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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Bogotá, D. C., trece (13) de enero de dos mil catorce (2014).
Referencia: C-1100131030052001-01514-01
Se decide sobre la admisión del libelo presentado por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN LIQUIDACIÓN, para sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario de RADAR SEGURIDAD LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN contra el recurrente, con demanda de mutua petición.
1. ANTECEDENTES
1.1.- La sociedad demandante solicitó se declarara que la entidad bancaria convocada, en calidad de contratante, incumplió el contrato de prestación de servicios de vigilancia suscrito el 16 de marzo de 1999, con vigencia de un año a partir del 1º de enero anterior y una prórroga automática por un tiempo igual, al darlo por terminado injusta, intempestiva y unilateralmente el 10 de marzo de 2000.
Como consecuencia, que se condenara a pagar, entre otras cantidades, el valor de los servicios efectivamente recibidos, representados en unas facturas, y lo correspondiente al tiempo faltante para completar la segunda anualidad.
1.2.- El banco demandado se opuso a las pretensiones y formuló demanda de reconvención para que, previa declaración de incumplimiento de la contratista, atinente a la falta de capacitación del personal, las conductas inapropiadas de éstos y la facturación de servicios nunca prestados, se condenara a ésta a pagar el valor de la cláusula penal pactada.
1.3.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, en reemplazo del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante sentencia de 20 de mayo de 2010, negó las pretensiones de la contrademanda, al encontrar que la entidad reconveniente no demostró los supuestos incumplimientos endilgados a la reconvenida.
En cambio, luego de las declaraciones de rigor, condenó al banco contratante a pagar a la sociedad inicial demandante la suma de $195’185.223, equivalente a los servicios de vigilancia prestados y no pagados, así como la cantidad de $1’638’874.970, valor igual al tiempo faltante para terminar la prórroga estipulada.
1.4.- El Tribunal, al resolver el recurso de apelación formulado por la entidad bancaria, únicamente, revocó esta última condena y confirmó la decisión en todo lo demás.
1.4.1.- La revocatoria, al encontrar que como “(…) para el año 2000 el convenio celebrado entre las partes había terminado, tiene razón el apelante en tanto no existían para el momento obligaciones contractuales vigentes, por lo que se torna improcedente la declaratoria de incumplimiento en este punto y el reconocimiento de los respectivos perjuicios”.
1.4.2.- En cuanto a la negación de las pretensiones de la demanda de reconvención, porque para determinar el incumplimiento de la sociedad prestataria del servicio de vigilancia, no bastaba acreditar daños al patrimonio del banco contratante, pues se requería, además, demostrar la conducta culposa de aquélla y la existencia del respectivo nexo causal.
“En el caso que ahora se debate, las afirmaciones realizadas por la parte demandada y demandante en reconvención no son suficientes para evidenciar actuaciones culposas en cabeza de la empresa de seguridad, por lo que no puede desprenderse de ellas el pretendido incumplimiento que alega el apelante. En esa medida, la Sala considera probado el cumplimiento cabal por parte de la demandante de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de seguridad (…)”.
1.4.3.- Relativo a la condena que dejó en firme, identificó que el “(…) apelante expresa su inconformidad con la decisión tomada, pues afirma que las facturas presentadas por la parte activa no contenían obligaciones exigibles, [dado que] no tenían constancia de aceptación del banco contratante.
“En esta última cuestión debatida concuerda la Sala con el planteamiento expuesto por el a-quo, respecto a que se presentó incumplimiento a lo pactado por parte del contratante. No son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandado en esa materia, puesto que en el expediente se demostró con suficiencia que los documentos presentados por la parte activa fundamentan servicios efectivamente suministrados al banco contratante. Resulta contradictorio que el apelante pretenda que el juez desconozca su fuerza probatoria aun cuando la causa y el contenido de las obligaciones están acreditadas en el presente proceso. Debe observarse además que las legaciones (sic.) del demandado carecen de sustento probatorio alguno, pues se limita aquel a realizar afirmaciones contundentes sin allegar pruebas de ningún tipo que las soporten”.
1.5.- En la demanda de casación cuya admisión se resuelve, dos cargos fueron formulados por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN LIQUIDACIÓN.
1.5.1.- En el primero denuncia la violación del artículo 1602 del Código Civil, como consecuencia de haberse omitido apreciar la cláusula décima octava del contrato de servicio de vigilancia, sobre que las obligaciones adquiridas por la sociedad reconvenida fueron de resultado y no de medio.
Considera la entidad recurrente que si se hubiere observado lo anterior, se habría aplicado el régimen legal pertinente a ese tipo de obligaciones, según el cual para determinar la responsabilidad del deudor no era necesario demostrar que éste incurrió en culpa.
“(…) En tal caso –dice-, el acreedor debe alegar los hechos constitutivos del incumplimiento y al deudor (…) le corresponde la causa extraña que rompa el nexo causal como elemento de responsabilidad. Si no puede el deudor demostrar tal hecho, se configura el incumplimiento y se origina la responsabilidad correspondiente.
“Como en el caso en estudio se encuentran plenamente identificados y demostrados los incumplimientos en que incurrió la entidad de vigilancia (…), lo que procedía para determinar si era responsable o no de su incumplimiento, no era como lo hizo la sentencia objeto del presente recurso, exigir a mi mandante que probara la culpa del demandante. No. Por el contrario, como consecuencia de que las obligaciones de la empresa de vigilancia fueron pactadas como DE RESULTADO, en el respectivo contrato, lo que procedía era exigir a la empresa de vigilancia la prueba de la causa extraña”.
1.5.2.- En el cargo segundo se acusa la violación de los artículos 685, 687, 689, 773 y 779 del Código de Comercio, 177 y 269 del Código de Procedimiento Civil, al pasarse por alto, cuando se emitió la condena vigente, que las distintas facturas tenidas en cuenta para el efecto no fueron aceptadas por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN LIQUIDACION, y que conforme a la cláusula décima primera el pago se supeditaba al “(…) visto bueno del área encargada de ejercer el control de la ejecución del presente contrato y una vez cumplidos todos los requisitos internos del banco”, nada de lo cual fue demostrado.
1.6.- Siendo ese, en lo esencial, el contenido de los cargos, procede examinar su idoneidad formal.
2. CONSIDERACIONES
2.1.- La naturaleza dispositiva y estricta del recurso de que se trata, cuyo propósito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunción de legalidad y acierto, exige que la demanda presentada para sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, porque al final de cuentas, ese libelo constituye el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad, sin que le sea permitido hacer interpretaciones, bien para llenar vacíos, ya para replantear cargos deficientes.
2.1.1- Con relación a la causal primera, los artículos 374-3 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, le imponen al recurrente la carga de señalar las “normas de derecho sustancial” infringidas, exigencia que bien puede cumplirse indicando una “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.
La Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas1, esto es, aquellas que regulan una situación de hecho, seguida de una consecuencia jurídica, y no las que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir sus elementos, porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, como tampoco las que establecen, por las mismas razones, determinada actividad procesal o probatoria.
Requisito de vital importancia, porque de omitirse, al decir de la Sala, “quedaría incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación”2.
La violación, desde luego, no puede referirse a cualquier norma del linaje señalado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relación con el aspecto material que de la decisión en concreto se controvierte, pues al final de cuentas es la que demarca los confines de la acusación, en consideración a que, en últimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que atañe a la “proposición jurídica completa”.
2.1.2.- El mismo artículo 374-3, exige “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.
Relativo a la precisión, que interesa al caso, por cuanto ello permite establecer si el ataque es cabal y completo, vale decir, si existe “relación” entre la “sentencia y el ataque que se le formula”, y si hay “plenitud” del mismo3. Si es desenfocado o asimétrico, no habría lugar a resolver su fondo, puesto que el argumento basilar soslayado, por sí, le seguiría prestando base firme a la decisión; y lo mismo debe predicarse si es incompleto, porque como cada uno de los varios fundamentos expuestos tiene la virtud de mantener el fallo impugnado, al omitirse uno cualquiera de ellos, los demás soportes controvertidos caerían al vacío, así fueren infirmados, pues el otro la seguiría sosteniendo.
2.2.- Frente a las anteriores directrices, pronto se advierte que ninguno de los cargos reúne los requisitos formales para recibirlos a trámite.
2.2.1.- La Corte tiene sentado como regla de principio que el artículo 1602 del Código Civil, único denunciado como violado en el cargo primero, carece de la connotación de norma de derecho sustancial4, pues simplemente hace relación a la cláusula genérica pacta sunt servanda, según la cual “[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Ahora, la única situación de hecho que regula, como es el “consentimiento mutuo”, con su consecuencia jurídica, esto es, la invalidación del contrato, en el sub-judice no es el tema objeto de controversia. Por esto, el precepto resulta impertinente, pues al girar la discusión alrededor del cumplimiento o no del contrato de prestación de servicios de seguridad, lo cual supone su existencia y validez, no puede decirse que constituye la “base esencial del fallo impugnado” o que ha “debido serlo”.
2.2.2.- Los artículos 177 y 269 del Código de Procedimiento Civil, denunciados como violados en el cargo segundo, no tienen el linaje de norma sustancial, por cuanto únicamente trazan directrices de orden probatorio. El primero refiere, en general, a la distribución de la carga de la prueba; y el segundo, al valor persuasivo de los documentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen.
Y la impertinencia dicha se predica de las demás normas del Código de Comercio que en el mismo cargo se acusan trasgredidas, porque el Tribunal jamás equiparó a títulos valores las facturas memoradas por el recurrente.
2.3.- Si lo anterior fuera poco, el tema de la naturaleza de las obligaciones adquiridas por la demandante reconvenida, prestadora de los servicios de seguridad, desarrollado en el cargo primero, no pudo ser el fundamento basilar de la negación de las pretensiones de la demanda de reconvención, porque lo cierto es que, inclusive en la hipótesis de ser prestaciones de resultado, el Tribunal encontró “(…) probado el cumplimiento cabal por parte de la demandante de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de seguridad (…)”.
El ataque, entonces, debió dirigirse a mostrar por el cauce adecuado, con la singularización de los medios correspondientes y observando los demás requisitos formales, que el concluido cumplimiento del inicial demandante es contraevidente, y no simplemente a narrar en forma abstracta que “(…) en el caso en estudio se encuentran plenamente identificados y demostrados los incumplimientos en que incurrió la entidad de vigilancia (…)”, como si la Corte fuera la llamada a realizar una pesquisa oficiosa, cuando ello lo prohíbe la naturaleza estricta y dispositiva del recurso de casación.
Y el hecho de asimilar, en el cargo segundo, a títulos valores las facturas que tuvo en cuenta el Tribunal para confirmar la condena contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN LIQUIDACIÓN, por los servicios prestados y no pagados, torna el ataque desenfocado, toda vez que en la sentencia nunca se dejó sentado que lo fueran.
Además, incompleto, puesto que para concluir la falta de pago de servicios de vigilancia prestados, el sentenciador de grado no sólo hizo referencia a las facturas en comento, sino a los “documentos presentados por la parte activa” y a que la “causa y el contenido de las obligaciones están acreditadas en el presente proceso”, y ello, al no haberse controvertido, es suficiente para sostener en el punto la decisión.
2.4.- Frente a lo expuesto, se inadmitirán los cargos formulados y declarará desierto el recurso de casación.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible la demanda examinada y desierto el recurso de casación de que se trata.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
(En comisión de servicios)
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
1 Cfr. Sentencia 071 de 29 de abril de 2005, expediente 0829, entre otras.
2 Sentencia 145 de 1º de octubre de 2004, expediente 7736.
3 Auto 034 de 12 de marzo de 2008, expediente 00271, reiterando doctrina anterior.
4 Auto de 15 de diciembre de 2011, expediente 00653,