SC3862-2019 (2014-00034-01)

2019

2 de julio de 2026admin14

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LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado  Ponente  
SC3862-2019

Radicación:  73001-31-03-001-2014-00034-01

(Aprobado parcialmente en Sala  de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y definitivamente  en Sesión de veinte de junio de dos mil dieciocho)  
Bogotá, D.  C., veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)  
1. ANTECEDENTES  
1.1.  El  petitum.  El demandante solicitó,  declarar la responsabilidad extracontractual de los convocados, con  la condena a pagar daño emergente y lucro cesante, a causa del  accidente de tránsito provocado por éstos.

1.2.  La  causa petendi.  El  actor, Hernando  Vásquez Duarte,  el 19 de enero de 2005, se desplazaba en horas de la tarde en su  motocicleta, en un tramo conocido como “Alto  de El Bledo”,  en la vía Lérida- Guayabal (Tolima), momento en el cual  fue embestido por la “tractomula”  conducida por Óscar Augusto  Restrepo Jaramillo. El impacto le provocó la amputación  de su pierna izquierda.  
Denuncia  que según el informe de la Policía, el accidente se  debió al exceso de velocidad y a la falta de mantenimiento del  tractocamión.  
1.3.  La  contestación de la demanda.  La sociedad interpelada se opuso a las pretensiones, aceptando los  hechos de la demanda, por así aparecer demostrados con la “(…)  documentación  aportada (…)”,  salvo los que se relacionan con la causa del accidente.  
1.4.  El  fallo de primer grado.  El  Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, el 18 de marzo  de 2014, negó las pretensiones. Adujo que la prueba documental  relacionada era muy frágil. En efecto, como aparece, el  vehículo pesado fue codificado por exceso de velocidad, falta  de mantenimiento mecánico, y fallas en los frenos; mientras la  motocicleta, por transitar distante de la acera u orilla de la  carretera.  
Igualmente,  por cuanto la declaración del patrullero de la policía  Jhonatan  Irreño Ramírez, era bastante tenue, y porque el  conductor del tractocamión sostuvo en la indagatoria que el  motociclista le salió de manera imprudente.  
1.5.  La  decisión de segundo grado.  Confirma la anterior determinación, al resolver la apelación  del demandante.  
2.  LA SENTENCIA IMPUGNADA  
2.1.  Según el Tribunal, no  tenían mérito demostrativo los medios de convicción  allegados en copias simples para acreditar el motivo del menoscabo y  la responsabilidad de los demandados, en particular, el informe del  accidente de tránsito, la declaración del patrullero  Jhonatan Irreño Ramírez ante la Fiscalía Treinta  y Dos Local de Lérida, y la indagatoria rendida por Óscar  Augusto  Restrepo Jaramillo en la Fiscalía Veintisiete Local de  Rionegro.  
Lo  anterior, porque no se sujetaban a lo previsto en los artículos  254 y 268 del Código de Procedimiento Civil, así como  en el canon 11 de la Ley 1395 de 2010, los cuales confieren eficacia  probatoria a las copias cuando su autenticidad la certifique  cualquier notario o secretario de oficina judicial, o en su defecto,  la reconozca expresamente la contraparte o se demuestre mediante  cotejo.  
2.2.  Además, el demandante fue desidioso de sus deberes procesales  por no gestionar la incorporación de los anotados documentos  en copia auténtica, solicitados de oficio por ambos juzgadores  de instancia.  
2.3.  En todo caso, al examinar la indagatoria del conductor de la  tractomula, este “no  aceptó ser el responsable del accidente”,  ni existía constancia en el expediente de que no hubiere  asistido a absolver el interrogatorio de parte.  
3.  EL RECURSO DE CASACIÓN  
El  recurrente demandante formuló dos cargos por la violación  indirecta de la ley sustancial, los cuales no fueron replicados por  la contraparte. La  Corte resolverá las acusaciones conjuntamente por las razones  que en su momento se dirán.  
4.  CARGO  PRIMERO  
4.1.  Denuncia la transgresión de los artículos 2341, 2347,  2356, 2357 del Código Civil, 243, 244, 254 del Código  General del Proceso, y 37.4, 179, 180, 268 y 289 del Código de  Procedimiento Civil, a raíz de  la comisión de un error de derecho, al no dársele  mérito probatorio a los documentos allegados en copias  simples, mediante los cuales se acreditaba la causa del daño  y la responsabilidad de los convocados.  
4.1.1.  En sentir de la censura, el  informe  del accidente de tránsito, la declaración del  patrullero Jhonatan Irreño Ramírez y la indagatoria  rendida por Óscar Augusto  Restrepo Jaramillo, sí  tenían eficacia demostrativa por cuanto ninguno de los  instrumentos  contentivos de esas pruebas fueron  tachados de falsos por los interpelados, significando su aceptación  como medios de persuasión.  
Lo  antelado, porque el Código de Procedimiento Civil, en línea  con el Código General del Proceso,  y conforme a  los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del  derecho sustantivo sobre el adjetivo, le  asignó pleno vigor acreditativo a las copias sin autenticar,  siempre y cuando su veracidad no la censure la parte frente a quien  se pretenden hacer valer.  
Lo  planteado, dice, explica el porqué el Tribunal no debió  aplicar los preceptos 254 y 268 del anotado régimen procesal  civil, los cuales exigen como requisito de idoneidad probatoria de  los escritos reproducidos del original, su aportación  auténtica, dado que dichas disposiciones contradicen el  contenido de los artículos 289 y 290 ejúsdem,  que permitían a los extremos procesales “tachar  de falso”  cualquier documento allegado por su contraparte, con el fin de  restarle  eficacia probatoria.  
Además,  las reglas atinentes a la exclusión demostrativa de las copias  simples, pugnan con el canon 246 del Código General del  Proceso, debiendo declinar aquéllas por virtud de su  derogatoria tácita, al tenor de la regla 72 del Código  Civil.  
La  prevalencia del nuevo enjuiciamiento civil en el caso concreto,  acota, se justifica también al adoptar dicho sistema un modelo  hermenéutico garantista que faculta al juez tener mayor  dinamismo en la contemplación de las pruebas, permitiéndole  apreciar los documentos informales cuando las partes, con su  silencio, los “convalidan”.  
Empero,  al desconocer el sentenciador acusado tal enfoque normativo,  transgredió los postulados de la buena fe y lealtad imperantes  en el juicio, adoptando una decisión contraria a la justicia  material.  
4.2.  Para la censura, al descartar el ad-quem  las  pruebas allegadas en copias simples, incidió en la falta de  demostración del nexo causal de la responsabilidad aquiliana  endilgada a los demandados.  
4.3.  Solicita el impugnante, por lo tanto, casar el fallo atacado y  declarar en sede de instancia la prosperidad de las pretensiones e  imponer las condenas respectivas.  
5.  CARGO  SEGUNDO  
5.1.  Acusa el desconocimiento de los artículos 1496, 1613, 2341,  2356 y 2357 del Código Civil; y 37.4, 179 y 180 del Código  de Procedimiento Civil, como  consecuencia de la comisión de errores de hecho probatorios.  El Tribunal, en opinión del recurrente:  
5.1.1.  Pretirió el informe de la Fiscalía Veintisiete Local de  Rionegro, Antioquia, pues en él, dicho ente dijo no saber de  “causa  alguna”  relacionada con el número del expediente indicado por el a-quo  en el auto mediante el cual gestionó las copias de la  investigación adelantada a raíz del accidente de  tránsito padecido por el aquí actor, situación  que implicaba proveer de nuevo su recaudo, corrigiendo la información  pertinente.  
5.1.2.  Omitió la solicitud de pruebas oficiosas y el derecho de  petición de “expedición  de documentos”  que el demandante interpuso ante la Fiscalía Treinta  y Dos Local de Lérida.  
La  primera, cuando puso de presente al ad-quem  la dificultad para obtener las “copias”  ante la mencionada autoridad, exigiéndole requerirlas otra  vez; y el segundo, al no ser cierto el desinterés del actor  por la consecución de las mismas, pese a “no  obtener respuesta”.  
5.1.3.  Supuso que Óscar  Augusto  Restrepo Jaramillo, conductor de la tractomula, “no  confesó”  en la indagatoria su participación en el siniestro,  aseveración deducida sin confrontar el contenido del informe  de policía y el croquis, los cuales demostraban lo contrario,  esto es, “la  maniobra imprudente de [aquél]  en la vía”.  
5.2.  Concluye el impugnante, los yerros de facto enrostrados, incidieron  en la aplicación de las normas denunciadas como vulneradas, al  punto de negar sin acierto, la responsabilidad civil implorada.  
5.3.  Demanda, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario, revocar  la sentencia del juzgado, y en su lugar, acoger sus reclamaciones.  
6.  CONSIDERACIONES  
6.1.  Si  bien hoy rige la Ley 1564 de 2012, “por  medio de la cual se expide el Código General del Proceso”1,  para el presente asunto se aplicará el Código de  Procedimiento Civil, pues la impugnación extraordinaria  examinada se formuló bajo su vigor, debiendo resolverse  conforme a lo allí reglado.  
Lo  anterior, en cumplimiento de la regla tempus  regit procesum,  contenida en el artículo 625, numeral 5º del Código  General del Proceso, la cual dispone que “(…) los  recursos interpuestos (…),  se regirán por las leyes vigentes cuando se [instauraron]  (…)”.  
6.2.  El estudio aunado de los cargos se justifica, por cuanto, como se  observa, en ambos se denuncian como violados unos mismos preceptos  legales, y porque, en general, los errores de hecho y de eficacia  probatoria se asocian con las copias simples aportadas con el libelo  genitor, cuya autenticidad, según se sostiene, quedó  superada en el decurso del proceso.  
Pese  a denunciarse en un segmento del cargo segundo, la comisión de  un yerro de hecho, en cuanto el Tribunal pretirió apreciar  algunos documentos, la Sala lo examinará desde la óptica  del error de derecho, porque el quid  de la “(…) confesión  (…)”  de uno de los demandados y la falta de contraste de tal medio con  otros, atañe a aquilatar conjuntamente los elementos de  convicción, ámbito de esta otra clase de error. La  cuestión no apunta a constatar su existencia material en el  proceso, ni a fijar su contenido objetivo, aspecto del yerro de  facto.  
El  antelado análisis viene al caso siguiendo el garantismo del  juicio, inserto en las reglas 29 y 228 de la Constitución  Política y en el artículo 8 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos.  
Con  mayor razón cuando el ad-quem  no  omitió justipreciar ningún elemento de juicio; por el  contrario, al referirse a las copias, las tuvo en cuenta y las  valoró, distinto es que les haya restado eficacia demostrativa  por no estar autenticadas. Igualmente, al decir, que el conductor  demandado “(…) en  la indagatoria no acreditó ser el responsable del accidente  (…)”.  
6.3.  El error de iure  ocurre cuando el sentenciador le da a una prueba el alcance  demostrativo no reconocido por la ley o le niega el fijado en ésta,  y cuando se equivoca en torno a su regularidad.  
Se  configura, según lo tiene afirmado la doctrina invariable de  la Corte, al errar el Tribunal “(…)  en la aplicación de las normas legales que regulan la  aducción, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite  un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un  hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable  para comprobarlo (…)”2.  
Tan  impecable razonamiento, reiterado en otros fallos3;  supone que el anotado desacierto se presenta en cualquiera de los  cuatro  momentos que integran la actividad probatoria4:  (i) en la incorporación o conformación del conjunto de  pruebas; (ii) durante el acto de su decreto, práctica o  evacuación; (iii) en la calificación o la valoración;  o (iv) en la etapa decisional sobre los hechos comprobados.  
En la  fase del primero, ligada con la aducción, aportación,  petición o solicitudes de pruebas que se pretenden hacer  valer, porque es allí donde convergen la mayor parte de los  elementos históricos presentados o aducidos por las partes y  que el juez debe considerar al resolver la litis.  Se integra por las pruebas o evidencias recopiladas e incorporadas;  contempla quién puede solicitarlas, ante quién, cómo,  cuándo, y cuáles son los medios autorizados. Dicha  etapa se rige por los criterios previstos por los sistemas  procesales: dispositivo, inquisitivo o mixto; o según sea el  caso, en las facultades otorgadas por el legislador a las partes para  ofrecer pruebas.  
El  segundo, se refiere a la instrucción y fiscalización de  los elementos de convicción solicitados, el cual abarca el  decreto y práctica de los peticionados por las partes como las  decretadas de oficio; y por tanto, atiende los requisitos extrínsecos  e intrínsecos generales y particulares para admitirlas o  rechazarlas motivadamente, mirando su pertinencia (congruencia  fáctica), conducencia (congruencia normativa) y utilidad;  también su licitud (constitucionalidad) o ilegalidad. En la  práctica, por ejemplo, es donde con mayor rigor se observan  los principios de inmediación y contradicción,  interactuando el juez, apoderados, partes y terceros. En esta fase  cobra particular trascendencia la regla de exclusión  probatoria.  
El  tercero se contrae a evaluar el acervo demostrativo incorporado,  decretado y practicado. Aquí se halla como etapa previa a la  valoración o mérito, la asunción judicial de la  prueba, entendida como “(…) la  percepción sensorial y la aprehensión mental de la  prueba por el juez  (…)”5,  laborío indispensable que asume el juzgador, al admitirla o  practicarla directamente, o cuando le es remitida por el comisionado,  y asimila cognitivamente su contenido. No se trata de un hecho físico  de admitir o practicar la prueba, sino del fenómeno síquico  o mental para conocer y entender el medio demostrativo.  
En  este tercer estadio, se busca luego de la asunción, establecer  el mérito o convicción de las pruebas recaudadas, que  como razonamiento judicial se expone en la motivación de la  providencia, el cual se gobierna según el régimen  respectivo: la íntima convicción, la tarifa legal, la  probabilidad racional o lógica, o la sana  crítica;  en fin. Este último, prevalente en nuestro sistema procesal,  se halla sometido a los criterios generales de la lógica, la  ciencia y las reglas de la experiencia o del sentido común.  Analiza el grado de apoyo que cada medio persuasivo brinda y el  conjunto de los acopiados, a efectos de establecer el nivel de  confirmación de las distintas hipótesis que solucionan  el problema del caso.  
Y el  cuarto, se finca en la apreciación o calificación de  los medios de convicción, y se circunscribe a la selección  de las tesis probatorias que obtuvieron mayor grado de confirmación  o de certidumbre y que, desde el punto de vista de los hechos, con  mayor rigor o estándar, edifican la solidez del fallo,  sustentando la ratio  decidendi.  
En  fin, es en estas fases donde con mayor frecuencia se pueden escrutar  o depositar los errores de derecho en la prueba, tras comparar su  regularidad con las normas probatorias pertinentes.  
6.4.  En punto de lo censurado, la Corte, inveteradamente, conforme al  artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, afirmó  que las copias simples no  tienen valor probatorio6;  claro, en el marco dentro del cual está planteada la  controversia.  
En  efecto, por regla general, quien pretenda hacer valer dentro del  proceso documentos que se encuentran en su poder, debe adjuntarlos  con la demanda o en la contestación, según lo señalan  los preceptos 77, num. 6º, y 92, num. 5º, inciso 2º,  ejúsdem;  hoy  este mismo criterio se halla en los artículos 84, num. 3º,  y 96, num. 5º, inciso 2º del Código General del  Proceso.  
No  obstante, la aportación de reproducciones mecánicas o  fotostáticas no podía realizarse de cualquier modo, por  cuanto el canon 254 del Estatuto Procesal Civil, condicionaba su  importancia denotativa, entre otros casos, “(…) cuando  hayan sido autorizadas por notario, director de oficina  administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial,  previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia  autenticada (…)”.  
Acorde  con la mencionada disposición, la regla 268 ídem,  consagraba las excepciones que autorizaban a las partes a adjuntar  “en  copia”  los documentos. En primer lugar, los protocolizados; en segundo  término, los que formen parte de otro proceso de donde no  pueden desglosarse, siempre y cuando la reproducción se expida  por orden de un juez; y en tercer orden, aquéllos cuyo  original no se encuentra en poder de quien lo aporta, caso en el  cual, será necesario que su autenticidad haya sido certificada  por notario o secretario de oficina judicial, o reconocida  expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo.  
Con  todo, hoy día, la anotada regla probatoria, reafirmada por la  jurisprudencia de esta Corte7,  debe comprenderse en contextos procesales donde haya duda en el  origen o en el contenido del instrumento escrito de que se trate,  pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda, respecto de  los duplicados informales de documentos públicos, despejan  cualquier incógnita acerca de su creación o  significado.  
En  esa línea, incluso frente a los “(…) documentos  privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes,  presentados (…)  en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines  probatorios  (…)”, el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010,  modificatorio del inciso 4º del canon 252 del Código de  Procedimiento Civil, les confirió autenticidad iuris  tantum  en relación con la tipología antes anotada; presunción  ahora inserta en el canon 244 del Código General del Proceso.  
El  cumplimiento de las formalidades tendientes a hallar la autenticidad,  resulta esencial frente a las copias simples, siempre que exista  incertidumbre sobre el autor o procedencia del documento, sea público  o privado, y deja de serlo en sentido contrario, esto es, cuando no  se controviertan; pues lo realmente importante es confirmar la  autenticidad de éste, cual ocurre, según el tenor del  inciso 1º del artículo 252 del Código de  Procedimiento Civil, cuando hay “(…) certeza  sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado (…)”.  
6.5.  El error de derecho también se produce cuando el sentenciador,  sin razón, y existiendo serios motivos para hacerlo, no  decreta las pruebas de oficio necesarias para la verificación  de “(…)  los hechos relacionados con las alegaciones de las partes (…)”8.  
La  anterior exigencia, distinta de su vertiente obligatoria9,  no implica per  sé  suplir las cargas desatendidas por los extremos procesales, ni el  desconocimiento de la discrecionalidad con la cual cuenta el fallador  al respecto, sino cuando dicha facultad probatoria se torna  apremiante para esclarecer aquellas situaciones claramente sugeridas  o insinuadas en el expediente.  
Ello  ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente  aducida o incorporada, hipótesis en la cual, de ser  trascendente en la decisión10,  se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo “(…)  se produce una grave desatención de los elementos que  conforman el plenario (…)”11.  
6.6.  En  cuanto  atañe al tipo de responsabilidad civil descrita en la  acusación, la misma corresponde a la prevista en el artículo  235612  del Código Civil, esto es, la originada por el ejercicio de  actividades peligrosas, la cual consagra una presunción de  responsabilidad que opera en favor de la víctima por el daño  causado producto de una labor riesgosa; aspecto que la releva de  probar la imprudencia o negligencia en el acaecimiento del  accidente13.  
La  concepción de la presunción legal de responsabilidad  que dimana del anotado precepto 2356, es un texto situado en la  órbita del riesgo creado, provecho, o beneficio, riesgo  empresarial, creación o exposición al peligro; o en el  ámbito de una forma de responsabilidad objetiva.  
Lo  antelado fluye no solo de la interpretación sistemática  de la preceptiva ejúsdem,  por el hecho de las cosas inanimadas o sin ellas, sino también,  muy sólidamente de las sentencias de 14 de marzo y 31 de mayo  de 1938, G. J. T. XLVI, pags. 216, 2ª, y 561, 2ª, doctrina  jurisprudencial en la cual, con rigor se asienta que en el precepto  ibídem,  se halla una presunción de responsabilidad a favor de la  víctima, más no, una presunción de culpa;  descartando, por tanto, que baste alegar para exonerarse, ora la  ausencia de culpa, o ya la conducta diligente o cuidadosa para  ponerse a salvo.  
En  la significativa sentencia de 14 de marzo de 1938, la Sala de  Casación Civil14  hincó sólidamente los primeros lineamientos  jurisprudenciales sobre los cuales hoy se sustenta la “teoría  de la responsabilidad por actividades peligrosas”,  bajo el esquema de una presunción de responsabilidad,  exponiendo:  
“(…)  [L]a  teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le  tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por  los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y mira a la  dificultad, que suele llegar a la imposibilidad, de levantar las  respectivas probanzas los damnificados por los hechos ocurridos en  razón o con motivo o con ocasión del ejercicio de esas  actividades […]. De  ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa  teoría, causados por el agente respectivo […] Y de ahí  también que tal agente o autor no se exonere de la  indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el  todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza  mayor o intervención de elemento extraño.  […]  
“(…)  
“Porque,  a la verdad, no  puede menos de hallarse en nuestro citado art. 2356 una presunción  de responsabilidad.  De donde se sigue que la carga de la prueba no es del damnificado  sino del que causó el daño, con sólo poder éste  imputarse a su malicia o negligencia.  
“No  es que con esta interpretación se atropelle el concepto  informativo de nuestra legislación en general sobre presunción  de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia,  sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de  casos, la  Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su  peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil,  el hecho dañoso lleva en sí aquellos elementos, a  tiempo que la manera general de producirse los daños de esta  fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los  necesarios elementos de prueba.  
“Entendido,  de la manera aquí expuesta nuestro art. 2356 tantas veces  citado, se  tiene que el autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa  ni puede con esta alegación poner a esperar que el damnificado  se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir  la referida presunción demostrando uno al menos de estos  factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervención de  elemento extraño (…)”  (se destaca).

La  anterior decisión fue reiterada por esta Sala en sentencias de  31 de mayo y 17 de junio de 1938, 24 de junio de 1942, 31 de agosto  de 1954, 14 de febrero de 1955, 27 de febrero de 2009 (rad.  2001-000013-01), y reafirmada el 24  de agosto de 2009 (rad. 2001-01054-01), expresando esta última:  
“(…)  El  fundamento normativo general de la responsabilidad civil por  actividades peligrosas, en la constante jurisprudencia de la Sala se  ha estructurado en el artículo 2356 del Código Civil  por determinadas actividades de cuyos riesgos y peligros dimana la  obligación de reparar los daños con tal que puedan  imputarse a la conducta de quien las desarrolla y exista una  indisociable secuencia causal entre la actividad y el quebranto.

“(…)  
“El  régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es  singular y  está sujeto a directrices específicas en su  etiología, ratio y fundamento.    Por su virtud, el fundamento  y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo  que el  ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro  potencial e inminente de causar un daño a los bienes e  intereses tutelados por el ordenamiento. La  culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad  por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es  menester su demostración, ni tampoco se presume; el  damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad  peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el  autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la  fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o  de la víctima que al actuar como causa única o  exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y  determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es  autor.  En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico  de reparar en la medida de su contribución al daño.  Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla  general, admite la causa extraña, esto la probanza de un hecho  causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención  exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las  previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo,  la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (art. 1880 del  Código de Comercio), más si el hecho exclusivo de un  tercero o de la víctima (Cas. Civ. de 14 de abril de 2008,  radicación 2300131030022001-00082-01) (…)”  (se destaca).  
Ahora,  si bien es cierto que la Corte, pese a reconocer que la  responsabilidad por actividades peligrosas se funda en la teoría  del riesgo, la cual, per  sé,  excluye el elemento culpa, por cuanto el autor del menoscabo, a  efectos de liberarse de resarcirlo, debe limitarse a demostrar el  quiebre del nexo causal a través de la ocurrencia de la causa  extraña, vino a afirmar en fallos posteriores15,  que respecto del responsable de este tipo de lesiones, derivadas de  un rol peligroso, recaía una “presunción  de culpa”,  expresión cimentada bajo la interpretación literal del  artículo 2356 del C.C., al referir este como origen de ese  tipo de daño la “malicia  o negligencia”16,  o en los casos ejemplificativos en él descritos, los cuales  suponen un error en la conducta17;  no cabe duda que en ninguna de las decisiones que acuñaron  dicha expresión, se afirmó, en todo caso, que el  demandado debía probar la diligencia y cuidado para poder  exonerarse de la obligación de reparar.  
Por  el contrario, para esta Corporación en el artículo 2356  siempre ha sido incuestionable la diferencia entre los conceptos de  culpa y responsabilidad, de modo que, aun cuando inapropiadamente  refirió a la expresión “presunción  de culpa”,  tal locución no puede utilizarse indistintamente o asimilarse  a la culpa como título de atribución para la clase de  responsabilidad por actividades peligrosas, la cual, según se  afirmó, funda una teoría de la responsabilidad sin  culpa. Se ha tratado de simples nomenclaturas semánticas, por  cuanto, en todo caso, con independencia de la calificación que  hayan dado a la presunción, únicamente han aceptado  como factor para destruir el nexo causal en su sentido naturalístico  o jurídico, la comprobación de la causa extraña.  
Por  supuesto, la culpa es elemento determinante y de hallarse demostrada,  contribuye a generar responsabilidad pero únicamente en los  sistemas y en los eventos de culpa probada o de responsabilidad  subjetiva, que por regla general sigue el derecho nacional, para las  hipótesis en donde se hace necesario escrutar la subjetividad  del agente en procura de deducir la respectiva responsabilidad; pero,  no ocurre lo mismo en el ámbito del precepto 2356 del Código  Civil, venero de la original doctrina patria de la responsabilidad  por el ejercicio de las actividades peligrosas, precepto de nuestro  ordenamiento mucho más creativo y dinámico que la regla  1384 del Código Civil francés.  
Esta  Sala ha sido categórica en resaltar que la responsabilidad  derivada de la ejecución de labores peligrosas, se asienta en  la teoría del riesgo y no en la culpa, aun cuando frente al  autor del daño, se reitera, haya señalado,  indistintamente, que sobre él reposa una “presunción  de culpa”,  siendo en realidad una “presunción  de responsabilidad”,  en tanto que para desvirtuarla, impone acreditar exclusivamente la  “causa  extraña”  (hecho de la víctima, o de un tercero, la fuerza mayor o el  caso fortuito), mas no exige probar que se obró con esmero,  prudencia y meticulosidad, aspectos típicos para refutar un  error en la conducta (culpabilidad). Siempre, para la Sala, la  exoneración queda reducida al terreno de la causalidad en el  marco del artículo 2356.  
Por  ejemplo, en sentencia SC-5885 de 6 de mayo de 2016, sostuvo:  
En  esa línea, la sentencia SC-12994  de 15 de septiembre de 2016,  expuso:  
“(…)  Tratándose  del ejercicio de actividades peligrosas, la Sala en desarrollo de lo  previsto en el artículo 2356 del Código Civil, tiene  decantado que la responsabilidad se juzga al abrigo  de la  “presunción de culpabilidad” (CSJ.  Civil. Vid. Sentencias de 26 de agosto de 2010, expediente 00611, y  de 18 de diciembre de 2012, expediente 00094; posición  reiterada recientemente en sentencia de 6 de octubre de 2015, rad.  2005-00105).  Cualquier exoneración, por tanto, debe  plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un  elemento extraño (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un  tercero o culpa exclusiva de la víctima).  
“(…).  
“[C]on  fundamento en el sistema de imputación de culpa presunta  contemplado en el artículo 2356 del C.C, por  supuesto diferente del de culpa probada del canon 2341 ejúsdem,  solo le es posible al convocado desvirtuar la responsabilidad  atribuible, demostrando cualquiera de las causas extrañas  referidas en precedencia (…)”  (negrilla fuera de texto).  
En  idéntico sentido, el fallo SC-17723  de 7 de diciembre de 2016,  afirmó:  
“(…)  [L]a  [teoría] de la actividad peligrosa [se]  construyó la doctrina jurisprudencial de esta Corporación,  con sustento en el artículo 2356 del Código Civil, la  cual comporta como una de sus principales características,  la concerniente a la «presunción de culpa» de  quien ejecuta dicha actividad,  por  lo que para liberarse de responsabilidad en el evento de reclamación  con fines indemnizatorios, deberá demostrar que el hecho  derivó de una causa extraña, esto es, culpa exclusiva  de la víctima, o hecho proveniente de un tercero, o existencia  de un evento de fuerza mayor o caso fortuito  (…)” (se destaca).  
La  misma senda abrigan los siguientes fallos, así revistan a  juicio de algunos críticos, motivaciones aparentemente  contradictorias:  
La  sentencia SC-18146  de 15 de diciembre de 2016, dijo:  
“(…)  La  Sala, respecto de la responsabilidad por actividades peligrosas, en  general, tiene establecido:  (…) [que] la fuente positiva de esta teoría se localiza  en el artículo 2356 del C. Civil, cuyo texto permite  presumir la culpa en el autor del daño que a su vez genera la  actividad peligrosa,  sin  que ello implique modificar la concepción subjetiva de la  responsabilidad, pues aún dentro del ejercicio de la actividad  peligrosa ésta se sigue conformando por los elementos que  inicialmente se identificaron, pero con  una  variación en la carga probatoria, porque demostrado el  ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del daño, la  culpa entra a presumirse en el victimario.  ‘A la víctima le basta demostrar -ha dicho la Corte- los  hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el  perjuicio sufrido y será el demandado quien debe comprobar que  el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la  víctima, por la intervención de un elemento extraño,  o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una  actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en  caso de accidente’ (CSJ, SC del 25 de octubre de 1999, Rad. n.°  5012; se subraya)  (…)” (negrilla fuera de texto).  
Recientemente,  esta Colegiatura  en fallo SC-002  de 12 de enero de 2018, conceptuó:  
“(…)  [C]uando  el artículo 2356 exige como requisito estructural el ‘daño  que pueda imputarse a malicia o negligencia’, está  señalando que no es necesario demostrar la culpa como acto (la  incorrección de la conducta por haber actuado con  imprudencia), sino simplemente la posibilidad de su imputación.  Luego,  como la culpa no es un núcleo sintáctico del enunciado  normativo, la consecuencia pragmática de tal exclusión  es el rechazo de su prueba en contrario. Por consiguiente, se trata  de una presunción iuris et de iure, como se deduce del  artículo 66 antes citado, lo que explica que el demandado no  pueda eximirse de responsabilidad con la prueba de su diligencia y  cuidado.  
“De  lo anterior se concluye que la responsabilidad por actividades  peligrosas tiene que analizarse, por expreso mandato legal, en el  nivel de la categorización de la conducta del agente según  haya tenido el deber jurídico de evitar la creación del  riesgo que dio origen al daño (riesgo + daño); pero no  en el ámbito de la mera causación del resultado lesivo  como condición suficiente (sólo daño), pues  no se trata de la responsabilidad objetiva que se rige por el  criterio del deber absoluto de no causar daños; ni mucho menos  en el nivel que exige la demostración de la culpabilidad como  requisito necesario (daño + riesgo + culpa o dolo), pues no se  trata de la responsabilidad bajo el criterio de la infracción  de los deberes de prudencia o previsibilidad de los resultados  (…)”  (destacado propio).  
De  tal forma, en todas las referidas sentencias, para la Corte ha sido  inoperante el juicio de negligencia por carencia de relevancia, por  corresponder el factor de atribución al régimen de  actividades peligrosas.  
Así,  según lo anotado, por razones de justicia y de equidad, se  impone interpretar el artículo 2356 ejúsdem,  como un precepto que entraña una presunción de  responsabilidad, pues quien se aprovecha de una actividad peligrosa  que despliega riesgo para los otros sujetos de derecho, debe  indemnizar los daños que de él se deriven.  
Aceptar  la mencionada presunción como si se tratara de suposición  de culpa, implicaría probar primero la conducta antijurídica,  el daño, el nexo causal, y posteriormente, la imputabilidad  como presupuesto para la culpabilidad, revictimizando a la parte  afectada con la conducta dañosa, puesto que la obligaría  a demostrar en los casos de actividades peligrosas, muchos más  elementos de los que cotidianamente se requieren en este tipo de  responsabilidad. En ninguna de las decisiones anteriores se ha  exigido en torno al canon 2356, demostrar el elemento culpa.  
Por  tanto, para que el autor del menoscabo sea declarado responsable de  su producción, tratándose de labores peligrosas, sólo  le compete al agredido acreditar: el hecho o conducta constitutiva de  la actividad peligrosa, el daño y la relación de  causalidad entre éste y aquél.  
Por  consiguiente, esa presunción no se desvirtúa con la  prueba en contrario, argumentando prudencia y diligencia, sino que  por tratarse de una presunción de responsabilidad, ha de  demostrarse una causal eximente de reparar a la víctima por  vía de la causa extraña no imputable al obligado o  ajena jurídicamente al agente, esto es, con hechos positivos  de relevante gravedad, consistentes en: la fuerza mayor, el caso  fortuito, causa o hecho exclusivo de la víctima, el hecho o la  intervención de un tercero.  
De  ahí, que cuando concurren roles riesgosos en la causación  del daño, tampoco resulta congruente aludir a la compensación  de culpas, sino a la participación concausal o concurrencia de  causas18.  Y ello, no puede ser de otro modo, por cuanto demostrada la conducta,  el comportamiento o la actividad peligrosa como primer elemento,  establecido el daño como requisito consecuencial, y comprobado  el vínculo de causalidad entre la acción y el  resultado, el agente únicamente puede exonerarse demostrando  causa extraña19;  de manera que a éste, no le basta justificar ausencia de culpa  sino la ruptura del nexo causal para liberarse de la obligación  indemnizatoria.  
En  resumen, la jurisprudencia de la Corte en torno de la responsabilidad  civil por actividades peligrosas, ha estado orientada por la  necesidad de reaccionar de una manera adecuada “(…)  ante los daños en condiciones de simetría entre el  autor y la víctima, procurando una solución normativa,  justa y equitativa  (…)”20.  
6.7.  Frente a las anteriores directrices, y en punto al análisis de  los cargos, se advierte que el recurrente reprocha al ad-quem  por dos aspectos relacionados  con la acreditación del nexo causal: El inicial, alusivo a las  pruebas de la incidencia de la conducta del demandado en la  producción del daño, al negarle su valor demostrativo  por obrar en documentos informales; y el final, por no recaudar de  oficio esas copias.  
En  adición, la censura recrimina al sentenciador de segundo grado  por no declarar confeso al conductor de la tractomula, ni ponderar la  declaración de éste junto con el   informe de policía  y la versión del patrullero Jhonatan  Irreño Ramírez,  los cuales corroboraban su responsabilidad exclusiva en el accidente.

6.7.1.  El Tribunal, es cierto, no dejó acreditado el nexo causal  entre el hecho constitutivo de la actividad peligrosa y el daño,  porque las únicas pruebas que supuestamente lo demostraban, se  allegaron en documentos simples, debiendo ser auténticas, pues  así lo disponían las otroras reglas probatorias  imperantes al juicio, previstas en los artículos 254 y 268 del  Código de Procedimiento Civil.  
Tal  conclusión, en efecto, es equivocada y configura prima  facie un  yerro de contemplación jurídica como atrás, se  explicó, por cuanto la procedencia y contenido del “(…)  informe  del accidente de tránsito, la declaración del  patrullero Jhonatan Irreño Ramírez, y la indagatoria de  Óscar Augusto  Restrepo Jaramillo  (…)”, incorporados con la demanda, quedaron fuera de  duda con la contestación realizada por Continental  Transportadores Limitada, Transcontinental, al admitir de manera  explícita su autenticidad, según se motivó, ut  supra.  
En  efecto, la enunciación numerada de los hechos del libelo  introductorio, hacían referencia directa a los señalados  documentos; el primero, respecto de las circunstancias de tiempo,  modo y lugar tocantes con el acontecer del accidente. A éstos  la convocada lo respondió afirmando que era “(…)  cierto  [,] (…) en  cuanto así se demuestra con la documentación aportada  con la demanda (sic)  (…)”, de lo cual se infiere, que reconoció en su  contexto, el origen y significado de tales piezas pertinentes con el  acaecimiento del suceso, más no la causa imputada a la parte  demandada.  
Lo  mismo ocurre frente a los hechos quinto y sexto de la demanda,  relacionados con los detalles acerca de la existencia o no de  vehículos aparcados en la vía al momento de producirse  el choque, colegidos del “(…) informe  del accidente de tránsito (…)”  y de la indagatoria del conductor de la tractomula ante la Fiscalía,  los cuales replicó la interpelada aduciendo que “(…)  [e]s  cierto  (…)”, porque “(…) así  aparece afirmado en diligencias que menciona el demandante  (…)”.  
Sentado  lo precedente, resulta claro que el asunto sobre la falta de  autenticidad de los documentos informales, al rompe, fue superado por  la convocada en el ejercicio de su derecho de contradicción,  quien los habilitó jurídicamente para darles la  eficacia demostrativa que ostentaban.  
Primero,  porque sus respuestas, aunque no implicaron la aceptación  de las causas del siniestro, dieron plena fe a la reproducción  textual de los mismos respecto de los originales, tanto en sus  caracteres internos (contenido) como externos (forma), legitimándolos  como prueba genuina; segundo, porque  una vez incorporados al expediente con la demanda, y validados por la  contraparte, de suyo, era innecesario de oficio, como ocurrió  sin éxito, proveer de manera “auténtica”  su recaudo; y, tercero, puesto que el mismo legislador, al prever la  tacha como mecanismo para excluir probatoriamente documentos  presuntamente alterados, ya en el origen, ora en su aspecto  (artículos 289 y 290 del Código de Procedimiento Civil,  hoy recogidos por los preceptos 269, 270 y 271 del Código  General del Proceso), la demandada rehusó convocar a dicho  trámite.  
6.7.1.1.  Empero, aunque el error de derecho, o si se quiere el de hecho  denunciado, se configuraría, el mismo resultaría  intrascendente, en tanto, la falta de idoneidad persuasiva de los  señalados medios no fue óbice  para su estudio por el ad-quem,  al advertir, en particular, frente a la declaración no jurada  de Óscar  Augusto  Restrepo Jaramillo, la poca contundencia para establecer, sin  resquicio, la relación de causa y efecto entre la conducta del  convocado y el menoscabo padecido por el demandante.  
6.8.  En cuanto a lo antes reseñado, al otorgarse en  su conjunto eficacia demostrativa a las pruebas documentales simples,  así el sentenciador de segundo grado de manera contradictoria  las haya calificado de inoperantes debido a su falta de autenticidad,  lo cual denota, en últimas, que ese requisito fue superado por  éste o que no revestían entidad suficiente para  despreciarlas.  
Por  esto, seguramente, el recurrente en casación, se aplica a  poner de presente la falta de valoración integral de lo dicho  por Restrepo Jaramillo, respecto del informe de policía y la  afirmación del agente Jhonatan  Irreño Ramírez, pues de hacerse, cobraría plena  demostración el nexo causal de la responsabilidad endilgada al  demandado.  
El  Tribunal, desde luego, no pudo incurrir en dicho error legal, pues no  referir expresamente lo plasmado en la prueba documental contentiva  de distintos medios demostrativos, no conllevaba a materializar la  falta de contrastación denunciada. No, el ad-quem  si  los contempló, pero los desestimó por resultar débiles  en sus efectos persuasivos, porque poco o nada contribuían a  dilucidar el problema jurídico planteado, esto es, determinar  la certeza del rol causal.  
El  juzgador de segundo grado, en  el punto, dejó sentado que de la indagatoria del conductor del  tractocamión no se colegía “(…) ser  el responsable del accidente  (…)”, conclusión desprendida de lo afirmado por  éste, al sostener como causa eficiente del impacto, la  maniobra descuidada del demandante, al “(…) sali[rle]  (…)”  en su motocicleta de manera imprudente, cuando realizaba el sobrepaso  de dos camiones detenidos a un costado de la vía.  
La  anotada prueba, por sí sola, era insuficiente para dar cabida  a las pretensiones, por cuanto se limitaba apenas a ofrecer una  versión exculpatoria de lo acontecido, por supuesto, favorable  y no adversa a la parte, como requisito de la confesión (num.  2º, art. 195 del Código de Procedimiento Civil, hoy num.  2º, art. 191 del Código General del Proceso), queriendo  ello decir que aunada a los otros elementos de juicio, no la  confirmaban, pero tampoco la desvirtuaban.  
Lo  anterior, teniendo en cuenta que para resolver con acierto si el  actor era o no responsable del siniestro de tránsito, o en su  defecto, establecer, ya el quiebre del nexo causal por la causa  extraña, ora la concausalidad, resultaba necesario precisar  las causas del impacto, lo cual, compelía repasar el esquema  fáctico propicio para la demostración de esa clase de  accidentes.  
Era  indispensable, en consecuencia, escrutar, a través de las  acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción  del lugar de la colisión22  (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y  señales de tránsito del sector circundante antes y  después del punto de colisión, el estado del tramo  vial); (ii) los factores de importancia en el iter  del  choque23  (hora, condiciones atmosféricas, características del  flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación  de los vehículos luego del suceso, así como su examen  mecánico, entre ellos, las señales acústicas y  luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de  frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los  automotores por efectos de la colisión); (iii) los aspectos  atinentes al comportamiento de los involucrados (averiguado mediante  las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del  hecho)24;  y (iv) las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas  acerca de las razones que provocaron el accidente.  
En el  sublite,  todos los reseñados componentes de verificación de las  causas del siniestro, no se lograron determinar con los demás  elementos probatorios.  
Así,  por ejemplo, en el informe de accidente de tránsito, contenido  en la planilla número 24-03332525,  se codificó a la tractomula con “(…) exceso  de velocidad [,]  (…)  falta de mantenimiento mecánico y falla de frenos (…)”,  sin haberse comprobado penalmente; pero al mismo tiempo, se cifró  a la motocicleta de placas TAB-49, conducida por la víctima  demandante, “(…) transitar  distante de la acera u orilla de la calzada  (…)”, situación que supone, apenas un evento  concurrente entre dos sujetos desplegando una actividad riesgosa como  la conducción de automotores.  
Sin  más, al anotado croquis reseñó la descripción  del lugar del siniestro, indicando que la vía era “(…)  recta  (…)”,  “(…) de  doble sentido (…)  [con]  dos carriles  (…), asfaltada  [y en] estado  bueno (sic)  (…), plenamente demarcada por líneas “(…)  central  [y]  de borde (…)”;  no obstante, guardó silencio sobre la existencia o no de  señales viales  antes y después del punto de colisión, evento que  hubiere podido inferir indicios sobre la posible violación de  algunas normas de tránsito por los involucrados, es decir,  saber si hubo sobrepaso prohibido, o si excedieron o no el límite  de velocidad permitido en el tramo del accidente.  
Sobre  los factores del iter  de  la colisión, omitió consignar la hora de ocurrencia del  mismo, situación que impidió conocer en ese momento,  las características del tráfico, esto es, si presentaba  alto o bajo flujo en un sentido o en ambos, condición que  determinaría las condiciones de velocidad del tramo vial;  tampoco referenció el campo de visibilidad, pues de haberlo  hecho, se hubiese corroborado la versión del conductor del  tractocamión, quien aseveró que antes del choque,  observó delante de él y del motociclo, a dos rodantes  estacionados en un costado de la carretera.  
En  cuanto a la ubicación de los vehículos, según el  plano, la línea de trayectoria sugirió que antes de la  colisión, la motocicleta y el tractocamión, transitaban  en el mismo sentido, el uno detrás del otro, empero, el punto  del impacto se presentó casi al borde de la línea  divisoria con el otro carril, suponiéndose, factiblemente, que  ambos automotores pudieron, simultáneamente, querer sobrepasar  un obstáculo delante de ellos, o que una vez el tracto camión  alcanzó el carril de adelantamiento, plausible y hallándose  en esa maniobra, el conductor de la moto aceleró  simultáneamente para también adelantar, sin sopesar que  el otro conductor también venía ejecutando la misma  acción.

No  obstante, dicha hipótesis perdió fuerza al codificar el  informe de policía como “(…) causas  probables  (…)” del accidente, razones distintas al adelantamiento,  al endilgarles a juntos rodantes participación causal en  diferente grado en el choque: la motocicleta, por “(…)  transitar  distante de la acera u orilla de la calzada  (…)”; y la tractomula, por (…) exceso  de velocidad [,]  (…)  falta de mantenimiento mecánico y falla de frenos (…)”.  
Si  bien el croquis adujo que el tractocamión, posiblemente, pudo  rebasar el límite de rapidez, o presentar avería  mecánica o deficiencia en el frenado, tales móviles, en  todo caso, se contradicen con el mismo contenido de ese informe  policial, pues según se expuso en líneas anteriores,   se guardó silencio sobre la existencia de señales de  tránsito antes y después del punto de impacto, en  particular, las relacionadas con el control de velocidad, y porque en  el plano, nada se indicó acerca del estado de los neumáticos  o marcas de frenado, pero tampoco tales asertos fueron convalidados  por la declaración del patrullero Jhonatan Irreño  Ramírez, como a continuación se demuestra.  
En  relación con la motocicleta, el informe policial dio cuenta  que se movilizaba “(…) distante  de la acera u orilla de la calzada  (…)”, pero examinado el plano, tal codificación  se refuta, en tanto que la recta del curso del choque, supone, igual  que el otro rodante, una desviación hacia el carril izquierdo,  lo cual implica, parece, haber realizado una maniobra de  adelantamiento.

Con  todo, dicho dossier  perdió veracidad cuando fue el propio oficial Jhonatan  Irreño Ramírez, responsable de elaborarlo, en su  versión rendida ante la Fiscalía Treinta y Dos de  Lérida, Tolima26,  quien expuso un relato confuso y nada esclarecedor de tal informe,  manifestando que al  llegar  “(…) una  hora después  (…)”  al  lugar de los hechos  “(…) no  había nada  (…)”,  omitiendo explicitar detalles acerca de la existencia o no de otros  rodantes detenidos que obstaculizaban la vía antes del  impacto, o si habían huellas de frenado de la tractomula que  evidenciaran exceso de velocidad, bien sea por una falla en los  frenos u otra razón imputable a la falta de mantenimiento.  Esto último, se insiste, porque en el croquis no se indicó  la existencia de pisadas o manchas de neumáticos desperdigadas  en la vía, fuera de que en el proceso, los defectos  técnico-mecánicos del rodante quedaron huérfanos  de prueba.  
Igualmente,  y para reiterar, la versión de Óscar Augusto  Restrepo Jaramillo, conductor del tracto camión, no contiene  confesión, por el contrario, imputa causalidad en el  demandante27.  Además éste, no  asistió a la diligencia de interrogatorio  de parte, ni  justificó  su falta de comparecencia, y al mismo tiempo, la convocada,  Continental Transportadores Limitada, Transcontinental, contestó  el libelo introductorio, oponiéndose a los hechos28,  ubicando las consecuencias procesales de rigor, en su contra.

6.9.  Ahora, examinado el presente asunto desde la confluencia de labores  riesgosas en la producción del daño, estudiado desde la  perspectiva del régimen jurídico consagrado en el  artículo 2356 del Código Civil, no se logra determinar  con éxito la incidencia de la actividad desplegada por agente  y vícitma, en  la producción del menoscabo.  
Si bien  liminarmente, la doctrina de esta Corte resolvió el problema  de la concurrencia de actividades peligrosas, adoptando diversas  teorías como la “neutralización  de presunciones”29,  “presunciones  recíprocas”30,  “asunción  del daño por cada cual”31  y “relatividad  de la peligrosidad”32.  Fue a partir de la sentencia de 24 de agosto de 2009, rad.  2001-01054-0133,  en donde retomó la tesis de la “intervención  causal”34,  doctrina hoy predominante35.  
Al respecto,  señaló:  
“(…)  La  (…) graduación de ‘culpas’ en presencia de  actividades peligrosas concurrentes, [impone  al]  (…) juez [el  deber]  de (…) examinar a plenitud la conducta del autor y de la  víctima para precisar su incidencia en el daño y  determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe  entenderse y aplicarse, desde luego, en  la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica  de los elementos de convicción allegados regular y  oportunamente al proceso con respeto de las garantías  procesales y legales.  
“Más  exactamente, el fallador apreciará  el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus  condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o  asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus  características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o  peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de  especial riesgo y peligrosidad,  y en particular, la  incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál  es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde  el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico  de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro  (…)”  (se resalta).  
Así las  cosas, la problemática de la concurrencia de actividades  peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de  lesionado y actor, y en la secuencia causal de las mismas en la  generación del daño. Tal entendimiento debe hacerse,  claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma en que se  generó el daño, como el tipo de rol peligroso (vgr.  conducción de automotores; transformación,  transmisión y distribución de energía eléctrica,  etc.), sus particularidades (cómo, cuándo y dónde),  y quién incrementó o disminuyó el riesgo frente  a la actividad (vgr. cuando al conducir se decide cambiar de carril  sin hacer uso de direccionales, o se transita en contravía).  
Visto lo reseñado,  y teniendo en cuenta que ambos conductores desempeñaban una  tarea arriesgada, en tanto, previo a la colisión, los  dos vehículos se hallaban en marcha, tales actividades, en  principio, no resultan equivalentes o asimétricas, por no  tener la misma magnitud o idéntica fuerza, por cuanto se trata  de un tracto camión y de una motocicleta, infiriendo  razonablemente que el primer rodante despliega mayor grado de  peligrosidad que el  segundo.  
Empero,  la anotada ponderación respecto de la potencialidad dañina  de los automotores involucrados, no resiste el análisis en  punto a la proporción de la incidencia causal de éstos  frente a la producción del resultado lesivo, en concreto,  sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y la gradación  del riesgo en la actividad desplegada, en razón a la falta de  comprobación de las causas que provocaron el accidente,  situación demostrada por la inconsistencia probatoria.  
En  efecto, según se analizó, de los únicos  elementos recaudados relativos a la acreditación del nexo  causal, se puede concluir, se itera, del informe de policía,  la falta de esclarecimiento de las razones de la colisión; de  la declaración del demandado, quien adjudica la  responsabilidad en el conductor de la moto, al expresar que éste  le salió intempestiva e inopinadamente cuando para sobrepasar,  ya se hallaba en marcha el tracto camión; y de la versión  del agente de tránsito, el cual reconoció llegar una  hora después de acaecido el insuceso, y en donde dicho sea de  paso, no aclaró las dudas presentadas en el croquis.  
Los  anotados medios de convicción no lograron edificar, desde lo  causal, cómo y el por qué ocurrió el siniestro,  situación que impide establecer juicios acerca del grado de  mayor o menor incidencia de los rodantes en el choque, hallándose  simultáneamente, una alta concurrencia causal del demandante.  
Sumado  a lo anterior, sobresale la conducta desinteresada del demandante por  aclarar los hechos relacionados con la ocurrencia del siniestro,  teniendo en cuenta que no asistió al interrogatorio de parte  ni justificó su inasistencia.  
6.10.  Frente a lo expuesto, surge diáfano que el Tribunal al fijar  exclusiones y conclusiones respecto de los anotados medios  demostrativos, no pugnó con las reglas de la sana crítica  ni transgredió los principios de apreciación conjunta e  individual de las pruebas, como  exigencias de los métodos analíticos y sintéticos  (previstos en los artículos 187 del Código de  Procedimiento Civil y 176 del Código General del Proceso), no  incurriendo entonces en error material u objetivo, ni de eficacia  jurídica, al desestimar la responsabilidad  extracontractual de los convocados.  
6.11.  En ese orden de ideas, ninguna de las acusaciones se abre paso.  
7.  DECISIÓN  
En  mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Civil, administrando  justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad  de la Ley, no  casa  la  sentencia de 10 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el  proceso ordinario incoado por el recurrente contra Continental  Transportadores Limitada, Transcontinental, y Óscar Augusto  Restrepo Jaramillo.  
Las  costas en casación corren a cargo del demandante recurrente.  En la liquidación, inclúyase la suma de tres millones  de pesos ($3’000.000), por concepto de agencias en derecho,  teniendo en cuenta que la demanda de casación no fue  replicada.  
Cópiese,  notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el  expediente a la oficina de origen.  
AROLDO  WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente  de Sala  
MARGARITA  CABELLO BLANCO  
ÁLVARO  FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Con  salvamento de voto  
ARIEL  SALAZAR RAMÍREZ

Con  salvamento de voto  
LUIS  ALONSO RICO PUERTA

Con  aclaración de voto  
OCTAVIO  AUGUSTO TEJEIRO DUQUE  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA  
SALVAMENTO  DE VOTO  
Con  el debido respeto, me permito expresar las razones por las cuales no  estoy de acuerdo con la decisión que se adoptó en la  sentencia de casación de la referencia.  
1.  Son escasos los litigios que presentan tanta sencillez y claridad  como el que se dejó a la consideración de esta sede; y  en pocos casos podría encontrarse tanta evidencia probatoria  como para tener por demostrados todos los elementos de la  responsabilidad civil.  
La  facilidad del caso, sin embargo, resultó opacada por una  cantidad de afirmaciones incoherentes y retóricas frente a la  simplicidad de lo evidente: que un motociclista fue atropellado por  un tractocamión y como consecuencia de ese accidente de  tránsito le fue amputada una pierna. Por consiguiente, el  dueño del vehículo que produjo el accidente, la empresa  guardiana de la actividad peligrosa, y el conductor que generó  directamente las lesiones a la víctima están civilmente  obligados a indemnizarla. Si los demandados querían eximirse  de responsabilidad debían demostrar que una “causa  extraña” o la conducta de la víctima fueron el  factor jurídicamente relevante en el desencadenamiento de los  perjuicios. Pero como no demostraron los supuestos de hecho en los  que fundaron sus excepciones estaban llamados a pagar solidariamente  la totalidad de la indemnización.  
A  pesar de la sencillez del caso, los jueces de las instancias y esta  Corte llegaron a una solución tan contraevidente como  antijurídica: para ellos el motociclista fue el único  ‘causante’  de su propia desgracia, pero no la tractomula que iba a exceso de  velocidad y sin frenos, como quedó debidamente probado en el  proceso.

La  sentencia hizo un esfuerzo estéril por sentar una doctrina que  jamás ha sido admitida por nuestra jurisprudencia: que la  responsabilidad por actividades peligrosas es un tipo de  responsabilidad objetiva. Aun así concluyó que la  incidencia de la tractomula en el desencadenamiento del daño  fue “causalmente irrelevante” porque el motociclista  atropellado fue el productor exclusivo de su infortunio.  
Tal  consideración se cae por su propio peso, pues no está  sujeto a discusión que el atropellamiento por el tractocamión  fue la “causa” relevante del accidente. De modo que  cualquier alusión a la intervención de la víctima  para excluir o graduar la responsabilidad de los guardianes de la  actividad peligrosa no podía resolverse en el ámbito de  la “concurrencia de causas” –como se dijo en el  fallo–, sino en el contexto de la adjudicación de  deberes de evitación de riesgos y daños.  
La  atribución de responsabilidad civil no se resuelve  exclusivamente en términos causales porque las consecuencias  previstas por las normas jurídicas siguen una lógica  distinta a las leyes que rigen en la naturaleza.  
La  responsabilidad jurídica deriva de las leyes del hombre, no de  las relaciones de causa-efecto; pues si la conducta humana estuviera  determinada sólo por nexos causales las personas no serían  libres para obrar o abstenerse de obrar, sino que serían  simples autómatas o máquinas. La responsabilidad  jurídica basada sólo en la causalidad natural es un  contrasentido, pues el determinismo causal anula la libertad de  decisión.  
La  postura asumida en la sentencia demuestra que aún no se ha  comprendido que el “nexo de causalidad” no es un factor  necesario ni suficiente para atribuir responsabilidad, aunque es una  variable que en muchos casos debe ser tenida en cuenta. La “relación  causal” no es un elemento “sustancial” de la  responsabilidad porque no siempre está presente (en las  omisiones y por el hecho ajeno), y cuando se presenta no basta para  derivar de ella la obligación de indemnizar; pero es una  variable  que puede y debe ser tenida en cuenta cuando el juez justifica los  criterios jurídicos que utilizó para valorarla como  condición relevante.  
Lejos  de ser una novedad, la “objetivación” de la  responsabilidad civil es un gran retroceso doctrinal, pues supondría  confundir el mundo del derecho con el mundo de las interacciones  deterministas que rigen en una parte de la naturaleza,36  desconociendo los avances del derecho moderno y contemporáneo,  que se sustenta en la imputación de responsabilidad a partir  de la existencia de normas que establecen una posición de  garante frente al deber de evitación de los daños a los  bienes de relevancia jurídica.  
La  confusión entre el ámbito de las leyes de la causalidad  natural y el nivel de sentido jurídico conduce a soluciones  jurídicamente insostenibles: i)  atribuir responsabilidad a una persona por el simple hecho de haber  intervenido de cualquier manera en la producción del resultado  lesivo, aunque no tenga el deber jurídico de evitar el daño  (como por ejemplo, el fabricante de la cosa con la que el autor  ocasiona las lesiones); o ii)  eximir de responsabilidad a quien no intervino causalmente en la  producción del resultado lesivo, aunque tenga una posición  de garante frente a la evitación de los daños.  
La  responsabilidad sustentada en “la mera causalidad” es,  además, insuficiente para resolver los problemas de  concurrencia de actividades peligrosas porque desde el punto de vista  “naturalista” la víctima siempre sería  “causante” de su desgracia por simple hecho de  interponerse en el horizonte de sucesos que le produjeron la lesión  corporal, así fuera de manera pasiva, como aconteció en  el caso presente.  
2.  Es cierto que nuestra jurisprudencia ha sostenido desde la primera  mitad del siglo pasado que la responsabilidad por actividades  peligrosas prescinde por completo del juicio de reproche subjetivo o  culpabilístico. Pero ello no significa que esta  responsabilidad pueda  ser considerada como objetiva o por mera causación, porque  para su declaración es necesario demostrar que el daño  le es imputable al agente como  suyo  en virtud de una norma de adjudicación que le impone el deber  de evitar producir daños (sin adentrarse en el análisis  concreto de la conducta a partir de la infracción de los  deberes de prudencia, lo cual se reserva para los casos de  responsabilidad por culpa).  
Además,  la concurrencia de actividades peligrosas no puede resolverse en el  plano de la causalidad sine  qua non,  porque entonces habría que concluir que cualquier persona cuya  conducta haya incidido en la producción del perjuicio está  llamada a responder civilmente.  
Hay  que insistir –como se explicó en el fallo Las Vegas  (SC13925-2016)– en que la atribución de un resultado a  un agente ‘como suyo’ (imputatio  facti)  a partir de normas de adjudicación que establecen posiciones  de garante es distinta al reproche concreto de la conducta del agente  a partir de la infracción de las normas de comportamiento que  permiten cualificar su participación como ‘culpable’  (imputatio  iuris).  
Pero  ello no significa que la primera etapa deba confundirse con un  supuesto análisis “causal” o “de hecho”,  pues ello supondría un retorno al viejo esquematismo de la  “causalidad”, propio de las ciencias naturales. En ambas  etapas se está frente al análisis jurídico de  una conducta (activa u omisiva) a partir de la existencia de normas  que establecen, respectivamente,  deberes de evitación de  daños o de comportamiento prudente.  
Lo  anterior bastaba para condenar civilmente a los demandados, por ser  los guardianes de la actividad peligrosa que causó la  amputación de la pierna del motociclista.  
Hay  que resaltar que la relación causal entre el accidente y la  pérdida anatómica es tan clara y contundente que ni  siquiera fue materia del debate probatorio, pues las partes la dieron  por supuesta. Aun así, el “nexo causal” no era  suficiente para atribuir responsabilidad a quienes no intervinieron  en el accidente, como la empresa afiliadora y el dueño del  vehículo, pues frente a ellos la responsabilidad se imputa en  virtud de la posición de garante o de guardianes de la  actividad peligrosa, lo cual es un criterio de atribución  jurídica y no una “ley de causalidad física”,  como puede concluirse con facilidad si se piensa un poco en el  asunto.  
La  atribución del resultado lesivo a los demandados por ser los  guardianes de la actividad peligrosa bastaba para condenarlos al pago  de la indemnización reclamada por la víctima del  accidente, sin que fuera necesario entrar en consideraciones sobre el  reproche en concreto de la conducta de los partícipes, como  hizo el fallo contrariando sus propios postulados sobre la supuesta  “objetividad” de la responsabilidad que, al final, no se  vio por ninguna parte a la hora de hacer la valoración  probatoria.  
Si  la Corte hubiera sido consecuente con los postulados que creyó  defender en el fallo de casación (que la responsabilidad por  actividades peligrosas es objetiva) tenía que haber llegado a  una conclusión opuesta a la que finalmente adoptó, pues  no hay ninguna duda de que el motociclista perdió una de sus  extremidades inferiores porque la tractomula lo atropelló. Si  esa no es una inferencia causal evidente, entonces no es posible  entender a qué hizo referencia la Corte cuando tuvo por no  demostrada “la prueba de la relación de causalidad”.  
No  había ninguna necesidad de “objetivar” el tipo de  responsabilidad de que se trató, ni de invocar normas  constitucionales o tratados internacionales, ni aludir a la justicia  y la equidad, ni intentar causar conmiseración al suponer que  exigir al actor el cumplimiento de su carga probatoria es  “revictimizarlo”. Todo ello no fue más que simple  retórica, pues para impartir justicia con sujeción al  derecho bastaba con atenerse a lo que quedó probado en el  proceso: la tractomula atropelló al motociclista en despliegue  de una actividad peligrosa y, como consecuencia, éste perdió  una de sus extremidades; por tanto, los guardianes de esa actividad  están llamados a indemnizar los daños que el  ordenamiento jurídico les atribuye como suyos. Cualquier otra  consideración sobraba en un caso que ameritaba una  argumentación  sencilla y simple.  
3.  Las incoherencias de la motivación del fallo de casación  resaltan a simple vista.  
3.1.  A folio 16 se dijo que la responsabilidad consagrada en el artículo  2356 del Código Civil «consagra  una presunción de responsabilidad que opera en favor de la  víctima por el daño causado producto de una labor  riesgosa; aspecto que la releva de probar la imprudencia o  negligencia en el acaecimiento del accidente».  
No  existe, ni puede existir, en nuestro ordenamiento jurídico una  “presunción de responsabilidad”, pues ello  supondría que el demandante está eximido de demostrar  todos los elementos estructurales de la responsabilidad de que se  trate.  
Afirmar  que el artículo 2356 consagra una presunción de  responsabilidad conduciría a admitir que el actor no tiene que  probar nada, ni siquiera que sufrió un daño, pues todos  los elementos de la responsabilidad se presumirían; lo cual  dejaría a ese instituto jurídico en la más  completa indeterminación, pues todos los demandados tendrían  que pagar la indemnización reclamada por el simple hecho de  haber sido llamados al proceso.  
3.2.  A folio 21 se afirmó que la diferencia entre “presunción  de culpa” y “presunción de responsabilidad”  es una simple “nomenclatura semántica”, porque el  único factor eximente de responsabilidad en tratándose  de actividades peligrosas es la causa extraña.  
Lo  anterior es falso. En primer lugar, porque ya se explicó que  la atribución de responsabilidad y los problemas de  indeterminación causal no se resuelven en el plano de la  causalidad, sino en el de la imputación. Luego, el demandado  puede exonerarse de responsabilidad si demuestra que no tenía  el deber jurídico de evitar el daño, aunque su  participación en la producción del perjuicio haya sido  causalmente eficiente (prohibición de regreso).  
En  segundo lugar, porque no se trata de una simple “nomenclatura  semántica”, toda vez que la determinación del  tipo de presunción de que se trate incidirá  directamente en la exigencia de los elementos estructurales de la  acción que deben quedar probados en el proceso. Lejos de ser  una simple discusión doctrinal, es un asunto eminentemente  práctico que repercute en el derecho a la prueba y a la  contradicción que tienen las partes. Si fuera una discusión  irrelevante, la Corte no tendría que haberse adentrado en  ella.  
3.3.  A folio 26 se expresó: «para  que el autor del menoscabo sea declarado responsable de su  producción, tratándose de labores peligrosas, sólo  le compete al agredido acreditar el hecho o conducta constitutiva de  la actividad peligrosa, el daño y la relación de  causalidad entre éste y aquél».  
Si  la sentencia hubiera sido coherente con la anterior afirmación,  entonces tenía que haberse casado el fallo del tribunal porque  los requisitos mencionados no sólo quedaron debidamente  probados en el proceso sino que la parte demandada ni siquiera los  refutó o desvirtuó, dada su indiscutible evidencia.  
En  efecto, la pérdida de la pierna del demandante con ocasión  del accidente de tránsito fue un hecho confesado, no refutado  y probado por varios medios. Que se trató de una actividad  peligrosa es un hecho no sujeto a discusión, pues así  lo tiene establecido nuestra jurisprudencia. Y la relación  causal no es un hecho de la experiencia susceptible de prueba: las  relaciones causales son inferencias lógicas (inductivas) o  conclusiones a las que llega el entendimiento humano al correlacionar  un hecho con un resultado porque la experiencia ha demostrado que  siempre que se presenta uno de ellos se presenta el otro. De ese  modo, un razonamiento bastante sencillo y trivial lleva a inferir que  el accidente fue la causa de los daños a sufridos por el  motociclista.  
Según  las motivaciones del fallo, se imponía la consecuencia  jurídica necesaria de condenar a los demandados.  
Es  verdad que el actor fue revictimizado, pero no porque se le exigiera  cumplir con la carga probatoria que le imponía el artículo  2356 del Código Civil sino porque, a pesar de haber demostrado  en el proceso todos los elementos de la responsabilidad que reclamó,  se le vulneró su derecho a ser indemnizado por la pérdida  anatómica que sufrió, debido a las confusiones  conceptuales de la Corte y a sus deficiencias en materia probatoria.  El actor no sólo fue víctima del accidente, sino,  principalmente, de la insensatez de la administración de  justicia.  
4.  Un plano de análisis distinto se imponía, ya no para  analizar la influencia causal del accidente, el grado de peligrosidad  de la actividad desplegada por el conductor de la tractomula y la  posición de garante de los guardianes de la actividad  peligrosa –todo lo cual quedó demostrado–; sino la  valoración jurídica de la intervención de  víctima en la generación de los daños que  sufrió, con el fin de poder establecer si fue coautora del  riesgo (2344), autora exclusiva (2356), o si la indemnización  estaba sujeta a reducción por haberse expuesto al daño  con imprudencia (2357). Pero ello no se resolvía en el ámbito  de la causalidad, pues la conducción de una motocicleta  también es una actividad peligrosa que contribuyó a la  generación del accidente, así fuera de manera pasiva.  
Desde  un punto de vista “causal”, aplicando el test sine  qua non,  nada puede decirse sobre la concurrencia de actividades peligrosas,  salvo la tautología de que son concurrentes, es decir igual de  relevantes en términos causales, dado que sin la presencia de  una de ellas el resultado no se habría producido.  
Ahora  bien, si se introdujera un “criterio” como el análisis  del “grado  de incidencia causal”  de cada una de las actividades, no habría ninguna duda de la  desproporción destructiva entre una tractomula que transita a  exceso de velocidad y sin frenos, y una motocicleta de pequeño  cilindraje.  
Circunscritos  “al plano causal”, había que condenar a los  demandados.  
Pero  la incidencia de la conducta de la víctima no se resuelve en  el plano de la causalidad natural, pues no se trata de analizar el  comportamiento de un cuerpo o partícula física según  las leyes de la mecánica clásica, la electrodinámica  o la termodinámica; sino de establecer quién creó  un riesgo jurídicamente desaprobado en retrospectiva, quién  infringió las normas jurídicas que establecen el deber  de evitar daños a terceros, y quién se expuso con  imprudencia a los peligros generados por otros, todo lo cual excede  las leyes de la causalidad newtoniana.  
4.1.  La víctima no fue la creadora exclusiva del riesgo porque está  más que demostrado que en la generación del accidente  intervino el riesgo de atropellamiento creado con la conducción  de un tractocamión. Así de fácil era concluir  que el accidente no se debió a la actuación de la  víctima ni a la injerencia de un factor extraño.  
4.2.  Tampoco había lugar a reducción de la indemnización  en los términos del artículo 2357 del Código  Civil, porque no se probó que la víctima se expuso al  peligro con imprudencia.  
Lo  único que existe en el proceso es una afirmación en el  informe rendido por la autoridad de tránsito en el que se  indicó que el motociclista transitaba “alejado” de  la acera. Sin embargo, nunca se estableció qué tan  alejado de la orilla conducía, ni se comparó esa  conducta con las normas de tránsito de automotores que  prohíben tal maniobra o permiten deducir que el motociclista  las infringió.  
La  afirmación según la cual “el  motociclista transitaba distante de la acera u orilla de la calzada”  es demasiado vaga como para fundar en ella una causal excluyente de  responsabilidad, toda vez que el artículo 94 del Código  Nacional de Tránsito dispone que las motocicletas deben  circular a una distancia máxima de un metro desde el borde  lateral de la calzada. Pero al no estar demostrado en el proceso cuál  fue la distancia exacta a la que circulaba la moto respecto de la  orilla, mal podría reprochársele al accidentado una  infracción de la reglamentación de tránsito.  
En  todo caso, la sola infracción de una norma de tránsito  –en la hipótesis de que se hubiera probado– no  bastaba para inferir que el motociclista fue el autor exclusivo del  accidente, pues faltaba hacer la correlación de imputación  entre esa infracción y el resultado lesivo. Es decir que por  muy alejado del andén que hubiera conducido el motociclista,  no hay ningún motivo que permita suponer que el accidente se  produjo por ese distanciamiento, toda vez que lejos o cerca de la  acera, de igual modo hubiera sido atropellado por el tractocamión  que transitaba a exceso de velocidad y sin frenos.  
La  Corte concluyó que ese informe no tenía mucha fuerza  demostrativa para probar “la relación de causalidad”  entre el accidente y la pérdida de la pierna. Pero sí  le dio valor probatorio para demostrar la culpa de la víctima  a pesar de que del mismo no es posible inferir el más mínimo  indicio de que el motociclista infringió sus deberes de  prudencia. Lo anterior demuestra, una vez más, la  revictimización que sufrió el accidentado por la  equivocada valoración probatoria que hizo la Corte.  
4.3.  La víctima no fue la causante exclusiva del accidente, ni su  intervención causal fue jurídicamente relevante, ni se  expuso al peligro con imprudencia. En consecuencia, no se probó  ninguna causal eximente o atenuante de responsabilidad.  
Cualquiera  que sea la teoría que se aplique, había que condenar a  los demandados porque fueron los agentes responsables del accidente.  
5.  La sentencia quiso defender –sin éxito– la tesis  de que los problemas de concurrencia de actividades peligrosas se  resuelven “en  el plano de la causalidad”.  
Es  cierto que los problemas de autoría, participación e  injerencia de la conducta de la víctima para la atribución  de responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas no se  resuelven en el ámbito de la culpabilidad, pero tampoco se  solucionan con una supuesta “concurrencia  de causas”,  porque siempre será necesario seleccionar de entre el flujo  infinito de condiciones antecedentes o confluyentes los factores que  se estiman relevantes para el caso según un criterio jurídico  que impone deberes de evitación de riesgos.  
Al  respecto, esta Corte, en sentencia del 5 de mayo de 1999,37  descartó la postura de la “neutralización  de las presunciones”  que se había empleado hasta esa fecha, dando paso a la  “teoría” de la “relatividad  de la peligrosidad de la actividades”,  que es una explicación insuficiente porque no existe ningún  criterio que permita saber cuándo una actividad es más  peligrosa que otra, con lo que la solución del problema  termina dependiendo de los prejuicios y creencias del juez.38  
Posteriormente,  en fallo del 2 de mayo de 2007, se acogió la tesis de la  “graduación  o relatividad de las actividades peligrosas”,  advirtiendo que en caso de presentarse una “equivalencia”  en las actividades se debe acudir a la “neutralización  de las presunciones”.  Esa sentencia aludió, además, a la valoración de  la “culpa  adicional”  de los agentes, mezclando de esa manera el régimen de culpa  presunta con el de culpa probada. En todo caso, no ofreció  ningún criterio para distinguir la peligrosidad de las  actividades, con lo que, finalmente, todo el esfuerzo doctrinal fue  inútil, pues la solución de los casos quedaría  dependiendo del arbitrio del juez.39  
En  sentencia del 24 de agosto de 2009, la Corte reconoció que los  problemas de concurrencia de actividades peligrosas no pueden  solucionarse en el ámbito de la culpabilidad.40  En tal sentido, afirmó que tales conflictos se resuelven según  “el  grado de incidencia causal”  de las actividades peligrosas. Una vez más, se trató de  una solución infructuosa porque el problema de fondo radica en  que no hay criterios imparciales que permitan saber cuándo una  actividad es más peligrosa que otra, a menos que se quiera  afirmar que la fuerza del mecanismo más grande es más  destructiva que la del aparato más pequeño, lo cual fue  una opinión que podía mantenerse en tiempos pasados,  cuando sólo se observaban fuerzas mecánicas.  
Hoy  en día la ciencia ha podido demostrar la existencia de fuerzas  a nivel cuántico y electromagnético, imperceptibles  para los sentidos, que aunque no causan una gran impresión  psicológica o temor, tienen mayor capacidad de destrucción  que el más grande de los artefactos construidos por el hombre.  
“El  grado de incidencia causal”  tampoco es útil para resolver los problemas de omisiones ni  tiene en cuenta los criterios jurídicos que eximen de la  obligación de responder cuando no se tiene el deber de evitar  los daños, aunque se haya contribuido eficazmente a la  producción del perjuicio (prohibición de regreso).  
En  fallo del 26 de agosto de 2010, la Corte reiteró que la  responsabilidad por actividades peligrosas entraña una  presunción de culpabilidad. Pero los problemas de concurrencia  de actividades peligrosas se resuelven según “el  grado de incidencia causal”  de las actividades.41  
En  providencia del 16 de diciembre de 2010, la Corte insistió en  que la valoración del aporte causal es el factor dirimente  cuando las actividades del agente y de la víctima son  peligrosas, sin necesidad de adentrarse en el juicio de reproche  subjetivo.42  
El  problema, no obstante, siguió sin solución al reducir  el nivel de sentido jurídico al plano de la “causalidad  natural”, desconociendo que la atribución de un  resultado a un agente como  suyo  no se resuelve a partir del análisis físico de las  interacciones deterministas que se dan en la naturaleza, sino en el  ámbito de la imputación a partir de normas que  adjudican deberes de evitación de riesgos, lo que de ninguna  manera significa que las relaciones causales deban ser desconocidas  al interior del proceso, como si el derecho fuese una mera  abstracción alejada de la realidad.  
Finalmente,  en sentencia del 12 de enero de 2018, se dejaron a la luz las  inconsistencias y contradicciones a las que llegaban todas las  posturas anteriores, y se mostró su insuficiencia para  resolver los problemas de “indeterminación causal”  y de concurrencia de actividades peligrosas.43  
En  aquella oportunidad se concluyó que los problemas de ausencia  de causalidad (como las omisiones y la responsabilidad por hechos  ajenos) y de incertidumbre causal (pluricausalidad o pluriconsecuen-  cialidad) no se resuelven en el ámbito de la causalidad  natural, física, eficiente o adecuada, sino en el de la  imputación, porque la responsabilidad jurídica no se  establece a partir de las determinaciones naturales sino en el nivel  de significación del derecho, a partir de las posibilidades de  elección de alternativas cuando se tiene el deber jurídico  de actuar de cierta manera; lo cual no es ninguna novedad y, por el  contrario, en esa distinción se asientan todas las teorías  contemporáneas del derecho.  
Mucho  menos es admisible afirmar que los problemas de indeterminación  causal se resuelven en el plano de la culpabilidad, porque la  atribución de un resultado a un agente “como suyo”  es distinta a la valoración de su conducta en concreto a la  luz de la infracción de los deberes de prudencia.  
Se  afirmó que en materia de responsabilidad por actividades  peligrosas –que prescinde por completo de la valoración  de la culpa–, resulta contradictorio adentrarse en el análisis  del reproche subjetivo concreto de la conducta del agente para  solucionar los problemas de incertidumbre causal.  
Por  ello, los problemas inherentes a las teorías de la causalidad  no pueden superarse o solucionarse mediante la introducción de  una “fase causal” que lleva implícitas todas las  inconsistencias de las teorías de la causalidad, pues ello  supondría una regresión infinita que aplaza el problema  indefinidamente.

Para  evitar la anterior contradicción y resolver el problema con  base en las normas sustanciales que rigen la materia, la incidencia  de la víctima en la producción del daño se tiene  que analizar en dos niveles distintos de imputación, pues su  actuación (u omisión) puede encuadrarse en el instituto  de la autoría o participación (artículos 2356 y  2344) o en el de la exposición imprudente al daño  (artículo 2357), dependiendo de si tuvo la posibilidad de  evitar ‘producir’  el riesgo que ocasionó el perjuicio, o si tuvo la posibilidad  de evitar ‘exponerse’  a él con imprudencia pero sin haberlo creado.  
i)  El daño es imputable por completo a la víctima cuando  ésta creó totalmente el riesgo que ocasionó el  daño, o participó en su producción (artículo  2344).  
ii)  El daño es imputable parcialmente a la víctima, por lo  que hay lugar a reducción de la indemnización, cuando  no fue quien creó el riesgo que ocasionó el daño,  ni participó en su producción; pero sí tuvo la  posibilidad de evitar exponerse imprudentemente al peligro que sufrió  (artículo 2357).  
En  el caso concreto, el riesgo no fue creado por el motociclista, quien  pudo haber creado otros riesgos como accidentarse o atropellar a  otras personas, pero no el ser atropellado, dado que el accidente no  dependió de su ámbito de acción (pues fue solo  un sujeto pasivo) sino de la actuación del conductor del  tractocamión.  
Habría  sido distinto si el motociclista se hubiera expuesto con imprudencia  al peligro que creó el autor del accidente. Pero en ese caso  no podía haber culpa exclusiva de la víctima, sino  únicamente reducción de la indemnización en los  términos del artículo 2357; mas, la carga de la prueba  de la culpa de la víctima tenía que ser asumida por el  demandado que formuló esa excepción.  
El  anterior análisis implica valorar la atribución de  responsabilidad en varios niveles de imputación, según  el número de autores o partícipes cuyas acciones u  omisiones sean consideradas como jurídicamente relevantes en  la producción de los daños, siendo un enfoque  satisfactorio para resolver el problema de la concurrencia de  actividades peligrosas en el nivel de sentido jurídico, según  la asignación de deberes de evitación de riesgos que  producen daños, una vez que ha quedado en evidencia la  inutilidad de la tesis de la “graduación  de la incidencia causal”.  
Por  no haberse comprendido lo anterior, la supuesta objetividad de la  responsabilidad por actividades peligrosas que mencionó el  fallo que es materia de este salvamento, el “garantismo”  del que tanto se ufanó, la “presunción de  responsabilidad”, las alusiones a los principios  constitucionales, a las normas internacionales, a la justicia y la  equidad, y al incumplimiento de las cargas probatorias quedaron en  nada cuando se exigió al actor la demostración de una  enorme cantidad de requisitos que la norma sustancial que rige el  caso (2356) no establece.  
En  efecto, a folio 33 se afirmó:  «era indispensable en consecuencia, escrutar, a través  del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción  del lugar de la colisión (vgr. la anchura o uniformidad de la  vía, topografía y señales de tránsito del  sector circundante antes y después del punto de colisión,  el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el  iter del choque (hora, condiciones atmosféricas,  características del flujo vial al momento del impacto, campo  de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del  suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las  señales acústicas y luminosas, las condiciones de los  neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o  barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión);  (iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados  (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante  testigos presenciales del hecho); y (iv) las conclusiones sobre las  comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron  el accidente».  
Se  exigió, de ese modo, la demostración de condiciones  específicas que sólo se requieren para probar la culpa,  pues para la elaboración de la inferencia causal sólo  se necesitaba observar la ocurrencia de una acción y deducir  que ella produjo un resultado determinado: la tractomula atropelló  al motociclista, el motociclista sufrió graves lesiones con el  accidente, entre ellas la pérdida de su extremidad inferior.  Luego, la amputación de la pierna fue el resultado del  accidente. Ninguna otra consideración ni prueba se necesitaba  para tener por demostrada la tan anhelada “relación de  causalidad” que no vieron los jueces de las instancias ni esta  Corte.  
Al  exigirse la prueba de las condiciones específicas que rodearon  la producción del accidente, la observancia de  reglamentaciones de tránsito, “los  aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados”,  y “las razones que provocaron  el accidente”,  se convirtió a la responsabilidad por actividades peligrosas  en la más subjetiva de todas las responsabilidades, pues todos  esos aspectos relativos a la conducta concreta de los intervinientes  forman parte del juicio de culpabilidad.  
La  sentencia, que tanto énfasis hizo en la “responsabilidad  objetiva” o por mera causación, finalmente resolvió  el problema en el ámbito de la culpabilidad; lo que es una  verdadera incoherencia, como no podía ser de otro modo, dado  que se confundieron los conceptos de causalidad, imputación y  culpabilidad; lo cual no sería tan preocupante si no fuera  porque tales incoherencias terminaron por negar el derecho que tiene  la víctima a ser indemnizada.  
La  contradicción se muestra, una vez más, en el siguiente  fragmento: «la  problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se  resuelve en el campo objetivo de las conductas de lesionado y actor,  y en la secuencia causal de las mismas en la generación del  daño. Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando  aspectos relevantes sobre la forma en que se generó el daño,  como el tipo de rol peligroso (vgr. conducción de automotores;  transformación, transmisión y distribución de  energía eléctrica, etc.), sus particularidades (cómo,  cuándo y dónde), y quién incrementó o  disminuyó el riesgo frente a la actividad (vgr. cuando al  conducir se decide cambiar de carril sin hacer uso de direccionales,  o se transita en contravía)».  [Folio 40]  
El  fallo incurrió en graves confusiones conceptuales respecto de  la comprensión de las relaciones causales, pues todas las  consideraciones señaladas en el párrafo transcrito no  son indicativas de causalidad sino de culpabilidad, dado que se  refieren al análisis concreto de las conductas de los  intervinientes según se ajusten o contravengan los deberes de  prudencia.  
Al  final de sus consideraciones, el fallo de casación concluyó  que las pruebas aportadas al proceso «no  lograron edificar, desde lo causal, cómo y porqué  ocurrió el siniestro, situación que impide establecer  juicios acerca del grado de mayor o menor incidencia de los rodantes  en el choque, hallándose simultáneamente, una alta  concurrencia causal del demandante».  [Folio 41]  
Esa  conclusión es arbitraria porque en el juicio de  responsabilidad por actividades peligrosas es absolutamente  irrelevante establecer “desde  lo causal, cómo y por qué ocurrió el accidente”.  A nadie le interesa demostrar las causas del accidente. Lo que  interesa demostrar es si los perjuicios sufridos por la víctima  son o no jurídicamente atribuibles a la conducta de los  demandados, y ello es un asunto sustancialmente distinto de la  averiguación “del  cómo y el porqué del accidente”.  
En  tratándose de una actividad peligrosa la causa del accidente  es completamente intrascendente, toda vez que el juicio de imputación  debe circunscribirse a establecer si se trató o no de una  actividad peligrosa, si el daño generado por esa actividad  puede ser atribuido a los demandados y si quedaron demostrados o no  las causales eximentes de responsabilidad; y nada de ello tiene  relación con “el porqué” del accidente.

La  afirmación es, además, contradictoria, porque si se  dijo que a partir del caudal probatorio no fue posible “establecer  juicios acerca del grado de mayor o menor incidencia de los rodantes  en el choque”,  entonces no logra comprenderse cómo se concluyó a  partir de esa misma ausencia de pruebas “una  alta concurrencia causal del demandante”.  La contradicción salta a la vista.  
6.  Todos los elementos de la responsabilidad por actividades peligrosas  quedaron demostrados en el proceso:  
a)  El daño,  que consistió en la amputación de la pierna, siendo un  hecho probado, confesado y no discutido ni refutado.  
b)  Que la conducción de un tractocamión es una actividad  peligrosa,  lo cual es tan evidente que sería una necedad entrar a  discutirlo.  
c)  El factor jurídico de atribución del resultado a los  demandados,  por ser guardianes de la cosa que produjo el daño, guardianes  de la actividad peligrosa y garantes del deber de evitación de  causar perjuicios a terceros con el despliegue de esa actividad.  
La  “relación causal” entre la actividad peligrosa  desplegada por el conductor del tractocamión y los perjuicios  ocasionados al motociclista es tan evidente que ni siquiera fue  materia de discusión o actividad probatoria, pues fue admitida  por los demandados. Pero hay que reconocer que entre la posición  de garante de los guardianes de la actividad peligrosa y las lesiones  sufridas por la víctima no hay ni puede haber “relación  causal”. De ahí que la “causalidad” no sea  una condición necesaria ni suficiente para atribuir  responsabilidad.  
Es  más, aún si se hubiera regido el caso por la  responsabilidad por culpa probada, la misma quedó demostrada,  toda vez que quedó debidamente acreditado que la tractomula  transitaba a exceso de velocidad y sin frenos.  
No  había, por tanto, ninguna necesidad de adentrarse en  disquisiciones sobre la autenticidad de los documentos, porque no se  trataba de instrumentos de naturaleza dispositiva.  
A  pesar de no albergar dudas sobre el valor formal y material de la  prueba documental, la Corte concluyó que era «poco  contundente para establecer, sin resquicio, la relación de  causa y efecto entre la conducta del convocado y el menoscabo  padecido por el demandante».  [Folio 31]  
8.  El fallo de casación, en suma, se extravió en un  embrollo de conceptos vacíos, contradictorios y carentes de  sentido, que condujeron a negar la existencia de un “nexo  causal” tan contundente que ni siquiera los demandados se  atrevieron a negarlo; cuando para establecer la anhelada “relación  causal” bastaba hacer una inferencia indiciaria sencilla: si el  motociclista perdió la pierna con ocasión del accidente  que produjo el conductor del tractocamión, entonces hay  razones suficientes para deducir que la pérdida anatómica  se debió a esa actividad peligrosa.  
Por  no haber comprendido los jueces de las instancias y esta Corte que  las relaciones causales no son hechos susceptibles de pruebas  directas sino construcciones lógicas, y por no haber admitido  que la “causalidad” no es un factor necesario ni  suficiente para atribuir responsabilidad civil, no se materializó  el derecho en el caso concreto, por lo que toda alusión a la  justicia, la equidad y el garantismo, de los que tanto se habló  en la sentencia, no fueron más que sofismas, falacias o  palabras vacías.  
Podrá  invertirse o distribuirse la carga de la prueba; podrá  abusarse de la práctica de pruebas de oficio; podrán  usarse frases pomposas sobre el garantismo, la justicia y la equidad;  podrá aludirse a la aplicación de tratados  internacionales; podrá afirmarse que se trata de una  “responsabilidad objetiva”; podrán emplearse  frases sentimentales sobre la “revictimización” de  quien tiene que cumplir su carga demostrativa; y podrán  inventarse todos los recursos retóricos que se quiera.  
Pero  si no se identifican con claridad los elementos estructurales de cada  tipo de responsabilidad que deben quedar demostrados en el proceso,  si no se elaboran las hipótesis indiciarias que requiere el  caso a partir de los hechos probados, y si se impone a las víctimas  una carga probatoria imposible de cumplir y no prevista por las leyes  sustanciales, cualquier doctrina que se adopte para fundar en ella la  atribución de responsabilidad estará destinada al  fracaso, de lo cual esta sentencia fue la demostración más  palpable.  
9.  La sentencia del tribunal, en suma, tenía que ser casada para,  en su remplazo, condenar a los demandados al pago de la indemnización  por los daños que sufrió el demandante, toda vez que  quedaron demostrados todos los elementos de la responsabilidad por  actividades peligrosas.  
De  los Señores Magistrados,  
ARIEL  SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado  
1  	El Acuerdo nº PSAA15-10392 de la Sala Administrativa del  	Consejo Superior de la Judicatura, le asignó al nuevo  	Estatuto de Ritos Civiles su pleno imperio a partir del 1 de enero  	de 2016.

2  	CSJ SC, 24 de junio de 1964, Tomo CVII n.° 2272, pág. 350  	a 364.

3  	CSJ SC 13  	de abril de 2005, rad. 1998 0056 02; 24 de noviembre de 2008, rad.  	1998-00529 01; 15 de diciembre de 2009, rad. 1999 01651 01, entre  	otros.

4  	FERRER BELTRÁN, Jordi. “La  	valoración racional de la prueba”.  	Madrid. Marcial Pons, 2007, pag. 66 a 144.  
6  	CSJ SC  	4  	de noviembre de 2009, exp.  	2001-00127-01; 6 de abril de 2011, exp. 2004-00206-01; 18 de  	diciembre de 2012, rad. 00104; 1 de diciembre de 2015, exp. 00080; y  	27 de agosto de 2014, rad. SC 11347.

7  	Ídem.

8  	Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, hoy  	artículos 165 y 170 del Código General del Proceso.

9  	La  	omisión de pruebas de oficio, en la especie de obligatorias,  	la Corte también la ha visto como un error de derecho  	probatorio por el incumplimiento de un poder deber. Por ejemplo,  	“(…)  	la genética  	en los procesos de filiación o impugnación; la  	inspección judicial en los de declaración de  	pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las  	indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses,  	mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el  	proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’,  	eventos en los cuales ‘es ineludible el ‘decreto de  	pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal  	envergadura afecte la sentencia (…)”  	(CSJ  	SC 15 de julio de 2008, rad. 00689, reiterada en fallos de 20 de  	octubre de 2011, rad. 08220, y 21 de octubre de 2013, rad. 00392,  	entre otros). Hoy en concordancia con el numeral 5º del  	artículo 133 del Código General del Proceso.

10  	CSJ SC  	24  	de noviembre de 2008, exp. 1998-00529-01, reiterada el 15 de  	diciembre de 2009, exp. 2006-00161-01.

11  	CSJ SC  	10880-2015.

12  	“(…)  	Por  	regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o  	negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta (…)”.

13  	CSJ SC 14 de abril de 2008: “(…)  	La  	culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad  	por actividades peligrosas, ni para su exoneración (…)”.

14  	G.J.  	T. XLVI, pág. 211 a 217.

15  	Las  	providencias de 29 de octubre, 4 de diciembre de 1945, 15 de mayo de  	1946, entre otras, así como la sentencia de 26 de agosto de  	2010 (rad. 4700131030032005-00611-1), retrotrajeron la presunción  	de responsabilidad, ubicándola contradictoriamente como  	presunción de culpa en actividades peligrosas, categorización  	que prima  	facie  	resulta funesta, injusta, inequitativa e infortunada hoy, en un  	escenario totalmente diferente, plenamente industrializado, y con  	mayor razón en la actual estructura constitucional, y sobre  	todo, ante el inusitado avance de las actividades ejecutadas por el  	hombre con ayuda de máquinas o con elementos que implican el  	ejercicio de actividades peligrosas en forma masiva que amplían  	la potencia de la fuerza muscular humana o los alcances de la  	inteligencia humana, y  en condiciones históricas de  	creciente desarrollo técnico y mecánico, impensado  	hace décadas (energías eléctricas, atómicas  	y nucleares; motores de todo tipo, calderas, armas, explosivos,  	contaminantes, maquinismo, transportes de todo tipo, construcción,  	sustancias inflamables, excavaciones, minería, etc.).

16  	“(…)  	Artículo  	2356.  	 Por  	regla general todo  	daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra  	persona,  	debe ser reparado por ésta.

Son  	especialmente obligados a esta reparación:

1.  	El que dispara imprudentemente una arma de fuego.

2.  	El que remueve las losas de una acequia o cañería, o  	las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para  	que no caigan los que por allí transiten de día o de  	noche.

3.  	El que obligado a la construcción o reparación de un  	acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de  	causar daño a los que transitan por el camino  	(…)” (se resalta).

17  	Por  	supuesto, que el artículo 2356 ejúsdem  	trae  	algunos ejemplos sobre la modalidad bajo análisis, pero ellos  	son explicables para la época de redacción del Código  	Civil, correspondiendo al juez, dada su tarea de compromiso con la  	historia y con la justicia, actualizar y hacer vigente a cada  	instante el sentido y el propósito del legislador, quien  	guiado por los principios de equidad, asienta con sabiduría  	inquebrantable una protección legal para las víctimas  	de los daños causados por las actividades peligrosas en el  	mundo contemporáneo.

18  	Por ello, en este caso, nada obsta para del mismo modo aludir a la  	existencia de presunción de causalidad en forma concordante  	con Henry Mazeaud; pero no puede entenderse que se trate de  	presunción de culpa. Es decir, da lugar a presumir la  	existencia del nexo causal, el cual podría quedar a la deriva  	con la presencia de causa extraña.

19  	CSJ. Civil. Cas. 17 de abril de 1970, G.J. T. LXXXIV, p. 41; Cas. 27  	de abril de 1972, G.J. T. CLXII, pp. 173-174.

20  	Ídem.

21  	Modificada por las leyes 1503 de 2011, 1548 de 2012, 1696 de 2013,  	1730 de 2014, 1753 de 2015, 1811 de 2016, y 1843 de 2017.

22  	Ferrari Paolino. “Infortunistica  	stradale scientifica: Guida all'accertamento del sinistro a fine  	giuridico”.  	Giuffrè,  	2002.

23  	Ídem.

24  	Obra cit., ídem.

25  	Folio 18, cuaderno principal.

26  	Folio 12, cuaderno principal.

27  	Folios 15 a 15, cuaderno principal.

28  	Folios 110 a 111, cuaderno principal.

29  	Tenía aplicación en los eventos de responsabilidad  	donde se habla de “presunción  	de culpa”,  	o de “presunción  	de responsabilidad”,  	es decir, cuando se ejerce una actividad riesgosa. Dicha teoría  	afirmaba que las presunciones se aniquilaban, anulaban o eliminaban,  	para dar paso a la culpa probada, por tratarse de la regla general,  	pues se compensan o contrarrestan (vgr. En la sentencia de 5  	de mayo de 1999, rad. 4978, los hechos del caso se referían a  	la colisión recíproca entre un bus de servicio público  	y una motocicleta, falleciendo el conductor y el acompañante.  	En dicho asunto, la Corte estableció la falta de negligencia  	del conductor del bus, por no tener en cuenta las señales de  	tránsito). Durante su implementación, un sector de la  	doctrina se oponía a la misma, por “(…)  	carecer de fundamento normativo, toda vez que el hecho de haberse  	causado el daño por la intervención encontrada de dos  	cosas riesgosas no puede provocar una mutación normativa, es  	decir, pasar del riesgo como factor de imputación, a la culpa  	probada (…)”  	(PIZARRO, Ramón Daniel, “Responsabilidad  	por riesgo creado y de empresa. Contractual y extracontractual”,  	t. II. Buenos Aires. La Ley, 2006, pp. 274-277). Esta tesis ya la  	había aplicado la Sala el 16 de julio de 1945, en el caso de  	la colisión de dos embarcaciones (G.J.  	LIX, página 1058 y ss LIX, página 1058 y ss). En  	líneas generales la secundó el profesor Álvaro  	Pérez Vives (Teoría General de las Obligaciones, Vol.  	1.  Bogotá. Temis, 1966).

30  	En este evento, las presunciones por quienes desarrollan labores  	riesgosas no se neutralizan sino que permanecen incólumes, y  	cada cual debe probar el daño causado por el otro, o la causa  	extraña que lo exonere y le incumba. Significaba que cuando  	una de las partes era la que sufría el daño, la  	presunción subsistía en contra de quien no lo padeció,  	quien podrá destruir la presunción probando la  	incidencia del hecho de la víctima en la producción  	del evento dañoso (CSJ SC 26 de noviembre de 1999, rad.  	5220). Su crítica radicaba en que “(…) la  	solución se apoyaba en una falsa idea de la responsabilidad  	civil, cuya esencia se fundamenta en la idea de indemnización  	y no de pena, por tal motivo no se podía determinar la  	responsabilidad según la culpa del ofensor o la víctima  	(…)”  	(PEIRANO FACIO, Ramón Daniel. “Responsabilidad  	extracontractual”, 3ª  	ed. Bogotá. Temis, 1981, pág. 442).

31  	Ambos asumen su propio daño, de modo que resulta poniéndolos  	en el terreno de la culpabilidad, y en mismo sentido, se halla la  	asunción del daño por ambos de acuerdo al grado de  	culpa. La doctrina ensaya muchas otras soluciones, como la asunción  	plena de responsabilidad a quien se le pruebe un grado adicional de  	culpa; responsabilidad plena por el daño causado al otro,  	también conectada, como condenas cruzadas; repartición  	entre los comprometidos en la actividad peligrosa, formando una  	cuenta común por los responsables para indemnizar a las  	víctimas; resarcimiento proporcional, y la teoría de  	la presunción sólo a favor de la víctima.

32  	Se tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la  	actividad o mayor o menor grado de potencialidad dañina (CSJ  	SC  	2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01).  	Su censura consistía en que dicha tesis se preocupaba más  	por establecer que labor era más riesgosa en relación  	con otra, dejando de lado considerar cuál de ellas había  	causado el daño.

33  	Reiterado en sentencias de  	26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01,  	y 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-000042-01.

34  	Teoría que en todo caso había sido acogida  	originariamente por esta Corte en sentencia de 30 de abril de 1976,  	G.J.  	CLII,  	nº. 2393, pág. 108.

35  	CSJ.  	SC-12994 de 15 de septiembre de 2016, y recientemente la sentencia  	SC- 2107 de 12 de junio de 2018.

36  	Las relaciones de causa-efecto sólo rigen en una pequeña  	fracción de la naturaleza, como en la física clásica  	newtoniana. La relatividad general, la física cuántica  	y la termodinámica se rigen por interacciones no-causales.  	Los sistemas complejos, como el derecho de la sociedad, tampoco se  	rige por leyes causales sino por interdependencias o correlaciones  	funcionales.

37  	M.P.: Jorge Castillo Rugeles. Exp. 4978.

38  	M.P.: Silvio Fernando Trejos Bueno. Exp. 5220.

39  	M.P.: Pedro Octavio Munar Cadena. Exp.  	1997-03001-01.  
41  	M.P.: Ruth Marina Díaz. Exp.  	2005-00611-01.

42  	M.P.: Arturo Solarte Rodríguez. Exp.  	1989-00042-01.

43  	SC002-2018. Exp. 11001-31-03-027-2010-00578-01