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STC6192-2023
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC6192-2023
(Aprobado en Sala de veintiocho de junio de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Jorge Ignacio Uribe Velásquez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, trámite al cual fueron vinculados los estrados Promiscuos Municipal y del Circuito de San Pedro de los Milagros, así como las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.
ANTECEDENTES
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclamó la protección de sus garantías esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas.
2. Como hechos jurídicamente relevantes para la definición del sub-lite, se destacan los siguientes:
2.1. En el curso del ejecutivo de menor cuantía que Jorge Ignacio Uribe Velásquez, aquí libelista, inició contra Alejandro Muñoz Delgado y otros (rad. n.º 2022-00115), el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de los Milagros decretó la nulidad de lo actuado desde que se libró el mandamiento de pago, por «falta de jurisdicción y competencia por los factores funcional y subjetivo», teniendo en cuenta que el extremo pasivo tenía su domicilio en Bello, pese a que, según el actor, «se convalidó la competencia».
2.2. Por lo anterior, interpuso acción de tutela (rad. n.º 2023-00013), en virtud de la cual el estrado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros concedió la protección reclamada, ordenando la suspensión del recaudo hasta tanto se resolviera la apelación formulada por el reclamante contra la decisión desfavorable. Sin embargo, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia revocó el fallo del a quo, para, en su lugar, negar el auxilio, dado que «omitió proponer todas las defensas de que disponía en el proceso ejecutivo», aspecto que, en su criterio, es irregular, porque no tuvo en cuenta lo acaecido en el cobro.
3. En consecuencia pidió, en compendio, (i) dejar sin efectos la sentencia constitucional reseñada; y que, en consecuencia, (ii) la autoridad del compulsivo se abstenga de levantar las cautelas decretadas y practicadas, «hasta tanto este decida el recurso de alzada oportunamente propuesto y concedido».
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia manifestó que «la acción de tutela incoada por Jorge Ignacio Uribe Velásquez contra esta Corporación, se informa que, mediante sentencia del 26 de mayo de 2023 dictada en la acción de tutela con radicado 056643189001 2023 00019 01, se decidió la impugnación propuesta por Alejandro Muñoz Delgado y Marelín Gutiérrez Arboleda, revocándose el proveído confutado y declarándose la improcedencia de la salvaguarda, al no hallarse cumplido el presupuesto de subsidiariedad y habida cuenta que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable».
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Los Milagros expuso que «no le asiste razón al accionante en manifestar que le están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, cuando se encuentra en trámite un recurso que le fue concedido».
3. El estrado Promiscuo del Circuito de la aludida ciudad añadió que «la decisión de tutela adoptada por este operador fue apelada y el superior funcional la encontró contraria a derecho y por eso decidió /evocarla; considero que es una decisión que respeto más no comparto, y por eso considero que en esta nueva acción este operador judicial no ha violado ningún tipo de derecho a quienes están trabados en la litis en el proceso ejecutivo y menos en las acciones de tutela».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia incurrió en presunta vía de hecho en la acción constitucional que el memorialista promovió contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de los Milagros (rad. n.º 2023-00019), por revocar la decisión estimatoria del a quo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas.
2. De la tutela contra providencias de la misma naturaleza. Improcedencia y excepciones.
Sobre esta temática, al tenor del inciso 2° del artículo 86 de la Carta Política, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnación, y, «en todo caso», de «su eventual revisión», mecanismo respecto del cual la Corte Constitucional ha sostenido que:
«(…) excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela –bajo la modalidad de presuntas vías de hecho– porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.
(…) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.
(…) La única alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervención de la parte interesada en el proceso de selección para revisión ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciaría una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protección constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jurídica» (CC, SU-1219/01).
Determinada como regla general su improcedencia, esta Corte ha razonado que, «de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervención de un segundo juez de amparo cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con interés en el resultado del respectivo trámite» (CSJ STC, 25 jun. 2012, rad. 00069-01); «o cuando la decisión afecta de manera grave una garantía fundamental en sujetos considerados de especial protección» (CSJ STP, 3 jul. 2012, rad. 60963).
La Corte Constitucional unificó dichos criterios al señalar que: «[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la [resolución] adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación» (CC, SU-627/15).
3. Solución al caso concreto.
Revisados los argumentos de la queja constitucional y los medios de convicción obrantes en el expediente, la Sala precisa que declarará la inviabilidad del auxilio, en tanto que: (i) no cumple el presupuesto general de procedibilidad, consistente en que no puede dirigirse contra un fallo dictado en un trámite de similar naturaleza, sumado a que (ii) también desatiende el requisito de la subsidiariedad.
3.1. De la tutela contra decisión del mismo linaje:
Con observancia en las premisas que anteceden, en el sub-lite se configura la situación descrita, en tanto que el gestor dirige el ataque contra la providencia de segunda instancia, proferida el 26 de mayo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, con ocasión del amparo que aquel promovió contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de los Milagros, en virtud de lo dispuesto en el recaudo que aquel adelanta, ya que revocó la sentencia del a quo constitucional que había sido favorable a sus intereses.
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a una determinación de tutela no puede encontrar respuesta a través de una nueva invocación del mismo instrumento, pues para ese propósito el ordenamiento jurídico previó la impugnación de cara al juicio de primer grado, la revisión y aún la insistencia –en caso de negarse esta–, como instrumentos procedentes ante los funcionarios competentes, siendo instituida la Corte Constitucional como el órgano que pone fin al debate en punto de la protección de las garantías fundamentales invocadas.
Al respecto, esta Sala ha enfatizado en que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicción no se resuelven con una nueva demanda constitucional, toda vez que «resulta inviable la acción de tutela cuando ésta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hipótesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico son la impugnación del fallo ante el superior y la revisión eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (artículo 86, inciso segundo, de la Carta Política), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (…)» (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.).
3.2. De la subsidiariedad:
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial, en la medida en que, de conformidad con las piezas procesales adosadas, se deriva que, a la fecha, no se ha surtido la remisión y/o radicación de la foliatura ante la Corte Constitucional1, por lo que el interesado cuenta con la posibilidad de solicitar, ante el órgano de cierre de esta jurisdicción, la eventual selección con fines de revisión, una vez ingresen las diligencias a esa Corporación.
Sobre la idoneidad de esa vía, ha precisado la Corte:
«(…) no se diga que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través del procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto ‘dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección’. (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)» (CSJ STC 7 nov. 2012, exp. 2012-02041, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.).
En ese orden, comoquiera que no se ha surtido el procedimiento referido, sigue abierto ese escenario jurídico, en el cual el libelista puede intervenir, y, en caso de que no se seleccione el asunto, tiene la posibilidad de hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes.
Por lo demás, el resguardo tampoco procede como mecanismo transitorio en el sub-lite, porque, aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, el censor no probó la existencia de un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el daño «revista cierta gravedad e inminencia más allá de lo puramente eventual, y que sólo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela» (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01).
4. Precisión adicional.
Finalmente, en lo que atañe a la pretensión de que se ordene al estrado promiscuo municipal que «se abstenga de levantar las medidas cautelares decretadas y practicadas, hasta tanto este despacho decida el recurso de alzada oportunamente interpuesto y concedido», precisa la Sala que este tema corresponde debatirlo al interior del recaudo, por lo que, al haberse infirmado la decisión de tutela que en principio le había conferido la protección, nada obsta para que acuda ante el juez de la causa y, a través de los cauces pertinentes, plantee sus argumentos. Lo anterior, máxime que, como indica en la misma solicitud, está pendiente de definirse la concesión o no de la apelación propuesta contra el proveído que decretó la nulidad de lo actuado en ese asunto, de modo que, en esas condiciones, no es posible interferir en determinaciones que corresponden a la autoridad del ejecutivo.
5. Conclusiones.
5.1. No se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud de un trámite de similar naturaleza.
5.2. No se ha definido su eventual revisión por el órgano de cierre de esta especial jurisdicción.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Comisión de Servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 En cuya página web oficial aún no se reporta registro sobre la tutela de la referencia: 05664318900120230001900.