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STC13643-2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
STC13643-2021
Radicación n.° 11001-22-03-000-2021-01896-01
(Aprobado en sesión virtual de trece de octubre de dos mil veintiuno)
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Jamel Prada Nieto contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial.
ANTECEDENTES
1. El accionante reclama a través de apoderado judicial, la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la falta de actualización del crédito y el justiprecio del predio a rematar en el marco del proceso ejecutivo con título hipotecario que el Banco Colpatria Multibanca –Colpatria S.A., promovió en su contra y la de otro, con rad. 2015-00719-00.
Por tal motivo, pretende que por esta vía se conceda el resguardo deprecado, para que se ordene «la actualización de la liquidación del crédito y del avalúo del inmueble» en el referido juicio.
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resolución del presente asunto, que pese a que desde «hace cuatro (4) años no se actualiza la liquidación del crédito y hace dos (2) años no es actualizado el avalúo real del inmueble, datos primordiales para realizar la diligencia de remate verazmente», el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá fijó la fecha para realizar la subasta del predio objeto de garantía real; que aunque interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra esa decisión, pues la estimación que se tiene en cuenta para la almoneda corresponde al año 2019 y el auto que liquidó el crédito se profirió el 12 de mayo de 2017, el Juez mantuvo incólume su decisión y negó la alzada, circunstancias todas que, asegura, lesionan la prerrogativa superior invocada.
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS
a. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia de esta capital puntualizó, que sin embargo que se posesionó en el cargo hasta el 22 de julio pasado, el 2 de septiembre postrero decidió negativamente la petición relacionada con la actualización del crédito, comoquiera que «no resulta necesario, pues conforme lo prevé el artículo 446 del CGP solo es necesario que exista la orden de seguir adelante la ejecución, situación que se presenta en este caso».
b. El Juez Séptimo Civil del Circuito de esta ciudad precisó, que el 17 de agosto de 2016 remitió el proceso a los Juzgados de Ejecución de Sentencias.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Juez Constitucional de primera instancia denegó el amparo deprecado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad pues «no ha propiciado los mecanismos que la ley procesal civil le otorga para actualizar la liquidación del crédito (artículo 446 de la ley 1564 de 2012), ni para hacer lo propio respecto del justiprecio económico del bien cautelado (artículos 444 y 448 ídem)».
LA IMPUGNACIÓN
El actor recurrió el anterior fallo, señalando que el a quo, omitió que ya en el juicio mostró su inconformidad, y, por esto interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con el proveído del 10 de junio de 2021.
CONSIDERACIONES
1. Tratándose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acción de tutela es excepcional, pues sólo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisión por completo opuesta al régimen legal previamente señalado, sin ninguna objetividad, apoyado únicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales que con tal decisión se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un término prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo.
2. Circunscrita la Corte a la impugnación formulada, en el presente asunto se observa, que la censura del señor Jamel Prada está encaminada, en lo fundamental, contra el proveído proferido el 6 de julio del año en curso por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, a través del cual se resolvió «MANTENER» incólume el auto del 10 de junio anterior, por medio del cual dispuso fijar fecha para la práctica del remate del inmueble objeto de garantía real en el marco del proceso ejecutivo con título hipotecario que el Banco Colpatria Multibanca S.A. promovió en su contra, pues en su criterio, se está omitiendo que la liquidación del crédito se aprobó hace 4 años y para la almoneda se está utilizando el avalúo catastral del año 2019.
3. No obstante, revisado el contenido de la determinación criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente:
3.1. El Juzgado del Circuito convocado para no revocar la decisión que fijó la fecha para la mentada subasta, puntualizó que «una vez ingresó el expediente al despacho para el impulso de la etapa de subasta, encontró cumplidos los requisitos para señalar fecha para remate a saber: sentencia ejecutoriada, inmueble embargado, secuestrado, avaluado, liquidación de costas realizada y aprobada, liquidación del crédito aprobada».
Y siguiendo esa misma línea argumentativa indicó, que el artículo 488 del Código General del Proceso «no exige que se actualice la liquidación del crédito previo a señalar la fecha para remate, toda vez que, las únicas oportunidades procesales para actualizar o adicionar la liquidación del crédito, son las previstas en los artículo 461 y 452 del C.G.P., vale decir, cuando se va a cancelar en su integridad la obligación, o por virtud de la licitación pública haya de entregarse dineros producto de ésta al acreedor, y éste no es el caso».
De otra parte, en relación con el avalúo, señaló que «precisamente con ocasión de la acción constitucional que presentó [el actor], el despacho por auto del 24 de febrero de 2020 (…) ordenó correr traslado del avalúo catastral incrementado en un 50% que presentó la actora, respecto del cual se radicaron observaciones por el recurrente con base en avalúo comercial, respecto del cual el despacho solicitó el cumplimiento de la Ley 1673 de 2013 (…) el que cumplido conllevó a resolver las observaciones por auto del 04 de noviembre de 2020, el cual cobró ejecutoria como consta en autos, de allí que con base en la providencia que tuvo en cuenta el avalúo catastral (…) se hubiere señalado fecha para remate».
3.2. Así las cosas, más allá que la Sala comparta o no íntegramente las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial convocada, como aquéllas son producto de una motivación que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (allí ejecutado), es anteponer su propio criterio y atacar por esta vía la decisión que le desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia más dentro de los juicios judiciales, máxime cuando en la determinación criticada, se dio una aplicación entendible del artículo 448 del Código General del Proceso, y las normas concordantes, para fijar la fecha de la almoneda, actuación procesal, que no requiere de la actualización del crédito a voces del numeral 3 del canon 446 ibídem, y, de otra parte, admite la actualización de la estimación del bien a subastar ya sea de oficio1 o en los supuestos del artículo 457 Cit, los que de manera alguna se cumplen en el trámite criticado.
3.3. Al respecto, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que «[A]l juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Artículos 113, 228 y 230 de la Carta Política), máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados» (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1821-2021).
Así mismo, esta Corporación ha sostenido que «el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia» y, que «la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural» (ib.).
4. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por vía de tutela atacar una diligencia de remate, so pretexto del acaecimiento de un daño irreparable: «tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que según ha advertido esta Corte, ‘en principio, la práctica de una diligencia (…) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, además, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para sí y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales’» (CSJ STC838-2021).
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE