T-525-19

         T-525-19             

Sentencia T-525/19    

Referencia: Expediente   T-7.475.245    

Acción de tutela instaurada por Albeiro de Jesús Agudelo Escobar contra la   Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES.    

Procedencia:    Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad.    

Magistrada Ponente:    

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO    

Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).    

La Sala Sexta de Revisión de la Corte   Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por   las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien   la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha   proferido la siguiente    

SENTENCIA    

En el trámite de revisión del fallo de única instancia proferido el 17 de mayo de 2019 por el   Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad, que declaró   improcedente el amparo constitucional solicitado por el accionante.    

El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el   artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Secretaría del   Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad el 5 de junio de   2019[1]. El   30 de julio de 2019, la Sala de Selección de Tutelas número Siete escogió el   presente caso para su revisión.    

I. ANTECEDENTES    

El 3 de mayo de 2019, mediante apoderada judicial, el señor Albeiro de Jesús   Agudelo Escobar formuló acción de tutela en contra de Colpensiones, con el   propósito de ser incluido en la nómina de esta entidad sin necesidad de una   sentencia judicial que lo declare interdicto.    

A.   Hechos y pretensiones    

1.                   El señor Albeiro de Jesús Agudelo Escobar tiene un diagnóstico de Trauma   Encéfalo Craneano (TEC). Como consecuencia de esta enfermedad, la salud del   peticionario se deterioró gradualmente de manera que empezó a padecer trastornos   de visión, crisis convulsivas, dolores de cabeza recurrentes, crisis depresivas   y desórdenes en su comportamiento.    

2.                   El 22 de noviembre de 2015, el demandante fue calificado por Colpensiones con   una pérdida de capacidad laboral del 50.8%. Este dictamen señaló que el   peticionario “presenta un coeficiente intelectual bajo para una persona de su   edad mostrando muy bajo rendimiento en la velocidad de procesamiento y en la   memoria de trabajo, los cuales le pueden interferir en le [sic] desempeño de las   actividades diarias, laborales y/o educacionales.[2]”  Por lo tanto, además del porcentaje de pérdida de capacidad señalado,   afirmó que el demandante “requiere de terceras personas para que decidan por   él.”[3]    

3.                   El 29 de diciembre de 2015, mediante escrito radicado con el No. 2015_12442154,   el demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de   invalidez.    

4.                   El 8 de abril de 2016, Colpensiones reconoció mediante Resolución GNR 99351, la   pensión de invalidez al señor Agudelo Escobar. Sin embargo, en la parte   resolutiva del acto administrativo señaló que el dictamen de calificación   determinó que el peticionario “requiere de terceras personas para que decidan   por él.”[4]  De este modo, afirmó que, como en el expediente administrativo no reposaba   sentencia judicial que declarara la interdicción del demandante y el   nombramiento correspondiente de curador, tutor o guardador, así como tampoco el   acta de posesión de estos, se dejaría en suspenso su ingreso a nómina hasta que   se allegaran los documentos mencionados.    

5.                   El 3 de mayo de 2019, mediante apoderada judicial, el señor Albeiro de Jesús   Agudelo Escobar interpuso acción de tutela contra Colpensiones. A su juicio, la   entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo   vital, a la capacidad jurídica y a la vida en condiciones dignas, al condicionar   su inclusión en la nómina y el pago de su pensión a la presentación de una   sentencia judicial que lo declare interdicto. Por lo tanto, solicitó que se le   ordene a la entidad “que reponga la Resolución GNR 99351 y proceda a   [incluirlo] en nómina sin la exigencia de dicha sentencia de interdicción.”[5]  Además, solicitó que se ordenara el pago retroactivo de la prestación.    

B. Actuaciones en sede de tutela    

El 6 de mayo de 2019[6],   el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad inadmitió a   través de auto la acción de tutela. En esta resolución judicial, le solicitó al   demandante: en primer lugar, que señalara cuándo había sido notificado de la   Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016. En segundo lugar, que indicara   cuándo y a través de qué medio había interpuesto recurso de reposición contra el   mencionado acto administrativo. En tercer lugar, que le informara sobre el   estado del proceso de interdicción judicial adelantado ante el Juzgado Segundo   de Familia de Itagüí, y aportara copia de la demanda y del trámite procesal.   Asimismo, le solicitó que indicara si actualmente alguien había sido designado   como su curador provisorio. En cuarto lugar, que aclarara si ya había presentado   acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones y, en caso afirmativo,   ante qué juzgados habían sido presentadas y cómo habían sido resueltas. Por   último, le solicitó que señalara cuál es su lugar de residencia y su dirección   de notificación.    

El 7 de mayo de 2019[7],   la apoderada del demandante allegó al Juzgado Primero de Familia del Circuito de   Medellín de Oralidad un documento en el que respondió a las preguntas   formuladas.    

En primer lugar, informó que el accionante se notificó personalmente el 18 de   mayo de 2016 de la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016.    

En tercer lugar, comunicó que el proceso de interdicción ante el Juzgado Segundo   de Familia de Itagüí se encontraba pendiente de la realización del dictamen   pericial por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   Además, aclaró que como medida cautelar el accionante había solicitado nombrar   como curadora provisional a su compañera permanente, pero que el juez había   negado la solicitud porque consideró que esta no garantizaba ningún   “beneficio al presunto incapaz Albeiro de Js [sic], habida cuenta que con el   sistema oral imperante en el Código General del Proceso se aboga por los   principios de celeridad y economía procesal.”[8]  No obstante, señaló que, si bien el juez había hecho referencia al principio de   celeridad, durante el proceso judicial no había sido aplicado debido a que el   accionante había solicitado amparo de pobreza, lo que dilató los tiempos del   proceso.    

En cuarto lugar, afirmó que el señor Agudelo Escobar no interpuso ninguna tutela   por los mismos hechos y pretensiones. Sin embargo, determinó que presentó dos   demandas de interdicción que fueron rechazadas.    

Por último, indicó la dirección de residencia del demandante y anexó la copia de   la constancia de notificación personal de la Resolución GNR 99351 del 8 de abril   de 2016.    

El 9 de mayo de 2019[9],   el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad admitió la   acción de tutela. Como consecuencia, notificó a Colpensiones para que le diera   respuesta.    

Respuesta de Colpensiones    

El 14 de mayo de 2019[10],   Colpensiones radicó su respuesta. Solicitó que la acción se declarara   improcedente, ya que el peticionario no había agotado previamente los mecanismos   ordinarios de defensa judicial. Además, precisó que la decisión de suspender el   ingreso a nómina del demandante no correspondía a una actuación de mala fe, sino   a la intención de “proteger al accionante de cualquier perjuicio que se   pudiese generar en su contra por no contar con la persona idónea para manejar   sus intereses, teniendo en cuenta que de acuerdo al dictamen el accionante no   puede tomar decisiones por [sí] mismo.”[11]    

C. Decisión   objeto de revisión    

El 17 de mayo de 2019, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín   declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que no cumplía con el   requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante no presentó recurso de   reposición contra la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016, y no había   agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial antes de presentar la   acción de tutela. Además, señaló que el peticionario no se encontraba ante la   inminencia de un perjuicio irremediable, de manera que el juez de tutela no   tenía competencia para pronunciarse sobre el asunto en discusión, decisión que   no fue apelada.    

D. Actuaciones en sede de revisión    

Auto del 28 de agosto de 2019    

El 28 de agosto de 2019, la Magistrada Sustanciadora expidió auto de   pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio[12].   Además, vinculó al proceso al Juzgado Segundo de Familia de Itagüí y le solicitó   que informara sobre los procesos de interdicción iniciados por el accionante en   ese despacho. También le pidió que le comunicara si durante alguno de los   procesos el peticionario solicitó amparo de pobreza.    

Por otro lado, comisionó por reparto a un Juez de Familia de Medellín   para que le tomara una declaración de parte al señor Albeiro de Jesús Agudelo   Escobar, esta tenía como objetivo establecer las condiciones socioeconómicas del   actor, su ambiente familiar y su consentimiento libre e informado durante los   distintos procesos de interdicción.    

Por último, ofició a Colpensiones para que remitiera una copia de la   historia laboral y del dictamen de pérdida de capacidad laboral del accionante.   Asimismo, le solicitó que le comunicara cuál es el protocolo que utiliza   respecto a las personas que “no pueden decidir por sí mismas”[13] y si   realiza algún tipo de orientación respecto a las actuaciones que deben llevar a   cabo para acceder efectivamente al pago de su pensión.    

Respuesta de Colpensiones    

El 6 de septiembre de 2019, la Directora de Acciones Constitucionales de   la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, allegó su respuesta. En   primer lugar, hizo alusión a que tanto la historia laboral actualizada del   accionante, como el dictamen que determinó su pérdida de capacidad laboral, se   encontraban anexas al documento. En segundo lugar, hizo un extenso recuento de   la jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de una sentencia de   interdicción para incluir en nómina de pensionados a una persona en situación de   discapacidad mental. En ese sentido, afirmó que actualmente las reglas   jurisprudenciales son las siguientes:    

“ i) Todas las personas, sin   distinción alguna, tienen los mismos derechos y libertades en razón a la   dignidad inherente de todo ser humano.    

ii) Las personas con   discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones en un marco que   respete su autonomía, libertad e independencia individual.     

iii) Toda persona se presume   plenamente capaz hasta que se demuestre lo contrario.     

iv) Si una persona ha sido   diagnosticada con alguna afección mental, resulta discriminatorio   considerar prima facie que debe ser declarada interdicta y someterse a la   curaduría de un tercero.     

v) En principio, constituye una   medida discriminatoria condicionar el pago de una prestación social a una   persona con discapacidad, argumentando que debe allegar sentencia   de interdicción y acta de posesión del curador que administrara sus bienes.    

vi) Sólo en   aquellos casos en los cuales se acredite claramente que la persona padece una   discapacidad mental absoluta y no puede administrar sus propios recursos,   resulta excepcionalmente posible condicionar su inclusión en nómina de   pensionados al inicio de un proceso de interdicción y no a su culminación.    

vii) En el supuesto anterior,   es viable condicionar el pago del retroactivo pensional al nombramiento   definitivo de un curador, sin embargo, a efectos de garantizar el derecho   fundamental al mínimo vital del afectado, debe ordenarse el pago de las mesadas   pensionales de forma directa o por intermedio de su cónyuge, compañero   permanente o pariente, siempre comunicando la decisión al Defensor de Familia   para que ejerza las labores de supervisión correspondientes.”[14] (Subrayado y   negrilla en el texto original)    

Por último, la entidad afirmó que:    

“[H]a acreditado la necesidad de requerir del pensionado por invalidez   sentencia en la cual se declare interdicción y, además, se le designe curador,   todo en estricto apego a la recomendación que se realiza en el Dictamen de   Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral que allega el interesado al momento   de solicitud su estudio pensional. Esta restricción tiene como finalidad la de   proteger a personas que carecen de la posibilidad de disponer libremente de sus   bienes.”[15]    

Respuesta del Juzgado Segundo de Familia de Itagüí    

El 12 de septiembre de 2019, el Juez Segundo de Familia de Itagüí radicó   su respuesta. En primer lugar, señaló que en el Sistema de Gestión Siglo XXI,   aparecen registrados tres procesos de jurisdicción voluntaria por discapacidad   absoluta promovidos por Nancy Londoño Londoño, a favor de Albeiro de Jesús   Agudelo Escobar. En consecuencia, manifestó que dos de estos procesos fueron   rechazados por incumplimiento de requisitos. No obstante, especificó que el 20   de agosto de 2019, profirió una sentencia judicial en la que decretó la   interdicción judicial por discapacidad mental absoluta del peticionario y, en   consecuencia, designó como curadora general y legítima a su compañera permanente   Nancy Londoño Londoño.    

En segundo lugar, determinó que en este último proceso al accionante le   fue otorgado el amparo de pobreza el 30 de enero de 2019. Sin embargo, precisó   que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses allegó el dictamen   pericial de experticia el 13 de mayo de 2019, por lo que el trámite de la   decisión se retrasó.    

Respuesta del Juzgado Primero de Familia de Medellín    

El 12 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero de Familia de Medellín   allegó su respuesta mediante correo electrónico con dos archivos adjuntos. El   primer anexo es un video de la declaración rendida por el peticionario ante la   Juez, el 9 de septiembre de 2019. El segundo anexo es una copia del informe que   una trabajadora social realizó con motivo de un estudio sociofamiliar en el   domicilio del demandante el 11 de junio de 2019. Este informe fue realizado en   el marco del proceso de jurisdicción voluntaria que resultó en el decreto de   interdicción judicial por discapacidad mental absoluta del peticionario, y fue   entregado por él durante la diligencia judicial.    

Diligencia judicial del 9 de septiembre de 2019    

Respecto al video de la diligencia judicial, en este se observa que la   juez le formuló directamente al peticionario las preguntas realizadas por la   Magistrada Sustanciadora. En ese sentido, este afirmó que voluntariamente inició   cuatro procesos judiciales con el propósito de obtener el pago de su pensión de   invalidez. Relató que en tres ocasiones inició un proceso de jurisdicción   voluntaria para ser declarado interdicto y su compañera permanente quedara a su   cargo, y que consintió en la presentación de la tutela para buscar el pago de su   pensión. Asimismo, resaltó que recientemente había sido declarado interdicto.    

Ahora bien, sobre el proceso de interdicción, el demandante advirtió su   consentimiento para el trámite y dijo conocer sus consecuencias. Al ser   preguntado por la juez sobre el propósito del proceso, el diálogo ocurrió en los   siguientes términos:    

“Juez: como es afirmativa su respuesta, por favor indíquenos para qué   sirve ese proceso, ¿para qué sirve el proceso de interdicción?    

Demandante: el proceso sirve para que la persona que está a mi cargo,   que es mi compañera permanente, me maneje, administre todo lo de mi pensión   [sic].    

Juez: ¿Y conoce cuales son las   consecuencias?    

Demandante: Las consecuencias es que a mí me limitan para yo ceder a esa   interdicción.    

Juez: ¿Las consecuencias es que a usted lo limitan? [sic] ¿En qué   sentido lo limitan?    

Demandante: yo ya no puedo tomar cargos de… qué le digo yo… posesión de   mis bienes sino que de eso se va a encargar mi compañera… para lo que es   cuestiones de alimentación y todas esas vainas, cierto, ella va a manejar mi   pensión. Esa es la interdicción que digo yo, pues, una autorización que yo le   estoy dando a ella para… y el juez… están dándole a ella para que ella me maneje   mi pensión.”[16]       

Por otro lado, indicó que actualmente no está trabajando porque se   encuentra “inválido”. No obstante, alegó que mensualmente recibe   $265.000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos), que le donan sus hermanos y   familiares. Especificó que este monto lo invierte en transporte público y en   servicios de salud.    

Asimismo, indicó que no posee ningún bien: “[l]o único que tengo de   bienes en la casa es un chivoní pa’ guardar la ropa, una cama y un televisorsito   que hace unos días me regaló la cuñada [sic].”[17]  Por otro lado, resaltó que cursó hasta segundo de bachillerato, por lo que   sabe leer y escribir.    

Certificó que vive en la casa de la hermana de su compañera permanente,   y que tiene “dos hijos extramatrimoniales que viven en la costa”[18].   Advirtió que uno de ellos es menor de edad (16 años), mientras que la otra es   mayor de edad (21 años) que sufre de parálisis cerebral y discapacidad mental.   Respecto al apoyo económico de sus hijos, el demandante afirmó que estos viven   con su madre y que actualmente no responde económicamente por ellos “porque   estoy con los brazos totalmente caídos, desempleado. Claro que yo antiguamente   cuando yo trabajaba sí les mandaba. Les mandaba platica.”[19]    

Por último, resaltó que se encuentra afiliado al régimen subsidiado y   que constantemente tiene problemas de salud. De este modo, le entregó al juez   una copia de su historia clínica que soporta su afirmación. Además, anexó copia   de un informe realizado por una trabajadora social en su domicilio el 11 de   junio de 2019, el cual ocurrió con motivo del proceso de jurisdicción voluntaria   que culminó en el decreto de interdicción judicial.    

Informe del estudio sociofamiliar del 11 de junio de   2019    

El informe relata las observaciones de una trabajadora social al hogar   del peticionario. Hace una descripción de su vivienda, ambiente familiar y   social. En primer lugar, precisó que el peticionario convive con su compañera   permanente, la señora Nancy Londoño Londoño, en la casa de la hermana de ella.   Además, señala:    

“La familia del señor ALBEIRO DE JESÚS está conformada por su compañera   Nancy Edith, con quien no tiene hijos, de dos Uniones Maritales anteriores tuvo   tres hijos le sobreviven dos de ellos son FREDY ALEZANDER Y ANA YECI AGUDELO   RUIZ, está [sic] última presenta situación de discapacidad, ambos viven en el   departamento de Córdoba con su progenitora DARLIS ESTHER RUIZ SALGADO.”[20]    

En segundo lugar, el informe aclara lo siguiente:    

En tercer lugar, resalta:    

“La casa que habitan es de la señora Claudia Patricia Londoño, es una   casa de primer piso, la parte delantera es de techo, en lo que fuera el patio   trasero tienen unas escaleras que acceden a un segundo piso, donde se encuentran   dos habitaciones, una es la que ocupa Nancy Edith y Albeiro de Jesús [sic], allí   tiene una cama, algunos muebles, cajones y una cómoda para guardar ropa.    

[…]    

Se tuvo la oportunidad de conversar con el pretenso interdicto, quien   narró algunos de los hechos de su accidente y las secuelas que ha tenido durante   cuarenta años, así mismo expuso las diferentes situaciones por las que ha pasado   en su vida, su primer matrimonio y la convivencia que tuvo con su cónyuge,   expresó que para él es muy complejo tener que depender económicamente de otros,   al punto en que se ha intentado suicidar en varias ocasiones, que ha tenido   tratamientos para esto, pero que siempre ha encontrado apoyo en su compañera   Nancy Edith, quien ha sido incondicional y lo ayudó en la época más compleja de   su vida, por lo que confía en ella y en que hará una buena gestión como curadora   para reclamar su pensión.    

Así mismo manifestó que cuando el empleado de Colpensiones le informó   que debía tramitar el proceso de interdicción para que le nombraran un curador   que realizara la administración de la pensión, ante lo cual él lo increpó, por   considerar que necesitaba esto [sic], que él tiene momentos de lucidez y no   siempre está enfermo.”[22]    

Para concluir, el informe expresa lo siguiente:    

“Explica la pretensa curadora que su compañero se deprime constantemente   por su condición de salud y por la situación económica, que ha intentado   suicidarse en varias ocasiones, que algunas veces se torna irritable, cuando   tiene episodios de convulsiones muy fuetes [sic] ha perdido el sentido, se ha   fracturado, expresa que esas crisis lo hacen sentir muy mal anímicamente, además   pierde el conocimiento y la memoria.    

En el momento en el que se realizó la visita respondió las preguntas que   se le formularon, se observó un hombre bien vestido, limpio, organizado,   expresaba con sentimiento algunos hechos de su vida, en algunos momentos con   llanto por recordar lo que ha vivido con ocasión de su enfermedad, refirió   también su compañera permanente que en el momento estaba lúcido, consciente y   claro en lo que expresaba, pero que hay ocasiones en los que no.    

La señora Nancy Edith se postula como curadora tiene claridad [sic] de   las responsabilidades que adquiere, entre ellas que los hijos del pretenso   interdicto, deben recibir por concepto de cuota alimentaria parte de la pensión   que él percibiría, en tanto una de ellos tiene una discapacidad mental y   física.”[23]    

II. CONSIDERACIONES    

Competencia    

1.    Corresponde a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional analizar la   sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con   fundamento en los artículos 86 y 241 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto   2591 de 1991.    

Asunto objeto de análisis y problema jurídico    

2. El demandante fue calificado por   Colpensiones con pérdida de capacidad laboral del 50.8%. En este dictamen afirmó   que el peticionario tiene una discapacidad cognitiva y que “requiere de   terceras personas para que decidan por él.”[24]  Por lo tanto, un mes después, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y   pago de pensión de invalidez.    

Colpensiones reconoció la pensión de invalidez del señor Albeiro de Jesús   Agudelo Escobar mediante la Resolución GNR 99351 de 2016. No obstante, como el   dictamen de calificación determinó que necesita de “terceras personas para   que decidan por él”[25],   indicó que su inclusión en nómina y el consecuente pago de la prestación serían   suspendidos hasta que presentara una sentencia judicial que lo declarara   interdicto y se le asignara un curador, quien debería estar posesionado al   momento de exigir la prestación.    

El 3   de mayo de 2019, mediante apoderada judicial, el accionante pidió ser incluido   en la nómina de Colpensiones sin necesidad de una sentencia judicial que lo   declare interdicto, para así recibir el pago de la pensión de invalidez que le   fue reconocida en la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016. Además,   solicitó que se ordenara el pago retroactivo de esta prestación.    

3. En ese sentido, si en este asunto se cumplen los requisitos   de procedencia de la acción de tutela, esta Sala de Revisión debe resolver el   siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales   a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y a la vida   digna del peticionario, al calificarlo como alguien que “requiere de terceras   personas para que decidan por él”[26]  y, en consecuencia, condicionar su inclusión   en nómina y el correspondiente pago de su pensión de invalidez a la presentación   de una sentencia de interdicción judicial y a la designación y posesión de un   curador?    

Para responder al problema jurídico anunciado la Sala   examinará, inicialmente, la procedencia general de la acción de tutela. De   superarse el análisis de procedibilidad, abordará i) la protección   constitucional a las personas con discapacidad; ii) la nueva normativa sobre el ejercicio   de la capacidad legal de las personas con   discapacidad mental mayores de edad; iii) la   jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de una sentencia de   interdicción para incluir a una persona con discapacidad en la nómina de   pensionados; y iv) la resolución del caso concreto.    

Procedencia de la acción de tutela    

Legitimación en la causa por activa y por   pasiva    

4. El artículo 86 de la Constitución establece que cualquier persona podrá   presentar una acción de tutela ante los jueces para procurar la protección   inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o   amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular.    

5. En el presente caso, el señor Albeiro de Jesús Agudelo Escobar   se encuentra legitimado en la causa por activa, ya que actúa   mediante su abogada, a quien le otorgó poder especial, amplio y suficiente para   que presentara la presente acción de tutela.[27]    

6. Por otro lado, es importante señalar que la legitimación en la causa por   pasiva dentro del trámite hace referencia a la capacidad legal del destinatario   de la acción de tutela para ser demandado, ya que está llamado a responder por   la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado si efectivamente esta es   acreditada en el proceso.[28]    

Los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991 establecen que   la acción de tutela procede contra toda acción u   omisión de una autoridad que haya violado, viole o amenace un derecho   fundamental. Asimismo, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece la   procedencia de la acción de tutela contra acciones u omisiones de particulares   que estén encargados de la prestación del servicio público de salud.    

7. En el presente asunto la acción de tutela se dirige contra la   Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Según el artículo 155 de la   Ley 1151 de 2007, es una empresa industrial y   comercial del Estado del orden nacional con personería jurídica, autonomía   administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la   Protección Social, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen   de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los   beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.   Conforme a lo expuesto, se trata de una entidad pública que tiene capacidad para   ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar   en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591 de   1991.    

Inmediatez[29]    

8. Esta Corporación ha resaltado que, de conformidad con el   artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de   caducidad. Sin embargo, la solicitud de amparo debe formularse en un término   razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador.    

Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción   constitucional que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la   inmediata intervención del juez constitucional. Por lo tanto, cuando ha   transcurrido un periodo de tiempo considerable y desproporcionado entre la   ocurrencia del evento en el que se vulneraron o amenazaron los derechos   fundamentales y la presentación de la acción de tutela, se entiende prima   facie que su carácter apremiante fue desvirtuado, siempre que no se hayan   expuesto razones que justifiquen el paso del tiempo para utilizar el mencionado   instrumento constitucional.    

Así mismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar   o mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido   controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presume la   legalidad de sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas. En ese   sentido, la jurisprudencia de este Tribunal[30] ha   precisado que el presupuesto de inmediatez: i) tiene fundamento en la finalidad   de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho   constitucional fundamental; ii) persigue la protección de la seguridad jurídica   y los intereses de terceros; e iii) implica que la tutela se haya interpuesto   dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias   particulares de cada caso.    

No obstante, existen eventos en los que el análisis de   procedibilidad excepcional de la petición de protección constitucional se torna   menos estricto y está condicionado a la verificación de los siguientes   presupuestos[31]: i) la   existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como   podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la   incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un   término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo[32], entre otros; ii) cuando la   vulneración de los derechos fundamentales es continua y actual; y iii) la carga   de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo resulta   desproporcionada debido a la situación de debilidad manifiesta en la que se   encuentra el accionante.    

9. En este caso, la Sala advierte que la resolución mediante la   cual se suspendió la inclusión del accionante en la nómina de Colpensiones es   del 8 de abril de 2016[33], y la   acción de tutela fue presentada el 3 de mayo de 2019. No obstante, de las   pruebas recaudadas en Sede de Revisión se concluye que el accionante no ha   estado inactivo sino que, por el contrario, ha desplegado una importante   actividad procesal para obtener la protección de los derechos que aquí alega. En   efecto, inició tres procesos de jurisdicción voluntaria: el primero el 24 de   enero de 2017[34], el   segundo el 20 de abril del mismo año[35] y el   último el 18 de octubre de 2018.[36] Los   primeros dos fueron rechazados por incumplimiento de requisitos el 15 de marzo[37] y el 27 de julio de 2017[38] respectivamente, mientras que el   último finalmente accedió a sus pretensiones el 20 de agosto de 2019.[39]    

Asimismo, la vulneración de derechos es actual y continua.   Como se pudo establecer en Sede de Revisión, la suspensión del pago de la   prestación ha generado un detrimento grave en la situación del solicitante,   debido a que la falta de recursos económicos lo han llevado a tener que vivir de   la ayuda de sus familiares[40],   incumplir sus obligaciones monetarias con sus hijos[41] y vivir en la casa de la hermana de   su compañera permanente[42].    

Por lo tanto, exigir que la tutela se presente en un plazo menor   resulta desproporcionado para el accionante por dos razones. La primera es que   desde el momento en que Colpensiones profirió la Resolución GNR 99351 del 8   de abril de 2016, el accionante ha desplegado una gran actividad procesal con el objetivo de cumplir con el requisito   exigido por la entidad. La segunda es que la suspensión del pago de la pensión   de invalidez ha constituido una vulneración actual y continua de los derechos   fundamentales del peticionario, debido a que ha afectado negativamente su   situación económica y familiar.    

El accionante: i) es una persona en situación de discapacidad; ii)   a través del tiempo ha realizado distintas actuaciones para satisfacer el   requisito exigido por Colpensiones; y iii) ha sufrido una vulneración actual y   continua de sus derechos fundamentales, ya que por la falta de pago de la   prestación se encuentra en una situación económica precaria. En consecuencia, la   Sala considera que la acción cumple con el requisito de inmediatez.    

Subsidiariedad[43]    

10. El   inciso 4º del artículo 86 de la Constitución establece el principio de   subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela así:    

“[E]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de   defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio   para evitar un perjuicio irremediable”. (Negrilla fuera   del texto original).    

De la norma transcrita se evidencia que si existen otros mecanismos de defensa   judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los   derechos amenazados o vulnerados, se deberá recurrir a ellos de manera   prevalente. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado   que cuando las personas acuden a la acción de tutela no pueden desconocer las   vías judiciales previstas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez   constitucional emita decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer   el asunto en el marco de las competencias ordinarias.[44]    

No obstante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del   Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la   protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente   si se acredita que este: i) no es idóneo ni eficaz; o ii) a pesar de su aptitud   general, resulta inminente la configuración de un perjuicio irremediable.[45]    

“ha de tener   una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr   efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La idoneidad del medio   judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el objeto   de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro   medio de defensa judicial.”    

De este modo, el juez debe llevar a cabo un análisis del caso particular para   establecer si la acción ordinaria permite resolver de manera efectiva un asunto   de dimensión constitucional.    

12. Ahora bien, respecto al perjuicio irremediable la   jurisprudencia constitucional ha determinado que se caracteriza:    

“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que   está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o   menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran   intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio   irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable   a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”[47]    

En relación con la gravedad caracterizada en el segundo supuesto,   esta Corporación ha determinado que es necesario que se demuestre el daño que   representa una situación determinada para que se justifique la intervención   del juez constitucional. Lo anterior, con el fin de evitar la configuración de   un perjuicio irremediable, por lo que antes de esta injerencia se deben evaluar   las posibilidades que tiene el accionante para defender sus derechos   fundamentales con los mecanismos ordinarios de defensa judicial y, en caso de   que lleve a cabo una intervención, debe examinar si el amparo constitucional   procede de forma definitiva o transitoria.    

La jurisprudencia de este Tribunal ha decantado las siguientes   reglas jurisprudenciales en relación con la procedencia de la acción   constitucional como mecanismo definitivo:    

“a. Que la falta de pago de la   prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos   fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,    

b. Que el accionante haya desplegado   cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea   reconocida la prestación reclamada.        

c. Que se acredite siquiera   sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz   para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente   afectados y    

d. Que exista “una   mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del   derecho reclamado.”[48]    

13. Ahora bien, esta Corporación ha establecido que la   procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones   pensionales se sujeta a las siguientes reglas:    

“(i) procede   como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio   ordinario de defensa para el reconocimiento de la prestación, este no impide la   ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del   peticionario[49];   (ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario   dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las   especiales circunstancias del caso que se estudia[50].   Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren   especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de   familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad,   entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos   estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[51].”[52]    

En este sentido, la Sentencia T-087   de 2018[53]  especificó que, en estos casos, el amparo constitucional procede cuando la falta   de pago de la prestación genera un alto grado de vulneración de los derechos   fundamentales del afectado, y se ha desplegado cierta actividad administrativa y   judicial por el interesado.    

Asimismo, la Sentencia T-222 de   2018[54]   recordó los criterios que el juez debe valorar para establecer si los medios   para solicitar la prestación social son eficaces e idóneos[55]:     

“(i) la edad del accionante, puesto que las   personas de la tercera edad son sujetos de especial protección constitucional;   (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda   encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias   económicas en las cuales se encuentra; (v) que se haya agotado cierta actividad   administrativa y judicial tendiente a obtener el reconocimiento del derecho;   (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y la interposición del   amparo constitucional; (vii) su grado de formación escolar y el posible   conocimiento que tenga acerca de la defensa de sus derechos y, por último,   (viii) que tenga cierto nivel de convicción sobre la titularidad de los derechos   reclamados.”    

Por lo tanto, el   juez de tutela debe valorar cuáles son las circunstancias personales del   accionante para determinar si las herramientas judiciales ordinarias son idóneas   y efectivas. En caso de que no lo sean, el accionante puede reclamar por vía del   amparo constitucional el derecho a percibir el pago de prestaciones pensionales,   puesto que pueden verse afectadas garantías superiores.    

14.  En este caso   concreto, el accionante interpuso acción de tutela porque a pesar de que   Colpensiones le reconoció su pensión de invalidez, suspendió su   inclusión en nómina y el pago de la prestación hasta que presente una sentencia   judicial que lo declare interdicto y se posesione su curador. Es importante   señalar que el objeto de esta acción no es el reconocimiento de la pensión, es   que la administradora de pensiones incluya al demandante en la nómina y le pague   la prestación reconocida con el retroactivo correspondiente.    

Ahora bien, el señor Albeiro de Jesús Agudelo   Escobar tiene 61 años[56], fue   calificado con pérdida de capacidad laboral del 50.8%[57] y padece epilepsia y deterioro   cognitivo severo. Asimismo, de las pruebas recaudadas en sede de revisión se   estableció que los miembros de su núcleo familiar son sus dos hijos,   uno de 16 años y otra de 21 años con parálisis cerebral y discapacidad mental[58], y su compañera permanente Nancy   Londoño Londoño. Además, se determinó que vive en la casa de la hermana de su compañera permanente por falta de recursos económicos [59], y que el dinero que percibe es   producto de la ayuda pecuniaria que le prestan algunos de sus familiares[60]. Por otro lado, se concluyó que el peticionario tiene   un nivel de escolaridad precario[61] y se   encuentra afiliado en el régimen subsidiado de salud.[62]    

También es importante señalar   que el demandante ha adelantado múltiples acciones con el propósito de   satisfacer los requisitos exigidos por Colpensiones y obtener el pago de su   pensión.  De este modo, inició tres procesos de jurisdicción voluntaria por discapacidad absoluta y   en dos ocasiones sus demandas fueron rechazadas por incumplimiento de   requisitos.[63]  Sin embargo, el 20 de agosto de 2019 el Juez Segundo de Familia de Itagüí   accedió a su solicitud más reciente y decretó su interdicción judicial por   discapacidad mental absoluta y, en consecuencia, designó como curadora a su   compañera permanente Nancy Londoño Londoño.[64]    

15. Por lo tanto,   teniendo en cuenta las características del demandante y su contexto   socioeconómico, esta Sala concluye que se trata de un sujeto de especial   protección constitucional en estado de vulnerabilidad, debido a que es una   persona con discapacidad, en una situación económica precaria y bajo nivel   educativo, quien a pesar de su situación ha intentado satisfacer el requisito   adicional exigido por Colpensiones para obtener el pago de la pensión de   invalidez que le fue reconocida.    

En ese sentido, requerirle al   accionante que acuda a otras vías judiciales es desproporcionado. En efecto,   exigir que demande el acto administrativo a través del cual la administradora de   pensiones resolvió suspender su inclusión en la nómina es excesivo,   debido a que se trata de un sujeto de especial protección constitucional en   estado de vulnerabilidad al que no se le paga una prestación social previamente   reconocida.    

Por lo anterior, la Sala advierte que la situación de discapacidad del demandante, junto   con su falta de capacidad económica y su estado de salud, son circunstancias que   en conjunto le restan idoneidad y eficacia al mecanismo judicial ordinario para   la protección de sus derechos fundamentales.    

En consecuencia, se advierte que exigirle al   peticionario acudir a la jurisdicción ordinaria sería desproporcionado y lo   llevaría a una situación más gravosa de la que actualmente padece, de manera que   en este caso la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo, ya   que: i) su mínimo vital se encuentra gravemente menoscabado; ii) ha desplegado   actividad judicial con el objetivo que le sea reconocida la prestación; iii) el   medio de defensa judicial es ineficaz; y iv) existe certeza sobre el derecho a   la inclusión en nómina del pensionado.    

En conclusión, la Sala encontró acreditados los requisitos de   procedibilidad de la acción de tutela en el presente asunto, por lo que a continuación se presentarán los aspectos de fondo anunciados   para pasar a la solución del problema jurídico formulado.    

La   protección constitucional a las personas con discapacidad[65]    

16. El artículo 13 de la Constitución establece   que todas las personas nacen libres e iguales antes la ley, por lo que gozan de   los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación.   También determina que es obligación del Estado promover las condiciones para que   esa igualdad sea real y efectiva, de manera que debe adoptar medidas en favor de   grupos discriminados o marginados y, de esta forma, proteger a las personas que,   por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de   debilidad manifiesta. Por otro lado, el artículo 47 de la Carta señala que el Estado tiene la   obligación de promover la integración social de las personas con discapacidad de   forma que efectivamente participen de la vida en comunidad. Por último, el   artículo 54 dispone la obligación del Estado y de los empleadores de capacitar a   las personas con discapacidad y ofrecerles un trabajo que se ajuste   razonablemente a sus necesidades.    

En ese   sentido, estos tres artículos establecen que las personas con discapacidad son   sujetos de especial protección constitucional, de manera que el Estado y la   sociedad en general tienen la obligación de materializar efectivamente sus   derechos y garantizar el derecho a la igualdad.    

17.   Ahora bien, desde un plano internacional, el Estado Colombiano aprobó la   Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley   1346 de 2009. Por lo tanto, reconoció que la discapacidad es un concepto   dinámico que “resulta de la interacción entre las personas con deficiencias”[66] y las   diferentes barreras a las que se enfrentan en su entorno. En ese sentido,   admitió que estos obstáculos impiden la participación plena y efectiva de ellas   en la sociedad, en la medida en que se enfrentan a condiciones estructurales de   desigualdad con respecto al resto de la población.    

18. Por otro lado, la   jurisprudencia[67]  ha determinado que el  Estado colombiano adoptó el “modelo social de discapacidad”, el   cual asocia la condición de discapacidad de una persona a la reacción social o a   las dificultades de interacción con su entorno derivadas de esa situación. Tal   reacción es un límite a la autodeterminación de la persona en situación de   discapacidad y le impide integrarse adecuadamente a la comunidad. Por tal razón,   este abordaje propende por medidas que:    

“(i) permitan al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía   de la persona [en condición de] discapacidad; (ii) aseguren su participación en todas   las decisiones que los afecten; (iii) garanticen la adaptación del entorno a las   necesidades de la persona con discapacidad; y (iv), aprovechen al máximo las   capacidades de la persona, desplazando así el concepto de “discapacidad” por el   de “diversidad funcional”.[68]    

De esta manera, el modelo social erige   a la dignidad humana como un presupuesto ineludible para que las personas en   situación de discapacidad puedan aportar a la sociedad y, junto con ello,   sentirse parte de la misma sin ser excluidos por sus condiciones. En este   sentido, las medidas estatales y sociales deben dirigirse a garantizar el mayor   nivel de autonomía posible del individuo, mediante ajustes razonables requeridos   por su condición, que no se concibe como limitación sino como diversidad   funcional. En este orden de ideas, las personas en condición de   discapacidad son reconocidas a partir de su diferencia.  En relación con los   apoyos que deben proporcionarse a las personas con discapacidad, la Sentencia   C-182 de 2016[69]  advirtió lo siguiente:    

En ese sentido, las personas en situación de discapacidad pueden gozar   plenamente de la capacidad para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus   derechos fundamentales.    

19.   Por lo tanto, la Constitución Política y los tratados internacionales no   solo le imponen al Estado el deber de prever medidas afirmativas para la   población en situación de discapacidad, sino que también le exigen ser   respetuoso de la pluralidad de condiciones que hacen de este grupo titular de   una especial protección constitucional. Además, la jurisprudencia constitucional   ha señalado que el estándar vigente para abordar este hecho social es el modelo   social de discapacidad, el cual establece que la autonomía y la igualdad de las   personas con diversidad funcional son una manifestación de la dignidad humana y   un compromiso del Estado colombiano. En consecuencia, se amparan los intereses   de las personas en situación de discapacidad para combatir las condiciones   estructurales de desigualdad a las que se enfrentan.    

La   capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental[74]    

20.   Como se anotó en el capítulo anterior, el artículo 13 de la Constitución   establece el derecho a la igualdad como fundamental. Este tiene una faceta   formal y otra material. La primera se refiere a la obligación de tratar a todos los individuos con la misma   consideración y reconocimiento. De esta manera, el Estado tiene el deber de   abstenerse de concebir normas, políticas, programas o medidas que conduzcan a   agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginación o discriminación de   grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad.[75]    

Por otra parte, la igualdad en sentido material apunta a superar   las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en situación de   debilidad manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente discriminados. Para   lograr esta finalidad, el Estado tiene la obligación de adoptar acciones   afirmativas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con   el fin de eliminar o reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr que   tengan una mayor representación y estén en condiciones de igualdad en dignidad y   derechos.    

En particular, el   Estado tiene el deber de desarrollar acciones afirmativas en relación con las   personas en situación de discapacidad, con el fin de eliminar las barreras   sociales, lograr su integración y hacer posible su participación en las   distintas actividades que se desarrollan en la sociedad.[76]    

21. Por otro lado, el artículo 12 de la mencionada Convención sobre los Derechos   de las Personas con Discapacidad dispone que “los Estados Partes reafirman   que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al   reconocimiento de su personalidad jurídica”. También establece que la   capacidad jurídica será ejercida por estas personas en igualdad de condiciones.   Finalmente, obliga a los Estados parte a adoptar medidas pertinentes para que   las personas en situación de discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y   les preste el apoyo que puedan necesitar para desplegarla.    

En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha   establecido que, en ejercicio del derecho a la igualdad, deben respetarse sus   derechos, voluntad y preferencias. De este modo, el Comité ha afirmado:    

“[l]a capacidad jurídica incluye la capacidad de ser   titular de derechos y la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser   titular de derechos concede a la persona la protección plena de sus derechos por   el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho reconoce a   esa persona como actor facultado para realizar transacciones y para crear   relaciones jurídicas, modificarlas o ponerles fin.”[77]    

Asimismo, ha considerado que la capacidad jurídica es un atributo universal   inherente a todas las personas en razón de su condición humana. Por lo tanto,   las personas en situación de discapacidad deben poder ejercerla en igualdad de   condiciones. De este modo, no existe ninguna circunstancia que permita privar o   limitar a una persona del reconocimiento de este derecho, ni siquiera en   situaciones excepcionales.[78]    

Finalmente, este Comité hace hincapié en el papel instrumental y primordial de   la capacidad para garantizar todo tipo de derechos. Al respecto, afirma que   negarle a la población en situación de discapacidad el ejercicio de su capacidad   jurídica ha generado que estas personas:    

“se vean privadas de   muchos derechos fundamentales, como el derecho de voto, el derecho a casarse y fundar una familia, los   derechos reproductivos, la patria potestad, el derecho a otorgar su   consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento médico y el derecho   a la libertad.”[79]    

En consecuencia, la   Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los   Estados parte a proporcionar acceso y apoyo a esta población, con el fin de que   ejerzan su capacidad jurídica y logren tomar decisiones con efectos jurídicos.    

22. En desarrollo de este mandato, el 26   de agosto de 2019 el Congreso de la República aprobó la Ley 1996[80],   “[p]or medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la   capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. De   acuerdo con la exposición de motivos del proyecto en la Cámara de   Representantes, su objetivo era reconocer el derecho a:    

“la   capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, sin   excepciones, y sin limitaciones, al ejercicio del mismo, con concordancia con el   mandato del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos   de las Personas con Discapacidad.”[81]    

Esto   se ve reflejado en su artículo 1º, ya que determina que su objetivo es   establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal   plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y el acceso a los apoyos   que puedan requerir para ejercerla.    

23. En   consecuencia, el artículo 6º de esta normativa establece lo siguiente:    

“ARTÍCULO 6º. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son   sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de   condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos   para la realización de actos jurídicos.    

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para   la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.    

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos   laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e   inclusión laboral.    

PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal   plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas   de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente   ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.”    

Por lo   tanto,   las normas y las prácticas sociales siempre deben reconocer la capacidad legal   de todas las personas con discapacidad, de manera que no es posible restringir   el ejercicio de este derecho mediante ninguna figura jurídica.     

24. En   concordancia con este mandato, el artículo 8° de la ley 1996 de 2019 establece   lo siguiente:    

“ARTÍCULO 8º. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas   las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos   jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y   adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos   jurídicos de manera independiente se presume.    

La   necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la   información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos   jurídicos de manera independiente.”    

De   esta forma, las personas con discapacidad tienen derecho a que se lleven a cabo   los ajustes necesarios para que puedan realizar actos jurídicos sin ningún   obstáculo.    

25.   Ahora bien, es importante señalar que esta ley establece que, si bien no es   posible impedir a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones,   estas pueden contar con un sistema de apoyos para formar su juicio. Al respecto   el artículo 9° de la ley establece:    

“ARTÍCULO 9º. MECANISMOS PARA ESTABLECER APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS   JURÍDICOS. Todas   las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos   jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de   los mismos.    

Los   apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio   de dos mecanismos:    

2. A   través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el   caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial   de apoyos.”    

Así   las cosas, los diversos mecanismos de apoyo tienen como objetivo que las   personas con discapacidad y sus apoyos puedan generan un sistema de ayuda “en   la toma de decisiones que se ajusten a sus necesidades y preserven la autonomía   y dignidad de las personas con discapacidad, al tiempo que [garanticen] los   apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad legal.”[82]    

No   obstante, es importante señalar que, de conformidad con el artículo 52 de esta   ley, las disposiciones  que reglamentan la adjudicación judicial de apoyos   contenidas en el Capítulo V[83]  de la normativa, entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses después de la   promulgación de la presente ley. Por lo tanto, actualmente no se encuentran   vigentes.    

Por   otro lado, además de los distintos mecanismos de apoyo, el artículo 21 de la ley   establece las directivas anticipadas, mediante las cuales una persona mayor de   edad puede establecer la expresión fidedigna de su voluntad y determinar sus   preferencias en decisiones relativas a actos jurídicos con antelación a los   mismos. De este modo, estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud,   financieros o personales, entre otros hechos encaminados a tener efectos   jurídicos.    

26.   Ahora bien, es necesario resaltar que estos mecanismos de apoyo no tienen   poderes ilimitados. Con el objetivo de impedir abusos y garantizar la primacía   de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, el   artículo 5º de la ley establece un régimen de salvaguardias. Este señala que   cualquier medida que busque apoyar la voluntad de una persona debe regirse por   los siguientes criterios:    

“1. Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que   la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de   haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no   sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la   persona titular del acto jurídico.    

2. Correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben   corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.    

3. Duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado   acto jurídico deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán   ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo.   Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en la   presente ley.    

4. Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo para la   realización de actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como   apoyo, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica,   entre otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en   congruencia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 4o de la presente ley, respetando siempre la   voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con   independencia de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra   manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Así   mismo, las personas que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la   decisión. Se considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la   interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta   señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación.” (Subrayado por fuera del texto original).    

En ese   sentido, en cualquier mecanismo de apoyo deben concurrir los criterios de   necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad para cumplir   satisfactoriamente con el régimen de salvaguardias que establece el artículo 5°.   De esta manera, los conceptos de apoyo para la toma de decisiones y las   salvaguardas ponen en el centro la voluntad y autonomía de la persona con   discapacidad, “superando por completo los sistemas que se sostienen a partir   del “mejor interés” de la persona con discapacidad.”[84]    

27.   Por último, es necesario resaltar que, de conformidad con los principios de   autonomía y presunción de capacidad que son transversales a esta ley, su   artículo 53 prohíbe expresamente la interdicción en el ordenamiento jurídico del   siguiente modo:    

“ARTÍCULO   53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de   interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o   inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de   la promulgación de la presente ley.”    

Así   las cosas, esta legislación quiso adoptar el estándar de capacidad jurídica   establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con   Discapacidad, de manera que todas las personas pueden expresar su   voluntad y preferencias de manera autónoma, por lo que ningún ente público o   privado puede utilizar la discapacidad de una persona como motivo para suspender   el goce de una prerrogativa.    

Por lo   anterior, creó un régimen de transición para las personas que actualmente   adelantan un proceso de interdicción y para sujetos interdictos. En ese sentido,   en el artículo 55 determinó que los procesos de interdicción o   inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la   presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. Así mismo, en el   artículo 56 estableció que en un plazo no superior a treinta y seis (36) meses   contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley,   los jueces de familia que hubieran adelantado procesos de interdicción o   inhabilitación deben citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de   interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la ley, al igual que   a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el   juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.    

28. En   conclusión, la Ley 1996 de 2019 estableció:   i) que las personas mayores de edad en condición   de discapacidad gozan de la misma capacidad jurídica que las demás; ii) un   sistema de asistencia a las personas con diversidad funcional que busca reforzar   y ejecutar sus decisiones y cumplir su voluntad; iii) un sistema de ajustes   razonables, apoyos y directivas anticipadas que deben cumplir con los   criterios de necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad, de   conformidad con el régimen de salvaguardias; iv)   eliminó del ordenamiento jurídico colombiano la interdicción y todas las demás   formas de suplantación de la voluntad de las personas con discapacidad; y v)   creó un régimen de transición para las personas que actualmente adelantan un   proceso de interdicción y para las personas declaradas interdictas o   inhabilitadas.    

La jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de una   sentencia de interdicción para incluir a una persona con discapacidad en la   nómina de pensionados    

29. Varias Salas de Revisión de la   Corte Constitucional han resuelto casos relacionados con la suspensión del pago   de prestaciones a favor de una persona con discapacidad, cuando la condicionan a   que presente una sentencia judicial que la declare interdicta y se designe y posesione un curador que administre su   patrimonio. No obstante, su línea de decisión ha   cambiado a través del tiempo, de manera que en este acápite se hará un recuento   para determinar cuáles son las reglas jurisprudenciales vigentes.    

30. En la Sentencia T-471 de 2014[85],   la Sala Tercera de Revisión conoció el caso de una menor de edad con   discapacidad mental beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su padre   difunto. No obstante, cuando alcanzó la mayoría de edad Colpensiones suspendió   el pago de la prestación debido a que argumentó que debía ser   declarada interdicta.    

En este caso la Sala determinó que,   debido a la gravedad de la situación de la beneficiaria, era necesario adelantar   un proceso judicial de interdicción. Sin embargo, señaló que esto no podía ser un motivo para   interrumpir el pago de las mesadas pensionales a las cuales tenía legítimo   derecho. Por lo tanto, ordenó a Colpensiones que reconociera a la demandante   como beneficiaria de la pensión de invalidez, y le ordenó a su madre que   iniciara un proceso de interdicción y solicitara el nombramiento de un curador   provisional, a efectos de recibir el pago de la pensión de forma expedita.    

31. En la Sentencia T-655 de 2016[86] la Sala Novena de Revisión   conoció el caso de un mayor de edad con pérdida de capacidad laboral del 58.09%.   Este interpuso tutela debido a que Colpensiones le reconoció la pensión de   invalidez que había solicitado, pero decidió condicionar su pago a la   presentación de una sentencia de interdicción. La entidad argumentó que esto era   necesario porque el dictamen de pérdida de capacidad laboral determinó que   requería de terceros que decidieran por él.    

En el escrito de tutela el   peticionario afirmó que este requisito era “innecesario y cruel” ya que   contaba con plenas capacidades para administrar sus recursos y que, si bien   estaba enfermo, “no estaba demente”, por lo cual solicitó la protección   de sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad.    

La Sala decidió que Colpensiones no es   competente para determinar si una persona padece discapacidad mental absoluta,   debido a que únicamente los procesos judiciales   de interdicción e inhabilitación tenían la facultad de determinar el grado de   discapacidad de una persona.   Además, afirmó que las personas en situación de discapacidad tienen derecho al   reconocimiento de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en   iguales condiciones que los demás, de manera que esta debe presumirse hasta que   sea debidamente desvirtuada.    

En ese sentido, consideró que la   administradora de pensiones vulneró el derecho a la capacidad jurídica del   demandante al concluir que debía ser declarado interdicto de conformidad con lo   establecido en el dictamen de pérdida de capacidad laboral. En consecuencia,   ordenó la inclusión en nómina del peticionario.    

32. En la Sentencia T-185 de 2018[87], la Sala Novena de Revisión estudió   un caso acumulado de tres expedientes en los que se exigía la interdicción como   condición para acceder al pago de la pensión. Afirmó que resulta discriminatorio asumir prima facie que una persona diagnosticada con alguna   afección mental deba ser declarada interdicta y someterse a la curaduría de un tercero.   Por lo tanto, determinó que:    

“solo en aquellos casos en los cuales se acredite claramente   que el afectado padece una discapacidad mental absoluta y no puede administrar sus propios recursos,   resulta excepcionalmente posible condicionar su inclusión en nómina de   pensionados hasta que se inicie el proceso de interdicción correspondiente.”    

En ese sentido, afirmó que supeditar tal acto hasta su   culminación tiene el efecto práctico de agravar el estado de vulnerabilidad y   debilidad manifiesta de los accionantes. En consecuencia, ordenó a Colpensiones   que incluyera en la nómina de pensionados a los accionantes, y le advirtió que en lo sucesivo no condicionara el   pago de las mesadas pensionales a la terminación de un proceso de interdicción.    

33. De manera similar, en la   Sentencia T-268 de 2018[88]   la Sala Primera de Revisión conoció el caso de una persona con discapacidad a la   que Colpensiones le exigió la presentación de una sentencia de interdicción como   requisito para consignarle la indemnización sustitutiva que le había reconocido.    

En esa medida, afirmó que era   discriminatorio que las personas con discapacidad tuvieran que verse sometidas a   ser declaradas interdictas y a la curaduría de un tercero, “como condición   necesaria para hacer efectivo el pago de una prestación social pensional que no   está en discusión, pues ello constituye una diferencia de trato irrazonable.”    

Además, afirmó que negar que existen   otras posibilidades legales para proteger a estas personas agrava su estado de   vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, debido a que implica llevar a cabo   gastos que utilizan para mantener su vida en condiciones dignas. Por lo tanto,   ordenó a Colpensiones la inclusión en nómina y pago de la indemnización   sustitutiva del demandante. Así mismo, le reiteró a la administradora de   pensiones que se abstuviera de imponer condiciones injustificadas que limitan el   goce efectivo de las prestaciones económicas reconocidas a las personas en   situación de discapacidad.    

34. En la Sentencia T-495 de 2018[89], la Sala Octava de Revisión   estimó que el pago de las mesadas pensionales reconocidas a personas con   discapacidad, debe ajustarse a los siguientes parámetros:    

“(i) en el procedimiento que se adelante   ante el fondo o la administradora de pensiones no se puede suprimir la   autonomía, la capacidad jurídica y la voluntad de la persona con   discapacidad, (ii) no es posible supeditar la inclusión en nómina de un   pensionado con diversidad funcional a la existencia de una sentencia de   interdicción, y (iii) la autoridad encargada de pagar esas prestaciones debe, en   caso de ser necesario, proporcionar los apoyos y ajustes razonables para que la   persona con discapacidad manifieste su voluntad y acceda al pago de las   prestaciones económicas que le han sido reconocidas.”    

35. En consecuencia, esta Sala acogerá la postura establecida desde 2016 en   las sentencias T-655 de 2016, T-268 de 2018 y T-495 de 2018, en la medida en que   se ajustan al estándar de protección constitucional y jurisprudencial de las   personas en situación con discapacidad. Lo anterior, en consideración a que la   Ley 1996 de 2019 no se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los   hechos del asunto examinado en esta ocasión. Por lo tanto, el pago de   prestaciones reconocidas a personas con discapacidad mayores de edad debía   seguir estas reglas: i) respetar la autonomía y el derecho fundamental a la   capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la cual debe ser presumida   por las autoridades; ii) no es posible desvirtuar la capacidad de una persona   mediante el dictamen de pérdida de capacidad laboral; y iii) las autoridades que   deben llevar a cabo el pago de las prestaciones reconocidas tienen el deber   ejecutar los ajustes razonables requeridos para que las personas con   diversidades funcionales puedan acceder efectivamente a estas.    

Además, esta postura jurisprudencial se encuentra en la línea fijada por la ley   1996 de 2019, lo que garantiza la aplicación de la igualdad para las personas en   situación de discapacidad mental.    

Solución al caso concreto    

36.  En el caso particular,   Colpensiones le reconoció al señor Albeiro de Jesús Agudelo Escobar la pensión   de invalidez mediante la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016. No obstante, el numeral   segundo del acto administrativo estableció que para   obtener el pago de la pensión de invalidez reconocida, el peticionario debía presentar una sentencia  judicial de interdicción y acta de posesión del correspondiente de   curador. Lo anterior, debido a que el dictamen de pérdida de capacidad laboral había determinado que   el peticionario “requiere de terceras personas para que   decidan por él.”[90]    

En consecuencia, el demandante interpuso acción de tutela contra la administradora de   pensiones. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la   seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y a la vida en   condiciones dignas y, en consecuencia, se le ordene a la entidad “que reponga   la Resolución GNR 99351 y proceda a [incluirlo] en nómina sin la exigencia de   dicha sentencia de interdicción”[91],   y se le ordene el pago retroactivo de la prestación.    

37. En Sede de Revisión la Sala pudo comprobar, gracias en   buena medida al trabajo diligente de la Juez Primera de Familia de   Medellín, que el accionante: i) compone su familia con sus dos   hijos, uno de 16 años y la otra de 21 años con parálisis cerebral y discapacidad   mental, y su compañera permanente Nancy Londoño Londoño[92]; ii) está afiliado al régimen subsidiado de   salud, tiene un nivel de escolaridad precario y percibe únicamente el dinero que   algunos de sus familiares le donan[93]; iii) vive en la casa de la hermana de su   compañera permanente por falta de recursos económicos [94]; iv) ha sufrido depresión y otros trastornos psicológicos por el   hecho de no poder ayudar económicamente a sus hijos[95]; y v) fue declarado interdicto por discapacidad   mental absoluta el 20 de agosto de 2019 mediante sentencia judicial del Juzgado Segundo de   Familia de Itaguí, quien designó a su compañera permanente Nancy Londoño   Londoño como su curadora.[96]    

Asimismo,   en sede de revisión Colpensiones afirmó que no vulneró los derechos   fundamentales del peticionario debido a que, de conformidad con la   jurisprudencia constitucional, es posible condicionar la inclusión en nómina de   una persona si esta padece discapacidad mental absoluta. En ese   sentido, alegó que de conformidad con el dictamen de   pérdida de capacidad laboral, el peticionario necesita de terceros que decidan   por él y, en consecuencia, no dispone de capacidad jurídica. Por lo tanto,   afirmó que con la “finalidad   de proteger a personas que [carecen] de la posibilidad de disponer libremente de   sus bienes”[97], suspendió su   ingreso a la nómina y correspondiente pago.     

Teniendo en cuenta este escenario   fáctico y las reglas jurisprudenciales vigentes al momento de la ocurrencia de   los hechos, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019,   esta Sala de Revisión encuentra que Colpensiones efectivamente vulneró los   derechos fundamentales del peticionario por las razones que se exponen a   continuación.    

38. En primer lugar, condicionar el   pago de una prestación reconocida a una persona en situación de discapacidad a   la presentación de una sentencia judicial de interdicción, va en contra de   lo establecido por la jurisprudencia de las distintas Salas de Revisión de la   Corte Constitucional[98]. En repetidas ocasiones esta   Corporación ha señalado que las administradoras de pensiones no pueden suprimir   con sus procedimientos la   autonomía, la capacidad jurídica y la voluntad de la persona con discapacidad, y   menos suspender el pago de su única fuente de ingresos para mantener una vida   digna.    

Ahora bien, en sede de revisión   Colpensiones afirmó que desvirtuó la capacidad jurídica del peticionario debido a que,   de conformidad con el dictamen de pérdida de capacidad laboral, este requiere de   terceros que decidan por él. No obstante, esta posición desconoce lo establecido   en la jurisprudencia vigente. Esta señala que   toda persona se presume capaz y se encuentra en pleno uso y goce de sus   facultades para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de   negocios jurídicos, sin la intervención de un tercero, hasta que un proceso   judicial de interdicción o inhabilitación determinen lo contrario. Además, para desvirtuar la presunción de capacidad dentro de estos procesos es   necesario un análisis preciso, detallado y suficiente en el que se indique con   detalle cómo la discapacidad de una persona puede afectar su aptitud para realizar actos jurídicos.    

El reconocimiento de la capacidad   jurídica de las personas con discapacidad es, como lo ha establecido el Comité sobre los Derechos de las Personas   con Discapacidad, un asunto de derechos humanos. Esto se ve demostrado en el informe del estudio sociofamiliar del 11 de   junio de 2019, en el cual se relata que el accionante:    

“manifestó que cuando el empleado de Colpensiones le informó que   debía tramitar el proceso de interdicción para que le nombraran un curador que   realizara la administración de la pensión, ante lo cual él lo increpó, por   considerar que necesitaba esto [sic], que él tiene momentos de lucidez y no   siempre está enfermo.”[99]    

Este pasaje revela que sustraer la capacidad de una persona es   despojarla de su dignidad y autonomía.    

Por lo tanto,   la actuación de la administradora de pensiones durante el trámite ordinario y su   respuesta en sede de revisión, no solo vulneran el derecho a la capacidad   jurídica del peticionario sino que también violan los derechos a la   seguridad social y al mínimo vital del accionante. Como se estableció en sede de   revisión, la falta del pago de la prestación reconocida ha   generado un detrimento grave en la situación económica del solicitante, ya que   el pago de la pensión de invalidez por parte de Colpensiones representa la   posibilidad de tener un ingreso propio con el que pueda pagar sus gastos y vivir   dignamente.    

La   administradora de pensiones forzó al peticionario a que renunciara al ejercicio de   su capacidad jurídica y se sometiera a la tutela de un tercero, ya que, como se   ha visto, no era necesario que el demandante se sometiera al proceso judicial de   interdicción para obtener el pago de la prestación al que tiene derecho.    Además, lo hizo incurrir de manera innecesaria en una serie de esfuerzos   económicos, temporales y morales que hicieron más gravosa su situación, lo que   implica vulnerar sus derechos fundamentales a la seguridad social y al   mínimo vital del accionante.    

En   consecuencia, se ordenará a Colpensiones que, dentro de   las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, incluya en su   nómina de pensionados al señor Albeiro de Jesús Escobar Agudelo, y   efectúe el pago de prestación reconocida en la Resolución GNR 99351 del 8 de   abril de 2016 con los retroactivos correspondientes.    

39. En segundo   lugar, es necesario señalar que el señor Albeiro de Jesús Agudelo Escobar fue   declarado interdicto por   discapacidad mental absoluta   el 20 de agosto de 2019, mediante sentencia judicial del Juzgado Segundo de   Familia de Itagüí, quien designó su compañera permanente Nancy Londoño   Londoño como su curadora.[100]  Por su parte, la Ley 1996 de 2019 empezó a regir desde el 26 de agosto de ese   año.    

El artículo 56 de la norma establece lo siguiente:    

“ARTÍCULO 56. PROCESO DE REVISIÓN DE INTERDICCIÓN O INHABILITACIÓN. En un   plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en   vigencia del Capítulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan   adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a   las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior   a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas   como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar   si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.    

En   este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación   podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez   de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida la   solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o   inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o   consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la   adjudicación judicial de apoyos.    

[…]”    

Por lo tanto, mientras la sentencia de   interdicción proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Itaguí no sea revisada de conformidad   con lo establecido en este artículo, el   señor Albeiro de Jesús Agudelo Escobar seguirá bajo la protección de su curadora   y compañera permanente Nancy Londoño Londoño. En ese sentido, si bien   Colpensiones tiene la obligación de incluir en nómina sin condicionamiento   alguno al peticionario y, en consecuencia, llevar a cabo el pago de la pensión de invalidez   reconocida en la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016 con los   retroactivos correspondientes, hasta que se lleve a cabo la revisión de la sentencia de interdicción   mencionada en los términos del artículo citado, la responsable de la   administración de esta prestación es su compañera permanente.    

40. En tercer   lugar, es importante señalar que Colpensiones ha desconocido e inaplicado   sistemáticamente las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte   Constitucional en esta materia. Como se anotó en las sentencias T-655 de 2016,   T-185 de 2018, T-268 de 2018 y T-495 de 2018, condicionar el   pago de una prestación reconocida a una persona en situación de discapacidad a   la presentación de una sentencia judicial de interdicción, vulnera el derecho   fundamental a la capacidad jurídica.    

Así mismo, se   le ordenará que, dentro de los treinta días siguientes a la   notificación de esta providencia, lleve a cabo una capacitación con sus   analistas y con los miembros de su dirección de acciones constitucionales, en la que se les instruya en la   jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la protección de los   derechos de las personas con discapacidad, y en la Ley 1996 de 2019.    

41. Por último, es importante   señalar que si bien la Ley 1996 de 2019 no estaba vigente cuando se profirió la  Resolución GNR 99351 del 8 de   abril de 2016, el artículo 6º de esta norma establece que en ningún caso la   existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la   capacidad de ejercicio de una persona. La introducción de esta nueva norma   implica un cambio de paradigma al momento de comprender la discapacidad en el   ordenamiento jurídico colombiano, ya que si bien antes era posible privar a una   persona de su capacidad jurídica en virtud de su situación de discapacidad, la   introducción de esta legislación prohíbe expresamente esta práctica. Por lo   tanto, en la actualidad ninguna entidad pública o privada puede restringir la capacidad legal de una   persona en situación de discapacidad bajo ningún argumento o circunstancia, lo   que incluye el supuesto respaldo en un dictamen de pérdida de capacidad laboral.    

De este modo, es   necesario señalar que, aunque el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 prohibió   expresamente la interdicción, esta norma creó un régimen de transición para las personas que actualmente adelantan este   proceso y para los que se califican como interdictos.    

Conclusiones y órdenes a proferir    

42. En este caso   la Sala encontró acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción. En   primer lugar, determinó que el accionante está legitimado en la causa por   activa, debido a que presentó la acción de tutela mediante su apoderada judicial   con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales. En segundo lugar, señaló que Colpensiones es una entidad pública que tiene capacidad   para ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva. En   tercer lugar, resaltó que la suspensión del pago de la prestación reconocida ha generado un   detrimento grave en la situación económica del solicitante, de manera que se   trata una vulneración de derechos actual y continua Por lo tanto, encontró satisfecho el   requisito de inmediatez. Por último, resaltó que el peticionario es una persona   con discapacidad, con una situación económica precaria y bajo nivel educativo,   de manera que se trata de un sujeto de especial protección constitucional en   estado de alta vulnerabilidad. En consecuencia, la Sala concluyó que en su caso   los mecanismos ordinarios de defensa judicial no son idóneos ni eficaces, de   manera que la Sala consideró que la acción cumple con el requisito de subsidiariedad y que la tutela es   procedente como mecanismo definitivo.    

43.  Para establecer la afectación   denunciada, la Sala desarrolló tres líneas argumentativas. En primer lugar, hizo   un breve recuento de la especial protección constitucional de la que gozan las   personas con discapacidad. En ese sentido, afirmó que la Constitución y los   tratados internacionales obligan al Estado a ser respetuoso de la autonomía y   dignidad de las personas en situación de discapacidad, por lo que debe tomar   medidas afirmativas para materializar efectivamente la protección de sus   derechos. Además, señaló que la jurisprudencia ha establecido que el modelo   social de discapacidad implica fortalecer la independencia de estas personas en   la toma de decisiones.    

En segundo lugar, resaltó que con la   promulgación de la Ley 1996 de 2019 el ordenamiento jurídico   colombiano quiso acoger el estándar de capacidad jurídica establecido en el   artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el   cual   todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad y preferencias de   manera autónoma. En ese sentido, determina que todas las personas gozan de capacidad jurídica y, en consecuencia, eliminó   del ordenamiento jurídico la interdicción y todas las demás formas de   suplantación de la voluntad de las personas con discapacidad. Además, determinó   un sistema de apoyos voluntarios, judiciales y de directivas anticipadas que   tienen como objetivo materializar las decisiones autónomas de las personas con   discapacidad.    

Por último, precisó que en el trámite de pago de prestaciones reconocidas a personas con   discapacidad se debe respetar su capacidad jurídica y la voluntad de su   autonomía. Además, señaló que las autoridades que deban llevar a cabo el pago de   prestaciones reconocidas a personas con discapacidad, deben realizar los ajustes   razonables necesarios para que los miembros de esta población puedan gozar   efectivamente de estas.    

44. En la resolución del problema   jurídico para el caso concreto, la Sala de Revisión reiteró la jurisprudencia de   la Corte Constitucional, y encontró que supeditar el pago   de una prestación reconocida a la presentación de una sentencia judicial de   interdicción, es una violación al derecho fundamental a la capacidad jurídica.   Así mismo, señaló que Colpensiones sistemáticamente ha inaplicado las reglas   jurisprudenciales sobre el pago de prestaciones reconocidas a personas en   situación de discapacidad.    

Por   otro lado, recalcó que de conformidad con la Ley 1996 de 2019, todas las   personas en situación de discapacidad mayores de edad gozan de la misma   capacidad jurídica que todas las demás. Por lo tanto, ninguna entidad pública o   privada puede   privar a una persona de su capacidad jurídica.    

Por último,   explicó que, si bien el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 prohibió   expresamente la interdicción, el artículo 56 de esta normativa estableció un   régimen de transición para las personas que actualmente adelantan este proceso o   se encuentran interdictas. De este modo, concluyó que si bien Colpensiones debe   ingresar a nómina al demandante y pagarle la prestación reconocida con los   retroactivos correspondientes, la persona encargada de recibir y administrar la   prestación hasta que se revise la sentencia de interdicción es Nancy Londoño   Londoño, compañera permanente y actual curadora del demandante.    

45. En consecuencia, la Sala Sexta de   Revisión revocará la providencia del 17 de mayo de 2019, proferida por el Juzgado Primero de Familia del   Circuito de Medellín de oralidad, mediante la cual se declaró improcedente la   acción de tutela. Por lo tanto, amparará los derechos fundamentales del   señor Albeiro de Jesús Escobar Agudelo y ordenará a Colpensiones que, dentro de las 48 horas siguientes a   la notificación de esta providencia, lo incluya en su nómina de pensionados y  efectúe el pago de prestación   reconocida en la Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016 con los   retroactivos correspondientes.    

Es necesario recordar que el 20 de   agosto de 2019, el demandante fue declarado interdicto judicialmente por   discapacidad mental absoluta por el Juzgado Segundo de Familia de Itagüí,   quien designó como curadora general y legítima a su compañera permanente Nancy   Londoño Londoño, de manera que esta última es la encargada de proveerle un nivel   de vida adecuado, representarlo legalmente y administrar sus bienes, al menos   hasta que se surta el trámite establecido en el artículo 56 de la Ley 1996 de   2019.    

Así   mismo, se ordenará a Colpensiones que elimine todos los   condicionamientos injustificados que limiten el goce efectivo de las   prestaciones económicas reconocidas a las personas en situación de discapacidad   y, en su lugar, acoja fórmulas que respeten los derechos fundamentales.    

Por último, se ordenará a Colpensiones que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, lleve a cabo una   capacitación con sus analistas y con los miembros de su dirección de   acciones constitucionales, en la que se les instruya en la jurisprudencia de la   Corte Constitucional respecto a la protección de los derechos de las personas   con discapacidad, y en la Ley 1996 de 2019    

IV. DECISIÓN    

Con fundamento en lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la   Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato   de la Constitución Política,    

RESUELVE    

Primero.- REVOCAR la sentencia del 17 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado   Primero de Familia del Circuito de Medellín de oralidad, mediante la cual se   declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR los   derechos fundamentales   a la seguridad social, al mínimo vital y a la capacidad jurídica del señor   Albeiro de Jesús Escobar Agudelo.    

Segundo.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro de las 48 horas siguientes a la   notificación de esta providencia, incluya en nómina al señor Albeiro de Jesús   Escobar Agudelo y, en   consecuencia, efectúe el pago de la pensión de invalidez reconocida en la   Resolución GNR 99351 del 8 de abril de 2016 con los retroactivos   correspondientes.    

Cuarto.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, lleve a cabo una   capacitación con sus analistas y con los miembros de su dirección de   acciones constitucionales, en la que se les instruya en la jurisprudencia de la   Corte Constitucional respecto a la protección de los derechos de las personas   con discapacidad y en la Ley 1996 de 2019.     

La administradora de pensiones deberá    documentar el desarrollo del cumplimiento de la presente orden y remitir un   informe al Juzgado Primero de Familia de Medellín, con el objetivo de realizar   el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta sentencia.    

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.    

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO    

Magistrada    

CRISTINA PARDO SCHLESINGER    

Magistrada    

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

[1] Folio 37,   cuaderno de instancia.    

[2] Folio 9, cuaderno de instancia.    

[3] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[4] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[5] Folio 2,   cuaderno de instancia.    

[6] Folios 16 y   17, cuaderno de instancia.    

[7] Folio 19,   cuaderno de instancia.    

[9] Folio 23,   cuaderno de instancia.    

[10] Folios 25 a   27, cuaderno de instancia.    

[11] Folio 26, cuaderno de instancia.    

[12] Folios 18 a   22, cuaderno de la Corte Constitucional.    

[13] Folio 26,   cuaderno de instancia.    

[14] Folio 65,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[15] Folio 67,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[16] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[17] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[18] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[19] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[20] Folio 13,   cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[21] Folio 14,   cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[22] Folios 14 a   15, cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[23] Folios 15 a   16, cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[24] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[25] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[26] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[27] Folio 5,   cuaderno de primera instancia.    

[28]Ver   sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge   Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la   magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.    

[29]Sentencias   T-106 y T-471 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[30]Sentencias T-1028 de 2010, M.P.   Humberto Antonio Sierra Porto y T-246 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica   Méndez, entre otras.    

[31] Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas   Silva.    

[32] Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas   Silva.    

[33] Folios 11 a 14, cuaderno de primera instancia.     

[34] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[35] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[36] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[37] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[38] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[40] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[41] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[42] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[43]Este acápite   fue retomado parcialmente de la sentencia T-236 de 2018.   M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[44]En la   sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En   efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de   competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el   ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el   cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.   Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el   requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias   y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que   regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de   cada una de las jurisdicciones.”    

[45]Sentencia   T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[46]M.P. Mauricio   González Cuervo.    

[47]Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda.    

[48]  Sentencia T-090 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.    

[49]   Sentencias T–800 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–859 de 2004 MP Clara   Inés Vargas.    

[50]   Sentencias T–800 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–436 de 2005 MP Clara   Inés Vargas, y T–108 de 2007, MP Rodrigo Escobar Gil, entre otras.    

[51] Sentencias   T–328 de 2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004, MP Jaime Araujo   Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa,   entre otras.    

[52] T-471 de   2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[53] MP Gloria   Stella Ortiz Delgado.    

[54] MP Gloria   Stella Ortiz.    

[55] Esta sentencia indica que este planteamiento ha sido reiterado   pacíficamente en las sentencias T-634 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett;   T-649 de 2011 y T-079 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva; y T-379 de 2017, MP   Alejandro Linares Cantillo.    

[56] Folio 9,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[57] Folio 8,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[58] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[59] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[60] Folio 13,   cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[61] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[62] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[63] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[64] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[65] Estas   consideraciones han sido parcialmente presentadas en la sentencia C-296 de 2019,   MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[66] Literal e,   Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas   con Discapacidad.    

[67] Sentencias C-095 de 2019, C-296 de 2019, MP Gloria Stella Ortiz   Delgado, entre otras.    

[68] Sentencia C-765 de 2012. MP Nilson Pinilla Pinilla.    

[69] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[70]   Observación General Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos de las Personas con   Discapacidad. Artículo 12- Igual reconocimiento como persona ante la ley. 11º   período de sesiones, 31 de marzo a 11 de abril de 2014, (CRPD/C/GC/1), párr. 18.    

[72]   Observación General Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos de las Personas con   Discapacidad. Artículo 12- Igual reconocimiento como persona ante la ley. 11º   período de sesiones (31 de marzo a 11 de abril de 2014), (CRPD/C/GC/1.), párr.   29.    

[73]  Observación General Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos de las Personas con   Discapacidad. Artículo 12- Igual reconocimiento como persona ante la ley. 11º   período de sesiones (31 de marzo a 11 de abril de 2014), (CRPD/C/GC/1.), párr.   30.    

[74] Algunas de   estas consideraciones han sido parcialmente presentadas en la sentencia C-296 de   2019, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[75] Sentencia T-770 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[76] Sentencia T-207 de 1999. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.    

[77] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.   Observación General No. 1 (2014), párr.12, citada en la Sentencia C-182 de 2016,   MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[78] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.   Observación General No.1 (2014), párr. 8.    

[79] Comité sobre los Derechos de las Personas con   Discapacidad. Observación General Nº 1 (2014), párr. 8, citada en la   Sentencia C-182 de 2016, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[80] Por   medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal   de las personas con discapacidad mayores de edad.    

[81] Cámara de   Representantes de la República de Colombia. Exposición de motivos Ley 1996 de   2019. Gaceta 613 de 2017, consultada por última vez el 8 de octubre de 2019.   Disponible en línea en:   http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gaceta_613.pdf    

[82] Cámara de   Representantes de la República de Colombia. Exposición de motivos Ley 1996 de   2019. Gaceta 613 de 2017, consultada por última vez el 8 de octubre de 2019.   Disponible en línea en:   http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gaceta_613.pdf    

[83] Los artículos que componen el Capítulo V de la Ley 1996 de 2019 van   desde el 32 al 43 de esta normativa.    

[84] Cámara de   Representantes de la República de Colombia. Exposición de motivos Ley 1996 de   2019. Gaceta 613 de 2017, consultada por última vez el 8 de octubre de 2019.   Disponible en línea en:   http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gaceta_613.pdf    

[85] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.    

[86] MP Luis Ernesto Vargas Silva.    

[87] MP Alberto Rojas Ríos.    

[88] MP Carlos Bernal Pulido.    

[89] MP José Fernando Reyes Cuartas.    

[90] Folio 10,   cuaderno de instancia.    

[91] Folio 2,   cuaderno de instancia.    

[92] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[93] Folio 12,   cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[94] Folio 11,   CD anexo. Cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[95] Folios 12 a   14, cuaderno de la Corte Constitucional 2.    

[96] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[97] Folio 67,   cuaderno de la Corte Constitucional.    

[98] Sentencia T-495 de   2018, MP José Fernando Reyes Cuartas; Sentencia T-268 de 2018, MP Carlos Bernal   Pulido; Sentencia T-185 de 2018, MP Alberto Rojas Ríos, entre otras.    

[99] Folios 91 a   92, cuaderno de la Corte Constitucional.    

[100] Folio 87,   cuaderno de la Corte Constitucional.