ATC541-2018
Radicación n° 73001-22-13-000-2017-00643-01

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

1. Correspondería decidir la impugnación formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela promovida por Nora Cecilia Herrera Romero contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.

2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.1
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente trámite constitucional a Gerardo, a Myriam y a Luz Ángela Herrera Romero, hermanos de José Guillermo Cercado Romero, a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, a pesar de su evidente interés en el asunto, dada su condición de intervinientes en el juicio donde se pretende obtener la declaración de interdicción de la última persona mencionada.

Ciertamente, se advierte que en la actuación censurada, desde antes de que fuera instaurado el ruego constitucional del epígrafe (14 de diciembre de 2017), exactamente el 26 de mayo de 2016, los hermanos de José Guillermo Cercado Romero, declarado provisionalmente por el despacho accionado como «interdicto», intervinieron radicando un memorial mediante el cual señalaron que «es falso que [estuvieran] al tanto de la presente demanda y mucho menos que [estuvieran] de acuerdo con la misma. Respecto a este punto no [pueden] estar de acuerdo ya que es suficiente cambio que tuvo la vida de [su] hermano tras su accidente, como para que ahora se pretenda quitarle la poca independencia que le queda; no v[an] a negar que su salud se ha deteriorado, pero [saben] que puede defender su patrimonio…», que su hermana, Nora Cecilia Herrera Romero, «se ha apersonado de la labor que [les] corresponde a todos pero que por falta de tiempo no pu[eden] hacer, incluso en diversas ocasiones se le dijo que estuviera pendiente de él porque es claro que en Ibagué está demasiado solo».

3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.

Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:

…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal… Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…

La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados ‘por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.’, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador… (CC A-018/05).

5. Por lo consignado, se dispondrá devolver el expediente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se declara nula.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del epígrafe, a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación de Gerardo, Myriam y Luz Ángela Herrera Romero, así como de todos los demás intervinientes en el proceso de interdicción de José Guillermo Cercado Romero que se adelanta ante el despacho accionado; sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.

2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuación, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.

3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y Cúmplase,

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a éste estatuto sino al Código General del Proceso.

ATC541-2018
Radicación n° 73001-22-13-000-2017-00643-01

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

1. Correspondería decidir la impugnación formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela promovida por Nora Cecilia Herrera Romero contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.

2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.1
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente trámite constitucional a Gerardo, a Myriam y a Luz Ángela Herrera Romero, hermanos de José Guillermo Cercado Romero, a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, a pesar de su evidente interés en el asunto, dada su condición de intervinientes en el juicio donde se pretende obtener la declaración de interdicción de la última persona mencionada.

Ciertamente, se advierte que en la actuación censurada, desde antes de que fuera instaurado el ruego constitucional del epígrafe (14 de diciembre de 2017), exactamente el 26 de mayo de 2016, los hermanos de José Guillermo Cercado Romero, declarado provisionalmente por el despacho accionado como «interdicto», intervinieron radicando un memorial mediante el cual señalaron que «es falso que [estuvieran] al tanto de la presente demanda y mucho menos que [estuvieran] de acuerdo con la misma. Respecto a este punto no [pueden] estar de acuerdo ya que es suficiente cambio que tuvo la vida de [su] hermano tras su accidente, como para que ahora se pretenda quitarle la poca independencia que le queda; no v[an] a negar que su salud se ha deteriorado, pero [saben] que puede defender su patrimonio…», que su hermana, Nora Cecilia Herrera Romero, «se ha apersonado de la labor que [les] corresponde a todos pero que por falta de tiempo no pu[eden] hacer, incluso en diversas ocasiones se le dijo que estuviera pendiente de él porque es claro que en Ibagué está demasiado solo».

3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.

Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:

…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal… Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…

La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados ‘por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.’, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador… (CC A-018/05).

5. Por lo consignado, se dispondrá devolver el expediente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se declara nula.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del epígrafe, a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación de Gerardo, Myriam y Luz Ángela Herrera Romero, así como de todos los demás intervinientes en el proceso de interdicción de José Guillermo Cercado Romero que se adelanta ante el despacho accionado; sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.

2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuación, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.

3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y Cúmplase,

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a éste estatuto sino al Código General del Proceso.