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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC14094-2015
Radicación n. 66001-22-13-000-2015-00390-01
Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
La Corte decide la impugnación formulada contra el fallo proferido el diez de septiembre de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acción de tutela promovida por Javier Elías Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito; trámite al que fueron vinculados el Alcalde Municipal, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de la Regional Risaralda, así como el Director Ejecutivo Seccional, todos con sede en esa localidad.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
El ciudadano solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administración de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al negarse a tomar fotocopia del escrito a través del cual impetró recurso de reposición contra el rechazo de la acción popular que presentó y que fue anexado al expediente No. 2015-00313 y anexarlo a su proceso No. 2015-00314.
Por tal motivo, pretende que se ordene a la autoridad tutelada «…ADMITIR y tramitar de manera INMEDIATA SIN DILACIÓN ALGUNA EN SU DESPACHO, mi acción popular (…) y se abstenga en situación futuras (sic) de decretar figuras procesales no aplicables…(…) copiar mi recurso de REPOSICIÓN y aportarlo a la acción con rango CONSTITUCIONAL» o se requiera al Director Ejecutivo de Administración Judicial para que suministre los recursos para tal efecto. [Folio 1, c.1]
B. Los hechos
1. Javier Elías Arias Idarraga presentó Acción Popular contra Davivienda – Red Bancafe, sucursal de la carrera 27 No. 16-26 de Bogotá.
2. El Juzgado Segundo del Circuito de Pereira, mediante auto del 14 de julio de 2015, dispuso rechazar el asunto, por considerar que carece de competencia territorial para conocerlo, dada la sede en la que ocurre la alegada vulneración de derechos colectivos. [Folio 13, c.1]
3. El actor, quien ha promovido múltiples acciones de la misma naturaleza contra diversas entidades cuyo conocimiento ha correspondido al Juzgado aquí cuestionado, radicó memorial a través del cual impetró el recurso de reposición contra la decisión aludida y solicitó fotocopiarlo y anexarlo a cada una de sus demandas.
4. El promotor del amparo acude a este mecanismo por considerar que el juez de la causa vulnera sus prerrogativas constitucionales al abstenerse de fotocopiar su recurso de reposición y darle el curso pertinente dentro de cada acción popular donde funge como promotor. [Folio 1, c.1]
C. El trámite de la primera instancia
1. El 28 de agosto de 2015 la Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, admitió la acción de tutela y ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 4, c.1]
2. La Procuraduría Regional y la Alcaldía Municipal, se declararon ajenas a los hechos que suscitan la protección invocada, por lo que solicitaron ser desvinculadas del trámite. [Folios 9-10 y 22-26, c.1]
El Juzgado tutelado, manifestó su oposición a las pretensiones del amparo, porque la decisión cuestionada está debidamente fundamentada y el actor no la impugnó, por lo que quedó ejecutoriada. Agregó, que el Despacho a su cargo no cuenta con recursos para asumir la carga que el actor le pretende endilgar. [Folio 18, c.1]
La Defensoría del Pueblo estimó improcedente la súplica constitucional porque cuestiona un hecho que es producto de su propia incuria, pues no demostró su falta de recursos para cumplir con sus deberes procesales ni invocó el amparo de pobreza respectivo. [Folios 19-20, c.1]
4. El accionante impugnó la decisión para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su libelo genitor. Con fundamento en ello solicita revocar el fallo cuestionado, para otorgar la protección invocada y tramitar acciones de tutela contra la Defensoría de Manizales por negarse a cumplir sus deberes. [Folio 39, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de «otro medio de defensa judicial», salvo que la acción se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en remplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos.
En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de «otros recursos o medios de defensa judicial», dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como «mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», advirtiendo eso sí que la existencia de esos medios sería apreciada «en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».
2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protección al debido proceso, no atiende el comentado principio, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial del que no hizo uso al interior de la actuación constitucional cuestionada, por lo que no puede pretender revivir la oportunidad procesal pertinente para debatir temas que no fueron expuestos ante el Juez natural.
En efecto, es claro que el promotor del amparo, cuestiona que el juzgador tutelado no accediera a su solicitud de fotocopiar y anexar a cada una de las acciones populares que cursan en aquel Despacho, el escrito contentivo del recurso de reposición que presentó.
Sin embargo, olvida el peticionario que contra el auto del 14 de julio de 2015, por medio del cual el juzgado rechazó por falta de competencia su acción popular No. 2015-00314, procedía el recurso de reposición, que debió interponer en la forma establecida en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al trámite constitucional mencionado.
Ahora, si lo que sucede es que el actor no cuenta con la capacidad económica suficiente para presentar un memorial por cada acción popular que ha instaurado, ha debido hacer uso del amparo de pobreza, previa acreditación de que se encuentra inmerso en las causales que hacen viable tal figura jurídica.
Llama la atención, además, que el quejoso asegure carecer de capacidad económica para presentar sus memoriales de manera independiente en sus acciones populares, pero sí cuente con recursos para promover tantas acciones de tutela como decisiones adversas sean emitidas en las múltiples demandas que instaura.
Fue entonces, la propia incuria del gestor de la queja la que permitió la ejecutoria del rechazo de su acción popular, por lo que no puede pretender controvertir los argumentos que allí expuso el fallador para declararse incompetente para conocer su demanda.
3. Al margen de lo anterior, y como quiera que se advierte que la inconformidad del actor se suscita a partir del rechazo de su acción popular contra una de las sucursales del Banco Davivienda y la remisión de la misma a los juzgados Civiles del Circuito con sede en esta capital por competencia territorial, es claro que, en caso de que el Juez receptor no acoja el criterio del funcionario remitente, deberá dar aplicación al trámite establecido en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
«…Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación. Estas decisiones serán inapelables.
El juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143.
El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia.
Recibido el expediente, el juez o tribunal que deba dirimir el conflicto dará traslado a las partes por el término común de tres días, a fin de que presenten sus alegaciones; las pruebas pedidas durante dicho término o decretadas de oficio, se practicarán en los seis días siguientes. Vencido el término del traslado o el probatorio, en su caso, se resolverá el conflicto y en el mismo auto se ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitarlo.
El auto que decida el conflicto no es susceptible de recursos y se notificará al demandado, junto con el que admitió la demanda, si éste no le hubiere sido notificado.
La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.»
4. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, porque con ese proceder se estaría usurpando la atribución constitucional y legalmente asignada a esta Corporación en el respectivo trámite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.
En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se provea anticipadamente la solución de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposición establecidos por la ley.
Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ningún momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política.
5. Para claridad del tutelante, la Sala precisa que no es facultad del Juez de tutela imponer a la Dirección Ejecutiva Seccional Risaralda, obligaciones pecuniarias, pues la ordenación del gasto no es un asunto que pueda debatirse a través de esta herramienta jurisdiccional, por lo que tampoco resulta viable su segunda pretensión de amparo.
6. En punto a la solicitud de que se tramiten tutelas contra la Defensoría del Pueblo-Regional Manizales, se le hace saber al quejoso, en primer lugar, que no es ese mecanismo el diseñado para exponer tales quejas; y, en segundo término, que si estima necesario promoverlas, es a él a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los fundamentos fácticos y legales del caso y los respectivos soportes probatorios.
7. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido, por lo que se confirmará la decisión que por vía de impugnación se ha revisado.
De los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito, de los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
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