DECRETO 3550 DE 1982
(diciembre 9)
por el cual se dictan normas sobre protección al trabajo y la industria nacionales.
Nota: Subrogado por el Decreto 222 de 1983, artículo 301.
El Preside te de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 19 de 1982 y oído el concepto de la Comisión Asesora a que ella se refiere,
DECRETA:
Articulo 1° Del campo de aplicación de este Decreto. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las adquisiciones que hagan la Nación (Ministerios y Departamentos Administrativos) y las siguientes entidades del orden nacional: establecimientos públicos, unidades administrativas especiales que gocen de personería jurídica, sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de su capital social y empresas industriales o comerciales del Estado.
Así mismo, se aplicarán a las adquisiciones que hagan las Superintendencias de los Ministerios a los cuales se hallen adscritas.
Artículo 2° De la preferencia que se debe dar al trabajo y a la industria nacional. En las contrataciones que realicen las entidades a que se refiere este estatuto; deberá preferirse la producción industrial y la oferta de servicios nacionales, conforme a las normas contenidas en los artículos siguientes.
Articulo 3° De la protección a la industria del transporte marítimo. Las normas sobre Protección y fomento de la marina mercante nacional y de la Flota Auxiliar de la Armada Nacional que concedan a sus buques un derecho mínimo de participación (reserva de carga) en el transporte de la carga que se importa o exporta, son de forzoso cumplimiento en los contratos a que se refiere el presente Decreto.
Artículo 4° De la prohibición de excluir a los productores u oferentes nacionales. En ningún caso se podrá eliminar la posibilidad de que productores; de bienes de origen nacional presenten propuestas, pero éstos deberán hacerlo dentro de los términos y con los requisitos prescritos por las normas sobre contratación administrativa.
En ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional determinará lo que se entiende por bienes de origen nacional.
Artículo 5° Del apoyo a la pequeña y mediana industria. Las entidades a las cuales, se aplica este Decreto que celebren contratos de adquisición de bienes muebles con empresas de la pequeña y mediana industria nacional, deberán entregar un anticipo no inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato.
En ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional definirá lo que debe entenderse por empresas de la pequeña y mediana industria nacional.
Artículo 6° De la información previa a la apertura de la licitación. Cuando cualquiera de las entidades a las que se aplica este Decreto, pretenda abrir licitación en la que puedan ofrecerse bienes de origen extranjero, será indispensable obtener del Incomex, información acerca de si los bienes que se piensa adquirir se producen, total o parcialmente, en el país.
Esta información deberá ser solicitada a más tardar veinte días artes de expedirse la resolución que ordene la apertura de la licitación.
El Incomex tendrá a su turno un plazo de diez días contados a partir del recibo de la solicitud, para comunicarla a los productores nacionales y dar respuesta a la entidad solicitante. Para estos efectos, el Incomex llevará el correspondiente registro de productores nacionales.
Si el Incomex certificare la existencia de producción nacional, la entidad deberá tener en cuenta dicha información para el logro de los objetivos del presente Decreto.
Si el Incomex certificare la inexistencia de producción nacional o no diere respuesta a la solicitud presentada en tiempo, podrá procederse a la apertura de la licitación.
La pretermisión de los plazos señalados en este artículo será causal de mala conducta sancionable; con destitución.
Artículo 7° De la desagregación tecnológica. En el estudio de los proyectos de inversión, que puedan implicar la contratación de bienes de procedencia extranjera, la entidad contratante, buscando la protección de la industria y el trabajo nacional, desagregará los citados proyectos de manera que puedan abrirse varias licitaciones.
Los resultados de tales estudios deberán ser enviados al Incomex para que conceptúe y, cuando a ello hubiere lugar, proponga mayor desagregación. El envió se hará con una antelación no inferior a 120 días a la apertura de la correspondiente licitación.
El Incomex deberá responder dentro de los sesenta días siguientes al recibo de la información prevista en el inciso anterior. Si la entidad contratante, con base en el concepto del Incomex, resolviere efectuar una mayor desagregación, deberá proceder a ella dentro del término adicional de treinta días contados a partir del recibo de dicho concepto.
La pretermisión de los plazos señalados en este artículo será causal de mala conducta sancionable con distinción.
Artículo 8° Del componente nacional mínimo de ofertas de bienes extranjeros. Para cada proyecto de, inversión el Gobierno Nacional podrá determinar el componente nacional mínimo que debe incluir toda oferta de bienes extranjeros.
Artículo 9°.De los créditos externos para realizar estudios de factibilidad. En los contratos de empréstito externo para financiar estudios de factibilidad de proyectes de inversión pública, no podrán pactare cláusulas que impliquen la obligación de contratar en el exterior o con extranjeros la consultaría o la interventoría de los respectivos proyectos u obras.
Artículo 10. De la prohibición de atar los créditos externos. Cuando las entidades a que se refiere este Decreto celebren contratos de empréstito diferentes al crédito de proveedores, no podrán pactar cláusulas que aten en cualquier forma la financiación con la adquisición de bienes o la presentación de servicios de procedencia específica, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Decreto.
Artículo 11. De la solicitud de la modificación del pliego de condiciones o de fraccionamiento de la licitación. Todo productor o proveedor nacional o sus agente o representante, que considere que puede ofrecer bienes similares o que sirvan para los mismos fines que se proponen conseguir las entidades a que se refiere el presente Decreto, podrá solicitar al organismo que hubiere abierto una licitación, en cerrito debidamente fundamentado y dentro de los cinco (5) días siguientes apertura de la misma, que se modifiquen las especificaciones técnicas con el objeto de que se le de oportunidad de participar en ella. Así, mismo, podrá solicitar que se permita el fraccionamiento de la licitación para presentar ofertas parciales.
Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de que trata el enciso anterior, la entidad licitante mediante acto debidamente motivado, deberá decidir e informar sobre las peticiones que se le formulen.
Si la solicitud o solicitudes formuladas fueren aceptadas, habrá lugar a reforma de los pliegos de condiciones mediante adendos o a la apertura de nueva o nuevas licitaciones. Si no se presentaren licitaciones de modificación o si las presentadas fueren negadas, se tendrán como definitivas las especificaciones originales y no abra más oportunidad para solicitar su revisión.
Contra el acto que niegue la solicitud de modificación no procederá recurso alguno por la vía gubernativa.
Artículo 12. De la comparación de valores. Para efectos de la comparación de valores de las propuestas se observaran las siguientes reglas:
a) No se computará dentro de la oferta nacional el valor de los impuestos sobre las ventas, aunque estas deban ser pagados, siempre que los mismos no se liquiden en las ofertas que requieren importaciones.
b) En el evento que una oferta incluya no solo el suministro de bienes sino su montaje y puesta en marcha, se tomara el valor total comparable cotizado por los productores nacionales y por los extranjeros.
c) Únicamente para la comparación de valores prevista en el presente artículo se tendrán como tarifas arancelarias mínimas las del veinticinco por ciento (25%), aunque en realidad sean inferiores.
Artículo 13. De la comparación de propuestas. En el valor de toda oferta de bienes de fabricación extrajera deberán incluirse, debidamente separados, el costo del transporte hasta el sitio de utilización, el de los seguros según las tarifas vigentes, los gastos consulares los de puerto y los demás propios de toda importación, inclusive los derechos arancelarios y de aduana aun cuando la entidad adquiriente pueda obtener exención de estos.
Cuando los bienes ofrecidos provengan de países miembros del Acuerdo de Cartagena o de la Asociación Latino Americana de Integración, ALADI, únicamente se incluirán como derechos de aduanas y de importación los gravámenes que se hubieren pactado en el marco de dichos acuerdos.
El valor que resulte conforme a los incisos anteriores, será el que se utilice como término de comparación con las ofertas de los productores nacionales, las cuales deben incluir todos los costos para entregar el producto terminado en el lugar de utilización.
La comparación de ofertas se hará de acuerdo con las condiciones existentes el día del cierre de la licitación y en los pliegos se indicará el método del cálculo que la entidad licitante empleará para realizar dicha comparación.
Parágrafo. Para los efectos de determinar el costo de transporte marítimo se aplicarán las tarifas de la Marina Colombiana, o en su defecto, las de la respectiva conferencia Marítima.
Artículo 14. Del cumplimiento de la normas técnicas. En las licitaciones cuyo objeto será la adquisición de bienes para los cuales la autoridad competente hubiere expedido normas técnicas, estas se exigirán en los pliegos de condiciones respectivos.
Artículo 15. De la igualdad en la forma e instrumentos de pago. En los pliegos de condiciones deberán fijarse con precisión la forma e instrumentos de pago, que serán idénticas para oferentes nacionales y extranjeros.
Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando se trate de adquirir bienes financiados con crédito de proveedores, se aplicarán las normas especiales contempladas en el artículo siguiente.
Artículo 16. Del crédito de proveedores. Cuando en el pliego de condiciones de una licitación internacional se exija financiación de las ofertas con crédito de proveedores, sus términos no se tendrán en cuenta en la comparación de ofertas de productores nacionales con las de productores extranjeros. En cambio, podrán tenerse en cuenta cuando se trate de comprar entre si ofertas de extranjeros u ofertas de nacionales, respectivamente.
Parágrafo. Los pliegos de condiciones de licitaciones internacionales no podrán exigir a los productores nacionales condiciones de financiación de sus ofertas más favorables que las de las líneas de crédito de fomento que con tal fin se hayan establecido por las autoridades competentes.
Artículo 17. Del sitio de entrega en licitaciones internacionales. Por ningún motivo podrá establecerse, en los pliegos de condiciones que los bienes licitados sólo deban ser entregados fuera del país.
Artículo 18. De la preferencia al mayor componente nacional. En igualdad de condiciones, entre las ofertas de proponentes extranjeros, se preferirá aquella que tenga mayor componente nacional.
En igualdad de condiciones entre las ofertas de productores nacionales, se preferirá aquella que tenga mayor valor agregado nacional.
Artículo 19. De la cláusula especial de los, pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones de las licitaciones internacionales para la adquisición de bienes, deberán indicar con claridad la financiación de los mismos y los márgenes de protección otorgados, a los productores nacionales.
Articulo 20. De la no aprobación de contrato de empréstito ni de licencias de importación. El incumplimiento de las disposiciones de este Decreto y de los reglamentos que para su efectividad se dicten, dará lugar a que por parte de las autoridades competentes no se autoricen o aprueben los contratos de empréstito que se proyecten celebrar para financiar las respectivas adquisiciones, ni se aprueben las licencias de importación, salvo lo que se estipule en convenios suscritos con entidades gubernamentales de crédito con otros países, o con instituciones financieras internacionales de carácter público.
Artículo 21. De la protección-la ingeniería nacional. Sin perjuicio de lo que sobre la materia dispongan los tratados internacionales o los convenios, suscritos con entidades gubernamentales de Crédito o con instituciones financieras internacionales públicas, a los, proponentes extranjeros se les dará el mismo tratamiento que sus respectivos países otorguen a los nacionales colombianos.
A falta de los convenios y de la reciprocidad aquí previstos, sólo podrán celebrarse contratos de obra con proponentes extranjeros cuando los mismos se asocien con personas nacionales. Se entiende que haya asociación, para éstos efectos, cuando la propuesta se formule en conjunto, cuando para su ejecución se ofrezca constituir una sociedad mixta o cuando la firma extranjera ceda o traspase a una persona nacional la parte del contrato que se señale en el pliego de condiciones. Esta cesión no podrá ser inferior en ningún Caso al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.
En ningún caso podrá darse al proponente extranjero tratamiento preferencial que lo coloque en mejores condiciones que al proponente nacional para la celebración de un contrato con cualquiera de las entidades a que se refiere el presente Decreto.
En igualdad de condiciones con el proponente extranjero se preferirá siempre al proponente nacional.
Parágrafo 1° En los casos de asociación con proponentes extranjeros, para la celebración del contrato respectivo deberá comprobarse ente la entidad; estatal contratante que a los ingenieros nacionales se les dará una efectiva participación en la dirección y ejecución del contrato o de la obra contratada.
Parágrafo 2° Tanto los contratistas nacionales y extranjeros como el personal que utilicen en el país deberán cumplir estrictamente con las normas determinadas en la Ley 64 de 1978, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones sobre el trabajo de extranjeros en Colombia.
La contratación a dichas normas será causal de declaratoria de Caducidad del contrato.
Artículo 22 De la participación de las universidades. Para que alguna de las entidades a las que se aplica este Decreto pueda proceder a la apertura de un concurso o a la celebración un contrato, según el caso cuyo objeto sea la elaboración de estudios de prefáctibilidad o de factibilidad; debe obtener del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, Fonade, información sobre cuáles de las universidades que funcionen, legalmente en el País, están en capacidad de adelantar dichos estudios. Fonade deberá dar respuesta dentro da los cinco, (5) días siguientes al recibo de la solicitud. Recibida la información, la entidad interesada deberá tenerla en cuenta para que las universidades puedan participar en el concurso o en la celebración del contrato, según el caso. Siempre que se trate de estudios de investigación, en igualdad de condiciones entre la oferta de una universidad y las presentadas por otras personas, se preferirá para efectos de la contratación, la de la universidad.
Artículo 23. De la protección a la consultoría nacional. Las entidades a que se refiere, este Decreto deberán celebrar los contratos de consultaría preferencialmente con consultores o firmas consultoras colombianas.
Cuando se considere necesaria la participación de consultaría extranjera, se exigirá que ésta sea en asocio o consorcio con un consultor nacional en forma de asesoría al mismo. Para tal efecto se tendrán en cuenta las normas previstas en el inciso 2° del artículo 21.
En ningún caso la participación de la consultoría extranjera podrá ser realizada en forma directa o exclusiva.
En ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional definirá qué se entiende por firmas consultoras colombianas.
Artículo 24. De la participación de consultaría extranjera. La participación de consultoría extranjera en un contrato de consultoría requerirá de la autorización previa impartida por el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, Fonade.
Para efectos del presente artículo, la entidad contratante enviará, al Fonade junto con la correspondiente; solicitud de autorización, la información detallada del contrato que pretende celebrar en lo relacionado con el objetó, magnitud y términos de la referencia y las condiciones de la participación de la consultaría o asesoría extranjera solicitada.
Fonade, decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, si otorga o niega la autorización solicitada y en qué condiciones.
Artículo 25. Del registro de consultores. Para los efectos de este Decreto, Fonade llevará un registro de consultores nacionales y extranjeros.
Artículo 26. De la transferencia de tecnología. La participación de consultoría extranjera y nacional en un contrato de consultoría, deberá estructurarse de modo tal que aseguré la transferencia de tecnología.
Artículo 27. Del tránsito de legislación. Las adquisiciones que a la fecha de vigencia de este Decreto se estuvieren perfeccionando, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas antes vigentes.
Artículo 28. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el capítulo IX del Decreto extraordinario 150 de 1976 y las demás normas que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 9 de diciembre de 1982.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Gobierno,
Rodrigo Escobar Navia.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Rodrigo Lloreda Caicedo.
El Ministro de Justicia,
Bernardo Gaitán Mahecha.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Edgar Gutiérrez Castro.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Fernando Landazábal Reyes.
El Ministro de Agricultura,
Roberto Junguito Bonnet.
El Ministro del Trabajó y Seguridad Social,
Jaime Pinzón López.
El Ministro de Salud,
Jorge García Gómez.
El Ministro de Desarrollo Económico
Roberto Gerlein Echeverría.
El Ministro de Millas y Energía,
Carlos Martínez Simahan.
Él Ministro de Educación Nacional, (e),
María Eugenia de Serrano.
El Ministro de Comunicaciones,
Bernardo Ramírez
El Ministra de Obras Públicas y Transporte;
José Fernando Isaza Delgado.
El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:
Alfonso Ospina Ospina.
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación
Hernán Beltz Peralta.
El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Alberto Schlesinger.
El Jefe del Departamento de la Aeronáutica Civil,
Juan Guillermo Penagos.
El Jefe del Departamento, Administrativo del Servicio Civil,
Ericina Mendoza Saladén.
El Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad,
Brigadier Álvaro Arenas Suárez.
El Jefe del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías,
Héctor Moreno Reyes.
El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas,
Misael Lizarazo Arévalo.