Asistente Jurídico Inteligente
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ATC090-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC090-2023
Radicación n.° 66001-22-13-000-2022-00423-01
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
1. Correspondería decidir la impugnación formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedió a la acción de tutela promovida por Soledad del Socorro Ríos Henao contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Anserma (Caldas), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Seccional Caldas, la Notaría Primera del Círculo de Pereira, la Secretaría de Hacienda del Municipio de San José (Caldas), el Condominio Valle de Acapulco P.H.; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.1
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente trámite constitucional al Juzgado Único Civil Municipal de San José – Caldas, a fin de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicción, quien indiscutiblemente debía ser llamado al amparo rogado, pues la queja constitucional es extensiva a dicho estrado judicial, en la medida en que ante aquel cursa el juicio ejecutivo con radicación n° 2019-00102, que por cuotas de administración incoó el Condominio Valle de Acapulco P.H. contra José Alexander Giraldo Carmona, autoridad que dispuso el embargo de predio con folio inmobiliario n° 103-12298, cautela que se registró ante el levantamiento de la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo acá criticado, misma que se realizó sin el registro del remate, por lo que, las decisiones que se puedan llegar a adoptar en la presente acción constitucional le pueden ser extensivas, en la medida en que, se insiste, actualmente, el predio está por cuenta de dicho proceso, sin el debido registro del remate acá censurado.
3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:
… lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal… Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces …
La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados “por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.”, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador … (CC A-018/05).
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación del Juzgado Único Civil Municipal de San José – Caldas, toda vez que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer, pues eventualmente la decisión que aquí se adopte lo puede afectar.
5. Por lo consignado, se dispondrá devolver el expediente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se declara nula.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del epígrafe, a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse del Juzgado Único Civil Municipal de San José – Caldas, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal origen para que renueve la actuación, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a éste estatuto sino al Código General del Proceso.
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