AC 2266 2023

AGOSTO

Asistente Jurídico Inteligente

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AC2266-2023 (2023-03007-00)

        

AC2266-2023  

Radicación  n.° 11001-02-03-000-2023-03007-00  

Bogotá,  D.C.,  nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).  

Se decide el  conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veinticuatro  Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de  Bogotá y su homólogo Segundo de Cali, con ocasión  del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por Abogados  Especializados en Cobranzas S.A. – AECSA S.A., contra Luis Ferney  Peñuela Ramos.  

ANTECEDENTES  

1.        La entidad  ejecutante presentó su escrito introductor ante los jueces  municipales de pequeñas causas y competencia múltiple  de Bogotá, pretendiendo que se librara mandamiento ejecutivo  por el valor de la obligación contenida en el pagaré nº  4075911, junto con sus intereses moratorios.  

En el acápite  pertinente, indicó que la competencia estaba fijada «en  razón a la naturaleza del proceso, al lugar señalado  para el cumplimiento de la obligación, esto es en la ciudad de  Bogotá D.C conforme al numeral primero de la carta de  instrucciones del pagaré base de la presente ejecución».  

2.        El Juzgado  Veinticuatro Municipal de Pequeñas Causas y Competencia  Múltiple de Bogotá, al cual correspondió el  asunto por reparto, rehusó la asignación pretextando  que «dentro  de la información aportada en el escrito de demanda el lugar  de notificaciones del demandado es Cali / Valle del Cauca, lo que  resulta, nugatorio admitir una demanda en esta Municipalidad que  genere futuras nulidades, por desconocer el domicilio del demandado»,  por lo que dispuso  la remisión de las diligencias a esa localidad.  

3.        El  estrado receptor, Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas  y Competencia Múltiple de Cali1,  también se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que,  «[d]el  escrito de demanda y los anexos de la misma, se puede establecer que  si bien el domicilio del demandado corresponde a (…)  Cali  – Valle, también es cierto que el cumplimiento de la  obligación se estableció por las partes del cartular en  la ciudad de Bogotá D.C., según lo señalado en  carta de instrucciones del pagaré No. 4075911 base de la  demanda. De igual manera, la parte ejecutante, a su elección,  radica la demanda ante Juez de Pequeñas Causas y Competencia  Múltiple de Bogotá D.C. (Reparto) en consideración  a la naturaleza del proceso y el lugar señalado para el  cumplimiento de la obligación, acogiéndose no solamente  a lo estipulado por la voluntad de las partes, sino amparándose  a la posibilidad que le otorga [el  artículo 28 del Código General del Proceso]».   Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el  expediente a esta colegiatura para dirimirlo.  

CONSIDERACIONES  

            

1. Aptitud          legal para la resolución.  

Compete a la Corte  definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado  Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes  distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos  16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y  139 del Código General del Proceso.  

2.        Anotaciones  sobre la competencia.  

En  tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de  familia, la distribución en comento se realiza mediante la  aplicación de diversos factores, así:  

(i)          El Factor  Subjetivo,  que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose  precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales:  el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos  acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las  leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde  con el artículo 30, numeral 6, del Código General del  Proceso.  

Lo  anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10  del artículo 28 ejusdem,  a cuyo tenor: «En  los procesos contenciosos en  que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada  por servicios o cualquier otra entidad pública,  conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la  respectiva entidad».  

(ii)        El  Factor  Objetivo,  que a su vez se subdivide en naturaleza  y cuantía.  

La  naturaleza  consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que  posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la  pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación,  que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del  circuito2,  o la custodia,  cuidado personal y visitas de los niños, niñas y  adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única  instancia3.  

Pero  ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la  totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la  jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón  de atribución supletivo o complementario, a la cuantía  de  las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 154  y 255  del estatuto procesal civil.  

(iii)        Ahora,  el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad,  categoría e instancia (v.  gr.,  un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al  juez civil municipal, en única instancia), que -por sí  solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un  funcionario judicial en específico.  

Por  ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza  o  cuantía)  habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor  Territorial,  que señala con precisión el juez competente, con apoyo  en foros preestablecidos: el fuero  personal,  el  real y  el contractual,  cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el  artículo 28 del Código General del Proceso.  

El  fuero  personal,  traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general  en materia de atribución territorial (pues opera «salvo  disposición legal en contrario»);  pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza  (personal) las pautas especiales de atribución previstas en  los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o  adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o  secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último  domicilio del causante) del citado canon 28.  

El  fuero  real,  a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes,  en aquellos asuntos en los que «se  ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y  amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de  cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración  de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos»  (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al  proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad  extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia  desleal (numeral 11).  

Y  el fuero  contractual atañe,  finalmente, a «los  procesos originados en un negocio jurídico o que involucren  títulos ejecutivos»  en los que «es  también competente el juez del  lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».  

(iv)        El  Factor  Funcional  consulta la competencia en atención a las específicas  funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción  de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios  diferentes, pero relacionados entre sí, de manera  jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma  circunscripción judicial.  

(v)        Y  el Factor  de Conexidad,  que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas  variables: subjetivas (acumulación de partes  –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas  o procesos) o mixtas.  

3.        Las  normas de atribución territorial en el Código General  del Proceso.  

Como viene de  verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en  procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las  precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo  28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo  disposición legal en contrario»,  lo que supone la advertencia de  que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico  no disponga una cosa distinta.  

Esas exceptivas, a  su vez, pueden ser concurrentes por elección,  concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:  

(ii)        Los  fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en  primer término, al factor preponderante indicado en la  normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible,  podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.  

(iii)        Y los  fueros exclusivos son aquellos que imponen que  el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado,  como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de  restitución de inmueble arrendado, que son de competencia  privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo  predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).  

4.        Caso  concreto.  

En asuntos como  este, convergen dos fueros de competencia que operan  concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla  general en el numeral 1º del artículo 28 del Código  General del Proceso («En los procesos  contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es  competente el juez del domicilio del demandado…»)  y (ii) el que establece el numeral 3 del  mismo precepto («En los procesos  originados en un negocio jurídico o  que involucren títulos ejecutivos  es también competente el juez  del lugar  de cumplimiento de cualquiera de las  obligaciones»).  

En el caso bajo  estudio, la sociedad demandante fijó la competencia con  sustento en su elección de uno de esos dos fueros  concurrentes: el contractual, que atañe al lugar de  cumplimiento de la obligación incorporada en el documento  adosado como título valor a la demanda ejecutiva; es decir, en  este caso, la ciudad de Bogotá, según se consignó  de manera expresa en el pagaré nº 4075911, cuya ejecución  se persigue6.  

Por esa vía,  como la parte actora optó, válidamente, por presentar  su demanda ante los jueces de la ciudad donde deben satisfacerse las  acreencias que aquí pretende recaudar, el primer funcionario  involucrado en la contienda no podía rechazarla, pues ello  contraría las reglas de procedimiento ya explicadas.  Al  respecto, no  se olvide que,  

«(…)  como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro  de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial  que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se  tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la  competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial  pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado  fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean  procedentes»  (CSJ  AC2738-2016, 5 may.).  

5.        Conclusión.  

Respetando  la elección entre fueros concurrentes que, en forma expresa,  realizó la entidad ejecutante en su libelo inicial, se impone  colegir que la competencia para conocer del presente asunto  corresponde al primero de los falladores involucrados en esta causa.  

DECISIÓN  

En  mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,  

RESUELVE  

PRIMERO.        DECLARAR  competente  al Juzgado Veinticuatro Municipal de Pequeñas Causas y  Competencia Múltiple de Bogotá.  

SEGUNDO.          REMITIR la  actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra  agencia judicial involucrada en la contienda.  

LUIS  ALONSO RICO PUERTA  

Magistrado  

1          A quien correspondió la causa por remisión          previa del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali.  

2          Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.  

3          Artículo 21, numeral 3, ídem.  

4          «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto          que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez          civil».  

5          «Cuando la competencia se determine por          la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima          cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen          sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a          cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40          smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones          patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos          legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a          ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes          (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre          pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento          cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150          smlmv)».  

6          Según consta en la página 15, archivo          11001020300020230300700-0007Expediente_digitalizado.pdf.      

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