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AC1762-2023 (2023-02421-00)
AC1762-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2023-02421-00
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tauramena y Cuarto Civil Municipal de Tunja.
I. ANTECEDENTES
1.- Ante el primer estrado, Pablo Enrique Rojas Córdoba propietario del establecimiento de comercio Ferreléctricos Central, demandó ejecutivamente a Consorcio Casa Adulto, CS Ingeniería S.A., BC Ingeniería S.A.S. e Inversiones Grandes Vías e Ingeniería S.A. con base en 59 facturas de venta que adjuntó, efecto para el cual manifestó que la competencia estaba determinada por el «lugar de cumplimiento de la obligación, el cual según me lo hace saber mi mandante, se pactó con el Consorcio Casa del Adulto que, el pago del precio de las facturas se debía hacer en el municipio de Tauramena, exactamente, en el lugar de domicilio del ejecutante donde funciona su establecimiento de comercio “Ferreléctricos Central”: carrera 12 6-28, Tauramena Casanare».
2.- Esa autoridad se rehusó a asumir el caso en razón a que, aunque el ejecutante optó por demandar en el lugar de cumplimiento de la obligación, de los títulos valores aportados no podía extraerse dicha información, por lo que, con fundamento en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia debía definirse por el domicilio de la mayoría de los demandados que corresponde a la ciudad de Tunja. En consecuencia, dispuso remitir el expediente a los juzgados civiles municipales de la capital de Boyacá.
3.- El receptor señaló que el ejecutante podía elegir entre el lugar de cumplimiento de las obligaciones y el domicilio de los demandados, optando de manera expresa por el primero de dichos fueros concurrentes. Agregó que, conforme al artículo 621 del Código de Comercio, debía tenerse como sitio para el pago, el municipio en el que se crearon las facturas, esto es, el del despacho que primero repelió el asunto.
II. CONSIDERACIONES
1.- Como la divergencia se trabó entre despachos de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.- El ordenamiento jurídico establece las directrices que orientan la distribución de las controversias, ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso dispone en el numeral 1º, como regla general, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado», lo que no excluye el empleo de otras pautas que también designan juzgador para un mismo litigio, como ocurre con la del numeral 3º del mismo precepto, relacionada con el lugar del cumplimiento de obligaciones emanadas de un negocio jurídico; mandato que, tratándose de títulos valores, encuentra necesario complemento en el penúltimo inciso del canon 621 del Código de Comercio, según el cual, en aquellos eventos en los que el instrumento no mencione «el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviera varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio» (cursiva y negrillas ajenas al texto).
De modo que, cuando se pretenda la realización de conductas o prestaciones derivadas de un título ejecutivo, serán competentes, a prevención, el juez del domicilio del demandado, o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su razón de ser son cuestiones que deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicción.
Así lo resaltó la Corte en CSJ AC659-2018, reiterado en AC4076-2019 y en AC4085-2021, de cara a la pluralidad de opciones, cuando sostuvo que «el promotor tiene la obligación de indicar cuál prefiere, eso sí dejando plasmada en forma clara su intención ya que de no hacerlo o quedar incierta se torna indispensable para el calificador exigir las aclaraciones pertinentes».
3.- En este caso, el accionante aspira al recaudo de prestaciones dinerarias, específicamente del capital contenido en cincuenta y nueve facturas de venta y sus intereses de mora, lo que encaja dentro de los supuestos anteriormente relacionados y, por tanto, la faculta para optar por una de las posibilidades de asignación en vista de la concurrencia de factores.
En ejercicio de esa potestad, el libelista manifestó acogerse a la alternativa de accionar ante el juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones.
Como en los instrumentos no se indicó el sitio en que dichas prestaciones debían ser satisfechas, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 621 del Código de Comercio, en materia de títulos valores, en cuanto a que «[s]i no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título…».
Tal regla supletiva se torna vinculante en este caso, comoquiera que las facturas de venta son títulos valores de contenido crediticio creados por el vendedor o el prestador del servicio, tanto así que el penúltimo inciso del artículo 774 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de 2008, prevé que «[e]n todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada».
Desde esa perspectiva, aunque resulta innegable que en las facturas no se dijo cuál sería el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, debía entenderse, según artículo 621 del Código de Comercio, que era el domicilio del creador de tal documento mercantil.
4.- Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Tauramena erró al no asumir el conocimiento del caso, pues no tuvo en cuenta que los títulos ejecutivos eran facturas y tampoco que la demandante, según sus propias manifestaciones y anexos del libelo, tiene su domicilio en ese Municipio, lugar que, en virtud de lo previsto en el referido artículo 621 del Código de Comercio, debía entenderse como aquel en el que se debía cumplir la obligación, aspecto que determinaba el fuero de competencia elegido por el ejecutante.
5. Por tanto, se dispondrá el retorno de la actuación al juzgado ubicado en Tauramena para que la asuma y se comunicará lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena es el competente para conocer el proceso ejecutivo instaurado por Pablo Enrique Rojas Córdoba en calidad de propietario del establecimiento de comercio Ferreléctricos Central contra Consorcio Casa Adulto, CS Ingeniería S.A., BC Ingeniería S.A.S. e Inversiones Grandes Vías e Ingeniería S.A.
Segundo: Remitir virtualmente, por Secretaría, el expediente digital al Juzgado de Tauramena para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión.
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretaría.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado