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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC8110-2015
Radicación n.º 11001-02-04-000-2015-00723-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de junio de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015).
Decídase la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal, dentro de la tutela promovida por Alexander Calderón contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y los Juzgados Tercero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de la misma capital, trámite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Once y Quince Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y el Complejo Carcelario COJAM – JAMUNDÍ.
1. ANTECEDENTES
1. El demandante solicita la protección de los derechos a la libertad, debido proceso, igualdad y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades querelladas.
2. Sostiene, como base de su reproche, en síntesis, lo compendiado a continuación (fls. 2 a 18):
2.1. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali mediante proveído de 10 de diciembre de 2012, acumuló las condenas del actor por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, tasándole un quantum punitivo de 285 meses de prisión.
2.2. Como el asunto fue remitido al homólogo Segundo de Descongestión de la misma ciudad, ante aquél solicitó el beneficio administrativo de 72 horas, petición denegada en providencia de 30 de abril de 2014 y ratificada el 25 de julio siguiente al desatarse el recurso de reposición, y confirmada por el superior el 2 de febrero de 2015, al resolverse el mecanismo de alzada propuesto por el aquí actor.
2.3. Con los anteriores pronunciamientos se vulneran las garantías iusprincipales invocadas, pues como ya cumplió la tercera parte de su pena y cuenta con una conducta ejemplar dentro del centro penitenciario, tiene todo el derecho al otorgamiento del permiso rogado.
3. Pide se ordene a los estrados accionados concederle el citado beneficio.
1.1. Respuesta de los accionados
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, se limitó a allegar las copias de la actuación censurada (fls. 70 a 73).
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, hizo un recopilación de lo tramitado en esa instancia, y sostuvo que “(…) la decisión cuestionada descansa sobre criterios de interpretación razonables y es fruto de un serio análisis respecto de los requisitos exigidos por la normatividad penal vigente (…)” (fls. 74 a 76).
1.2. La sentencia impugnada
Negó la protección invocada tras advertir que en la actuación reprochada no se observa una conducta contraria al ordenamiento jurídico,
“(…) pues (…) bajo una argumentación razonable y ajustada a derecho consideraron que no era procedente otorgarle al penado el permiso de 72 horas (…)” (fls. 110 a 124).
1.3. La impugnación
La formuló el peticionario sin exponer los motivos de su inconformidad (fls. 136).
2. CONSIDERACIONES
1. Únicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusión en los derechos fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios jurídicos ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito.
2. El actor arremete en contra del proveído de 2 de febrero de 2015, en donde el Tribunal acusado confirmó el de 23 de abril de 2014, mediante el cual el a quo le denegó la solicitud de permiso administrativo de 72 horas.
3. Examinada la providencia criticada, tal como lo sostuvo la Sala de Casación Penal, no emerge de ella irregularidad alguna con entidad suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia.
En efecto, la autoridad adujo que pese a haber observado el interesado una buena conducta en prisión, “(…) debe entenderse -contrario a lo entendido por él- (…) el [el comportamiento] asumido durante todo el lapso de privación de la libertad, de suerte que una sola calificación que sea contraria, niega de entrada su otorgamiento por expreso mandato legal (…)”.
Agregó que como “(…) la Oficina de Investigaciones Internas del INPEC (…) en oficio del 6 de febrero de 2014, (…) consignó que mediante las resoluciones Nº 028 de 21/01/2010 y 2912 del 02/11/2011, se suspendieron las visitas a Alexander Calderón por tenencia de arma y se determinó un total de 10 días por redención de pena por tenencia de alucinógenos, respectivamente (…)”, no se cumplía con lo previsto en el numeral 6º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, y por tal motivo negó la solicitud administrativa rogada por el gestor.
4. Se descarta la posibilidad de predicar una vía de hecho en el auto reseñado porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener1, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte de la accionada, por tanto, no hay lugar a la intervención de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.
Ahora, si el gestor disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situación que por supuesto no ocurre en el subexámine.
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido:
“(…) [A]l margen de que esta Corporación comparta o no, el análisis (…) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (…)”2.
5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
6. Por la razón anotada, se ratificará la providencia examinada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; véase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00.
2CSJ. STC. 15 de feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, rad. 2013-02137-00.