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STC13335-2022
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC13335-2022
Radicación n.° 66001-22-13-000-2022-00271-01
(Aprobado en sesión de cinco de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 7 de septiembre de 2022, dentro de la acción de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.º 2022-00048.
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclamó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada.
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
El 24 de febrero de 2022, el gestor presentó acción popular contra Pijaos Salud EPS-I, debido a que, supuestamente, en el sitio donde esta última presta sus servicios «no [se] garantiza unidad sanitaria p[ú]blica para [personas con discapacidad]»; cuyo conocimiento correspondió al fallador enjuiciado.
El 18 de abril hogaño, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, no obstante, a juicio del actor «se incumple [el] art 34 [de la] ley 472 de 1998 al no existir fallo en los términos perentorios de tiempo que le [impone dicha norma]».
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la célula cognoscente proferir sentencia «en un término no superior a 24 horas».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliación Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucción de Risaralda precisó que su «intervención está orientada (…) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (…) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al trámite del proceso judicial». Y añadió que el gestor no había presentado a la entidad alguna petición, queja o reclamo relacionado con lo alegado.
2. Pijaos Salud EPS-I informó que el libelista instauró simultáneamente otro amparo con identidad de hechos y pretensiones, el cual «está siendo tramita[do] por el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA CIVIL – FAMILIA Magistrado Sustanciador; Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo (…)», por consiguiente, «se configura (…) un hecho temerario y de mala fe». Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa, al considerar que no le corresponde «hacer efectiva la satisfacción de las pretensiones del accionante».
3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía realizó un recuento de los hechos e indicó que mediante fallo de 29 de agosto siguiente amparó los derechos colectivos invocados por el solicitante.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO
El tribunal a-quo declaró improcedente el auxilio, argumentando que «el [quejoso] presentó dos veces la misma acción de tutela ante este Tribunal, correspondiendo a una el código de tutela en línea 1025636, radicado 66001221300020220027200, y a la otra el código 1025629, que es la que ahora se resuelve (…). Comparadas las demandas se concluye que guardan identidad fáctica, de partes y de objeto, de donde brota diamantino la duplicidad o el paralelismo de resguardos, que se tramitan en forma simultánea». Por último, añadió que «se impondrá sanción en los términos del inciso 3º del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 (…), que se traduce en una condena en costas a cargo del actor, asimilable a una multa a favor de la Rama Judicial, por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente».
IMPUGNACIÓN
La formuló el convocante, pidiendo que se revoque la multa que le impuso el fallador constitucional de primer grado, porque, en su criterio, «lo que existi[ó] [fue] un error de [su] parte, de manera involuntaria pero NUNCA ACTUANDO CON TEMERIDAD Y MENOS MALA FE».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el gestor está actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada vulneró la garantía esencial del querellante, porque, supuestamente, no ha dado el impulso pertinente a la acción popular referenciada.
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela.
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constitución el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.
En relación con lo anterior, ha precisado esta Corporación:
«(…) el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), además que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra idéntica pretensión, pero a partir de la agregación de un “nuevo” derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibición legal de presentar dos o más peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petición anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche». (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00).
3. Caso concreto.
Del análisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hipótesis, ya que Mario Alberto Restrepo Zapata promovió otro amparo contra el estrado denunciado, de idénticos contornos fácticos y jurídicos, en el cual también pretendió que se dictara fallo «en un término no superior a 24 horas» en la acción popular 2022-00048, dado que, presuntamente, «se incumple [el] art 34 [de la] ley 472 de 1998».
3.1. En efecto, ese ruego tuitivo correspondió a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, mediante fallo de 8 de septiembre de 2022 (rad. n.° 2022-00272), negó la protección.
3.2. Así entonces, deviene diáfano que esa causa concuerda con la actual en todos los puntos que la motivan, por lo que puede concluirse que se constituye una evidente equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia del auxilio y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jurídico como comportamiento temerario.
En las anteriores condiciones, como la presente acción corresponde a la exposición de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido en primera instancia y que actualmente también está siendo conocido en sede de impugnación por esta Corporación1, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los demás puntos argüidos por el libelista, porque «admitir tal proceder implicaría que cada actuación judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separación éste pudiera entablar un amparo, lo cual contraría totalmente la prohibición de reiterarlo, pues, en verdad no está justificando la repetición, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas» (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7704-2017, 1 jun. 2017, rad. 00275-01).
3.3. Ahora, tras avalar la improcedencia de la acción cuando se ha interpuesto una simultánea en la que coinciden partes, causa y pretensiones u objeto, lo cual dimana de lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, según el cual «[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despacharán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes», surge el tema de la sanción impuesta como consecuencia del comportamiento temerario del convocante.
Esto, porque al mantenerse idéntica aspiración y los mismos presupuestos que motivan ambas quejas constitucionales, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio; concretamente, el inciso final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 reprocha ese proceder, señalando que «[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad».
La disposición legal en cita fue encontrada ajustada a la Carta Política, al precisar el órgano jurisdiccional competente que:
«(…) Ningún motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el Derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución (…).
Desde luego, no se trata de sustituir a la jurisdicción especializada ya que el juez de tutela tan sólo tiene autorización para ordenar la condena en abstracto y su liquidación corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o al juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales.
Tiene razón uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas sólo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveración no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el artículo 29 de la Constitución, de las cuales no ha sido ni podría haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso específico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporación, para revocar la correspondiente decisión judicial.
Considera la Corte que no es el artículo acusado el que puede tildarse de contrario a la preceptiva superior, toda vez que en él no se dispone ni autoriza que la actuación judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y más bien lo supone, razón por la cual no es admisible la tesis del actor sobre posible desconocimiento de las normas fundamentales que lo consagran.
Tampoco es contrario a la Carta Política que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violación o del peticionario que incurrió en temeridad, según el caso, pues ello es apenas lógico y equitativo tratándose de procesos judiciales» (CC C-543/92).
Referente al tema, la Sala destacó: «la denominada «condena en costas» en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280/98 y T-117/02», y puntualizó que «atendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada «condena en costas» impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensoría del Pueblo, las que también esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanción» (CSJ STC11363-2017, 2 ago. 2017, rad. 00451-02). Resaltado fuera del texto.
En consecuencia, como el ejercicio de la salvaguarda debe ser razonable y ponderado para evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia, en este evento se estructura una circunstancia que genera el fracaso de la solicitud formulada en la impugnación, e implica, como acaba de verse, que también deba convalidarse la sanción impuesta al gestor por obrar con temeridad.
4. Conclusión.
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente idéntico, en el que se replanteó un tema que ya había sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variación alguna que permita reabrir el debate jurídico.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado.
Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Rad. 66001-22-13-000-2022-00272-01.