Asistente Jurídico Inteligente
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ATC1714-2021
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
ATC1714-2021
Radicación nº 73001-22-13-000-2021-00318-01
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
Correspondería resolver la impugnación formulada contra el fallo proferido el 4 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en la tutela que Juan Carlos León Salazar le instauró al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Ibagué, si no fuera porque se omitió vincular y notificar en debida forma a la totalidad de los partícipes en el proceso objeto de la queja constitucional.
CONSIDERACIONES
1. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prevé que “las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”, pauta que ratifica el artículo 5 del Decreto 306 de 1992, al señalar que:
“De conformidad con el artículo16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa” (Se destaca).
Así las cosas, ninguna de las piezas que integran el expediente digital enviado a esta Corporación revelan la vinculación y comunicación remitida a Carlos Eduardo León López y María Camila León López, ni dan cuenta de la satisfacción de tal cometido para garantizarle el ejercicio del derecho de defensa, cuando tenía que ser debidamente avisados e integrados a este instrumento especialísimo.
3. En consecuencia, dado el particular interés que eventualmente asiste a los citados en el paginario objetado, puesto que ostentan la calidad de demandados, se impone invalidar lo diligenciado, para que la Sala de origen restablezca sus prerrogativas y dicte una nueva decisión con su llamamiento. Lo anterior, si se tiene en cuenta que,
«No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena –como no lo es ninguna acción judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite ‘se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva’ (Corte Constitucional. Auto 257 de 1996)» (ATC4548-2018 y ATC567-2021).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, DECLARA LA NULIDAD de lo rituado en la tutela de la referencia, a fin de que se adelanten las diligencias encaminadas a la efectiva «notificación» de Carlos Eduardo León López y María Camila León López.
Por tanto, la actuación deberá renovarse con ese exclusivo propósito, permaneciendo incólume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso.
Devuélvase el infolio a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué, para que adopte las medidas que estime necesarias a fin de rehacer el procedimiento.
Entérese a los interesados y al a quo por el medio más expedito.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada