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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC1547-2016
Radicación n.° 17001-22-13-000-2015-00644-01
(Aprobado en sesión de diez de febrero de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2015 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la demanda de tutela promovida por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad, trámite al cual se vinculó a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo – Regional Caldas-, a la Personería Municipal de Manizales, a la Alcaldía de esa ciudad y al Banco de Bogotá, con ocasión de la acción popular impulsada por el aquí actor frente al último de los mencionados.
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ANTECEDENTES
1.El accionante reclama el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad atacada.
2.En apoyo de su reparo, expone que el funcionario querellado no ha convocado “a la entidad encargada de proteger el derecho colectivo”, incumpliendo lo consignado en la Ley 472 de 1998 e incurriendo en mora judicial.
Acota que al comentado sublite debe citarse a la alcaldía municipal de donde ocurrieron los hechos, origen de la referida acción popular.
Se queja de la Defensoría del Pueblo de Manizales por omitir interponer amparos constitucionales a su favor, desconociendo que esa es su función y pasando por alto el estado de “indefensión manifiesta” del aquí promotor, derivada del pronunciamiento del Consejo de Estado “(…) donde ordena se evalúe [su] capacidad mental a fin de determinar [su] estado mental (…)”.
3.Pide, en concreto, llamar al litigio criticado al Alcalde Municipal de Manizales “(…) como vinculado o parte procesal (…)” y disponer se “escanee” el escrito introductor y los fallos dictados, con el fin de remitírsele tal documentación a su correo electrónico (fls. 2, cdno 1).
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Respuesta de los accionados y vinculados
a). El juzgado tutelado aseguró que mediante proveído de 20 de octubre de 2015, dispuso“(…) a efectos de evitar futuras nulidades (…)”, comunicar la admisión de la señalada acción a la Superintendencia Financiera de Colombia y llamar a la Alcaldía de Manizales (fl. 20, ídem).
b). La Personería de Manizales solicitó ser apartada “(…) toda vez que el asunto génesis [del reparo] no se ha generado por [su] acción u omisión (…)” (fl. 21, ídem).
c). La Alcaldía manifestó que fue notificada el pasado 27 de octubre de la acción popular pábulo de esta tramitación (fl. 22, cdno.1).
d)La Defensoría del Pueblo expresó, en síntesis, que el accionante ha abusado de las herramientas a su alcance, por cuanto ha incoado múltiples acciones populares con una finalidad netamente económica e iniciado tutelas desmedidamente “con temeridad y mala fe”; agregó que la Regional de Caldas,
“(…) a través del defensor público asignado, ha orientado ampliamente al señor ARIAS IDÁRRAGA sobre la interposición de este tipo de acciones, como última ratio, pero el accionante, con la acostumbrada irreverencia que le caracteriza ha manifestado literalmente que: ‘QUIERE CONGESTIONAR EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAIS’. De hecho, contra esta Defensoría ha presentado en las últimas semanas, cerca de NOVENTA Y CINCO (95) acciones de tutela por los mismos hechos, esto es, porque no se le presenta a su nombre las acciones contra la misma Defensoría o contra los jueces no sólo de este circuito, sino también de Risaralda, Antioquia, Valle y Santander (…)”.
Sobre la valoración médica impuesta al gestor, aseguró estar adelantando los trámites a efectos de realizar el “examen psiquiátrico” ordenado por el Consejo de Estado (fls. 29 al 36, cdno. 1).
d). La Procuraduría General de la Nación instó su desvinculación “(…) por no obrar como parte demandada y por no ser responsable jurídicamente de la realización de los actos procesales de comunicación referidos por el [actor] (…)”.
e). Los demás guardaron silencio.
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La sentencia impugnada
El Tribunal desestimó el auxilio al encontrar demostrado que el despacho encausado adelantó las diligencias de rigor para convocar al decurso materia de ruego a la Alcaldía de Manizales.
Respecto de la Defensoría del Pueblo, expresó la inviabilidad del amparo, por cuanto el promotor “(…) se encuentra en plena capacidad de ejercer [el] derecho de acción y de acceso a la justicia (…)”, además, resaltó que “(…) la custodia constitucional no puede ser utilizada como medio idóneo para solicitar el cumplimiento de [una] orden emitida por el Consejo de Estado tendiente a reali[zarle] [un] examen mental al accionante”.
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La impugnación
El petente impugnó el fallo memorado e insistió en la “(…) renuencia y violación de los términos perentorios incumplidos por el tutelado” (fl. 64 cdno. 1).
2.CONSIDERACIONES
1.Examinada la queja constitucional, se advierte que el promotor cuestiona (i) la falta de vinculación de la Alcaldía Municipal de Manizales en la acción popular N° 2015-00144 propuesta por él; (ii) la supuesta negativa de la Defensoría del Pueblo a presentar salvaguardas en su nombre; y (iii) la demora en la práctica del examen médico prescrito por el Consejo de Estado en otra tramitación constitucional.
2.Frente al primer aspecto planteado, se advierte el fracaso del amparo, al avizorar la Corte la ocurrencia de un hecho superado, pues revisadas las copias aportadas por la autoridad judicial reprochada, se constata que en proveído de 20 de octubre de 2015, se dispuso citar al ente territorial reseñado, determinación notificada por estado el 22 siguiente, esto es, el mismo día de la formulación del reguardo.
Sobre la figura anotada, ésta Sala ha indicado:
“(…) [l]a decisión del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales (…).
“El ‘hecho superado o la carencia de objeto’ (…), se presenta: ‘si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (…)”1.
3.En cuanto al segundo punto de queja, se observa la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesión de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensoría del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicción del cual se desprenda que esa entidad menoscabó las garantías invocadas y si bien aquélla admitió haber orientado al gestor en torno a la improcedencia de las acciones que pretende incoar, de ello no se colige un incumplimiento de las funciones supralegales de ese organismo; por tanto, el actual resguardo no puede salir avante frente a esa autoridad.
4.En lo atinente al examen médico aún no practicado, se comprueba que la Defensoría del Pueblo ha adelantado las gestiones del caso para llevar a cabo el procedimiento ordenado por el Consejo de Estado. Ese último aspecto, en consecuencia, libera a esta autoridad de responsabilidad constitucional, de cara a la demora endilgada en la realización de la enunciada valoración.
5.Finalmente, en cuanto a los pedimentos del impugnante, para que se le “escanee copia” de los fallos proferidos en este asunto y de su “tutela”, se ordenará por secretaría remitir esta decisión al e-mail del interesado y a su costa expedir la reproducción de las demás piezas procesales solicitadas.
6.De acuerdo a lo discurrido, se confirmará la providencia examinada.
3.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Por secretaría envíese al correo electrónico del solicitante la copia escaneada de esta determinación y, a su cargo, entréguensele las demás fotocopias reclamadas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.