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Radicación n.° 25000-22-13-000-2014-00365-01
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC1418-2015
Radicación n.° 25000-22-13-000-2014-00365-01
(Aprobado en sesión de once de febrero de dos mil quince)
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 21 de enero de 2015, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela instaurada por Gilberto Ávila Llano respecto del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá, con ocasión del juicio ordinario de declaración de unión marital de hecho promovido por María Helena León Solano en contra del aquí gestor.
1. ANTECEDENTES
1. El promotor solicita la protección del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.
2. Sostiene, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 17 a 20):
2.1. El funcionario tutelado admitió el litigio objeto de esta salvaguarda el 13 de julio de 2009, disponiendo el emplazamiento del aquí actor y designándole curador ad litem el 19 de septiembre de esa anualidad.
2.2. Censura esas determinaciones, pues desconocieron que “(…) la demandante no dio aplicación al numeral 11 del artículo 75 del C.P.C. (…)” ni “(…) agotó el requisito de procedibilidad previsto en [la regla] 35 de la Ley 640 de 2001 (…)”.
2.3. Con fundamento en lo anterior, el 28 de marzo de 2011, requirió se declarara la nulidad de lo allí actuado, pedimento denegado el 10 de diciembre de 2013, auto apelado por el interesado.
2.4. Concedido el recurso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca lo inadmitió por improcedente el 25 de julio de 2014, decisión “confirmada” el 2 de septiembre siguiente, al desatar la súplica impetrada por Ávila Llano.
2.5. Reprocha la negativa a decretar la anulación del juicio, porque en su criterio se hallaban materializados los defectos procedimentales por él alegados.
3. Ruega “(…) declarar la nulidad (…) a partir del auto admisorio de la demanda (…)”.
1.1. Respuesta del accionado
El convocado afirmó que “(…) ha obrado con total apego a la normatividad procesal vigente y aplicable a la materia (…)” (fls. 54 a 56).
2. La sentencia impugnada
Negó la súplica tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto “(…) el actor (…) no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance; pues toda la argumentación plasmada en el escrito de tutela, debió plantearse a través del recurso de reposición [frente al auto admisorio del libelo genitor], pero por el contrario prefirió guardar silencio (…)” (fls. 74 a 85).
1.3. La impugnación
La formuló el promotor afirmando que “(…) se presentaron razones extraordinarias que no [le] son imputables que [le] privaron de la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda (…)”, debido a la notificación por emplazamiento equivocadamente efectuada por el tutelado.
Adicionalmente indicó:
“(…) El despacho debe advertir que no cuent[a] con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la decisión atacada, teniendo en cuenta que durante el trámite del incidente de nulidad interpuesto, [su] apoderado hizo uso de todos los recursos dispuestos en el Código de Procedimiento Civil (…)” (fls. 149 a 153).
1. Se duele el gestor por cuanto dentro del sublite, el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá mediante proveído de 10 de diciembre de 2013, rechazó la nulidad por él solicitada, con sustento en que en el libelo genitor “(…) la demandante no dio aplicación al numeral 11 del artículo 75 del C.P.C. (…)” ni “(…) agotó el requisito de procedibilidad previsto en [la regla] 35 de la Ley 640 de 2001 (…)” atañedero a la conciliación extrajudicial.
2. De entrada se advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado, al percatarse la ausencia del principio de subsidiariedad, pues el promotor no atacó el proveído reprochado a través del recurso de reposición, procedente “(…) contra los autos que dicte el juez (…)”, de conformidad con el precepto 348 del Estatuto Procesal Civil.
De esta manera, se desaprovechó la oportunidad de debatir en el campo idóneo, esto es, dentro del litigio, la presunta falencia ahora alegada.
Así las cosas, no es dable acudir a esta acción excepcional para subsanar equivocaciones o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso.
Al respecto, la Corte ha dicho:
“(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por la funcionaria judicial acusada, (…) a través del recurso (…) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acción debido a su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepción esto es, de afectación y peligro para los atributos básicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acreditó que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condición (…)”1.
En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:
“(…) Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…)”2.
3. De otra parte, analizado el proveído de 10 de diciembre de 2013 (fls. 3 a 10 cdno. Corte), se advierte que para decidir de la manera reprochada el funcionario judicial adujo:
“(…) En el presente caso se plantean dos situaciones, por un lado, se afirma que existe nulidad por cuanto en la demanda no se cumplió con el requisito de afirmar que se ignoraba, bajo la gravedad de juramento, la dirección de la oficina o habitación donde el demandado o su representante, recibirán notificaciones personales (…)”.
Frente a este cuestionamiento, concluyó que contrario a lo aseverado por el interesado, “(…) en el hecho 4 de la demanda (…) [se] manifiesta que a la fecha se desconoce el domicilio del demandado y se solicita que se haga la notificación conforme a lo reglado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
En punto a la notificación por emplazamiento efectuada, dedujo que la misma se había ejecutado en legal forma, “(…) pues las publicaciones ordenadas se realizaron en día domingo en un periódico de amplia circulación nacional como lo es El Espectador, y además se realizó el edicto radial (…)” correspondiente.
3.1. Referente a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, se abstuvo de resolver de fondo ese asunto, pues “(…) no se enmarc[aba] dentro de la causal de nulidad alegada (…)”, esto es, la contenida en el numeral 8º de la regla 140 del Estatuto Procesal Civil.
3.2. La providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Según lo ha expresado la Corte, “(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho (…)”3.
3.3. Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
4. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmación del fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.
2 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo año, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.
3 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
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