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AC1118-2023 (2023-01530-00)
AC1118-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01530-00
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Tame (Arauca) y Tercero Civil Municipal de Ocaña (Norte Santander), con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por Banco de Bogotá, contra Jesús Alveiro Burbano Muñoz.
ANTECEDENTES
1. La entidad actora presentó su escrito introductor ante el juez promiscuo municipal de Tame, pretendiendo que se librara mandamiento ejecutivo por el importe de una obligación de menor cuantía contenida en el pagaré nº 456645773. En el acápite pertinente, indicó que la competencia estaba fijada por «el lugar de cumplimiento de la obligación y el domicilio del demandado».
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tame, a quien le correspondió la causa por reparto, inadmitió la demanda, tras establecer que «la parte demandante en el apartado de notificaciones reporta como domicilio del demandado (…) [el] municipio de Tame, Arauca, [sin embargo], el demandado report[ó] como domicilio el municipio de Ocaña en el pagaré y la carta de instrucciones, así mismo no se observa dentro del pagaré que se fije lugar de cumplimiento», por tanto «no se podría aplicar el numeral 1 y 3 del artículo 28 del C.G.P. para establecer la competencia territorial», motivo por el cual requirió aclaración en tal sentido.
3. Al respecto, la parte ejecutante indicó que como «dentro del pagaré no se establece lugar de cumplimiento de la obligación, por ello [aclara] que la competencia del presente proceso se establece solo a partir de la cuantía y el domicilio del demandado» y precisó que «es cierto que en la parte introductoria del pagaré y la carta de instrucciones se señala que el demandado esta domiciliado en Ocaña, no obstante manifiesto bajo la gravedad de juramento que al solicitar el crédito (…) no informó dirección alguna de [ese municipio], contrario a ello informó [dirección] en el municipio de Tame», por lo que «ha elegido el domicilio que el demandado ha informado en Tame para instaurar la presente demanda».
4. El referido despacho judicial decidió finalmente rehusar la asignación de competencia, pretextando que «en el pagaré que sirve como base (…), el domicilio reportado por el demandado es en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, por demás que tal cartular fue suscrito en Copacabana, de hecho, no se establece lugar de cumplimiento de las obligaciones (…), [y] se avizora que el documento donde al parecer el ejecutado suministra la dirección de esta urbe (…), fue expedido por el banco demandante, en donde no se descubre que dicha información sea suministrada por el demandado», concluyendo que «la presente ejecución se debe tramitar ante los Jueces civiles municipales de Ocaña – Norte de Santander, debido al domicilio de la parte ejecutada», según se desprende del título base de cobro.
3. El estrado receptor, Juzgado Tercero Civil Municipal de Ocaña, también se abstuvo de asumir competencia, arguyendo «I) Que el demandado tiene su domicilio en el municipio de Tame. II) Que el pagaré se suscribió en el municipio de Copacabana y III) No se estipuló el lugar del cumplimiento de la obligación», concluyendo que resulta aplicable lo previsto en el numeral 1 del art. 28 del Código General del Proceso, precisando que «el banco obtuvo esa información del mismo demandado al momento de realizar la solicitud de crédito», y que «es más reciente que el domicilio declarado en el pagaré».
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).
En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia que operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso («En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado…») y (ii) el que establece el numeral 3 del mismo precepto («En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»).
En el caso bajo estudio, la demandante fijó la competencia con sustento en su elección de uno de esos dos foros concurrentes: el general, que atañe al domicilio del extremo convocado, es decir, en este caso, el municipio de Tame (Arauca), según se indicó expresamente, tras ser requerida por el juzgado a quien inicialmente le correspondió el asunto, precisando que «la competencia del presente proceso se establece solo a partir de la cuantía y el domicilio del demandado» y que «es cierto que en la parte introductoria del pagaré y la carta de instrucciones se señala que el demandado esta domiciliado en Ocaña, no obstante manifiesto bajo la gravedad de juramento que al solicitar el crédito (…) no informó dirección alguna de [ese municipio], contrario a ello informó [dirección] en el municipio de Tame», por lo que expresamente, la parte actora eligió como factor de atribución de competencia el domicilio del demandado, respecto del cual informa, bajo la gravedad de juramento, que corresponde al municipio de Tame.
Por esa vía, como la actora optó, válidamente, por presentar su demanda ante los jueces del domicilio de su contraparte, el primer funcionario involucrado en la contienda no podía rechazarla, pues ello contraría las reglas de procedimiento ya explicadas. No se olvide que, «(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC2738-2016).
5. Conclusión.
En definitiva, respetando la elección entre fueros concurrentes que, en forma expresa, realizó la entidad ejecutante, se impone colegir que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al primero de los falladores involucrados en esta causa, hasta tanto su competencia no sea válidamente rebatida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tame (Arauca).
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».