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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC357-2018
Radicación n.° 11001-22-10-000-2017-00794-01
(Aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el dos de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Disney Patricia Martínez Lozano contra el Juzgado 23 de Familia de esta ciudad; trámite al que se ordenó vincular a los demás sujetos procesales dentro del proceso ejecutivo de alimentos instaurado por la accionante contra José Carlos Ospino Ospino, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio Público adscritos al despacho accionado.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
La accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la salud, vivienda, alimentación, educación y recreación a favor de sus dos menores hijos que considera vulnerados por el juzgado accionado por cuanto se negó a ordenar la entrega de los títulos judiciales que fueron consignados por su ex cónyuge, pese a que profirió sentencia que dispuso seguir adelante la ejecución a favor de los pequeños.
En consecuencia, pretende que se ordene a la autoridad demandada entregar los depósitos judiciales que aparecen a favor de los menores «ya que está incurriendo en falta grave por retener los dineros que están consignados en la cuenta de éste, que garantizan una alimentación equilibrada, salud, educación, recreación y vivienda digna de los menores LINCOLN JOSÉ y NICOLL ZARITH OSPINO MARTÍNEZ.» [Folio 3,c.1]
B. Los hechos
1. La accionante y José Carlos Ospino Ospino contrajeron matrimonio civil en Curumaní – Cesar el 10 de agosto de 2012 y de esa unión se procrearon a los menores Lincoln José y Nicoll Zarith de 4 años y 11 meses de edad respectivamente.
2. En audiencia de conciliación de fecha 18 de octubre de 2016, la pareja suscribió el Acta de Conciliación No. 1602140-2016 donde el padre de los menores se comprometió a consignar la suma de $950.000 como cuota alimentaria, monto que debía ser consignado entre los primeros cinco días de cada mes y ajustarse anualmente de acuerdo al porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente.
4. En vista del incumplimiento por parte del obligado, la actora formuló demanda ejecutiva de alimentos en su contra para la cancelación de los montos adeudados y garantizar las cuotas futuras de los menores.
5. El asunto le correspondió al Juzgado 23 de Familia de Oralidad de Bogotá, autoridad que el 27 de junio de 2017 ordenó librar mandamiento de pago contra la parte demandada y dispuso su notificación para que ejerciera su derecho de defensa. [Folios 14-15, expediente]
6. El 11 de septiembre siguiente en vista que la parte ejecutada se notificó mediante aviso judicial y dentro de la oportunidad legal concedida no presentó medio exceptivo alguno, se ordenó seguir adelante la ejecución y entre otras determinaciones se dispuso enviar el expediente a la Oficina de Ejecución de Sentencias en asuntos de familia para que se continuara con la actuación. [Folios 40-41,expediente]
7. El 27 de septiembre se aprobó la liquidación de costas. [Folio 44, expediente]
8. Posteriormente la tutelante solicitó la entrega de los títulos consignados por la parte demandada, solicitud que le fue despachada desfavorablemente el 23 de octubre tras señalar el juzgado que por el momento era improcedente por cuanto no se ha efectuado la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 447 del Código General del Proceso, lo que es de competencia del juez de ejecución de sentencias. De igual modo, dispuso la conversión de los títulos a favor de la Oficina de Ejecución de Sentencias y nuevamente la remisión de las diligencias a los juzgados de esa especialidad. [Folios 45-49, expedientes]
9. En criterio de la promotora de la acción, en el anterior trámite se vulneraron sus derechos por cuanto el accionado se negó a entregarle «los dineros que [son] de mis hijos» y según el juzgado «debo esperar hasta que el proceso se mande a otro juzgado» lo que no ha acontecido aún afectando gravemente las prerrogativas de los menores por cuanto no se encuentra laborando. [Folios 1-3, c.1]
C. El trámite de la primera instancia
1. El 20 de octubre de 2017, se admitió la acción de tutela, se ordenó enterar a las autoridades judiciales accionadas y vincular a los intervinientes en el asunto objeto del reclamo constitucional. [Folio 5, c. 1]
2. El Juzgado Veintitrés de Familia en Oralidad de Bogotá, solicitó denegar las pretensiones de la accionante para cuyo efecto realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del asunto cuestionado y señaló que como quiera que se está en presencia de un proceso ejecutivo de alimentos no es posible ordenar la entrega de depósito judicial alguno a la actora, hasta tanto se presente y se encuentre en firme la liquidación del crédito, lo cual debe hacerse ante el Juez de Ejecución de Familia por lo que carece de competencia para resolver la pretensión de la quejosa. [Folios 10-11,c.1]
3. En sentencia de 2 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior concedió el amparo tras considerar que si bien la decisión emitida por el accionado el 23 de octubre de 2017 que negó la entrega de los títulos peticionada por la accionante, determinación que no luce arbitraria ni torcitera, habida cuenta que de acuerdo al artículo 17 del Acuerdo PSAA13-9984 de 2013, se les asignó a los juzgados de ejecución de sentencias en el marco de sus competencias las actuaciones que se adelanten a partir de la providencia que ordena seguir adelante la ejecución, se observa una demora injustificada en el envío de las diligencias a dichos despachos, lo que sin lugar a dudas afectó los derechos de la quejosa.
En consecuencia, ordenó a la autoridad accionada que en el término de 24 horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a enviar el proceso a las Oficinas de Ejecución de Sentencias en Asuntos de Familia para que se realice su respectivo reparto. [Folios 19-24, c.1]
4. Inconforme con el fallo, la accionante lo impugnó con los mismos argumentos de su escrito inicial y señaló que no se está garantizando por parte del Estado los derechos de los menores, ya que por un asunto de competencia, se le está reteniendo la entrega de los recursos económicos que requieren y que fueron consignados por su progenitor. [Folios 38-40,c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela es una herramienta que busca la protección inmediata de las garantías de las personas ante la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de algún otro medio de defensa judicial.
2. De otra parte frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el artículo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que éstos son sujetos de especial protección y que por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de atención y ayuda por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de «garantizar su desarrollo armónico e intelectual».
De ahí, que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente «su cumplimiento y la sanción de los infractores», e incluso ha establecido que existe un interés superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos.
Es así que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que, esa especial defensa de los derechos del menor incluyen «i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de la adopción de medidas de protección que su condición requiere; y iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad», por ello, refiere, que frente a los poderes públicos, tal régimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias.
De manera que para «el legislador y la administración, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creación, interpretación y aplicación de normas jurídicas y también los de formulación, implementación, análisis y evaluación de las políticas públicas.», lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues «tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermenéuticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aquí visto: ser sujetos de especial protección, el imperativo jurídico de buscar el interés superior del menor, el carácter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garantías de protección para el desarrollo armónico, que generan obligaciones constitucionales verticales y también horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el carácter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos.»1 (Subrayado fuera del texto).
Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces con competencias ordinarias para conocer de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, como se ha previsto el artículo 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia que indica: «en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos».
Dentro de ese conjunto de garantías superiores de los niños, niñas y adolescentes se halla la alimentación equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relación con sus destinatarios que «debe implicar la eliminación de cuanto obstáculo trate de impedirles el goce efectivo», más cuando «prevé el artículo 134 de la ley 1098 de 2006 que los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás»2.
Es así que el legislador para proteger tal prerrogativa, ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijación de cuota alimentaria, ejecución y revisión de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al interés superior de los menores en los siguientes términos: «ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.»
Lo anterior en aras de rodear a los infantes de garantías y beneficios que los protejan en su proceso de formación y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial.
3. En el presente asunto, la accionante centró su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada el 23 de octubre de 2017 negó la entrega de los depósitos judiciales que fueron consignados por el progenitor de los menores por concepto de alimentos tras señalar que ello era competencia de los Juzgados de Ejecución de Sentencias en Familia, previa ejecutoria del auto que apruebe la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 447 del Código General del Proceso, decisión que conforme lo advirtió el A Quo no se encuentra caprichosa o arbitraria, por cuanto obedece a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA13-9984 de 2013 por «el cual se reglamentan los Juzgados de Ejecución Civil, Ejecución en asuntos de Familia, de menor y mínima cuantía y se adoptan otras disposiciones» que en su artículo 17 señaló:
«…Distribución de procesos a los Jueces de Ejecución en asuntos de Familia. A los Jueces de Ejecución en asuntos de Familia se les asignarán, en el marco de sus competencias, los avalúos, liquidaciones de costas y de créditos, remates, demandas acumuladas, incidentes de cualquier naturaleza, oposición o solicitudes relacionadas con las medidas cautelares, así como de las demás actuaciones de cualquier naturaleza que se adelanten a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante la ejecución inclusive las relacionadas con sentencias declarativas, salvo las concernientes con alimentos provisionales.
A los Juzgados de Ejecución en asuntos de Familia también se les repartirán todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de las sentencias proferidas en procesos de jurisdicción voluntaria en las que se decrete la interdicción de personas por discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender, y de las que concedan licencia judicial para la venta de bienes, en los casos previstos en la ley.» [Subrayado fuera de texto]
No obstante, se observa una evidente mora injustificada en la remisión de las diligencias por parte del juzgado accionado a la Oficina de Ejecución de Sentencias en Asuntos de Familia, por cuanto nótese que una vez que cobró ejecutoria la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2017, que ordenó seguir adelante la ejecución, no se efectuó el envió inmediato de la actuación a los juzgados de esa especialidad para que continuaran con las demás actuaciones encaminadas a hacer efectivo el fallo y si bien dispuso la conversión de los títulos a la cuenta de la prenombrada Oficina, nada podía hacer la actora para obtener la entrega de los mismos, toda vez que las diligencias se encontraban aún en las instalaciones del juzgado de conocimiento, lo que dilató injustificadamente la determinación a proferir.
Con respecto a problemáticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podrían dar lugar a protección constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicación válida, es decir:
«… Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que ‘… uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que tratándose de actuaciones judiciales o administrativas, éstas fuera de ser públicas, se cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el trámite se desenvuelva con sujeción a la legislación ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuación dentro de los periodos señalados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso…’ (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jamás puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los términos procesales, ya que el deber, por demás esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonomía e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales están instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el artículo 228 Superior.
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que ‘respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos. (…)’» (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).
Así las cosas, se imponía conceder la tutela invocada, conforme sucedió, por cuanto se observa que la autoridad superó, con holgura, el término para la remisión de la actuación y obstaculizó la continuidad de las siguientes etapas del proceso, sin que se encontrara justificación alguna para su proceder, máxime cuando se encuentran involucrados menores de edad, quienes tienen un status de sujetos de especial protección.
4. Los motivos que se han dejado consignados se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Corte Constitucional Sentencia C-055 de 2010
2 CSJ TSC, de 6 de agosto de 2009, Rad. 6800122130002009-00238-01.