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AC2362-2023 (2023-01062-00)
AC2362-2023
Radicación n°. 11001-02-03-000-2023-01062-00
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto del dos mil veintitrés (2023).
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada frente al auto de 19 de diciembre de 2022, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó la concesión del recurso extraordinario de casación propuesto contra el fallo de 25 de noviembre del mismo año. Ello, con ocasión del proceso verbal reivindicatorio promovido por Germán Alberto Gómez Jiménez e Hijos Sociedad en Comandita Simple frente a la aquí recurrente.
I. ANTECEDENTES
1. Petitum: La corporación demandante pidió que se le restituyera el predio identificado con el FMI 040-315042, indebidamente poseído por la convocada. De igual forma, solicitó que se le condenara a pagar los frutos naturales o civiles producidos por el inmueble y a indemnizarla por «los perjuicios causados», entre otros.
2. Causa petendi: En sustento de sus súplicas, narró que Germán Alberto Gómez Jiménez adquirió el precitado bien a través de compraventa celebrada con Judith Ibarra de Yunez el 8 de octubre de 2007. Luego, refirió que el inmueble fue transferido como aporte a la sociedad Germán Alberto Gómez Jiménez e Hijos Sociedad en Comandita Simple, a través de escritura pública No. 1793 del 4 de agosto de 2009. Y que la demandada, Dolly Vargas López, lo posee indebidamente, de mala fe.
3. Sentencia de primera instancia: El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla -con providencia del 31 de marzo del 2022-1 accedió a lo pretendido por la gestora2, ordenando la restitución de la heredad a la demandante y condenando a la parte vencida por la suma de $231.230.700 a título de frutos civiles en favor de la convocante, más «los intereses legales desde que se causaron hasta su pago». Inconforme con esa determinación, la interpelada incoó recurso de apelación3.
4. Fallo de segundo grado: La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad -con proveído del 25 de noviembre ulterior-4 confirmó el fallo de primera instancia. El 9 de diciembre siguiente, el ad quem negó la petición de aclaración que había formulado Vargas López5.
5. Recurso de casación: Lo formuló la interpelada6.
6. Decisión sobre la concesión: El ad quem -a través de auto de 19 de diciembre de 2022-7 negó la concesión del recurso extraordinario de casación. Para el efecto, estimó que el valor de la resolución desfavorable a la recurrente ascendía al monto de $231.230.700. Luego, no se superaba el umbral previsto en el artículo 338 del Código General del Proceso de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7. Reposición y recurso de queja: Los interpuso la demandada8. Razonó que, además de los $231.230.700 a que se había referido el Tribunal, a la tasación del gravamen a ella causado debían adicionársele los rubros de $407.897.351,45 y $845.611.633,36, correspondientes, respectivamente, al valor del «inmueble»9 y a los «intereses» calculados sobre los frutos civiles desde diciembre del año 2010 (fecha de contestación de la demanda). A la impugnación acompañó un avalúo elaborado por Jesús María Castañeda Naranjo y una liquidación del crédito.
8. Determinación frente al remedio horizontal: Se desestimó el 25 de enero de los cursantes10. En lo medular, el cuerpo colegiado insistió en los motivos expresados en la providencia recurrida. Destacó, asimismo, que no era viable apreciar la experticia a que se refería la censora, dado que era extemporánea, «habida cuenta [que] debía aportarse dentro del término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, que constituía la oportunidad procesal para interponer el recurso de casación conforme lo consagra el artículo 337 del C.G.P.», y no lo fue, pues solo fue traída al momento de recurrirse la determinación que negó la concesión de la casación.
II. CONSIDERACIONES
1. Estando el proceso al Despacho para proveer acerca del recurso de queja de la referencia, se avista que, el 10 y 14 de marzo pasado, el Tribunal remisor solicitó la devolución del expediente. Lo anterior, en vista de que «se encuentra pendiente de resolver una reposición, y debe ser tramitada dicha solicitud».
Revisado el dossier contentivo del proceso, se observa que, con posterioridad al 25 de enero de 2023, fecha de emisión del auto en cuya fuerza se concedió el recurso de queja ante esta superioridad, se han surtido, ante la autoridad judicial de segundo grado, diversas actuaciones11.
En este sentido, se observa que el 22 de febrero hogaño la apoderada de la demandada pidió la nulidad de las actuaciones y la suspensión de la causa, pedimento que fue desestimado mediante proveído de 28 de febrero siguiente. Decisión la cual fue recurrida en reposición «y en subsidio (…) apelación». En pronunciamiento de 14 de marzo pasado, el ad quem -en síntesis- mantuvo su determinación y ordenó la remisión del expediente con destino al «Despacho de la Dra. Vivian Victoria Saltarín Jiménez para que, si así lo considera, le imparta el trámite de súplica al recurso interpuesto contra el numeral 2º de la parte resolutiva del auto de fecha 28 de febrero de 2023 (…)». Último embate que fue definido el 18 de julio de los corrientes.
Del recuento recién hecho, emerge evidente que no resulta viable acceder a lo solicitado por la autoridad judicial remisora. Esto, por cuanto el recurso de queja se tramita en el efecto devolutivo, tal y como se deduce de la disposición 353 CGP (inc. 2º). En concreto, cuando advierte que al superior sólo habrá de remitirse la «reproducción de las piezas procesales necesarias». Luego, el Tribunal cuenta con plenas facultades para seguir tramitando el proceso, como -en efecto- lo ha venido haciendo. De allí que sea por completo innecesario devolverle el legajo. Se insiste, esta Corte sólo tiene copias de las actuaciones.
2. Ahora, de conformidad con los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casación. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine si el proveído impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo o no ajustado al ordenamiento.
3. Pues bien, al tenor del canon 333 ibidem, el recurso de casación se distingue por su carácter extraordinario. A su turno, los requisitos para que el fallo pueda ser acusado ante la Corte, se circunscriben a sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en «segunda instancia», «en toda clase de procesos declarativos»; «en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria», y «las dictadas para liquidar una condena en concreto», con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, únicamente, en las de «impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».
El artículo 338 ibidem agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas, el ataque procede si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» excede de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en «sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».
Por demás, en los pleitos meramente patrimoniales, el artículo 339 ejusdem impone que, cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión»; disposición que consagra una carga para aquél de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simultáneamente con la radicación del embate, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, será tarea del funcionario constatarlo, sin que le esté autorizado decretar pruebas adicionales a las existentes.
Al respecto esta Sala ha señalado que «[…]el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos “podrá́” y “si lo considera necesario” que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estaría convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines» (CSJ AC1923-2018, 16 mayo).
De cualquier forma, la fijación del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimación para disentir, esto es, la fecha de la decisión cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificación.
4. En el sub examine, anticipa la Corte que, como lo estableció el ad quem, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnación fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casación.
4.1. En efecto, memórese que, en lo que concierne con los procesos reivindicatorios, la acción está encaminada a remediar el patrimonio del propietario-demandante, mediante el afianzamiento de un atributo de su derecho de propiedad que le ha sido disputado por un tercero. Por tanto, se ha deducido que petitum reivindicatorio reviste cariz substancialmente económico.
Sobre el particular, lo tiene depurado la jurisprudencia de la Sala que, al estudiar asuntos análogos a este, expuso:
«(…) tratándose del proceso reivindicatorio, en principio, la apreciación del fundo objeto del mismo será la variable que define el interés jurídico del casacionista. Lo anterior, porque las pretensiones económicas en el señalado juicio se relacionan con la declaración del dominio y reintegro de la posesión de un inmueble a su dueño, por definición estimable económicamente, siendo su valor el agravio que el fallo cause a las partes, según corresponda» (CSJ AC2713-2020, reiterado, entre otros, en AC725-2021).
4.2. Pues bien, descendiendo al caso objeto de estudio, se vislumbra que, a pesar de tratarse de un proceso reivindicatorio, no obra en el dossier avalúo del inmueble objeto de restitución. Por lo tanto, en el momento en que el Tribunal estudió las pruebas obrantes en el expediente con el propósito de fijar el interés para recurrir, únicamente tuvo en cuenta la condena por frutos civiles impuesta por el a quo -confirmada en segunda instancia-, la cual asciende a $231.230.700. Suma que no supera los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2022.
No obstante, lo anterior, resultaba necesario calcular los intereses legales que fueron estipulados por el juez de primera instancia para establecer si se alcanzaba el justiprecio. Así las cosas, debe recordarse que la regla del artículo 1617 del Código Civil dispone que la tasa de estos es del 6% anual. Por ello, tomando como fecha inicial la del proveído de primera instancia -31 de marzo de 2022- y como final la de segundo grado -25 de noviembre ulterior-, se obtiene que el tiempo transcurrido en años fue de 0,5805 (212 días). En este sentido:
Intereses en el tiempo: 0,5805 * 6% = 3,4848%.
Cálculo intereses: $231.230.700 * 3,4848% = $8.057.927.12
Por ello, la sumatoria de los frutos civiles ($231.230.700) más los intereses legales ($8.057.927) arroja como resultado ($239.288.627). Por tal razón, no se alcanza el justiprecio exigido en el escenario de la casación.
Es más, si se tomara como fecha inicial la de la presentación de la demanda, la data primigenia sería el 6 de julio de 2010, sin que varié la final -25 de noviembre 2022-, por lo tanto, el interregno recorrido en años ascendería a 12,3835 (4520 días). Reemplazando los valores en la ecuación, daría:
Intereses en el tiempo: 12,3835 * 6% = 74,301%.
Cálculo intereses: $231.230.700 * 74,301% = $171.806.722
Agregado final: $231.230.700 + $171.806.722 = $403.037.422
Siendo dable concluir que tampoco sería suficiente para recurrir en la senda extraordinaria propuesta, cuyo monto ascendía en 2022 a $1.000.000.000.
4.3. Por otro lado, refulge imperioso enrostrar la promotora no anexó dictamen pericial para acreditar el interés económico al momento de la interposición del recurso de casación. En efecto, la procedencia del remedio entrañó el estudio de la cuantía. Y tal como lo preceptúa el artículo 339 del CGP, la pretensora tuvo la oportunidad de aportar una experticia que habilitara la concesión, así «(…) con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión». Por el contrario, la representante de la actora, cuando ya se había negado la impugnación extraordinaria, resolvió hacer uso de la prerrogativa, denotando su cariz extemporáneo. Por cierto, fue al momento de presentar la reposición y en subsidio la súplica, que aportó la prueba técnica.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación plasmó:
«Para la determinación del mencionado interés, la nueva regulación procesal prevé que “…su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión” (artículo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del interés para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos “podrá” y “si lo considera necesario” que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estaría convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el interés para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente.» (CSJ AC1923-2018, 16 may.), reiterado en AC409-2020.
En estas mismas líneas, en un caso de similares contornos, esta Sala de Casación ilustró:
«3. Finalmente, debe advertirse que el “avaluo [sic] comercial” visible a folios 12 a 15 del cuaderno de la Corte es notoriamente extemporáneo y no puede ser apreciado por haberse allegado tan solo en el curso de la queja, lo cual es acorde al principio de preclusión como una de las manifestaciones del derecho fundamental al debido proceso. Además, la jurisprudencia civil es pacífica y reiterada en punto a que el momento para anexar el laborío pericial es el mismo para interponer el recurso de casación, so pena de que la misma sea negada, como de manera correcta sucedió en el presente asunto (ver, entre otros, CSJ AC4098-2018, 25 sep-. 2018, rad. 2018-02131, AC4423, 13 jul. 2017, rad. 2017-1073. AC-2206, 4 abr. 2017, rad. 2017-00264 y AC6255-2017, 22 sep. 2017, rad. 2017-20086-00).» (AC1388-2019, 23 abr. 2019, rad. 2019-00483)
4.4. De manera que, si bien le faltó al Tribunal calcular los intereses legales causados en aras de obtener el monto de la resolución desfavorable, habiéndose calculado esta suma, se arriba a la misma conclusión en cuanto a que no se cumplió con el montante para la procedencia de la censura.
4.5. Finalmente, tratándose de la liquidación del crédito aportada por la gestora con el recurso de reposición y, en subsidio, queja, deviene menester apuntalar que no cumple con los presupuestos exigidos legal y jurisprudencialmente para su valoración. En primer lugar, al igual que sucedió con el avalúo comercial del inmueble, este debió ser incorporado en el interregno previsto para la interposición del medio impugnatorio de casación, no después, por ello, se presentó de manera extemporánea.
Asimismo, no se advierte relación de pertenencia entre esta y el dictamen pericial allegado. Sobre el particular, los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso ilustran los requisitos que debe contener la prueba pericial, aclarando que el experto debe relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. Por lo cual, todos los anexos que se incorporen deben tener relación con la experticia rendida, de lo contrario sería permitir que de manera extemporánea se adujeran nuevas probanzas, lo cual no es ajustado a derecho.
Y, para terminar, resulta pertinente reseñar que la liquidación del crédito contiene un error fundamental. Esto, habida cuenta que se calculó sobre la base de intereses moratorios, a pesar de que la condena impuesta se fijó en los intereses legales de que trata el artículo 1617 del Código Civil. Por lo tanto, fue realizada de manera incorrecta.
5. Por último, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Tribunal no está compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casación. Al respecto, «el recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuantía requerida para poder acceder a esa vía». (CSJ AC 1146-2021).
6. En suma, el interés de la convocante no alcanza la cuantía especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casación, que asciende al equivalente a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2022, pues así no fue acreditado.
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas a la impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DESESTIMAR el pedimento de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, elevado ante esta Corte el 10 y 14 de marzo pasados.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas.
CUARTO: DEVOLVER lo actuado al tribunal de origen, para que forme parte del expediente. Por Secretaría, procédase de conformidad y déjense las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
1 Páginas 1-18, archivo “011SentenciaPrimeraInstancia” del expediente digital.
2 La sentencia de primer nivel fue aclarada mediante proveído de 19 de mayo de 2022. Ver: Páginas 1-3, archivo “016AutoAclaraSentencia” del expediente digital.
3 Páginas 1-5, archivo “014RecursoApelacion” del expediente digital.
4 Páginas 1-22, archivo “06SentenciaSegundaInstancia” del expediente digital.
5 El aludido proveído de 9 de diciembre de 2022 se notificó mediante estado electrónico número 220 de 12 de diciembre de esa anualidad. Disponible en: b8368242-4cdf-4e1b-8b24-a569b14b9683 (ramajudicial.gov.co)
6 Páginas 1 y 2, archivo “08MemorialRecursoCasación” del expediente digital.
7 Páginas 1-4, archivo “09AutoNoConcedeRecursoCasación” del expediente digital.
8 Páginas 1-62, archivo “10MemorialRecursoReposiciónSubsidioQueja” del expediente digital.
9 Que pretendió acreditar con un avalúo.
10 Páginas 1-7, archivo “13AutoNiegaReposiciónConcedeQueja” del expediente digital.
11 El expediente se remitió a esta Corporación el 4 de marzo de 2023.
12 Fórmula desarrollada en sentencia del 31 de julio de 2012, Rad. 2012-00539. M.P. Arturo Solarte Rodríguez