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STC1858-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC1858-2023
(Aprobado en sesión de primero de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide la acción de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuraduría General de la Nación, a cuyo trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. El promotor pretende protección constitucional de su garantía fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que solicitó: (i) «se ordene al tutelado perder competencia, art 121 CGP»; (ii) «se determine en tutela cuánto tiempo contaba el tutelado para fallar»; (iii) «se ordene al [accionado] fallar inmediatamente [su] acción»; y (iv) «se ordene a la Procuradora General de la Nación… actúe en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre».
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes:
2.1. Mario Restrepo formuló acción popular contra Alba Lucía Grisales Martínez, en su condición de propietaria del «Muebles Alba SRC», con radicación n° 2022-00234, que fue decidida con sentencia del 17 de junio de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, decisión que apeló el demandante.
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 26 de julio de 2022, autoridad que admitió la alzada con auto del 23 de noviembre siguiente, corriendo traslado para sustentación; y, el 14 de febrero de los corrientes, negó la apelación adhesiva presentado por el apoderado de Cotty Morales, al tiempo que, pese al actuar silente del actor, dio por sustentada la alzada, atendiendo los argumentos expuestos ante el fallador de primera instancia.
2.3. En síntesis, expresó el gestor del resguardo que el estrado acusado «incumple los términos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998… al no existir veredicto final en los términos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado»; que «el tutelado solo decide admitir [su] alzada, pese a que solo cuenta con 20 días para fallar, contados desde el momento de llegar la alzada a la secretaría del Tribunal, sin embargo el tutelado no cumple términos perentorios de tiempo y no se da aplicación art 84 ley 472 de 1998».
2.4. Pidió se ordene a la Procuraduría General de la Nación «que actúe en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre a fin de que se dé aplicación art 84 ley 472 de 1998, pues no [es] abogado y… [su] salud metal se ha visto afectada con episodios de depresión al ver que el tutelado nunca cumple términos perentorios de tiempo…».
3. La Corte admitió la demanda de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación de la salvaguarda por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no ha vulnerado o amenazado las garantías del actor; manifestó que lo pretendido no ha sido de conocimiento de esa entidad.
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remitió link para consulta del expediente.
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira relató las actuaciones surtidas en esa instancia del trámite fustigado; manifestó que «tramita otros asuntos también de raigambre constitucional y trámite preferencial…, cuyo volumen es notable; en promedio, para el año 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares».
Adicionó que «desde hace varios meses, debido al alto volumen de demandas constitucionales, en tutela y populares, se encuentra dedicado, en un aproximado de casi un 100%, a atender exclusivamente dichos asuntos, incluso, en detrimento de las acciones ordinarias que también corresponden a esa Magistratura»; y que «en los últimos meses se han atendido un promedio de 300 memoriales, exclusivamente… elevados en acciones populares, profiriendo la providencia que corresponde y los recursos que su vez interponen a la misma», a lo que «se suman, las respuestas que se brindan a las acciones de tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia, a las decisiones ya referidas».
3. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se habían recibido respuestas adicionales.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja principal del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el trámite de la acción popular criticada.
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, según la cual las situaciones de «mora judicial» que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o apático, no cuando ésta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado.
… la protección del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificación objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificación, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al debido proceso. Se insiste, la protección efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016).
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el trámite cuestionado a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del alto cúmulo de acciones constitucionales que conoce ese despacho y de las actuaciones que se desprenden de aquellas, lo que descarta en este específico evento acceder a la protección suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situación.
4. Respecto a la petición elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado «perder competencia, art 121 CGP», la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petición en ese sentido al fallador natural.
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, esto es, «[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (…)».
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las súplicas de la quejosa, pues se desnaturalizaría esta especialísima acción, convirtiéndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protección, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir tópicos específicos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisión, teniéndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental «no está concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acción, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o términos fenecidos» (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).
5. Por otra parte, en lo que atañe a los conceptos jurídicos que reclamó el querellante, basta con decir que no debe dársele una solución a tales pedimentos a través del trámite tutelar, por cuanto este no es de carácter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporación.
6. Finalmente, en lo que atañe a los reproches que planteó el promotor frente a la Procuraduría General de la Nación, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidió ante la entidad criticada el acompañamiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometió sus garantías fundamentales.
6.1. Por lo demás, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuación irregular por parte de la Procuraduría está a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello.
Frente a dicho punto, esta Corporación ha expresado:
… es preciso indicar que si el aquí convocante estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: ‘En relación a la petición de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito… (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016).
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protección pedida.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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