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STC6158-2021
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC6158-2021
Radicación nº 11001-22-10-000-2021-00312-01
(Aprobado en sala virtual de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
Desata la Corte la impugnación del fallo proferido el 27 de abril de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la tutela que Francisco Pardo Tovar le instauró al Juzgado Diecisiete de Familia de esta urbe, la Policía Nacional – Dirección de Talento Humano y Jenny Alejandra Vélez Matta, extensiva a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
ANTECEDENTES
1. El libelista, por conducto de apoderado, invocó la protección de los derechos al «debido proceso, petición, acceso a la administración de justicia y dignidad humana», para que, se ordenara al estrado acusado «resolver sus memoriales de 4 de septiembre de 2020 y 18 de febrero hogaño, en aras de obtener la devolución de los dineros que son cobrados cada mes ante la medida cautelar decretada en su contra y retirados de manera excesiva de su nómina», en el litigio de fijación de cuota alimenticia que le adelantó su ex -pareja (nº 2020-00045).
Adicionalmente, pidió oficiar a la Pagaduría de la Policía Nacional, para que deduzca las cifras acordadas en la conciliación, «correspondientes al 30% de la suma de la asignación básica que percibe» y «se abstenga de realizar los descuentos como lo hace (el pagador) y sean remitidos a la cuenta con titularidad de la demandante, a fin de que sean puestos a órdenes del juzgado querellado».
En suma, dijo que en dicha lid se llegó a un «acuerdo conciliatorio» en el que se comprometió a «cancelar como cuota integral para su hijo la suma correspondiente al 30 % del salario Mensual que recibe como miembro activo de la Policía Nacional (…) autorizó que esta entidad (pagador), realizara por nómina el respectivo descuento, para ser consignado directamente (…) dentro de los cinco primeros días de cada mes iniciando en el mes de diciembre del año 2018» (6 nov. 2018).
Afirmó que a partir de esa calenda, se presentaron inconsistencias en los «descuentos desmedidos», por lo que requirió al pagador tomar los correctivos y sólo hasta el 6 de abril de los corrientes, le respondió «bajo errónea interpretación de que lo sería su salario devengado, previo la disminución de CASUR y SANIDAD y, por tanto, el monto a tener en consideración como base sería $3´488.483,oo».
Indicó que, exigió al despacho censurado le brindara un mecanismo de reintegro de los dineros descontados (4 sep. 2020 y 18 feb. 2021), pero a la fecha de formulación de esta queja, no le ha contestado.
2. El ICBF destacó la improcedencia del resguardo, en tanto, los inconvenientes expuestos deben suscitarse en el juicio objetado; además, no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable.
Jenny Alejandra Vélez Matta se opuso a la demanda superlativa.
El Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá relató las actuaciones surtidas en las diligencias reprochadas e informó que el 19 de abril de 2021, solventó los pedimentos del gestor, lo que, en su criterio, constituye un hecho superado.
El Banco Agrario alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no se evidenció vulneración de garantía alguna por ese establecimiento financiero.
CASUR arguyó que Pardo Tovar a la fecha no ha cobrado asignación mensual de retiro por cuenta de esa Caja.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACIÓN
El Tribunal de Familia de Bogotá denegó el amparo ante la configuración del «hecho superado», ya que el juzgado convocado «(…) se pronunció respecto a los memoriales del 4 de septiembre de 2020 y 18 de febrero de 2021 y, en consecuencia, a efectos de dilucidar lo referente a los eventuales descuentos excesivos realizados al señor FRANCISCO PARDO TOVAR, ordenó oficiar al pagador y solicitar información respectiva, donde se pidió esclarecer también lo atiene a los descuentos del 30%. Por tanto, el asunto que motiva la queja del actor se encuentra en gestiones para obtener elementos de juicio a efectos de aquilatarla. En ese orden, no podría la Corporación ordenar a la POLICÍA NACIONAL rectificar unos valores a descontar, pues eso habrá de dilucidarse en el proceso de fijación de cuota alimentaria donde se están agotando los trámites idóneos para ello».
Así, concluyó que «se declarará la carencia actual de objeto respecto a las pretensiones 1, 2 y 4. Se declarará improcedente la número 3, en atención a que ante el adelantamiento de un trámite idóneo por parte del JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C. dentro del proceso judicial criticado vía tutela, no se supera el requisito de subsidiariedad, y mucho menos evidencia en este momento procedencia alguna de un amparo tutelar en contra de la señora JENNY ALEJANDRA VÉLEZ MATTA, contra quien no se dirigieron los pedimentos del libelo inicial».
Recurrió el precursor con los mismos argumentos inaugurales, agregando que, en su opinión, no se está frente a un «hecho superado», en tanto no medió en tiempo diligencia de los accionados y «el Juzgado 17 De Familia solo atendió por las acciones de tutela interpuestas, la que hoy se impugna y la que se radico en el año 2019, lo que nos hace concluir que solo se moviliza el aparato judicial o administrativo en el caso de CASUR si obra algún requerimiento dado por las acciones constitucionales impetradas».
Entonces, enunció que los 28 de cada mes, continúan realizándose las deducciones injustificadas, por lo que no ha desaparecido el hecho generador de la trasgresión suplicada.
CONSIDERACIONES
1.- Examinado el sub lite se vislumbra, ab initio, el fracaso de la salvaguarda, porque, en estrictez, confluye la «superación del hecho» activante, en orden a lo cual, lo resuelto por el a quo debe ratificarse.
En efecto, se busca por el promotor el impulso y trámite a sus requerimientos, tendientes a obtener la «devolución de los dineros que son cobrados cada mes y retirados de manera excesiva en su nómina por orden decretada como medida cautelar»; sin embargo, en atención de lo así implorado, la Juez Diecisiete de Familia de Bogotá dictó el auto de cúmplase de 19 de abril de los corrientes y se elaboraron los oficios allí dispuestos procurando conjurar las falencias enrostradas por el sedicente.
Ahora, la sola divergencia con la resolución por la demora en su adopción, no es motivo suficiente para conceder el auxilio, en tanto, lo advertido es que el hecho generador de la conculcación denunciada, ya desapareció.
Frente a lo esgrimido, esta Corte en un asunto de perfiles análogos, esbozó:
«De suerte, que, aunque la resolución haya sido desfavorable a la promotora, no es razón para acceder a lo pretendido; en primer lugar, porque si en principio hubo una mora judicial fue superada con la emisión de la referida providencia, y segundo, porque ésta debió ser sometida a contradicción en el procedimiento natural y no a través de este instrumento excepcional, como pretendió hacerlo la censora en el escrito de impugnación. De suerte que es al juez de la causa a quien corresponde dirimir los desacuerdos que surjan al respecto.» (STC12045-2020)
2.- En lo que concierne con la inconformidad de Pardo Tovar, porque se siguen realizando deducciones de su salario aun cuando ya se emitió una decisión en la búsqueda de «las cifras que han sido adjudicadas de más» a Vélez Matta, se tiene que si no está de acuerdo con las medidas adoptadas, dicha inquietud debe elevarla ante el enjuiciador de la causa, lo que imposibilita a esta jurisdicción anticiparse a la adopción de determinaciones sobre aspectos que le corresponden zanjar al juzgador original, no pudiendo atribuirse facultades ajenas, máxime si cuenta con la herramienta que le brinda el art. 600 de la Ley 1564 de 2012.
En estas condiciones, el auxilio desemboca en la hipótesis de inviabilidad prevista en el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política en armonía con el canon 6º del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado aspira una definición del fallador superlativo, frente a particularidades que deben ser examinadas por el juez competente; sin hallar asidero en esta vía residual y extraordinaria.
Al efecto, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que,
«resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso está haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» (STC14280-2018 y STC12055-2020).
3- Como Colofón, se convalidará el veredicto de primer grado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas.
Comuníquese lo resuelto por el medio más ágil y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA