AC2390-2018 (2018-00648-00)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá y su homólogo Veinticuatro de Medellín, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por Juan Andrés Palacios Rodríguez contra Melissa Salazar Saavedra.

I. ANTECEDENTES

1. El demandante, actuando en nombre propio, presentó el escrito introductor ante el «JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. (REPARTO)», donde pretende que se ordene a la convocada a realizar el pago de la obligación contenida en un pagaré por valor de $1’488.000, así como los intereses de mora causados hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Indicó, en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada «por el lugar del cumplimiento de la obligación».
2. El Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, al que correspondió por reparto la causa, la rechazó por falta de competencia territorial estimando que la autoridad facultada para su conocimiento es la del domicilio de la ejecutada y atendiendo a que «MELISA SALAZAR SAAVEDRA., tiene su lugar de domicilio y residencia en la ciudad de Medellín», ordenó remitir las diligencias al «Juez Civil Municipal de Medellín».

3. Recibida la actuación por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, fue rehusada la atribución al considerar que en esta clase de procedimientos la parte interesada tiene la posibilidad de elegir entre distintos fueros, optando válidamente por la judicatura de Bogotá, que corresponde al «lugar de cumplimiento de la obligación, esto es, el pago de la suma que se ejecuta».

Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
II. CONSIDERACIONES

1. Aptitud legal para la resolución.

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Dinámica general de las reglas de competencia.

En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, de la existencia de conexidad o unicidad procesal, o a la ubicación de ciertos elementos del proceso.

En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el instrumental que, entre otros eventos, alude al lugar de cumplimiento obligacional, o al sitio de ocurrencia de los hechos, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.

Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.

Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.

La seguridad de tal criterio es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.

3. Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.

Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista pauta en sentido diverso, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.

Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».

Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.

4. Fuero de cumplimiento obligacional y su concurrencia con el personal.

Uno de los supuestos de previsión de regla especial en materia de competencia territorial es el establecido en el numeral 3° del citado artículo 28, según el cual «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Resaltado fuera de texto).

Ahora, si confluyen los fueros personal y contractual, según lo establecido en las señaladas reglas 1ª y 3ª ejusdem, el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, sin que ello implique tolerar una elección caprichosa, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador.

5. Caso concreto.

De conformidad con las premisas precedentes, la selección de la ejecutante respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra pleno respaldo en el fuero de cumplimiento obligacional previamente analizado.

En efecto, como se sostuvo por el Despacho que propuso la presente colisión, Bogotá es la ciudad que se afirmó en el escrito inicial como el lugar de pago o descarga, de conformidad con lo consignado en el pagaré base de recaudo (f. 1), lo cual obliga a la judicatura destinataria inicial a respetar la decisión del accionante, que por el momento ningún reproche merece.

De manera que la separación de la causa por parte del estrado original carece de fundamento, si se considera que según el precedente de la Corte, no le está dado al juez desconocer las afirmaciones del reclamante, máxime cuando no ha requerido claridad sobre algún aspecto relativo a su aptitud legal que pudiera entender ambiguo.

En este orden, no es de recibo que en el presente evento, la declaratoria de incompetencia, además de desatender el particular fuero escogido por el demandante (cumplimiento obligacional).

6. Conclusión.

Es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá para conocer de la demanda en referencia.

SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra autoridad involucrada.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado

1 Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en: http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY.