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AC2849-2021 (2021-02180-00)
AC2849-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-02180-00
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).-
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos del Circuito, de La Virginia y de Manzanares, para conocer de la acción popular promovida por Sebastián Colorado contra el Banco Davivienda S.A.
ANTECEDENTES
1. El gestor fundó la citada acción pública en que la compañía financiera accionada transgredió garantías e intereses de naturaleza colectiva, en la medida en que “no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios públicos, con un intérprete profesional, ni con un guía interprete profesional, que describa el inmueble a la población” que así lo requiera. Y aun cuando inicialmente narró en el escrito introductor que el “agravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio”, posteriormente precisó que acontece en “MANZANARES CALDAS/CRA 5 Nº 3-37”, y que el domicilio de la enjuiciada es la “Virginia, Rda”, lugar donde radicó la demanda1.
3. Pese a que el actor recurrió en reposición la anterior determinación alegando que desconoce “la jurisdicción perpetua4”, así como la “inmutabilidad de la acción entre otras normas legales y procesales de orden público”, la misma fue mantenida en proveído del 29 de abril de esta anualidad5.
4. Finalmente, el juzgador de Manzanares también se rehusó a conocer el trámite, y en consecuencia provocó la controversia que ahora se resuelve, manifestando que “el acto de admisión de la acción popular impid[e] asumir la tesis” de la judicatura remitente, pues ésta solo sería procedente si estuviera en entredicho la “competencia o jurisdicción por los factores subjetivo y funcional”, ahora ausentes6.
5. Planteada así la colisión, llegaron las diligencias a la Corte.
CONSIDERACIONES
1. Como la discusión planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, razón por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislación vigente al momento de radicación, a fin de adoptar la determinación de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo.
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, tratándose de acciones populares “será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor (…)”, estableciendo así un fuero concurrente a prevención.
De manera que, como lo ha señalado esta Sala,
“En términos de tal expresión legislativa, el promotor de la acción judicial tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestación de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien se la concreta”7.
Sin embargo, cuando el funcionario pasa por alto la ausencia de los factores de asignación expuestos, y aun así decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener incólume su valoración, convirtiéndose así en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que se traduce en que si esta última eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultará inalterable en virtud del principio de la “perpetuatio jurisdictionis”, impidiéndole al funcionario desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgrediría, entre otros, los principios de eventualidad y economía procesal. Conclusión a la que se arriba por conducto de la remisión normativa contemplada en el artículo 44 Ibídem8.
Además, es menester sincronizar lo dicho con la norma atinente a la prorrogabilidad, dispuesta en el inciso segundo del precepto 16 del estatuto adjetivo civil vigente, el cual establece que la “falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez”. Previsión que exhibe palmaria e inequívocamente una autorización respecto a esos dos foros, y en línea lógica, la desestimación en los demás casos.
4. Verificado el contexto expuesto en precedencia, la Corte observa en el particular, que aunque en la Virginia no concurre el sitio de la presunta vulneración a los derechos colectivos ni el domicilio de Davivienda, como erradamente lo afirmó el promotor en el escrito introductor, la autoridad judicial de dicha circunscripción, admitió la acción pública mediante auto de 15 de enero hogaño, y en consecuencia adoptó la atribución, calificación que inexorablemente la liga al asunto, impidiéndole rehusarse motu proprio a permanecer como juez cognoscente, por cuanto su decisión ni siquiera fue objeto de opugnación por la legitimada para ello, esto es, por la entidad convocada.
Expresado de otra manera, lo dilucidado significa que aun cuando la aptitud legal acogida por la sede judicial donde fue presentada la queja constitucional, sea incongruente con la dupla de posibilidades ante los que la ley le permite acudir al demandante, lo cierto es que fue esa misma autoridad quien valoró positivamente el libelo inaugural, y que la sociedad llamada a juicio no elevó cuestionamiento alguno al respecto, lo que hace inalterable esa decisión, ya que tal y como lo ha destacado la Sala en lo relativo a la inmodificabilidad de la competencia,
“(…) el juez no podrá variar o modificar la competencia a su libre arbitrio ‘cuando la pasó por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor…’ de suerte que ‘si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto’”9.
Así las cosas, habiéndose provisto la admisión de la demanda y dispuesto la notificación de los interesados en el pleito, no cabía desprenderse de su conocimiento, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que
“Una vez el asunto es asignado a un operador judicial, a él le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunción de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los demás de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente”10.
5. En definitiva, avocado el conocimiento de la acción popular, lo atinado era que en su impulso oficioso lo continuara la juzgadora de La Virginia, dado que la falta de competencia ni siquiera fue discutida por la compañía atacada, pues se itera, la aceptación inaugural de la atribución vinculó esa funcionaria al proceso, de ahí que repudiarlo, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitirá el expediente a fin de que prosiga el trámite que legalmente corresponda, y de ello se pondrá al tanto a la otra autoridad judicial concernida.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, señalando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer de la acción popular promovida por Sebastián Colorado contra Davivienda S.A.
Devuélvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio infórmese de tal situación a la otra autoridad involucrada.
Notifíquese,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado
2 Auto del 15 de enero de 2021. Folio 3 ib. Radicado Exp. No. 66400-31-89-001-2020-00474-00.
3 Auto del 16 de abril de 2021. Folios 5 a 7, ejusdem.
4 Folio 9, ib.
5 Folios 15 y 16, ídem.
6 Auto del 21 de junio de 2021. Cdno. 05AutoCivil19ProponeConflictoCompetencia. Radicado Exp.No. 17433-31-89-001-2021-00082-00.
7 CSJ AC3261-2018.
8 Artículo 44 de la Ley 472 de 1998. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones.
9 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00.
10 CSJ AC1836-2019.