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STC12844-2022
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
STC12844-2022
Radicación nº 11001-02-03-000-2022-03192-00
(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la acción de tutela formulada por José Nelson Giraldo Barbosa, Giovanni Alexander Giraldo Sánchez, María Aracelly Barbosa de Giraldo y Derly Zurley Betancur Escobar contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al que fueron citadas las partes e intervinientes en los procesos verbal y ejecutivo con radicados N° 2016-00762 y 2021-00083, respectivamente.
ANTECEDENTES
1. Los solicitantes invocaron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vida digna, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido.
Manifestaron que en el proceso verbal que promovieron contra Mauricio Javier Vásquez Márquez, Conducciones Palenque Robledal SA y Seguros del Estado SA, para que se les declarara responsables civil y extracontractualmente de los daños causados por un accidente de tránsito, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín en sentencia de 4 de septiembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones.
Agregaron que apelado el fallo, el Tribunal Superior accionado el 15 de agosto de 2019, adicionó «el numeral cuarto, para condenar a los demandados por perjuicios patrimoniales, solo en favor de JOSÉ NELSON BAGIRALDO BARBOSA, e igualmente se les condena por el daño moral en favor de la señora Darly Zurley; por consiguiente, como lucro cesante se reconoce en favor de José Nelson una indemnización equivalente a $74.780.098; mientras que por daño Moral en favor de Darly Zurley se reconoce el equivalente a cinco (5) SMML V. Igualmente, se impone a Seguros del Estado S.A. el cumplimiento del contrato de seguros en los términos de las pólizas básica Nº 6530101000256 y póliza en exceso Nº6532101000118, debiendo asumir igualmente y adicional a las condenas ya impuestas en la sentencia de primera instancia, el pago del lucro cesante en favor del señor José Nelson Giralda Barbosa $74.780.098 y el valor del perjuicio extra-patrimonial, en su modalidad de moral, en favor de la señora Darley Zurley, incluidas las costas del proceso y sin que su obligación pueda superar los montos patrimoniales que cubren ambas pólizas.»
Explicaron que, con posterioridad, iniciaron el cobro ejecutivo por las sumas reconocidas y reclamaron los títulos a disposición del despacho y, el Juzgado accionado en auto de 11 de marzo de 2021, ordenó la entrega de los depósitos consignados en sus cuentas, por valor de $107.120.000.
Añadieron que, tras subsanar los yerros de la demanda se libró mandamiento de pago contra los demandados por $18.000.000, que fue adicionado el 11 de mayo de 2021, en el sentido de señalar que los intereses de mora correrían desde el 20 de marzo de 2021 y hasta el pago total de la obligación, liquidados a la tasa del 0,5% mensual.
Indicaron igualmente, que el 11 de mayo de 2021, se decretó «el embargo y secuestro del vehículo de servicio público de Placas TPQ945, afiliado a CONDUCCIONES PALENQUE ROBLEDAL S.A., de propiedad de la misma empresa» y, en auto de 30 de junio siguiente, se requirió a los demandantes para que notificaran el mandamiento y su adición a su contraparte.
Afirmaron que recurrieron la anterior decisión en cuanto a los enteramientos requeridos y el Juzgado de conocimiento la mantuvo en auto de 15 de julio de 2021, en el que, además, decretó el embargo y retención de las acciones de Conducciones Palenque Robledal SA y Seguros del Estado SA en sus respectivas compañías, hasta por la «suma de $28.800.000».
Revelaron que en auto de 2 de noviembre de 2021 se indicó que los demandados Mauricio Javier Vásquez Márquez y Conducciones Palenque Robledal SA se encontraban debidamente vinculados al proceso y, en cuanto a Seguros del Estado SA, requirió a los demandantes para que demostraran los anexos remitidos con la comunicación realizada en los términos del entonces vigente Decreto 806 de 2021, y, adicionalmente, se «conminó» a la parte ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifestaran si se encontraba «conforme con la suma consignada a órdenes del Despacho, la cual asciende a $19.900.000».
Por lo anterior, requirió de nuevo a las partes para que adecuaran sus solicitudes y se abstuvieran de remitir documentos en formatos distintos a PDF.
Aseveraron que frente a las solicitudes presentadas a través de su abogada, relativas «a que se continúe con el respectivo trámite, que se haga entrega del depósito judicial que se encuentra consignado a órdenes del Juzgado y, condenar en costas a los ejecutados, por el supuesto entorpecimiento de su parte para llevar a cabo la terminación del proceso por transacción», el Juzgado accionado en auto de 18 de noviembre de 2021 las negó, en tanto que, para esa fecha aún no obraba liquidación del crédito debidamente aprobada, y lo concerniente a la transacción resultaba ajeno al despacho.
Con todo, «conminó» nuevamente a los demandantes para que fueran más claros, en cuanto a manifestar si estaban conformes o no con los dineros consignados «de manera tal que pueda terminarse el proceso por pago sin necesidad de una transacción entre las partes o, garantice la vinculación de la codemandada Seguros del Estado S.A. a fin de continuar con el trámite a que haya lugar».
Advirtieron que recurrieron esa decisión en reposición y apelación subsidiaria, y el Juzgado en auto de 21 de enero de 2022 la repuso parcialmente, para indicar que se había equivocado al exigir la liquidación del crédito, porque al no estar integrado el contradictorio de manera completa, aún no podía agotarse esa etapa, en lo demás la confirmó y negó la concesión de la alzada, por improcedente.
Explicaron que, frente a la anterior providencia, interpusieron reposición y, en subsidio queja con argumentos similares a los antes anotados, y el Juzgado de conocimiento en providencia el 25 de febrero de 2022 desestimó la reposición y concedió el segundo mecanismo propuesto.
Una vez remitidas las diligencias al Tribunal Superior de Medellín, en auto de 21 de junio de 2022 declaró bien denegada la apelación interpuesta por los demandantes contra la providencia de 18 de noviembre de 2021, puesto que «el auto que decide sobre sobre la entrega de depósitos judiciales y requiere a la parte actora para que proceda a integrar el contradictorio, no es susceptible de apelación».
Los aquí accionantes reclamaron la adición y aclaración del anterior pronunciamiento para que la Corporación acusada definiera las solicitudes que plantearon en esa instancia, relacionadas con la equivocación del Juzgado de conocimiento al no entregarles los títulos reclamados y no adoptar «medidas de saneamiento».
Devueltas las diligencias al Juzgado de conocimiento, el 18 de julio de 2022 dispuso el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Superior y, nuevamente, requirió a la parte demandante para que indicara «si se encuentra conforme con el dinero consignado a órdenes del Juzgado, y si solicitará la terminación del proceso, o si continuará con el trámite del mismo, para lo cual deberá efectuar la carga procesal que se encuentra a su cargo -notificación del extremo pasivo-», no obstante, y teniendo en cuenta las peticiones de «aclaración y adición» de los actores sobre lo resuelto por el Tribunal Superior, envió el asunto de nuevo a esa Corporación, la que, en providencia de 19 de julio de 2022, negó las peticiones porque, de acuerdo con los artículos 286 y 287 del Código General del Proceso, no se evidenciaban puntos que debieran ser objeto de aclaración, modificación o adición.
Una vez arribó el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, el 16 de agosto de 2022 profirió decisión en iguales términos a la del 18 de julio anterior, y, posteriormente, en auto de 7 de septiembre de 2022, requirió a los accionantes para que procedieran a integrar «completamente el contradictorio», en el término de treinta (30) días siguientes a esa decisión, so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 317 del Código General del Proceso.
De las extensas aseveraciones de los accionantes, se extracta, en síntesis, que las anteriores actuaciones vulneran los derechos que reclaman, toda vez que, los requerimientos que fueron efectuados no están apoyados en la ley, se les impone aceptar el dinero consignado sin que se hayan practicado las medidas cautelares que reclamaron y se les amenaza con la aplicación del «desistimiento tácito».
A lo anterior, completaron que «no se le dio al art 461 del C.G.P. los efectos otorgados por el Legislador o por la voluntad del legislador, ni el alcance definido en los precedentes en la materia establecidos por las altas corporaciones, producto de la errada interpretación de los hechos y del derecho, del desconocimiento, sin justificación alguna, de su sentido jurídico, lógico y sistemático» (sic).
2. En consideración a lo anterior, solicitaron, principalmente,
1. Ordenarle al TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-ANT-COL-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL dejar sin valor la decisión del 21 de junio de 2022 y 19 de julio de 2022 (…) y al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE MEDELLÍN-ANT-COL dejar sin valor las decisiones del 02, 10 y 18 de noviembre de 2021, 21 de enero de 2022, 25 de febrero de 2022, 18 de julio de 2022, 16 de agosto de 2022 y 07 de septiembre de 2022 y las demás actuaciones y decisiones adoptadas con posterioridad a dichas fechas (…).
2. En consecuencia (…) ordenarle al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE MEDELLÍN-ANT-COL dar cumplimiento o aplicación inmediata al art 461 del C.G.P a las solicitudes presentadas el 26 de octubre de 2021 por el demandado ejecutado, CONDUCCIONES PALENQUE ROBLEDAL S.A.».
Pidieron subsidiariamente,
«1. Ordenarle al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE MEDELLÍN-ANT-COL proceder a practicar las medidas cautelares decretadas, que aún no ha practicado.
2. Las otras o demás órdenes que ustedes estimen justas, convenientes y conforme a los hechos y a derecho en las que prevalezca el derecho sustancial y material».
3. Una vez asumido el trámite, se admitió la acción de tutela, se ordenó el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, así como la citación a las partes e intervinientes en los procesos mencionado.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. El Tribunal Superior de Medellín, informó que en el asunto reprochado conoció del recurso de queja propuesto por los actores frente a la negativa del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín de conceder la apelación contra el auto de 18 de noviembre de 2021, mecanismo que definió adversamente el 21 de junio de 2022 y respecto del cual los peticionarios reclamaron adición y aclaración, que fueron negados el 19 de julio siguiente, actuación en la que no vulneró las garantías sustanciales que reclaman los accionantes.
2. Seguros del Estado SA, manifestó que en el proceso ejecutivo censurado «no ha sido notificado personalmente y, por ende, desconoce las actuaciones y decisiones que al interior del mismo se han proferido», además que, no ha lesionado los derechos de los accionantes.
3. Conducciones Palenque Robledal SA solicitó negar el amparo propuesto, toda vez que los funcionarios accionados no han incurrido en irregularidad. Agregó que lo ocurrido en el proceso «al realizarse el pago, da lugar es a una terminación» y no a lo que pretenden los accionantes.
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, remitió el link correspondiente para la revisión virtual del proceso materia de queja.
5. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se habían recibido otros pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional.
CONSIDERACIONES
1. Sólo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusión en las garantías fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicción oportunamente.
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, no se observa que el Tribunal Superior de Medellín desconociera derecho alguno a los actores al declarar en providencia de 21 de junio de 2022 bien negada la apelación que propusieron contra el auto de 18 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, puesto que, en realidad, esa providencia no es apelable, conforme al artículo 321 del Código General del Proceso y demás normas concordantes, auto en el que agregó,
no se comparten los argumentos que vienen siendo esgrimidos por la quejosa, quien interpreta que el recurso de apelación incoado por el frente al pronunciamiento realizado por el A quo en providencia fechada del 18 de noviembre de 2021 es susceptible del mismo, o en su defecto debe esta instancia judicial adoptar medida de saneamiento dentro del proceso a fin de salvaguardar sus derechos que su juicio están siendo trasgredidos por el Juzgado y la parte demandada, argumentos que conforme a lo expuesto, escapan del recurso de queja, en tanto como se advirtió preliminarmente, la competencia en esta instancia judicial sólo se enmarca en aspectos netamente procesales de cara a la procedencia del recurso de apelación, sin que fuera posible realizar pronunciamientos ajenos al objeto del recurso, ante la ausencia de competencia para ello, de allí que todas las inconformidades que presenta la recurrente dentro del trámite que se ha impartido en el proceso, no puede ser objeto de discusión en la senda intuitiva ante la naturaleza del recurso de queja
Ahora bien, al resolver la solicitud de adición o aclaración pretendida por los recurrentes frente a la anterior, requiriendo que el Tribunal accionado se pronunciara «sobre las demás solicitudes que esgrimió en el escrito contentivo del recurso de queja», el 19 de julio de 2022 se negó con fundamento en que,
no existen motivos de duda en la providencia, ni tampoco ausencia de pronunciamiento sobre puntos que conforme al recurso de queja deban ser objeto de pronunciamiento; circunstancias que impide resolver de fondo o en su defecto más allá de lo pedido por la quejosa, pues de ser así, se desconocería el principio de congruencia propio de las decisiones judiciales.
En ese mismo sentido, es importante advertirle a la recurrente que existen otros mecanismos procesales diferentes al recurso subsidiario de queja, en el que puede controvertir o en su defecto poner en conocimiento las supuestas irregularidades que hoy reclama, sin que pueda obviarse o en su defecto modificarse la naturaleza de los recursos de impugnación, como medios alternativos para suplir las desavenencias propias del proceso
Así las cosas, los reproches contra esas determinaciones no tienen vocación de prosperidad, máxime si la pretensión de los actores se dirigía a que el Tribunal Superior definiera cuestiones ajenas a la procedencia de la apelación, aspecto que, en sede de queja, no estaba en sus competencias, lo anterior permite concluir que las providencias controvertidas, se encuentran motivadas y no lucen arbitrarias, sin que se evidencie ninguna vía de hecho que haga procedente la orden de amparo, y aunque los solicitantes no compartan las razones expuestas por la Corporación accionada, esa sola divergencia de criterio no constituye un motivo suficiente para conceder el amparo constitucional, porque este mecanismo excepcional no es instrumento para definir cuál planteamiento es el válido, el más acertado o más correcto para dar lugar a la intervención del fallador de tutela. (Ver CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, entre muchas).
3. En relación con las providencias que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, ha proferido con posterioridad a las decisiones del Tribunal Superior, que igualmente reprochan los actores, se destaca que, frente al último requerimiento, realizado en auto de 7 de septiembre de 2022, donde se especificó que su inobservancia generaría la aplicación del desistimiento tácito, los actores no formularon recurso alguno.
4. De otra parte, y de acuerdo con los antecedentes extensamente señalados en esta providencia, igualmente se advierte el fracaso de las pretensiones de los accionantes frente a las decisiones del Juzgado accionado de «02 y 10 (…) de noviembre de 2021», con las cuales, en síntesis, requirió a los peticionarios en el caso cuestionado para que integraran de manera completa el contradictorio, manifestaran si aceptaban la última consignación realizada por $19.900.000 y, de ser el caso, expresaran si se procedía a la terminación de la ejecución y, además, se negó a aceptar la «transacción» que aquéllos aportaron, pues se evidencia el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que entre la última de las decisiones señaladas y la formulación de este amparo -13 de septiembre de 2022-, han transcurrido más de diez (11) meses.
Dicho término supera holgadamente el de seis (6) meses establecidos por esta Sala como suficiente para acudir oportunamente a este amparo.
Ahora, en lo atinente a la determinación de 18 de noviembre de 2021, con la cual el Juzgado denunciado insistió en los anteriores requerimientos y negó, de nuevo, la entrega del último título judicial por no estar aprobada la liquidación del crédito, los actores interpusieron los recursos de reposición y en subsidio, apelación, recursos que finalmente, como se dejó visto, fueron definidos negativamente por el Tribunal Superior en pronunciamientos de 21 de junio y 19 de julio de 2022.
Fijado lo anterior, surge necesario indicarle a los accionantes que en las providencias atrás referidas no se observa ninguna irregularidad que permita la intervención de esta especial jurisdicción, porque el requerimiento que el Juzgado de conocimiento viene haciendo con la finalidad descrita –integración del contradictorio y la aceptación expresa de los dineros consignados- se ajusta al procedimiento y trámite del proceso ejecutivo cuestionado, incluso, se encuentra que dicho despacho ha sido laxo en cuanto al incumplimiento de sus varias «conminaciones», pues sólo hasta el 7 de septiembre de 2022, requirió a los accionantes en los términos del artículo 317 del Código General del Proceso.
5. Resta indicarle a los accionantes que, si su pretensión en el proceso es lograr la aplicación del artículo 461 del Código General del Proceso –terminación del proceso por pago-, como difusamente lo indicaron en esta acción, así como la materialización de las medidas cautelares que pidieron y se decretaron en auto de 11 de mayo de 2021, así deben indicarlo al Juzgado de conocimiento de manera expresa, en tanto que, de la revisión del expediente no se constata que procedieran en esos términos.
Como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los interesados, pues la acción de tutela procede «siempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento» (Ver CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas).
6. En consecuencia, el amparo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por José Nelson Giraldo Barbosa, Giovanni Alexander Giraldo Sánchez, María Aracelly Barbosa de Giraldo y Derly Zurley Betancur Escobar contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad.
Infórmese a los interesados por el medio más expedito, y, de no impugnarse este fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS