DECRETO 3404 DE 1983
(diciembre 13)
por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 25 de 1974, 83 de 1936 y los Decretos 2898 de 1953 y 521 de 1971.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial de las que le confiere el ordinal 3º, artículo 120 de la Constitución Política,
DECRETA
CAPITULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1º. En las averiguaciones disciplinarias podrá comisionarse para la práctica de pruebas a funcionarios y empleados del Ministerio Público de igual o inferior jerarquía en los términos de los artículos 16 y 17 de la Ley 28 de 1974.
La providencia que confiere una comisión, indicará su objeto con toda claridad, y señalará el término dentro de cual deba cumplirse.
Para la práctica de pruebas se podrá comisionar siguiendo los lineamientos a que se contraen los incisos anteriores.
Artículo 2º. La actuación disciplinaria se adelantará por duplicado Sobre el original se surtirá el recurso de apelación o la consulta cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 3º. Los funcionarios a quienes corresponda el ejercicio de la Vigilancia Administrativa, podrán ordenar indagación preliminar hasta por el término de Díez (10) días, dentro del cual dispondrán la práctica de las diligencias probatorias encaminadas a determinar si es procedente la apertura de formal averiguación disciplinaria. Dichas diligencias tendrán igual valor que las que se practicaren dentro de la averiguación.
Si no existiere mérito para abrir formal averiguación se dispondrá el archivo de la actuación mediante acto debidamente motivado, sin perjuicio de que si con posterioridad resultare prueba para vincualar a alguien como Encartado, se ordene la apertura de aquella mientras la acción disciplinaria no se haya extinguido.
Artículo 4º. El acto de trámite que decrete la apertura de formal averiguación disciplinaria contendrá necesariamente, entre otros aspectos, los siguientes:
1. Informe o aviso al superior o al jefe del organismo de la apertura de la investigación, con la advertencia de que se deberá; abstener de abrirla sobre los mismos hechos o de que si se estuviere adelantando, en relación con éstos y los mismos acusados, la suspendan y remitan las diligencias en el estado en que se encuentren.
2. Solicitud de certificación al funcionario competente de la entidad en donde esté o haya estado vinculado, el Encartado respecto de sus antecedentes disciplinarios internos, sueldo devengado para la época de ocurrencia de los hechos, datos sobre su identidad personal y la última dirección residencial que se encuentre registrada en su hoja de vida.
3. Hechos sobre los cuales recaigan las averiguaciones y la indicación precisa de las diligencias que hayan de adelantarse.
4. Aviso o noticia al Encartado sobre la existencia de la investigación, con la prevención de que la providencia no es susceptible de recurso alguno y de que para futuras actuaciones relacionadas con el debido ejercicio de su derecho de defensa deberá suministrar el dato relativo a su dirección residencia con el fin de que obre en el informativo.
Artículo 5º. Remitidas por el organismo administrativo las diligencias disciplinarias en el estado en que se encuentren, se agregarán al correspondiente expediente y previo examen de la documentación, el funcionario del conocimiento procederá a decretar que se tengan como pruebas las que revistan este carácter, a formular el pliego de cargos o adoptar la decisión que sea necesaria.
Artículo 6º. Cuando el Procurador Delegado advirtiere la existencia de hechos disciplinarios sobre los cuales carece de competencia, de conformidad con la Ley 25 de 1974, compulsará las correspondientes copias para la dependencia que la tenga con el fin de que ésta disponga lo conducente.
Parágrafo. Cuando los Procuradores Regionales o Jefes Seccionales deban adelantar averiguaciones administrativas disciplinarias, sobre las cuales tengan competencia plena en primera instancia, pero relacionadas con hechos o circunstancias del conocimiento en la segunda instancia de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa y Contratación, deberán separar las actuaciones de manera que no afecten las facultades que les corresponden en sus respectivos ámbitos a las últimas en la segunda instancia.
Artículo 7º. Cuando en una actuación disciplinaria deba investigarse una misma conducta atribuible a empleados sometidos a diversas competencias, el Procurador de menor jerarquía, podrá adelantar indagación preliminar y averiguación disciplinaria hasta el momento previo al pliego de cargos o decisión de archivo.
En el caso a que se refiere este artículo, el Procurador respectivo, remitirá en dicho momento, copia auténtica de las diligencias al Delegado competente, con informe evaluativo.
Artículo 8º. La acumulación de averiguaciones disciplinaria contra una misma persona procederá de oficio o a solicitud del Encartado, siempre y cuando no se haya proferido fallo de primera instancia.
Artículo 9º. El Procurador Delegado, Regional o Jefe Seccional que se considere incompetente para conocer de unas actuación disciplinaria, la remitirá directamente al funcionario que estime competente, quien si la acepta avocará el conocimiento.
Si el funcionario a quien se le remita la actuación considere a su vez, que es incompetente, la elevará ante el Procurador General de la Nación, con el objeto de que éste decida el conflicto.
Parágrafo. El funcionario de inferior categoría no podrá sostener conflicto de competencia con su superior de instancia.
Llegado el caso, se limitará a exponerle las razones que le asisten y el superior, de plano, resolverá lo procedente.
CAPITULO II
Pruebas.
Artículo 10. Toda decisión disciplinaria debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
Artículo 11. En las averiguaciones disciplinarias de carácter administrativo que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación servirán como medios de prueba las declaraciones juramentadas, las visitas especiales, los documentos, los indicios, los informes técnicos o científicos y cualesquiera otros que sean legalmente útiles para la formación del convencimiento del funcionario competente acatando para su práctica las disposiciones ya previstas en otros códigos, las que regulen medios semejantes o el prudente juicio del funcionario.
Artículo 12. En las declaraciones, se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad, amonestándola acerca de las sanciones establecidas para los que declare falsamente y se le prevendrá de que no estará en el deber de responder aquellas preguntas que lo involucren a él o a sus parientes dentro del 4º grado civil de consanguinidad o 2º de afinidad, disciplinaria, policiva o penalmente.
De la diligencia se extenderá la correspondiente acta, que se irá escribiendo a medida que se vaya practicando y que será firmada por el investigador y el declarante. Si el exponente no supiere o no pudiere firmar, se hará constar esta circunstancia rubricando con su huella digital la diligencia y firmando a nombre suyo otra persona.
Antes de firmar, el documento que contenga la diligencia será leido al declarante y si observare que contiene inexactitud, oscuridad o deficiencia se hará constar en el acta de observaciones.
Artículo 13. Se recibirá testimonio a los mayores de 12 años que no fueren inhábiles para ello, ni deban proteger aquello que se les haya confiado por razón de su ministerio, oficio o profesión.
A quienes rindan testimonio por certificación jurada se les remitirá solicitud con el interrogatorio del caso, indicándoles que deberán responder a más tardar al tercer día de recibida dicha petición.
Artículo 14. La ratificación de la queja, así como de los testimonios rendidos en otro proceso, se harán con repetición de los términos de aquella o del interrogatorio de éstos.
Artículo 15. Podrá oírse en exposición espontánea al presunto Encartado, a quien se permitirá el abono de sus dichos con la adjunción o entrega de documentos que harán parte del expediente. En todo caso, se le hará la prevención del artículo 25 de la Constitución, dejándose de ello expresa constancia.
Artículo 16. Los documentos se aportarán a las averiguaciones originales o en copia auténtica, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
Artículo 17. En la práctica de visitas especiales el funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en donde anotará pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinadas, y las manifestaciones que sobre ellos hagan las personas que intervengan en la diligencia.
Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos para incorporarlos al informativo, que autenticará según los casos.
Artículo 18. Los investigadores de la Procuraduría General de la Nación podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, pericias, informes técnicos o científicos a los médicos legistas, a la Policía Judicial y en general a las entidades y oficinas públicas que dispongan de personal especializado, sobre los hechos y circunstancias de interés para las averiguaciones.
Artículo 19. El acto de trámite que niegue la práctica de pruebas solicitadas en su oportunidad por el Encartado, será susceptible del recurso de apelación para ante el inmediato superior de quien la deniegue, en el efecto suspensivo, salvo que en el mismo se ordene la práctica de algunas, caso en el cual se concederá en el devolutivo.
En las actuaciones de única instancia, sólo procederá el recurso de reposición.
Artículo 20. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
CAPITULO III
Cargos.
Artículo 21. Para la formulación del oficio de cargos, sólo se requerirá de una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, o un indicio grave de que el Encartado es responsable disciplinariamente.
Artículo 22. En la confección de tales oficios de cargos, el funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación observará las siguientes reglas:
1. Se determinarán de manera clara y precisa los hechos u omisiones que objetivamente aparezcan en la averiguación, según las pruebas aportadas.
2. Se señalarán las disposiciones legales que se consideren infringidas y que sean aplicables al Encartado.
3. Se indicará el empleo en cuyo ejercicio el acusado haya incurrido en los hechos que se le imputan.
Artículo 23. Si por cualesquiera circunstancia el Encartado no se encontrare en la dirección residencial suministrada por él o por el organismo en donde esta o estuvo vinculado, el empleado a quien corresponda la entrega del oficio de cargos fijará un aviso en la puerta de la residencia del acusado en donde se le prevendrá de que si no se presentare dentro del término de cinco (5) días hábiles a la Secretaria respectiva, se le designará un apoderado de oficio y se proseguirá la actuación.
Vencido el término señalado en el inciso anterior sin que el acusado compareciere, se le declarará ausente y se le designará defensor de oficio con quien se seguirá el procedimiento hasta su terminación.
Para la provisión del defensor de oficio se observarán las disposiciones que regulen la materia relacionada con el ejercicio de la profesión de abogado y los consultorios jurídicos.
CAPITULO IV
Invalidez de los actos de trámite.
Artículo 24. Son causales de invalidez de los actos de tramite y de la actuación previa a los fallos de instancia:
1. Incompetencia por razón de la calidad de la persona disciplinable de la materia o de la instancia.
2. Cuando no se resuelva sobre petición de pruebas solicitadas oportunamente.
3. Incumplimiento o indebido cumplimiento de las diligencias de entrega del pliego de cargos.
4. Desconocimiento del término para presentar descargos en perjuicio del Encartado.
5. La vaguedad, ambigüedad o imprecisión de los hechos u omisiones, soportes del oficio de cargos.
6. Cuando la totalidad de las disposiciones citadas como infringidas en el pliego de cargos, no sea aplicable al acusado.
Artículo 25. La invalidez sólo comprenderá la actuación previa al fallo de instancia y posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste.
Si el funcionario que haya de resolver la segunda instancia encontrare afectado el procedimiento por alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo anterior, procederá a revocar la resolución apelada o consultada, dejará sin valor la actuación correspondiente e indicará la que debe renovarse.
Cuando el funcionario competente advirtiere la existencia de una causal de invalidez antes de proferir el fallo de primera o única instancia, procederá a decretarla mediante acto de trámite debidamente motivado.
CAPITULO V
Fallos.
Artículo 26. Las providencias que ponen fin a las instancias en las averiguaciones disciplinarias de carácter administrativo se notificarán personalmente al Encartado en la dirección residencial conocida, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, por la Secretaría del Despacho o la del comisionado.
Artículo 27. Si no se pudiere hacer la notificación personal, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho de la sede residencial conocida del Encartado, por el término de cinco (5) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
Parágrafo. En el texto de la notificación se indicará que legalmente sólo procede el recurso de apelación contra la providencia de que se trata si es asunto de dos instancias, o el de reposición si es de única.
Artículo 28. El recurso de apelación de que trata el artículo 25 de la Ley 25 de 1974, deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto. El recurrente podrá sustentarlo dentro del mismo plazo o dentro del término de ejecutoria del acto que lo conceda.
Artículo 29. Los fallos de instancia que dicten los Procuradores Regionales o Delegados en las averiguaciones disciplinarias de carácter administrativo, que adelanten, serán suficientemente motivados y deberán contener:
a) Identidad del acusado, con sus nombres y apellidos completos, el número y demás datos del documento que así lo acrediten;
b) El empleo en cuyo ejercicio el acusado haya incurrido en los cargos que se le formularon y lugar donde lo desempeñó, así como la entidad nominadora;
c) Relación de los cargos formulados con las consideraciones necesarias sobre la prueba de los hechos deducidos en el oficio de cargos y sobre las que se hubieren aducido y practicado en la etapa de descargos, así como las razones por las cuales se concluya en la absolución o sanción del acusado;
d) Antecedentes disciplinarios del Encartado y sus incidencias en la providencia;
e) Criterios atenuantes, agravantes o eximentes de la falta;
f) Si procediere sanción disciplinaria, consistente en multa, se indicará la suma precisa en guarismos aritméticos, que resultare del sueldo devengado por el acusado en la época de los hechos del averiguatorio, debiendo señalarse la entidad u organismo en donde haya de hacerse la respectiva consignación;
g) Si la sanción disciplinaria consistiere en solicitud de suspensión o de destitución se expresarán claramente estas circunstancias y se advertirá en la providencia, la obligación del nominador de satisfacer, dentro del término de diez (10) días, dichas solicitudes.
Artículo 30. Recibida una solicitud de suspensión o destitución, contenida en fallo o acto definitivo del funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, la autoridad nominadora procederá a dictar el correspondiente acto de ejecución dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo.
El acto de cumplimiento de la solicitud de sanción deberá contener:
1. Identidad del sancionado, el número y demás datos del documento que así lo acredite.
2. Precisión acerca del fallo de la Procuraduría General de la Nación mediante el cual se solicite la sanción.
3. Determinación sobre si el empleado sancionado permanece o no en el cargo.
4. Señalamiento claro y preciso del cargo del cual se suspende o destituye al funcionario.
5. Si se tratare de suspensión y el funcionario se encontrare vinculado al organismo o entidad en la fecha de la correspondiente providencia, se ordenará y hará efectiva la separación transitoria, si a ello hubiere lugar se designará el empleado que lo reemplace; se remitirá copia de la decisión al Pagador para lo de su cargo y se ordenará la anotación de ambas providencias en la hoja de vida del sancionado.
En los casos de destitución se nombrará o encargará por el nominador, si a ello hubiere lugar, el reemplazo del sancionado, se ordenará la anotación de las providencias en su hoja de vida y se remitirá copias de ellas al Pagador para su exclusión de la nómina.
Si en el momento de emitirse el acto de cumplimiento de la solicitud de sanción de suspensión o destitución, el empleado se hubiere retirado definitivamente de la entidad u organismo, se ordenará la anotación de ambas providencias en la hoja de vida del empleado y se informará de esa circunstancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría y a la entidad u organismo en donde el sancionado estuviere prestando sus servicios.
En el evento de la destitución, la autoridad nominadora determinará el tiempo de inhabilidad del empleado, en los términos del literal c), artículo 4º del Decreto 2400 de 1968,
Parágrafo. De todo acto de ejecución o cumplimiento de sanciones disciplinarias solicitadas por la Procuraduría General de la Nación, la autoridad nominadora deberá enviar copia debidamente autenticada de la providencia a la dependencia que solicitó la sanción y a la División de Registro y Control de dicho organismo.
Artículo 31. Cuando se trate de actos administrativos definitivos mediante los cuales se impongan sanciones disciplinarias consistentes en multas, el funcionario de primera o única instancia enviará de inmediato copia auténtica de aquellos, con la constancia de su ejecutoria, al Pagador del sancionado y al Fondo Nacional de Bienestar Social, quienes informarán a la División de Registro y Control de la Procuraduría y al funcionario que impuso la sanción, del cumplimiento o ejecución de la multa y anexará la prueba de ellos.
Si el sancionado se encuentra desvinculado de la Institución, el Pagador remitirá los documentos pertinentes al Juez Nacional de Ejecuciones Fiscales, para que éste inicie los trámites necesarios del cobro ejecutivo y gire el valor de la sanción al Fondo Nacional de Bienestar Social. Igualmente, el Pagador informará de aquella circunstancia a dicho Fondo y a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.
Parágrafo. La misma autoridad de la Procuraduría General de la Nación, enviará al nominador copia auténtica de la providencia de multa con el fin de que ésta se anote en la hoja de vida del sancionado. El nominador comunicará inmediatamente a la División de Registro y Control y al sancionado de tal actuación.
Artículo 32. En los casos de amonestación, el funcionario competente remitirá copia auténtica de la providencia con la constancia de su ejecutoria, a la autoridad nominadora para que se anote en la hoja de vida del empleado inmediatamente se reciba el aviso, la autoridad nominadora procederá a hacer efectiva la orden e informará de manera inmediata a las dependencias referidas en el artículo anterior.
CAPITULO VI
Impedimentos y recusaciones.
Artículo 33. Los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.
Artículo 34. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el funcionario o empleado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el asunto disciplinario correspondiente.
2. Haber conocido del negocio disciplinario e instancia anterior, el funcionario, su cónyuge o alguno de los parientes indicados en el numeral precedente, o haber intervenido el funcionario o empleado en la actuación como instructor o proyectista en la instancia.
3. Ser el funcionario que conoce o el empleado que instruye o proyecta, pariente del quejoso o acusado o de sus representantes o apoderados, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
4. Ser el quejoso o acusado, sus representantes o apoderados, dependientes del funcionario que conoce, o de los empleados que instruyen o proyecten.
5. Existir proceso penal promovido por el quejoso, el acusado, su representante o apoderado contra el funcionario del conocimiento, o el empleado que instruya o proyecte, o contra sus cónyuges o parientes en primer grado de consanguinidad.
6. Existir pleito pendiente sobre el funcionario del conocimiento, el empleado que instruye o proyecta, o alguno de sus parientes indicados en el quejoso, el acusado, su representante o apoderado.
7. Haber formulado el funcionario del conocimiento, el empleado que instruya o proyecte, el cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra el quejoso, el acusado, sus representantes o apoderados, o estar aquellos legitimados para intervenir en el respectivo proceso penal, salvo en los eventos aludidos por los artículos 12 y 103 del Código de Procedimiento Penal.
8. Existir manifiesta enemistad o amistad íntima, demostradas por hechos inequívocos, entre el funcionario del conocimiento, el empleado que instruye o proyecte y el quejoso, el acusado, sus representantes o apoderados.
9. Ser el funcionario del conocimiento, el empleado que proyecta o instruye o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor del quejoso o del acusado, sus representantes o apoderados.
10. Ser el funcionario del conocimiento, el empleado que proyecta o instruye o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socios del quejoso, del inculpado o de sus representantes o apoderados, en sociedad de personas.
11. Haber dado el funcionario del conocimiento o el empleado que proyecta o instruye, consejo o concepto en las cuestiones materia de las averiguaciones disciplinarias, o haber intervenido como apoderado, perito o testigo.
12. Ser el funcionario del conocimiento o el empleado que proyecta o instruye o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1), heredero o legatario del quejoso o del acusado, antes de la iniciación del informativo.
Artículo 35. El funcionario o empleado impedido pasará el asunto o negocio a su superior jerárquico, a fin de que éste decida a quién ha de corresponder su conocimiento o quién habrá de sustituirlo para efectos del proyecto o de la instrucción. Se entiende por superior jerárquico, en los términos del presente artículo, el correspondiente Jefe Seccional, Procurador Regional o Delegado, el Procurador General de la Nación y el Presidente de la República. (Nota: La expresión resaltada fue declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 15 de septiembre de 1988. Expediente 494. Sección 1ª.).
Cuando haya dos o más funcionarios competentes para conocer de un mismo asunto y uno de ellos se declare impedido o aceptare recusación pasará el negocio al siguiente, quien si acepta la causal avocará el conocimiento. En caso contrario, lo remitirá al superior jerárquico para que resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento o recusación.
En la tramitación de los impedimentos y recusaciones de que trata, se observarán las normas pertinentes del Código de procedimiento Civil.
CAPITULO VII
Revocación directa.
Artículo 36. Cuando se haya interpuesto oportunamente el recurso de apelación contra un fallo de primera instancia, dictado por un Procurador Regional o un Delegando para la Vigilancia o Contratación Administrativa; y se solicitare la revocación directa ce dicho acto, se rechazará la petición por improcedente a través de providencia sumaria no susceptible de recurso gubernativo.
Cuando haya interpuesto oportunamente el recuso de reposición contra el fallo de única instancia se rechazará, la petición por inmprocedente a través de providencia de trámite no susceptible de recurso gubernativo,
Artículo 37. Para la revocación directa de los fallos dictados en primera o segunda instancia por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que ejerzan vigilancia administrativa, observarán las siguientes reglas:
1. La revocación procederá de oficio o a petición de parte interesada, contra fallos ejecutoriados y en relación con actuaciones disciplinarias de carácter administrativo en los cuales no hubiere ejercitado recursos.
2. El Procurador General de la Nación podrá hacerlo en relación con sus propios actos y con los expedidos por los Procuradores Regionales y los Delegados.
3. Los Procuradores Delegados podrán hacerlo respecto de sus fallos y de los dictados por los Procuradores Regionales, conforme a las reglas de competencia.
4. La revocación directa deberá fundarse en las causales indicadas por la ley.
CAPITULO VIII
Disposiciones varias.
Artículo 38. Cuando la Administración ordene formalmente la apertura de averiguación disciplinaria, dará aviso a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, con los siguientes datos mínimos:
1. Nombres y apellidos, así como el documento de identificación del presunto infractor, el cargo que desempeñaba, la dependencia, administrativa a la cual pertenecía y el Iugar donde lo ejercía.
2. Descripción de la falta objeto de la actuación, así como el lugar y fecha de su comisión.
3. Disposiciones generales y especiales presuntamente quebrantadas.
4. Entidad o dependencia que adelanta el asunto disciplinario, con precisión del número de su radicación y fecha del acto de apertura.
Parágrafo. Todo funcionario administrativo que culmine investigación disciplinaria interna, así lo hará, saber a la citada División precisando el sentido de su decisión.
Antes de ordenar la apertura de formal investigación disciplinaria, el funcionario competente de la Procuraduría, solicitará información a la División de Registro y Control sobre tales datos mínimos.
Artículo 39. Para efectos de los artículos 15 y 16 de la Ley 83 de 1936 y 8º y 16 del Decreto 2808 de 1953, la Procuraduría General de la Nación podrá solicitar y el funcionario o empleado competente de la entidad, organismo o Despacho correspondiente según los casos, deberá suministrar los siguientes datos:
1. Informe sobre los nombramientos, posesiones y desvinculaciones de todas clases que ocurran en las dependencias de la Rama Administrativa Nacional, Departamental, Intendencial, Comisarial o Municipal del personal de empleados públicos, dentro de los lapsos que al efecto señale el modelo que elaborará la Procuraduría General de la Nación.
2. Sanciones disciplinarias impuestas internamente con los anexos sobre notificación, recursos y ejecutoria,
4. Copias de sentencias penales dictadas contra el funcionario, con las constancias de su ejecutoria.
Las providencias o informes a que se contrae este artículo, deberán suministrarse con la identificación adecuada del funcionario o empleado respectiva, dentro del plazo prudencial que señale la Procuraduría.
Artículo 40. No obstarte lo dispuesto en el numeral 2º del artículo anterior, la autoridad correspondiente deberá remitir copia auténtica con las constancias de notificación y ejecutoria de todas las próvidencias que impongan sanciones disciplinarias a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 41. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones de igual naturaleza que le sean contrarias.
Comuníquese, Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 13 de diciembre de 1983.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Gobierno, Alfonso Gómez Gómez. El Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla,. La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Ericina Mendoza Saladén.