T-582-14

           T-582-14             

Sentencia T-582/14    

MINISTERIO PUBLICO-Función en el proceso penal     

La Ley 906 de 2004 se refirió a las funciones del Ministerio   Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento en el proceso   penal, posicionándolo como “sujeto especial” y no como parte o interviniente,   aun cuando reiteró sus facultades de intervención, cuando sea necesario, en   defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y   garantías fundamentales, en coherencia con el numeral 7° del artículo 277   constitucional. Ello implica que el acceso a la información, las evidencias o   los elementos materiales recaudados por las partes, se restrinja a las   oportunidades y condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe   sujetarse, pues lo contrario, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia,   implicaría suponer que goza de privilegios frente a la fiscalía, la defensa o   las víctimas, lo cual repugna con la idea de proceso equilibrado, con igualdad   de armas entre acusación y defensa.        

DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION   DE JUSTICIA-Improcedencia   por cuanto no se vulneraron los derechos de la Procuradora al negarle el acceso   a la carpeta correspondiente a la fase de indagación, ya que hay otras   oportunidades en la que la ley procesal penal autoriza su participación    

Referencia:   expediente T-3968375    

Acción de tutela presentada por Karime Chávez Niño, en su condición   de Procuradora 240 Judicial Penal I, contra la Fiscalía 11 Seccional Unidad de   Vida Bogotá    

Magistrada ponente:    

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil   catorce (2014)    

La Sala Primera de Revisión de la   Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y   los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en   ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la   siguiente      

SENTENCIA    

En el trámite de revisión de los   fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior   del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de abril de dos mil trece   (2013) y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la   Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de junio de dos mil trece (2013), dentro   del proceso de tutela iniciado por Karime Chávez Niño, en su   condición de Procuradora 240 Judicial Penal I, contra la Fiscalía 11 Seccional   de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá.    

El proceso de la referencia fue   seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho,   mediante Auto proferido el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).    

I. ANTECEDENTES    

1. Demanda y solicitud    

Karime Chávez   Niño, Procuradora 240 Judicial Penal I y en su condición de agente   especial dentro de la actuación No. 110016000017-201215360 adelantada por la   Fiscalía, el quince (15) de abril de dos mil trece (2013)   interpuso acción de tutela contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de   Delitos contra la Vida de Bogotá, para solicitar el amparo de los   derechos fundamentales del Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la   administración de justicia, que considera vulnerados al haberle negado el   acercamiento a la carpeta contentiva de la información acopiada por el ente   fiscal en la fase de indagación. Para la solicitante, el acceso a la información   obtenida en el curso de la investigación, es un presupuesto indispensable para   que el Ministerio Público pueda ejercer las funciones que la Constitución y la   ley le asignan en el proceso penal.  Razón por la cual, peticionó que se   tutele “[…] el derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia se   ordene a la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida en cabeza del Dr. ANTONIO   LUIS GONZÁLEZ, el acceso material y efectivo a la carpeta del expediente   referenciado”[1].    

La accionante fundamentó su   solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:    

1.1. Afirma que el veintidós (22)   de marzo de dos mil trece (2013) fue designada por la Procuradora Delegada para   el Ministerio Público en Asuntos Penales, para intervenir en representación del   Ministerio Público, en calidad de agente especial dentro de la actuación No.   201215360 que se adelantaba en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida,   por el homicidio del joven BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS[2].  En tal designación,   y para efectos de control de la gestión, se le comunicó el deber de rendir   informes periódicos a la Delegada atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No.   224 del dos (2) de septiembre de dos mil once (2011)[3] y en cumplimiento de las   resoluciones 202 de 2003 y 484 de 2005 proferidas por el Procurador General de   la Nación, así como de las directrices emanadas de la Entidad, sin perjuicio de   las funciones y obligaciones constitucionales y legales que su cargo le impone.    

1.2. Señala, que en cumplimiento   de dicha delegación, hizo presencia en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de   Vida el treinta (30) de marzo de dos mil trece (2013), en donde fue informada   por la titular del despacho que la actuación había sido reasignada a la Fiscalía   11 Seccional de la misma unidad, a donde acudió para comunicar su designación de   agente especial, el tres (3) de abril de dos mil trece (2013). Como ese día no   logró acceder a la información requerida, y luego de otro intento fallido, el   once (11) de abril nuevamente se presentó a la Fiscalía 11 con el propósito de   practicar la visita a la carpeta y poder dar cumplimiento a las instrucciones   impartidas en la Resolución No. 224 del dos (2) de septiembre de dos mil once   (2011), que le imponía la obligación de rendir el primer informe pormenorizado   dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación como agente especial.   En esa ocasión, le fue entregado un oficio suscrito el diez (10) de abril de dos   mil trece (2013) por Antonio Luis González, Fiscal 11 Seccional de la Unidad de   Vida, en el que le indicaba “que en virtud de la orientación jurisprudencial   que en dicho documento cita, ‘el Ministerio Público  no tiene acceso material a la carpeta que maneja la parte Fiscalía General de   la Nación, por lo tanto ese Despacho [le] informará sobre la realización de   audiencias a desarrollar sobre esa investigación para que ejerza el rol   pertinente’”[4]  (negrillas originales).    

1.3. Agrega, que en la misma   comunicación le fue precisado que “no existe ninguna distinción en cuanto a   la manera como llegue el Ministerio Público al proceso, es decir, si es por   Agencia Especial o no, o si se trata de un procurador delegado para el despacho,   y que lo único cierto es que el Ministerio Público, constitucionalmente lo ha   admitido la Corte Constitucional, es un interviniente especial, y la Corte   Suprema de Justicia ha orientado sobre su participación frente al sistema de   partes”[5].    

1.4. Afirma que el accionado   desconoce que el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá, en Memorando 000015   del veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011), recordó a los fiscales   delegados, que    

“[…] las   funciones de los agentes del Ministerio Público, están discernidas por la   Constitución Política y la Ley, de tal suerte que el acceso de dichos   funcionarios a los expedientes y carpetas que se encuentran a cargo de dichos de   los Despachos (sic), se presumen en ejercicio de dichas funciones e incluye la   guarda por parte de éstos servidores, de la reserva que requieren las   investigaciones y por ende no requieren de más requisito que la carta de   presentación que la Personería de Bogotá envía a los fiscales delegados y jefes   de unidad al momento en que uno de sus agentes es asignado para ejercer su labor   en determinada unidad.  Imponer requisitos adicionales, menoscaba el   ejercicio de la función del Ministerio Público y entorpece la dinámica que debe   caracterizar los procedimientos en vigencia de la ley 600 de 2000 y de la ley   906 de 2004” [6]  (negrilla fuera de texto).    

1.5. En relación con la   interposición de la acción de tutela, explica que el Ministerio Público no   cuenta con otro mecanismo para poder acceder a la administración de justicia,   debido a que la determinación adoptada por el Fiscal 11 Seccional, “no es un   acto interlocutorio que permita la interposición de recurso alguno, menos   control judicial ante juez de control de garantías, siendo la acción   constitucional el único recurso con el que se cuenta para que sea amparado el   derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”[7].    

2. Respuesta del Fiscal 11   Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá    

El Fiscal 11   Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá, el diecinueve   (19) de abril de dos mil trece (2013) radicó escrito de respuesta ante la Sala   Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[8], mediante el cual solicita   negar la petición de Karime Chávez Niño, Procuradora 240   Judicial Penal I, debido a que no le ha vulnerado   ningún derecho fundamental y su actuación se ha ceñido a la ley y la   jurisprudencia que se ocupa de la actividad del Ministerio Público en el proceso   penal acusatorio.     

En dicha contestación agrega los   siguientes hechos y consideraciones:    

2.1. Explica, que el sistema penal   acusatorio, diseñado conforme al Acto Legislativo 03 de 2002, es un sistema de   partes, “que sin ninguna discusión son la FISCALÍA Y LA DEFENSA, [quienes]   tienen derecho de ir construyendo su teoría del caso”[9], y que la   participación de la Procuraduría se acepta en calidad de órgano propio pero no   con facultades de parte (mayúsculas originales). Precisa que la actuación   procesal a la cual solicita la Procuradora tener acceso material, se encuentra   en la etapa de indagación, por lo que goza de reserva.    

2.2. Señala que en el presente   caso la accionante solicita que se le “permita tener acceso a la carpeta que   es de una parte (FISCALÍA), no se trata de un proceso penal, pues este se inicia   cuando el Estado presente la acusación y la sustente debidamente; en el   escenario de la formulación de acusación se hará el DESCUBRIMIENTO PROBATORIO y   es ahí donde la defensa, y la Procuraduría TENDR[Á] ACCESO MATERIAL a los medios   de conocimiento que la PARTE FISCAL[Í]A GENERAL tenga en ese momento y que   sirvan de sustento a la pretensión del Estado (la acusación)” (mayúsculas   originales)[10].     

2.3. Expone que “[a]ntes de la   formulación de acusación para la Procuraduría los actos de investigación, los   medios de conocimiento que ejercite la Fiscalía General de la Nación son   [RESERVADOS], es decir no tiene acceso material a ellos, y la explicación está   radicada en que [en] la ley 906 de 2004, la PROCURADURÍA en sede penal no es   PARTE, es un órgano propio como lo define la [j]urisprudencia de la Sala Penal o   interviniente discreto como lo señala la doctrina Constitucional”[11] (mayúsculas   originales).    

2.4. Precisa, que la participación   de la Procuraduría en la etapa preliminar o de investigación formal “tiene su   mayor dinámica en las intervenciones que haga en las audiencias por ejemplo ante   los Jueces de control de garantía[s], sean audiencias solicitadas por la   defensa, víctima o fiscalía y excepcionalmente las que pueda solicitar la   Procuraduría de acuerdo al marco legal”[12].    

2.5. Concluye que la Procuraduría   “NO puede tener acceso material a los actos de investigación y elementos   materiales probatorios de la Fiscalía o de la Defensa en la medida que en este   sistema procesal no tiene la condición de sujeto procesal en cuanto a la función   penal”. Además, que la procuraduría, en el sistema de partes, no puede tener   acceso a la documentación de la que cada  parte dispone para la   construcción de su teoría del caso, en las etapas preliminar o de investigación   y, por ende, no le es permitido solicitar dicha información ni a la defensa ni a   la Fiscalía, “salvo el tema de la reactivación de la figura de archivo en los   términos del artículo 79 y con las orientaciones de la sentencia C-1154 de 2005”[13].    

3. Decisión del juez de tutela   de primera instancia    

La Sala Penal del Tribunal   Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de abril de dos   mil trece (2013)[14],   negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Karime Chávez Niño, al   considerar que la decisión de la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida no   constituye un defecto material o procedimental que resulte violatorio de los   derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de   justicia, debido a que “permitirle, en este estado de las actuaciones, el   pleno acceso a la carpeta del ente investigador, a sus evidencias recaudadas y,   por consiguiente, conocer el perfil de los que podrían ser los términos de una   eventual acusación, distorsionaría las finalidades del sistema y el alcance de   los derechos fundamentales de quienes aquí intervienen en calidad de partes”.   Precisó:    

“[…] debe   indicar esta Sala que le asiste parcialmente la razón a la Fiscalía accionada en   su negativa frente a la solicitud de la doctora Chávez Niño.  En   efecto, una cosa es el derecho que tiene el Ministerio Público a que se le   autorice un mínimo de acceso al trámite adelantado en la etapa de indagación,   cuando está llamado a intervenir dentro de alguna de las diligencias   susceptibles de practicarse en el marco de la misma, y en lo que sea necesario   para el cabal cumplimiento de sus específicas funciones, y otra muy distinta que   pueda acceder ilimitadamente y en cualquier momento, a toda la información y los   elementos materiales probatorios recaudados en dicho estadio por el ente   acusador. || En efecto –y en ello acierta la entidad demandada– la Sala de   Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha analizado de forma extensa el   papel ciertamente limitado que deben cumplir los procuradores judiciales en el   sistema penal acusatorio, en el que no pueden desbordar la labor de garante   imparcial que les ha sido asignada por el ordenamiento jurídico, lo cual implica   evitar, hasta donde sea posible, asumir una actitud que en el fondo pueda   apreciarse como la que es propia de una parte interesada en el litigio,   so pena de romper el equilibrio que está llamado a regir dentro de un   procedimiento por naturaleza adversarial”[15]  (negrillas y cursivas originales).    

4. Impugnación    

El dos (2) de mayo de dos mil   trece (2013), la Procuradora 240 Judicial Penal I presentó impugnación   peticionando revocar el fallo de tutela[16].   Luego de reiterar algunos de los argumentos planteados en la demanda, precisó   que las visitas que practican los agentes del Ministerio Público, en calidad de   agentes especiales, a las actuaciones penales, sin diferenciar la etapa en la   que se encuentren, “se llevan a cabo para ejercer justamente un control de   gestión, facultad establecida en la Constitución Nacional artículo 118 y el   Decreto Ley 262 de 2000 […], referido al interés de establecer si el Fiscal que   tiene a su cargo la investigación, ha sido diligente en el desempeño de su   función…”[17]  (negrillas originales). Además señaló que “[n]o debe olvidarse que el   Ministerio Público continúa desplegando dentro del actual sistema procesal penal   acusatorio, una doble misión institucional, de un lado ejerciendo control de   gestión y[, de otro lado,] como interviniente Constitucional en el Proceso   Penal, siendo el primero de ellos, la función que cumple cuando es imperiosa la   visita a una carpeta || […], para ello se actúa con profesionalismo, bajo la   reserva que le exige la ética, con el fin de establecer posibles falencias,   abusos o irregularidades, cometidas por el funcionario instructor, que de   existir darían paso a compulsar las copias pertinentes ante las autoridades   correspondientes”[18].    

5. Decisión del juez de tutela   de segunda instancia    

La Sala de   Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de junio   de dos mil trece (2013), confirmó la decisión impugnada[19].    

6.   Actuaciones adelantadas en sede de revisión    

Mediante Auto   fechado el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), la Sala   Primera de Revisión, para efectos de adoptar una decisión informada en el   asunto de la referencia y con fundamento en el artículo 13 del Decreto 2067 de   1991, invitó a expertos en el área del derecho procesal penal con el fin de que   rindieran un concepto en derecho sobre el problema jurídico planteado en la   acción de tutela, entre ellos, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a   las Facultades de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y de la   Universidad Libre[20].    

Es así, como el   Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el once (11) de diciembre de dos mil   trece (2013), presentó su concepto en el que concluye que la decisión de la   Fiscalía 11 de la Unidad de Vida no vulneró ningún derecho fundamental de la   Procuraduría General de la Nación, como lo sostiene la Procuradora 240 Judicial   Penal I de Bogotá, en sus funciones de intervención judicial en la investigación   penal sobre el homicidio de que fue víctima Brian Andrés Jiménez Vargas, pues en   nada se afectó ni el debido proceso ni el derecho de acceso a la administración   de justicia.  Explica:    

“[…] la investigación sobre los hechos presuntamente delictuosos,   […], corresponde adelantarla a la Fiscalía General de la Nación para que si así   aparece conforme a esa indagación, formule entonces los cargos que considere   pertinentes de acuerdo con la legislación penal a quienes deben ser vinculados   al proceso penal respectivo, lo que se cumple en la audiencia de imputación,   pero no antes. || Esto significa que con anterioridad a la formulación de cargos   en esa audiencia, la Fiscalía, dentro de la órbita de sus funciones   constitucionales y legales deberá no solamente adelantar la investigación que   otrora se cumplía por los jueces de instrucción, sino que en ejercicio de sus   nuevas atribuciones con acopio de los elementos materiales probatorios y de las   hipótesis que sobre el caso en concreto en torno a las causas y modalidades de   comisión del hecho y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión   que aparezcan como razonables, formule o no la acusación correspondiente, que es   lo que se conoce como la “teoría del caso”, medios materiales de prueba   que al formular la acusación se harán públicos para el acusado y para la   sociedad, audiencia en la cual podrá participar el Ministerio Público. || Lo que   resulta extraño a la función de éste, es que cuando apenas están recaudándose   los elementos probatorios iniciales y cuando la acusación no ha sido todavía   formulada, pueda inmiscuirse de manera directa en una actividad propia de quien   tiene la calidad de parte acusadora, pues con la misma lógica podría también   adentrarse en la actividad que en su propia esfera se adelante por quien prepara   su propia defensa, pues resulta una grave afectación del equilibrio procesal que   el Ministerio Público pueda interferir la actividad de una de las partes, la   acusadora, y le estuviera vedado también hacer lo propio con la otra parte, el   acusado o su defensa. Por ello para preservar la igualdad de las dos partes, se   hace entonces indispensable que no pueda interferir antes de la audiencia de   imputación en la actividad de ninguna de las dos”[21].    

El Coordinador   del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de   Derecho de la Universidad Libre, presentó informe el veinte (20) de enero de dos   mil catorce (2014), en el que planteó su conformidad con la decisión adoptada   por el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del veintinueve (29) de abril   de dos mil trece (2013), y observó que la acción de tutela no se hace viable, “ya   que la entrega de la mencionada carpeta no es obligatoria ni la intervención de   la Procuradora Judicial indispensable, es decir la decisión final de la Fiscalía   11 Seccional se ciñe al ordenamiento legal, aunque no compartimos sus   consideraciones sobre las partes y el papel del Ministerio Público en el sistema   acusatorio”[22].    

II. CONSIDERACIONES Y   FUNDAMENTOS    

1. Competencia    

La Sala Primera es competente para   revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con   fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de   la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del   Decreto 2591 de 1991.    

2. Presentación del caso y   planteamiento del problema jurídico    

La señora Karime Chávez Niño,   Procuradora 240 Judicial Penal I, interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de   Bogotá, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del   Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la administración de   justicia, que considera fueron vulnerados al haberle negado el acercamiento, en   su condición de agente especial, a la carpeta contentiva de la información   acopiada por el ente fiscal en la fase de indagación.  Sostuvo la   accionante que el acceso a la información obtenida en el curso de la   investigación, es un presupuesto indispensable para que los agentes del   Ministerio Público, en calidad de agentes especiales, puedan ejercer un control   de gestión sobre las actuaciones de quienes desempeñan funciones públicas   conforme al artículo 118 constitucional.    

Por su parte, el Fiscal 11   Seccional de la Unidad de Vida al contestar la acción de tutela, solicitó que   fuera negada porque su decisión, de negar el acceso del Ministerio Público a las   actuaciones surtidas dentro de la etapa de indagación,  resulta ajustada al   ordenamiento y al precedente de la Corte Suprema de Justicia[23].  Sostuvo que las   actuaciones adelantadas en la etapa de indagación gozan de reserva y que al   contenido de lo que en esta etapa se obtenga, solo puede accederse materialmente   una vez se celebren los actos de descubrimiento probatorio, en las oportunidades   definidas por la ley.    

De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala   Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera la   Fiscalía (Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá) los derechos   fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de   los agentes del Ministerio Público, que actúan en calidad de agentes especiales   (Procuradora 240 Judicial Penal), al negarles el acceso a la información   recaudada, sabiendo que la actuación procesal a la cual se solicita tener   acercamiento material se encuentra en la etapa de indagación?    

A continuación, la Sala procederá   a (i) recordar que el Ministerio Público en las etapas   de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley 906 de 2004,   actúa en condición de sujeto especial; y (ii) estudiar el   caso concreto.     

3. El Ministerio   Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal que   regula la Ley 906 de 2004, actúa en condición de sujeto especial    

3.1. De acuerdo   con la Constitución Política, el Ministerio Público puede ser definido como un   órgano de control autónomo e independiente, que ejerce funciones relacionadas   con la guarda y la promoción de los derechos humanos, la protección del interés   público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones   públicas[26]  .    

3.2. La facultad   de intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales en general y   en los procesos penales en particular, encuentra un fundamento constitucional en   el artículo 277 numeral 7° de la Constitución Política, que de manera expresa le   asigna al Procurador General de la Nación la función de “[i]ntervenir en los   procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea   necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los   derechos y garantías fundamentales”, por sí o por medio de sus delegados y   agentes, quedando circunscrita su participación al cumplimiento de estos   específicos objetivos, tanto en el marco de la Ley 600 de 2000[27], como   en el de la Ley 906 de 2004[28].    

3.3. Además del   fundamento anterior, señala la sentencia C-399 de 1995[29], que “esa   posibilidad de intervención en los procesos judiciales también se desprende en   forma tácita y natural de varias de las otras funciones señaladas por el mismo   artículo 277 de la Carta”. En efecto, al Procurador General de la Nación   corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las   decisiones judiciales y los actos administrativos (numeral 1°), proteger los   derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del   Pueblo (numeral 2°), defender los intereses de la sociedad (numeral 3°), así   como los intereses colectivos, en especial el medio ambiente (numeral 4°).    Según la providencia citada,    

“[e]l   cumplimiento de tales funciones implica, en muchos eventos, la intervención de   la Procuraduría en determinados procesos judiciales, por lo cual, incluso si no   existiera la consagración expresa del ordinal 7º del artículo 277 de la Carta,   sería perfectamente constitucional que la ley, a quien compete determinar lo   relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría (CP art. 279),   hubiera consagrado esa participación del Ministerio Público en los procesos. Así   sucedió durante la vigencia de la anterior Constitución, puesto que esa Carta no   preveía expresamente la intervención del Procurador en los procesos judiciales   pero le adscribía las funciones de promover la ejecución de las leyes y   sentencias, y supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos, lo   cual sirvió de piso constitucional suficiente para que la ley regulara la   intervención del Ministerio Público en la justicia.    

“Finalmente, el   Procurador debe cumplir las demás funciones que determine la ley (CP art. 277   ord 10), por lo cual, incluso si no existieran los fundamentos expresos y   tácitos anteriormente mencionados, el Legislador habría podido, en principio,   atribuir una función de esa naturaleza al Ministerio Público, obviamente   respetando las competencias de los otros órganos del Estado.    

“6- No hay pues   duda de que el Procurador, por sí o por medio de sus delegados o agentes, puede   intervenir, como órgano autónomo de control, en los procesos penales…”.    

3.4. La facultad   de intervención en el proceso penal puede ser ejercida directamente por el   Procurador General de la Nación, “cuando la importancia o trascendencia del   asunto requieran su atención personal”[30],   o a través de los Procuradores Delegados[31],   los Procuradores Judiciales con funciones de intervención en los procesos   penales[32],   los agentes especiales[33]  y los personeros distritales y municipales[34], en   los casos y ante las autoridades señaladas en las disposiciones citadas.    

3.5. Los marcos   de competencia funcional y operacional dentro de los cuales debe cumplirse esta   intervención, no solamente se encuentran establecidos en la ley, sino también en   las resoluciones expedidas por el Procurador General, como Supremo Director del   Ministerio Público, quien goza de una importante competencia de regulación   normativa en la fijación de políticas y criterios de intervención, cuyas   directrices deben ser acatadas por sus delegados y agentes.    

En relación con   la competencia residual de regulación normativa que le defiere el Legislador al   Procurador General de la Nación, la Corporación en la sentencia C-743 de 1998[35],   habló del “carácter imperativo del deber de fijar, por vía de reglamentación   general, los criterios de intervención necesaria ante las autoridades y en los   procesos judiciales y administrativos, en defensa del orden jurídico, del   patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, en desarrollo   del Artículo 277-7 C.P.”; precisando:    

“A juicio de esta   Corte, por tratarse de una competencia cuyo desarrollo es indispensable para   traducir los postulados constitucionales que se han  estudiado en   resultados concretos, que además actualiza y da concreción al marco funcional   que, conforme a la Constitución Política y a la ley, constituye la misión   institucional del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, como   su supremo director, tiene el deber constitucional de darle cumplido desarrollo.   Se trata de un instrumento de  importancia estratégica crítica para el   eficaz cumplimiento de tales funciones constitucionales y legales, y para   asegurar la coherencia, armonización y necesaria coordinación que debe existir   entre la gestión a cargo de las Procuradurías Delegadas, de las Procuradurías   Territoriales y de los agentes del Ministerio Público, atendidos, desde luego,   sus ámbitos de competencia  funcional, material y territorial”.    

3.6. No obstante,   debe tenerse en cuenta que las formas y posibilidades de intervención del   Ministerio Público en el proceso penal, estarán determinadas por el modelo de   enjuiciamiento que corresponda, atendiendo a la actual coexistencia en el   sistema penal colombiano de dos códigos de procedimiento, con modelos de   enjuiciamiento diferentes, sin que ello implique la variación de los fundamentos   y fines que enmarcan la razón de ser de su participación en el proceso penal, y   que consisten en la defensa del orden jurídico, la protección del patrimonio   público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales, como ya fue   indicado.       

En relación con   el sistema procesal inquisitivo que adoptó la Ley 600 de 2000, explicó la Sala   de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[36], que:    

“[…] desde la   perspectiva del modelo de enjuiciamiento establecido por la Ley 600 de 2000, por   virtud del papel que constitucional y legalmente le ha sido asignado, el   Ministerio Público, como sujeto procesal, tiene la facultad de participar   activamente en todo el trámite procesal, y en esa medida debe ser   obligatoriamente convocado a intervenir en él por los funcionarios judiciales, y   notificado de las decisiones que se adopten en el proceso, como forma de   asegurar el ejercicio de sus funciones, pues de llegar a ignorársele, resultaría   menoscabada, no sólo la validez del trámite, sino que se pondría en riesgo la   intangibilidad de los derechos y garantías fundamentales de los demás   intervinientes, la vigencia del ordenamiento jurídico y, eventualmente, el   patrimonio público.    

“[…]    

“El régimen   inquisitivo del anterior modelo, facilitaba y tornaba necesaria la intervención   de diversos actores del proceso con facultades y  pretensiones   sustancialmente distintas, y ello aconsejaba la presencia de un sujeto que diera   equilibrio a las partes. Recuérdese que el fiscal tenía la doble condición de   acusador y funcionario investido de jurisdicción, lo cual le permitía no   solamente limitar derechos fundamentales como la libertad, sino llevar a cabo el   ejercicio de la acción penal, de la cual se desprendía una vez quedaba en firme   la acusación por él proferida, para adquirir desde ese instante la condición de   sujeto procesal”.    

3.7. El Acto   Legislativo 03 de dos mil dos (2002), introdujo en el ordenamiento nacional el   sistema procesal acusatorio, y modificó algunas disposiciones de la Carta   Política, principalmente, el artículo 250 que señala las funciones de la   Fiscalía General de la Nación, e incluyó un parágrafo que aseguró la presencia   de la Procuraduría General de la Nación en el proceso penal, al establecer que “continuará   cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal,   las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”.   Acerca de este parágrafo, se pronunció la Corporación en la sentencia C-966 de   2003[37],   en el siguiente sentido:    

“[…] el parágrafo   del artículo 250, adosado a la Constitución por el artículo 2º del Acto   Legislativo 03 de 2002, es el resultado de una discusión planteada desde los   orígenes del proceso de adopción de la reforma constitucional referida, y que   giró en torno al papel de la Procuraduría General de la Nación en el desarrollo   del nuevo sistema acusatorio del proceso penal.    

“En un comienzo,   la idea consistía en replantear las funciones del Ministerio Público en el   proceso penal, ya que, tal y como se defendía en el proyecto presentado por el   Gobierno, al otorgarse a los jueces de garantías el control de la legalidad de   las medidas limitativas de derechos, la presencia del Ministerio Público dentro   del esquema propuesto era innecesaria.    

“No obstante, a   lo largo de las discusiones legislativas, la posición del Congreso respecto del   papel de la Procuraduría en el proceso penal varió al punto que en la segunda   vuelta, durante el debate en el Senado de la República, dicha célula legislativa   decidió permitir el ingreso del Ministerio Público al proceso penal con el fin   de armonizar sus funciones con aquellas que le confiere el artículo 277 de la   Carta y permitir, fundamentalmente, la conservación y protección de las   garantías sustanciales y procesales, de contenido individual y público, en el   desarrollo de los procesos penales tramitados en el país.    

“Por manera que   el asunto de si la Procuraduría debía [o] no intervenir en el proceso penal   acusatorio no surgió durante el penúltimo debate llevado a cabo en la Comisión   Primera del Senado de la República sino que fue objeto de reflexión y   consideración por parte de los Congresistas desde la presentación misma del   proyecto por parte del Gobierno Central.    

“El hecho de que   la decisión final no haya estado acorde con la propuesta inicial no desvirtúa el   aserto de que el tema estuvo siempre presente en el debate, prueba de lo cual   resulta que, precisamente, el Congreso cambió de parecer a la hora de aprobar su   redacción final.    

“[…]    

“Para esta   Corporación, la discusión acerca de la presencia de la Procuraduría en el   proceso penal tenía una finalidad específica y era determinar el alcance de la   protección de las garantías procesales –diferentes a la libertad del procesado–   y del interés público comprometido en el modelo judicial acusatorio. Así, el   marco conceptual dentro del cual se presentó dicho debate no era, en sí mismo,   el de la presencia de la Procuraduría en el proceso penal. Esta era apenas una   discusión instrumental dirigida a solucionar el problema de la preservación de   la legitimidad del proceso judicial en todos sus ámbitos.    

“Por la razón   anterior, la Corte considera que la ‘institución política objeto de reforma’,   a que se refiere el artículo 226 de la Ley 5ª cuando prohíbe las modificaciones   esenciales, no es la Procuraduría como agente del proceso penal sino la   protección de las garantías individuales y públicas en dicho proceso. Es en éste   contexto en el que el debate del Ministerio Público adquiere relevancia y   sentido práctico. Por ello, el Congreso, preocupado por garantizar en grado   máximo la legitimidad del proceso penal, decide ampliar y reforzar la gama de   protección ofrecida inicialmente por el juez de garantías y le permite al   Ministerio Público seguir ejerciendo las funciones asignadas por el artículo 277   de la Carta en el trámite de las diligencias penales bajo el nuevo sistema   acusatorio”.     

3.8. Bajo este   marco constitucional, fue promulgada la Ley 906 de 2004 “por la cual se   expide el Código de Procedimiento Penal”, que establece en el Libro I de   disposiciones generales, la siguiente estructura: Título I, jurisdicción y   competencia; Título II, acción penal; Título III, Ministerio Público; Título IV,   partes e intervinientes, en donde incluye a la Fiscalía General de la Nación, la   defensa, el imputado y las víctimas; Título V, deberes y poderes de los   intervinientes en el proceso penal, y Título VI, la actuación.  Obsérvese   que el Legislador no ubicó al Ministerio Público dentro de la categoría de parte   o interviniente sino que lo posicionó como un organismo propio que, conforme al   artículo 119 de la Ley, “intervendrá en el proceso penal cuando sea   necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los   derechos y garantías fundamentales”. En este sentido, señaló la Corte   Suprema de Justicia:     

“Si se repara, de   un lado, que el proceso acusatorio, siendo adversarial, exige que se conserve el   equilibrio y la igualdad entre las partes en contienda; y, de otro, que los   fines del Ministerio Público en las actuaciones judiciales deben cumplirse, en   cuanto resulte necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público,   o de los derechos y garantías fundamentales, deviene claro que su   intervención en el proceso penal es contingente  –en tanto puede o   no ejercerla– y que corresponde en la práctica a la de un sujeto   especial cuyas únicas pretensiones son la defensa del orden jurídico, la   protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos   fundamentales, que busca asegurar esos cometidos superiores, sin que le sea   permitido alterar el necesario equilibrio  de las partes principales del   proceso, que, en últimas, no pueden ser otras que la acusación y la defensa,   dado el carácter eminentemente contradictorio que el modelo ostenta, sin   perjuicio del compromiso que comparte con la Fiscalía de propender por la   garantía de los derechos de las víctimas” (negrillas y cursivas originales)[38].     

En este sentido,   el nuevo sistema ha sido calificado por la jurisprudencia como un proceso   adversarial modulado con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta   integralmente las características de un modelo acusatorio puro, sino que   mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que pretenden   responder a las necesidades y particularidades de la realidad colombiana[39].    

3.9. Bajo esta   condición de sujeto especial no fueron pocas las funciones generales y   específicas que la Ley 906 de 2004 le asignó a la Procuraduría. A tales   competencias se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2005[40], al   estudiar la constitucionalidad del artículo 79 del Código de Procedimiento   Penal, que reconoce en cabeza de la Fiscalía la facultad de archivar las   diligencias cuando se evidencia la inexistencia de delito. Esta norma se estimó   exequible bajo el entendido de que tal decisión del fiscal, sea “motivada y   comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus   derechos y funciones”[41].    

La anterior   conclusión se obtiene del estudio que desarrolla la providencia bajo cita,   acerca del lugar que ocupa el Ministerio Público en el sistema acusatorio   colombiano, en donde se recoge una relación detallada de las restantes   oportunidades y supuestos en los que la ley procesal penal autoriza la   participación de dicho órgano. Así las cosas, le compete al Ministerio Público:    

“[…] solicitar el cambio de radicación[42], recusar a   los funcionarios[43],   presentar querellas en los términos del artículo 71 de la Ley 906 de 2004[44],   estar presente en la destrucción del objeto material del delito[45], solicitar el   pronunciamiento definitivo sobre bienes cuando haya sido omitido[46],   solicitar medidas cautelares sobre bienes en procesos  en los que sean   víctimas menores de edad o  incapaces[47],   solicitar la apertura del incidente de reparación integral[48], solicitar la   práctica de pruebas anticipadas cuando esté ejerciendo funciones de policía   judicial, cuando se reúnan los requisitos del artículo 284 o [en] el evento   contemplado en el último inciso del artículo 357 de la Ley 906 de 2004[49],   solicitar el relevo del defensor discernido[50],   estar presente en todas las audiencias de la etapa de juzgamiento[51],   insistir en la admisión del recurso de casación[52], demandar la   agravación de la pena[53],   solicitar la acción de revisión[54],   solicitar la preclusión de la investigación cuando haya vencido el plazo en los   términos del artículo 294[55]  o cuando se presenten las causales establecidas en el artículo 332 de la Ley 906   de 2004[56],   efectuar solicitudes en la audiencia preliminar[57], presentar   argumentos en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento[58],   controvertir la prueba aducida por la Fiscalía en la audiencia de control de   legalidad de aplicación del principio de oportunidad[59], participar   en la audiencia de estudio de la solicitud de preclusión[60], recibir   copia del escrito de acusación […][61],   participar en la audiencia de formulación de la acusación[62], efectuar   solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria[63], solicitar al   juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba[64],   hacer oposiciones durante el interrogatorio[65],   una vez terminados los interrogatorios de las partes hacer preguntas   complementarias para el cabal entendimiento del caso[66], presentar   alegatos atenientes a la responsabilidad del acusado[67], intervenir   en todo lo relacionado con la ejecución de la pena[68], participar   en la aplicación de las penas accesorias[69]  y asistir a las diligencias en el territorio nacional[70] entre otras”.    

3.10. La Sala   Plena, en la sentencia C-144 de 2010[71],   teniendo en cuenta las diferentes funciones asignadas al Ministerio Público en   el proceso penal, precisó que no pueden ser interpretadas como piezas con las   cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del   procedimiento en cuestión.  Así las cosas, estimó:    

“51. […] como lo   ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en reciente   pronunciamiento, el “Ministerio Público, como interviniente, tiene unas   facultades limitadas en el curso del juicio oral, de acuerdo con las cuales   únicamente cuando observe la manifiesta violación de garantías y derechos   fundamentales puede solicitar el uso de la palabra ante el juez, y   excepcionalmente, con el único propósito de conseguir el ‘cabal conocimiento del   caso’, el Representante de la Sociedad también podrá interrogar a los testigos,   de lo cual se desprende que no tiene derecho a contrainterrogar y menos a   utilizar la técnica propia de este tipo de preguntas, pues aquella facultad no   lo autoriza para suplir las deficiencias de las partes ni para introducir   respuestas a interrogantes que fueran válidamente objetados entre ellas. Lo   contrario sería permitirle que tome partido por una de las partes o se recargue   y que en el juicio se desequilibre la igualdad que debe existir entre ellas”[72].    

“52. Las   consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el Ministerio   público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso penal.   Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una función de   doble cariz consistente en velar por el respeto de los intereses de la sociedad,   así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos al   proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los   condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia,   para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan el   sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del   procedimiento.    

“53. El ejercicio   de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la legalidad, así   como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás se le ha   instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y excesos a   favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con el   despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las condiciones   para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a Derecho”.    

3.11. En el marco   de un proceso penal adelantado contra una Procuradora Judicial de Santa Marta,   adscrita a una Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito   Especializado de esa ciudad y acusada del delito de prevaricato por omisión, en   razón de su silencio frente a la preclusión de la investigación decretada por la   Fiscal; la Corte Suprema de Justicia[73]  fijó los contornos de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal   regulado por la Ley 906 de 2004, en las fases de indagación, investigación y   juzgamiento.  Se hace trascripción in extenso de los apartes   pertinentes que guiarán la decisión del caso concreto:    

“Bajo este   panorama, frente al nuevo proceso, en la indagación, la investigación y el   juzgamiento, se le asignan diversas funciones relacionadas, algunas, con su   condición de garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y,   otras, que comprometen su gestión como representante de la sociedad[74].   Funciones, casi todas, signadas por la contingencia de su actuación, lo cual   significa que la legalidad del proceso o la existencia o validez de una   audiencia o diligencia determinada, no quedará comprometida en ausencia de su   ejercicio, siempre y cuando se le hubiere convocado con la debida antelación   a ella a fin de posibilitar su asistencia, pues es la forma como el modelo   asegura que pueda cumplir los cometidos que constitucional y legalmente le han   sido asignados (negrillas originales).    

“[…]    

“En relación con   la primera categoría de funciones[75],   esto es, la de garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales,   al Ministerio Público le corresponde, entre otras, las de ejercer vigilancia   sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías   fundamentales…    

“[…]    

“Pese a esta   amplia gama de facultades que de suyo justifican la participación del Ministerio   Público en las actividades investigativas de la Policía Judicial, sea que hayan   sido autónomamente dispuestas u ordenadas por la Fiscalía o un Juez de   Garantías, es lo cierto que por fuera del derecho que le asiste a que se le   informe y se le cite oportunamente a la práctica de las audiencias y   diligencias, no tiene jerarquía alguna sobre los jueces, fiscales o   funcionarios de policía judicial, de modo que el acceso a la información,   evidencias o elementos materiales recaudados, sólo puede lograrlo en las   oportunidades y condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe   sujetarse, pues lo contrario implicaría suponer que goza de privilegios frente a   la fiscalía, la defensa o las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso   equilibrado, con igualdad de armas entre acusación y defensa (negrillas   fuera de texto).    

“En ese orden   de ideas, no resulta factible, por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la   información recaudada por la Fiscalía o la defensa, cuando ni siquiera para   ellas se ha dado inicio a la fase de descubrimiento probatorio (negrillas   fuera de texto).    

“[…]    

“si al Delegado   de la Procuraduría no se lo convoca a las actuaciones en las que su presencia   resulta obligatoria, o no se le comunica la decisión de archivar la   investigación, resultan menoscabadas las posibilidades de ejercer actos de   vigilancia en pro de las víctimas, el ordenamiento jurídico o el patrimonio   público, razón de ser de su existencia” (negrillas originales).    

“[…]    

“1.3 De lo   expuesto se tiene que, aun cuando la enumeración de las facultades asignadas al   Ministerio Público en el marco de los códigos de procedimiento penal de 2000 y   2004, permite identificar marcadas coincidencias respecto de las actividades que   le compete desarrollar en la actuación penal, la forma distinta de caracterizar   su participación, como sujeto procesal en el primero, y como órgano propio   del proceso en el segundo, genera importantes diferencias en punto a la   forma en que desarrolla sus cometidos constitucionales, de defensa del orden   jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales del   procesado y la víctima (negrillas originales).    

“Es así como,   pese a que en los dos ordenamientos el legislador reserva al Procurador General   de la Nación, directamente o a través de sus delegados y agentes, la facultad de   decidir en cuáles asuntos ha de intervenir, su actividad resulta mucho más   amplia en el marco de la Ley 600 de 2000, en donde cuenta con total autonomía   para efectuar solicitudes probatorias y de postulación en orden a demostrar, en   las diferentes fases de la actuación y ante los distintos funcionarios   judiciales, su perspectiva valorativa acerca del compromiso de responsabilidad   penal del procesado o su inocencia frente a los cargos que se le imputan.    

“Opuestamente,   en la Ley 906 de 2004 su actividad es más contemplativa, asumiendo un rol   marcadamente pasivo pero vigilante, en el cual no cuenta con espacios para   formular su propia teoría del caso, ni para presentar solicitudes probatorias   dirigidas a su demostración en el curso del juicio oral, público y   contradictorio  (negrillas fuera de texto).    

“Tampoco le es   permitido interrogar a los testigos y en general suscitar discusiones en   desarrollo del debate, al punto que, con las salvedades anotadas, las únicas   facultades que en esta materia se le otorgan son las de solicitar la práctica de   pruebas de especial influencia en los resultados del juicio, que no hayan sido   pedidas por las partes[76], y de   efectuar preguntas complementarias a los testigos, una vez finalizados los   interrogatorios, llamadas exclusivamente a aportar elementos de juicio para el   cabal entendimiento del caso[77].    

“[…]    

“Naturalmente, la   facultad probatoria de la que el legislador quiso dotar al Ministerio Público en   desarrollo del modelo penal acusatorio, no deja de suscitar dificultades en su   aplicación, particularmente sobre la forma en que habría de instrumentalizarse,   que en la práctica conducen a negarle la posibilidad de hacer uso de ella.    

“De manera   similar, las facultades del Ministerio Público para presentar sus alegaciones al   final del debate probatorio, han de ser interpretadas con estricta sujeción a su   condición de órgano autónomo que lo faculta para participar en el juicio, motivo   por el cual lo que de él se espera es que enfatice en si el procedimiento ha   sido respetuoso de la legalidad y de los derechos y garantías del procesado y la   víctima, sin perjuicio de que pueda efectuar una evaluación de lo probado para   solicitar la absolución o la condena del convocado a juicio.    

“En idénticas   condiciones, si en los procesos seguidos bajo la égida de la Ley 600 de 2000 al   Ministerio Público en calidad de sujeto procesal le asiste legitimidad para   impugnar los autos interlocutorios o las sentencias –bien absolutorias o   condenatorias–, a partir de la filosofía que inspira el proceso rituado en la   Ley 906 de 2004, se concluye que en esa sistemática procesal cuenta con la misma   potestad, en la medida que así lo exijan los propósitos misionales que la   Constitución le traza, en defensa del orden jurídico, de los intereses de la   sociedad, o como garante de los derechos fundamentales (negrillas originales).    

“[…]    

“En síntesis, su   intervención en este modelo de enjuiciamiento siempre estará presidida por la   vigencia de los bienes jurídicos cuya guarda se le encomendó, lo cual explica   que su participación no alcance la plenitud de la calidad de parte, razón por la   cual el código expresamente autoriza su presencia para convalidar o legitimar   los actos que afectan las garantías fundamentales; faculta su intervención   frente a la disposición y el ejercicio de la acción penal; permite su   participación activa en la realización de las audiencias; le concede cierta   participación en la dinámica probatoria; le encomienda de manera especial y   específica la protección de los intervinientes procesales; le otorga capacidad   de ingerencia (sic) en lo relacionado con la privación de la libertad; le   encarga la protección de la legalidad de las decisiones judiciales; y, lo erige   como garante de la imparcialidad, de la independencia judicial y del juez   natural; para lo cual dispone frente a esos cometidos constitucionales de las   acciones y recursos previstos en el ordenamiento”[78].    

3.12. La Sala   Primera de Revisión de Tutelas de la Corporación, en la sentencia T-293   de 2013[79],   luego de señalar las características más sobresalientes que gobiernan el sistema   penal acusatorio colombiano consagrado en la Ley 906 de 2004, “Por la cual se   expide el Código de Procedimiento Penal”, analizó el rol que cumplen el   fiscal, la defensa, el juez control de garantías, el Ministerio Público y la   víctima.  En lo que tiene que ver con el Ministerio Público, recordó que es   un sujeto especial y discreto, y que el ejercicio de sus   competencias dentro del proceso penal debe realizarse con total respeto por las   garantías procesales constitucionales y de conformidad con la ley, retomando el   estudio emprendido en la sentencia C-144 de 2010, anteriormente citada[80].    

3.13. En   conclusión, la Ley 906 de 2004 se refirió a las funciones del Ministerio Público   en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento en el proceso penal,   posicionándolo como “sujeto especial” y no como parte o interviniente, aun   cuando reiteró sus facultades de intervención, cuando sea necesario, en defensa   del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías   fundamentales, en coherencia con el numeral 7° del artículo 277 constitucional.    Ello implica que el acceso a la información, las evidencias o los elementos   materiales recaudados por las partes, se restrinja a las oportunidades y   condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe sujetarse, pues lo   contrario, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia, implicaría suponer   que goza de privilegios frente a la fiscalía, la defensa o las víctimas, lo cual   repugna con la idea de proceso equilibrado, con igualdad de armas entre   acusación y defensa.        

4. El Fiscal 11 Seccional de la   Unidad de Vida no vulneró los derechos fundamentales de la Procuradora 240   Judicial Penal I, en su condición de agente especial, al negarle el acceso a la   carpeta correspondiente a las diligencias radicadas bajo el consecutivo   201215360, que se encuentran en la etapa de indagación    

4.1. El   veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), la Procuradora 240 Judicial   Penal I fue designada por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en   Asuntos Penales, para intervenir en representación del Ministerio Público, en   calidad de agente especial, dentro de la actuación No. 110016000017-201215360   que se adelantaba en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida, por el   homicidio del joven BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS, para efectos de control de la   gestión[81].  En   dicha designación se indica: “El agente designado velará por el respeto al   ordenamiento jurídico, los derechos y garantías fundamentales y su intervención   deberá ceñirse a lo preceptuado en la resolución No. 202 de 2003 y/o 484 de   2005, proferida por el Señor Procurador General de la Nación, así como a las   directrices emanadas de la Delegada, sin perjuicio de las funciones y   obligaciones constitucionales y legales que su cargo le impone”[82].    

Según señaló la accionante, una   vez hizo presencia en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida, fue   informada por la titular del despacho que la actuación había sido reasignada a   la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida, a donde acudió para comunicar su   designación de agente especial. Sin embargo, no logró acceder a la información   requerida y, en su lugar, le fue entregado un oficio suscrito el diez (10) de   abril de dos mil trece (2013) por Antonio Luis González, Fiscal 11 Seccional de   la Unidad de Vida, en el que le indicaba “que en virtud de la orientación   jurisprudencial que en dicho documento cita, ‘el Ministerio Público no tiene   acceso material a la carpeta que maneja la parte Fiscalía General de la Nación,   por lo tanto ese Despacho [le] informará sobre la realización de audiencias a   desarrollar sobre esa investigación para que ejerza el rol pertinente’”[83] (negrillas   originales).    

En razón de lo anterior, planteó   la Procuradora 240 Judicial Penal I su inconformidad en sede de tutela, por   entender que ella “en representación del Ministerio Público, como garante de   la sociedad, en ejercicio del control de gestión de la administración de   justicia, y en especial delegada para actuar en calidad de Agente Especial, debe   tener derecho a acceder a la información que reposa en la carpeta, puesto que   [se] encuentr[a] revestida de la potestad de practicar visita a la actuación,   con el propósito de atender en debido forma la función propia del cargo”[84].    

4.2. Las facultades y funciones   del Ministerio Público están reguladas en los artículos 109[85], 110[86], 111[87] y 112[88] de la Ley 906 de 2004 y,   como fue señalado anteriormente, en las etapas de indagación, investigación y   juzgamiento penal actúa en condición de sujeto especial.    

4.3. El artículo 36 del Decreto   Ley 262 de 2000[89],   regula la coordinación de la intervención ante las autoridades judiciales de los   agentes de la Procuraduría, en los siguientes términos: “El Procurador   General asignará a los procuradores delegados funciones de coordinación y   vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades judiciales   que realicen los diferentes funcionarios de la Procuraduría y los personeros.   Estos delegados podrán desplazar a los respectivos agentes, asumiendo   directamente la intervención judicial, si lo consideran necesario, o designando,   ocasionalmente, agentes especiales. Igualmente, podrán desplazar a los   personeros distritales y municipales, ordenando la intervención de procuradores   judiciales” (negrillas fuera de texto).    

4.4. La Resolución No. 017 del   cuatro (4) de marzo de dos mil (2000), emanada del Procurador General de la   Nación, dispone en el artículo 29 la distribución de la función de coordinación   de la intervención de las autoridades judiciales: “La función de coordinación   establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 se distribuye dependiendo   de la especialidad de los procuradores judiciales que coordinan, en las   siguientes Procuradurías Delegadas: || – Procuraduría Delegada para el   Ministerio Público en Asuntos Penales…”.    

4.5. La Resolución No. 202 del   veintiocho (28) de abril de dos mil tres (2003), proferida por el Procurador   General de la Nación, reglamenta las intervenciones mínimas obligatorias de   quienes actúan en representación del Ministerio Público en los procesos   adelantados por la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar,   por delitos que afectan severamente las normas de convivencia en el territorio   nacional, especialmente en materia de derechos humanos, menoscabo al patrimonio   público y aquellos en los que el sujeto pasivo sea un menor de edad[90]. Precisa en el artículo   1, que “[q]uien represente al Ministerio Público deberá cumplir celosamente   las obligaciones previstas en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución   Política, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal Militar, el   Decreto 262 de 2000, las Resoluciones expedidas por el Procurador General de la   Nación y las demás normas vigentes, para lo cual desplegará la actividad   necesaria en defensa del orden jurídico y las garantías de las personas que   intervienen en el proceso…”[91]  (negrillas fuera de texto).    

4.6. El artículo 1 de la   Resolución No. 484 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil cinco (2005),   del Procurador General de la Nación, establece que “[e]l Ministerio Público,  como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, y como   representante de la sociedad, intervendrá en las actuaciones procesales penales   cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de   las garantías fundamentales. || La intervención se efectuará a través de las   Procuradurías Delegadas para la Casación Penal, las Procuradurías Delegadas para   la Investigación y Juzgamiento Penal, la Procuraduría Delegada para el   Ministerio Público en Asuntos Penales, los Procuradores Judiciales en lo Penal,   los Personeros Distritales y Municipales, y los agentes especiales”   (negrillas fuera de texto).    

4.7. La Resolución No. 224 del dos   (2) de septiembre de dos mil once (2011), emanada de la Procuradora Delegada   para el Ministerio Público en Asuntos Penales, reitera en el artículo 1 la   competencia del Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para   el Ministerio Público en Asuntos Penales, para designar agentes especiales en   las actuaciones judiciales, y señala en el artículo 2 “que por regla general   la intervención de los Procuradores Judiciales Penales I y II es de carácter   ordinario y solo por excepción se constituyen agencias especiales”. Conforme   al artículo 4, tal designación “impone una intervención mínima obligatoria,   conforme a lo previsto en las resoluciones 202 de 2003, artículo segundo y   parágrafo, y 484 de diciembre de 2005, sin perjuicio de las demás intervenciones   que se estimen necesarias para el cumplimiento de una adecuada representación   del Ministerio Público” (negrillas fuera de texto).    

Entre otros asuntos, la Resolución   224 regula la duración de la agencia especial en los siguientes términos: “La   designación de un Procurador Judicial penal como Agente Especial, comporta la   representación del Ministerio Público en todas las instancias procesales de la   actuación judicial. || Por consiguiente, el Agente Especial ostenta la   representación del Ministerio Público en la actuación judicial hasta que se   produzca el acto de relevo o cancelación de la Agencia Especial, proferida por   la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales o por el   señor Procurador General de la Nación, en los casos que así se amerite”.    

4.8. Como puede observarse, las   normas que con antelación fueron descritas y que hacen referencia a la categoría   de “agentes especiales” de la Procuraduría General de la Nación, se enmarcan en   la función constitucional que establece el numeral 7° del artículo 277 Superior,   en el sentido de “[i]ntervenir en los procesos y ante las autoridades   judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden   jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.   Esta función es claramente diferenciable de la “vigilancia de la conducta   oficial de quienes desempeñan funciones públicas”, consagrada en el artículo   118 de la Constitución Política, y que es reiterada en el numeral 6° del   artículo 277[93].    

Debe precisarse que el Decreto Ley   262 de 2000, a partir del artículo 23, estableció las diferentes funciones que   cumplen las procuradurías delegadas, a saber: (i) funciones preventivas y   de control de gestión[94];  (ii) funciones disciplinarias[95];  (iii) funciones de protección y defensa de los derechos humanos[96]; (iv)  funciones de intervención ante las autoridades administrativas[97]; (v) funciones de   intervención ante las autoridades judiciales[98],   entre ellas, funciones de intervención judicial en procesos penales[99], en procesos   contencioso administrativos[100],   en procesos civiles y agrarios[101],   en procesos de familia[102]  y en procesos laborales[103];  (vi) funciones de intervención ante el Consejo Superior de la Judicatura[104], y   (vii)  funciones de intervención ante el Congreso de la República[105].    

4.9. Con el escrito de tutela se   anexa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece   (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en   Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa[106], en donde se lee:    

“En ejercicio   de la facultad derivada del artículo 36 del Decreto Ley 262 de febrero 22 de   2000[107],   en concordancia con el artículo 29 de la Resolución 017 del 4 de marzo de la   misma anualidad, proferida por el señor Procurador General de la Nación,   verificado los requisitos establecidos en el artículo 9° de la Resolución 484 de   2005, y teniendo en consideración la connotación de los hechos, se dispone   CONSTITUIR la presente Agencia Especial y DESIGNAR a la Procuraduría 240   Judicial Penal de Bogotá, para que en calidad de agente especial intervenga   en representación del Ministerio Público dentro del radicado No.   110016000017201215360 que se adelanta en la Fiscalía 52 seccional de la Unidad   de Vida de esta ciudad, por el homicidio de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS. ||   El Agente Especial comunicará de inmediato su designación como tal al Despacho   judicial que adelanta la actuación y para efectos de control de gestión, rendirá   informes periódicos a esta delegada, atendiendo lo dispuesto en la resolución   224 del 02 de septiembre de 2011. || El agente designado velará por el respeto   al ordenamiento jurídico, los derechos y garantías fundamentales y su   intervención deberá ceñirse a lo preceptuado en la resolución No. 202 de 2003   y/o 484 de 2005, proferida por el Señor Procurador General de la Nación, así   como a las directrices emanadas de la Delegada, sin perjuicio de las funciones y   obligaciones constitucionales y legales que su cargo le impone” (mayúsculas   originales).    

De acuerdo a la anterior agencia   especial, puede concluirse que a la Procuraduría 240 Judicial Penal I de Bogotá,   le fueron asignadas las funciones de intervención judicial en procesos penales,   en el caso específico, concretadas al radicado No. 110016000017-201215360 que   adelanta la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá y, por ende, se   le confió la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los   derechos y garantías fundamentales. Es así, como su labor se circunscribe en el   numeral 7° del artículo 277 de la Constitución Política y en los artículos 109,   110, 111 y 112 de la Ley 906 de 2004, anteriormente trascritos.    

En este marco funcional se   comprende por qué la actuación de la Procuradora, que es un sujeto especial en   las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley   906 de 2004, debe circunscribirse a las diligencias y actuaciones que son de su   competencia y bajo las condiciones procesalmente establecidas, para lo cual debe   ser informada oportunamente ya sea por el fiscal, el juez o la policía judicial,   por el medio más expedito. El acceso ilimitado a toda la información, evidencias   o elementos materiales recaudados por la Fiscalía en la etapa de la indagación,   fase que es previa al descubrimiento probatorio que tiene lugar dentro de la   audiencia de formulación de acusación[108], como bien lo señala el   funcionario accionado, puede afectar su teoría del caso y, con ello, el   principio de igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y la   defensa, “cuyo desarrollo implica una ampliación tanto de las garantías para   preparar una defensa técnica estratégica, como de la carga de la Fiscalía para   sustentar probatoriamente la acusación”, tal como fue sostenido por la   Corporación en la sentencia C-536 de 2008[109].   En esa oportunidad, señaló:    

“[…] la Corte   ha resaltado la circunstancia de que desde el punto de vista metodológico, el   principio de igualdad de armas responde a la lógica que impone la metodología de   investigación de los sistemas penales de tendencia acusatoria, ya que en este   sistema ambas partes procesales, tanto [a] la Fiscalía como al imputado o   acusado, le es dable recaudar material probatorio durante la etapa de   investigación, así como solicitar y controvertir pruebas en la etapa de juicio,   lo cual pone en evidencia el papel diligente y activo que se le otorga al   imputado y acusado en materia probatoria durante las diferentes etapas del   proceso penal. A este respecto, esta Corporación ha expresado: || ‘En efecto,   a diferencia del sistema de tendencia inquisitiva adoptado por la Constitución   de 1991, y que aún rige en buena parte del país, en el que la Fiscalía ejercía   –a un tiempo– función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el   nuevo sistema procesal penal el rol del ente de investigación se ejerce con   decidido énfasis acusatorio, gracias a lo cual, pese a que su participación en   las diligencias procesales no renuncia definitivamente a la realización de la   justicia material, el papel del fiscal se enfoca en la búsqueda de evidencias   destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual   constituye el distintivo del método adversarial’”[110].     

4.10. Así las cosas, la Sala   observa que la limitación que en el nuevo sistema de indagación e investigación   penal se establece para que el Ministerio Público acceda a la información,   evidencias o elementos materiales recaudados por la Fiscalía, no va en   detrimento de sus funciones de defensa del orden jurídico, del patrimonio   público, o de los derechos y garantías fundamentales, ni vulnera sus derechos   fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,   debido a que hay otras oportunidades y supuestos en los que la   ley procesal penal autoriza la participación de dicho órgano, entre otras,   (i)  está facultado para presentar argumentos en la audiencia de solicitud de   imposición de medida de aseguramiento[111];  (ii) puede controvertir la prueba aducida por la Fiscalía en la audiencia   de control de legalidad de aplicación del principio de oportunidad[112];  (iii) puede solicitar la preclusión de la investigación cuando haya   vencido el plazo en los términos del artículo 294[113] o cuando se   presenten las causales establecidas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004[114],   y participar en la audiencia de estudio de la solicitud de preclusión[115];  (iv) puede recibir copia del escrito de acusación[116]; (v)  puede participar en la audiencia de formulación de la acusación[117];  (vi) puede participar en todas las audiencias que se desarrollen durante   la etapa de juzgamiento[118];  (vii) está facultado para realizar solicitudes probatorias en la   audiencia preparatoria[119],   y para solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios   de prueba[120];  (viii) puede hacer oposiciones durante el interrogatorio[121],   y una vez terminados los interrogatorios de las partes hacer preguntas   complementarias para el cabal entendimiento del caso[122]; (ix)  está facultado para presentar alegatos acerca de la responsabilidad del acusado[123];  (x) puede insistir en la admisión del recurso de casación[124],   demandar la agravación de la pena[125]  y solicitar la acción de revisión[126];  (xi) puede intervenir en todo lo relacionado con la ejecución de la pena[127];  (x) puede participar en la aplicación de las penas accesorias[128],   y (xi) está facultado para asistir a las diligencias en el territorio   nacional[129].    

En este orden de ideas, encuentra   la Sala que la actuación del Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá,   de limitar el acceso a la carpeta contentiva de la información por él acopiada   en la fase de indagación, a la Procuradora 240 Judicial Penal I, en su condición   de agente especial, no comprometió las funciones que el Ministerio Público debe   cumplir en el proceso penal, conforme al artículo 111 de la Ley 906 de 2004,   como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, y como   representante de la sociedad. Al contrario, la conducta del ente fiscal, a quien   corresponde “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la   investigación de los hechos que revistan las características de un delito”[130]  está justificada en razón de su función de “[a]segurar los elementos   materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su   contradicción”, conforme al artículo 250 constitucional, que materializa el   debido proceso, en su faceta de legalidad de las formas[131]. Entonces, la actuación   del Fiscal está lejos de ser considerada arbitraria o caprichosa, por configurar   un defecto sustantivo o procedimental; asimismo, está lejos de desconocer el   precedente constitucional o de constituir una violación directa a la   Constitución.    

5. Conclusión    

En atención a lo anterior, se   concluye que el Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá no vulneró   los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de   justicia de la Procuradora 240 Judicial Penal I, al negarle el acceso a la   carpeta correspondiente a las diligencias radicadas bajo el consecutivo   201215360 y que se encontraban en la fase de indagación, toda vez que en el   sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley 906   de 2004, el Ministerio Público es un “sujeto especial” y su conducta debe   circunscribirse a las diligencias y actuaciones que son de su competencia y bajo   las condiciones procesalmente establecidas.    

En razón de ello, la Sala Primera de Revisión   confirmará los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala Penal del   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en segunda instancia, por   la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que   negaron la tutela solicitada por Karime Chávez Niño, en su   condición de Procuradora 240 Judicial Penal I de Bogotá.    

III. DECISIÓN    

En mérito de   lo expuesto, la Sala Primera de Revisión, administrando justicia en nombre del   pueblo y por mandato de la Constitución Política,    

RESUELVE:    

Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos   decretada en este proceso por medio de Auto del veintisiete (27) de   noviembre de dos mil trece (2013).    

Segundo.- CONFIRMAR las sentencias del   veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013) y del seis (6) de junio de dos   mil trece (2013), proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del   Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte   Suprema de Justicia, respectivamente, que negaron la acción de tutela   interpuesta por Karime Chávez Niño, en su condición de Procuradora 240 Judicial Penal   I, contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de   Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia.    

Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE  las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.    

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en   la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.    

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA    

Magistrada    

MAURICIO GONZÁLEZ   CUERVO    

Magistrado    

Magistrado    

SONIA MIREYA VIVAS   PINEDA    

Secretaria General (E)    

[1] Folio 10 del   cuaderno principal.  En adelante, los folios que se refieran harán parte   del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.    

[2] A folio 12 se   observa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil   trece (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en   Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa.    

[3] Obrante a folios   15 al 21.    

[4] Ver Oficio del   diez (10) de abril de dos mil trece (2013) suscrito por el doctor Antonio Luis   González obrante a folios 13 y 14.  Dicha posición se fundamenta en una   sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de   octubre de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos   Martínez, que en torno a la función del Ministerio Público en la Ley 906 de   2004, plantea: “[…] de modo que el acceso a la información, evidencia o   elementos recaudados, solo puede lograrlo en las oportunidades y condiciones   procesalmente establecida (sic), a las cuales debe sujetarse, pues lo contrario   implicaría suponer que goza de privilegios frente a la Fiscalía, la defensa o   las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso equilibrado con igualdad de   armas entre acusación y defensa. || En este orden de ideas no resulta factible,   por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la información recaudada por la   Fiscalía o la defensa cuando ni siquiera para ella se ha dado inicio a la fase   de descubrimiento probatorio”.    

[5] Folio 4.    

[6] Folio 4.    Ver Memorando 000015 del veinticinco (25) de abril de dos mil uno (2001)   suscrito por el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá, obrante a folio 22.    

[7] Folio   6.    

[8] Folios 29 al 39.    

[9] Folio 29.    

[10] Folio 29.    

[11] Folio   29.    

[12] Folio   30.    

[13] Folio 30.    Sustenta su posición en las siguiente decisiones: Corte Constitucional,   sentencias C-1154 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y C-144 de 2010 (MP   Juan Carlos Henao Pérez), y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de   Justicia, sentencia del 5 de octubre de 2011, radicado 30592, MP José Leonidas   Bustos Martínez.    

[14] Folios 40 al 50.    

[15] Folios   46 y 47.    

[16] Folios 53 al 60.    

[17] Folio   57.    

[18] Folios 58 y 59.    

[19] Folios 3 al 21 del   cuaderno 2.    Señaló que “[e]n el caso sub-exámine la Sala confirmará el fallo impugnado   porque pronto se advierte la ausencia del mencionado presupuesto porque la   doctora KARIME CHÁVEZ NIÑO, Procuradora 240 Judicial Penal I de Bogotá, no logra   demostrar de qué manera se le estén vulnerando las garantías fundamentales que   pretende proteja el juez de tutela, si se tiene en cuenta que la información   suministrada por el despacho judicial accionado, infiere la Sala que la   investigación que cursa con ocasión a los hechos en los que perdió la vida quien   correspondía al nombre de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ, se viene adelantando conforme a   los parámetros establecidos en la Ley 906 de 2004 y que hace inferir a la Sala   que se le está garantizando el debido proceso”.  Agregó, además, que en la   comunicación mediante la cual le fue negada a la Procuradora el acceso a la   carpeta contentiva de la investigación, la Fiscalía 11 de la Unidad de Vida   manifestó que oportunamente se le informará sobre la realización de las   audiencias propias del proceso para que en ellas actúe el Ministerio Público   conforme a la ley.    

[20] Folios   13 y 14 del cuaderno de revisión.    

[21] Folios 5 y 6 del   cuaderno de revisión.    

[22] Folio 29 del   cuaderno de revisión.    

[23] Sentencia de la   Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de octubre   de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos Martínez.    

[24] El   artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, establece: “Recursos ordinarios.   Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. || Salvo la sentencia la   reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera   oral e inmediata en la respectiva audiencia. || La apelación procede, salvo los   casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo   de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria”.    

[25] Los   recursos de casación y revisión son procedentes, el primero, contra las   sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por   delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (artículo 181 de la   Ley 906 de 2004) y, el segundo, contra sentencias ejecutoriadas, en los casos   señalados en el artículo 192 ibíd.    

[26] Artículos 118,   277 y 278 de la Constitución Política. De acuerdo al artículo 118 “[e]l   Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el   Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio   público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y   por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público   corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del   interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan   funciones públicas”.  Acerca de la naturaleza jurídica del Ministerio   Público en la Constitución de 1991, puede consultarse la sentencia C-743 de 1998   (MP Fabio Morón Díaz).    

[27] El artículo 122   de la Ley 600 de 2000, que fija las pautas de intervención del Ministerio   Público en el proceso penal, establece: “El Ministerio Público actuará dentro   del proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los   derechos y garantías fundamentales, podrá intervenir en todas las etapas de la   actuación, con plenas facultades de sujeto procesal y será ejercido por el   Procurador  General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados”.       

[28] El artículo 109   de la Ley 906 de 2004, que regula a su turno la intervención del Ministerio   Público en el proceso penal, plantea en su inciso primero: “El Ministerio   Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del   orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías   fundamentales. El Procurador General de la Nación directamente o a través de sus   delegados constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y   relevante importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por su   despacho, y sin perjuicio de que actúe en los demás procesos penales”.     

[29] MP Alejandro   Martínez Caballero (unánime).    

[30] Ver el artículo 7   numeral 17 del Decreto Ley 262 de 2000, “Por el cual se modifican la estructura   y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de   Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la   Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el   régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades   e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones   administrativas a las que se encuentren sujetos”.    

[31] El artículo 29   del Decreto Ley 262 de 2000 señala las funciones de intervención judicial que   cumplen los procuradores delegados en procesos penales como Ministerio Público.    

[32] Ver el artículo   42 del Decreto Ley 262 de 2000.    

[33] El artículo 110 de la   Ley 906 de 2004, establece: “De la agencia especial. La constitución de «agente   especial» del Ministerio Público se hará de oficio o a petición de cualquiera de   los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional”.    

[34] Al respecto,   puede consultarse el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993, “por el cual se dicta   el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”; el artículo   178 de la Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar   la organización y el funcionamiento de los municipios”; el artículo 123 de la   Ley 600 de 2000, y el artículo 109, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004.    

[36] Sala de Casación   Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia del cinco   (5) de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos Martínez. pp.   31-32.  La Corporación en esta providencia hizo un estudio de las funciones   del ministerio público en el proceso penal regulado en la Ley 600 de 2000 y en   la Ley 906 de 2004, en el marco de un proceso adelantado contra la Procuradora   44 Judicial II de Santa Marta, adscrita a la Fiscalía Tercera Delegada ante los   Juzgados Penales del Circuito Especializado de esa ciudad; acusada del delito de   prevaricato por omisión, en razón de su silencio frente a la resolución de   preclusión de la investigación decretada por la Fiscal a favor de las personas   vinculadas al proceso, en el cual, finalmente, fue absuelta de los cargos que le   fueron formulados.    

[37] MP Marco Gerardo   Monroy Cabra (AV Jaime Araujo Rentería). En esa oportunidad se declaró exequible   el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002, únicamente en cuanto a la   inserción del parágrafo del artículo 250 de la Constitución Política, pero   exclusivamente por los cargos analizados en la providencia.    

[38] Sala   de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia   del cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos   Martínez. pp. 34-35.    

[39] Cfr.   las sentencias C-873 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-591 de 2005 (MP   Clara Inés Vargas Hernández; SPV Alfredo Beltrán Sierra),   C-1194 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-454 de 2006 (MP Jaime Córdoba   Triviño), C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-396 de 2007 (MP   Marco Gerardo Monroy Cabra; SV Nilson Pinilla Pinilla), C-186 de 2008 (MP Nilson   Pinilla Pinilla; SV Jaime Araujo Rentería; AV Clara Inés Vargas Hernández),   C-025 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV Jaime Araujo Rentería), C-144 de 2010   (MP Juan Carlos Henao Pérez), C-260 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),   entre otras.  En la sentencia C-591 de 2005 se precisó que “el   nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes   procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado,   un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de   unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su   inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y   por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y   la víctima.  Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las   partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar   al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la   de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la   aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del   respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de   aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la    verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación   integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales   que hacen parte del bloque de constitucionalidad”.    

[40] MP   Manuel José Cepeda Espinosa (AV Jaime Araujo Rentería). En esta providencia se   estudió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 15   (parcial), 16 (parcial), 79, 177 (parcial), 274, 284, 285, 288 (parcial), 290 (parcial),   291, 306 (parcial), 308 (parcial), 327 (parcial), 337, 383 (parcial), 435, 436 y   455 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento   Penal”.    

[41] Es decir, que el archivo del expediente por parte del   fiscal que conoce del asunto, procederá cuando “constate que no existen motivos o circunstancias   fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible   existencia como tal”, y debe ocurrir siempre y cuando dicha caracterización   corresponda a la tipicidad objetiva y a la decisión del archivo de las   diligencias de forma motivada y comunicada tanto al denunciante como al   Ministerio Público.  Cfr. sentencia C-1154 de 2005, apartado 4.8.    

[42] Artículo 47 de la Ley 906 de 2004.    

[43] Artículo 61de la   Ley 906 de 2004.    

[44] Artículo 71 de la   Ley 906 de 2004.    

[45] Artículo 87 de la   Ley 906 de 2004.    

[46] Artículo 90 de la   Ley 906 de 2004.      

[47] Artículo 92 de la   Ley 906 de 2004.  En la sentencia C-210 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy   Cabra;  AV Nilson Pinilla Pinilla), se estimó la constitucional de la   limitación de la intervención del Ministerio Público dispuesta en el artículo 92   para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a favor de   menores de edad e incapacitados, víctimas de hechos punibles. Se sostuvo que   dicha medida se encuentra exequible y no crea un trato desigual ilegítimo frente   a las víctimas adultas, pues en este caso el llamado a proteger sus intereses,   es, según la Constitución, la propia Fiscalía. Por esta razón, la medida legal   juzgada representa una manifestación del poder de configuración legislativa, que   además incluye una discriminación positiva que por las características   específicas de los sujetos a favor de quienes se crea, reclaman una protección   especial, en este caso representada por la competencia atribuida al Ministerio   Público.    

[48] Artículo 102 de   la Ley 906 de 2004.    

[49] Artículos 112 y   284 de la Ley 906 de 2004. Por medio de la sentencia C-591 de 2005 (MP Clara   Inés Vargas Hernández; SPV Alfredo Beltrán Sierra) la Corte declaró exequible el   artículo 284 al considerar que no vulnera el principio de inmediatez de la   prueba.    

[50] Artículo 122 de   la Ley 906 de 2004.    

[51] Artículos 149 y   355 de la Ley 906 de 2004.    

[52] Artículo 184 de   la Ley 906 de 2004.    

[53] Artículo 188 de   la Ley 906 de 2004.    

[54] Artículo 193 de   la Ley 906 de 2004.    

[55] Artículo 294 de   la Ley 906 de 2004.    

[56] Artículo 332 de   la Ley 906 de 2004.    

[57] artículo 357 de la   Ley 906 de 2004.    

[58]  Artículo 306 de la Ley 906 de 2004.     

[59]  Artículo 327 de la Ley 906 de 2004.     

[60]  Artículo 333 de la Ley 906 de 2004.     

[61]  Artículo 337 de la Ley 906 de 2004. La disposición normativa incluía un   condicionamiento en el sentido de que la entrega de la copia del escrito de   acusación era “con fines únicos de información”, expresión que fue declarada   inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-209 de 2007 (MP   Manuel José Cepeda Espinosa).    

[62] Artículo 339 de   la Ley 906 de 2004.    

[63] Artículo 357 de   la Ley 906 de 2004.    

[64] Artículo 359 de   la Ley 906 de 2004.     

[65] Artículo 395 de   la Ley 906 de 2004.     

[66] Artículo 397 de   la Ley 906 de 2004.    

[67] Artículo 443 de   la Ley 906 de 2004.    

[68] Artículo 459 de   la Ley 906 de 2004.    

[69] Artículo 462 de   la Ley 906 de 2004.    

[70] Artículo 486 de   la Ley 906 de 2004.    

[72] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.   Sentencia de veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009), Proceso No. 30782 (cita original).    

[73] Sala de Casación   Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia del cinco   (5) de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos Martínez.    

[74] Artículo 111 num.   2° de la Ley 906 de 2004.    

[75] Artículo 111 num.   1° de la Ley 906 de 2004.    

[76]  Artículo 357 de la Ley 906 de 2004.    

[77]  Artículo 397 ibídem.    

[78] Ibíd., pp. 31-54.    

[79] MP María Victoria   Calle Correa.    

[80] En la sentencia T-293 de 2013, resolvió   la Sala Primera de Revisión la solicitud de amparo interpuesta por los   Procuradores 21 y 24 Judiciales II, constituidos en agentes especiales en el   proceso penal radicado con el número 201200105, contra el Juzgado Segundo Penal   del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por considerar que dicho   órgano judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la   tutela judicial efectiva de la Procuraduría General de la Nación, al revocar la   medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por el Juzgado 60   Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a un ciudadano imputado por   la comisión de varios punibles que afectan la administración pública y la   seguridad pública.   Concluyó que “la   participación del Ministerio Público en la audiencia de solicitud de imposición   de medida de aseguramiento, está reglada por lo que establece el artículo 277   superior que determina que la función de este órgano estatal está relacionada   con la intervención en los procesos y ante las autoridades judiciales o   administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del   patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, pero también   por los límites propios que le impone el legislador penal en la Ley 906 de 2004,   como quiera que es un interviniente sui generis que puede abogar por los   derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin sustituir ni al Fiscal ni a   la defensa” (negrillas fuera de texto). En este orden de ideas, se   confirmaron las sentencias de los jueces de instancia que habían negado la   solicitud de amparo instaurada por los procuradores.    

[81] A folio 12 se   observa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil   trece (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en   Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa, en donde se lee: “En ejercicio de   la facultad derivada del artículo 36 del Decreto Ley 262 de febrero 22 de 2000,   en concordancia con el artículo 29 de la Resolución 017 del 4 de marzo de la   misma anualidad, proferida por el señor Procurador General de la Nación,   verificado los requisitos establecidos en el artículo 9° de la Resolución 484 de   2005, y teniendo en consideración la connotación de los hechos, se dispone   CONSTITUIR la presente Agencia Especial y DESIGNAR a la Procuraduría 240   Judicial Penal de Bogotá, para que en calidad de agente especial intervenga en   representación del Ministerio Público dentro del radicado No.   110016000017201215360 que se adelanta en la Fiscalía 52 seccional de la Unidad   de Vida de esta ciudad, por el homicidio de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS. || El   Agente Especial comunicará de inmediato su designación como tal al Despacho   judicial que adelanta la actuación y para efectos de control de gestión, rendirá   informes periódicos a esta delegada, atendiendo lo dispuesto en la resolución   224 del 02 de septiembre de 2011…” (mayúsculas originales).    

[82] Folio   12 del cuaderno de revisión.    

[83] Ver oficio del   diez (10) de abril de dos mil trece (2013) suscrito por el doctor Antonio Luis   González obrante a folios 13 y 14.  Dicha posición se fundamenta en una   sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de   octubre de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos   Martínez, que en torno a la función del Ministerio Público en la Ley 906 de   2004, plantea: “[…] de modo que el acceso a la información, evidencia o   elementos recaudados, solo puede lograrlo en las oportunidades y condiciones   procesalmente establecida (sic), a las cuales debe sujetarse, pues lo contrario   implicaría suponer que goza de privilegios frente a la Fiscalía, la defensa o   las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso equilibrado con igualdad de   armas entre acusación y defensa. || En este orden de ideas no resulta factible,   por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la información recaudada por la   Fiscalía o la defensa cuando ni siquiera para ella se ha dado inicio a la fase   de descubrimiento probatorio”.    

[84] Folio   8.  En el escrito de impugnación del fallo de primera instancia expedido   por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,   precisó: “Es de anotar que las visitas que practicamos los Agentes del   Ministerio Público a las actuaciones penales, sin distinguir la etapa en la cual   se encuentren, se llevan a cabo para ejercer justamente un control de gestión,   facultad establecida en la Constitución Nacional artículo 118 y el Decreto Ley   262 de 2000 – Art. 37, referido al interés de establecer si el Fiscal que tiene   a su cargo la investigación, ha sido diligente en el desempeño de su función de   ordenamiento de pesquisas y actividades tendientes a la búsqueda de   explicaciones y argumentos para establecer las condiciones y existencia del   hecho, posibles autores, formas de participación, etc., máxime cuando la   administración de justicia debe satisfacer la necesidad de los ciudadanos, en   tanto servicio público que es” (negrillas originales) (folio 57).    

[85] El   artículo 109 de la Ley 906 de 2004, consagra: “El Ministerio Público intervendrá   en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del   patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. El   Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados   constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y relevante   importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por su   despacho, y sin perjuicio de que actúe en los demás procesos penales. ||   Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993, en   los mismos eventos del inciso anterior los personeros distritales y municipales   actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso penal y ejercerán sus   competencias en los juzgados penales y promiscuos del circuito y municipales y   ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que en cualquier momento la   Procuraduría General de la Nación los asuma y en consecuencia los desplace. ||   Parágrafo. Para el cumplimiento de la función, los fiscales, jueces y la   policía judicial enterarán oportunamente, por el medio más expedito, al   Ministerio Público de las diligencias y actuaciones de su competencia”   (negrillas fuera de texto).    

[86] El   artículo 110 de la Ley 906 de 2004, dispone: “De la agencia especial. La   constitución de “agente especial” del Ministerio Público se hará de oficio o a   petición de cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno   Nacional”.    

[87] El   artículo 111 de la Ley 906 de 2004, establece las funciones del Ministerio   Público en los siguientes términos: “Son funciones del Ministerio Público en la   indagación, la investigación y el juzgamiento:    

“1. Como garante   de los derechos humanos y de los derechos fundamentales: || a) Ejercer   vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar   garantías fundamentales; || b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones   realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que   impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental; || c) Procurar que   las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la   justicia; || d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como   medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con   los Tratados Internacionales, la Carta Política y la ley; || e) Procurar que de   manera temprana y definitiva se defina la competencia entre diferentes   jurisdicciones en procesos por graves violaciones a los Derechos Humanos y al   Derecho Internacional Humanitario; || f) Procurar el cumplimiento del debido   proceso y el derecho de defensa; || g) Participar cuando lo considere necesario,   en las audiencias conforme a lo previsto en este código.    

“2. Como   representante de la sociedad: || a) Solicitar condena o absolución de los   acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión; ||   b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la   restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos,   solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares que   procedan; || c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos,   jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva   protección por el Estado; || d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones   donde proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o   colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal,   procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de   los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los eventos   de aplicación del principio de oportunidad; e) Denunciar los fraudes y   colusiones procesales.    

[88] El   artículo 112 de la Ley 906 de 2004, reza: “Actividad probatoria. El Ministerio   Público podrá solicitar pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales   esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial siempre y cuando   se reúnan los requisitos previstos en el artículo 284 del presente código. ||   Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso   del artículo 357 de este código”.  El artículo 357 regula las solicitudes   probatorias durante la audiencia preparatoria.    

[89] Por el   cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de   la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de   competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su   funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de   la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se   regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren   sujetos.    

[90] El parágrafo del   artículo 3 de la Resolución 202, reza: “La intervención del Ministerio Público   será igualmente obligatoria, en aquellos delitos en los que el sujeto pasivo de   la conducta típica sea un menor de edad, atendiendo a su especial condición y la   protección que el artículo 44 de la Constitución Política les otorga,   esencialmente en tratándose de abandono, violencia física o moral, secuestro,   venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”.    

[91] El artículo 2 de   la Resolución 202, preceptúa: “Cuando el Procurador General de la Nación o el   Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, designe un   agente Especial para que intervenga en los procesos penales de competencia de la   Justicia Penal Ordinaria o de la Justicia Penal Militar, éste además de   desarrollar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento de las   funciones Constitucionales y Legales, realizará como mínimo las siguientes   tareas: || a. Intervenir en el trámite de los recursos que se interpongan,   emitiendo concepto sobre la forma como deben decidirse. || b. Conceptuar en la   oportunidad procesal correspondiente, sobre la forma como debe calificarse el   proceso. || c. Solicitar en la etapa de investigación, las pruebas necesarias   para el esclarecimiento de los hechos e intervenir en su práctica. || d. Dentro   del término de traslado de que tratan los artículos 400 del Código de   Procedimiento Penal y 563 del Código Penal Militar, solicitar las pruebas que   resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Igualmente   solicitará el avalúo de daños y perjuicios si a ello hubiere lugar y las   nulidades que estimen procedentes. || e. Intervenir en las audiencias   preparatorias, de juzgamiento y de Corte Marcial. || En la misma forma,   intervendrán los Procuradores Judiciales cuando se trate de procesos que   conozcan en primera instancia los Fiscales Delegados ante los Tribunales   Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Superior Militar”.    

[92] El artículo 9 de   la Resolución   No. 484 de 2005, dispone: “Para   la constitución de las agencias especiales, se atenderán los siguientes   criterios: || a) La naturaleza del delito. En este caso, se deberá intervenir   mediante agente especial en los procesos y actuaciones que se adelanten por los   delitos de genocidio, homicidio doloso, los descritos en el Título II del Libro   II del Código Penal; desaparición forzada, secuestro simple y extorsivo,   privación ilegal de la libertad, detención arbitraria especial, desconocimiento   del habeas corpus, tortura, desplazamiento forzado, acceso carnal abusivo con   menor de catorce años, actos sexuales con menor de catorce años, acceso carnal o   acto sexual abusivos con incapaz de resistir, tráfico de personas, trata de   personas, urbanización ilegal, extorsión, lavado de activos, testaferrato,   enriquecimiento ilícito de particulares, ilícito aprovechamiento de los recursos   naturales renovables, terrorismo, propagación del virus de inmunodeficiencia   humana o de la hepatitis B, tráfico de estupefacientes en delitos de competencia   de la justicia especializada, peculado por apropiación, concusión, cohecho,   celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento   ilícito de servidor público, prevaricato, soborno transnacional, fraude   procesal, fraude a resolución judicial, rebelión; || b) La calidad del imputado.   En este caso se determinará la intervención de un agente especial del Ministerio   Público cuando se impute a un servidor público la autoría o participación en   delitos cuya pena privativa de la libertad esté fijada en la ley en su mínimo,   igual o superior a cuatro años de prisión; || c) Las condiciones especiales de   la actuación. Deberá constituirse agente especial, del Ministerio Público cuando   se den circunstancias que puedan afectar las garantías procesales del imputado,   la imparcialidad o independencia de la administración de justicia; || d) La   calidad del sujeto pasivo. El agente especial del Ministerio Público intervendrá   en todas las actuaciones penales en las que el sujeto pasivo de la conducta   punible sea menor de edad o un incapaz; || e) La alarma social. Se constituirá   agente especial del Ministerio Público en todos aquellos casos en los que,   atendidas circunstancias objetivas, se determine que el hecho punible ha causado   gran impacto en la colectividad, cualquiera que sea la naturaleza de este; || f)   La discrecionalidad de la Procuraduría General de la Nación. También podrá   constituirse agente especial del Ministerio Público en aquellos casos en los que   el Procurador General de la Nación o la Procuraduría Delegada para el Ministerio   Público en Asuntos Penales así lo determinen, en ejercicio de su poder   discrecional y de acuerdo con las políticas generales de intervención en   defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y   garantías fundamentales” (negrillas fuera de texto).    

[93] Artículo 277 de   la Constitución Política. “El Procurador General de la Nación, por sí o por   medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: […] 6.   Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen   funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente   el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e   imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley”.     

[94]  Artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000.    

[95]   Artículo 25 ibíd.    

[96]   Artículo 26 ibíd.    

[97]   Artículo 27 ibíd.    

[98] El artículo 28   del Decreto Ley 262 de 2000, reza: “Funciones de intervención ante las   autoridades judiciales. Los procuradores delegados que intervienen ante las   autoridades judiciales tienen la condición de agentes del Ministerio Público,   para lo cual ejercerán las funciones que se les asignen en la ley y en los   artículos siguientes. || Parágrafo. Los procuradores delegados podrán intervenir   en el trámite especial de tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando sea   necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los   derechos y garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos   o del ambiente, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 277   de la Constitución Política…”.    

[99] El artículo 29 del   Decreto Ley 262 de 2000, establece: “Funciones de   intervención judicial en procesos penales. Los procuradores delegados cumplen   las siguientes funciones de intervención judicial en procesos penales como   Ministerio Público: || 1. En el trámite de la casación ante la Sala de Casación   Penal de la Corte Suprema de Justicia. || 2. En los procesos que conoce la Sala   de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por delitos cometidos por   miembros del Congreso de la República. || 3. En el trámite de extradición. || 4.   En la investigación penal de funcionarios con fuero constitucional o legal en   los procesos de competencia del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal   General y en los procesos que adelanten los Fiscales de la Unidad Delegada ante   la Corte Suprema de Justicia, así como en el juzgamiento que corresponda en los   mismos casos ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación. || 5. En   las acciones de revisión de competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte   Suprema de Justicia. || 6. En los trámites de segunda instancia que se surtan   ante los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Sala de   Casación Penal de la misma corporación. || 7. En las actuaciones penales que   adelante el Congreso de la República. || 8. Las demás que les asigne o delegue   el Procurador General”    

[100]   Artículo 30 del Decreto Ley 262 de 2000.    

[101]   Artículo 31 ibíd.    

[102]   Artículo 32 ibíd.    

[103]   Artículo 33 ibíd.    

[104]   Artículo 34 ibíd.    

[105]   Artículo 35 ibíd.    

[106] Folio   12.    

[107] El   artículo 36 de la normativa referida, como ya se indicó en líneas anteriores,   hace referencia a la coordinación y vigilancia que corresponde ejercer a los   procuradores delegados en relación con los funcionarios de la Procuraduría y los   personeros que intervienen ante las autoridades judiciales.    

[108] El   artículo 344 de la Ley 906 de 2004, dispone: “Inicio del descubrimiento. Dentro   de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el   descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez   de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el   descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física   de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir,   exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días   para su cumplimiento.  [El texto subrayado fue declarado exequible por la   Corte Constitucional mediante Sentencia C-1194 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy   Cabra), exclusivamente por el cargo analizado, en el entendido de que dicha   potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250   constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus delegados,   en caso de presentarse escrito de acusación, a “suministrar, por conducto del   juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que   tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”]. || La   Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia   de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás   medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la   defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes   entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieren sido practicados   al acusado. || El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo   posible durante la audiencia de formulación de acusación. || Sin embargo, si   durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio   y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en   conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que   podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si   es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. Artículo   declarado exequible de manera condicionada, por la Corte Constitucional mediante   sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en el entendido de que   la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento   material probatorio específico o de evidencia física específica.    

[109] MP Jaime Araujo Rentería (AV Nilson Pinilla   Pinilla y Jaime Araujo Rentería). En esta providencia, en el marco de una   demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 268 (parcial) de   la Ley 906 de 2004 y otras disposiciones, por considerar que son violatorias del   Preámbulo, de los artículos 29, 30 y del inciso 3º del numeral 1º del artículo   250 de la Constitución Nacional, además del Acto Legislativo 03 de 2002, del   artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del   artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; fue analizado el   principio de igualdad de armas, concluyendo que “constituye entonces un elemento   esencial de la garantía del derecho de defensa, de contradicción, y más   ampliamente del principio de juicio justo, y  hace relación a un mandato   según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo   unas condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y   posibilidades de actuación procesal, dentro de las cuales se presente como   esencial las facultades en cuanto al material probatorio a recabar, de tal   manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las   partes frente a la otra parte procesal…”.    

[110]  Sentencia C-536 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería).    

[111] El   artículo 306 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 59 de la Ley 1453   de 2011, preceptúa: “Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El   fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de   aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento   necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en   audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. || Escuchados los   argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su   decisión. || La presencia del defensor constituye requisito de validez de la   respectiva audiencia” (negrillas fuera de texto). La   sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) declaró la   exequibilidad condicionada del artículo 306, en el entendido de que la víctima   también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida   correspondiente.  La sentencia T-293 de 2013 (MP María Victoria Calle   Correa), analiza el sistema penal de tendencia acusatoria y el papel que cumplen   las partes, los intervinientes y el Ministerio Público dentro del proceso y   frente a las medidas de aseguramiento.    

[112] El   artículo 327, modificado por el artículo 5 de la Ley 1312 de 2009, señala:   “Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de   control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro   de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar   aplicación al principio de oportunidad. || Dicho control será obligatorio y   automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el   Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía   General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano. ||   La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles   imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo   procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o   participación en la conducta y su tipicidad” (negrillas fuera de texto).  Debe   tenerse en cuenta que la sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda   Espinosa), declaró inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe   recurso alguno” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.    

[113] El artículo 294   de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 55 de la Ley   1453 de 2011, dispone:   “Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el   fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de   conocimiento. || De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo   cual informará inmediatamente a su respectivo superior. || En este evento el   superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que   corresponda en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento en   que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se   presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el   juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales   del circuito especializado. || Vencido el plazo, si la situación permanece sin   definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el   Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de Conocimiento”   (negrillas fuera de texto).    La constitucionalidad del artículo 294 se estudió en la sentencia C-806 de 2008   (MP Humberto Antonio Sierra Porto. AV Jaime Araujo Rentería), en donde se   determinó que si bien lo usual es que la Fiscalía General de la Nación le   solicite al juez de conocimiento decretar la preclusión de la investigación,   esta disposición regula un supuesto excepcional, “consistente en que, ante una   omisión grave del órgano de investigación, la defensa o el Ministerio Público   quedan facultados para solicitarle al juez decretar la preclusión de la   investigación pasados sesenta (60) días de la audiencia de imputación de cargos,   sin que exista formulación de una acusación”.  Se trata de una facultad   reconocida a la defensa y al Ministerio Público, que a su vez permite al juez   ejercer también la facultad, que no obligación, de declarar la preclusión de la   investigación pasados sesenta (60) días, siempre y cuando se presente o no   alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión.    

[114] El artículo 332 de   la Ley 906 de 2004, preceptúa: “Causales. El fiscal solicitará la preclusión en   los siguientes casos: || 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de   la acción penal. || 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad,   de acuerdo con el Código Penal. || 3. Inexistencia del hecho investigado. || 4.   Atipicidad del hecho investigado. || 5. Ausencia de intervención del imputado en   el hecho investigado. || 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de   inocencia. || 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo   del artículo 294 del este código [numeral declarado exequible por la Corte   Constitucional mediante Sentencia C-806 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra   Porto)]. || Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales   contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o   la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”   (negrillas fuera de texto).    

[116] El   artículo 337 de la Ley 906 de 2004 dispone que “[…] La Fiscalía solamente   entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al   Ministerio Público y a las víctimas”.    

[117] El artículo 338   de la Ley 906 de 2004, establece que “[d]entro de los tres (3) días siguientes   al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la   celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el   juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo; y el artículo  339   consagra el trámite en los siguientes términos: “Abierta por el juez la   audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes;   concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que   expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones,   nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si   no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo   aclare, adicione o corrija de inmediato. || Resuelto lo anterior concederá la   palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. || El juez   deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia   del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos   que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. || También podrán concurrir   el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su   ausencia afecte la validez” (negrillas fuera   de texto).   Mediante la   sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se declaró la   exequibilidad condicionada del artículo 339, en el entendido de que la víctima   también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para   efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles   causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.    

[118] El   artículo 149 de la Ley 906 de 2004 que consagra el principio de publicidad,   establece: “Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de   juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión   judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá   excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público,   la víctima y su representación legal…” (negrillas fuera de texto).  En este   sentido, el Ministerio Público podrá participar en la audiencia de formulación   de acusación (artículo 338 y 339 ibíd.), la audiencia preparatoria (artículo   355) y el juicio oral (artículo 366).    

[119] El  artículo   357 de la Ley 906 de 2004, establece: “Solicitudes probatorias. Durante la   audiencia [preparatoria] el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la   defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su   pretensión. || El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando   ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo   con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. || Las   partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que   libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. ||   Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el   Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no   pedida por éstas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del   juicio, solicitará su práctica”   (negrillas fuera de texto).    Por medio de la sentencia C-545 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) la   Corporación declaró exequible el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el   entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden   realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de   condiciones que la defensa y la fiscalía.  En la sentencia T-503 de 2011   (MP Humberto Antonio Sierra Porto) se analiza el papel que está llamado a   cumplir el Ministerio Público durante los interrogatorios realizados en la   audiencia de juzgamiento.    

[120] El artículo 359 de   la Ley 906 de 2004, señala: “Las partes y el Ministerio Público  podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios   de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código,   resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a   probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba…” (negrillas   fuera de texto).  La sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda   Espinosa) declaró la exequibilidad condicionada del inciso primero del   artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la   exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba.    

[121] Dispone el   artículo 395 de la Ley 906 de 2004: “Oposiciones durante el interrogatorio. La   parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a   la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o   incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la   oposición es fundada o infundada” (negrillas fuera de texto). En la sentencia   C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en donde fueron analizados los   derechos de la víctima del delito a la verdad, la justicia y la reparación   integral, se aclaró que en el sistema colombiano el Ministerio Público es un   interviniente sui generis que también puede abogar por los derechos de   todos, incluidas las víctimas en la etapa del juicio, sin sustituir ni al Fiscal   ni a la defensa.  En razón de ello, decidió declarar exequible el artículo   395 de la Ley 906 de 2004.    

[122] El artículo 397 de   la Ley 906 de 2004, reza: “Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el   interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la   pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una   vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio   Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento   del caso” (negrillas fuera de texto). La constitucionalidad de este artículo   fue estudiado en la sentencia C-260 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), que   declaró exequible la expresión subrayada.    

[123] El artículo 443 de   la Ley 906 de 2004, preceptúa: “Turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente   los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera   circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación. || A   continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las   víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes   podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. ||   Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los   cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto   ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del   último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los   temas abordados” (negrillas fuera de texto).    

[124] El artículo 184   de la Ley 906 de 2004, dispone: “Admisión. Vencido el término para interponer el   recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala   de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los   treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda. || No será   seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia   presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio   Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes   supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal,   no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta   fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades   del recurso. || En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales   diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los   fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante   dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los   defectos de la demanda para decidir de fondo. || Para el efecto, se fijará fecha   para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30)   días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su   derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda” (negrillas fuera   de texto).    

[125] En desarrollo del   principio de no agravación, establece el artículo 188 de la Ley 906 de 2004 que   “[c]uando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena   impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su   representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado” (negrillas fuera   de texto).    

[126] El artículo 193   de la Ley 906 de 2004, reza: “Legitimación. La acción de revisión podrá ser   promovida por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás   intervinientes, siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente   reconocidos dentro de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán   hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se   requerirá poder especial para el efecto” (negrillas fuera de texto).    

[127] El artículo 459 de   la Ley 906 de 2004, establece: “Ejecución de penas y medidas de seguridad. La   ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada,   corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del   Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de   ejecución de penas y medidas de seguridad. || En todo lo relacionado con la   ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer   los recursos que sean necesarios” (negrillas fuera de texto).    

[128] Conforme al   artículo 462 de la Ley 906 de 2004, si se trata de la privación del derecho a   residir en determinados lugares o de acudir a ellos; de la prohibición de   consumir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y de   la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria potestad, se oficiará al   agente del Ministerio Público para su control.    

[129] Conforme al   parágrafo del artículo 486 de la Ley 906 de 2004, “[…] El Fiscal General de la   Nación podrá autorizar la presencia de funcionarios judiciales extranjeros para   la práctica de diligencias en el territorio nacional, con la dirección y   coordinación de un fiscal delegado y la asistencia de un representante del   Ministerio Público” (negrillas fuera de texto).    

[130]  Artículo 250 de la Constitución Política.    

[131] El   artículo 29 de la Constitución Política, señala: “El debido proceso se aplicará   a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. || Nadie podrá ser   juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez   o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias   de cada juicio. || En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun   cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o   desfavorable. || Toda persona se presume inocente mientras no se la haya   declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa   y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la   investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones   injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su   contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por   el mismo hecho. || Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación   del debido proceso” (negrillas fuera de texto).