Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
SC4468-2014
Bogotá, nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014).
Aprobada en sala de veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013)
Ref: Exp. 0800131030022008-00069-01
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes, frente a la sentencia de 12 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de Jaime Henao López y Francisco Henao Caldas contra la sociedad E. Posso y Cía. S.C.S., María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso.
I. EL LITIGIO
1. En ejercicio de la acción pauliana los accionantes solicitan declarar que la venta de derechos proindiviso en varios inmuebles, realizada por María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso a la sociedad E. Posso y Cia. S.C.S., en la escritura 539 del 22 de marzo de 2007, de la Notaría Quinta de Medellín, se ejecutó en detrimento de sus derechos de crédito, por lo que se debe revocar.
Subsidiariamente, buscan que se tenga dicho contrato como aparente o simulado, debiendo volver los bienes a las enajenantes “como garantía del pago de las obligaciones adeudadas”.
1. Relatan como sustento, los hechos que a continuación se resumen (folios 39 al 50, cuaderno 1):
a. Los hermanos Jaime y Eduardo Henao López fueron propietarios y administraron conjuntamente la finca denominada La Alicia, en una proporción de una tercera (1/3) parte el primero y dos terceras (2/3) el otro.
a. Del 12 de abril de 1993 a noviembre 12 de 1993, Jaime le hizo a su comunero préstamos “provenientes de recursos propios o conseguidos a su nombre, con entidades financieras y personas naturales”, que ascendieron a quinientos sesenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil quinientos noventa pesos ($565’796.590), que le cancelaría cuando vendieran o dividieran el predio, “entregando parte de los terrenos de su propiedad como pago de las obligaciones”.
a. Lo anterior no fue posible porque entre junio de 1999 y diciembre de 2000, Jaime afrontó un proceso concordatario que culminó con la entrega de su cuota a los acreedores, y Eduardo tuvo problemas de salud de abril a noviembre de 2001, cuando falleció.
a. El 24 de agosto de 2001, “según escritura pública No. 1315 de la Notaría Tercera de Barranquilla, Eduardo Henao López entregó 1/10 parte p.i. de su propiedad a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco y a Victoria Eugenia Henao Posso y con escritura pública No. 1033 de la Notaría 14 de Medellín. En la misma fecha y con la escritura pública No. 1502 de agosto 24 de 2001 de la Notaría Tercera de Barranquilla entrega 9/15 parte p.i. a sus hijas María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso por partes iguales o sea 3/15 partes p.i. a cada una, y hace una aclaración a las escrituras pública No. 1315 y 1033 en cuanto a excluir la venta parcial, enajenándose el lote total de la finca a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco y herederos”.
a. En diligencia llevada a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 16 de diciembre de 2003, Elodia Posso vda de Henao, María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía, “reconocieron la obligación a cargo de su finado esposo y padre Eduardo Henao López y a favor de Jaime Henao López, obligándose a pagar con un lote de terreno de la Finca La Alicia, (…) el cual sería determinado concretamente, una vez resolvieran el proindiviso que existía en la finca con entidades y personas ajenas a la familia y teniendo en cuenta el monto de la cuantía de la obligación, que debía fijarse de común acuerdo por las partes, conforme al procedimiento establecido en la cláusula segunda del acta de conciliación”.
a. En el mismo acto Jaime Henao López cedió los derechos que de allí se derivaban, a sus hijos Alejandro Alberto, Beatriz Eugenia y Francisco Eduardo Henao Caldas, de lo que quedaron notificadas y estuvieron de acuerdo las comparecientes. Sólo el último de los citados la aceptó al iniciar el pleito.
a. Elodia Posso vda de Henao, María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso incumplieron lo acordado, limitándose “a ofrecer en pago de la obligación al señor Jaime Henao López, menos de una quinta parte de lo adeudado para pagarla, con una pequeña porción de la tierra, ubicada donde a ellas, les parecía”, lo que fue rechazado.
a. Ante esa situación aquellas constituyeron la sociedad E. Posso y Cía. S.C.S., interviniendo Elodia Posso como socia gestora y las otras tres como comanditarias, mediante escritura 2229 de 22 de noviembre de 2006 de la Notaría Quinta de Medellín, y luego le enajenaron “de mala fe y en fraude y perjuicio de los intereses de sus acreedores Jaime Henao López y Francisco Henao Caldas, mediante la escritura pública No. 539 del 22 de marzo de 2007, los derechos proindiviso, que aún conservaban, sobre los lotes 1A, folio No. 017-0039036 y 1B, folio No. 001-0039037 de la O.F.D.I.P. de la Ceja, de la finca La Alicia”, que tenían comprometidos.
a. Jaime Henao López las denunció penalmente, pero se profirió auto inhibitorio, que fue apelado, “lo que nada impide buscar la protección del patrimonio de mis mandantes por la vía civil”, pues, “han quedado en crítica situación para la recuperación de su acreencia” por el proceder descrito.
1. Las demandadas, al ser enteradas del auto admisorio, se opusieron y formularon como defensas “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, “falta de legitimación por pasiva”, “falta de interés jurídico de los demandantes”, “inexistencia de nulidad por simulación” e “inexistencia del hecho esencial alegado por el demandante” (folios 87 al 129, cuaderno 1).
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, declaró no probadas las excepciones y accedió a las pretensiones principales (folios 636 al 648, cuaderno 1). Fallo que revocó el superior para absolver a las opositoras “tanto de la acción pauliana como la subsidiaria de simulación” (folios 22 al 33, cuaderno 3).
I. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1. La acción pauliana es la que se otorga a los titulares de un derecho de crédito para obtener la revocatoria de un negocio jurídico que les perjudica, realizado por sus deudores, con el fin de reconstruir el patrimonio de estos.
El artículo 2491 del Código Civil que la consagra regula dos situaciones, ya sea que se trate de negocios onerosos, en los que corresponde al promotor “demostrar dos aspectos, que la doctrina ha precisado como: el eventos damni, es decir el daño sufrido y el consilium fraudis, esto es, el concierto fraudulento, entendiéndose como tal ‘el hecho de que los contratantes conocían el mal estado de los negocios del enajenante de un bien’”, o gratuitos, respecto de los cuales “sólo exige la ley la prueba del fraude del deudor y el daño sufrido por el acreedor, es decir, en este evento no es necesario establecer la existencia del denominado consilium fraudis”.
1. Puede ejercerla quien ostente la calidad de acreedor con interés jurídico actual, ya sea porque sus derechos son exigibles o, de estar pendientes, son claros y concretos, como lo establece la jurisprudencia de la Corte en sentencia de 26 de agosto de 1938.
Sentado lo anterior, el primer problema jurídico a resolver es “¿si efectivamente en esa acta de conciliación [con la que el juez de primera instancia encontró probada la legitimación en la causa por activa], nace una obligación perfecta en contra de las demandadas?”.
1. La doctrina sostiene que “toda obligación civil se compone de tres elementos a saber, unos sujetos (acreedor-deudor), una prestación y un vínculo jurídico”.
El segundo presupuesto “es el objeto a que se compromete el deudor a satisfacer al acreedor, que a su vez puede recaer en una conducta material de dar, hacer o no hacer”, debiendo cumplir tres requisitos específicos: “que exista, que esté en el comercio y que se encuentre determinada”.
Esto último es necesario “por la simple razón que sería la única manera certera que el deudor sabría con qué específicamente debe descargar la obligación que ha contraído y el acreedor conocer, ad initio, qué puede exigir del deudor en caso de su incumplimiento”, pues, de no presentarse “sería imposible satisfacer el deber jurídico que tiene el deudor e igualmente imposible al acreedor ejercer el poder coercitivo, en contra del deudor para que le cumpla”.
1. De la literalidad del acta de conciliación aportada en este caso en particular, se extrae que “las partes precisamente expresaron que será en el futuro y sólo en el futuro la determinación de la cuantía o contenido material concreto de la deuda e incluso sometida su pago a las vicisitudes de la relación con los otros copropietarios y entidades financieras”. Si alguna obligación surge de ella “estaría sujeta a condición suspensiva, de la cual no existe ninguna prueba en la actuación de que se haya cumplido”.
1. La actuación procesal refuerza la conclusión de que “el demandante no logró traer el plenario la certeza ‘contundente’ de ser acreedor”.
Es así como no acreditó:
a. Un “desplazamiento patrimonial continuo” de Jaime Henao a su hermano, “porque concurren las versiones de que dichos dineros –de ser cierto la entrega de los mismos- correspondían a cubrimientos de los gastos proindiviso que efectuaba Eduardo que estaba al frente del bien, con la versión, del demandante de que eran préstamos dinerarios”.
a. No se establece el monto de su acreencia, “puesto [que] no existe ningún documento, comprobante, título proveniente del presunto deudor o de sus herederos”.
a. De las declaraciones se colige que Eduardo “siempre fue funcionario bancario, manteniendo buenas relaciones comerciales con entidades financieras y bancarias, unido al excelente manejo de sus servicios crediticios”.
a. El fallecido contaba con respaldo económico y sus problemas eran de liquidez, como lo afirma “el mismo demandante”, pudiendo acudir a otros medios para adquirirla “y no requería la obtención de préstamos por intermedias personas”.
1. El a quo no estudio el contenido de la conciliación e “infiere la calidad de obligación ejecutable, cuando de una lectura laxa de la misma no se compadece con la realidad manifiesta en ella”, lo que conduce a la “ausencia de prueba del presupuesto de la pretensión de falta de legitimidad por activa en el actor (…) y (…) a la absolución de las pretensiones y la revocatoria concreta de la sentencia venida en alzada, relevando a la Sala del estudio de los demás aspectos de la acción pauliana”.
1. En apoyo de la conclusión se analizan los otros presupuestos, así:
a. No se cumplió con la carga de verificar el agravamiento del estado de insolvencia o la generación de éste, si “por el contrario, se encuentra demostrado que las tres demandadas cuentan con otros bienes que podrían ser perseguidos para la satisfacción de la deuda que presuntamente existiera entre los sujetos procesales”, y el cumplimiento de la obligación, a la luz del documento, “estaba sujeta a condición suspensiva de los futuros arreglos a que pudiesen llegar con los copropietarios y acreedores” de cuyo cumplimiento no hay prueba.
a. Tampoco se advierte el consilium fraudis, lo que requiere de contundencia en los términos de la sentencia de la Corte de 2 de marzo de 2008, si “no demostró que los demandados carecían de más y suficientes bienes para cubrir la exigencia de la futura concreción de la deuda” o cómo “la venta de los dos lotes a la sociedad E. Posso & Cía. S.C.S. los colocaría en estado de absoluta imposibilidad de pago o agravaría tal posibilidad”.
1. Al quedar sin piso la acción pauliana, se hace el estudio de la petición subsidiaria de simulación, ineficacia contractual consistente en “mostrar la realización de un negocio jurídico, pero que en la vida real no se ha llevado a cabo o es otro diferente al que se dice haberse realizado”, ya sea que se trate de la absoluta o la relativa, cuyo surgimiento al mundo jurídico es producto de “construcción jurisprudencial, en la cual se ha sentado que no existe, por lo general prueba directa de la simulación, sino por vía de los denominados indicios”.
La legitimación para ejercerla es estricta, “porque sólo la pueden ejercitar los cónyuges, los herederos y los terceros con interés jurídico en ello” que, según la doctrina autorizada, debe ser serio y actual.
Pues bien, ante la carencia de “la calidad de acreedor respecto de las partes contratantes en el negocio que se pretende sea declarado simulado y sin tal prueba, lo inferido es la existencia (sic) de legitimación para incoar la pretensión simulatoria; razón suficiente para denegar lo pretendido por el actor subsidiariamente”.
I. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formulan tres cargos por la senda indirecta de la causal primera, dirigidos a demostrar que los censores estaban legitimados por activa, tanto en la acción pauliana como para buscar la simulación, que no advirtió el Tribunal respecto de ambas aspiraciones por idéntica razón, esto es, el que no eran acreedores con interés actual en relación con sus oponentes. Todos ellos se conjuntan por ser complementarios en sus argumentaciones, conformando un ataque integral, tal como lo permite el artículo 51, numeral 3, del Decreto 2651 de 1991.
PRIMER CARGO
Señala como infringidos los artículos 1602 y 2491 numeral 1° del Código Civil “por falta de aplicación (en lo que atañe a la acción pauliana pretendida principalmente)”, por errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
1. Distorsionó el Tribunal el acta de conciliación de 16 de diciembre de 2003, que fue regularmente aportada y no revisó en su integridad, “sino que suprimió en sus apreciaciones apartes relevantes de aquella”, por lo que “arribó a la conclusión de que (…) no contiene obligación alguna”, valoración que es contraevidente, pues, la misma “sí contiene obligaciones de las cuales es acreedor el Dr. Francisco Henao López y deudoras las demandadas”.
La sana crítica de este tipo de documentos declarativos “implica someter el mismo al examen conjunto con las demás pruebas y al escrutinio de las reglas de la experiencia, el sentido común, la lógica y la ciencia”, proceso intelectivo que no se surtió en forma, toda vez que “el escrutinio del acta de conciliación que nos ocupa sólo admite una (…) conclusión” que “no es otra que la referida acta generó nuevas obligaciones para las personas convocadas y en favor del convocante y que los negocios que dieron origen a la controversia dejaron de existir y ser relevantes para las partes”.
Carecía, por ende, de trascendencia “si el Sr. Eduardo Henao fue o no deudor de las sumas que pretendió otrora de su viuda e hijas su hermano Jaime Henao, porque en la referida acta de conciliación” aquellas se constituyeron en deudoras de éste, acreencia que hoy beneficia a Francisco Eduardo Henao por la aceptación de la cesión parcial a su favor.
No tiene sentido desconocer los alcances vinculantes de un acuerdo “que tiene efectos de cosa juzgada y constituye título ejecutivo con arreglo a la ley (…) porque ello equivale a dar término a un conflicto sin obtener nada ejecutable a cambio”, es más, en esa forma de solucionar diferencias se pueden distinguir dos negocios, uno el que originó la controversia y deja de existir, el otro “consiste en el propio acuerdo conciliatorio”, como lo describió la Corte en sentencia de 22 de noviembre de 1999.
1. Pretirió varios medios demostrativos producidos en 2007, que no se mencionan en la valoración del acervo probatorio, siendo que “concordados entre sí y con el acta de conciliación (…) ratifican la conclusión unívoca (…) de que las personas naturales demandadas son deudoras de los actores”, como pasa a verse:
a. El correo electrónico de 28 de marzo, enviado por Elodia de Henao, “comporta en su sentido natural y obvio, el reconocimiento de la obligación adquirida en la conciliación de transferir al Sr. Francisco Henao (y a sus cesionarios) una porción de la Finca La Alicia. Ciertamente reitera que no reconoce la suma pretendida por los demandantes, lo que es concordante con las cláusulas primera y segunda del acta de conciliación de 16 de diciembre de 2003, donde se dijo que la cantidad estaba por determinar pero con el compromiso inequívoco de entregar una fracción de aquel lote al determinarse el valor a reconocer, mediante oferta de las convocadas y negociaciones ulteriores a la dicha oferta”.
a. Las comunicaciones de 2 de agosto suscritas por Elodia de Henao y sus hijas a Jaime Henao López, Antonio F. Castillo Becerra y Francisco Henao Caldas, así como a la Conciliadora, refieren a que esas opositoras están “dando cumplimiento a las obligaciones convenidas en la conciliación de 16 de diciembre de 2003, con arreglo a sus cláusulas primera y segunda”, aceptando que son deudoras y poniéndolo en conocimiento de la conciliadora.
a. En el mensaje de 9 de mayo con el que Francisco Henao reenvía a Alejandro y Jaime Henao “correo electrónico de la misma fecha de la Sra. Elodia de Henao”, ésta señala que “las personas naturales demandadas son deudoras de los aquí demandantes, para transferir una porción de terreno por determinar mediante negociaciones, de la antigua Finca La Alicia” por virtud de la conciliación, de lo que se extrae que “solo tiene sentido ofrecer el cumplimiento de un negocio jurídico, si éste comporta obligaciones para quien realiza la mentada oferta”, siendo inane que se hiciera “para cumplir una obligación inexistente”.
1. Si ad quem hubiera valorado armónicamente el acta de conciliación con los documentos en que ofrecen su cumplimiento, sin incurrir en los errores endilgados, sus conclusiones serían:
a. Que las convocadas asumieron la “obligación [de] dar consistente en transferir al convocante Francisco Henao López (…) una fracción por determinar de la finca La Alicia” para pagar lo solicitado “sin aceptar su cuantía” y la porción de terreno se especificaría una vez se resolviera la partición con los restantes copropietarios, según la cláusula primera.
a. Que resuelta la partición “con las entidades financieras y Sumazari, las convocadas hoy demandadas debían cumplir con la obligación de hacer consistente en presentar una propuesta en un plazo no mayor a noventa días, (Cláusula segunda)”, contando con igual plazo para discutirla desde su recibo.
a. Que se extinguían las diferencias por los reclamos dinerarios de Francisco Henao a Eduardo Henao, al declararse a paz y salvo y renunciar a acciones judiciales, además de que “el acuerdo conciliatorio ‘sustituye y deja sin efectos cualquier convenio verbal o escrito celebrado con anterioridad entre las partes, con el mismo objeto’”.
a. Que en el mismo acto el convocante cedió sus derechos a Francisco Eduardo, Alejandro Alberto y Beatriz Eugenia Henao Caldas, de los que sólo ha aceptado el primero.
a. Que “las personas naturales demandadas se reconocieron deudoras, por escrito, el 28 de marzo de 2007, el 2 de agosto de 2007 y el 9 de mayo de 2007 de las obligaciones contenidas en el acta de conciliación” e hicieron “una oferta concreta de enajenación de 6,412 metros cuadrados de la antigua Finca La Alicia, para efectos de cumplir” lo convenido.
1. En ese orden “los demandantes son acreedores de las personas naturales demandadas, por dos conceptos: (i) por una obligación de dar consistente en transferir un lote de terreno no determinado al momento de la conciliación, pero determinable por el procedimiento acordado en la misma: y (ii) una obligación de hacer consistente en formular una oferta sobre la cuestión precedente en un término de 90 días contado a partir de la partición de la Finca La Alicia con las entidades financieras y la sociedad Sumazari”. Situación desconocida por el fallador para dejar de aplicar los preceptos enunciados, porque los demandantes sí tenían legitimación por activa.
SEGUNDO CARGO
Acusa vulnerados los artículos 1602 y 2491 numeral 1° del Código Civil, por igual vía, “como consecuencia de evidentes y trascendentes errores de hecho por suposición y preterición de los medios probatorios”.
Se apoya el descontento en la forma que a continuación se sintetiza:
1. La sentencia se contradice al valorar la insolvencia del deudor para efectos de la pretensión principal, cuando comienza por decir que “está probada la solvencia de las personas deudoras demandadas” para añadir luego que “el demandante no probó la insolvencia de aquellas personas”, interpretando erradamente que el numeral 1° del artículo 2491 del Código Civil “exige que se pruebe que los deudores contra quienes se dirige la acción pauliana quedan privados de bienes en virtud del acto cuya revocatoria se pretende”.
1. Semejante desfase deriva en la suposición de la “existencia de otros bienes en el patrimonio de las personas naturales demandadas como deudoras”, sin que esté verificado.
1. Para la prosperidad del fraude pauliano no se exige demostrar “la absoluta carencia de bienes del deudor, sino la reducción de su prenda general”, como fluye de jurisprudencia de la Corte de 14 de junio de 2007.
1. El juzgador en un acertado esfuerzo debió tener por “probado que la venta de inmueble cuya revocatoria se impetra (…) se produjo con conocimiento del deudor y agravando su insolvencia, al sustraer de su patrimonio un bien, precisamente aquel con el cual debía cumplirse la obligación del acta de conciliación”, lo que justifica que se case la decisión “para reconocer la plena prueba del fraude pauliano y así acceder a las pretensiones principales de la demanda”.
TERCER CARGO
Pregona la transgresión indirecta de los artículos 1618 y 1766 inciso primero del Código Civil “por falta de aplicación (respecto de la acción de simulación subsidiaria), como consecuencia de evidentes y trascendentes errores de hecho por distorsión y preterición de los medios probatorios”.
Los motivos de inconformidad los puntualiza así:
1. Se denuncia “idéntico error de hecho” al expuesto en el primer ataque, referido a la distorsión del acta de conciliación y la preterición de las comunicaciones de 28 de marzo, 2 de agosto y 9 de mayo de 2007, de las que se desprende la calidad de acreedores de los gestores, “pero esta vez para desechar las pretensiones subsidiarias de simulación”, por lo que su demostración la cifra en los términos ya aducidos.
1. De tal manera que se dejó de aplicar “el núm. 1° del art. 2491 del Código Civil (al concluir erradamente que los demandantes no son acreedores de las personas naturales demandadas, cuando si lo son) y el art. 1602 de la misma obra, cuando mantiene la eficacia de la Compraventa de las personas naturales demandadas a la sociedad E. Posso & Cía S.CS., siendo que con arreglo a esta última norma ha debido declarar la simulación absoluta de la Escritura Pública No. 539 del 22 de marzo de 2007 de la Notaría 5ª de Medellín”.
1. En consecuencia, se negó “la prosperidad de las pretensiones subsidiarias, porque, en su entender, los demandados carecían de legitimación activa por no ser acreedores de las personas naturales demandadas”, no obstante estar probado lo contrario.
Por lo demás, “la simulación se prueba en los indicios derivados de las dos escrituras precedentes, habida cuenta del precio irrisorio asignado al inmueble vendido y el impago del mismo”, como lo señala sentencia de la Corte de 8 de mayo de 2001.
CONSIDERACIONES
1. Buscan los accionantes dejar sin efecto la transferencia que hicieron María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso a la sociedad E. Posso y Cia. S.C.S., de los derechos de que eran titulares en dos inmuebles, acumulando a la acción pauliana la petición subsidiaria de simulación.
1. El Tribunal desestimó la petición principal, a la que había accedido el a quo, porque no se dan los supuestos exigidos para declararla, entre otras razones, por falta de legitimación en la causa por activa, defecto que también condujo al fracaso de la secundaria.
1. Las tres censuras se sustentan en yerros de facto por distorsión, suposición y preterición de algunas probanzas, argumentando que de ellas aflora la calidad de acreedores de Jaime Henao López y Francisco Henao Caldas, lo que los facultaba para reclamar el buen suceso de los pedimentos.
1. Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, consiste en la violación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de hecho al apreciar indebidamente la demanda, su contestación o alguna prueba. Estos desaciertos deben ser de tal magnitud que incidan adversamente en la forma como se desató el litigio, produciéndose un resultado contrario a la realidad procesal, lo que deja por fuera los replanteamientos del debate o postular novedosas fórmulas para definir el conflicto, sin que se alcance a derrumbar la solución dada por el fallador y que llega amparada de la presunción de legalidad y acierto.
Cuando la configuración del ataque se centra en una disconformidad con el examen de los elementos de convicción recaudados, debe hacerse un paralelo que evidencie la disparidad entre su verdadero contenido y lo que se tiene por demostrado, sin que se admita para tal efecto una proposición alterna, que aunque razonable, no logre socavar de tajo las conclusiones de la providencia censurada.
Al respecto la Corte, en sentencia del 9 de agosto de 2010, expediente 2004-00524, expuso que “[c]on ese propósito, al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (…) En consecuencia, el error de hecho para que se configure, inclusive en materia de interpretación contractual, tiene explicado la Corte, además de trascendente, debe ser ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento’ (sentencia 073 de 20 de abril de 2001, expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998) (…) El recurso extraordinario, por lo tanto, ‘no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a ésta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’ (sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730, reiterando doctrina anterior)” .
1. Si bien la posibilidad de que toda persona acceda a la administración de justicia es un principio de orden constitucional, tal garantía no es absoluta, ni su ejercicio puede ser producto del capricho o el arbitrio de los querellantes. Solamente el titular de derechos o quien puede llegar a serlo, está facultado para ponerla en funcionamiento, frente al obligado a respetarlos o mantenerlos indemnes.
El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.
De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda.
La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (…) En efecto, ésta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (cas. civ. sentencia de 1° de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N° 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp.N° 6050).
1. La legitimación, así mismo, depende de la naturaleza de la reclamación y del interés que se pretende hacer valer o garantizar, ya que indistintamente del vínculo existente entre los litigantes, debe hacerse uso de los medios apropiados para cada fin.
Es así como en el caso de los acreedores, estos cuentan con varios instrumentos para buscar la protección de la prenda general que respalda el cumplimiento de las deudas adquiridas por terceros a su favor, pudiendo acumularlos en algunos casos por la similitud en sus alcances, pero respetando algunas características que los restringen.
Por la relevancia para el caso estudiado es importante precisar cuáles son esas peculiaridades en las dos pretensiones propuestas, una principal y la otra subsidiaria, así:
a. De conformidad con el artículo 2488 del Código Civil “[t]oda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”, por cuanto su patrimonio constituye la prenda general para responder por las cuentas pendientes.
A su vez, el artículo 2492 ibídem contempla la posibilidad de reconstruirlo, en caso de una disminución mediada por actos fraudulentos, haciendo uso de la acción pauliana que es a la que “[l]os acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero (…) Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores”.
Para su prosperidad es requisito sine qua non la condición de acreedor de quien la promueva, en vista de que está consagrada en su exclusivo beneficio, siendo imprescindible que demuestre la existencia de su crédito, si se tiene en cuenta que con ella se busca la revocación de los actos ejecutados “antes de la cesión de bienes o a la apertura del concurso”, que menoscaban el patrimonio del deudor en detrimento de aquellos.
La Corte señala como uno de los requisitos de este instrumento procesal “que con anterioridad al acto tachado de ineficacia, haya nacido y exista un crédito a favor del actor aun cuando éste no esté provisto de título ejecutivo extrajudicial, ni el crédito haya sido declarado por vía judicial ni se haya entablado de antemano acción para conseguir esa declaración, regla que no sufre excepción sino en aquellos eventos en que, no obstante ser anteriores a la acreencia, es viable la impugnación por fraude de actos concebidos y ejecutados precisamente en atención al crédito futuro, por lo común de origen legal, y con el fin doloso de privar por adelantado al acreedor de las garantías con que hubiera podido contar, esto por cuanto al decir del profesor Josserand ‘…no está permitido destruir una situación jurídica de los efectos que le confieren la ley o la convención, tomando fraudulentamente y por adelantado medidas de preservación’” (sentencia de 28 de junio de 1991, exp. 2736).
A pesar de que no se requiere que el compromiso del solvens conste por escrito, si es necesario que haya claridad sobre en qué consiste el derecho personal pregonado por quien acude a la misma, predicándose unos contornos precisos que lo delimiten. Por tal razón, cuando el surgimiento de las obligaciones está sometido a una condición suspensiva, el accipiens no puede hacer uso de la acción pauliana, pues, ninguna lesión sería predicable frente a meras posibilidades, que afectan su consolidación a futuro. En su auxilio cuentan con mecanismos como las “providencias conservativas necesarias” establecidas en los artículos 1549 y 1550 ibídem.
La Sala en ese sentido tiene dicho que “[r]eferente a la acción revocatoria por fraude al derecho de crédito, de antaño el criterio jurisprudencial tradicional restringe la legitimación en la causa para promoverla a ‘los acreedores’, pero ‘no cualquier clase de acreedor, sino el que tenga un crédito preexistente… Por consiguiente, la relación jurídica entre acreedor y deudor debe existir cuando tiene nacimiento el acto cuya revocatoria se pretende’ (Cas. Civ. sentencia de 14 marzo de 1984, G. J. CLXXVI, p. 85 y ss.), o sea, sólo ‘puede ser ejercida por los ‘acreedores anteriores al acto nocivo’ que produjo o que agravó la insolvencia del deudor, y respecto de los actos ‘reales y perfectos en sí mismos’.’ (LXXXII, 226), por responder a una finalidad protectora del derecho de crédito dirigida a preservar la integridad de la garantía genérica otorgada al acreedor ‘sobre los bienes presentes y futuros del deudor, pero no sobre los bienes pasados, que ya habían salido del patrimonio del deudor antes de contraer la obligación u obligaciones así garantizadas’ (Guillermo Ospina Fernández, Régimen General de las Obligaciones, 2a. ed. Editorial Temis, Bogotá, 1978, p. 189), en cuyo caso, en esta opinión, la garantía patrimonial no se disminuye, deteriora o afecta al integrarse con los bienes presentes, actuales o futuros, y no con los anteriores (…) En particular, el titular condicional está legitimado para proteger, preservar y conservar su interés, en función de la posterior ocurrencia del acontecimiento y su consolidación futura, imponiéndose en el estado de pendencia a su contraparte el deber de actuar con buena fe, lealtad, corrección y de abstenerse de conductas contrarias impeditivas de la verificación de la condición o, más ampliamente, lesivas de este interés. Al efecto, puede impetrar las acciones conservativas necesarias (artículos 1549, 1550 y 1136 Código Civil), comprensivas para algunos expositores, de la acción revocatoria por fraude. Fúndase, esta opinión en la finalidad protectora de la prenda general de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, la buena fe y la represión del fraude con efecto ético, moralizador y tutelar del tráfico jurídico, a más que, el eventus damni, comprendería no sólo la pérdida o afectación efectiva, sino el riesgo de daño al crédito, incluso la dificultad importante para obtener la solución de la prestación. Por esto, se dice que, en la condición suspensiva hay acreedor con título no consolidado ni definido a plenitud, cuya tutela está amparada con medidas cautelares y una vez consolidada con las persecutorias (…) La jurisprudencia excluye al acreedor cuyo crédito está sujeto a condición suspensiva en pendencia (Cas. Civ. sentencias de 22 de agosto de 1967, G.J. CXIX, p. 191 y ss., de 13 de noviembre de 1968, G.J. CXXIV, pág. 375 y de 14 marzo de 1984, G.J. CLXXVI, p. 85 y ss., entre otras), por cuanto ex artículo 1536 del Código Civil, suspende la adquisición del derecho, o sea, no se adquiere mientras esté pendiente sino una vez verificada la condición (Cas. Civ. sentencia de 8 de agosto de 1974, G.J. CXLVIII, pág. 192 y ss.)… En igual sentido, ha expresado que la acción pauliana procura remediar la insolvencia del deudor al disponer un bien o derecho en perjuicio del acreedor, su finalidad además de moralizadora y represiva del fraude al crédito, es la restauración del patrimonio debitoris, con la persecución y recuperación de un bien que ya salió del mismo en orden a preservar la garantía general de sus acreedores (artículo 2488 del Código Civil) para devolverlo a las condiciones preexistentes a la celebración del acto fraudulento, como si nunca se hubiera celebrado, y mientras un derecho esté sujeto a cualquier contingencia, futura e incierta, ningún perjuicio podría experimentarse. Asimismo, como la acción procura la inoponibilidad del acto fraudulento y perjudicial hasta concurrencia del detrimento al acreedor conservando efectos en el exceso, es personal, subordinada y procede cuando se frustra la principal, sólo el acreedor está legitimado para instaurarla, y por tanto, quien tiene un título crediticio claro, cierto o consolidado” (sentencia de 14 de octubre de 2010, exp. 2001-00855-01).
a. Por su parte el artículo 1766 id preceptúa que “[l]as escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros (…) Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero”.
Con base en ese precepto se ha desarrollado jurisprudencialmente la figura de la simulación del acto o contrato, que pueden atacar judicialmente tanto quienes intervienen en el negocio que se pretende develar, como los terceros afectados por el mismo, de quienes se exige que su interés sea cierto y real.
Si de los acreedores del transferente se trata, lo último significa que sus créditos no estén en discusión y tengan una relación directa con el acto que se pide reversar, porque ningún efecto se obtendría al deshacerlos si no se cuenta con mecanismos alternos para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que piden amparar, por el hecho de que corresponden a meras expectativas.
Esta Corporación, en fallo de 26 de agosto de 1938, precisó que por aparecer como de mayor amplitud la acción de simulación, respecto de la pauliana, “ello no quiere decir que un acreedor la pueda ejercitar de un modo irrestricto o ilimitado, puesto que también está circunscrita a ciertas circunstancias que se cifran en el perjuicio a los acreedores, consistentes en disminuir o suprimir bienes del patrimonio de su deudor y en la colusión del tercero con el deudor. Es claro que no habiendo perjuicio no cabe la acción y que el perjuicio a que se alude ha de ser la imposibilidad para el acreedor de hacer efectivos sus derechos (…) De modo, pues, que no es cualquier acreedor el que tiene el derecho de ejercitar la acción que se viene estudiando que no está condicionada a un concepto eventual, sino que para que prospere, el interés jurídico debe ser actual, o sea, que se ‘debe tratar de un interés protegido por la ley, que es burlado o desconocido por la colusión entre el deudor y el tercero. Y al hablar de intereses protegidos por la ley, deben entenderse no solamente aquellos concretados en derechos exigibles, como sería una deuda de plazo vencido, sino también aquellos constituidos por derechos claros y concretos aun cuando no sean actualmente exigibles, como sería una deuda cuyo plazo no se hubiera vencido”.
Y en pronunciamiento reciente precisó que “[e]n cuanto a la ‘legitimación del acreedor’ para demandar la ‘simulación’ frente a un determinado ‘acto o contrato’, deriva de la existencia o vigencia del crédito para cuando promueva la acción y el ‘interés jurídico’ se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el ‘acuerdo simulado’, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la ‘obligación’, o por la disminución o el desmejoramiento de los ‘activos patrimoniales’ del deudor” (sentencia de 2 de agosto de 2013, exp. 2003-00168-01).
1. Se hallan demostrados los siguientes hechos relevantes para el pronunciamiento que se adopta:
a. Que Jaime Henao López citó a audiencia de conciliación a Elodia Posso vda. de Henao, María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso, así como a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, para solucionar una diferencia surgida por sumas de dinero que el convocante suministró a su hermano Eduardo Henao, en vida, por quinientos sesenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil quinientos noventa pesos ($565’796.590).
“Primera: En relación con las pretensiones, las partes acuerdan que serán los convocados Elodia Posso vda. de Henao, María Elena Henao Posso, Victoria Eugenia Henao Posso y Ana Lucía Henao Posso, en calidad de herederos del sr. Eduardo Henao López, los que concilian en el sentido de reconocer para pago de lo solicitado, sin aceptar su cuantía que será objeto de determinación posterior entre las mismas partes, un lote de terreno de la finca ‘La Alicia’ ubicada en el municipio de El Retiro (Ant.) identificada con la matrícula inmobiliaria No. 017-00001068 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Ceja (Ant.), que será determinado y concretado una vez se resuelva la partición con los otros copropietarios del predio antes mencionado que son entidades financieras y la sociedad Sumazari”.
“Segunda: Una vez resuelto el asunto del proindiviso con los acreedores antedichos, para efectos de determinar la cuantía y el lote con que se pagarán las pretensiones conciliadas, los convocados presentarán una propuesta al convocante en un plazo no mayor a 90 días. Posterior a esa fecha habrá negociaciones entre los interesados en un plazo que no excederá 90 días más. La coordinación de este proceso estará por parte del convocante en el señor Francisco Eduardo Henao Caldas y por parte de los convocados en el señor Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, o quienes estos designen”.
“Tercera: El convocante señor Jaime Henao López, solicita que todos los acuerdos logrados en su favor en este trámite conciliatorio sean cedidos a favor de sus hijos Francisco Eduardo, Alejandro Alberto y Beatriz Eugenia Henao Caldas, quienes en adelante serán los titulares de todos sus derechos para todos sus efectos legales, lo cual es aceptado por los convocados”.
“Cuarta: La parte convocante deja expresa constancia como fórmula integrante de esta conciliación que el señor Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, copropietario de la finca ‘La Alicia’ antes mencionada no está vinculado a la reclamación y al pago acordado, y se compromete a no discutir ni impugnar su título de propiedad y por el contraria a mantener las relaciones normales y corrientes de personas con un interés común”.
“Quinta: Las partes se declaran a paz y salvo mutuamente por los conceptos pactados y por tanto renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial relativa con el conflicto relacionado en este acuerdo, siempre y cuando se cumplan las obligaciones aquí consagradas; de esta manera, ninguno de ellos podrá reclamar la sanción por vía judicial derivada del conflicto que aquí se menciona”.
“Sexta: el presente acuerdo sustituye y deja sin efectos cualquier convenio verbal o escrito celebrado con anterioridad entre las partes, con el mismo objeto”.
a. Que en división material del bien raíz con folio 017-1068, convenida con Carlos Mario Giraldo Moreno, Ana Margarita Moreno Quijano y la Sociedad Sumazari S.A., se adjudicó a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco el dieciséis por ciento (16%), y a María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Posso, un veintiocho por ciento (28%) para cada una, de un lote de terreno al que se le abrió la matrícula inmobiliaria 017-39036, según escritura pública 3395 de 29 de septiembre de 2006, de la Notaría 26 de Medellín (folio 439, cuaderno 1).
a. Que en el mismo instrumento se asignó a María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Posso, el lote 017-39037, desgajado del predio matriz (folio 440, cuaderno 1).
a. Que el 22 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad E. Posso y Cía. S.C.S., por escritura 2229 de la Notaría Quinta de Medellín, figurando como socia gestora Elodia Posso de Henao y comanditarias María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Posso (folios 15 al 22, cuaderno 1).
a. Que el 22 de marzo de 2007, según consta en escritura 5369 de la misma notaría, las hermanas Henao Posso vendieron a la sociedad E. Posso y Cía. S.C.S., los derechos que tenían en los anteriores inmuebles (folios 440 y 443).
a. Que el 28 del mismo mes y año Elodia Posso de Henao envió correo electrónico a Francisco Henao en el que le expuso que “[p]ara cumplir lo acordado en la audiencia de conciliación celebrada el 16 de diciembre del 2003 y reiterando que la propuesta que presentó no implica el reconocimiento de la suma que ustedes pretenden y sí darle término a esta enojosa y conflictiva situación, les entrego un lote de 6.412 mts2, que hace parte del lote 1A, de la que antes era la finca La Alicia, situado en el lado izquierdo de la entrada, en límites con Paulandia, descrito y especificado en el plano que te adjunto” (folios 139 y 406).
a. Que el 25 de abril siguiente el destinatario lo respondió, manifestando extrañeza por su contenido y recalcando que “hasta el momento no han cumplido lo pactado en el acta de conciliación referida, por cuanto no se ha discutido ni acordado la cuantía de la obligación, de Eduardo Henao L. (q.e.p.d) a favor de mi padre, que ustedes ya reconocieron, asumieron y se obligaron pagar, requisito previo necesario, para poder discutir y acordar, el área y ubicación del lote de la finca La Alicia” (folio 408).
a. Que el 7 de mayo Elodia Posso reiteró la oferta, insistiendo que era “la última posición nuestra frente a lo dispuesto en la Conciliación celebrada en Barranquilla el 16 de diciembre de 2003” (folios 144 y 409).
a. Que el 2 de agosto de 2007 las demandadas enviaron comunicación a Jaime Henao López, Antonio F. Castillo Becerra y Francisco Henao Caldas ratificando “la propuesta enviada el 28 de marzo de 2007 vía email” e instándolos a que “en el menor tiempo posible se allane a realizar la negociación de la propuesta presentada por nosotros” (folio 141).
a. Que ellas mismas pusieron al tanto de lo anterior a la conciliadora actuante (folio 410).
1. No salen avante las acusaciones de la censora, por lo que se pasa a precisar:
a. Como bien lo resaltó el ad quem, los impugnantes no contaban al momento en que presentaron la demanda con una obligación clara y definible que estableciera su calidad de acreedores con legítimo derecho, requisito imprescindible en su situación particular, tanto para iniciar la acción pauliana, como la simulación subsidiaria.
La conciliación, según la definición que trae el artículo 1° del Decreto 1818 de 1998, “es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, que puede recaer sobre asuntos susceptibles de transacción o desistimiento, además de los que la ley expresamente indique.
Su importancia es tal, que la redacción original del artículo 38 de la Ley 640 de 2001, sin la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, exigía su agotamiento como requisito de procedibilidad “antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado” y en el 43 de la misma Ley 640 de 2001 se posibilitó la realización de audiencias de conciliación “en cualquier etapa de los procesos”, ya sea de oficio o a solicitud de las partes.
Independientemente de que este medio se utilice para evitar un pleito latente o como una forma de terminar uno iniciado y en curso, además de que se celebre ante un conciliador de un centro debidamente autorizado para el efecto o en un despacho judicial, el convenio a que se llegue se debe hacer constar en un acta que, entre los requisitos del artículo 1° id, debe contener “[e]l acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas”.
La claridad con que queden redactados los compromisos adquiridos y la forma de satisfacción, es lo que le confiere el mérito para su cumplimiento, así sea parcial, en caso de que alguno de los participantes falte a la palabra.
Si por el contrario el trato se consigna en términos vagos o confusos, dando cabida a dudas o vacilaciones, quiere decir que sigue un conflicto latente y, por ende, una imprecisión de los deberes correspondientes que restringe sus alcances.
En esos términos, un acta en la que se diga, afirme o consigne que se solucionó una diferencia, pero queda sometida a cuantificación posterior o la discusión de situaciones relevantes para su cumplimiento, impide que se perfeccionen las reclamaciones recíprocas de los firmantes.
Al respecto tiene dicho la Corte que “bueno es recordar que la avenencia debe ser uno de los bienes más codiciados por el hombre, y en esa dirección se prevé la conciliación judicial como uno de los mecanismos positivos para la composición de los litigios. Empero, para no hacer referencia sino a lo estrictamente necesario al caso, es apenas natural la necesidad de que en ello medie el consentimiento claro y expreso, de tal suerte que no haya lugar a equívocos, lo que supone, casi sobra decirlo, que las fórmulas conciliatorias estén lo más acabadas posible en orden a que la eficacia volitiva no resulte frustrada a la larga. En el mundo de la negociación conviene desterrar la ambigüedad. Por lo demás, se exige que el juzgador, ante quien se concilia, suscriba el acta que tal cosa recoja (…) Y comentario tal tiene por objeto denotar cómo en este caso no pudo darse la mentada conciliación. Porque bien miradas las cosas, lo que hubo fue un conato de conciliación, la cual no llegó a feliz término por la sencilla razón de que jamás hubo el cruce de voluntades que ella implica. En efecto, vino a acontecer que el actor propuso una fórmula de arreglo consistente en el mero ofrecimiento de transferir el dominio de unos inmuebles -fórmula incipiente, como que ni siquiera se identificaron debidamente los bienes-; luego, como fruto del camino que normalmente recorren quienes quieren aproximarse a un acuerdo negocial, hubo una contrapropuesta, consistente ya en que aquella fórmula era de recibo siempre y cuando los bienes por él ofrecidos tuviesen determinado valor, y en caso contrario se comprometía a cancelar el faltante. Sin embargo, ante situación semejante, y aquí está la piedra de toque en el asunto, el juzgado, precipitadamente, llamó acuerdo a lo que era una contrapropuesta; es decir, supuso el cruce de voluntades. Mas, ante la reacción del actor, corrigió su punto de vista, entendió que en verdad había imaginado la voluntad de las partes, enderezó el entuerto y al cabo de no obtener la anuencia del demandante, declaró fracasada la conciliación” (sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6707).
Precisamente ese fue el escenario con el que se encontró el Tribunal en este evento, cuando anotó que “lo acordado es que en caso de determinarse alguna deuda entre demandante y demandado, ello se pagaría con parte del inmueble ‘La Alicia’ siempre y cuando los arreglos con los otros propietarios y acreedores (entidades financieras y la sociedad Sumazari) así lo permitieran. Y si las cosas son de ese tenor, la conclusión es que en el caso remoto de deducir de esa acta de conciliación alguna obligación, ella estaría sujeta a condición suspensiva, de la cual no existe ninguna prueba en la actuación, de que se haya cumplido”.
No es ajena a la realidad procesal dicha manifestación, pues, responde al tenor literal del acta que se dice distorsionada, cuando de su contenido afloran varias condiciones y trámites previos al perfeccionamiento de una obligación concreta a cargo de las opositoras, que, aunque se cumplieron en parte, apenas dan lugar a tener por formulada la propuesta y su rechazo por los promotores.
Del clausulado se pueden extraer, entre otras, estas conclusiones:
i. A pesar de que se citó a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, se desvinculó de cualquier reclamación.
i. Elodia Posso vda. de Henao, María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso, las tres últimas como herederas de Eduardo Henao López, se comprometieron a formular una propuesta con posterioridad, sin reconocer la suma pedida.
i. El ofrecimiento recaería sobre una franja de terreno a segregar del predio La Alicia, sin demarcar el área, linderos o cualquier otro elemento que lo tuviera por individualizado; además, quedaba pendiente de la partición del globo mayor con otros copropietarios ajenos a la diferencia que se buscaba finiquitar.
i. La solución se enviaría dentro de los noventa (90) días siguientes a la división y se dispuso un lapso igual para negociar.
i. Admitieron como cesionarios de Jaime Henao López a sus hijos Francisco Eduardo, Alejandro Alberto y Beatriz Eugenia Henao Caldas.
i. Los paz y salvos recíprocos eran por los “conceptos pactados”, pero no se indicó ninguno.
i. Renunciaron a adelantar procesos o reclamaciones “siempre y cuando se cumplan las obligaciones aquí consagradas”.
Quiere decir que en ese mismo acto no aparecen cuantificadas las pretensiones económicas de Jaime Henao ni se concretó el área o alinderamiento del bien a entregar como pago. Si mucho quedaron esbozados los pasos a seguir en una concertación posterior, pero partiendo de cero.
En el texto están ausentes las reglas o directrices concretas para comprobar a posteriori el monto ajustado o los patrones para delimitar lo que se avenían a entregar las contradictoras. Tampoco se fijó un precio para el metro cuadrado o los valores diferenciales del terreno, las condiciones de lo que estaban dispuestos a recibir los accionantes ni qué sucedería si las negociaciones fracasaban.
Por lo tanto, mal podía decirse que los gestores pudieran derivar de la confusa redacción del acuerdo algún crédito cierto a cargo de las hermanas Henao Posso.
La vaguedad y complicación de los términos consignados imposibilitaban así el ejercicio de las dos acciones acumuladas, como acertadamente reparó el fallador de segundo grado.
a. Los escollos de la conciliación no se superaban con las demás pruebas documentales que señalan preteridas los opugnadores, pues, de las mismas si mucho se desprende el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las demandadas, al presentar la propuesta, y que a la fecha en que se dio inicio al litigio no existía una coincidencia entre lo querido por los promotores o lo debido por María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía.
Si bien la partición que todos los comuneros hicieron del globo mayor se concretó el 29 de septiembre de 2006, y Elodia Posso se puso en contacto con Francisco Henao el 28 de marzo de 2006, cuando ya había transcurrido el lapso convenido, lo cierto es que su ofrecimiento recayó sobre “un lote de 6.412 mts², que hace parte del lote 1A, de la que antes era la finca La Alicia, situado en el lado izquierdo de la entrada, en límites con Paulandia, descrito y especificado en el plano que te adjunto”.
De haberse aceptado ese predio por el destinatario y su padre, sin lugar a dudas otro sería el resultado del pleito, pues, el acta, la propuesta y el beneplácito, en su conjunto, darían respaldo al querer de quienes habrían consolidado su condición de acreedores. Sin embargo, fue desechado enfáticamente por ellos, o al menos no obra en el plenario, ni se aduce en el ataque, algún elemento de convicción del que se infiera un acuerdo sobre el particular.
Por el contrario la réplica que envío Francisco a las oferentes fue en el sentido de que “no se ha discutido ni acordado la cuantía de la obligación (…) requisito previo necesario, para poder discutir y acordar, el área y ubicación del lote de la finca La Alicia”.
a. El hecho de que no se haga en el fallo una enunciación discriminada de todas las probanzas no significa su desconocimiento en los términos de los ataques propuestos.
Al precisar el Tribunal que “en el caso remoto de deducir de esa acta de conciliación alguna obligación, ella estaría sujeta a condición suspensiva, de la cual no existe ninguna prueba en la actuación, de que se haya cumplido”, lleva implícita la valoración que se le dio a todos los que fueron debidamente incorporados, sin que de ellos fuera posible estructurar la existencia de la legitimación en la causa extrañada.
Así ocurre con los medios de convicción producidos en 2007, esto es, el correo electrónico que remitió Elodia Posso a Francisco Henao el 28 de marzo; los escritos del 2 de agosto que aquella y sus hijas hicieron llegar a Jaime Henao López, Antonio F. Castillo Becerra y Francisco Henao Caldas, así como a la conciliadora; y el mensaje de 9 de mayo con que Francisco reenvía a Alejandro y Jaime Henao el que a su vez redactó Elodia Posso.
Como se resaltó con antelación, todos ellos se elaboraron en atención a la conciliación celebrada y como muestra de buena fe de las opositoras frente a lo acordado, pero de su contendido, a pesar de que se ofrece transferir a Henao López y sus cesionarios una porción del inmueble La Alicia, no surge nada distinto a una considerable diferencia entre sus posiciones, que se manifestó al no aceptar los beneficiarios tal proposición, dando al traste con la condición suspensiva a que se refiere el sentenciador.
Por ende, no resulta contraevidente la deducción del Tribunal de que no surgió una obligación clara y concreta a cargo de las hermanas Henao Posso y su progenitora, porque de las pruebas indicadas, así provengan de ellas, no emerge que fueran deudoras de los gestores al quedar muchas cosas por definir. Esto justifica ampliamente el que no las hubiera enunciado expresamente en su decisión.
La Corporación en reparo similar al que se analiza señaló que “[s]i, eventualmente, los términos del discurso del impugnante derivaron de la forma en que el tribunal acometió el examen probatorio, es decir, en la medida en que no aludió en forma expresa y singular a cada medio de prueba, cumple precisar que la Corte ha plasmado su parecer, en multitud de providencias, sobre tal tópico, habiendo concluido, de manera constante, que la falta de mención uno a uno de dichos elementos, no constituye per se una preterición de los mismos, cuando del texto del fallo se desprende que fueron sopesados integralmente” (sentencia de 31 de julio de 2013, exp. 2003-00157-01).
a. Verificada por el juzgador la ausencia de interés de padre e hijo para proceder como lo hicieron en estas instancias judiciales, ninguna relevancia tiene el que entrara a revisar los supuestos de la acción pauliana, pues, el carácter sustancial de la falta de legitimación en la causa para accionar, truncaba las pretensiones en ese sentido.
Sin embargo, llama la atención que si se denunciaba como deudoras a María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Posso, el esfuerzo demostrativo de los promotores debió dirigirse, primordialmente, a verificar el estado de insolvencia de estas y que estaban en imposibilidad de cumplir las cargas pecuniarias exigibles o por vencer.
Sobre ese particular guardaron silencio los impugnantes, pues, ciñen los reclamos a la transferencia de los derechos de las demandadas en los inmuebles a una sociedad de la cual ellas mismas son comanditarias, sin que aparezca ninguna mención a una desmejora de su estado económico.
Fuera de lo anterior, el consilium fraudis, tampoco se desprende de los instrumentos de constitución de E. Posso y Cía. S.C.S. ni de la venta que de las cuotas en proindiviso en los inmuebles hicieron las adjudicatarias a aquella. Ello si se tiene en cuenta que las conversaciones entre las partes continuaron con posterioridad a su otorgamiento, por intermedio de quien detentaba la calidad de socia gestora o colectiva y que las comanditarias eran precisamente las mismas enajenantes.
Aun siendo el ente societario una persona diferente a quienes lo conforman, no existen razones para concluir que tal proceder se hizo con el ánimo de defraudar las expectativas de sus parientes, cuando de consuno las asociadas podían continuar los diálogos y precisar los puntos que seguían en discusión, para que en junta de socios se tomaran la medidas necesarias para la consolidación del acuerdo, autorizando a la gestora el otorgamiento de los instrumentos públicos a que hubiera lugar.
Además, las precisiones sobre las carencias demostrativas de los negocios que celebraron los hermanos Henao López, de ninguna manera constituyeron una intromisión en aspectos ya superados con el acuerdo extraprocesal, sino una forma de verificar la certeza y claridad de la deuda que pregonaban los accionantes, en vista de los vacíos que lo privaban del efecto pretendido.
1. Como lo encontró establecido el fallador, si bien existe un nexo entre los litigantes derivado de la conciliación extrajudicial que hicieron constar en acta, el mismo no tiene la connotación para habilitar la acción pauliana ni la petición simulatoria para los promotores, por la indeterminación de las obligaciones que de allí supuestamente emanaron.
Por ende, ningún reparo admite la valoración que se le dio a las pruebas y el resultado desfavorable para los censores que aparejaba esa falta de legitimación en la causa por activa.
1. Los cargos, en consecuencia, no prosperan.
1. Teniendo en cuenta que la decisión es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a los recurrentes. Se fijarán en esta providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que el libelo no fue replicado (folios 47 y 48).
I. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de Jaime Henao López y Francisco Henao Caldas contra la sociedad E. Posso y Cía. S.C.S., María Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Posso
Costas a cargo de los recurrentes las que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de tres millones de pesos ($3’000.000) por concepto de agencias en derecho.
Notifíquese y devuélvase
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ