Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
STC3641-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC3641-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01391-00
(Aprobado en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023).
Se decide la acción de tutela que instauró Servicios Integrales de Rehabilitación en Boyacá Ltda. (Sireb Ltda.) contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuación criticada.
ANTECEDENTES
1. La promotora del amparo, a través de apoderada judicial, pretende protección de su prerrogativa al debido proceso «en conexidad con el libre acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica», que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidió «dejar sin efectos la decisión de segunda instancia… de fecha 16 de marzo de 2023».
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes:
2.1. María Eugenia Medina Salamanca formuló una anterior acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, al considerar que sus garantías fundamentales fueron violentadas por ese ente al otorgar «permiso a Sireb Limitada para que procediera a su despido sin permitirle ejercer la defensa al interior del trámite que dio lugar a la aludida autorización».
2.3. En síntesis, expresó la gestora del resguardo que la sede judicial acusada «no tuvo en cuenta que existe una cosa juzgada constitucional, toda vez que dicho conflicto fue resuelto en la acción de tutela…, cuya decisión de segunda instancia fue proferida por el… Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo»; así como tampoco analizó que «existe otra decisión en sede de tutela que desató los mismos derechos fundamentales y los supuestos facticos expuestos en la acción de tutela que se busca dejar sin efectos».
2.4. Agregó que el ad quem accionado tampoco apreció que «María Eugenia Medina contaba con otros mecanismos distintos a la acción de tutela como medio de defensa judicial, un mecanismo es la justicia ordinaria laboral y la otra, dadas las circunstancias en el entendido que se encuentra un permiso para despido, acudir ante la misma jurisdicción administrativa»; y que «desconoció que la causa de terminación del contrato no tiene relación alguna con la disminución de la capacidad laboral».
2.5. De otra parte, destacó que la autoridad enjuiciada:
… omite evaluar lo manifestado por la [empresa] promotora de salud, en donde precisa que… María Eugenia Medina, se niega recibir el tratamiento por los médicos tratantes y siempre opta por acudir a médicos particulares que si bien, no se pone en duda la idoneidad de los mismo, la ley establece los lineamientos para tal fin, constituyéndose esto en un abuso del derecho.
3. La Corte admitió la demanda de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, tras defender la legalidad de la decisión criticada, precisó, en primer lugar que, «en manera alguna obvió el principio de cosa juzgada constitucional, pues la… lectura de los hechos formulados en el libelo deja ver que la decisión adoptada por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo versó sobre el reconocimiento y pago de unas incapacidades, que no sobre el despido efectuado el 25/oct./22 por parte de SIREB Ltda.»; y, en segundo término, resaltó «la improcedencia de la presente acción de tutela, toda vez no se configuran las excepcionales circunstancias que dan viabilidad al amparo en contra de decisiones dictadas en procesos de igual naturaleza».
2. El Ministerio del Trabajo dijo carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que «analizados los hechos y pretensiones manifestados por el accionante en su escrito tutelar, se concluye que no hay lugar a que esta cartera haya violado los derechos deprecados».
3. María Eugenia Medina Salamanca defendió la legalidad de la actuación criticada.
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se habían recibido respuestas adicionales.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que la actora cuestionó la sentencia que resolvió, en segunda instancia, la acción de tutela que previamente promovió María Eugenia Medina Salamanca contra el Ministerio de Trabajo, toda vez que, según ésta, debió negarse la protección que se reclamó, pues no se reunían los requisitos necesarios para acceder al resguardo.
3. En este orden de ideas, memórese que, en tratándose de actuaciones surtidas en trámites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifestó:
… la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relación a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporación unificó su posición frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el trámite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulación de una nueva solicitud, ya que tal proceder, además de mutar la naturaleza jurídica de la acción de tutela, haría que los conflictos jurídicos que se discuten en esa sede tuvieran un carácter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, sino que también genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107)
Respecto de la protección constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que:
[r]esulta inviable la acción de tutela cuando ésta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hipótesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico son la impugnación del fallo ante el superior y la revisión eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (artículo 86, inciso segundo, de la Carta Política), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporación ha sentado su posición al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107)
4. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia de esta nueva acción por cuanto el tutelante debe acudir directamente ante el máximo órgano de la jurisdicción Constitucional a reclamar la revisión de la prenotada acción constitucional (artículos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional), trámite que aún no se ha surtido, teniendo en cuenta que, al momento de presentarse esta tutela, las diligencias todavía no habían sido remitidas a dicha Corporación por parte del ad quem convocado.
En un asunto de contornos similares al aquí estudiado dejó dicho la Corte que:
(…) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opción de exponer las irregularidades que por esta vía alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisión del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificación, lo que constituye un medio de defensa idóneo.
(…) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por vía de revisión al fallo de resguardo, la misma Corporación ha señalado
(…) el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio constituyente, es el de revisión…”, que “…incluye las vías de hecho de los mismos jueces de tutela…”, que deben ser corregidas en ese trámite, además de que cualquier afectado e inconforme con una decisión en estas acciones, puede acudir ante esa Corporación para solicitar su revisión (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00). -Resaltado ajeno al texto- (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00).
Bajo esa óptica, la revisión es el mecanismo idóneo para esgrimir las anomalías que aquí denunció la gestora, el cual no puede ser desconocido, so pretexto de ser un mecanismo «eventual» y que no ostenta «carácter obligatorio».
5. Lo expuesto resulta suficiente para negar la petición de amparo.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
Comisión de Servicios
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Ausencia justificada
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1