecuencia, al considerar que el retraso en la asignación de  citas médicas y en la entrega de tratamientos comprometía el derecho  fundamental a la salud de la accionante, cuya condición física se encontraba  deteriorada, el juez de tutela ordenó a la entidad accionada que, en un plazo  de 48 horas posteriores a la notificación de dicha providencia, “gestione  las autorizaciones y servicios de ‘consulta de  control o de seguimiento por especialista en medicina física y rehabilitación,  control seis meses (participación en junta o equipo interdisciplinario por  medicina especializada), así mismo se materialice la entrega del corset (sic)  ortesis semirrígida dorso lumbar y silla de baño para adulto’, tal y como lo  indica el médico tratante de la accionante en la formula médica”[14].    

     

16.              El fallo de tutela proferido no fue objeto de impugnación por las  partes interesadas.    

     

D.      Trámite  de selección.    

     

17.         La Sala de Selección de Tutelas número Tres de la Corte  Constitucional, en auto del 22 de marzo de 2024, decidió seleccionar el caso y  asignarlo al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade. Para el  efecto, se invocaron los criterios subjetivos de (i) necesidad de proteger un  derecho fundamental y (ii) de materializar un enfoque diferencial.    

     

E.            Actuaciones adelantadas en sede de revisión.    

     

     

(i)   Auto de pruebas del 14  de mayo de 2024.    

     

19.         En providencia  del 14 de mayo de 2024, el magistrado sustanciador solicitó a las partes  allegar ciertos documentos relevantes para el caso y responder algunas  preguntas encaminadas a conocer, entre otras: (i) el estado actual de salud de Patricia; (ii) los  tratamientos, insumos u otro tipo de servicios médicos que se le han brindado;  (iii) cuáles de ellos se encuentran pendientes por materializar; (iv) cuál es  el tratamiento médico que actualmente recibe; (v) qué gestiones se han  realizado para su cuidado; (vi) su situación familiar actual e información  referente a su estado de adoptabilidad. Además, (vii) recolectar datos  vinculados con el deterioro de su capacidad cognitiva y, en consecuencia, si ha  requerido o no la gestión de la figura de apoyo señalada en la Ley 1996 de  2019.    

     

20.         Declaración de la Defensora de Familia del ICBF[15].  Mediante oficio No. 202450002000040171, remitido el 20 de mayo de 2024[16],  la defensora de Familia informó que Patricia aún no ha sido  adoptada. Y que en virtud de la orden dictada por el Juez ABC de  Villavicencio,  los días 13 y 15 de marzo del año en curso, la EPS Metropolitana entregó el “corset (sic)  ortesis semirrígida dorso lumbar y la silla de baño para adulto”.    

     

21.         De  igual manera, refirió que el 22 de enero del año en curso, se llevó a cabo la  junta médica de sedestación, la cual le prescribió a la paciente “silla  de ruedas a la medida del paciente #1 (uno) Plegable, basculada 8  grados con espaldar firme contorneado medio removible, hasta nivel de hombros,  asiento firme removible, cojín (sic) de doble densidad espuma – gel con barra preisquial,  con cuñas laterales de muslos, cinturón pélvico de dos puntos, apoya brazos  graduables en altura y removibles, apoya pies bipodal graduable en altura y  removible. Mangos de empuje regulables en altura. Sistema de frenos tipo  palanca además de frenos para ser accionado por tercero. Ruedas traseras de 14  pulgadas neumáticas, de desmonte rápido. Ruedas anteriores de 6*1.5 pulgadas.  Banda tibial posterior. Pechera de cuatro puntos. Mesa de trabajo en  policarbonato removible”[17].    

     

22.         A lo anterior agregó que la orden expuso: “(…) que este sistema  o elemento no está financiado por la unidad de pago por capitación del plan de  beneficios en salud; no se encuentra en aplicativo MIPRES por lo cual no se  puede tramitar por este medio. Se entregan fórmulas, copia de historia clínica.  No se entrega formato no POS (ya no están vigentes), no se diligencia MIPRES  (no existe este dispositivo en el sistema)”[18].    

     

23.         A  pesar de que la junta médica ordenó la referida silla de ruedas, el 16 de febrero de 2024, la EPS Metropolitana  informó que su prestación no estaba cubierta por el plan de beneficios en  salud. Así mismo, indicó que “la entrega de esta tecnología sólo puede  realizarse mediante una tutela que cuente con un fallo taxativo, como se  estipula en la Resolución 2366 del 2023”[19],  pues en la sentencia del 19 de enero del año en curso, el Juez ABC de  Villavicencio “no ordenó un tratamiento integral o un fallo taxativo  específico para la silla de ruedas”[20].  En virtud de lo anterior, presentó nuevamente una acción de tutela, en  representación de Patricia.    

     

24.         El  4 de marzo de 2024, el Juzgado DEF de Villavicencio declaró  improcedente la acción[21], al considerar que la demandante contaba  con otros medios de defensa para solicitar la protección de sus derechos, pues  podía acudir al incidente de desacato, en la medida en que, previo a  dicha decisión, el 19 de enero de 2024, se profirió el fallo de tutela que  protegió su derecho a la salud en contra de la EPS Metropolitana[22], el cual  corresponde al dictado por el Juzgado ABC de Villavicencio, objeto  de revisión.    

     

25.          Finalmente, la Defensora de Familia señaló que la EPS Metropolitana  reiteró su decisión de negar la entrega de la silla prescrita  por la junta médica a Patricia, por  cuanto esa tecnología no está cubierta por el plan de beneficios en salud. Así  mismo, porque no fue expresamente ordenada por el juez  de tutela, como tampoco lo fue el tratamiento integral, por lo que considera  que se debe solicitar al Juez ABC de Villavicencio  que modifique la providencia proferida el 19 de enero de 2024, para que se  indique específicamente “la necesidad de la  silla de ruedas, basándose en la valoración de la junta. Esto permitirá  proceder con la solicitud del MIPRES y la posterior entrega del dispositivo”[23].    

     

26.         Informe de la EPS Metropolitana [24]. En  escrito remitido el 21 de mayo de 2024, el apoderado judicial de la entidad, allegó  los documentos solicitados por esta Sala de Revisión[25] e informó que dio cumplimiento a la orden proferida por el  Juez ABC  de Villavicencio, toda vez que autorizó la realización de  la junta médica de sedestación, la cual se llevó a cabo el 22 de enero de 2024.  Así mismo, que hizo entrega del “corset (sic) ortesis  semirrígida dorso lumbar y la silla de baño para adulto”,  a través de la IPS Ortopédicos.    

     

27.         Aunado a lo anterior, señaló que Patricia se  encuentra vinculada al programa domiciliario de atención en salud, en razón a  su condición y a que la IPS Mompa[26]  es la entidad encargada de proporcionarle el tratamiento médico  que requiera, a través de su equipo interdisciplinario. En este orden de ideas,  solicitó al magistrado sustanciador ampliar el término otorgado en el auto de  pruebas para contestar las preguntas referentes a la condición cognitiva de la  accionante, pues debe realizar dicho requerimiento a la referida IPS[27].    

     

28.         Fundación Progresar. El 4 de  junio de 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó al  despacho del magistrado ponente que, el auto de fecha 14 de mayo de 2024, fue  comunicado mediante estado No. 78 y oficio OPTB-167[28],  y que durante el término allí indicado no se recibió ninguna comunicación por  parte de la Fundación Progresar.    

     

29.         Informe sobre el traslado de las pruebas. El  4 de junio del año en curso, la Secretaria General de la Corte informó que,  atendiendo al numeral cuarto del auto del 14 de mayo 2024, las pruebas  allegadas se pusieron en disposición de las partes. Al respecto, el ICBF y la EPS Metropolitana  enviaron memoriales en los que reiteraron lo expuesto en los oficios de 20 y 21  de mayo, respectivamente.    

     

(ii)                   Auto de requerimiento de pruebas y suspensión de términos del 14  de junio de 2024[29].    

     

30.          Revisado el material probatorio allegado en Sede de Revisión, el  magistrado ponente advirtió que respecto de los interrogantes formulados en el  auto del 14 de mayo del año en curso: (i) la Fundación Progresar no realizó ningún tipo de pronunciamiento; (ii) la Defensora de  Familia del ICBF no allegó toda la información solicitada; y (iii) el  apoderado de la EPS Metropolitana  solicitó la ampliación del término otorgado, en aras de recopilar información  ante la IPS Mompa, entidad encargada de la prestación de servicios  médicos a Patricia.  En consecuencia, resolvió requerir a las referidas entidades para que, en el término  de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de dicha  providencia, dieran cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 14 de mayo  de 2024. Así mismo, suspendió los términos del proceso por tres (3) meses  contados a partir de la expedición de dicha providencia, con la finalidad de  terminar el recaudo, la contradicción y la evaluación de las pruebas  solicitadas.    

     

31.         Informe de la EPS Metropolitana[30].  Mediante escrito del 27 de junio de 2024, el apoderado judicial de  la entidad  allegó la información remitida por la IPS Mompa. En dicho documento, la  referida entidad contesta a las preguntas formuladas por esta corporación, así:    

     

(i)        De  los diagnósticos que se le han realizado a Patricia,  ¿se ha indicado una afectación o barrera en su capacidad cognitiva, sensorial y  para comunicarse como consecuencia de lo que padece?    

     

32.          Al respecto, señala que Patricia fue  diagnosticada con parálisis cerebral y retraso mental moderado secundario, por  lo que su capacidad cognitiva se encuentra disminuida. Sin embargo, afirma que  puede realizar actividades manuales sencillas y responder a preguntas simples.  Indica que puede comunicar que siente malestar y avisar la necesidad de micción  o deposición a sus cuidadores.    

     

     

(ii)       ¿Qué complicaciones a futuro puede tener Patricia  respecto de su diagnóstico parálisis cerebral espástica y atrofia muscular  generalizada?    

     

33.          Aduce que las complicaciones que puede tener Patricia,  en el futuro, respecto a su diagnóstico son: “la progresión de espasticidad,  atrofia muscular”, que conlleva un impacto importante en la calidad de vida  de la paciente.    

     

(iv)      Respecto del caso de Patricia,  ¿las terapias de rehabilitación pueden mejorar su calidad de vida, o al menos  evitar que empeore su situación?    

     

34.         Advierte que la paciente requiere “la continuidad de las  terapias domiciliarias integrales de paciente crónico, para evitar así la  progresión de atrofia muscular, espasticidad o trastorno de la deglución”.    

     

35.          Aunado a lo anterior, refiere que dio cumplimiento al fallo proferido  el 19 de enero de 2024, por el Juzgado ABC de Villavicencio.  Lo anterior, por cuanto, el 20 de diciembre de 2023, se generó la autorización  de “la consulta de control o de seguimiento por especialista en medicina  física y rehabilitación, control seis meses (participación en junta o equipo  interdisciplinario por medicina especializada)”. Así mismo, indica que  dicho servicio se prestó a la accionante el 22 de enero de 2024 en la IPS  Positiva.    

     

36.         Además, afirma que los insumos “corset (sic)  ortesis semirrígida dorso lumbar” y “silla de baño adulto”  fueron entregados a la accionante, a través de la IPS Ortopédicos, los  días 12 y 15 de marzo de 2024. Por último, indica que adjunta la historia  clínica de la accionante en la IPS Mompa.    

     

37.         Informe de la Defensora de Familia del ICBF[32]. En oficio  No. 5002 del 28 de junio de 2024, la Defensora de Familia se pronunció sobre  cada una de las preguntas planteadas por esta Sala de Revisión. Así mismo, puso  de presente que contestaba los interrogantes formulados a la Fundación  Progresar,  tal y como se expone a continuación:    

     

(i)                     ¿Cuál era el estado de salud de Patricia  cuando se adoptó la medida de protección a su favor en el año 2003?    

38.         La Defensora señala que, de acuerdo con el artículo 4 de la  Resolución del ICBF No. 000 del de 2003, por medio de la cual se ordena  el cambio de medida en favor de Patricia, para  la fecha, la accionante presentaba “retardo mental leve, síndrome convulsivo  y cuadriplejia, por lo que requiere tratamiento especializado y terapia diaria”.    

     

(ii)       Con posterioridad al fallo de tutela en cuestión, ¿Patricia  ha requerido tratamientos, insumos u otro tipo de servicios médicos  adicionales? De ser afirmativa la respuesta, ¿indique cuáles y si se han  suministrado o no?    

     

39.         Indica que Patricia requiere, de manera  permanente, atención por medicina física y rehabilitación para la reformulación  de terapias y seguimiento de su condición de salud. Así mismo, informa que,  actualmente, recibe atención domiciliaria por parte de medicina general,  fonoaudiología, terapia física y terapia ocupacional.    

     

(iii)      ¿Considera que los tratamientos, insumos y servicios  médicos que Patricia  recibe, más los cuidados que le brindan por parte de la Fundación  Progresar, son suficientes para que ella pueda  tener una vida en condiciones dignas?    

     

40.         Aduce que, aun cuando la atención ofrecida en la Fundación  Progresar y los insumos y cuidados otorgados por parte de la  EPS proporcionan bienestar y son beneficiosos para la salud de Patricia  estos no resultan suficientes para una vida en condiciones dignas en razón a su  diagnóstico, pues Patricia  presenta “parálisis cerebral tipo displejía espástica, sin pronóstico de  marcha, con retardo cognitivo, escoliosis toracolumbar izquierda de 30°,  escoliosis cervical derecha de 15°, luxación paralítica de cadera con coxa  valga derecha y desnivel de pelvis”, enfermedad que requiere del uso de una  silla de ruedas, la cual fue prescrita por la junta médica de sedestación. Sin  embargo, a la fecha no le ha sido entregada, toda vez que la EPS Metropolitana  ha impuesto múltiples barreras administrativas. En virtud de lo anterior,  solicita a la Corte ordenar el tratamiento integral para Patricia,  de acuerdo con lo dispuesto en las sentencias T-264 y T-268 de 2023.    

     

(iii)                ¿Patricia  aún continúa en proceso de adopción? ¿Alguna familia ha realizado formalmente  una solicitud para adoptarla?    

     

41.          Al respecto, refiere que, a la fecha, 28 de junio de 2024, no  existe ninguna familia que esté adelantando una solicitud de adopción de Patricia.  Así mismo, indica que desconoce si alguna familia ha mostrado interés.    

     

(iv)                 ¿Conoce de la existencia de familiares de Patricia?  En caso de ser afirmativa la respuesta: ¿Hay alguien que esté al tanto de  su situación personal?    

     

42.         Afirma que los padres de Patricia fallecieron  y que, aun cuando se tiene conocimiento de que tiene una hermana, ésta nunca se  hizo cargo de ella. Así mismo, refiere que ningún miembro de su familia extensa  quiso cuidar de Patricia,  debido a su diagnóstico y que, actualmente, se desconoce su ubicación.    

     

(v)                   ¿Se ha realizado alguna gestión para la asignación de un apoyo  para Patricia,  de conformidad con la Ley 1996 de 2019?, o, por el contrario ¿tal gestión no ha  sido necesaria?    

     

43.          Indica que no se ha realizado ninguna gestión para la asignación  del apoyo previsto en la Ley 1996 de 2019 en favor de Patricia,  pues no se ha considerado necesario, toda vez que esta se encuentra en  situación jurídica de adoptabilidad y bajo la protección del Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar.    

     

(vi)                 ¿Cuál es el estado actual de salud de Patricia?,  ¿ella presenta alguna barrera para comunicarse con la fundación?, y  ¿cuál es el tratamiento médico que está recibiendo para el manejo de su  diagnóstico?    

     

44.         Sobre el particular, la Defensora  de Familia señala que Patricia  presenta un trastorno de producción verbal oral, específicamente, en el punto y  modo articulatorio, además de una interposición lingual. En virtud de lo  anterior, enfrenta algunas dificultades para comunicarse, de manera efectiva,  con otras personas, especialmente cuando habla muy rápido. Sin embargo, dicha  situación no interfiere con el contenido del mensaje, ni con la comprensión de  este.    

     

45.         Informa que Patricia actualmente recibe  atención domiciliaria en medicina general, fonoaudiología, terapia física,  terapia ocupacional, nutrición y controles de rutina por odontología, servicios  médicos que tienen como objetivo “mejorar su calidad de vida y manejar los  síntomas asociados con sus múltiples diagnósticos”.     

     

(vii)              Con posterioridad al fallo de tutela en cuestión, ¿Patricia ha  requerido tratamientos, insumos u otro tipo de servicios médicos adicionales?  De ser afirmativa la respuesta, ¿indique cuáles y si se han suministrado o no?    

     

46.          Advierte que Patricia requiere de  tratamientos, insumos y otros servicios médicos, de forma constante, debido a  su diagnóstico, tales como terapia física, la cual es indispensable para  mejorar y mantener su movilidad, prevenir contracturas musculares, gestionar su  escoliosis, reducir el dolor y mejorar su capacidad funcional. Así mismo,  necesita de tratamiento fonoaudiológico, pues es fundamental para que pueda  mejorar su capacidad de comunicación.    

     

47.          Además, reitera que Patricia  requiere una silla de ruedas neurológica para su movilidad y para prevenir  complicaciones adicionales relacionadas con su diagnóstico, toda vez que ésta  proporcionaría el soporte adecuado para su postura y facilitaría su  participación en actividades diarias, mejorando así su independencia y calidad  de vida.    

     

48.         Por último, aduce que Patricia ha  comenzado a enfrentar dificultades para realizar sus necesidades fisiológicas,  en razón a su obesidad y a que su diagnóstico físico, limita su movilidad y  complica la realización de actividades básicas diarias.    

49.         En virtud de lo anterior, reitera la solicitud a la Corte de  ordenar el tratamiento integral para Patricia, de  acuerdo con lo dispuesto en las sentencias T-264 y T-268 de 2023.    

(viii)            ¿Cuál es la situación económica de Patricia?,  ¿tiene bienes?, ¿depende económicamente de la Fundación  Progresar?, ¿su dependencia económica es total o  parcial? Favor indicar ¿quiénes velan por su cuidado y quién está a cargo de  ella?    

     

50.          Indica que Patricia se encuentra en  proceso administrativo de restablecimiento de derechos bajo la protección del  ICBF y que, desde el año 2003, reside en la Fundación Progresar,  entidad que funciona como operador del ICBF, en la modalidad de internado para  personas con discapacidad intelectual. En dicha fundación se le garantizan sus  derechos fundamentales.    

     

51.          Afirma que Patricia no posee bienes y  depende económicamente del ICBF y que la Fundación Progresar es responsable de su cuidado diario y atención integral.    

     

(ix)                 ¿Qué cuidados especiales requiere Patricia?  Además, por favor describir de forma detallada qué gestiones le ha  brindado la Fundación Progresar, y  quién ha estado ejerciendo su custodia y cuidado.    

     

52.          Señala que Patricia requiere cuidados  especiales debido a su diagnóstico de parálisis cerebral tipo displejía  espástica, retardo cognitivo, escoliosis y obesidad, entre otros problemas de  salud. Dichos cuidados incluyen: (i) terapia física y ocupacional para mejorar  y mantener su movilidad, prevenir contracturas musculares, gestionar su  escoliosis y facilitar su participación en actividades diarias; (ii)  intervención fonoaudiológica para mejorar su capacidad de comunicación y  abordar su trastorno de producción verbal; (iii) atención médica especializada  para monitorizar su salud general y tratar complicaciones asociadas a su  diagnóstico; y (iv) atención en nutrición clínica para gestionar su salud y  asegurar que reciba una dieta equilibrada y adecuada a sus necesidades.    

     

53.          Indica que la custodia de Patricia está  a cargo del ICBF desde el momento en que fue declarada en adoptabilidad y que  la Fundación Progresar ha  estado ejerciendo su cuidado desde su ingreso en el año 2003. Señala que, en  virtud de lo anterior, dicha entidad le ha brindado: (i) asistencia en la  realización de actividades básicas diarias, pues debido a sus limitaciones  físicas necesita ayuda para realizar acciones como comer, bañarse, vestirse,  utilizar el baño y tener asistencia continua. Así mismo, (ii) se le ha otorgado  acompañamiento psicosocial y se han gestionado los servicios, insumos y atenciones  que requiere, en aras de aportarle calidad de vida, en condiciones dignas.  Además, (iii) se le ha dado un cuidado nutricional con restricción en calorías  hipocalórica y normoproteica, con el fin de ayudarla en la mejora de su estado  nutricional y se le ha asistido para que realice actividad física pasiva,  estiramientos y de juego encaminadas a la quema de calorías. También, (iv) se  le ha ofrecido a Patricia  actividades educativas y recreativas adaptadas a sus necesidades.    

     

54.          Finalmente, refiere que en la Fundación Progresar se le proporciona un entorno seguro, cómodo y adecuado para sus  necesidades físicas y de salud.    

     

(x)                   ¿Considera que los tratamientos, insumos y servicios médicos que Patricia  recibe, más los cuidados que le brindan por parte de la Fundación  Progresar, son suficientes para que ella pueda  tener una vida en condiciones dignas?    

     

55.         Al respecto, indica que, aunque la Fundación  Progresar y el ICBF realizan múltiples esfuerzos por proporcionar las  condiciones necesarias para que Patricia tenga  una vida digna, su bienestar se ve comprometido “por las numerosas barreras  impuestas por la EPS para acceder a los servicios e insumos médicos”.  Particularmente, señala que la falta de una silla de ruedas limita  significativamente la movilidad de Patricia, su  autonomía e independencia.    

     

(xi)                 De los diagnósticos que se le han realizado a Patricia,  ¿se ha indicado una afectación o barrera a su capacidad cognitiva como  consecuencia de lo que padece? ¿se ha indicado una afectación o barrera en sus  capacidades sensoriales y en su capacidad para comunicarse?    

     

56.         Indica que, de acuerdo con el diagnóstico de los médicos  tratantes, Patricia  presenta déficit cognitivo leve, trastorno de producción verbal oral en punto y  modo articulatorio e interposición lingual y carece de sensibilidad en los  miembros inferiores.    

(xii)              ¿Qué complicaciones a futuro puede tener Patricia  respecto de su diagnóstico de parálisis cerebral espástica y atrofia muscular  generalizada?     

     

57.         Advierte que Patricia puede enfrentar  varias complicaciones a futuro, las cuales pueden incluir problemas de  movilidad, ya que la espasticidad y la debilidad muscular pueden progresar. La  espasticidad puede causar contracturas musculares, que implican el  endurecimiento permanente de los músculos y tendones, limitando aún más el  rango de movimiento y causando dolor. Así mismo, refiere que la tensión  muscular anormal y la debilidad podrían provocar deformidades en los huesos y  articulaciones, como escoliosis y dislocaciones de cadera.    

     

58.         Aduce que la afectación de la coordinación motora puede causar  problemas de deglución y alimentación, aumentando el riesgo de aspiración y  desnutrición. Así mismo, que las dificultades en la producción verbal y su  posible progresión pueden afectar la capacidad de Patricia  para comunicarse, impactando su interacción social y su desarrollo cognitivo.    

     

59.         Por lo anterior, señala que es vital que Patricia  siga recibiendo una atención médica integral y continua, con un equipo  multidisciplinario que incluya terapeutas físicos, ocupacionales,  fonoaudiólogos y otros especialistas para abordar estas posibles complicaciones  y mejorar su calidad de vida.    

     

(xiii)            Respecto del caso de Patricia, ¿las  terapias de rehabilitación pueden mejorar su calidad de vida, o al menos evitar  que empeore su situación?    

     

60.         Afirma que las terapias mejoran significativamente la calidad de  vida de Patricia  y evitan que su situación progrese, pues actualmente recibe terapias, física,  ocupacional y fonoaudiológica, diseñadas para abordar diferentes aspectos de su  condición.    

     

61.         Informe sobre el traslado de las pruebas.  El 21 de agosto del año en curso, la Secretaria General de la Corte informó  que, atendiendo al numeral cuarto del auto del 14 de junio de 2024, las pruebas  allegadas se pusieron a disposición de las partes. En virtud de lo anterior, la  EPS  Metropolitana envió un memorial en el que reiteró lo expuesto en oficio de 27  de junio de 2024.    

     

II.   CONSIDERACIONES  DE LA CORTE CONSTITUCIONAL    

     

62.         Con miras a resolver el presente asunto, la Sala seguirá el  siguiente esquema: (i) se establecerá la competencia de la Corte para analizar  el caso en concreto; (ii) se abordará el examen de procedibilidad de la acción  y, en caso de que se supere esta etapa; (iii) se procederá con el planteamiento  de los problemas jurídicos y se asumirá la revisión sustancial de los derechos  invocados por la accionante.    

     

A.                     Competencia.    

     

63.         Esta Sala de Revisión es competente para proferir sentencia en la  acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86.2 y 241.9  de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del  Decreto Ley 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto del 22 de marzo de 2024,  expedido por la Sala de Selección Número Tres, que dispuso el estudio del  presente caso.    

     

B.        Procedencia de la acción de tutela.    

     

64.         De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, para  el ejercicio de la acción de tutela se deben acreditar unos requisitos que  permitan establecer su procedencia para resolver el problema jurídico puesto en  conocimiento del juez constitucional. Así las cosas, la Sala Cuarta de Revisión  de la Corte procederá a realizar un análisis sobre (i) la legitimación en la  causa por activa y por pasiva; (ii) la inmediatez y, por último, (iii) la  subsidiariedad.    

     

(i)                     Legitimación en la causa por activa.    

     

65.         El artículo 86 de la  Constitución establece que toda persona que considere que sus derechos  fundamentales han sido vulnerados o amenazados podrá interponer acción de  tutela, directamente o a través de un representante que actúe en su nombre[33].  Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991  establece que la acción de tutela puede ser presentada: (i) directamente por el  titular del derecho; (ii) por medio de representante legal; (iii) mediante  apoderado judicial; (iv) por medio de agente oficioso; o (v) por parte del  Defensor del Pueblo y los personeros municipales[34].    

66.         Respecto de la cuarta hipótesis en mención, esto es, la figura de  la agencia oficiosa, el inciso 2° del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991  dispone que se puede promover la defensa de derechos ajenos, cuando su titular  no esté en condiciones de hacerlo directamente. Esta herramienta procesal se  justifica, en términos de la jurisprudencia constitucional, en los principios  de solidaridad y de la prevalencia del derecho sustancial, a fin de evitar que  sujetos vulnerables se queden sin la posibilidad de acceder a la administración  de justicia, por la dificultad que tienen para defender sus intereses,  especialmente cuando se trata del amparo de los derechos fundamentales de  sujetos de especial protección constitucional[35].    

     

67.         La Corte ha señalado que la configuración de la agencia oficiosa  supone acreditar dos requisitos: (i) el primero de ellos consiste en la  manifestación expresa de quien ejerce la agencia de actuar en defensa de  derechos ajenos, exigencia que ha sido flexibilizada por la jurisprudencia  constitucional, en el sentido de aceptar esta modalidad de actuación, siempre  que de los hechos y de las pretensiones se haga evidente que la persona actúa  en dicha condición; y (ii) el segundo requisito referente a que el agenciado no  esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que puede  determinarse a partir de las pruebas aportadas por el agente oficioso o por los  supuestos fácticos que rodean el ejercicio de la acción de tutela[36].    

     

68.         Ahora bien, uno de los grupos que integran la categoría de sujetos  de especial protección constitucional son las personas en situación de  discapacidad, respecto de las cuales al Estado no solo se impone el deber de  evitar y proscribir tratos discriminatorios, sino que también asume la  obligación de realizar acciones afirmativas que les permitan disfrutar  plenamente de sus derechos en términos de igualdad. Se trata de una garantía  que tiene especial relevancia y que se fundamenta en disposiciones jurídicas,  tanto de orden interno como de derecho internacional, estas últimas en virtud  del bloque de constitucionalidad.    

     

69.         De esta manera, y de acuerdo con el artículo 12 de la CDPCD[37],  se establece que todo ser humano debe ser respetado como titular del derecho a  la personalidad jurídica, para lo cual resulta imperativo el reconocimiento de  su aptitud para el goce de derechos y para poder asumir obligaciones.  Justamente, con este propósito y en virtud del principio de igual  reconocimiento ante la ley, el citado instrumento refiere a la obligación de  reconocer la capacidad jurídica de los sujetos en situación de discapacidad, a  partir de la adopción de medidas que impidan que los particulares o el Estado  interfieran en la posibilidad de que ellos hagan efectivos sus derechos de  manera directa. La capacidad jurídica ha sido entendida entonces por dos vías,  como la facultad de ser titulares de derechos y como la posibilidad de realizar  actos con efectos jurídicos. Lo anterior, ha sido ratificado por el derecho  interno, como se advierte en el artículo 8 de la Ley 1996 de 2019, en el que se  dispone que: “Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen  derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las  modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad  de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. // La necesidad  de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no  desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera  independiente”[38].    

     

70.         Sobre la base de lo anterior, cabe destacar que la agencia  oficiosa en materia de tutela ha sido admitida para procurar la protección de  los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad,  siempre que éstas se hallen en imposibilidad de interponer directamente la  acción. Ejemplo de ello son las sentencias T-414 de 1999, T-1238 de 2005, T-411  de 2006, T-750A de 2012, T-278 de 2018 y T-251 de 2022. Sin embargo, la  prosperidad de la agencia se ha condicionado a la necesidad de que el juez  constitucional custodie y asegure la autonomía, la voluntad y la capacidad  jurídica de las PSD[39],  buscando con ello garantizar escenarios en los que estas últimas ejerzan  directamente la defensa de sus intereses.    

     

71.         Por tal motivo, en lo referente al requisito de que el agenciado  no pueda interponer directamente el recurso de amparo, a partir de lo dispuesto  en la CDPCD y en la Ley 1996 de 2019, se exige al juez de tutela analizar las  circunstancias del caso concreto y las barreras de participación efectivas que  se derivan para el titular de los derechos, sin que el sólo diagnóstico de una  determinada condición médica o la existencia de una barrera física, cognitiva o  psicosocial, sea un indicio suficiente para deducir el impedimento en una  actuación directa. En otras palabras, el juez constitucional deberá examinar  las condiciones particulares de la persona en cuyo favor se promueve el amparo,  las cuales deben materializar su imposibilidad para actuar directamente por vía  de la acción de tutela.    

     

72.         En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que se acredita el  requisito de legitimación en la causa por activa, como quiera que la agenciada,  Patricia,  de 34 años[40], no está en  condiciones de promover la defensa de sus derechos fundamentales, por  cuanto el 22 de junio de 2012 fue diagnosticada con “parálisis  cerebral espástica y atrofia muscular generalizada”, por parte del Hospital Regional de Villavicencio – Meta[41].  Así mismo, presenta déficit cognitivo leve, trastorno de producción verbal oral  en punto y modo articulatorio e interposición lingual. Además, carece de  sensibilidad en los miembros inferiores. Dicho diagnóstico  implica un retraso mental moderado secundario[42],  es decir, que puede realizar actividades manuales sencillas y responder sólo a  preguntas simples. Así mismo, puede comunicar que siente malestar y avisar la  necesidad de micción o deposición a sus cuidadores[43].  En consecuencia, se advierte que Patricia no  puede manifestar su autonomía y voluntad y, por lo tanto, no le es posible  actuar directamente en defensa de sus derechos fundamentales.    

     

73.         Aunado a lo anterior, se observa que, aun cuando quien interpone  la acción, esto es, Milena,  Defensora de Familia del ICBF, no manifiesta que actúa expresamente en  calidad de agente oficioso de Patricia, de  los hechos y las pretensiones manifestadas en la tutela, se hace evidente que  la referida funcionaria actúa en dicha condición, pues además de que está  probado que Patricia  no puede acudir directamente a la acción de amparo[44],  se tiene que: (i) sus padres fallecieron; (ii) no cuenta con familia extensa  que se haga cargo de su cuidado; (iii) fue declarada en situación de  adoptabilidad, pese a lo cual no logrado alcanzar una familia y, por este  motivo, (iv) se encuentra bajo el cuidado de la Fundación  Progresar, entidad que funciona como operador del ICBF, en la modalidad de  internado para personas con discapacidad intelectual.    

     

74.         En ese contexto, la Sala considera que Milena, Defensora de Familia del ICBF, se encuentra  legitimada por activa, como agente oficiosa, para solicitar la protección de  los derechos fundamentales de Patricia, pues  (i) de los hechos y de las pretensiones se torna evidente que actúa en dicha  condición; y (ii) es absolutamente claro que esta última no está en condiciones  de promover su propia defensa.    

     

(ii)       Legitimación en la causa por pasiva.    

     

75.         El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de  tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad que haya violado,  viole o amenace un derecho fundamental[45].  También procede contra acciones u omisiones de  particulares, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del citado  Decreto, particularmente, conforme con las hipótesis que se encuentran  plasmadas en el artículo 42[46]. Entre  ellas, se permite el ejercicio del amparo constitucional contra los  particulares que estén encargados de la “prestación del  servicio público de salud”, como lo señala de forma expresa el numeral 2°  del artículo en cita.    

76.         Ahora bien, la Corte ha sostenido que para satisfacer el requisito  de legitimación en la causa por pasiva es necesario acreditar dos exigencias:  (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el  amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho  fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u  omisión.    

     

77.         En el caso que nos ocupa, la Sala de Revisión observa que la EPS Metropolitana  está legitimada en la causa por pasiva, por una parte, porque es una entidad  promotora de salud[47], en  los términos del artículo 177 de la Ley 100 de 1993, por lo cual tiene a su  cargo la labor de organizar y garantizar, directa o indirectamente, la  prestación del servicio de salud a sus afiliados; y por la otra, porque es la  EPS a la cual se encuentra afiliada Patricia y  quien decidió negar, en su momento, la prestación de los servicios médicos  prescritos el 06 de septiembre de 2023 por el médico tratante, en consulta de  medicina física y rehabilitación. Por lo demás, es la EPS que actualmente  rehúsa la entrega de la silla de ruedas que le fue prescrita a Patricia  el 22 de enero de 2024 por la junta médica de sedestación, a lo cual afirmó que  dicha tecnología no está cubierta por el plan de beneficios en salud, y no fue expresamente ordenada por el juez de tutela de  instancia, así como tampoco lo fue el tratamiento integral que se demanda.    

     

78.         De otro lado, en relación con la Secretaria Departamental de Salud  del Meta, la IPS Urbana y la Fundación  Progresar, esta Sala advierte que no se encuentran  legitimadas en la causa por pasiva, en la medida en que las conductas  vulneradoras que se endilgan por el extremo accionante no están directa o  indirectamente relacionadas con las funciones a su cargo, al recaer esta  controversia en los deberes que les asisten a las EPS en la debida prestación  del servicio de salud y en la garantía constitucional que se otorgar a este mismo  derecho. Por tal razón, en lo que atañe a dichas entidades, en la parte  resolutiva de esta decisión, se las desvinculará del proceso de tutela.    

     

(iii)           Inmediatez.    

     

79.         Este tribunal ha expuesto que el propósito de la acción de tutela  es asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, como  se infiere de lo previsto en el artículo 86 del Texto Superior. Esto significa  que el amparo, por querer del Constituyente, corresponde a un medio de defensa  judicial previsto para dar una respuesta oportuna, en aras de garantizar la  efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza, lo que  se traduce en la obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo  razonable, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material y necesario  para considerarlo afectado[48].    

     

80.              Si bien la Constitución y la ley no establecen un término de  caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección  concreta y actual de los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha señalado que  le corresponde al juez de tutela –en cada caso en concreto– verificar si el  plazo fue razonable, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias  personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa, y el  surgimiento de derechos de terceros, la acción de tutela se interpuso  oportunamente[49]. Este cálculo se  realiza entre el momento en que se genera la actuación que causa la vulneración  o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto afectado acude al amparo  para solicitar su protección.    

     

81.              Para determinar la razonabilidad del tiempo, en procura de  establecer si existe o no una tardanza injustificada e irrazonable, este  tribunal ha trazado las siguientes subreglas[50]: (i)  que exista un motivo válido para la inactividad del actor; (ii) que el mismo no  vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la  decisión o bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia[51]; y (iii) que exista un  nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los  derechos del interesado. Excepcionalmente, si el fundamento de la acción de  tutela surge después de acaecida la actuación vulneradora de los derechos  fundamentales, de cualquier forma, (iv) su ejercicio debe realizarse en un  plazo no muy alejado de dicha situación[52].    

     

82.         En el caso bajo examen, se tiene que el 06 de septiembre de 2023,  el médico tratante de Patricia,  adscrito a la IPS Urbana, en consulta de medicina  física y rehabilitación, ordenó la prestación de los siguientes servicios  médicos en favor de Patricia:  “(i) consulta de control o de seguimiento por especialista en medicina  física y rehabilitación, control 6 meses; (ii) participación en junta médica o  equipo interdisciplinario por medicina especializada, junta de sedestación para  pertinencia de silla de rueda neurológica; (iii) atención (visita) domiciliaria  por foniatría y fonoaudiología (20 sesiones por cada mes, por seis meses); (iv)  atención (visita) domiciliaria por terapia ocupacional (20 sesiones por cada  mes, por seis meses); (v) terapia física integral domiciliaria 20 sesiones cada  mes por 6 meses; (vi) corset (sic) ortesis semirrígida dorsolumbar; [y] (vii)  silla baño adulto”[53].  Debido a lo anterior, la agente oficiosa solicitó a la EPS Metropolitana  autorizar lo ordenado por el médico tratante[54].  Dicha petición fue reiterada los días 17 y 23 de noviembre de 2023, sin que, a  la fecha de presentación de la acción de tutela, esto es, el 13 de diciembre de  2023[55], se hubiere obtenido  respuesta.    

     

83.         De esta manera, entre uno y otro momento transcurrieron  aproximadamente cuatro meses, plazo que esta Sala de Revisión estimaría  razonable, en atención a las circunstancias propias que rodean la condición de  salud de Patricia,  quien es un sujeto de especial protección constitucional, por su situación de  discapacidad permanente y por la condición socioeconómica en la que se  encuentra. Por lo demás, la Sala advierte que la conducta vulneradora permanece  en el tiempo, pues la EPS  Metropolitana negó la entrega de silla de ruedas prescrita el 22 de enero de  2024 por la junta médica de sedestación, por cuanto dicha tecnología no está  cubierta por el plan de beneficios en salud, y no fue expresamente ordenada por  el juez de tutela de instancia, así como tampoco lo fue el tratamiento integral  que se demanda.    

     

(iv)    Subsidiariedad.    

     

84.         De conformidad con los  artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de  tutela es (i) improcedente si existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y  eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el  riesgo de que opere un perjuicio irremediable respecto de los derechos  alegados. A esta regla general, se adicionan dos hipótesis específicas que se  derivan de la articulación de los citados conceptos, conforme con las cuales:  (ii) el amparo es procedente de forma definitiva, si no existen  medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto  sometido a consideración del juez; y, por el contrario, es (iii) procedente  de manera transitoria, en el caso en que la persona disponga de dichos  medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio  irremediable. En este último caso, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión  definitiva por parte del juez ordinario.    

     

85.         Un mecanismo judicial es idóneo,  si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y es  capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su  parte, es eficaz cuando permite brindar una protección oportuna a los  derechos amenazados o vulnerados[56]. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar  la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por  el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares  del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le  permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados de manera  oportuna e integral.    

     

86.         Por lo demás, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el  perjuicio irremediable se caracteriza por ser (i) inminente, es decir,  que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto  es, que el daño del bien jurídico debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente,  en tanto que las medidas para conjurar la violación o amenaza del derecho se  requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el  restablecimiento de forma inmediata.    

     

87.         Tratándose de discusiones  relacionadas con el derecho a la salud, en primer lugar, cabe resaltar  que el Legislador le asignó a la Superintendencia Nacional de Salud el  ejercicio de función jurisdiccional en la materia, a través de la Ley 1122 de  2007. En particular, en el literal a) del artículo 41 del citado régimen legal,  se previó que dicha entidad podría conocer y fallar en derecho conflictos  referentes a la cobertura de los servicios, tecnologías en salud o  procedimientos incluidos en el plan de beneficios, siempre que la negativa  ponga en riesgo o amenace la salud del usuario.    

     

88.         En lo que concierne a las competencias jurisdiccionales de la  Superintendencia Nacional de Salud[57],  entre otras cosas, esta entidad puede conocer: (i) de la cobertura de los  servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de  Beneficios en Salud (PBS), cuando su negativa por parte de las Entidades  Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen ponga en riesgo o amenace  la salud del usuario; y (ii) de los conflictos entre las Entidades  Administradoras de Planes de Beneficios y/o entidades que se le asimilen y sus  usuarios por la garantía de la prestación de los servicios y tecnologías no  incluidas en el Plan de Beneficios, con excepción de aquellos expresamente  excluidos de la financiación con recursos públicos asignados a la salud.    

     

89.         Para tal efecto, se  estableció que la Superintendencia Nacional de Salud tendría que adelantar un  procedimiento preferente y sumario no sujeto a los términos dispuestos en el  Código General del Proceso, sin perjuicio de lo cual se le impondría el deber  de ser respetuoso con el derecho al debido proceso y sometido a los principios  de eficacia, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía y  celeridad. El trámite igualmente sería informal y, por ende, alejado de la  exigencia de contar con un abogado, pero autorizando la posibilidad de decretar  medidas provisionales para evitar la ocurrencia de daños irreversibles.    

     

90.         Ahora bien, sin perjuicio de los citados principios, en la sentencia  SU-124 de 2018 el pleno de esta corporación puso de manifiesto que, en lo  relativo al análisis del requisito de subsidiariedad, “el juez debe analizar  la idoneidad y eficacia del mecanismo jurisdiccional ante la  Superintendencia Nacional de Salud con especial atención de las circunstancias  particulares que concurren en el caso concreto”[58]. En ese sentido, destacó que la  solicitud de amparo será procedente en el evento en que: (a) exista un riesgo  para la vida, la salud o la integridad del promotor de la acción; (b) los solicitantes  o afectados se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, debilidad  manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional; (c) exista una  situación de urgencia que haga imprescindible la intervención del juez  constitucional, y/o (d) se trate de personas que no tienen acceso a las  oficinas de la Superintendencia de Salud ni pueden llevar a cabo el proceso por  medios virtuales[59].    

     

91.         Aunado a lo anterior, en  la sentencia SU-508 de 2020 este tribunal se refirió a algunas situaciones  jurídicas y estructurales que afectan la idoneidad del mecanismo judicial  dispuesto ante la Superintendencia Nacional de Salud. En efecto, en dicha  oportunidad, la Sala Plena argumentó que (i) la Ley 1122 de 2007 y sus  modificaciones dejaron algunos vacíos sobre la reglamentación del proceso, en  la medida en que (a) no se estableció con certeza el término para la resolución  de la apelación que se surte ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del  Distrito Judicial; (b) se fijó una competencia limitada a cargo de la  Superintendencia, que sólo se activa ante la negativa de la prestación del  servicio; (c) no se estableció un mecanismo que permita garantizar el  cumplimiento de la decisión judicial; y (d) se exigen mayores cargas al agente  oficioso, quien está obligado a prestar caución. Aunado a lo anterior, se  explicó que (ii) la Superintendencia ha informado a la Sala de Seguimiento de  la sentencia T-760 de 2008 de la existencia de inconvenientes administrativos  para efectos de resolver estas controversias, en tanto que (a) le es imposible  dictar sentencia en 10 días; (b) tienen un retraso de entre dos y tres años en  la resolución de estos procesos; y (c) la entidad no cuenta con suficientes  regionales para efectos de atender las demandas interpuestas en todo el país.    

     

92.         Por lo anterior, la Sala  Plena de la Corte concluyó que el mecanismo judicial dispuesto ante la  mencionada Superintendencia tan sólo tendría la condición de ser un medio  plenamente idóneo para la protección del derecho a la salud, hasta tanto se  resuelvan las dificultades que se advirtieron en el ejercicio de dicha  herramienta jurisdiccional. En este orden de ideas, le corresponderá al juez  constitucional realizar el análisis sobre la idoneidad y la eficacia del citado  mecanismo, frente a las condiciones particulares del caso puesto a su  consideración.    

     

93.         Ahora bien, en segundo lugar, cabe destacar que el artículo  622 del Código General del Proceso –que modificó el numeral 4 del artículo 2  del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social– dispone que la  Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es  competente para conocer de “[l]as controversias relativas a la  prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los  afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades  administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los  relacionados con contratos”. Esto implica que, además de las atribuciones  que han sido otorgadas a la Superintendencia Nacional de Salud, en principio,  se podría igualmente recurrir ante los jueces laborales, con miras a lograr el  reconocimiento de una prestación a cargo de una entidad prestadora de servicios  de la seguridad social, como lo son las EPS.    

94.         En el asunto bajo examen,  la Sala considera que los medios jurídicos de defensa expuestos anteriormente  no son idóneos ni eficaces para solventar el caso puesto en consideración de la  Sala Cuarta de Revisión. Por un lado, resulta claramente desproporcionado  imponer a la accionante la carga de acudir ante la Superintendencia Nacional de  Salud para efectos de dirimir la controversia que ha sido planteada. Sumado al  retraso que la Sala Plena ha identificado en la solución definitiva de las  controversias allí tramitadas (por cerca de dos o tres años), median en  esta oportunidad barreras que impactan el acceso de la agenciada a este  mecanismo: se trata de una mujer en situación de discapacidad que no podría  acudir a las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud ni adelantar con  solvencia el procedimiento a través de medios virtuales. De ese modo, las  dificultades materiales y el retraso procesal aludido dilatarían en exceso la  discusión sobre la entrega de un dispositivo que fue ordenado por los médicos  tratantes, con miras asegurar la vida digna de Patricia, sujeto de especial protección  constitucional, por su situación de discapacidad y por la condición  socioeconómica en la que se encuentra. Por otro lado, habría que advertir que  similares razones se predican de la posibilidad de recurrir a la justicia  ordinaria laboral. En este último caso, la parte actora se vería sometida a un  proceso de amplia duración que le supondría mayores costos económicos y que,  además, le implicaría postergar la protección de los derechos invocados[60] en un contexto en el que, por la  compleja situación de salud que atraviesa Patricia, es apremiante resolver el litigio sub  examine.    

     

95.         En efecto, destaca esta  Sala la situación en la que se encuentra Patricia, toda vez que la decisión de la EPS Metropolitana de negar, entre otras, la entrega de  la silla de ruedas prescrita por los médicos tratantes tiene un vínculo directo  con la garantía de los derechos a la salud, a la integridad y a la locomoción  de una persona en condición de discapacidad permanente. Además, las terapias,  valoraciones y entrega oportuna de insumos médicos adquieren un carácter de  urgencia, ya que se relaciona directamente con la salvaguarda de la vida de un  sujeto de especial protección constitucional, lo que refuerza la necesidad de  que su reclamación sea valorada con prioridad, eficiencia que ni el  procedimiento ordinario laboral, ni las actuaciones ante la Superintendencia de  Salud, brinda en este caso.    

     

96.         Así las cosas, respecto  del asunto bajo examen, esta Sala de Revisión considera que el amparo  constitucional es procedente, ya que Patricia no cuenta con un mecanismo de  defensa judicial distinto de la acción de tutela, que le permita obtener, con  idoneidad y eficacia, la defensa de sus derechos a la salud y a una vida digna.  En suma, la Sala concluye que la presente acción de tutela  satisface todos los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia  constitucional.    

     

C.    Planteamiento  de los problemas jurídicos.    

     

97.         Antes de plantear los problemas jurídicos sobre los cuales se va a  pronunciar esta Sala de Revisión, cabe precisar que la acción de tutela objeto  de estudio se formuló inicialmente con el propósito de proteger los derechos  fundamentales a la salud y a la vida digna de Patricia,  presuntamente vulnerados por la EPS Metropolitana, al  no autorizar la prestación de los servicios médicos prescritos por su médico  tratante el 06 de septiembre de 2023, correspondientes a:    

     

“(i) consulta de control o de seguimiento por especialista  en medicina física y rehabilitación, control 6 meses; (ii)  participación en junta médica o equipo interdisciplinario por medicina  especializada, junta de sedestación para pertinencia de silla de rueda  neurológica; (iii) atención (visita) domiciliaria por foniatría y  fonoaudiología (20 sesiones por cada mes, por seis meses); (iv) atención  (visita) domiciliaria por terapia ocupacional (20 sesiones por cada mes, por  seis meses); (v) terapia física integral domiciliaria 20 sesiones cada mes por  6 meses; (vi) corset (sic) ortesis semirrígida dorsolumbar; [y]  (vii) silla baño adulto”. (Negrilla fuera del texto original)    

     

98.         Aunado a lo anterior, cabe agregar que la agente oficiosa solicitó  al juez de tutela ordenar el tratamiento integral para Patricia,  en razón a su condición médica.    

     

99.         Dentro del trámite de la acción de tutela, el Juzgado  ABC de Villavicencio advirtió que la EPS Metropolitana  sólo acreditó la autorización de lo ordenado por el médico tratante, en los  numerales (ii), (iii), (iv) y (v). En consecuencia, al  considerar que el retraso en la asignación de citas médicas y en la entrega de  tratamientos comprometía el derecho a la salud de la accionante, cuya condición  se encontraba deteriorada, en sentencia del 19 de enero de 2024, concedió el  amparo solicitado y ordenó a la entidad demandada que, en un plazo de 48 horas  posteriores a la notificación de dicha providencia, “gestione las  autorizaciones y servicios de ‘consulta de control o de seguimiento por  especialista en medicina física y rehabilitación, control seis meses (participación  en junta o equipo interdisciplinario por medicina especializada), así mismo se  materialice la entrega del corset (sic) ortesis semirrígida dorso lumbar y  silla de baño para adulto’, tal y como lo indica el médico tratante de la  accionante en la formula médica”. Por lo demás, es preciso mencionar que el  citado juzgado no hizo ningún tipo de pronunciamiento en relación con la  solicitud de la agente oficiosa, dirigido a ordenar el tratamiento integral  para Patricia.    

     

100.   En  Sede de Revisión, la Sala advierte que, en virtud de la orden dictada por el Juez  ABC  de Villavicencio, los días 13 y 15 de marzo del año en  curso, la EPS  Metropolitana entregó el “corset  (sic) ortesis semirrígida dorso lumbar y la silla de baño para adulto”.  Así mismo, se observa que  el 22 de enero del año en curso, se llevó a cabo la junta médica de sedestación, la cual le prescribió a Patricia “Silla de ruedas a la medida  del paciente #1 (uno) Plegable, basculada 8 grados con espaldar  firme contorneado medio removible, hasta nivel de hombros, asiento firme  removible, cojin (sic) de doble densidad espuma – gel con barra preisquial, con  cuñas laterales de muslos, cinturón pélvico de dos puntos, apoya brazos  graduables en altura y removibles, apoya pies bipodal graduable en altura y removible.  Mangos de empuje regulables en altura. Sistema de frenos tipo palanca además de  frenos para ser accionado por tercero. Ruedas traseras de 14 pulgadas  neumáticas, de desmonte rápido. Ruedas anteriores de 6*1.5 pulgadas. Banda  tibial posterior. Pechera de cuatro puntos. Mesa de trabajo en policarbonato  removible”.    

     

101.       Con  posterioridad, se observa que el 16 de febrero de 2024, la EPS Metropolitana negó la entrega de la referida silla  de ruedas, por cuanto esta no se encuentra cubierta por el plan de beneficios  en salud. Así mismo, indicó que “la entrega de esta tecnología solo puede  realizarse mediante una tutela que cuente con un fallo taxativo, como se  estipula en la Resolución 2366 del 2023”, pues en la sentencia del 19 de  enero del año en curso “no [se] ordenó un tratamiento integral o un  fallo taxativo específico para la silla de ruedas”.    

     

102.        Así  mismo, se advierte que la EPS Metropolitana  consideró que dio cumplimiento a lo ordenado por el juez de instancia dentro  del trámite de la acción de tutela, en relación con la orden referente a  gestionar la autorización de “consulta de control o de seguimiento por  especialista en medicina física y rehabilitación, control seis meses” con  la realización el 22 de enero de 2024 de la junta de sedestación. Sin embargo,  la Sala observa que son diferentes servicios médicos y que, por ende, a la  fecha dicha entidad no ha cumplido con la prestación del servicio requerido.    

     

103.       Finalmente,  se tiene que la Defensora  de Familia del ICBF, en su calidad de agente oficiosa de Patricia, solicita  a la Corte ordenar el tratamiento integral para su  agenciada, de acuerdo con lo dispuesto por esta corporación en las sentencias  T-264 y T-268 de 2023.    

     

104.       Del  resumen de las anteriores actuaciones, es posible concluir que frente a la  mayoría de las solicitudes realizadas se presenta los fenómenos del hecho  superado o de la situación sobreviniente (como modalidades de la carencia  actual de objeto). En lo que sigue, y a modo de cuestión previa, la Sala se  pronunciará brevemente sobre este aspecto.    

(i)                 Cuestión previa: carencia actual de objeto por hecho superado y  por situación sobreviniente.    

     

105.       De  antaño, esta corporación ha señalado que la carencia actual de objeto es un  fenómeno procesal que se presenta cuando la acción de tutela pierde su  propósito debido a la alteración o desaparición de las circunstancias que  originaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales. En vista de  que, al tenor del artículo 86 de la Constitución, el propósito principal de la  solicitud de amparo es la protección cierta, efectiva e inmediata de los  derechos cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados, la Corte ha  sostenido que hay circunstancias en las que la variación sustancial de los  hechos objeto de controversia hace que la intervención del juez constitucional,  por lo que refiere a la protección de las prerrogativas constitucionales  invocadas, resulte ineficaz o anodina[61].    

     

106.       A este  último respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que la  intervención judicial puede perder su norte cuando: (a) las pretensiones  ventiladas ante la autoridad judicial fueron satisfechas; (b) ocurrió el  daño que se quería evitar, o (c) tuvo lugar una circunstancia que hace  irrelevante la prosperidad de la solicitud de amparo. En estos casos,  denominados por la jurisprudencia como (i) hecho superado, (ii) daño  consumado y (iii) situación o hecho sobreviniente, el fallador está  obligado a declarar la carencia actual de objeto[62]. En vista de que  la corporación a ahondado en la caracterización de cada uno de los supuestos  aludidos, en lo que sigue, se hará una breve referencia a ellos:    

     

107.       El  hecho superado tiene lugar cuando entre la interposición de la solicitud  de amparo y el momento del fallo se satisfacen por completo las pretensiones de  la acción de tutela y desaparece la vulneración de los derechos fundamentales  invocados, debido a una conducta voluntaria desplegada por el extremo  accionado. A efectos de constatar su configuración, en principio, el juez debe  verificar: (i) que lo pretendido en la demanda fue efectivamente satisfecho, y  (ii) que, en aras de tal propósito, la entidad accionada actuó –o cesó en su  accionar– motu proprio, esto es, libre y voluntariamente[63].    

     

108.       El  daño consumado, por su parte, se presenta cuando la afectación  que se pretendía evitar con la acción de tutela se consumó, lo que imposibilita  detener la vulneración o prevenir el riesgo. Frente a este fenómeno la Corte ha  manifestado que “(i) si al interponer la acción de tutela ya es claro que el  daño se generó, el juez debe declarar improcedente el mecanismo de amparo; pero  si el daño se consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en  segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede proferir órdenes  adicionales tendientes a proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar  repeticiones o identificar los responsables; (ii) el daño causado debe ser  irreversible, pues respecto a los daños que son susceptibles de ser  interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial, no es dable  decretar la carencia de objeto”[64].     

     

109.       Por  último, la situación o hecho sobreviniente se configura cuando se  agota el objeto del amparo y se torna inocua cualquier protección ordenada por  el juez de tutela. Este supuesto, a diferencia del hecho superado, supone que  la variación de las condiciones fácticas no tiene origen en  una actuación voluntaria del accionado, sino que obedece a circunstancias  ajenas a su voluntad. En otras palabras, debe tratarse de “[cualquier]  otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez  de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún  efecto y por lo tanto caiga en el vacío”[65]. En  concreto, la Corte ha precisado que esto ocurre, entre otros eventos, (i) cuando  el accionante asume una carga que no le correspondía y satisface su derecho;  (ii) pierde el interés en el resultado de la litis, o (iii) cuando las  pretensiones no pueden ser materializadas.    

     

110.       Por ser  pertinente para el análisis del asunto sub examine, vale la pena anotar  que en algunas ocasiones esta corporación ha considerado que el fenómeno de la  carencia actual de objeto por situación sobreviniente puede tener lugar  cuando, con ocasión de un fallo favorable de los jueces de instancia en el  proceso de tutela, se agota la pretensión de la solicitud de amparo[66]. Aunque se trata de una postura  jurisprudencial no exenta de discusión doctrinal[67], en el evento en que la pretensión de la  solicitud de amparo es superada como consecuencia del cumplimiento de una orden  judicial proferida en el marco del proceso de tutela, es posible que el  desarrollo del proceso constitucional pierda sentido o relevancia para el  demandante. Así y todo, este es un escenario  restringido que no puede afectar las facultades correctivas de la Corte  Constitucional al momento de revisar los fallos de tutela. En este ámbito, la  situación sobreviniente antes descrita no impide el escrutinio de rigor sobre  los fallos de instancia, aun en el caso en que estos sean favorables a los  intereses del demandante[68]. De ese  modo, cuando se presenta una circunstancia de esta naturaleza, el juez  constitucional conserva su facultad de proferir un pronunciamiento encaminado a  prevenir posibles afectaciones a los derechos fundamentales[69].    

     

     

112.       Por  otra parte, la Sala advierte que otras de las solicitudes elevadas por la parte  actora también fueron satisfechas. Así, con ocasión del proceso de revisión se  pudo constatar que, en cumplimiento de lo resuelto por el juez de tutela de  primera instancia, EPS  Metropolitana entregó a la agenciada tanto el “corset (sic) ortesis  semirrígida dorso lumbar” como la “silla de baño para adulto”. A  este respecto habría que manifestar lo siguiente: (i) que las pretensiones  aludidas fueron satisfechas como consecuencia del fallo de primera y única  instancia en el proceso de tutela objeto de revisión; (ii) que tal decisión no  fue impugnada en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 ni  controvertida en esta sede; (iii) que, por tratarse de un fallo encaminado a la  protección de los derechos fundamentales de la agenciada, no le es dable a esta  corporación retrotraer lo actuado, y (iv) que la entidad accionada no actuó motu  proprio sino en cumplimiento de una sentencia judicial en firme. En ese  orden, al amparo de la jurisprudencia constitucional antes referida y en vista  de que sobre las pretensiones aludidas no es pertinente un pronunciamiento  adicional, se declarará sobre ellas la configuración de la carencia actual de  objeto por hecho sobreviniente.    

     

(ii)     Formulación  de los problemas jurídicos.    

     

113.       Dicho  lo anterior, la Corte limitará la presente actuación a aquellas pretensiones  que aún no han sido satisfechas. En efecto, a partir del recaudo probatorio, se  tiene que la solicitud referida a la consulta de control de seguimiento por  especialista no fue del todo garantizada, al paso que el requerimiento encaminado  a que se reconociera el tratamiento integral no tuvo respuesta favorable por  parte de la entidad accionada. Por otro lado, con posterioridad al inicio del  proceso de tutela, la EPS  Metropolitana negó a la agenciada la  entrega de la silla de ruedas que le fue prescrita por sus médicos tratantes.  En este último caso, aunque se trata de una pretensión que excede lo  inicialmente requerido en el escrito de demanda, la Sala de Revisión se valdrá  de las facultades extra y ultra petita del juez constitucional para  valorarla. Sobre el particular, basta con reiterar que el juez de tutela está  llamado a resguardar todos los derechos que advierta comprometidos y a adoptar  todas las medidas que estime convenientes y efectivas para su restablecimiento[70].    

     

114.       Así  las cosas, le corresponde a esta Sala de Revisión pronunciarse sobre los  siguientes problemas jurídicos:    

     

(i)                     ¿La  EPS  Metropolitana vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida en  condiciones dignas de Patricia,  al no autorizar la “consulta de control o de seguimiento por especialista en  medicina física y rehabilitación, control 6 meses”, prescrita por el médico  tratante el 06 de septiembre de 2023, por considerar que dicho servició médico  fue garantizado el 22 de enero de 2024, con la realización de la junta médica  de sedestación?    

     

(ii)                   ¿La EPS Metropolitana vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida en  condiciones dignas de Patricia, al negarle la autorización y la entrega de la silla de  ruedas que le fue ordenada por sus médicos tratantes[71], con el argumento de que se trata de un  servicio médico excluido del plan de beneficios en salud?    

     

(iii)                ¿La EPS Metropolitana vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida en  condiciones dignas de Patricia, al no otorgarle el tratamiento integral reclamado, con la  excusa de que éste no ha sido prescrito por su médico tratante?    

     

D.        Análisis  de los problemas jurídicos y solución del caso concreto.    

     

115.       Con  el fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Corte  reiterará las reglas jurisprudenciales relativas (i) al derecho a la salud de  las personas en situación de discapacidad y se pronunciará brevemente sobre el  derecho a la vida en condiciones dignas y sobre el derecho al diagnóstico;  luego de lo cual abordará (ii) el examen de los servicios y tecnologías en  salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, siguiendo lo resuelto por  este tribunal en la sentencia SU-508 de 2020 y, por último, se referirá (iii)  al tratamiento integral. Con base en lo expuesto, procederá a resolver (iv) el  caso concreto.    

     

(a) Protección de los derechos  fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de las personas en  situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia[72].    

     

116.        El artículo 49 del texto superior  consagra el derecho a la salud como un derecho constitucional y un servicio  público a cargo del Estado en virtud del cual se garantiza a todas las personas  el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación frente a  cualquier afección física o mental, bajo los principios de eficiencia,  universalidad y solidaridad[73]. Desde sus primeros pronunciamientos[74], este tribunal ha admitido que el  derecho a la salud es susceptible de ser protegido a través de la acción de  tutela, al considerar que la naturaleza de la citada garantía es la propia de  un derecho fundamental.    

     

117.       Bajo este contexto, se expidió la Ley  Estatutaria 1751 de 2015 que reguló el derecho a la salud como derecho  fundamental[75] en cabeza de todos los colombianos,  sin distinción de grupo etario o sector poblacional. Sobre el particular, la  Corte señaló que: “[p]or lo que respecta a la caracterización del derecho  fundamental a la salud como autónomo, ningún reparo cabe hacer, pues (…)  ya ha sido suficientemente establecido por la jurisprudencia dicha condición  (…)[,] con lo cual (…) no se requiere aludir a la conexidad de dicho  derecho con otros que se estimen como fundamentales, con miras a predicar la  fundamentalidad de la salud, con lo cual se da vía libre a la procedibilidad de  la tutela para protegerlo”[76].    

     

118.       En  relación con el derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad[77], el  artículo 47 de la Constitución dispone que es deber del Estado adelantar “una  política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos  físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención  especializada que requieran”. Por su parte el artículo 25 de la Convención  de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad[78] consagra  que “[l]os Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen  derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por  motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes  para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud  que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación  relacionada con la salud (…)”.    

     

119.       En este  mismo sentido, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las  Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad[79], prevé el  deber de los Estados de trabajar en forma prioritaria en “b) La detección  temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación  ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo  de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; (…)”[80].    

     

120.       Las  enunciadas normas constitucionales demuestran la importancia de que las  autoridades del Estado y los prestadores del servicio de salud propendan por el  disfrute efectivo de este derecho, con las medidas particulares necesarias para  proteger a la población que tiene algún tipo de discapacidad. En este sentido,  la Observación General No. 5[81] del Comité  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala que  el derecho a salud de las personas en situación de discapacidad implica el “acceso  a los servicios médicos y sociales ‑incluidos  los aparatos ortopédicos‑ y a beneficiarse  de dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser  autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración social”.    

     

121.        Aunado a  lo anterior, el referido Comité[82] reiteró  la importancia de garantizar el derecho a la salud de las personas en situación  de discapacidad, “con todos los medios necesarios para que puedan tomar  opciones y ejercer el control sobre sus vidas, y tomar las decisiones que las  afecten”. En dicha observación, el Comité hace especial énfasis en  el derecho a la autonomía personal y a la libre autodeterminación de las PSD, a  través de la adecuada atención en salud. Entiende el Comité que estas garantías  permiten al citado conglomerado llevar una vida digna dentro de un marco de  inclusión e independencia[83].    

     

122.        En ese  contexto, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “[p]or medio de  la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de  los derechos de las personas con discapacidad”. En esta ley se  consagraron los derechos de las PSD a la habilitación y rehabilitación integral[84], así como  las garantías para el disfrute efectivo de su derecho a la salud, en los  artículos 9 y 10.  Particularmente, en la última de las normas en cita, se  definen las obligaciones de los agentes del sistema, en relación con las  garantías de acceso a los servicios de salud de las PSD, en atención a sus  necesidades y a los requerimientos específicos de esta población. En este  contexto, se les impuso a las EPS el deber de “[e]liminar cualquier medida,  acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o  indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas  con discapacidad”.    

     

123.        Al  realizar el control previo de constitucionalidad de dicha ley estatutaria, en  la sentencia C-765 de 2012, la Corte recordó la “(…) importancia y  alcances del concepto de rehabilitación integral de las personas con  discapacidad. En este sentido pueden destacarse, por ejemplo, sentencias que  han ordenado a los prestadores de servicios de salud la entrega de prótesis  anatómicas u ortopédicas, o de elementos destinados a suplir o mejorar una  determinada función corporal, entre ellas muletas, sillas de ruedas, lentes o  audífonos”, aun cuando estos no se encuentren en el plan de beneficios,  pues el derecho a la salud de las PSD se garantiza  cuando se tienen en cuenta los requerimientos especiales de esta población, lo  cual incluye la adopción de medidas para responder a su condición de  vulnerabilidad[85].    

     

124.         Por su parte, el derecho fundamental a una vida en  condiciones dignas implica que todo ser humano debe contar con las condiciones  necesarias para desarrollar sus capacidades lo mejor posible y que pueda  enfrentar sus padecimientos de manera que no se vea afectada su calidad de vida[86].  Según ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, este derecho integra la  posibilidad concreta de que una persona pueda recuperar y mejorar la salud  cuando está debilitada o lesionada, garantizando una existencia digna[87].    

     

125.         Asimismo, la Corte ha sostenido que este derecho fundamental  no se reduce a la mera existencia biológica sino que abarca la capacidad de  desarrollar todas las facultades inherentes al ser humano, permitiendo la  expresión autónoma y completa de cada individuo en todos los aspectos de su  vida[88]. Desde el punto de vista de la salud, se ha hecho hincapié en que la  protección constitucional de la vida digna pasa por conjurar “todas las circunstancias que incomodan [la] existencia [del individuo]”[89], entre estas, “el dolor cuando puede evitarse o  suprimirse” así como cualquier otra amenaza al desarrollo libre de sus  capacidades[90]. De  ese modo, la garantía del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas  exige que “los afiliados al sistema puedan acceder a las prestaciones que  requieran de manera efectiva, es decir, que se les otorgue una protección  completa en relación con todo aquello que sea necesario para mantener su  calidad de vida o adecuarla a los estándares regulares”[91].    

     

    (b)   Derecho al diagnóstico. Reiteración de jurisprudencia.    

     

126.         En línea con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015[92], la jurisprudencia de esta  corporación ha sostenido que el diagnóstico es un componente esencial  del derecho fundamental a la salud “que implica el acceso a una valoración  técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del  paciente y los tratamientos médicos que requiere”[93]. Asimismo, se ha dejado en claro que “el derecho al  diagnóstico constituye un elemento indispensable para: (i) establecer la  patología que padece el paciente, (ii) determinar el tratamiento médico  adecuado para su tratamiento e (iii) iniciar oportunamente dicho tratamiento”,  y que dicha garantía la componen la identificación, la valoración y la  prescripción[94].  A este último respecto, la Corte ha sostenido que la etapa de identificación  implica la realización de los exámenes indicados por el médico a partir de los  síntomas que presenta el paciente; que la valoración involucra el  análisis integral y oportuno que realizan los especialistas con base en los  resultados de los respectivos exámenes; y que la prescripción refiere a  la expedición de las órdenes médicas adecuadas y pertinentes para atender el  estado de salud del usuario del sistema[95].    

     

127.         A partir de las precisiones reseñadas, en la sentencia  T-005 de 2023[96]  la Corte relievó que el derecho al diagnóstico solo se satisface integralmente  “‘con la prescripción de los elementos de salud requeridos para tratar al  paciente’, pues la identificación de las patologías o incluso su valoración por  especialistas resultan insuficientes para iniciar los tratamientos requeridos  si estos no son ordenados por el médico tratante”[97]. Aunado a lo anterior, y  en línea con lo dispuesto en la sentencia SU-508 de 2020, la Sala Sexta  de Revisión reiteró que el amparo del derecho a la salud –por lo que refiere al  componente del diagnóstico– resulta procedente cuando el encargado de prestar  el servicio no realiza los procedimientos ni las intervenciones encaminadas “a  demostrar la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus  complicaciones y consecuencias presentes y futuras”[98].    

     

(c)    Servicios y tecnologías en salud incluidos en el plan de  beneficios. Reiteración de jurisprudencia[99].     

     

128.       En  aras de garantizar el referido derecho fundamental, en el Sistema de Seguridad  Social en Salud se adoptó el Plan de Beneficios, el cual comprende el conjunto  de servicios y tecnologías (tales como procedimientos, medicamentos, exámenes  de laboratorio, imágenes diagnósticas, entre otros) a los que tienen derecho  todos los usuarios del sistema. Estos servicios se encuentran consagrados en el  artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud e incluyen “su promoción [así  como] la prevención, paliación y atención de la enfermedad, [además de]  la rehabilitación de sus secuelas”[100].    

     

129.        No  obstante, el citado artículo restringe la utilización de los recursos públicos  para aquellos servicios y tecnologías (i) que tengan como finalidad un  propósito cosmético o suntuario, no relacionado con la recuperación o  mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas; (ii) que no  cuenten con evidencia científica sobre su seguridad o eficacia o sobre su  efectividad clínica; (iii) respecto de las cuales su uso no haya sido  autorizado por la autoridad competente; (iv) se encuentren en fase de  experimentación, y, por último, (v) tengan que ser llevados a cabo en el  exterior. En todo caso, “los servicios o tecnologías que cumplan con esos  criterios serán explícitamente excluidos” del Plan de Beneficios en Salud,  por medio de un “procedimiento técnico-científico, de carácter público,  colectivo, participativo y transparente”.    

     

     

(i)  Las  exclusiones deben fundamentarse en los criterios previstos en el inciso 2° del  artículo 15 de la Ley 1751 de 2015.    

     

(ii) Toda  exclusión deberá ser expresa, clara y precisa, para ello el Ministerio de Salud  o la autoridad competente deberá establecer cuáles son los servicios y  tecnologías excluidos, mediante un procedimiento técnico científico público,  colectivo, participativo y transparente; y    

     

(iii)      Es posible que el juez de tutela excepcione la aplicación de la lista de  exclusiones, siempre y cuando se acredite que: (a) la ausencia del servicio o  tecnología en salud lleve a la amenaza o vulneración de los derechos a la vida  o a la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su  existencia o se ocasione un deterioro del estado de salud vigente, que impida  que ésta se desarrolle en condiciones dignas; (b) no exista dentro del plan de  beneficios otro servicio o tecnología en salud que supla al excluido, con el  mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o  beneficiario; (c) el paciente carezca de los recursos económicos suficientes  para sufragar el costo del servicio o tecnología en salud y no cuente con la  posibilidad de lograr su suministro a través de planes complementarios de  salud, medicina prepagada o programas de atención suministrados por algunos  empleadores; y (d) el servicio o tecnología en salud excluido del plan de  beneficios haya sido ordenado por el médico tratante del afiliado o  beneficiario, profesional que debe estar adscrito a la entidad prestadora de  salud a la que se solicita el suministro.    

     

131.       Más allá del modelo de exclusión  expresa, uno de los principales componentes de la salud es el derecho al diagnóstico,  cuya conceptualización se llevó a cabo en la sentencia SU-508 de 2020, en la  que esta corporación explicó que “se trata de un componente integral del  derecho fundamental a la salud e implica una valoración técnica, científica y  oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los  tratamientos médicos que requiere”. Sumado a lo anterior, en dicha  sentencia, la Sala Plena de la Corte planteó subreglas en relación con el  suministro de sillas de ruedas de impulso manual y concluyó que: (i) están incluidas en el Plan de  Beneficios en Salud. Por ello, (ii) si existe una prescripción médica, se puede  ordenar directamente su entrega por vía de tutela; (iii) si no existe orden  médica, se advierten estas dos alternativas: (a) si se evidencia que su entrega  constituye un hecho notorio, a través de la verificación de la historia clínica  o de otras pruebas allegadas al expediente, el juez de tutela puede ordenar su  suministro directo, condicionado a la ratificación posterior de la necesidad por  parte del médico tratante. Si no se evidencia un hecho notorio, (b) el juez de  tutela podrá amparar el derecho a la salud en la faceta de diagnóstico, cuando  se requiera una orden de protección. En todo caso, (iv) por la ley estatutaria  de salud, no es necesario verificar o constatar la capacidad económica del  usuario, para autorizar sillas de ruedas por vía de tutela[102].    

     

132.       De acuerdo con lo expuesto por esta  corporación, y en línea con lo previamente manifestado, se ha aclarado que las  sillas de impulso manual son una asistencia técnica que permite complementar la  capacidad física de una persona lesionada en su salud o en situación de  discapacidad, en la medida en que, entre otras, ayudan a trasladarla en  condiciones de seguridad de un lugar a otro, garantizando con ello una vida en  condiciones dignas[103].    

     

133.        Aunque las sillas de ruedas de impulso manual, como ya se ha  dicho, corresponde a una tecnología que no se encuentra expresamente excluida  de las coberturas dispuestas en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con  lo dispuesto en la Resolución 318 de 2023[104] y, por lo tanto, se  entienden incluidas, lo cierto es que éstas no pueden ser financiadas  con cargo a las UPC por disposición expresa del parágrafo 2[105] del artículo 56 de la  Resolución 2366 de 2023[106]. Al respecto, en las  sentencias T-464 de 2018, T-338 de 2021 y T-014 de 2024, la Corte aseguró que,  en estos casos, las EPS deben adelantar el procedimiento de recobro ante la  ADRES, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 740 de 2024[107], que refiere al uso de  la herramienta MIPRES y rige el acceso, prescripción y suministro de este tipo  de dispositivos.    

     

(d)    Sobre el tratamiento integral.    

     

134.       De  acuerdo con el artículo 8 de la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud, los  servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa  para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la  misma o de la condición de salud del afiliado. El sistema de provisión,  cubrimiento o financiación lo define el Legislador y no podrá  fragmentarse la responsabilidad en la prestación del servicio en desmedro del  usuario. En caso de existir duda sobre el alcance de un servicio de salud  cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos  esenciales para lograr su objetivo médico.    

     

135.         Bajo este contexto, esta  corporación ha señalado que la integralidad en el servicio de salud implica que  los agentes del sistema practiquen y entreguen en su debida oportunidad los  procedimientos e insumos prescritos. Así las cosas, este grado de diligencia  debe determinarse en función de lo que el médico tratante estime pertinente  para atender el diagnóstico del paciente. En consecuencia, se vulnera el  derecho a la salud de este último, al no otorgar el tratamiento integral,  cuando: (i) a pesar de que existe el diagnóstico y las prescripciones por parte  del médico tratante de los servicios requeridos para su atención; (ii) la EPS  actúa con negligencia en la prestación del servicio, procediendo en forma  dilatoria o programando los mismos por fuera de un término razonable; (iii)  poniendo con ello en riesgo al paciente o prolongando sus padecimientos[108]. Aunado a ello, la jurisprudencia  reciente de la Corte[109] ha establecido un criterio  adicional que sirve de apoyo a los anteriores y que debe evaluarse en estos  casos, a saber, “si el demandante es un sujeto de especial protección  constitucional o está en condiciones de precariedad en salud”[110].    

     

136.       En tal sentido, la Corte ha ordenado  el tratamiento integral en favor de un paciente cuando la EPS ha impuesto  trabas administrativas para acceder a los servicios médicos prescritos, en aras  de evitar la interposición de una acción constitucional por cada servicio o  medicamento que se ordene. Por contraste, ha negado dicha solicitud cuando no  existe evidencia de medicamentos o tratamientos pendientes de ser tramitados o  de la negativa al acceso a servicios de salud por parte de la entidad accionada[111]. En este último evento, se ha dicho  que no le es dable al juez constitucional pronunciarse sobre aspectos futuros o  inciertos del estado de salud del accionante, pues en este ámbito debe mediar  suficiente claridad sobre el tratamiento médico requerido por el paciente[112].    

     

E. Solución del caso concreto.    

     

137.        A partir de lo expuesto,  la Sala Cuarta de Revisión resolverá los problemas jurídicos planteados  teniendo en cuenta los hechos probados  durante el trámite y las pautas expuestas en las consideraciones de esta  providencia. Sobre la base de lo anterior, se considera que la EPS Metropolitana  vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Patricia,  por las siguientes razones:    

     

138.        En primer lugar, se observa que el  06 de septiembre de 2023, el médico tratante adscrito a la EPS Metropolitana le prescribió a Patricia, entre otros servicios médicos, “consulta  de control o de seguimiento por especialista en medicina física y  rehabilitación, control 6 meses”. No obstante, la EPS Metropolitana no  garantizó su prestación, motivo por el cual la agente oficiosa tuvo que acudir  a la acción de tutela y, en fallo del 19 de enero de 2024, el Juzgado  ABC de Villavicencio concedió  el amparo solicitado y ordenó a la entidad accionada que, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación de dicha  providencia, autorizara el referido servicio.    

     

139.       A  pesar de lo anterior, revisado el registro de servicios prestados a la  agenciada[113],  la Sala encuentra que dicha consulta aún no ha sido garantizada. Así mismo, que  la EPS  Metropolitana considera que ese servicio médico se otorgó con la realización de  la junta médica de sedestación, del 22 de enero de 2024. Sin embargo,  cabe aclarar que, de acuerdo con el acta de la referida junta, su objeto fue la  “evaluación para definir [la] silla de ruedas”[114], es decir, que no implicó  el control por especialista en medicina física y rehabilitación de cada  seis meses. Se trató de un proceder médico distinto, que no satisface la orden  que fue dada por el profesional tratante, y cuya omisión compromete la  realización de los derechos fundamentales de Patricia, como  sujeto de especial protección constitucional.    

     

140.       En  consecuencia, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos precedentes,  para que se entienda satisfecho el derecho al diagnóstico no basta con que se  establezca la patología que padece el paciente y se determine el tratamiento  médico adecuado, sino que también es necesario que se cumpla oportunamente con  lo prescrito por el galeno tratante. De ese modo, en esta oportunidad la  corporación advierte que la EPS Metropolitana no  realizó el seguimiento  correspondiente al estado de salud de la paciente, cuestión última que afectó  la continuidad e integralidad del tratamiento médico requerido. Por  ende, se ordenará expresamente a la entidad accionada autorizar la  prestación del referido servicio, con miras a superar cualquier acto de  confusión sobre el mismo y evitar afectaciones adicionales al derecho  fundamental a la salud.    

     

141.       En  segundo lugar, se advierte que, en la referida junta médica de  sedestación, los médicos tratantes adscritos a la EPS Metropolitana  le prescribieron a Patricia  “Silla de ruedas a la medida del paciente #1(uno) Plegable, basculada 8  grados con espaldar firme contorneado medio removible, hasta nivel de hombros,  asiento firme removible, cojin (sic) de doble densidad espuma – gel con barra  preisquial, con cuñas laterales de muslos, cinturón pélvico de dos puntos,  apoya brazos graduables en altura y removibles, apoya pies bipodal graduable en  altura y removible. Mangos de empuje regulables en altura. Sistema de frenos  tipo palanca además de frenos para ser accionado por tercero. Ruedas traseras de  14 pulgadas neumáticas, de desmonte rápido. Ruedas anteriores de 6*1.5  pulgadas. Banda tibial posterior. Pechera de cuatro puntos. Mesa de trabajo en  policarbonato removible”.    

     

142.         En cuanto a su reconocimiento, la mencionada junta médica afirmó  que: “actualmente este sistema o elemento no está financiado por la Unidad  de pago por capitación del plan de beneficios en salud; no se encuentra en  aplicativo MIPRES [,] por lo cual no se puede tramitar por este medio.  Se entregan fórmulas, copia de historia clínica. No se entrega formato no pos  (ya no están vigentes), no se diligencia MIPRES (no existe este  dispositivo en el sistema)”[115]  (negrilla por fuera del texto original).    

     

143.       Sumado  a lo anterior, se observa que el 16 de febrero de 2024, la EPS Metropolitana negó la entrega de la referida silla de ruedas, por cuanto esta no se  encuentra cubierta por el plan de beneficios en salud. Así mismo, indicó que “la  entrega de esta tecnología sólo puede realizarse mediante una tutela que cuente  con un fallo taxativo, como se estipula en la Resolución 2366 del 2023”,  pues en la sentencia del 19 de enero del año en curso, el Juzgado ABC de  Villavicencio “no ordenó un tratamiento integral o un fallo taxativo  específico para la silla de ruedas”.    

     

     

145.       Aunado  a lo anterior, en la sentencia SU-124 de 2018, esta corporación sostuvo que  imponer barreras administrativas desconoce los principios que guían la  prestación del servicio de salud. Así pues, las EPS no pueden suspender o negar  servicios requeridos por dificultades administrativas o de trámite. En el mismo  sentido, en la sentencia T-338 de 2021, este tribunal señaló que dichas  entidades deben proveer a sus afiliados los procedimientos, medicamentos o  insumos que los médicos tratantes adscritos a ellas prescriban. En especial, si  se trata de personas en estado de vulnerabilidad o sujetos de especial  protección constitucional[117].    

     

146.        Ahora  bien, una de las barreras administrativas que persiste en las EPS está  relacionada con el MIPRES. La herramienta tecnológica Mi Prescripción, o  también llamada MIPRES, es un aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y  Protección Social a través del cual los profesionales de la salud deben  reportar la prescripción de servicios y tecnologías que no están financiados  con recursos de la UPC y de servicios complementarios. En la sentencia T-160 de  2022, este tribunal afirmó que la inscripción del implemento en el MIPRES es  responsabilidad de los médicos y de la EPS, puesto que: “por un lado, los  médicos deben reportar la prescripción de forma clara y oportuna a través de  esa herramienta tecnológica (…). De otro lado, las EPS deben garantizar el  suministro oportuno de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de  la UPC. Asimismo, tienen la obligación de disponer de la infraestructura  tecnológica para que el personal de la salud pueda acceder fácilmente a esa  plataforma (…)”.    

     

147.       Así  pues, esta corporación ha indicado que las dificultades y fallas del MIPRES no  pueden representar un obstáculo para el acceso efectivo e integral a los  servicios ordenados a una persona, pues las EPS son quienes cuentan con el  acceso al aplicativo y tienen los conocimientos y la infraestructura técnica  necesaria para adelantar los respectivos trámites. Por lo tanto, es  responsabilidad de las EPS gestionar todo lo relacionado con dicha herramienta,  para garantizarle el acceso a los insumos médicos a los usuarios, de modo que  esta carga no puede ser trasladada a las personas y servir de excusa para la  falta de entrega de los dispositivos o medicamentos ordenados por el médico  tratante[118].    

     

148.       La  citada barrera se acompaña con otra que se presenta en este caso, por virtud de  la cual persiste en el sistema de salud la exigencia por parte de las EPS de  fallos de tutela para otorgar el insumo requerido. Sobre el particular, la  Corte ha sostenido que esto constituye una barrera desproporcionada,  arbitraria, injusta y contraria a la colaboración armónica entre los poderes  públicos, puesto que genera un desgaste gravoso para la administración de  justicia. Además, es una medida que impacta de forma diferenciada a los sujetos  de especial protección constitucional[119].    

     

149.        A  partir de lo expuesto, se advierte que la EPS Metropolitana vulneró los derechos a la salud y a  la vida en condiciones dignas de Patricia, al negarle la autorización y la  entrega de la silla de ruedas que le fue ordenada por sus médicos tratantes,  bajo los argumentos de que (i) se trata de un servicio excluido del plan de  beneficios en salud; (ii) que no está incluido en el aplicativo MIPRES, y (iii)  que no cuenta con un fallo de tutela que lo ordene. En lo que respecta al  primer argumento expuesto, como previamente se señaló, la Corte ya concluyó que  las sillas de ruedas de impulso manual constituyen una tecnología que no se  encuentra expresamente excluida de las coberturas dispuestas en el Plan de  Beneficios en Salud, por lo que se entienden incluidas, más allá de que  no puedan ser financiadas con cargo a las UPC, de ahí que las EPS deban  adelantar el procedimiento de recobro ante la ADRES.    

     

150.       Frente a los dos argumentos  restantes, tal y como ya se explicó, no es dable a las EPS imponer cargas  administrativas o barreras al paciente, que afecten el acceso a un insumo  necesario decretado por el médico tratante, que no puedan ser solventadas por  ellos y que, además, conduzcan a un desgaste innecesario de la administración  de justicia, sobre todo cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional.  En consecuencia, en la parte resolutiva de esta decisión y al amparo de sus  facultades extra y ultra petita, la Sala ordenará la autorización y entrega de la silla de  ruedas prescrita por los médicos tratantes en favor de la agenciada. Además, en razón a las barreras  administrativas identificadas para el goce efectivo del derecho a la salud, se  advertirá a la EPS  Metropolitana que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de incurrir en dichas  prácticas, en particular la de exigirle a sus afiliados que recurran al trámite  de la acción de tutela como requisito para otorgar la prestación de los  servicios de salud que requieran.    

     

151.       Finalmente,  esta Sala concederá el amparo en relación con la pretensión de la Defensora  de Familia, referente a que se ordene el tratamiento integral en favor de Patricia,  puesto que, a pesar de su diagnóstico de “parálisis cerebral espástica y  atrofia muscular generalizada” y de requerir “la continuidad de las  terapias domiciliarias integrales de paciente crónico, para evitar así la  progresión de atrofia muscular, espasticidad o trastorno de la deglución”[120], la EPS Metropolitana  ha actuado con negligencia en la prestación del servicio, como se advierte en  esta providencia, al imponer trabas administrativas para acceder a los servicios  médicos prescritos por sus médicos tratantes. Como quedó demostrado a lo largo  del trámite constitucional, la EPS accionada sostuvo que no existía en este  caso evidencia clínica de que la agenciada requiriese un tratamiento integral[121], aserto que desatiende la  gravedad y el carácter degenerativo de su diagnóstico médico. Sumado a ello, a  pesar de que las enfermedades de la agenciada requerían de asistencia continua,  la mayoría de las prescripciones médicas tardaron aproximadamente un año en ser  atendidas, al paso que se le exigió interponer una acción de tutela para  reclamar la silla de ruedas, requisito impropio para acceder a un dispositivo  que no está expresamente excluido del PBS. De ahí que en este caso la concesión  del tratamiento integral sea indispensable para garantizar la rehabilitación de  la paciente, prevenir el deterioro de su diagnóstico y garantizar que la  accionada le otorgará todas las medidas y servicios que sean indispensables  para lograr el más alto nivel de salud en los términos previstos en las leyes  1618 de 2013 y 1751 de 2015.    

     

III.            DECISIÓN    

     

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de  Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del  pueblo y por mandato de la Constitución,    

     

     

     

RESUELVE    

     

Primero:  Por las razones expuestas en la presente providencia, DECLARAR  LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de las  pretensiones referidas a la autorización de los siguientes servicios médicos: “participación en junta médica o equipo interdisciplinario  por medicina especializada, junta de sedestación para pertinencia de silla de  rueda neurológica; atención (visita) domiciliaria por foniatría y  fonoaudiología (20 sesiones por cada mes, por seis meses); atención (visita)  domiciliaria por terapia ocupacional (20 sesiones por cada mes, por seis  meses); terapia física integral domiciliaria 20 sesiones cada mes por 6 meses”.    

     

Segundo: Por las razones expuestas en  esta decisión, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR  SITUACIÓN SOBREVINIENTE respecto de las  pretensiones relacionadas con la entrega de los siguientes dispositivos  médicos: “corset (sic) ortesis semirrígida dorso  lumbar” y “silla de baño para adulto”.    

     

Tercero: Por  las razones expuestas en esta sentencia, CONFIRMAR parcialmente el fallo dictado el 19 de enero de 2024 por el Juzgado  ABC  de Villavicencio, mediante el cual se concedió el amparo a  los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Patricia  y se ordenó a la EPS  Metropolitana gestionar las autorizaciones pertinentes a efectos de garantizar  la “consulta de control o de seguimiento por especialista en medicina física  y rehabilitación, control seis meses”, en favor de la agenciada.    

     

Cuarto:  ORDENAR a la EPS  Metropolitana que, dentro  de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, programe  la consulta  de control o de seguimiento por especialista en medicina física y  rehabilitación en favor de Patricia, prescrita por el médico tratante  el 06 de septiembre de 2023, la cual deberá realizarse a más tardar dentro los  15 días siguientes a su programación. De ahí en adelante deberá asegurarse  dicho control cada seis meses, hasta tanto se disponga algo distinto por los  médicos tratantes.    

     

Quinto: ORDENAR a la EPS Metropolitana que, dentro de las 48 horas  siguientes a la notificación de esta sentencia, autorice y entregue la silla  de ruedas a Patricia de acuerdo  con las especificaciones técnicas establecidas en la orden médica prescrita por los médicos tratantes en  la junta de sedestación del 22 de enero de 2024. Por ningún motivo, tal entrega  podrá superar el término de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de  esta providencia, para lo cual la accionada deberá remover todos los obstáculos  administrativos y adelantar las gestiones necesarias para tal fin. En línea con  lo anterior, se reitera que la EPS Metropolitana podrá recobrar el costo de la ayuda técnica prescrita a la  Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud  (ADRES), de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución 740 de  2024, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.    

     

Sexto: ORDENAR a la EPS Metropolitana que, según las indicaciones y prescripciones de  los médicos tratantes adscritos a la entidad y a las IPS con las que tenga  convenio, suministre el tratamiento integral en salud que requiera Patricia, respecto de su  diagnóstico de “parálisis cerebral espástica y atrofia muscular generalizada”.  Lo anterior, en procura de que le sean prestados los servicios y procedimientos  y le sean entregados los medicamentos e insumos que disponga el médico tratante  en consideración a dicho diagnóstico.    

     

Séptimo: ADVERTIR a la EPS Metropolitana que, en lo sucesivo, se  abstenga de exigirle a sus afiliados que recurran al trámite de la acción de  tutela como requisito para otorgar la prestación de los servicios de salud que  requieran.    

     

Octavo: DESVINCULAR de este proceso de tutela a  la Secretaria Departamental de Salud del Meta, la IPS  Urbana y la Fundación Progresar, por las razones invocadas en esta providencia.    

     

Noveno: Por  Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo  36 del Decreto Ley 2591 de 1991.    

     

Notifíquese, comuníquese,  cúmplase.    

     

     

     

VLADIMIR FERNÁNDEZ  ANDRADE    

Magistrado    

     

     

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ  NAJAR    

Magistrado    

     

     

     

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO  OCAMPO    

Magistrado    

Con aclaración de voto    

     

     

     

ANDREA LILIANA ROMERO  LOPEZ    

Secretaria General    

     

     

     

     

     

     

[1] “(i) consulta de control o de seguimiento por especialista en  medicina física y rehabilitación, control 6 meses; (ii) participación en junta  médica o equipo interdisciplinario por medicina especializada, junta de  sedestación para pertinencia de silla de rueda neurológica; (iii) atención  (visita) domiciliaria por foniatría y fonoaudiología (20 sesiones por cada mes,  por seis meses); (iv) atención (visita) domiciliaria por terapia ocupacional  (20 sesiones por cada mes, por seis meses); (v) terapia física integral  domiciliaria 20 sesiones cada mes por 6 meses; (vi) corset (sic) ortesis  semirrígida dorsolumbar; [y] (vii) silla baño adulto”. Expediente  digital, archivo “01DEMANDA.pdf”.    

[2] Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf” Pág. 2.    

[3] Juzgado ABC de Villavicencio, en sentencia  del 19 de enero de 2024, concedió el amparo solicitado. En consecuencia, ordenó  a la entidad accionada que, en un plazo de 48 horas posteriores a la notificación  de dicha providencia, “gestione las autorizaciones y servicios de ‘consulta  de control o de seguimiento por especialista en medicina física y  rehabilitación, control seis meses (participación en junta o equipo  interdisciplinario por medicina especializada), así mismo se materialice la  entrega del corset (sic) ortesis semirrígida dorso lumbar y silla de baño para  adulto’, tal y como lo indica el médico tratante de la accionante en la formula  médica”. Expediente digital, archivo “14SENTENCIA.pdf”. Página 9.    

[5] Al momento de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la acción  de tutela y su presentación, Patricia ya contaba con la mayoría de edad,  tal y como se puede apreciar en su cédula de ciudadanía, la cual obra en el  expediente. Archivo, ‘‘02PRUEBAS.pdf’’.    

[6] Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf” p. 2.    

[7] Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf” p. 2.    

[8] Expediente digital, archivo “08AUTOADMITE.pdf”.    

[9] Expediente digital, archivo “13CONTESTACION.pdf”, pp. 1-13.    

[10] Administradora de los  Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.    

[11] Este fallo fue corregido mediante auto del 24 de enero de 2024, por  cuanto desde el acápite del caso concreto hasta el resuelve, se hizo referencia  a EPS Salud Plena y a la EPS Salud Integral y no a la accionada EPS  METROPOLITANA.    

[12] Corte Constitucional, sentencias T-414 de 2008 y T-361 de 2014.    

[13] “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y  se dictan otras disposiciones.”    

[14] Expediente digital, archivo “14SENTENCIA.pdf”, p. 9.    

[15] Además del referido informe, la  Defensora de Familia allegó los siguientes documentos: (i) sentencias de tutela  del 19 de enero de 2024 y del 04 de marzo de 2024; (ii) documento de identidad  e historia clínica de Patricia;  (iii) informe por parte de la junta médica de sedestación; (iv) información  sobre Patricia en el BDUA-ADRES;  (v) petición del 19 de abril de 2024, en la que se solicita a la EPS Metropolitana el suministro de la silla de ruedas; (v) capturas de  pantalla de las conversaciones que tuvo con el asesor de tutelas de la citada  EPS; y (vi) autorizaciones de la silla de baño y del corsé por parte de la EPS Metropolitana.    

[16] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta  Expediente T-0.006.990.pdf”.    

[17] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Patricia –  HC Junta Médica Sedestacion.pdf”. Énfasis por fuera del texto original.    

[18] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Patricia –  HC Junta Médica Sedestacion.pdf”.    

[19] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria  Corte Respuesta Expediente T-0.006.990.pdf”, p.4.    

[20] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta  Expediente T-10.006.990.pdf”, p.6.    

[21] “Anexo secretaria Corte 13FALLO TUTELA  24-115.pdf”; con radicado interno T10237002”.    

[22] Ibidem, p. 20.    

[23] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta  Expediente T-10.006.990.pdf”, p.9.    

[24] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta Auto de  Pruebas Expediente T-10.006.990.pdf”.    

[25] Remitió la historia clínica y el registro de servicios autorizados en  favor de Patricia.    

[26] Esta IPS no fue vinculada en ninguna de las dos acciones de tutela  presentadas en favor de la accionante.    

[27] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta Auto de  Pruebas Expediente T-10.006.990.pdf”, p. 5.    

[28] De fecha 16 de mayo 2024.    

[29] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte  Auto_de_requerimiento_y_suspension_T-10.006.990_CL_1.pdf”.    

[30] Archivo digital, “PATRICIA CC 1111111111 (3).pdf”    

[31] Según reporte de radiografía de cadera  comparativa 02.08.23.    

[32] Archivo digital, “Informe solicitado Expediente T-10.006.990-caso Patricia  (3).pdf”    

[33] La norma en cita establece que: “Toda persona  tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,  mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe  a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales  fundamentales (…)”.    

[34] Corte Constitucional, sentencia T-444 de 2019.    

[35] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2022.    

[36] Ibidem.    

[37] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.    

[38] La Corte ha examinado la constitucionalidad del régimen de capacidad  de las personas en situación de discapacidad (PSD) en la sentencia C-025 de  2021.    

[39] Según el contexto, persona o personas en situación de discapacidad.    

[40] Fecha de nacimiento 8 de octubre de 1990. Visible en Archivo,  ‘‘02PRUEBAS.pdf’’.    

[41] Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf” p. 2.    

[42] Archivo digital, “PATRICIA CC 1111111111 (3).pdf”.    

[43] Ibidem.    

[44] En el expediente obra la historia clínica de la agenciada y es  ostensible la imposibilidad que tiene para actuar de manera directa. Expediente  digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta Expediente T-0.006.990.pdf”.    

[45] De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591  de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las  autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de  los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. CP, art 86; D,  2591 de 1991, art 1º.    

[46] “Artículo 42.  Procedencia. La acción de  tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes  casos: 1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este  encargado de la prestación del servicio público de educación. // 2.  Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la  prestación del servicio público de salud. // 3. Cuando aquél contra  quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de  servicios públicos. // 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización  privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de  la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una  relación de subordinación o indefensión con tal organización. // 5. Cuando  contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la  Constitución. // 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien  se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad  con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. // 7. Cuando se  solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se  deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y  de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren  la eficacia de la misma. // 8. Cuando el particular actúe o deba actuar  en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen  que a las autoridades públicas. // 9. Cuando la solicitud sea para  tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto  del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión  del menor que solicite la tutela”.    

[47] Sociedad de economía mixta con participación  mayoritaria del Estado, de acuerdo con las normas que la crearon.    

[48] Corte Constitucional, sentencia T-444 de 2013.    

[49] Corte Constitucional, s sentencias SU-961 de  199, T-282 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-018 de 2008 y T-491 de  2009.    

[50] Corte Constitucional, sentencias T-743 de 2008,  T-189 de 2009, T-491 de 2009, T-328 de 2010 y T-444 de 2013.    

[51] Corte Constitucional, sentencias T-661 de 2011 y  T-140 de 2012.    

[52] Véase, por ejemplo, la sentencia T-1063 de 2012,  en la que se expuso que: “(…) tratándose de tutelas contra sentencias, el  requisito de la inmediatez debe analizarse de forma estricta, por lo que es  necesario establecer si, en efecto, la sentencia SU-917 de 2010, es un hecho  completamente nuevo, razón por la cual la accionante solo pudo interponer la  acción casi 6 años después de la sentencia de segunda instancia y si, siendo  así, después de expedida la sentencia, la tutela se interpuso dentro de un  plazo razonable. (…)”. Énfasis por fuera del texto original.    

[53] Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf” Pág. 2.    

[54] “Defensoría de Familia”. Expediente digital, archivo “01DEMANDA.pdf”,  p. 2.    

[55] Expediente digital, archivo digital “Auto Admite.pdf”.    

[56] Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009.    

[57] Cf. Artículo 41 de la ley 1122 de 2007.    

[59] Ibidem. Reiterada también en la Sentencia T-150 de 2024.    

[60] Los procesos ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral pueden tardar  aproximadamente 366 días calendario en primera instancia. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. CORPORACIÓN  EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Resultado del estudio de tiempos procesales.  Tomo I, abril, 2016. Bogotá, p. 136.    

[61] Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.    

[62] Ibídem.    

[63] Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, reiterada en las  sentencias T-002 de 2022 y T-200 de 2022.    

[64] Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.    

[65] Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2019.    

[66] Corte Constitucional, sentencia T-239 de 2023, que reitera lo  dispuesto en las sentencias T-113 de 2016 y T-319 de 2017.    

[67] Al respecto, en la sentencia T-092 de 2024, la corporación se  pronunció en los siguientes términos: “[L]as reglas sobre la carencia actual  de objeto por hecho sobreviniente –cuando está de por medio la decisión de una  autoridad judicial– no están unificadas. Algunas sentencias señalan que no es  posible declarar la carencia actual de objeto cuando un juez de instancia del  proceso de tutela revisado es quien decide intervenir a favor del accionante  (T-060 de 2019, la T-017 de 2020 y la T-070 de 2023). Por el contrario, en  otras se han venido desarrollando reglas específicas para determinar si las  conductas que una entidad despliega en cumplimiento de una orden de un juez de  tutela de instancia en el proceso revisado por la Corte pueden derivar en una  situación sobreviniente que dé lugar a una carencia actual de objeto”.    

[68] Sobre el particular, en la citada sentencia  T-239 de 2023, y a propósito de la configuración de la carencia actual de  objeto por situación sobreviniente, la Sala Segunda de Revisión puso de  manifiesto que “este es un escenario limitado debido a que, de lo contrario,  en atención a la característica propia de estos trámites constitucionales en la  que se concede la tutela en el efecto devolutivo, la función de revisión de la  Corte Constitucional tendría que restringirse a las decisiones desfavorables a  los intereses de los accionantes y no se podrían corregir sentencias de tutela  que han otorgado derechos contra legem” (fj. 108).    

[69] Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022.    

[70] Corte Constitucional, sentencias T-001 de 2021 y T-351 de 2023.    

[71] Las características técnicas  del dispositivo son “Silla de ruedas a la medida del paciente #  1(uno)Plegable, basculada 8 grados con espaldar firme contorneado medio  removible, hasta nivel de hombros, asiento firme removible, cojín de doble  densidad espuma – gel con barra preisquial, con cuñas laterales de muslos,  cinturón pélvico de dos puntos, apoya brazos graduables en altura y removibles,  apoya pies bipodal graduable en altura y removible. Mangos de empuje regulables  en altura. Sistema de frenos tipo palanca además de frenos para ser accionado  por tercero. Ruedas traseras de 14 pulgadas neumáticas, de desmonte rápido.  Ruedas anteriores de 6*1.5 pulgadas. Banda tibial posterior. Pechera de cuatro  puntos. Mesa de trabajo en policarbonato removible.”  Expediente digital,  archivo “Anexo secretaria Corte Patricia – HC Junta Médica Sedestacion.pdf”.    

[72] Corte Constitucional, sentencia T-475 de 2020.    

[73] Constitución Política. Artículo 49: “La atención de la salud y el  saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a  todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y  recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y  reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de  saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y  solidaridad. (…).”. (resaltado por fuera del texto original).    

[74] Véanse, entre otras, las sentencias T-571 de 1992, T-613 de 1992,  T-597 de 1993, T-071 de 1995, T-762 de 1998 y T-999 de 2000.    

[75] Ley Estatutaria 1751 de 2015, artículo 1.    

[76] En sentencia C-313 de 2014, la Corte examinó la constitucionalidad del  proyecto de ley estatutaria 209 de 2013 Senado y 267 de 2013 Cámara “Por  medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras  disposiciones”, de acuerdo con la competencia prevista en el artículo 241.8  de la Constitución.    

[77] Corte Constitucional, sentencia T-358 de 2022.    

[78]  Esta Convención fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.    

[79]  Esta Convención fue ratificada en Colombia mediante la Ley 762 de 2002.    

[80]  Artículo III, numeral 2, literal B de la Convención.    

[81]  Organización de las Naciones Unidas, Comité DESC, Observación general No. 5:  Las personas con discapacidad, 1994.    

[82] Organización de las Naciones Unidas, Comité sobre  los derechos de las personas con discapacidad, sobre el derecho a vivir de  forma independiente y a ser incluido en la comunidad, 2017.    

[83]  Ibidem, contenido normativo del artículo 19 de la Convención para la  Protección de las Personas con Discapacidad.    

[84] “Artículo 9o. Derecho a la habilitación y  rehabilitación integral. Todas las personas con discapacidad tienen  derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral  respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de  lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física,  mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los  aspectos de la vida (…).”    

[85] Corte Constitucional, sentencia T-358 de 2022.    

[86] Corte Constitucional, sentencia SU-508 de 2020.    

[87] Corte Constitucional, sentencia T-096 de 1999.    

[88] Corte Constitucional, sentencia T-926 de 1999.    

[89] Corte Constitucional, sentencia T-444 de 1999.    

[90] Ibídem.    

[91] Corte Constitucional, sentencia SU-506 de 2020, reiterada en la  sentencia T-075 de 2024.    

[92] Cf. Artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, relativo a los elementos  esenciales e interrelacionados del derecho fundamental a la salud.    

[93] Corte Constitucional, Sentencia T-005 de 2023.    

[94] Ibídem.    

[96] Vale anotar que en esta providencia se reitera lo dispuesto en la ya  citada sentencia SU-508 de 2020.    

[97] Corte Constitucional, sentencia T-005 de 2023, que reitera en este  punto lo previsto en la sentencia T-394 de 2021.    

[98] Ibídem.    

[99] Corte Constitucional, sentencia T-127 de 2022.    

[100] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2023.    

[101] Sentencia por medio de la cual se estudió la constitucionalidad de la  Ley 1751 de 2015.    

[102] Corte Constitucional, sentencia T-127 de 2022.    

[103] Ibidem.    

[104] “Por la cual se actualiza el procedimiento técnico-científico,  participativo, de carácter público, colectivo y transparente que determina las  tecnologías y servicios que no serán financiados con recursos públicos  asignados a la salud”.    

[105] Artículo 56 de la Resolución 2366 de 2023. Parágrafo 2°. “No se  financian con cargo a la UPC sillas de ruedas, plantillas y zapatos ortopédicos”.    

[106] “Por la cual se actualizan integralmente los servicios y  tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por  Capitación (UPC)”.    

[107] “Por la cual se actualiza el  procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación,  control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud y servicios  complementarios no financiadas con recursos de la UPC y se dictan otras  disposiciones”.    

[108] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2023.    

[109] Corte Constitucional, sentencias T-259 de 2019, T-513 de 2020,  T-399 de 2023.    

[110] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2023.    

[111] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2023.    

[112] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2023.    

[113] Expediente digital, archivo “Respuesta Auto de pruebas Expediente  T-10.006.990 pdf”, p. 4.    

[114] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Junta médica del 22 de enero de 2024.pdf”.    

[115] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Patricia  – HC Junta Médica Sedestacion.pdf”.    

[116] Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2024.    

[117] Ibídem.    

[119] Corte Constitucional, sentencias T-760 de 2008 y en la T-338 de 2021.    

[120] Expediente digital, archivo “Anexo secretaria Corte Respuesta Auto de  Pruebas Expediente T-10.006.990.pdf”.    

[121] Ver, fj. 9 supra.

This version of Total Doc Converter is unregistered.