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STC8382-2023
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
STC8382-2023
Radicación Nº 63001-22-14-000-2023-00070-01
(Aprobado en sesión del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 18 de julio de 2023, en la acción de tutela formulada por Omar Antonio Valbuena Velásquez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de esa ciudad y Primero Promiscuo Municipal de La Tebaida, trámite al que fueron citados Hortencia Molina de Valbuena, Ana Ilse, Luz Janeth y Gladis Constanza Valbuena Molina, Oscar Ospina Marín, Diana Marcela Valbuena Flórez, Angela María Ramírez y demás intervinientes en el proceso verbal de simulación No. 2018-00136.
ANTECEDENTES
1. El solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, legalidad, favorabilidad, defensa, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
Manifestó que, en el proceso verbal promovido por Hortencia Molina de Valbuena y otros, contra Oscar Ospina Marín y otros, en el que solicitaron se decretara simulada la venta contenida en la escritura pública Nro. 224 de 14 de febrero de 1995 otorgada en la Notaría 4 de Armenia, en relación con el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-63787, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Tebaida en sentencia de 28 de enero de 2020, acogió las pretensiones de la demanda.
Indicó que, recurrida esa determinación, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, en providencia de 5 de octubre de 2021 decretó la nulidad de lo actuado en primera instancia, a partir de la notificación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de los herederos indeterminados de Omar Valbuena Hernández.
Sostuvo que, luego de atender lo anterior, el trámite procesal se reinició, y en auto de 10 de mayo de 2023, el Juzgado de conocimiento aceptó la revocatoria del poder conferido para la representación judicial de las demandantes Ana Ilse, Luz Janeth y Gladis Constanza Valbuena Molina, decisión que, recurrida en reposición, confirmó el 11 de julio de 2023, y agregó, «Si bien las demandantes presuntamente desisten sus demandas revocando el poder otorgado a su representante judicial, no por esa razón el heredero OMAR ANTONIO VALBUENA VELASQUEZ, debe asumir los efectos negativos del procedimiento, pues es sujeto de derechos por activa (sic), reconocido legalmente en el proceso».
Según lo anotado en el escrito de «corrección de la solicitud (subsanación)» de la tutela, que el apoderado del accionante allegó posteriormente a este trámite, sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia al decretar el 5 de octubre de 2021 la nulidad de lo actuado, en tanto, el vicio allí señalado había sido saneado, toda vez que no fue invocado oportunamente, y también por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Tebaida, cuando profirió el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior el 22 de noviembre de 2021, y en el que resolvió no dar trámite a la solicitud radicada el 14 de abril de 2023 a nombre de las demandantes.
«a) la declaratoria de nulidad de lo actuado proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia/Quindío el 05/10/2021 señalado al numeral 16 de los hechos, y
b) los autos de estarse a lo resuelto por el superior a que aluden los numerales 17, 18 y 19 del acápite de los hechos, y
c) finalmente el literal TERCERO de la decisión del 11/ (sic) 05/2023 (sic) mediante el cual el juez de la causa manifiesta: “ABSTENERSE de dar trámite a la solicitud realizada por el abogado Víctor Eduardo Duarte Saavedra, recibida vía correo electrónico el 14 de abril de 2023”, relacionado al numeral 23, vía de hecho que desconoce de plano los derechos fundamentales y sustanciales del accionante. Procedimientos todos que dicen relación inescindible y directa con el proceso Rad. 63001-40-89-001-2018-00136-00»
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, tras efectuar un recuento de las actuaciones en segunda instancia, manifestó que la decisión proferida fue producto de la valoración de las pruebas que obraban en el proceso, junto con la interpretación de las normas aplicables, sin que pueda predicarse vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte actora atribuible a ese despacho, por lo que solicitó negar el amparo.
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Tebaida, solicitó negar la acción por inexistencia de la vulneración invocada.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Superior de Armenia, declaró improcedente la protección constitucional al no encontrar superados los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el auto que decretó la nulidad en el proceso de simulación fue proferido el 5 de octubre de 2021, y el amparo se formuló más de 18 meses después, y, en lo que respecta al requisito de la subsidiariedad, manifestó que el accionante no interpuso recurso de reposición frente al auto que decretó la nulidad cuestionada, y en ese sentido, perdió la oportunidad de exteriorizar los reparos que hoy expone.
LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión, el accionante solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, al señalar que, el requisito de la inmediatez no es rígido, y para su determinación, no basta el paso del tiempo sino también, deben atenderse «las características personales del accionante, la dificultad técnica del caso y las justificaciones a la eventual tardanza en la proposición de la acción».
Así mismo, sostuvo que la sentencia impugnada, no fue congruente con los antecedentes expuestos, ni los derechos invocados, ni las pruebas aportadas, incurriendo en error esencial de derecho.
CONSIDERACIONES
1. Por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisión por completo desviada del sendero previamente diseñado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una vía de hecho, situación frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garantías esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y específicos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el carácter subsidiario y residual del amparo (CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022).
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el señor Omar Antonio Valbuena Velásquez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia de 5 de octubre de 2021 por la que decretó la nulidad de lo actuado en primera instancia, y del Juzgado Promiscuo Municipal de La Tebaida, de 22 de noviembre de 2021 por la que dispuso dar cumplimiento a lo ordenado por el superior, así como la de 14 de abril de 2023 mediante la cual «se abstuvo de dar trámite a la solicitud realizada por el abogado Víctor Eduardo Duarte Saavedra recibida vía correo electrónico el 14 de abril de 2023».
3. Revisados los argumentos del escrito de tutela, advierte la Sala la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmación de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de la inmediatez y subsidiariedad, en tanto que, analizadas las pruebas allegadas a este trámite, se evidenció que el accionante no solo no acudió en tiempo al juez constitucional, sino que, además, no utilizó los medios de defensa que tenía a su alcance para exponer los reparos que alega a través de esta vía excepcional.
Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que la providencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia que decretó la nulidad de lo actuado en primera instancia desde la notificación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de los herederos indeterminados de Omar Valbuena Hernández, data del 5 de octubre de 2021, no obstante, solo ahora -23 de junio de 2023- reprocha esa actuación y alega la vulneración de sus derechos fundamentales, lo que evidencia la falta de oportunidad de este mecanismo, al transcurrir más de veinte (20) meses desde el presunto hecho vulnerador.
Lapso que supera los seis (6) meses que esta Sala ha establecido como suficientes para concurrir oportunamente a esta jurisdicción (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC3845-2022, STC6067-2022 y, STC6150-2022, entre otras muchas).
Igualmente debe señalarse, que, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibilizándolo, solo sucede cuando la dilación en activar este mecanismo está debidamente justificada, y en este sentido la Sala en STC3949-2021, señaló,
(…) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición (…).
Sin embargo, en este asunto, no sucede ninguna de las hipótesis reseñadas, puesto que el accionante no mencionó y menos acreditó encontrarse en alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional, tardanza que descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a dicha autoridad con repercusión directa en las garantías fundamentales invocadas.
Y es que, más allá de que el señor Valbuena Velásquez argumente en la impugnación que «la acción de tutela no cuenta con término de caducidad y reitera que el criterio de inmediatez no es rígido, sino flexible, pues no basta el transcurso del tiempo, sino que deben ser atendidas las características personales del accionante, la dificultad técnica del caso y las justificaciones a la eventual tardanza en la proposición de la acción», no demostró circunstancias válidas para justificar su apatía en acudir oportunamente a esta vía excepcional.
De otra parte, y en un acto constitutivo de incuria, desaprovechó el medio que procedía ante el juez natural para procurar la protección de sus garantías fundamentales, por lo que, conforme a lo establecido en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, no puede pretender ahora subsanar su propia desidia, a través de este mecanismo especial de protección.
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurrió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, al decretar la nulidad objeto de queja ha debido interponer el recurso de reposición, conforme lo establece el artículo 318 del Código General del Proceso, y no lo hizo.
Al punto, la Sala de tiempo atrás ha señalado, que
«la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria, tanto más si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le está vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su órbita funcional autónoma y quebrantar el debido proceso» (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC14292-2021, STC2296-2022, STC2818-2022, STC2912-2022 y, STC3871-2022 entre muchos otros).
Y sobre la eficacia del recurso de reposición, la Corte ha expuesto que,
«no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes» (CSJ. STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada STC12585-2016, STC 8909-2017, STC7297-2022 y STC7624-2022, entre muchas.
4. Ahora bien, en lo que atañe a la decisión adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Tebaida de 22 de noviembre de 2021 por la cual dispuso dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia en la providencia de 5 de octubre de 2021, se incumple igualmente el referido presupuesto de la inmediatez, porque como de dejó expuesto, la acción de tutela fue presentada el 23 de junio de 2023.
Por último, en lo que refiere a la decisión 9 de mayo de 2023 mediante la cual el Juzgado a quo aceptó la revocatoria del poder presentada por las demandantes y se abstuvo de «dar trámite a la solicitud realizada por el abogado Víctor Eduardo Duarte Saavedra, recibida vía correo electrónico el 14 de abril de 2023» (derivado 53 PeticiónCeleridad.PDF Cuaderno Principal), se advierte que la acción de tutela resulta improcedente, como pasa a explicarse.
Examinado el expediente se observó que el proceso de simulación No. 2018-00136 fue promovido por las demandantes Hortencia Molina de Valbuena, Ana Ilse, Luz Janeth y Gladis Constanza Valbuena Molina contra los demandados Oscar Ospina Marín, y herederos determinados de Omar Valbuena Hernández, esto es, Omar Antonio Valbuena Velásquez – quien se encontraba representado para el año 2018 por su progenitora Luz Marina Velásquez Benavides-, y Diana Marcela Valbuena Flórez, así como contra los herederos indeterminados de Omar Valbuena Hernández (auto admisorio visto a folio 75 del derivado 01ProcesoEscaneadoPDF).
Así las cosas, es claro que, a Omar Antonio Valbuena Velásquez, no le asiste ningún interés para reprochar la decisión de 9 de mayo de 2023 que aceptó la revocatoria del mandato expresada por las demandantes, en razón a que éste no tiene esa calidad en la acción de simulación, en la que es demandado, aunado al hecho que para la fecha en que se profirió el auto (9 de mayo de 2023), el abogado Víctor Eduardo Duarte Saavedra, tampoco era su apoderado judicial.
5. Conforme a lo señalado, se confirmará la sentencia impugnada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo impugnado.
Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS