AC2130-2020 (2015-00522-01)

2020

2 de julio de 2026admin14

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LUIS  ALONSO RICO PUERTA

Magistrado  Ponente  
AC2130-2020

Radicación  n° 11001-31-03-025-2015-00522-01

(Aprobado  en sesión de tres de julio de dos mil diecinueve)  
Bogotá,  D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020).  
Se decide  sobre la admisibilidad de la demanda  presentada por la convocante frente a la  sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por la Sala Civil del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del  proceso de responsabilidad civil extracontractual que promovió  Leyla Rojas Molano contra Publicaciones Semana S.A.  
I. ANTECEDENTES  
1.	Pretensiones.  
La actora  solicitó declarar que Publicaciones  Semana S.A. es civil y extracontractualmente responsable de la  afectación de sus derechos al buen nombre, honra y dignidad  humana, que generó «la  publicación de los artículos “Los pecados de  Eike” y “La Réplica de Leyla”, al igual que  por la renuencia a rectificar la información en ellos  contenida».

Solicitó,  consecuencialmente, que se imponga a la querellada las siguientes  condenas: (i)  «eliminar de  cualquier soporte físico o electrónico que se encuentre  bajo su manejo, custodia y/o que sea de su propiedad, la información  contenida en los artículos  “Los pecados de Eike” y “La Réplica de  Leyla”»;  (ii)  «abstenerse  de publicar cualquier información desfavorable posterior»  relacionada,  directa o indirectamente, con los aludidos artículos; (iii)  «publicar  en el número más próximo, el contenido de la  parte resolutiva del fallo proferido por este Despacho, como medida  de reparación no dineraria para mi representada»;  (iv)  «publicar  en la página inicial del portal electrónico  www.dinero.com  el contenido de la parte resolutiva del fallo (…)  como medida de reparación no dineraria»;  (v)  pagar  una suma no inferior a $894.235.800 por perjuicios patrimoniales, a  título de lucro cesante, cifra que aumentará en  $41.666.666 por cada mes de tardanza en el cumplimiento de las demás  reparaciones suplicadas; y (vi)  sufragar  el monto equivalente 200 SMLMV, por concepto de daño a la vida  de relación.  
En  subsidio de lo anterior, reclamó que se condenara a la  demandada a pagar $536.541.480 «a  título de pérdida de oportunidad de regentar los cargos  descritos en los numerales 2.4.3. y siguientes de esta demanda,  correspondiente a la remuneración media de un año de  trabajo, debidamente indexada»,  y a reconocer intereses moratorios  sobre ese valor, a la tasa máxima legal permitida, a partir  del mes de diciembre de 2014, y hasta que se produzca el pago total  de las condenas impuestas.  
2.	Fundamento fáctico.  
2.1. El 12 de julio de 2013,  a través de su producto editorial «revista  Dinero», la convocada publicó una nota  periodística denominada «Los pecados de  Eike», que fue incluida en la carátula de la  edición impresa correspondiente.  
2.2. En ese artículo  se hacía referencia a las consecuencias de la difícil  situación financiera del empresario brasileño Eike  Batista, quien presidía el conglomerado empresarial EBX Group,  holding al que pertenecían, entre otras, las sociedades  AUX y CCX, con operaciones de extracción de oro y carbón  en Colombia.  
2.3. Desentendiéndose  del objetivo explícito de la nota periodística, el  artículo «se enfocó en realizar  señalamientos y calificar la conducta de los dirigentes en  Colombia de las empresas del grupo EBX; principalmente, de la Doctora  Leyla Rojas Molano», lo que deja entrever que la  intención de la revista fue señalar a la querellante  «como una de las causantes de la difícil  situación financiera que afrontaba el Grupo EBX al interior de  nuestro país».  
2.4. Dado que las  acusaciones contra la demandante que se incluyeron en el reportaje  son falsas, el 8 de agosto de 2013 la señora Rojas Molano  remitió al medio impreso una solicitud de rectificación.  
2.5. En respuesta a ese  reclamo, la demandada procedió, «de  manera absolutamente irresponsable y extraña a los deberes del  profesionalismo periodístico, a publicar un nuevo artículo,  esta vez, en la edición 428 de la revista Dinero, al igual que  a disponer en el portal electrónico www.dinero.com  (…), desde el  21 de agosto de 2013, la nota denominada “La Réplica de  Leyla”», pero sin realizar la rectificación  solicitada; por el contrario, se reiteraron los señalamientos  mendaces en contra de la peticionaria.  
2.7. Como consecuencia de  esas publicaciones tendenciosas, la promotora ha perdido importantes  oportunidades profesionales, pues fue desvinculada del cargo de  directora de sostenibilidad de la sociedad AUX (donde devengaba la  suma de $45.000.000 mensuales y un bono anual equivalente a 10  salarios).  
2.8.	Además, no fue  nombrada en el cargo de directora de sustentabilidad y posteriormente  el de vicepresidenta de HSE y sostenibilidad de Ecopetrol, únicamente  por la afectación que a su nombre le produjo el artículo  de la revista mencionada, situación que también impidió  su designación como presidente de la Asociación  Colombiana de Petróleos, cuya remuneración mensual  asciende a $50.000.000.  
2.9. A raíz de las  publicaciones mencionadas, la pretensora pasó de ser una  reconocida dirigente empresarial e «impoluta  servidora pública» a «una  profesional cuestionada y señalada por la sociedad».

3.	Actuación  procesal.  
3.1.	Admitida la demanda  (por auto del 5 de noviembre de 2015) fue notificada la entidad  accionada, quien oportunamente se opuso a la prosperidad de los  pedimentos de la actora, proponiendo las excepciones que denominó  «libertad  de información»; «ejercicio  legítimo y razonable de una actividad constitucionalmente  garantizada»; «inexistencia  de perjuicios»; «reclamación  excesiva de perjuicios» e «incongruencia».  
3.2.	Cumplido el trámite  de rigor, mediante providencia de 2 de diciembre de 2016, el Juzgado  Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad denegó la  totalidad de las pretensiones. Contra esa decisión, la señora  Rojas Molano interpuso recurso de apelación.  
4. 	La sentencia  impugnada.  
Tramitada  la segunda instancia, en fallo emitido el 31 de julio de 2018, el  tribunal resolvió confirmar lo decidido por el a  quo, con sustento en las siguientes  premisas:  
(i)	El  artículo 55 de la ley 29 de 1944 dispone que «Independiente  de la responsabilidad penal (…), todo el que, por cualquier medio  eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la  radiodifusión o del cinematógrafo, cause daño a  otro estará obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que  no incurrió en culpa».  
A partir  de ahí, esta Corporación (CSJ SC, 24 may. 1999, rad.  5244) reconoció como presupuestos de la responsabilidad civil  extracontractual por daños ocasionados en ejercicio de la  actividad periodística, los siguientes: «(i)  imputaciones falsas o inexactas (delictuosas) que,  de acuerdo con las  circunstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de  la misma, pueda atribuirse culpa profesional del agente, (ii) la  existencia de un daño que puede ser moral o material, y (iii)  una relación de causalidad entre la divulgación falsa o  parcial hecha intencional  culposamente y los daños  mencionados».  
(ii)	El  periodismo investigativo debe cumplir ciertas características,  a saber: «(i)  su tarea consiste en la pesquisa o investigación de los hechos  y datos que, directa o indirectamente, configuran la situación  investigada; (ii) no incluirá, por regla, opiniones, sin  perjuicio de las conclusiones que puedan deducirse válida y  razonablemente de los hechos verificados; (iii) impone la  comprobación razonable de la veracidad de las fuentes, sin que  esté obligado a revelarlas; (iv) la labor investigativa tiene  que lograr la mayor exactitud de la información; (v) en lo  posible debe asegurar la conservación de los elementos  probatorios que respaldan la investigación; (vi) debe  adelantarse de manera imparcial, y (vii) debe procurarse con  diligencia, que las personas involucradas puedan dar su versión  de los hechos».  
(iii)  	La responsabilidad civil alegada solo  podría abrirse paso si se hubiera acreditado que la convocada  «incurrió en  culpa», esto a partir de  la verificación de las falencias endilgadas por la recurrente  en cuanto a la comprobación de la veracidad de la información  de la que hizo acopio la casa periodística demandada, pero esa  culpa «no se probó»  en el decurso de las instancias.  
(iv)	  Aunque «el apoderado  de la parte demandante fue enfático en señalar que  dicho artículo estaba orientado a lanzar afirmaciones  injuriosas y deshonrosas en contra de la señora Rojas Molano,  [ello] no es exacto porque, en rigor, lo que claramente perseguía  dicho escrito era evidenciar los problemas o dificultades económicas  que presentaba el señor Eike Batista y su grupo empresarial».  
(v)	Es  cierto que, en un primer apartado, el reportaje no mencionó la  fuente de la información que transmitía al público,  pero «sí lo  hizo en los subtítulos posteriores, mostrando que sus  afirmaciones derivaban de una investigación sobre el grupo  empresarial. Así, el en aparte sobre “las semillas de la  discordia”, el periodista dio a conocer que para agosto de 2012  CCX tenía perspectivas excepcionales, citando a (…) Golder  Associates Inc. y AMEC Americas Ltd. (…). Después se refirió  a los anuncios de su presidente, Moretzohn de Andrade, a quien  contactó el 5 de julio anterior a la publicación».  
(vi)	El  hecho de hacer referencia a hechos ocurridos cerca de un año  antes de la publicación criticada, «permiten  reconocer en la nota periodística un trabajo de investigación  para contextualizar al lector en el escenario de cosas que ocurrieron  alrededor del empresario brasileño».  
(vii)	En  el acápite titulado «campañas  y helicópteros», el  periodista «continuó  con la referencia expresa a las fuentes de las cuales tomó la  información relacionada con las conductas de Leyla Rojas. La  primera fue la de Alejandro Arias, abogado que trabajaba como asesor  de las comunidades indígenas asentadas en el área del  proyecto carbonífero, quien señaló, citado  textualmente, que durante las elecciones para la Gobernación  de La Guajira “CCX estaba promoviendo una de las campañas”  y [que] (…) “la exviceministra Leyla Rojas, en ese momento  directora de sustentabilidad, estaba contratando con mano amplia a  personas afectas a esa campaña”».  
(viii)	Dentro  de las probanzas arrimadas junto con la demanda se advierte que la  actora efectivamente recomendó la contratación de  distintas personas que desempeñaban cargos públicos en  el departamento de La Guajira, «luego,  las pruebas que la misma actora aportó corroboran las  afirmaciones del abogado Arias, en cuanto a que ella se involucró  en la contratación de dichas personas».  
(ix)	En  el artículo de investigación periodística se  dijo que «entre los  miembros del directorio “circuló” otro  “confidencial” que “mostraba como la directora de  sostenibilidad había suscrito varios contratos que parecían  incluir irregularidades en su cumplimiento”, uno de esos, el  contrato con la sociedad Meliá, averiguación que le  atribuyó a Alexandre Wagner, como el ejecutivo encargado de  verificar los procesos de contratación y ordenación del  gasto, que acopió información sobre “serios  desangres financieros en otras áreas de contratación”  (…)».  
(x)	Pese  a que la demandante insistió en que «no  participó ni en la celebración ni en la ejecución  de los contratos relacionados en los referidos artículos»,  lo cierto es que «de  acuerdo con los contratos que ella misma aportó, durante el  tiempo en fue (sic) directora de sostenibilidad en la referida  sociedad» se desarrollaron  varios negocios jurídicos relevantes, como lo corroboró  el testimonio de Carmen Antonia Martín Valle.  
(xi)	Se  demostró que, previamente a la publicación de la nota  inicial, el periodista Jorge González «había  contactado al representante legal o judicial de CCX, Carlos Mantilla  (…), y a la par que publicó la información  suministrada por otras fuentes, incluyó las respuestas que  este dio a los cuestionamientos que le formuló»,  lo que sugiere que «el  artículo “Los pecados de Eike” procuró  mostrar las dos versiones de los hechos, las de sus fuentes propias y  las de la compañía CCX, en boca del señor  Mantilla, para que fueran conocidas por (…) el público en  general».  
(xii)	La  revista Dinero, «en  su edición No. 428 del 23 de agosto de 2013, con el artículo  “la réplica de Leyla”, citó otras fuentes  que soportan sus afirmaciones, como la investigación realizada  por Alexandre Pimentel, gerente general de auditoría interna  (…), complementando la información de su fuente Alexandre  Wagner, quien había ordenado la investigación (…)  presentada en pretérita publicación».  
(xiii)	En  síntesis, «para  el tribunal los artículos referidos no muestran una ausencia  de investigación, ni de verificación de credibilidad de  la fuente, ni la omisión deliberada de procurar la propia  versión de la demandante por parte de la revista Dinero al  momento de elaborarlos y publicarlos. En efecto, la primera nota  periodística se encaminó a presentar al empresario  [Eike Batista] y los problemas de la compañía CCX, en  el que la mención a Leyla Rojas se hizo solo en una de sus  partes, pero sustentada en fuentes de información obtenidas de  documentos y personas allí mencionadas. La segunda se enfocó  en presentar la versión de los hechos que la señora  Rojas suministró a la demandada con posterioridad, para lo  cual citó, de cada una de sus explicaciones, la parte que  consideró “los principales apartes de la carta”,  aceptando de manera inicial que ella no había suscrito los  contratos, lo que sin duda puede catalogarse como rectificación».  
5.	La demanda de  casación.  
Contra la  decisión del ad quem,  la actora interpuso recurso extraordinario de casación,  formulando cinco cargos, dos con apoyo en la causal tercera del  artículo 336 del estatuto adjetivo vigente y los tres  restantes fincados en la causal segunda de esa misma codificación.  
II. CONSIDERACIONES  
Es  pertinente advertir que el recurso de casación en estudio se  interpuso en vigencia del Código General del Proceso, de  manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa  normativa.  
2.	Fundamentación  de la demanda de casación.  
La  fundamentación técnica de las causales autorizadas para  cimentar el recurso  de casación  reclama la demostración de los yerros del juzgador de segunda  instancia que pudieron haber comprometido la legalidad de la decisión  cuestionada, tanto en la aplicación de las normas de derecho  sustancial (yerros in  iudicando),  como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in  procedendo).  
En  ese contexto, el canon 344 del Código General del Proceso fijó  los requerimientos para la apropiada sustentación de la  demanda de casación, dentro de los cuales cabe destacar:  
(i)	La  formulación, por separado, de los respectivos cargos, con la  especificación, de forma clara, precisa y completa, de los  fundamentos de cada acusación.

(ii)	En  caso de censurar la infracción de normas de derecho sustancial  regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jurídicos  (vía directa), o yerros fácticos o de derecho (senda  indirecta), es necesario incluir la disposición legal que,  constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido  serlo, haya sido infringida.  
Vale  precisar que, conforme el parágrafo 1º del artículo  344 en cita, «[c]uando  se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será  suficiente señalar cualquiera disposición de esa  naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o  habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin  que sea necesario integrar una proposición jurídica  completa».  
(iii)	Si  se elige la vía directa para atacar el fallo de segunda  instancia, «el  cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica  sin comprender ni extenderse a la materia probatoria».  
En  virtud de lo anterior, el impugnante ha de respetar por completo las  conclusiones del tribunal derivadas del examen fáctico y  probatorio, en tanto que el reparo debe dirigirse a demostrar que  aquel dejó de aplicar al asunto una pauta que era pertinente,  o aplicó otra que no lo era, o que, eligiendo la correcta, le  atribuyó efectos distintos a los que de ella dimanan, o los  restringió de tal forma que distorsionó los alcances  ideados por el legislador.  
Expresado  de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es  completamente independiente de cualquier yerro en la valoración  probatoria; además, su estructuración se presenta por  tres vías, de contornos bien definidos: la falta de  aplicación, la aplicación indebida o la interpretación  errónea de la disposición legal del linaje ya indicado.  
(iv)	Ahora,  si se afirma que la violación ocurrió por la vía  indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los  comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336  del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos fácticos  no debatidos en las instancias.  
(v)	En  lo que tiene que ver con el «error  de derecho»  (que se materializa cuando, en la actividad de valoración  jurídica de los medios de convicción –aducción,  incorporación y apreciación– se contrarían  las reglas legales que gobiernan ese régimen1),  es menester reseñar las normas de linaje probatorio que se  consideran quebrantadas y hacer una explicación sucinta de la  manera en que lo fueron.  
Este  vicio acaece en eventos tales como conferirle eficacia a un medio de  prueba que legalmente no la tiene (o viceversa), dejar de valorar las  pruebas en conjunto y atendiendo las reglas de la sana crítica,  o no decretar pruebas de oficio, advirtiendo que, como lo ha dicho la  Sala, tal facultad «no  se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto  la carga probatoria que le incumbe a las partes»  (CSJ SC5676-2018, 19 dic.).  
(vi)  	A  su turno, si se denuncia un «error  de hecho»  (esto  es, el que se exterioriza en la valoración del contenido  material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2),  deberá manifestarse en qué consiste y cuáles  son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que  recayó el desacierto en la actividad de apreciación de  su contenido material.  
Asimismo,  a  fin  de probar el desacierto fáctico,  habrá  de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso,  su contestación o los medios de prueba,  hubo  pretermisión o suposición total o parcial de tales  elementos de juicio, o alteración de su contenido material, ya  por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o  tergiversación arbitraria o ilógica de su texto.  
Igualmente  se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de  conocimiento, y señalar su contenido material, para de revelar  o exteriorizar en qué consistió la alteración de  la prueba.  
(vii)	El  cargo por error de hecho también debe comprender la totalidad  de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoyó la  providencia discutida (completitud),  enfilarse con precisión absoluta hacia dichas conclusiones  (enfoque),  y demostrar la dimensión del error, de modo que se muestre tan  grave y notorio que su sola exhibición sugiera que las tesis  del tribunal son contrarias a toda evidencia (trascendencia)3.  
Igualmente,  en el evento de soportarse la acusación en la preterición  u omisión de apreciación de pruebas incorporadas al  plenario, se requiere identificar los medios de convicción,  así como su texto en aquello que guarde relación con  los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que  tengan incidencia en la resolución adoptada.  
(viii)	Los  cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las  pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el  demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal  tercera), y por trasgresión a la prohibición de la  reformatio  in pejus (causal  cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias.  
(ix)	Si  se fustiga la decisión por ser proferida en un juicio viciado  de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de  tenerse en cuenta que el motivo de invalidación no puede  haberse saneado, en los términos que prevén los  artículos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente  vigente.  
(x)	El  censor tiene también la carga de evidenciar el alcance del  dislate en el sentido de la sentencia recurrida, para lo cual,  demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como  sustento de los reproches, debe proceder a explicar por qué la  decisión habría de ser distinta a la cuestionada,  además de favorable a los intereses del casacionista.  
En  resumen, como lo ha sostenido la Sala:  
«[P]ara  que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que sea  dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta  con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se  presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que  se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una  tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda  llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella,  cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de  la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido  defectuosamente aducida»  (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01).  
3.	Estudio  de la demanda de casación.  
3.1.  	Cargos primero y segundo.  
3.1.1.  Metodología de estudio.  
El  análisis de estos cargos se abordará de manera  conjunta, al estar fundados en similares argumentos y servirse de  consideraciones comunes.  
3.1.2.  Formulación del cargo primero.  
Se  sustentó en la causal primera del artículo 336 del  Código General del Proceso, denunciando que el fallo impugnado  «viola el  ordenamiento jurídico en cuanto olvida los expresos mandatos  del artículo 2341 del Código Civil».  
Los  principales argumentos de la recurrente fueron:  
(i)	El  ad quem creó  «un régimen  especial de responsabilidad de los medios de comunicación,  introduciendo en la materia una culpa cualificada».  
(ii)	En  lugar de «estudiar  los elementos axiológicos de la responsabilidad  extracontractual, el tribunal desvía inmediatamente la  discusión hacia aspectos atinentes a derechos fundamentales.  Desde el comienzo de las consideraciones, el tribunal acude a citas  de sentencia de tutela de la Corte Constitucional, las cuales, valga  decirlo, tienen efectos inter-partes».  
(iii)	En  la sentencia de segunda instancia se concluyó que «para  establecer si un medio de comunicación actuó  diligentemente, basta con que haya publicado información  verificable, es decir, información que pueda ser sustentada  fácticamente. Pero no siendo esto suficiente, el tribunal crea  motu proprio una serie de reglas sobre diligencia en el periodismo de  investigación (…)  [lo que] no se  compadece con el régimen de responsabilidad general, ya que la  culpa es una sola, y no puede ser cualificada».  
(iv)  	El dislate referido es trascendente en tanto que si se «hubiera  aplicado bien el contenido de la piedra angular de la responsabilidad  civil extracontractual –el artículo 2341 del Código  Civil–tendría que haber[se] llegado a la conclusión  de que en el caso de la señora Leyla Rojas Molano estaban  presentes el daño, la culpa y el nexo de causalidad,  configurándose así este tipo de responsabilidad».  
3.1.3.  Formulación del cargo segundo.  
También  se fincó en la causal primera del referido artículo 336  del estatuto procesal civil, pero denunciando ahora que el tribunal  trasgredió el «artículo  55 de la Ley 29 de 1944».  
A los  argumentos expuestos en el cargo precedente  (numeral 3.1.2., supra),  la impugnante agregó:  
(i)	El canon en  mención contiene una regla específica sobre la  responsabilidad civil extracontractual de los medios de comunicación,  la cual es consonante con el artículo 2341 del Código  Civil, como quiera que de ellas «se extrae que  los elementos axiológicos de  la responsabilidad civil extracontractual de los medios de  comunicación, son: el daño, la culpa y el nexo de  causalidad entre el daño y la culpa».  
(ii)	Sin embargo, se  «omitió dar aplicación a la  presunción legal establecida en el artículo 55 de la  mencionada Ley 29 de 1944, consistente en que la culpa del medio de  comunicación se presume. Esto quiere decir que, para derivar  las consecuencias de la norma, basta con que estén presentes  el daño y el nexo de causalidad, pues respecto de la culpa  existe una presunción».  
3.1.4.  Examen de los cargos primero y segundo.  
(i)	Es  necesario relievar que el tribunal, luego de valorar las pruebas  recaudadas, entendió que Publicaciones Semana S.A. actuó  conforme el parámetro de conducta esperable de un medio  periodístico, en tanto contrastó las declaraciones  recibidas de diferentes fuentes, contactó al representante  legal de CCX para solicitar su versión de los hechos con  antelación a la difusión de la primera nota  periodística (titulada «Los  pecados de Eike») y, en  últimas, no divulgó información contraria a la  realidad que –en opinión del ad  quem– mostraban esos medios de  convicción (algunos aportados por la propia actora).  
Expresado  de otro modo, para la referida colegiatura no solo no se acreditó  la culpa de la demandada, sino que se demostró lo contrario  (la ausencia de culpa en el actuar de aquella). Y siendo ello así,  la trasgresión de la preceptiva que  la recurrente invocó en el primer cargo que se analiza solo  emergería evidente ante un panorama fáctico distinto  del que se tuvo en cuenta al proferir el fallo objeto del recurso  extraordinario, pues, como lo admite la  propia actora, la culpa es uno de los elementos estructurantes de la  responsabilidad civil extracontractual.  
Ciertamente,  
«(…)  en la demostración de un cargo por la vía directa, el  recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea  del examen de los hechos haya llegado el tribunal,  debiendo circunscribir su alegato “a los textos legales  sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o  erróneamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta  prescindencia de cualquier consideración que implique  discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación  con las pruebas” (CXLVI, pág. 50, reiterada en auto del  4 de abril de 2000, exp. 7939)»  (CSJ AC, 22 feb. 2010, rad.  1999-7596-01, resaltado intencional).  
Con  similar orientación, en CSJ SC, 24 abr. 2012, rad.  2005-00078-01, la Sala sostuvo:  
«[A]l  acudir en casación invocando la violación directa de la  ley sustancial, se  debe partir de la aceptación íntegra de los hechos  tenidos por probados en la sentencia,  sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los  medios de convicción recaudados, debiéndose limitar la  formulación del ataque a establecer la existencia de falsos  juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea  por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por  aplicación indebida, al incurrir en un error de selección  que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas;  o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no  tienen, presentándose una interpretación errónea»  (resaltado intencional).  
Consecuente  con lo anterior, si se acepta –como es de rigor en tratándose  de la trasgresión directa de la norma sustancial– la  labor de valoración de las pruebas del ad  quem, emplear el artículo 2341  del Código Civil para dirimir esta controversia no conllevaría  variación alguna en la suerte del litigio, como quiera que,  siendo indiscutido para la actora que el régimen de  responsabilidad de los medios de comunicación es de naturaleza  subjetiva, ante la prueba de la diligencia del agente no podría  abrirse paso ningún reclamo indemnizatorio.  
(ii)	De  otro lado, debe reseñarse que la mayoría de los  argumentos de las censuras conjuntadas gravitan alrededor de la  presunta exigencia de una «culpa  cualificada»  por parte del ad  quem,  así como la introducción de «aspectos  atinentes a derechos fundamentales»  en el fallo de segunda instancia; no obstante, ninguna de esas  razones constituye pilares esenciales de dicha providencia. Y –se  reitera– la que sí lo fue, esto es, la  ausencia de culpa del medio convocado, no podría  controvertirse por la vía de la causal primera sin contrariar  una  de las exigencias contenidas en el artículo 344 del Código  General del Proceso: «[t]ratándose  de violación directa, el cargo se circunscribirá a la  cuestión jurídica sin  comprender ni extenderse a la materia probatoria».  
Añádase  a lo ya expuesto que las «características  (…) del periodismo investigativo»,  y las referencias a ciertas decisiones de tutela, compendiadas en el  cuarto acápite de la motivación del fallo objeto del  recurso extraordinario, no corresponden a una variación de los  elementos estructurales de la responsabilidad, o a graduaciones  novedosas de la culpa; las referidas alusiones (que realmente  constituyen supuestos de diligencia) son, en realidad, tan  intrascendentes para la definición del caso, que si se suprime  íntegramente el referido aparte, la sentencia de segunda  instancia no sufriría ningún cambio sustancial.  
Y siendo  ello así, debe memorarse que  
«(…)  a tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación,  tiene establecido la jurisprudencia vernácula de la Corte que  dicho medio de impugnación, no obstante habilitarse frente a  aquellas sentencias que, como resultado de errores (…)  resultan infringiendo la ley sustancial, no  constituye una instancia más en la que pueda intentarse una  aproximación al litigio,  de suerte que, tratándose de la causal primera y cuando se  acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, será  necesario que el recurrente demuestre (…) que la equivocación  (…) es trascendente, “esto es, influyente o determinante  de la decisión ilegal o contraria a derecho;  lo cual, descarta, entonces, según lo tienen entendido  jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen  de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su  reconocimiento ningún efecto práctico produciría”  (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al  cometido de la Corte de proveer a la realización del derecho  objetivo que, en esa hipótesis, no se vería lesionado»  (CSJ SC1209-2018, 20  abr., resaltado intencional).

Y si, en  gracia de discusión, se supusiera que los parámetros de  conducta diligente (que no graduaciones de la culpa) que estableció  el estrado judicial de segundo grado resultaban importantes para  luego equiparar frente a ellos la labor de Publicaciones Semana S.A.,  lo cierto es que la recurrente dejó de explicar de qué  otra manera podría parangonarse el proceder de un periodista  investigativo para establecer, así, si incurrió o no en  culpa.  
(iii)	Los  razonamientos precitados pueden hacerse extensivos al reproche  relativo a la inobservancia de la «presunción  legal establecida en el artículo 55 de la (…) Ley 29 de  1944»,  porque el ad quem  resolvió el  caso partiendo de la existencia de una serie de probanzas que, en su  opinión, aquilataban la ausencia de culpa del medio de  comunicación tantas veces referido.  
Por  consiguiente, la presunción invocada –de existir en la  forma reseñada por la actora–, solo tendría  incidencia en la resolución del litigio si el mismo deriva en  un non liquet,  ante la imposibilidad de determinar verdaderamente qué  ocurrió, pues es  en ese contexto donde la distribución normativa del riesgo  probatorio (o carga objetiva de la prueba) se constituye en una  herramienta decisoria para el juzgador.  
Con otras  palabras, si al comunicador le correspondiera la carga de probar que  no incurrió en culpa –como lo sugiere la querellante–,  y se entendiera, en tal sentido, que de no cumplir con esa carga la  culpa se tendría por demostrada, aplicar la presunción  sería útil si no se aportan pruebas ni de su  negligencia, ni de su diligencia. Pero si en el expediente respectivo  obran medios de convicción suficientes para confirmar una u  otra variable (culpa – ausencia de culpa), ninguna utilidad  podría extraerse de la «presunción».  
Entonces, el  alegato analizado carece del vigor suficiente para ser admitido en  esta sede, porque si se tuviera por cierta la existencia de la  alegada «presunción»,  la misma decaería ante las pruebas que analizó el  estrado de segunda instancia, y que –para el ad  quem– demuestran  con certeza que el daño alegado no podría serle  imputable subjetivamente, a título de culpa, a Publicaciones  Semana S.A., entendimiento que, insiste la Sala, no puede ser  debatido por la vía de la causal primera de casación.  
Nótese  cómo, en el mismo precedente que invoca el casacionista en la  sustentación del segundo cargo, la Sala dijo lo siguiente:  
«(…)  la responsabilidad civil extracontractual por los daños  ocasionados en ejercicio de la actividad periodística por la  divulgación informativa, sobre hechos o conductas, que  conlleve para una persona determinada o determinable imputaciones  falsas o inexactas (delictuosas), solamente puede estructurarse  cuando, de acuerdo con las circunstancias especiales de la actividad  y los hechos relevantes de la misma, pueda atribuirse a culpa  profesional del agente.  
Lo  anterior, implica, en primer lugar, la presencia de intención  de  perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona  determinada o determinable con la información falsa o inexacta  que a sabiendas se divulga; o bien de  simple culpa, entendida ésta como la  falta de diligencia  profesional periodística necesaria en el comportamiento y  ejercicio informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la  información que se divulga,  además de ser veraz e  imparcial,  también respete los derechos de los demás y  el orden público general,  a menos que en este último caso la conducta de la entidad  periodística se explique con la razonada, oportuna y eficaz  corrección o clarificación del error cometido (…)»  (CSJ SC, 24 may. 1999, rad. 5244).  
Así,  si para la colegiatura de segunda instancia los testimonios y  documentos que las partes arrimaron al litigio dan muestra de esa  «diligencia  profesional»,  además de la «veracidad  e imparcialidad»  de la información publicada (como puede advertirse auscultando  los argumentos compendiados en el numeral 5 de la parte motiva del  fallo de 31 de julio de 2018), una presunción de culpa como la  que sugiere la actora –de naturaleza iuris  tantum– no  podría tener el alcance de mutar la decisión  absolutoria en una condenatoria.  
3.1.5.  Conclusión  
Dado que  los reparos de la casacionista o bien carecen de trascendencia, o  solo la tendrían en un entorno fáctico distinto  del que entendió demostrado el tribunal, los cargos primero y  segundo no pueden ser admitidos.  
3.2.	Cargo  tercero.  
3.2.1. Su formulación.  
Está  fundado en la causal segunda del artículo 336 del C.G.P.  denunciando violación indirecta de la ley sustancial «por  error de hecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria  (sic) – artículo 55 de la Ley 29 de 1944».  
En la  sustentación del ataque, la recurrente sostuvo lo siguiente:  
(i)	De  conformidad con el inciso final del precepto reseñado,  «corresponde al medio  de comunicación demostrar que no incurrió en culpa, lo  que quiere decir que en este caso la carga de la prueba se encuentra  invertida».  
(ii)	El  tribunal «desconoció  abiertamente las reglas sobre carga de la prueba en materia de  responsabilidad civil extracontractual, pues la sentencia de segunda  instancia niega las pretensiones considerando que la parte demandante  no acreditó la culpa como elemento estructural de la  responsabilidad», sin  reparar en que «a  Leyla Rojas Molano no le correspondía acreditar la culpa de  Publicaciones Semana S.A., sino que por el contrario, le correspondía  al medio de comunicación demostrar su diligencia».  
(iii)	Aunque  «a [la demandante] no  le correspondía probar la culpa de Publicaciones Semana S.A.,  allegó al proceso abundante material probatorio que  acreditaba, en demasía, la antijuridicidad de la conducta del  medio de comunicación».  
3.2.2.  Examen del cargo.  
Preliminarmente  se observa que, contrariando lo dispuesto en el quinto inciso del  canon 344 del Código General del Proceso, la casacionista  alegó un error de hecho, para a renglón seguido decir  que el dislate denunciado se había producido por  «desconocimiento de una norma probatoria»,  critica propia del error de derecho.  
Y  junto a la comentada deficiencia, en este cargo se perciben  incorrecciones de orden técnico y formal que impiden a la  Corte abordar el examen de fondo de la censura, en razón de la  estricta limitación de su competencia en el ámbito  propio del recurso extraordinario de casación. En verdad, la  breve argumentación de la recurrente apenas presenta una  lectura del material probatorio que, en su sentir, franquearía  el paso a la pretensión declarativa elevada por ella; pero  en esa acusación no se atacaron, siquiera someramente, los  fundamentos del fallo impugnado.  
«(…)  el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las  apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial  del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la  línea argumental contenida en aquel proveído,  principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a  sostener que los cargos operantes en un recurso de casación no  son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del  fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por  eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos  fundamentos son inoperantes. El recurso (…) se encamina a  demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los  fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es así  porque en casación se contraponen dos factores: el fallo  acusado y la ley»  (CSJ AC, 29 oct.  2013, rad. 2008-00576-01).  
Como  previamente se sugirió, para refrendar el fallo de primera  instancia, el tribunal señaló que: (i)  «la  reminiscencia de los hechos ocurridos desde un año antes de la  publicación y los conocidos durante el mismo año 2013,  permiten reconocer en la nota periodística un trabajo de  investigación para contextualizar al lector en el escenario de  cosas que ocurrieron alrededor del empresario [Eike  Batista]»;  (ii)  las  probanzas «que  la misma actora aportó corroboran las afirmaciones del abogado  Arias, en cuanto a que ella se involucró en la contratación  de dichas personas, y descartan la ausencia del hecho objetivo que  sirvió de base a la fuente que suministró la  información»;  (iii)  las afirmaciones de la publicación relativas a la injerencia  de la demandante en los procesos de contratación  (aparentemente irregulares) del Grupo EBX «cuentan  con una base cierta, que se demostró con los documentos que la  actora aportó»; y, (iv) con relación  al uso de un helicóptero corporativo para trasladar a un alto  funcionario del gobierno, junto con su familia, a la Sierra Nevada de  Santa Marta, «en  lo fundamental, coinciden la versión de la revista Dinero, en  los dos artículos censurados, con la prueba documental y  testimonial que obra en el expediente, la cual precisa que la  demandante intervino de una u otra manera en la programación  de la visita del referido ministro».  
Así  las cosas, la querellante debió enfocar sus esfuerzos, al  menos en un estadio inicial, en desvirtuar esas consideraciones, que  sostienen el fallo confirmatorio del tribunal.  Pero  perdiendo de vista su objetivo de quebrar la mencionada  argumentación, que como se sabe está revestida de las  presunciones  de acierto y legalidad con que se abrigan las decisiones de  instancia, no cuestionó ninguna de las comentadas inferencias.  
La queja  de la casacionista no se refirió al análisis probatorio  del ad quem (que  le permitió entender que los daños alegados por la  actora no son consecuencia de un actuar culposo de Publicaciones  Semana S.A.), obviando que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de  esta Corporación, cuando se acusa la sentencia de  violación indirecta de la ley sustancial por «errores  de hecho», es imperativo que el recurrente en  casación, «(…) más que  disentir, se ocupe de acreditar los  yerros que le atribuye al sentenciador,  laborío que reclama la singularización de los medios  probatorios supuestos o preteridos; su  puntual confrontación con las conclusiones que de ellos  extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición  de la evidencia de la equivocación,  así como de su trascendencia en la determinación  adoptada (…)» (CSJ  AC6243-2016, 26 oct., resaltado intencional), nada de lo cual se  desprende de las escuetas afirmaciones de la actora, que previamente  se compendiaron.  
Por  otra parte, tiene dicho la Corte que, si el propósito de la  censura es comprobar un yerro fáctico,  
«(…)  es  insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que  habría incurrido el juzgador,  siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le  presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la  del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como  corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el  proceso. “El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la  sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar  y   demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como  consecuencia directa del cual se adoptó una decisión  que no debía adoptarse” (CCXL, pág. 82),  agregando que “si impugnar es refutar, contradecir,  controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué  es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces  asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un  simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón,  sino que impone, para el caso de violación de la ley por la  vía indirecta, concretar los errores que se habrían  cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué  manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se  repudia” (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En  suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación,  no  se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas -o  generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten  pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo  menester superar el umbral de la enunciación o descripción  del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable  de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la  exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la  decisión adoptada»  (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado intencional).  
Dicho de otro modo, al  impugnante le corresponde demostrar que los errores cometidos en el  fallo cuestionado, son tan notorios que dejan al descubierto su  apartamiento grosero y trascendente de las normas que regulan la  materia sometida al escrutinio de la jurisdicción, ya en la  consideración fáctica, ora en la estimación de  los elementos de convicción, al punto de evidenciar que la  tesis expuesta por la censura es la única admisible.  
Respecto de la demostración  del error de hecho, en CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01, se  dijo que,  
«partiendo  de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de  instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los  fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de  acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les  endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan  justificar la infirmación del fallo, justificación que  por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la  estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única  posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en  contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no  producirá tal resultado la decisión del sentenciador  que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación  que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta como  afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo  se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se  infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo crítico  sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos  factible un nuevo análisis de los medios demostrativos  apoyados en razonamientos lógicos, no tiene virtualidad  suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de  la evidencia de equivocación por parte del sentenciador (…)».  
Conforme  con ello, se insiste en que la impugnante pasó por alto  desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los  pilares que sirvieron de apoyo a su sentencia, limitándose a  poner de presente su particular propuesta de valoración del  material probatorio, como alternativa a la que sirvió fundar  la decisión impugnada, reparo que así formulado tiene  la entidad propia de un alegato de instancia, incompatible con este  recurso extraordinario.  
Ahora,  si se asumiera que el error denunciado no es de hecho (como se rotuló  expresamente), sino de derecho, habría omitido la inconforme  su carga de «indicar  las normas probatorias que se consideren violadas»,  debiéndose destacar que la pauta de ese linaje no puede ser el  artículo 55 de la Ley 29 de 1944, porque ello implicaría  reconocer, contra toda evidencia, que ese precepto tiene la  connotación de regla probatoria y, además, de norma de  derecho sustancial.  
3.2.3.  Conclusión.  
Es  forzosa la inadmisión del cargo analizado, pues la censora  olvidó que un cargo por la causal segunda de casación  no se agota con la simple presentación de una forma divergente  de valoración de los medios de prueba recaudados, sino que  requiere –para ser completo– derribar la que, en la  sentencia atacada, desarrolló el tribunal.  
3.3.	Cargos  cuarto y quinto.  
3.3.1.  Metodología de estudio.  
El  análisis de estos cargos se abordará de manera  conjunta, al estar fundados en similares argumentos y servirse de  consideraciones comunes.  
3.3.2. Formulación  del cargo cuarto.  
Al amparo de la causal  segunda del artículo 336 del Código General del  Proceso, la demandante alegó la «indebida  valoración de todas las pruebas aportadas por la parte  demandante», con base en las siguientes  proposiciones:  
(i)	El tribunal «tuvo  a bien leer los artículos “Los pecados de Eike” y  “La réplica de Leyla”, sin hacer el más  mínimo análisis crítico de los mismos».  
(ii)	Al ad quem  «le bastó la palabra de la  demandada, acerca de no tratarse de un reportaje sobre la demandante,  para considerar, seguramente con la lectura única del título  de las publicaciones, que estas no se dirigían en contra de  Leyla Rojas Molano».  
(iii)	Según se  dejó sentado en el escrito inicial, «el  primer contacto que tuvo el medio de comunicación con la  sociedad AUX se produjo el lunes 8 de julio de 2013, donde se  consultó por tres hechos puntuales, que por cierto no fueron  objeto de publicación. Es decir, por todos los señalamientos  que sí fueron incluidos en los artículos nunca se  consultó a los afectados por las publicaciones».  
(iv)	La declaración  de Carmen Martí y Eduardo Mayorga «enseñaron  que el proceso de contratación del Grupo EBX era una actuación  que involucraba diferentes áreas de la compañía,  y que de ninguna manera un funcionario, fuera este quien fuera,  podría solicitar per se (sic) las contrataciones».  
(v)	Se pasó  por alto «valorar los dicientes testimonios de  la señora Carmen Martí» y de Uriel  Sánchez, así como «la documental  allegada al proceso, [donde] consta que la fecha de suscripción  de todos y cada uno de los contratos que malintencionadamente le  atribuye la publicación a mi representada es anterior a su  ingreso al Grupo EBX».  
(vi) 	A pesar de  haber hecho acopio de «abundante material  probatorio, el tribunal deliberadamente omitió apreciarlo, lo  que lo llevó a violar la ley sustancial».  
3.3.3. Formulación  del cargo quinto.  
Acusando la sentencia  recurrida de «violación indirecta de la  ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del  desconocimiento de normas probatorias – artículos 167 y  176 del Código General del Proceso», la  actora sustentó su última censura así:  
(i)	El fallo de 31 de  julio de 2018 «realiza un desafortunado  análisis del acervo probatorio del proceso, pues únicamente  se valoran algunas pruebas y en el sentido de favorecer a  Publicaciones Semana S.A.».  
(ii)	La convocada «no  demostró que las personas [contratadas] estuvieran  relacionadas con campañas políticas, sin embargo, el  tribunal concluyó que el solo hecho de haber remitido dos  hojas de vida corrobora lo afirmado por el artículo».  
(iii)	En la  providencia objeto del recurso extraordinario se «concluye  que durante el tiempo que Leyla Rojas Molano fue directora de  sostenibilidad se celebraron contratos u otrosíes, y que ella  tuvo participación en la ejecución. Lo que ocurre es  que lo que la revista dijo no fue eso, sino que estos contratos  estaban plagados de irregularidades».  
3.3.4. Examen de los  cargos cuarto y quinto.  
Como la  segunda causal de casación reside en la violación  indirecta de la ley sustancial, es necesario que el recurrente, al  sustentar su cuestionamiento por esta vía, haga recaer el  dislate del tribunal en un yerro, fáctico o de derecho, del  que surja patente la trasgresión de al menos una norma que  tenga ese linaje.  
Ahora bien, como lo tiene  sentado la jurisprudencia de esta Sala,  
«[U]na  norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción  enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones  jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por  ende carecen de tal connotación “los preceptos  materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos,  o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los  puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos,  los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp.  1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp.  11001-3103-026-2000-24058-01)» (CSJ AC4591-2018, 19  oct.).  
Aplicando  esas premisas al cargo analizado, refulge el traspié de la  censura, porque ninguna de las disposiciones que la demandante estimó  trasgredidas con el quehacer de la corporación ad  quem –artículos 167 y 176  del Código General del Proceso–, declara, crea, modifica  o extingue relaciones jurídicas concretas.  
En  efecto, las normas que fueron denunciadas como quebrantadas  son de índole adjetivo; se limitan a determinar las reglas de  carga de la prueba (y la viabilidad de su distribución por  parte del juez de la causa) y el deber de apreciar los medios de  convicción legal y oportunamente aportados al proceso en  conjunto, «de acuerdo con las reglas de la sana  crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la  ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».  
A  propósito de la naturaleza de los preceptos 167 y 176 del  Código General del Proceso, ya esta Corporación se ha  pronunciado así:  
«Los  impugnantes alegaron la violación indirecta de la ley, por  error de hecho. Para soportar su alegato, indicaron que fueron  desconocidos los artículos 757, 762, 764, 769, 775, 777, 779,  780, 783, 1602, 1603, 1611, 1615, 1618, 1621, 1626, 1627, 1634, 2512,  2513, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2533 del Código Civil, 1º  de la Ley 50 de 1936, 174, 175, 177, 187 y 258 del Código de  Procedimiento Civil, 164, 165, 167,  176  y 375 numeral 3º, del Código General del Proceso y la Ley  791 de 2002.  
Sin  embargo, se limitaron a enlistar los anteriores preceptos, de los  cuales esta Corte ha definido que son normas sustanciales, los  artículos 780, 1611 y 2513 del Código Civil (S-166 de  10 de julio de 1991, AC-5617-2016, Rad. 2011-00723-01 y S-442 de 19  de noviembre de 1987), pero  no los  cánones 757, 762, 764, 769, 775, 777, 1602, 1603, 1615, 1618,  1621, 1626, 2512, 2518, 2522 y 2531 del Código Civil; 174,  175, 177, 187 y 258 del Código de Procedimiento Civil y 164,  167 y 176 del Código General del Proceso (Entre  otros, ver:  A-1999-00908, AC4858-2017, rad. 1998-01235-01; A-2004-00222 de 28 de  junio de 2012; AC2194-2016; A-217 de 15 de agosto de 1996;  AC3642-2016, rad. 2010-00740-01; AC6288-2017, rad. 2010-00737-01,  AC6229-2017, rad. 2005-00166-01; AC2195-2016, rad. 2009-00263-01;  AC5335-2017, rad. 2013-54933-01; AC6288-2017 y AC4529-2017)»  (CSJ AC4260-2018, 28  sep., resaltado intencional).  
Y en  anterior oportunidad se afirmó:  
«(…)  [e]l señalamiento de las norma de derecho sustancial  transgredidas, alude  a un requisito ineludible, por cuanto en la  hipótesis de errores probatorios, nada  se sacaría con verificar la existencia material de los medios  de convicción en el proceso o con fijar su real contenido  objetivo, o darles el alcance jurídico respectivo, si no se  indica en dónde cabe el ejercicio de subsunción  normativa; o si es pacífica una u otra cosa, cuál fue  el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado.  
De  ahí, su incumplimiento dejaría en el vacío el  ataque, al decir de la Sala, en doctrina que mantiene vigencia, “(…)  en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento  necesario para hacer la confrontación con la sentencia  acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u  omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de  los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que  estereotipa al recurso de casación” (CSJ.  Civil. Sentencia 145 de 1º de octubre de 2004, expediente 7736).  
Desde  luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino  únicamente, según tiene decantado la Sala, cuando  declara, crea, modifica o extingue una relación jurídica  concreta, esto es, si regula  una situación de hecho, seguida de una consecuencia jurídica.  Carecen de esa connotación, por lo tanto, las normas que  definen  fenómenos jurídicos o describen sus elementos, pues al  ser tales, en línea de principio, no atribuyen derechos  subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada  actividad procesal o demostrativa.  
Pues  bien, aplicadas las anteriores directrices al caso, pronto se  advierte, el cargo no reúne los requisitos formales para  recibirlo a trámite. (…) porque  el artículo 176 del Código General del Proceso, única  norma que explícitamente se denuncia como violada, es de  estirpe probatoria y no material,  en cuanto ordena apreciar las pruebas en conjunto, en línea de  principio, siguiendo las reglas de la lógica, de la ciencia o  de la experiencia, como paso previo para fijar hechos y ahí sí  atribuirles las consecuencias previstas en los preceptos sustantivos»  (CSJ AC2514-2017, 24 abr., resaltado intencional)  
Por lo expuesto, se impone  inadmitir los cargos en comento, pues como ha reconocido esta Sala en  oportunidades anteriores,  
«(…)  si la transgresión que se invoca versa tan solo sobre normas  rituales que de suyo, por su propia índole, no pueden ser las  que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice  menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte  tiene circunscrita su atribución decisoria por los límites  precisos que trace la censura en casación -pues es la demanda  punto de partida ineludible de cualquier consideración crítica  respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G.  J. T. CXXXVIII, pág. 244, y CXXX, pág. 165)-, pónese  así de manifiesto la falta de idoneidad del escrito (…)  y la pérdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por  este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un  trámite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo  (…) concierne, tendrá que terminar con el registro en  la sentencia del defecto advertido desde un principio»  (CSJ AC221, 24 sep. 1998, rad.  7251)  
3.3.4.  Conclusión.  
Los  cargos cuarto y quinto presentan una trascendental falencia técnica,  porque la recurrente no señaló cuál o cuáles  normas sustanciales habría trasgredido el tribunal como  consecuencia de los errores fácticos esgrimidos, deficiencia  de tal calado que, por sí sola, impide a la Corte desarrollar  su función como tribunal de casación.  
4.  	Conclusión general.  
Como  quiera que los ataques planteados en la demanda de casación no  reúnen la totalidad de los requisitos formales necesarios para  su trámite, se impone la inadmisión de ese libelo, con  apoyo en el numeral 1 del artículo 346 del Código  General del Proceso.  
A ello  cabe añadir que no es procedente  seleccionar el asunto para eventual casación de oficio, porque  no se evidencia la estructuración de alguno de los supuestos  consagrados en el último inciso del precepto 336 ejusdem,  según el cual la Corte «podrá  casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que  la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público,  o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».  
5.	Precisiones  adicionales en torno a la reserva de fuentes.  
Como  viene de verse, las deficiencias formales de la demanda impiden a la  Sala realizar un pronunciamiento de fondo sobre este caso; sin  embargo, dadas las particularidades propias del desarrollo de este  litigio, es menester exponer  algunas reflexiones acerca del ejercicio del derecho a la libertad de  prensa, con el propósito de clarificar la postura de la Sala  sobre el tema.  
Sobre el particular, el  órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha  decantado lo siguiente:  
«La  reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de  información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la  profesión periodística, cuya libertad e independencia  el Estado debe, de acuerdo con la Constitución Política,  proteger especialmente.

 

(…)  La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel  que permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo  sobre: i) la existencia de una determinada información, ii) su  contenido, iii) el origen o la fuente de la misma y iv) la manera  como obtuvo dicha información.  La ha considerado, así, como una garantía fundamental y  necesaria para proteger la independencia del periodista, y para que  pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho  a la información,  sin que  existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión  de datos relevantes para el público.

 

Una  mirada a los estándares de protección interamericanos  nos permite entender, con algo más de nitidez, el alcance  amplio del derecho de los medios de comunicación a la reserva  de las fuentes periodísticas. En efecto, como bien señala,  en su concepto la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-,  la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece,  en su Principio No. 8: “Todo  comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de  información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

 

La  Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, en  su informe del 2016, señaló que estamos hablando del  derecho de todo periodista a  negarse a revelar, entre otros, el producto  de sus investigaciones a  entidades privadas,  terceros,  autoridades públicas o judiciales.  La garantía de este derecho hace parte, en concepto de esa  Relatoría, de las obligaciones de prevención de  los ataques al periodismo por parte de los Estados de la OEA.

 

Las  reflexiones que anteceden permiten a la Sala colegir, en resumen, que  (…) el derecho a la reserva de las fuentes protege, sin duda  alguna, algo más que la confidencialidad e identidad de las  fuentes humanas de un periodista (una noción estrecha más  compatible con lo que se entiende, estricto  sensu, como  secreto profesional).  
Antes  bien, estamos  ante un derecho fundamental  que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en  general, todos los documentos que componen el material de sus  actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos,  archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin  la cual, el libre ejercicio de su profesión y, más  importante aún, la libertad de informar (artículo 20 de  la Constitución Política), se tornarían  nugatorios.  La reserva de las fuentes periodísticas protege, para decirlo  todo, un bien  fundamental en cualquier Estado democrático de derecho: la  libertad, integridad, independencia y autonomía de sus  periodistas,  su derecho a transmitir la información sin obstáculos,  intromisiones o invasiones insoportables que tornen imposible o hagan  inviable su trascendental labor»  (CC, T–594 de 2017).  

 

Coincidente con ello, la  Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)4,  en su artículo 13 numeral 2, dispone que el ejercicio de las  libertades de prensa y expresión «(…)  no puede estar  sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores,  las que deben estar expresamente fijadas por la ley»;  garantía que abarca no solo la posibilidad de emitir  informaciones, opiniones y, en general, cualquier tipo de expresión  –que, sin duda, cuentan con presunción de cobertura ab  initio5–,  sino también la obligación de los Estados parte de  proteger esas prerrogativas tanto de forma activa (v. gr., a través  de leyes de garantía) como pasiva (no interfiriendo en el  ámbito propio de estas libertades), de lo que también  se colige la prohibición de censura, una de cuyas modalidades  es la indirecta,  relacionada con el uso de mecanismos «discretos»  de trasgresión, tales como las «leyes  de desacato y difamación criminal»6,  entre otros, temas que ya han sido decantados por los órganos  del SIDH.  
Sobre  esta temática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH), intérprete por vía de autoridad del  precitado tratado de derechos, ha sostenido de manera pacífica  y reiterada que existen tres deberes principales del Estado en  relación con la protección de los comunicadores o  periodistas cuando ejercen el oficio informativo, a saber: (i)  prevención,  que incluye la garantía de reserva de las fuentes, apuntes y  archivos personales y profesionales;  (ii)  protección,  por cuanto este quehacer no debe sufrir injerencias  desproporcionadas; y (iii)  procuración de justicia,  en los eventos en que aquellos sean víctimas de ataques. Estas  pautas buscan facilitar el ejercicio periodístico, habida  cuenta que se trata de una garantía de doble  vía, en tanto refuerza la  posibilidad del titular no solo de comunicar, sino de la sociedad de  recibir tales informaciones.  
Asimismo,  el amparo de las fuentes periodísticas ha ocupado un  lugar privilegiado en la consolidación de la libertad de  información, de prensa y de expresión, pues, además,  la reserva legal que consagra la CADH supone que, cuando se pretenda  intervenir prima facie en uno de estos aspectos esenciales,  cualquier medida que se adopte, sin previa regulación, se  presuma ilegítima.  
De esta manera, es claro que  «(…) quienes  buscan información de interés público pueden  ampararse en la reserva de la fuente para poder acceder, buscar e  investigar sobre temas de interés público»7,  como dispone el artículo 8 de la Declaración de  Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH8,  sin que sean admisibles limitaciones no previstas expresamente en la  ley. Incluso, la Corte IDH ha aceptado que, en eventos en que el  comunicador accede a información reservada, aquel no está  cometiendo un acto ilícito y que, por tanto, no puede ser  responsable por revelarla, y tampoco se le puede pedir que indique la  fuente.

El resguardo de las fuentes,  entonces, es uno de los pilares de la libertad de prensa, conforme lo  señala el desarrollo de la Carta Política, y lo  refrendan varios instrumentos internacionales relacionados con el  ejercicio de la actividad periodística. Por esa vía,  exigir a quienes desempeñan esa profesión que revelen  sus fuentes, disuadiría a estas de proporcionar información  a aquellos y, por lo mismo, podría constituir una talanquera  para el adecuado ejercicio de la labor de divulgación de los  sucesos socialmente relevantes.  
Precisado  lo anterior, es menester recordar que en el decurso de este juicio la  convocada acudió a la acción de tutela procurando la  salvaguarda de su derecho a mantener en reserva sus fuentes, amparo  que fue denegado por razones relacionadas, exclusivamente, con  aspectos formales de procedencia de la acción de tutela contra  providencias judiciales. Por tanto, dicha resolución no puede  interpretarse como el acogimiento tácito e irrestricto, por  parte de la Corte, de las razones expuestas por el ad  quem  como justificación para revelar las fuentes de información  de Publicaciones Semana S.A.  
No  obstante, para disipar cualquier duda al respecto, resultaba  necesario que la Sala de Casación Civil, en ejercicio de sus  funciones constitucionales, identificara subreglas  relacionadas  con el secreto profesional de los periodistas en contextos  judiciales, recabando en la importancia que la judicatura reconoce a  la labor periodística y al derecho de quienes la ejercen de  mantener en reserva sus fuentes; de ahí que estas líneas  se tornaron ineludibles, a pesar de lo sui  generis del  escenario procesal donde se exponen.  
III.	DECISIÓN  
En mérito  de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema  de Justicia,  
RESUELVE  
PRIMERO.  DECLARAR INADMISIBLE la  demanda de casación presentada por la demandante frente a la  sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por la Sala Civil del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del  proceso de responsabilidad civil extracontractual que promovió  Leyla Rojas Molano contra Publicaciones Semana S.A.  
SEGUNDO. DEVOLVER EL  EXPEDIENTE al Tribunal de origen, lo cual deberá hacer la  Secretaría.  
Notifíquese  y  cúmplase  
OCTAVIO  AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente  de Sala  
ÁLVARO  FERNANDO GARCÍA RESTREPO  
AROLDO  WILSON QUIROZ MONSALVO  
LUIS  ALONSO RICO PUERTA  
ARIEL  SALAZAR RAMÍREZ  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA

SALVAMENTO  DE VOTO  
Radicación  n.° 11001-31-03-025-2015-00522-01  
Con  el acostumbrado respeto por la mayoría de la Sala, me permito  expresar las razones por las cuales disiento de la decisión  adoptada, con relación a un tema que debió estudiarse  de fondo por esta Corte, relacionado con un aspecto de palpitante  actualidad y de una trascendencia inusitada para la construcción  de la democracia en Colombia y en América Latina.  
Es  el tocante con la responsabilidad de los medios de comunicación  en su labor diaria de intervenir para investigar e informar, lo  acontecido en espacios públicos, en la actividad del Estado,  en la de los conglomerados económicos, en la tarea y  responsabilidad de los funcionarios públicos y en la vida  diaria de las personas,  pero especialmente, apuntando a la forma,  mecanismos, métodos e instrumentos  como se obtiene la  información que es llevada al público por todo tipo de  medios de comunicación, y en concreto, en lo tocante con la  RESERVA DE LA FUENTE informativa.  
El  punto aquí debatido, procuró agitarse por medio de una  acción de tutela en la cual fui ponente, pero como se  relacionaba con la responsabilidad civil y patrimonial de la prensa  libre en la democracia contemporánea, llevé proyecto a  Sala, negando la acción constitucional por cuanto, no era, ni  podía ser la tutela el medio judicial acertado para estudiar  tan importante y complejo fenómeno jurídico político,  garantía del periodismo en general, y en particular del  investigativo, como es, el relacionado con la reserva del fuente  periodística, como instrumento para que los medios no sean  amordazados en su tarea de obtener y llevar al público la  verdad que día a día, está detrás de los  hechos.

La  Corte, luego del tránsito de esa tutela, ha recepcionado  nuevamente  el expediente que fue objeto de esa acción  constitucional,  y por tanto, tenía en sus manos, no por vía  de un amparo constitucional sujeto a un término veloz y exigüo  de diez días, sino por la forma idónea y propia, por el  camino de la investigación doctrinal y jurisprudencial, al  interior del proceso declarativo que en aquélla oportunidad se  cuestionó, para en la hora presente y en esta real ocasión,  para bien y futuro del periodismo y de la opinión pública,  tratar el problema jurídico relacionado con la reserva de la  fuente informativa.  
También  era el momento preciso para realizar en términos de doctrina  jurisprudencial, el enfrentamiento del necesario e impostergable  debate de la tensión  recíproca entre la inmunidad periodística y la  prohibición de toda forma de censura respecto a la libertad de  expresión y de información, de la relación entre  censura y libertad de prensa y derechos constitucionales a la  intimidad personal, de la dialéctica entre libertad de  expresión y reparación por afectación de los  derechos de las personas, del estudio de la relación entre  libertad de prensa, responsabilidad periodística y corrupción  estatal y privada.  
Desestimó  la Corte la posibilidad de absolver cuestiones propias de la  actividad de prensa, como calificar y adoctrinar, si se rige por el  estatuto de la responsabilidad por actividad peligrosa o no, o por la  responsabilidad especial o con culpa probada; y por tanto, determinar  porque se hallaba sujeta o no, a la “presunción  de culpa”  contemplada en el artículo 55 de la Ley 29 de 1944. La Corte  estaba llamada a enfrentar la relación entre democracia,  dictadura, censura y libertad información y de investigación  periodística; en fin, al tratamiento de temas propios y  necesarios que demanda el periodismo y la sociedad en los tiempos que  corren.  
El  inadmisorio procuró adentrarse en la cuestión para  lavar la culpa de soslayar los temas enunciados y que demandaban  imperativamente para la Corte, fijar posición y afrontarlos,  en cualquier sentido, pues la tutela que previamente se había  agitado, apenas sostuvo como razonables las decisiones de los jueces  en las instancias, porque el instrumento constitucional no era el  medio ni el camino eficaz para debatir, temas tan relevantes para el  periodismo y el Estado de Derecho.  
En  la primera parte puntuaré algunos elementos de hermenéutica  jurídica en relación con los cargos, para defender la  tesis, de porqué, debía haber sido admitida la demanda,  en sentido inverso al inadmisorio; y en la segunda parte, enfrentaré  algunos otros temas cruciales que compelían ser tratados en el  fondo de la cuestión.  
La  Corte no había comprometido su criterio, y era necesario, que  el ponente admitiera o seleccionara el asunto por vía de  casación como se propuso en la Sala, para que se fijará  una doctrina clara que abogara por la protección de la prensa  y de los medios de comunicación imparciales, objetivos,  investigativos, defensores de la verdad y no del poder, y por tanto,  baluartes del Estado Constitucional. La Sala debió asumir el  estudio del fondo, no como un espinoso tema, sino de una cuestión  necesaria, relacionada directamente con la construcción del  Estado constitucional contemporáneo, porque la presencia de  los medios de comunicación y su defensa, no es un punto  baladí, sino justamente, uno de los estándares de la  democracia contemporánea.  
1.  Los cargos primero y segundo, encauzados por la vía directa,  eran idóneos para ser estudiados de fondo, pues contrario a lo  resuelto, no se extendieron a cuestiones fácticas, y mucho  menos, relucían desenfocados respecto de las consideraciones  del tribunal.  
1.1.  En efecto, la acusación inicial, edificada en la aplicación  indebida del artículo 2341 del C.C., giró alrededor de  planteamientos puramente jurídicos, sin comprender los  probatorios.  
Específicamente,  cuestionó al ad-quem  por formular una especie de “(…) culpa  cualificada (…)”  como requisito para estructurar la obligación aquiliana en  cabeza de un medio de comunicación. Esto, porque al margen del  supuesto de hecho que la norma ejúsdem  exige para atribuir responsabilidad, esto es, una conducta, el daño  y su relación de causalidad; exigió, únicamente,  la acreditación de una amplia gama de conductas específicas  y detalladas surgidas de la investigación periodística.  
Sostuvo  que el tribunal no estudió los elementos axiológicos de  la responsabilidad civil extracontractual, pues en realidad se limitó  a establecer si hubo o no violación de los derechos  fundamentales al buen nombre, honra y dignidad humana de la  recurrente.  
Tal  reproche, así planteado por el casacionista, no era del todo  ajeno a lo esbozado por el tribunal, quien, apoyado en la sentencia  proferida por esta Corte (CSJ SC, 24 may. 1999, exp. 5244), reconoció  explícitamente varios presupuestos, los cuales, en su  criterio, de comprobarse, concretarían “(…) la  responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados  en ejercicio de la actividad periodística  (…)”.  
De  ese modo, para su configuración, el sentenciador señaló  dos hipótesis relacionadas con el ejercicio del periodismo,  unas generales; y otras específicas, estas últimas  relacionadas con la especialidad investigativa.  
En  cuanto a la inicial, refirió las siguientes conductas: (i)  imputaciones falsas o inexactas provenientes de las circunstancias  especiales de la actividad de prensa; (ii) la existencia de un  menoscabo material o inmaterial; y (iii) la relación de  causalidad entre la divulgación nociva realizada culposamente  y los daños mencionados.

La  última, tocante con el periodismo de indagación, y  próxima a los reparos de los cargos primero y segundo, dijo el  ad-quem  que  esa labor se cumplía averiguando hechos ocultos, reservados o  ignorados, los cuales “(…) directa  o indirectamente, configuran la situación investigada (…)”.  
Formulado  lo anterior, el ad-quem  pasó a establecer si la interpelada incurrió o no en  responsabilidad, enfocando su análisis solamente en el  cumplimiento de los elementos que regían la investigación  periodística, arrojando su análisis, la ausencia de  transgresión de los mismos.  
Así  las cosas, concluyó que los artículos de investigación  titulados “Los  pecados de Eike”  y “La  Réplica de Leyla”,  no revelaban “(…) ausencia  de investigación, ni de verificación de credibilidad de  la fuente, ni la omisión deliberada de procurar la propia  versión de la demandante por parte de la revista Dinero al  momento de elaborarlos y publicarlos (…)”.

En  ese contexto, el cargo primero se estructuró correctamente por  la vía directa, por cuanto cuestionó el error del  juzgador al no establecer la relación entre el hecho  específico legal con la situación fáctica  concreta, esto es, la incorrecta subsunción del caso en el  artículo 2341 del C.C.  
Específicamente,  el desacierto consistió, según el recurrente, en no  diferenciar los hechos con la hipótesis descrita en la norma,  por cuanto el debate giraba alrededor de establecer si los anotados  artículos de prensa causaron menoscabos a la demandante,  obligando a la interpelada a repararla; no, si las publicaciones  cumplieron con rigor los cánones periodísticos.  
La  idoneidad de la acusación, entonces, comprendía,  reprocharle al tribunal omitir estudiar frente al caso, si se  configuraban los elementos estructurantes de la responsabilidad civil  extracontractual, pues no hacerlo, llevó la violación  directa de la ley sustantiva, por contener el fallo conceptos  contrarios a la disposición legal citada, originados en una  interpretación equivocada respecto del contexto fáctico  debatido.  
Haber  enfocado completamente la decisión en la vulneración  los derechos fundamentales de la convocante, conllevó un  desplazamiento del campo de la responsabilidad civil, cuya incidencia  en el asunto constituía el eje central de la polémica.  
1.2.  El cargo segundo, siguiendo la línea del primero, acusó  la violación directa del artículo 55 de la Ley 29 de  1944, el cual contempla, según la recurrente, una “presunción  de culpa”  de los medios de comunicación cuando su actividad de prensa  causa daños a terceros.  
El  yerro en cuestión, se edificó en la supuesta  inaplicación de la disposición citada; por cuanto,  aunada con el precepto 2341 del C.C., eran los llamados a resolver la  controversia.  
Al  respecto, es indudable que el tribunal frente a los hechos, no  estableció el juicio de adecuación normativa alrededor  de la “presunción  de culpa”  contemplada en el regla ejúsdem,  expresando esa circunstancia la idoneidad técnica de la  acusación, logrando plena aptitud para estudiarse de fondo. De  esa manera, la incidencia sobre la ratio  decidendi era  relevante, pues planteaba un verdadero problema de infracción  directa de la ley, consistente en la negación o el  desconocimiento del precepto, situación que involucraba la  falta de aplicación de la norma pertinente al subjúdice.  
Sin  embargo, para rehusar la admisión del cargo, la posición  mayoritaria de la Sala sostuvo que la prescindencia de “presunción  de culpa”  contenida en la norma específica, carecía de  importancia, pues en todo caso, de estimarse, la demandada la  desvirtuó, al probar la ausencia de negligencia en la labor  periodística cuestionada.  
En  cuanto a la señalada presunción, sostuvo que su  discusión acarreaba cuestiones fácticas, por tanto, el  punto no podía discutirse a través de la causal primera  de casación.  
Y  concluyó señalando que el precedente citado por la  casacionista en la sentencia CSJ SC, 24 may. 1999, exp. 5244,  contrario a lo interpretado por ella, establecía que la culpa  de los medios de comunicación se desvirtuaba demostrando  diligencia periodística en la información divulgada,  esto es, al procurar su carácter veraz e imparcial,  protegiendo también las prerrogativas de los demás y el  orden público general.  
Lo  afirmado es equivocado, porque además de restarle acierto a la  formulación correcta de la acusación, calificándola  de desenfocada, se negó a admitirla con argumentos falaces  sobre su falta de trascendencia, cuando en realidad resultaba idónea  para estudiarla a fondo.  
Al  respecto, el punto sobre la “presunción  de culpa”  se menospreció porque al tenerse en cuenta, el sentido del  fallo no se alteraría, pues la convocada acabaría  igualmente absuelta por acreditar prudencia y falta de negligencia  frente a la labor periodística cuestionada. Tal conclusión,  no es acertada, pues la casacionista trajo a colación una  temática vigente y crucial para el desarrollo del derecho  civil y el ejercicio (i)limitado de las prerrogativas a la libertad  de expresión e información, discusión que esta  Corte postergó hace décadas, como es, reconocer o no un  sistema específico de responsabilidad para los medios de  comunicación.  
Dicha  cuestión, en la lógica del cargo, no suponía un  problema retórico o dicho de paso (obiter  dicta)  sin el poder para cambiar la decisión del tribunal, pues de  tenerse como cierto el planteamiento sobre la “presunción  de culpa”,  acogiendo el criterio de especialidad de la responsabilidad  estudiada, el fallador debía prescindir el juicio de  diligencia alegado por la demandada (que fue la razón única  evaluada por el tribunal) concentrando su enfoque en la relación  de causalidad y el daño causado, exigiéndole solo la  “causa  extraña”  para liberarse de la obligación aquiliana.  
A  propósito, la responsabilidad derivada del ejercicio  periodístico tiene regulación legal específica,  cuya aplicación está orientada a la reparación  de los perjuicios causados con ocasión del trabajo realizado  por los medios de comunicación. El conocimiento sobre su  vigencia y alcance, pertinente al caso, fue ignorado absolutamente  por el tribunal y la Corte, pues nada afirmaron al respecto.  
Es  incuestionable que desde la expedición de la Ley 29 de 1944,  opera en Colombia la responsabilidad civil periodística, la  cual, pese hallarse en vigor, su disertación jurisprudencial  ha sido escasa. La citada norma, en su artículo 55, dispuso  que “(…) todo  el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por  medio de la imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo,  cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo,  salvo que demuestre que no incurrió en culpa (…)”.  
Así  las cosas, recientemente  y bajo el paradigma de la Constitución de 1991, la Ley de  Prensa sirvió de fundamento de dos condenas por  responsabilidad civil extracontractual impuestas por esta Corporación  contra el diario El Espectador; y el otrora existente, noticiero de  televisión QAP; por daños causados a terceros a causa  de la divulgación de noticias de carácter judicial.  
La  segunda determinación (CSJ  SC, 13 dic. 2002, exp. 7692), tuvo idéntico supuesto fáctico,  pues se declaró la responsabilidad de la convocada porque  informó, según se lo dijeron las autoridades  judiciales, que el actor, sin  encontrarse sentenciado penalmente,  lideraba una red criminal de estafadores en la ciudad de Bogotá  D.C. La regla decisional consistió, con fundamento en el canon  55 de la Ley 29 de 1944, imponerle al medio de comunicación la  obligación de resarcir al gestor por no “(…)  observar  la prudencia que debe emplearse cuando se trata de dar noticias que  suponen la imputación de un delito, sin que fuera dable  escapar de ella, en los términos expresados, desplazándola  a la fuente oficial de información, la cual, en resumen, no  puede ser recibida sin beneficio de inventario  (…)”.  
El  fundamento de esta clase de responsabilidad es complejo, por tanto,  requiere necesariamente un pronunciamiento de la Corte, pues sitúa  al autor de la publicación en una supuesta desventaja  probatoria respecto del accionante, poniendo de relieve  la tensión recíproca entre la inmunidad periodística  y la prohibición de toda forma de censura respecto a la  libertad de expresión y de información.  
Lo  anterior cobra mayor importancia porque el subexámine  no guardaba pertinencia fáctica con los precedentes señalados,  y por tanto, su ratio  decidendi  no le era extensiva, pues en ellos se discutía la desidia del  medio de comunicación frente al análisis y evaluación  de la información proporcionada por la fuente; y en el otro,  implicaba establecer si Publicaciones Semana debía no solo  comprobar la veracidad de la información de la fuente, sino  explicar su método para hacerlo, aspecto que podía  afectar en alguna medida su derecho a la reserva y confidencialidad.  
La  posición mayoritaria de la Sala no previno esa situación,  pues se limitó apenas a señalar que la primera de las  sentencias arriba expuestas fue aplicada por el tribunal porque  realizó el juicio de diligencia frente a la labor de prensa  cuestionada, restándole valor sustancial a la “presunción  de culpa”  prevista en la Ley 29  de 1944, porque  la misma tendría cabida en casos donde la resolución  del litigio conlleve una situación “(…)  non liquet (…)”,  esto es,   “(…)  la imposibilidad de determinar verdaderamente que ocurrió  (…)”.  
El  asunto, por tanto, se abordó, distanciándose del  verdadero problema jurídico para ofrecer una interpretación  equivocada de los hechos y de la reseñada providencia, dejando  silencios y lagunas sobre el alcance de la norma especial que regula  la responsabilidad periodística.  
Debían,  entonces, absolverse cuestiones propias de la actividad de prensa,  cómo calificar si esa actividad es o no peligrosa, o especial;  y por tanto, determinar porque se hallaba sujeta a la “presunción  de culpa”  contemplada en el artículo 55 de la norma ejúsdem.  
Esto,  porque es una labor que debe, ante todo, garantizar los principios de  veracidad o imparcialidad; no obstante, reconocer que su práctica  beneficia solo a su autor y aun público en general, según  el tipo de información, exigiendo su ejercicio el máximo  cuidado; además, provoca graves riesgos, entre otras razones,  por su poder de divulgación y reproducción masiva, al  punto de causar graves daños morales y patrimoniales; y  finalmente, porque según el inciso 3º del artículo  1604 del C.C., la carga de la prueba “(…)  de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla (…)”.  
El  estudio a fondo de los cargos era significativo, insisto, porque la  Corte tenía el reto de desarrollar la eficacia del régimen  de responsabilidad civil de cara al sistema democrático y  pluralista, donde impere la libre expresión de las ideas y la  posibilidad de todos a estar informados; pero garantizando a su vez,  el derecho a la reparación cuando esa actividad cause daños  injustificados.  
Dicho  en otras palabras, se planteaba responder si la presunción de  culpa, y por consiguiente, la obligación de indemnizar los  menoscabos provocados a terceros sería una forma de coacción  o restricción al pleno ejercicio de la libertad de prensa,  pues se impondría una forma de previa autocensura que  limitaría a los periodistas y medios de comunicación  cumplir su misión de cuestionar, fiscalizar y denunciar los  abusos del poder público y privado.  
El  punto, así planteado, implicaría a reconocer que la  libertad de prensa, por ser vital para la democracia, su  ejercicio  negligente solo respondería frente a daños realmente  injustificados, dejando de lado cuestionar la veracidad de la fuente  que los divulga, o el método para verificarlo, dando paso  impune a la circulación de las informaciones falsas (fake  news),  pues ello sería un costo menor que la sociedad pagaría  por el bien mayor de gozar de una prensa libre y sin restricciones.  Se  omitió entonces concebir la actividad periodística en  términos del riesgo jurídico que conlleva materializar  indefectiblemente la responsabilidad civil.  
Se  perdió entonces una oportunidad histórica para fijar el  alcance y límites de la responsabilidad civil de los medios de  comunicación respecto a abusos arropados en el derecho a la  libertad de expresión.  
2.  En  todo caso, al margen  de la existencia o no de un defecto técnico de los cargos, en  el asunto, era viable admitir de oficio la demanda, porque los hechos  se elucidan alrededor de cuestiones que comprometen gravemente el  órden público, así como las garantías  superiores a la libertad de expresión e información.  
A  propósito, no debe soslayarse que el recurso de casación  no es únicamente privado, por cuanto subyacen en él  fines públicos como la unificación de la jurisprudencia  nacional, la integridad del ordenamiento jurídico, y ahora con  el nuevo estatuto procesal, la salvaguarda de los derechos  fundamentales y de los derechos constitucionales, la eficacia de los  tratados internacionales en los que Colombia es parte (art. 333,  C.G.P.)9.  
Así  las cosas, en el plano sustantivo, la cuestión planteada en  casación está relacionada implícitamente con una  actividad que conlleva el ejercicio de un derecho esencial para la  consolidación de la democracia, esto es, la responsabilidad  civil derivada de la actividad de periodística.  
Prensa  y periodismo libres son derechos fundamentales para la construcción  de la democracia contemporánea, y para el correlativo  desarrollo del  también derecho fundamental de participación  ciudadana; precisamente, en éste contexto, la libertad de  prensa se ancla en la Declaración Universal de los Derechos  Humanos. Del mismo modo, muchos teóricos han tenido  preocupación por tan caro e importante derecho: Hobbes,  Milton, Locke, Toqueville, Dewey, Habermas, en fin; por cuanto la  prensa es ojo, oído y voz para la ciudadanía y para la  transparencia democrática, por supuesto, cuando la prensa es  totalmente libre e independiente y no sella alianzas con el poder.  
Cuando  la prensa es libre y responsable, permite formar opinión  ciudadana, pública y crítica, en pos de construir una  esfera pública (Habermas); por consiguiente, no puede existir  debate crítico y racional de lo público y privado, de  lo religioso, de lo económico, de lo político, de lo  judicial, de lo legislativo, y en fin de todo cuanto incida en lo  social, sin prensa libre, objetiva, investigativa, no censurada e  independiente.  
Por  ello, era de primerísima importancia, que la Corte hubiese  admitido la demanda, al margen de las resultas que deparara el juicio  declarativo, porque era necesario abordar temas tan centrales para la  formación de Estado y comunidad no corrupta, abierta,  informada y deliberante, y ante todo, cuando lo periodístico  tiene actitud cívica, que no apunta al ciudadano como sujeto  consumidor y ocioso, como un espectador de acontecimientos, de  hechos, de emociones; cuando los medios periodísticos no ven  al destinatario de la información un producto, ni una víctima  inerme o impotente, sino como una persona que puede actuar  racionalmente en procura de construir sociedad pensante,  incluyente  y ética.  
En  efecto, con el propósito de salvaguardar al máximo  la eficacia de la libertad de expresión, debía la Corte  admitir de oficio la demanda, pues persistían fuertes razones  para hacerlo, dada la evidente tensión entre la libertad de  expresión con el derecho a la reparación, y la  prevalencia prima  facie del  primero frente a su aplicación.  
Igualmente,  era crucial analizar la cuestión, porque las limitaciones o  sanciones pecuniarias a la libertad de expresión se presumen  inconstitucionales y, en general, por cuanto las medidas  legislativas, judiciales, policivas, militares o de cualquier otra  índole que impongan una limitación están sujetas  a un examen judicial estricto.   
En  este orden de ideas, cualquier autoridad que pretenda instaurar,  clarificar e imponer una medida restrictiva a esta libertad, debe  identificar con precisión la finalidad perseguida por la  limitación, precisando las razones de su motivación,  explicando fehacientemente que se han derrotado las presunciones de  responsabilidad arriba enunciadas, probando, claro, la existencia de  elementos fácticos sobre los cuales se sustenta la decisión  de adoptar una medida restrictiva sobre el derecho citado; evitando,  siempre, permitir formas ocultas de censura previa.  
3.  Si bien el punto 5 de la decisión es prolífico en  dilucidar el carácter progresivo del ejercicio del derecho a  la libertad de prensa, identificando la doctrina constitucional y  convencional que reconocen y protegen la reserva de la fuente  periodística, también es claro que nada se dijo sobre  los deberes de los medios de comunicación en un  Estado Social de Derecho, pues gozan de mayor responsabilidad al  decidir qué noticias publican, como contrapartida del alto  grado de libertad del cual disfrutan.  
De  esa manera, solo el autocontrol, el rigor y la promoción del  debate libre y plural de la labor informativa, garantizan el acceso y  consumo de una información veraz, imparcial y de calidad en  una sociedad abierta y democrática.  
No  debe olvidarse que el artículo 20 de la Constitución  Política expresamente advierte que las labores periodísticas  “(…) son  libres y tienen responsabilidad (…)”;  señalando categóricamente que “(…) no  habrá censura (…)”,  por ello, lo que procede frente a los damnificados de su ejercicio  nocivo o arbitrario, es el derecho  a la rectificación,  y por esa línea, a la reparación.   
4.  En  los anteriores términos, dejo consignado el anunciado  salvamento. Insisto, el escenario propio debió ser el juicio  casacional, dada la finalidad política y de coherencia  doctrinaria que corresponde a ese recurso extraordinario, en su  función nomofiláctica para fijar criterios y pautas en  la solución de casos, y no el auto inadmisorio como se quiso.  Al procurar acometer el análisis del fondo casacional en un  auto impropio, se ingresó indebidamente en el plano del  prejuzgamiento, cosa que no corresponde al laborío de un auto  admisorio o inadmisorio de casación, por cuanto esa tarea,  está reservada únicamente para el fallo de fondo en  sentencia de casación. El auto verifica el cumplimiento de  requisitos formales, no la solidez teórica de los cargos ni su  encuadramiento con el ordenamiento jurídico en el fondo de la  cuestión, porque eso es exclusivo resorte de la sentencia.  
Fecha,  ut  supra.  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado  
1  	Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros.

2  	Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras.

3  	Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras.

4  	La Convención Americana de Derechos  	Humanos o Pacto de San José de Costa Rica fue ratificado por  	el Estado colombiano mediante la Ley 16 de 1972 y, de esta manera,  	hace parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo  	13 de la Carta Política.

5  	La presunción de cobertura ab initio ha sido definida  	por los órganos del SIDH como la garantía de  	protección de todo tipo de discursos, incluyendo los que  	pudieren resultar «chocantes, ofensivos o perturbadores»,  	que se materializa con el deber de neutralidad del Estado  	frente a cualquier contenido; es decir, «en principio, no  	pueden existir personas, grupos, ideas o medios de expresión  	excluidos a priori del debate público».  	Ver: Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos  	Humanos (2009).

6  	Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de  	Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de  	Derechos Humanos (CIDH), sobre leyes de desacato y difamación  	criminal como límites a la libertad de expresión, de  	prensa y de información (2004). Disponible en:  	http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/desacato/Informe%20Anual%20Desacato%20y%20difamacion%202004.pdf

7  	Corte IDH, Estándares internacionales de  	libertad de expresión: Guía básica para  	operadores de justicia en América Latina (2017).  
9  	CSJ AC 7478-2017.