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República de Colombia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
ATC1145-2016
Radicación n.° 68001-22-13-000-2016-00004-01
(Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil dieciséis)
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil quince (2015).-
Correspondería decidir la impugnación formulada frente al fallo proferido el 22 de enero de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela promovida por Ciro Antonio Pinzón Pinto contra el Ministerio del Trabajo, la Nueva E.P.S., la sociedad Elisan Ltda., hoy S.A.S., y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., trámite al que fueron vinculados Ecopetrol S.A., la Dirección Territorial de Santander de la aludida Cartera, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y la Coordinadora HSE de la primera de las sociedades mencionadas, si no fuese porque se advierte que en el trámite de primera instancia se incurrió en causal de nulidad, que afecta lo actuado como pasa a verse.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a los «DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPITADAS Y EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA», presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, con ocasión del accidente laboral que sufrió el 20 de noviembre de 2013, requiriendo, de manera concreta, que se «[o]rd[ene]e al representante legal de la empresa ELISAN LTDA. que (…) proceda a allegar la documentación requerida por la NUEVA E.P.S. para adelantar el trámite de la DETERMINACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DEL ORIGEN de los eventos de salud denominados TRAUMA DE RODILLA IZQUIERDA –DESGARRO DE MENISCO MEDIAL-BURSITIS DE RODILLA IZQUEIRDA –QUISTE DE BAKER»; que se «[o]rd[ene]e al representante legal de la NUEVA E.P.S. y/o ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., [que] una vez allegada la [citada] documentación (…) adelante con celeridad, eficiencia y eficacia el [referido] trámite»; y, que se «[o]rd[ene]e a la (…) Directora Territorial Santander del MINISTERIO DEL TRABAJO que (…) proceda a dar inicio a [una] investigación administrativa laboral (…) según lo (…) solicitado con oficio del (…) 14 de diciembre de 2015» (fl. 7, cdno. 1).
2. En apoyo de tales pretensiones, adujo en síntesis, que desde el 11 de marzo de 1991 se encuentra vinculado laboralmente a la compañía Elisan Ltda., ejerciendo actividades como «conducir vehículo y operar torre grúa», por las que no sólo ha padecido una serie de patologías, sino también el accidente laboral referido en líneas precedentes, el cual le causó «graves lesiones en la columna (…) quedando incapacitado (…) hasta el 29 de Abril de 2014», data en la cual se reintegró a la empresa, donde le asignaron labores de mensajería; sin embargo, a causa de las grandes distancias que recorría y la dificultad para subir escaleras, el día 30 del mismo mes y año experimentó un nuevo accidente laboral, al caer por ellas de un segundo piso, evento por el que fue remitido a la Clínica Los Comuneros.
Sostiene que pese a que le solicitó a la Nueva E.P.S. que le prestara la debida atención médica, ésta se reusó aduciendo que dicho suceso era responsabilidad de la ARL a la que estaba afiliado, esto es, ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., entidad que posteriormente también se negó a prestar los mismos, esgrimiendo que aquel no había sido reportado por el empleador, y, que no obstante acudió a este mecanismo de amparo en tres oportunidades, en las que le fue concedida la protección constitucional, ordenando la prestación de los correspondientes servicios, se han demorado en calificar el origen de la patología que presenta.
Finalmente refiere, que a pesar de que el 14 de diciembre de 2015 le solicitó a la Directora Territorial del Ministerio del Trabajo que iniciara la investigación del caso para sancionar a los infractores de las normas de seguridad social, ésta «no se ha pronunciado [ni] ha efectuado ningún trámite administrative al respecto», razón por la que considera le fueron vulneradas sus garantías superiores (fls. 1 a 15, cdno. 1).
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga concedió la protección suplicada únicamente frente a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., al considerar que no le había suministrado al accionante la información requerida para realizar el trámite de la calificación del accidente laboral que sufrió el día 30 de abril de 2014, del cual tuvo noticia el 16 de junio de 2015. En consecuencia, le ordenó hacer entrega de la misma (fls. 808 a 833, cdno. 1).
4. Impugnada la sentencia tanto por el actor como por la ARL acusada (fls. 843 a 851, ídem), fue remitida a esta Corte para lo pertinente.
CONSIDERACIONES
1. Conforme a la situación fáctica antes descrita, se concluye que si bien la demanda de tutela se dirigió contra el Ministerio del Trabajo, lo cierto es que la parte actora no le atribuye de manera concreta ninguna acción u omisión a tal entidad. En virtud de tal circunstancia, la vinculación de la mencionada Cartera se torna apenas aparente.
En efecto, en el texto del escrito de amparo no se expresa que el tutelante hubiera presentado requerimiento alguno ante el Ministerio del Trabajo, situación que tampoco emerge de las pruebas documentales que obran en el expediente de tutela, puesto que la solicitud que elevó para que se investigara la demora en la calificación de su patología, la dirigió a la Directora Territorial de Santander de dicha Cartera, autoridad que está adelantando actualmente indagación preliminar a efectos de decidir si inicia o no un proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad y las entidades de seguridad social accionadas.
2. En auto de 19 de noviembre de 2013, Rad. 00334-01, la Sala puntualizó:
«(…) En casos anteriores, esta Corporación había atendido en segunda instancia las reclamaciones dirigidas contra las direcciones territoriales de los ministerios, por ser dependencias de organismos nacionales del nivel central.
«Sin embargo, teniendo en cuenta que la jurisdicción de esas seccionales se limita a una región específica, como lo es el departamento, la Sala fijó su criterio estimando que, para efectos de la competencia en tutela, esas oficinas deben ser tenidas como autoridades públicas locales.
«Por tal razón, no puede entenderse que los ataques dirigidos contra a las direcciones territoriales involucran a sus superiores o al nivel central, salvo que frente a éstos se dirija un ataque específico.
«2.- En el sub-lite, se observa que la protesta bajo estudio no alude al Ministerio de Trabajo, dado que contra él no se propone una queja concreta y el procedimiento que verdaderamente se cuestiona es el de la Dirección Territorial de Santander, a quien se le endilga no haber obligado a actuar a (…) además de no resolver aún la actuación administrativa dirigida a sancionar a la empresa criticada.
«Así las cosas, no es acertado decir que el amparo se enfila contra la referida autoridad nacional del nivel central, por el simple hecho de haberse nombrado como demandada, pues, es indispensable que se le atribuya una trasgresión o que sus determinaciones afecten directamente en el asunto debatido, lo que no se da en este caso, donde la involucrada es la oficina departamental que está atendiendo la querella.
«Sobre el punto, esta Corte ha sostenido que “no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria” (auto de 24 de julio de 2007, exp. 00156-01, ratificado en proveídos de 5 de julio de 2011, exp. 00053-01 y 17 de octubre de 2013, exp. 01104-01).
«En un asunto similar la Sala explicó que “ninguna vulneración derivada de las actuaciones u omisiones del Ministerio de Trabajo se reprocha, ni tampoco, de los hechos en que fundamenta la petición de amparo, se colige tal circunstancia, pese a la mención que de dicho ente hizo la actora… Por el contrario, se advierte que las solicitudes en punto de la inconformidad de la reclamante se circunscriben a actuaciones u omisiones de la Dirección Regional…, dependencia encargada de resolver las situaciones planteadas en esta vía… Significa lo precedente que no obstante la vinculación del Ministerio de Trabajo, a dicho órgano estatal no es dable atribuir la vulneración alegada, situación que necesariamente incide en la competencia del Tribunal para conocer la acción de tutela… es necesario aclarar que si bien anteriormente la Sala ha conocido y decidido peticiones de amparo dirigidas contra las direcciones regionales de los ministerios, atendiendo que corresponden a dependencias de autoridades nacionales del sector central, una nueva revisión del tema conduce a concluir que tales seccionales deben ser tenidas como autoridades públicas departamentales a efectos de establecer el juzgador competente para conocer los reclamos que frente a ellas se formulen” (auto de 11 de septiembre de 2013, exp. 00156-02).
«3.- Esta reclamación excepcional no es competencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia, ya que el Decreto 1382 de 2000 asignó a los Jueces del Circuito el conocimiento de las acciones constitucionales que se interpongan contra «cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”, características que tiene la institución pública aquí criticada.
«Además, la empresa acusada es una sociedad limitada de naturaleza particular y los reproches en su contra tampoco son del resorte de dichas Corporaciones Judiciales.
«Entonces, según lo expuesto, el a-quo no estaba facultado para resolver este proceso, configurándose la causal prevista en el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la actuación adelantada deberá dejarse sin efecto y remitirse al despacho correspondiente (…)» (Reiterado en CSJ ATC5080-2014; ATC1690-2015; ATC493-2016).
3. En este orden de ideas, surge con claridad que la acción debió tramitarse exclusivamente contra la Nueva E.P.S., la sociedad Elisan Ltda., hoy S.A.S., y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., con la correspondiente vinculación de la Dirección Territorial del Atlántico del aludido Ministerio, por ser la autoridad administrativa que por competencia le corresponde atender la queja, ante dicha dependencia, por el accionante.
4. Vistas así las cosas, y atendiendo la naturaleza jurídica de los sujetos pasivos de la tutela1, la competencia para conocer de la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categoría de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1°, inciso segundo, del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
En consecuencia, el presente trámite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de acuerdo con el inciso primero del artículo 138 del Código General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992; la que es menester declarar, entonces, a partir de la sentencia de primera instancia, y se ordenará remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito o con categoría de tales de Bucaramanga, Santander, que corresponda de acuerdo con el reparto, no sin antes recordar que esta Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (exp. 2009-00083-01), precisó que
«la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.
Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto.” “En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes.
Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, ‘[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto’, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hipótesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que serían los mismos en los cuales también procedería contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasión o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades.
Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso’ (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional).
Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación.” “En idéntico sentido, razones de transcendental significación inherentes a la autonomía e independencia de los jueces (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y su sujeción al imperio del ordenamiento jurídico, estarían seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales» (ver entre otros ATC4127-2014, ATC4151-2014, ATC632-2015, ATC1192-2015; ATC1229-2015; y ATC493-2016).
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir de la sentencia de 22 de enero de los corrientes, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
2. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito o con categoría de tales, de la ciudad de Bucaramanga, a través del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea sometida a reparto, y se dicte el fallo constitucional que por esta vía se anula.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 La primera una sociedad de economía mixta, perteneciente al sector descentralizados por servicios (C.C. A-180/09), y las otras personas jurídicas privadas.
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