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STC16377-2021
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-04320-00
(Aprobado en sesión de primero de diciembre de dos mil veintiuno)
Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Jader Enrique González Cujía contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena; trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Valledupar y los intervinientes en el juicio nº 2015-00138.
I.ANTECEDENTES
1. A través de abogado, el actor reclamó la protección de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 27 de julio de 2018, mediante la cual la magistratura convocada acogió la demanda de restitución de tierras que él, junto con otros litisconsortes, formularon sobre un predio ubicado en el corregimiento de Badillo (municipio de Valledupar), pero sin precisar qué porcentaje del inmueble correspondía a cada uno de los herederos del causante a quien, en vida, perteneció el fundo.
2. Relató, en síntesis, que ya había formulado una solicitud de amparo anterior, pero que la misma fue denegada (STC12902-2019) por cuanto para ese momento se encontraba en curso una solicitud de aclaración elevada frente a dicho fallo; que, finalmente, ese pedimento también fue denegado –por extemporáneo-, así como también la solicitud de modulación interpuesta posteriormente con el mismo propósito (desestimada el 25 de febrero de 2021).
3. En consecuencia, pidió que se ordene al tribunal accionado precisar su fallo del 27 de julio de 2018, específicamente en lo que atañe a los porcentajes que corresponden a cada uno de los allí convocantes.
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La magistratura accionada defendió la legalidad de la fustigada providencia y recalcó que la precisión que aquí reclaman los actores en cuanto a los porcentajes que correspondería a cada convocante, requiere necesariamente del adelantamiento de un trámite sucesoral respecto del adquirente original, que escapa de la órbita de competencia del juez de restitución de tierras.
2. Martha Isabel Lozano Urbina, Procuradora 22 de Restitución de Tierras, pidió desestimar el auxilio por no satisfacer el presupuesto de inmediatez que la informa. Agregó que la fustigada providencia contiene una motivación seria y razonable que la respalda.
3. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dijo carecer de legitimación en la causa.
4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas manifestó no tener legitimación en la causa y adicionó que de concederse la protección reclamada se estaría trasgrediendo la autonomía e independencia judicial y extralimitando la órbita de competencia del fallador constitucional.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se reclamó en forma oportuna y, de superarse lo anterior, si los hechos relatados en el libelo introductor comprometen la garantía fundamental allí invocada.
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.
Por regla de excepción, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.
3. El requisito de inmediatez.
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que:
«(…) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente» (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01).
Más adelante, la Corte señaló:
«(…) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses» (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01).
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales.
Del análisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que el fallo objeto de censura se dictó el 27 de julio de 2018 (e, incluso, la providencia que desestimó la solicitud de modulación, el 25 de febrero de 2021), mientras que la presente tutela se radicó el 22 de noviembre de 2021, esto es, más de 8 meses después del día en que se emitió el último de esos proveídos.
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jurídica con el cual se produzca la vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el mismo trámite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.
Así las cosas, el presunto afectado con la decisión que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debió acudir oportunamente a esta vía excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequívoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse aún más riguroso en tratándose de ataques a providencias judiciales.
Al respecto, se ha dicho:
«(…) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados…En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros (…). Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante» (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto.
En efecto, como viene indicándose, el mentado requisito adquiere más relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el análisis de la inmediatez debe ser más riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Por ello, la verificación de esta condición impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino además, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como último punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo.
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse particularmente con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la parte actora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haciéndolo se itera, superado el semestre antes señalado.
No olvida la Sala que el actor intentó justificar su tardanza en la confianza legítima que, según lo dijo, produjo en él la sentencia del tribunal y la suficiencia de las resoluciones allí dispuestas, planteamiento que no es de recibo, principalmente porque fue ese mismo litigante quien reconoció que en el año 2019 ya había incoado una acción de tutela en la misma dirección de este nuevo trámite, lo cual refleja que desde ese entonces era conocedor de las eventuales irregularidades que aquí nuevamente atribuyó a esa providencia.
4. Conclusión.
Se desestimará el auxilio, porque el extremo convocante no ejerció oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostró alguna circunstancia que justificara dicha tardanza.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE