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AC3108-2023 (2023-03887-00)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
AC3108-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03887-00
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla y Setenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.- El Fondo Nacional del Ahorro «Carlos Lleras Restrepo» radicó demanda ejecutiva contra Álvaro de Jesús Ensuncho Morales ante el reparto de los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple de Barranquilla, con el propósito de obtener el cobro de la obligación contenida en el pagaré nº 1143124673 otorgado por el convocado y hacer efectiva la garantía real constituida sobre un inmueble localizado en esa metrópoli en favor de la demandante [Folios 1-5, 0004Expediente_digitalizado.pdf].
2.- En el libelo, la entidad gestora indicó que fijaba la competencia en los jueces de la precitada latitud, por «el domicilio del demandado, la ubicación del bien objeto de garantía hipotecaria, al lugar establecido para el cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente acción y teniendo en cuenta la cuantía y/o valor de las pretensiones que es igual a ($26.768.553,26) M/CTE.» [Folio4, 0004Expediente_digitalizado.pdf].
3.- El asunto correspondió al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla, despacho que lo rechazó, poniendo de presente que «la parte demandante es una entidad pública y/o empresa industrial y comercial del Estado, numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.», cuyo domicilio se encuentra radicado en la capital de la República; en consecuencia, dispuso su remisión a los estrados de esta urbe (14 abr. 2023) [Folios 285-287, 0004Expediente_digitalizado.pdf].
4.- El Setenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple capitalino, al recibir en tal virtud el negocio, se negó a asumirlo, con sustento en que «si bien el domicilio principal del Fondo Nacional del Ahorro es Bogotá, no puede soslayarse, de un tajo, que esa entidad también desarrolla su objeto social a través de sucursales en diferentes ciudades del territorio nacional (…). De allí que, en la ciudad de Barranquilla, lugar donde se presentó la acción que nos ocupa, exista Oficina del Fondo Nacional del Ahorro, quien se presenta en su sitio web, como “Oficina Fondo Nacional del Ahorro Barranquilla Citas – Horario (…). De igual manera, se tiene que en el instrumento notarial se plasmó: CUARTO ACTO…OCTAVA. JURISDICCIÒN Y COMPETENCIA. Señálese como lugar para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este contrato y para ejercer las acciones derivadas del mismo, la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio de poder ejercerlas, también en el lugar de ubicación del inmueble hipotecado», por lo que «no exist[e] incertidumbre que el presente asunto debe ser examinado a la luz del numeral 5º del artículo 28 del C.G. del P.» (13 sep.2023).
Basado en aquellos razonamientos, trabó la presente colisión, ordenando el envío del legajo a esta Corporación [Folios 295-299, 0004Expediente_digitalizado.pdf].
1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir la presente colisión, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que, en el presente caso, por razón de la distribución geográfica, concurren entre otros, dos fueros especiales de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales séptimo y décimo del artículo 28 del estatuto procesal.
2.1.- Conforme al primero, en las controversias en las cuales se ejerciten derechos reales, el juez competente es el «del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el «del domicilio» de la entidad pública, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio.
2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definición de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones.
Una de ellas defendió la sede correspondiente al lugar donde se sitúa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediación del juzgador en la práctica de las pruebas, amén del carácter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC162-2019, 25 ene., rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb., rad. 2018-03872-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00, entre otras).
La otra tesis abogó por la aplicación de la regla de primacía contenida en el precepto 29 de la codificación adjetiva, conforme a la cual «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes» (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ago., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras).
2.3.- La providencia CSJ AC140-2020 resolvió la indicada discusión al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta Colegiatura frente al tema, con ocasión de un asunto donde concurrían los mencionados fueros, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla más consonante con la voluntad del legislador, soportándose «en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda».
La citada hermenéutica -señaló la Corte- revela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.».
La justificación de esa directriz «muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial».
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusión entre el factor subjetivo de asignación del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efectúa una diferenciación que lleve a inaplicar el parámetro allí contenido a las tensiones surgidas entre los foros de las diferentes circunscripciones judiciales en que está dividido el territorio nacional.
4.- Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una pauta de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras -como aquí sucede- con la determinada por el punto geográfico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real.
Tal conclusión no se enerva por virtud de la renuncia que haga el organismo público de la garantía de acudir a juicio ante el juzgador del lugar donde tiene su domicilio.
Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis»1.
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las reglas que cimientan la definición del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas.
Adicionalmente, esta Corporación ha destacado, que «en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio» (CSJ AC2462-2021, 23 jun., rad. 2021-01782-00, criterio reiterado en CSJ AC2384-2022, 10 jun., rad. 2022-01670-00 y CSJ AC4494-2022, 5 oct., rad. 2022-03238-00).
5.- No obstante, sin desconocer el imperativo dispuesto en el numeral 10º del citado precepto 28 de la codificación instrumental que asigna la competencia al fallador del «domicilio de la respectiva entidad», haciendo una interpretación integradora de la normativa regente de la competencia territorial, esta Colegiatura ha hecho uso, en algunos casos, de la pauta contenida en el numeral 5° eiusdem, conforme a la cual «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta» (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924.00, CSJ AC010-2022, 17 en., rad. 2021-04723).
De esa manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo público a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, estaría habilitado para concurrir en el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selección que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicación concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribió al domicilio principal del órgano beneficiario.
A voces del artículo 263 del Código de Comercio:
«Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal».
Por su parte, el concepto de «agencias» está definido en la regla 264 idem, como los «establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla».
6.- En el caso bajo examen se tiene que el ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, según lo estatuido en la Ley 432 de 1998 (artículo 1º), de modo que la competencia para conocer del compulsivo radica, en principio, en el juez de su lugar de domicilio, valga decir, en Bogotá.
Auscultados los anexos de la demanda ejecutiva, se observa que el título valor presentado para el cobro, fue suscrito en Barranquilla, Atlántico, comprometiéndose el deudor a cancelar a favor de la institución la cifra allí incorporada [Folios 273-281, 0004Expediente_digitalizado.pdf]., y el fundo objeto de la garantía real, se encuentra situado en la misma circunscripción territorial, donde también concurre la vecindad del obligado [Folios 46-85, 0004Expediente_digitalizado.pdf].
Ahora, si bien la sede de la acreedora, situada en la carrera 51B nº 87-50 de Barranquilla3, está directamente vinculada con el pleito, porque allí se celebró el mutuo y en esa misma vecindad se localiza el bien hipotecado y corresponde al domicilio del llamado al litigio, lo cierto es que la alternativa de asignar la competencia a aquellos despachos trasgrede las pautas privativas señaladas en beneficio del titular del derecho de crédito.
Esto es así, en tanto, en la regla quinta del artículo 28 del Código General del Proceso el legislador fijó literalmente el extremo litigioso que torna aplicable tal regla al señalar que opera en «los procesos contra una persona jurídica» y ésta tiene sucursales o agencias; y esta expresión «contra», en su sentido natural y obvio en procesos judiciales refiere a cuando es demandada, no cuando se trata de la convocante, de suerte que en asuntos donde el Fondo Nacional de Ahorro funge como ejecutante, no es aplicable ese mandato, amén que conforme a las previsiones del artículo 27 del Código Civil «Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu», además, el mandato 28 de la misma obra consagra que «[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal».
Siendo, así las cosas, es inobjetable que, ante la naturaleza jurídica de la entidad demandante y el hecho de dirigirse la acción contra un particular, resulta de rigor que, dada la prevalencia del factor fijado en virtud de la calidad de las partes, el adelantamiento de la ejecución de marras debe surtirse ante el juez de la vecindad principal del establecimiento público, esto es, la ciudad de Bogotá.
7.- Como colofón, al tenor de las previsiones legales el Juzgado Setenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta capital, es legalmente competente para impulsar el presente juicio coercitivo, por lo que a esa autoridad se le remitirá el expediente para que adelante su tramitación y se informará de esta determinación al otro despacho involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Setenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es el competente para conocer la acción ejecutiva descrita en el encabezamiento.
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla y a la parte demandante.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
2 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acción tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 artículo. 28 C.G.P.).
3 www.fna.gov.co/ Puntos de atención al público/sucursales.