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Radicación n.° 73001-22-13-000-2014-00583-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC202-2015
Radicación n.° 73001-22-13-000-2014-00583-01
(Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2014, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la tutela instaurada por Nelsy Serrano Duque respecto de los Juzgados Tercero Civil Municipal Segundo Civil del Circuito, ambos de El Espinal, con ocasión del juicio ejecutivo singular promovido por el Banco Davivienda S.A. frente a la aquí gestora.
1. ANTECEDENTES
1. La promotora solicita la protección del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados.
2. Sostiene, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 2 a 4):
2.1. Dentro del trámite objeto de esta salvaguarda, el Juzgado Tercero Civil Municipal de El Espinal libró mandamiento de pago el 29 de junio de 2011.
2.2. La accionante considera que no era admisible disponer el inicio del litigio, pues el pagaré arrimado por su contraparte no cumple los requisitos establecidos en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, por cuanto ni en ese instrumento “(…) ni en la demanda ejecutiva se estableció con precisión que clase de intereses se estaban cobrando, esto es, si son de plazo o moratorios, ni mucho menos se determinó la tasa de los mismos (…)”.
2.3. Teniendo en cuenta lo anterior, propuso como excepciones de fondo las de “(…) inexistencia del título valor, no exigibilidad de título valor, indeterminación e imprecisión de los intereses cuantificados en el título valor, cobro de lo no debido con respecto a los intereses relacionados en el título valor, omisión de los requisitos que el título debe contener y que la Ley no suple expresamente (…)”.
2.4. Mediante providencia de 12 de febrero de 2014, el despacho desatendió sus argumentos y dispuso seguir adelante con la ejecución, determinación confirmada por el Juez Segundo Civil del Circuito el 27 de junio siguiente, al desatar la alzada propuesta por ella.
3. Suplica (i) revocar “(…) los fallos de fechas 12 de febrero de 2014 y 27 de junio de 2014 (…)”; y (ii) ordenar al a quo “(…) la expedición de otra decisión en la cual se subsane la vía de hecho por defecto probatorio (…)” en que incurrieron los funcionarios entutelados.
1.1. Respuesta de los accionados y vinculados
a. El Juzgado Segundo Civil del Circuito afirmó que lo actuado dentro del memorado sublite “(…) se ajusta a la Constitución y la Ley (…)” (fl. 35).
b. El Juez Tercero Civil Municipal aseveró atenerse “(…) a lo que en derecho se resuelva (…)” (fl. 36).
2. La sentencia impugnada
1.3. La impugnación
La formuló la querellante precisando que “(…) el señor juez no examinó [sus] argumentos acerca de la conducta omisiva (…)” endilgada a los funcionarios convocados (fls. 46 y 47).
2. CONSIDERACIONES
1. Nelsy Serrano Duque cuestiona a los juzgadores entutelados porque en el litigio materia de este auxilio aceptaron como válido un título valor carente de los requisitos legales y desatendieron las excepciones formuladas por ella en tal sentido.
2. De entrada se advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado, al percatarse la ausencia del principio de subsidiariedad, pues, si según la promotora, el pagaré no cumplía con lo reglado en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, debió haber procedido como lo preceptúa el inciso final de la norma 497 del Estatuto Procesal Civil, según la cual:
“(…) Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad (…)”.
De esta manera, se desaprovechó la oportunidad de debatir en el campo idóneo, esto es, dentro del proceso, la presunta falencia ahora alegada.
2.1. Debido a la inactividad de la parte pasiva en el juicio aquí censurado, el Juzgado Tercero Civil Municipal precisó en el proveído que siguió adelante con la ejecución:
“(…) Es de anotar que dentro del término de ejecutoria del auto que libró mandamiento de pago en contra de la demandada, el apoderado judicial nada dijo acerca de los requisitos formales del título, no siendo esta la oportunidad procesal para ello ” (fls. 13 a 19).
2.2. Así las cosas, no es dable acudir a esta acción excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, la Corte ha dicho:
“(…) [S]i hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los trámites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, sólo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad ‘judicial’ de resguardo; además, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico -como aquí ocurrió-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria (…)”1 (subrayado fuera de texto).
3. En punto a la sentencia de 12 de febrero de 2014, se tiene que el a quo estudió de fondo las réplicas exceptivas formuladas por la aquí actora, desestimándolas en los siguientes términos:
“(…) En cuanto a la inexistencia del título valor, la no exigibilidad del título valor y la omisión de los requisitos que el título debe contener y que la Ley no suple expresamente, ha de señalarse (…) [que] [b]asta otear el documento allegado como base del recaudo, para determinar que en efecto cumple con los requisitos generales y especiales [contenidos en el artículo 709 del Código de Comercio], lo que de suyo deja sin piso los medios exceptivos alegados por la ejecutada (…)”.
“(…) Y respecto de la “indeterminación e imprecisión de los intereses cuantificados en el título valor y cobro de lo no debido con respecto a los intereses relacionados en el título valor”, se precisa que los mismos fueron debidamente autorizados, tal y como consta en el documento “autorización para diligenciar el documento con espacios en blanco para ser convertido en pagaré” (…)”.
“(…) De la suma imputada como intereses de plazo causados y no pagados, el apoderado judicial de la ejecutante claramente manifestó que la obligación data de tiempo atrás, y que las fechas impuestas en el pagaré son el producto de la autorización dada en el documento para llenar espacios en blanco en el numeral 1º. Justificaciones que sin lugar a dudas son legalmente procedentes, pues (…) desde el inicio de la relación contractual la ejecutada aceptó las obligaciones contraídas con el banco, siendo señal de esto, la firma de la carta de autorización para diligenciar el documento con espacios en blanco para ser convertido en pagaré, por lo que se declararán no probadas las excepciones de mérito no propuestas (…)”.
3.1. Por su parte, el Juez Segundo Civil del Circuito en decisión de 27 de junio de 2014, confirmó la determinación precedente al desatar la impugnación propuesta por la aquí quejosa, indicando:
“(…) [L]as obligaciones recopiladas en el pagaré datan de la fecha en que se diligenció, surge evidente, contrario a lo afirmado por la demandada, que lo consignado en el título sí guarda concordancia con la autorización que aquélla otorgó en su momento, en el entendido que se incorporaran todas las obligaciones vigentes y a su cargo (…)”.
3.2. Las providencias examinadas no se observan descabelladas al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Según lo ha expresado la Corte, “(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho (…)”2.
Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
4. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmación del fallo impugnado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1CSJ. STC. 9 sep. 2011, Rad. 2011-01858-01, reiterado en STC. 27 sep. 2013, Rad. 2013–0241-01.
2 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
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