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ATC565-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC565-2023
Radicación n.° 05001-22-03-000-2023-00196-021
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
1. Correspondería decidir las impugnaciones incoadas por Juan José Janna Céspedes y Alirio de Jesús Zapata Pineda frente al fallo proferido el pasado 10 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que no accedió a las acciones de tutela, acumuladas, instauradas por ellos contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de Caldas (Antioquia); si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del canon 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del precepto 4° del Decreto 306 de 1992.2
Ello al vislumbrar que no convocó a este rito constitucional a Carlos Manuel Arenas Henao, Juan Alejandro Puerta Estrada y Oscar Alberto Maya Maya, como intervinientes en la acción de tutela génesis de este nuevo reclamo supralegal, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, siendo evidente su interés directo en el presente trámite, atendiendo a que, bajo los mismos supuestos que acá aducen los accionantes, formularon solicitud de nulidad ante los convocados, la que la sede de categoría municipal criticada, el 28 de abril último, esto es, con antelación a este decurso, resolvió no tramitar, aduciendo carecer de competencia para ello.
Se recuerda que el enteramiento omitido se debe efectuar de forma directa, de no olvidar que cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificación personal, como último remedio, incluso, puede acudir al llamado edictal, en los términos que reiteradamente lo ha expuesto esta Sala.
3. El canon 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal… Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…
La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados “por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.”, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador… (CC A-018/05).
5. Por lo consignado, se dispondrá devolver el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se declara nula.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del epígrafe a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación de Carlos Manuel Arenas Henao, Juan Alejandro Puerta Estrada y Oscar Alberto Maya Maya, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen, para que renueve la actuación, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito y líbrense las demás misivas pertinentes.
Notifíquese y Cúmplase
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Trámite al cual se acumuló la acción de tutela con radicado 05001-22-03-000-2023-00197.
2 Ese aparte normativo fue incluido en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991…, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al Código General del Proceso.