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SC-039-2005 [7232]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente:
DR. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá Distrito Capital, veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005).
Ref: Expediente No. 7232
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO y LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, contra la sentencia del 9 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué dentro de los procesos acumulados adelantados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA y otros, contra la SOCIEDAD TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., y otros.
ANTECEDENTES
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué aprehendió conocimiento de la demanda en virtud de la cual FERNANDO y MARIELA QUIROGA BETANCOURT y DEICY y LUZ AMPARO MOSQUERA BETANCOURT, reclamaron frente a la sociedad TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S. A., la indemnización de los perjuicios morales y materiales que sufrieran por causa del fallecimiento de su progenitora ROSARIO BETANCOURT DE QUIROGA.
2. En el mismo Juzgado venía tramitándose con antelación, el proceso ordinario adelantado contra la mencionada empresa y los señores JOSE HUMBERTO SOLANO GONZÁLEZ, en calidad de conductor del automotor accidentado y HUMBERTO TRIANA PALACIOS, de quien se dijo era su propietario, por SEGUNDO FLORENTINO PARADA, EDGAR ENRIQUE, OSCAR y JACQUELINE PARADA BEJARANO y JOSE LUIS LASPRILLA RAMIREZ, quienes, a su vez, buscaban el resarcimiento de los perjuicios que el fallecimiento de sus familiares MARIA DEL CARMEN BEJARANO, ADRIANA GARCIA, NUBIA ESPERANZA PARADA y PAOLA ANDREA LASPRILLA les ocasionaron.
3. Cursaba, igualmente, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad un proceso de similar temperamento adelantado contra la sociedad transportadora y el prenombrado conductor por MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO y MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO, cuya demanda fue oportunamente reformada para darle cabida al demandante LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO.
3.1. Impetraron estos demandantes, ahora recurrentes en casación, una vez reformada la demanda, que se declarase a los demandados civilmente responsables por los perjuicios materiales y morales que sufrieron por causa de la muerte de NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO, LEIDY ZORANYI MARROQUIN RODRIGUEZ y ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ y, subsecuentemente, que se les condenase a pagar a su favor la suma de $98.000.000,oo, ó lo que se estableciese en el proceso como indemnización de los perjuicios padecidos por ellos. Del mismo modo, reclamaron que se ordenara a los demandados pagar los intereses de la suma fijada como indemnización, desde la fecha del daño hasta el momento del pago.
3.2. Apuntalaron estos pedimentos en los siguientes supuestos fácticos:
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ y MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, son los padres de los extintos NUBIA YANETH y YEIMY CATERINE RODRIGUEZ FRANCO y abuelos de LEYDI ZORANYI MARROQUIN RODRIGUEZ Y ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ FRANCO. De igual modo, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, es hermana de aquellos y madre de estos últimos. Finalmente, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO, es la abuela de los fallecidos NUBIA JANETH y YEIMY CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Todos ellos habitaban bajo un mismo techo.
El día 15 de agosto de 1992 el bus de placas SA-7695, conducido por JOSE HUMBERTO SOLANO GONZALEZ y afiliado a TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., transitaba con sobrecupo por la ruta Bogotá – Palo Cabildo (Tolima); y al llegar a la población de Falan, por fallas mecánicas y descuido del conductor, se presentó un incendio que ocasionó la muerte de 28 pasajeros, entre ellos los arriba mencionados parientes de los demandantes.
Agregaron que NUBIA YANETH contaba a la fecha de su muerte 28 años de edad, era soltera, convivía con sus padres, a quienes auxiliaba económicamente, ya que trabajaba en la empresa de flores TUCHANY S.A., con una asignación mensual de $72.033.oo.
3.3. Enterada la empresa transportadora de tales pedimentos se opuso a ellos, negó conocer algunos de los hechos que los apuntalan y dijo desconocer los demás, amén que propuso las excepciones que denominó “caso fortuito” y “pago parcial”, los cuales sustentó, de un lado, en que la conflagración se produjo por un hecho imprevisible e imposible de resistir como lo fue el aflojamiento de “tuercas y racores” causado por el mal estado de la vía y que desembocó en el derramamiento de la gasolina que combustionó con las chispas emanadas de la ignición del motor. De otro lado, aseveró que como el automotor “se encontraba amparado” por una póliza de seguro, los demandantes habían recibido o podían hacerlo, una indemnización equivalente a 600 salarios mínimos.
El otro demandado, a su vez, aceptó la mayoría de los hechos de la demanda y aprobó que se declarase a la transportadora como civilmente responsable, exonerándosele a él de tal pretensión.
4. Por petición de la empresa transportadora, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué ordenó, previa tramitación del incidente pertinente, la acumulación de todos esos procesos, habiendo proferido sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones involucradas en cada uno, providencia que fue recurrida en apelación por la empresa demandada y por dos grupos de demandantes: los aquí recurrentes y los encabezados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA.
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué desató la alzada mediante providencia de 9 de febrero de 1998 en la que reformó algunos aspectos de la decisión recurrida en el sentido de condenar a la parte demandada al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales: “Primero: en favor de MARIA NUBIA FRANCO y VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, la suma de $4’000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de sus hijas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Segundo: En favor de LUZ ELENA RODRIGUEZ FRANCO, la suma de $4’000.000, de pesos, por la muerte de sus hijos LEIDY MARROQUIN RODRIGUEZ y ANDRES E. RODRIGUEZ. Tercero: En favor de MARIA ELENA FRANCO DE FRANCO, la suma de $2’000.000, de pesos, por la muerte de sus nietas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Cuarto: En favor de JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, LA SUMA DE $2’000.000, de pesos, por la muerte de sus hermanas mencionadas anteriormente. Quinto: En favor de SEGUNDO FLORENTINO EMILIANO PARADA, la suma de $6’000.000, de pesos, por la muerte de su esposa MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. Sexto: En favor de EDGAR ENRIQUE, OSCAR y YAKELINE (sic.) PARADA BEJARANO, la suma de $4’000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de su señora madre MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. Séptimo: En favor de JOSE LUIS LASPRILLA, la suma de $7’000.000, de pesos, por la muerte de su esposa LILIA ESPERANZA PARADA BEJARANO y de su hija PAULA ANDREA LASPRILLA BEJARANO. En lo demás, confirmó la sentencia recurrida que había impuesto una condena de $2,871.256 “como perjuicio material emergente” relacionado con el costo de los funerales de algunas de las víctimas.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Agotada la habitual reseña de los antecedentes del litigio, acotó el sentenciador, en su lacónica motivación, que conforme a la doctrina de esta Corporación la conducción de automotores implica el ejercicio de una actividad peligrosa, motivo por el cual la culpa del autor se presume, bastándole al demandante demostrar “quién fue el autor del daño y el nexo causal entre éste y el titular de la actividad peligrosa así como el perjuicio sufrido”. Puntualizó seguidamente que sólo es posible la exoneración del demandado cuando acredite culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un elemento extraño, amén que “en esta clase de responsabilidad” se puede demandar al dueño, al conductor y al empresario, o sea a quienes se lucran de la actividad peligrosa.
Por consiguiente, apuntó que debía llegarse a la misma conclusión del juez a quo en cuanto encontró probada la responsabilidad de la parte demandada, apreciación que se ve reforzada por el fallo condenatorio de carácter penal proferido en contra del conductor y propietario del vehículo, que “constituye cosa juzgada respecto a todos intervinientes, o no dentro del respectivo proceso y que descarta las causales de exoneración” aducidas por la transportadora.
Refiriéndose a los perjuicios reclamados precisó que los mismos deben ser fehacientemente comprobados y que en este caso la condena a pagar los gastos funerarios de las víctimas María del Carmen Bejarano de Parada, Adriana del Pilar Parada, Lilia Esperanza Parada de Lasprilla y Paola Andrea Lasprilla por valor de $2.871.256.oo, junto con su corrección monetaria, se encuentra ajustada a derecho. Al respecto acotó, sin embargo, que se modificaría el fallo recurrido para ordenarse el pago en favor de Víctor Manuel Rodríguez, de la suma de $350.000 junto con la corrección monetaria por los gastos de entierro de Leydi Marcela, Nubia Yaneth, Andrés Enrique y Yeimy Caterine.
Luego de reseñar una jurisprudencia de la Corte, puntualizó que si bien era cierto que se había demostrado que María del Carmen Bejarano de Parada y Esperanza Parada de Lasprilla devengaban un sueldo de $164.160.oo y $86.000.oo respectivamente e, igualmente, que se había acreditado la relación jurídica que los unía con sus cónyuges, no acreditaron éstos, debiendo haberlo hecho, su dependencia económica respecto de aquellas, motivo por el cual debía denegarse como lo hizo el sentenciador de primer grado, la condena por tal aspecto. La misma situación debe predicarse respecto de los perjuicios materiales solicitados por los padres de Nubia Yaneth Rodríguez Franco, quienes tampoco acreditaron la dependencia económica con relación a ella. Tampoco hay lugar a condena por perjuicios materiales derivados de la muerte de los menores de edad que no tenían actividad productiva, ello conforme a jurisprudencia de la Corte.
Refiriéndose a los perjuicios morales señaló que la muerte de una persona provoca un vivo y prolongado sufrimiento a sus parientes más allegados y su valoración está sometida al arbitrio judicial, motivo por el cual entró a justipreciarlos en la forma arriba anotada.
LA DEMANDA DE CASACION
Cuatro cargos enfila el impugnante contra el fallo recurrido, los cuales serán despachados por la Corte en el siguiente orden: primeramente el cuarto que denuncia yerros de actividad del fallador; seguidamente los cargos primero y tercero que se decidirán conjuntamente por las razones que oportunamente se indicaran. Por último se examinará el segundo cargo.
CUARTO CARGO
Con fundamento en la causal segunda de casación, se acusa en él la sentencia recurrida de ser incongruente por haber proferido el juzgador un fallo “mínima petita”.
Sostiene el impugnante que por mandato del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, amén que el artículo 304 del mismo estatuto, al referirse al contenido de la sentencia expresa que ésta en su parte resolutiva deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda.
Del examen del libelo incoativo del proceso y de su posterior reforma, añade, se establece plenamente que en la segunda pretensión se pidió condenar a la sociedad demandada al pago de la indemnización por los perjuicios materiales ocasionados a los demandantes, y así mismo, en la tercera pretensión se solicitó el pago de los intereses sobre las sumas indemnizatorias. En la parte motiva de su providencia estableció el juzgador el ad-quem que debía reconocerse en favor de Víctor Manuel Rodríguez la suma de $350.000.oo, junto con la corrección monetaria por concepto de los gastos fúnebres de Nubia Janeth Rodríguez Franco, Yeimy Catherine Rodríguez Franco, Leidy Zoranyi Marroquín Rodríguez y Andrés Enrique Rodríguez Franco; “pero al reformar la demanda” (sic.) dejó de incluir en la parte resolutiva la precitada condena, como también dejó sin solución alguna la tercera pretensión referida al pago de intereses, contrariando de ese modo lo prescrito en el artículo 1649 del Código Civil.
“La inconsonancia por error de actividad procesal surge así con toda claridad, pues al cotejar lo pedido en la litis con lo resuelto en el fallo acusado, salta a la vista que éste se profirió en defecto (incongruencia negativa), toda vez que si bien es cierto en la parte motiva se estimó y ordenó reconocer el daño emergente, lo cierto es que no se incluyó en la parte resolutiva, donde tampoco hubo proveimiento sobre los intereses deprecados, con lo cual se concedió menos de lo probado: fallo citra petita”.
S E C O N S I D E R A:
1. Sin excluir cualquier otra finalidad que en él pueda advertirse, débese admitir que por medio del proceso judicial lo que se busca es la resolución de una controversia sometiéndola a un juicio de autoridad y cuya decisión apareja la actuación del derecho sustantivo a los hechos que en la causa respectiva resulten definitivamente fijados.
Así, pues, con el proceso se persigue la obtención de una decisión judicial que ponga fin al conflicto, declarando la voluntad del Estado con relación a un caso concreto; y salvo los casos de terminación anormal del proceso o cualquier otra vicisitud asimilable a estos, esa decisión se encuentra en la sentencia. Para asegurarse del cumplimiento de tan trascendental objetivo dispuso el legislador, en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, que ésta debe comprender “una síntesis de la demanda y su contestación”, la motivación, que deberá “limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones…”; y la parte resolutiva, que debe contener “una decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir…”
Sin embargo, no obstante ser diáfana en la ley esa segmentación de la sentencia, ella no puede verse de manera desarticulada, pues según lo ha puntualizado la Corte, la sentencia conforma una “unidad de motivación y resolución, de manera que su fuerza tiene que buscarse en su integridad, de modo que en la motivación está el sustento jurídico de la decisión y no por dejar de reproducir en esta lo que indiscutiblemente se expuso en aquella, puede decirse que se dejó de proveer sobre un extremo de la litis…” (Sentencias del 18 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1992).
Esto es, que si bien no puede negarse que el vigor imperativo de la sentencia debe buscarse en el apartado dedicado a contener las resoluciones del juzgador, “ello no significa que, para analizar el alcance de la parte resolutiva, haya de tenerse en cuenta solamente la forma de esta, como un postulado autónomo, sino que su sentido y alcance han de entenderse en armonía con los fundamentos aducidos en la motivación, en cuanto constituyan los supuestos necesarios o determinantes del pronunciamiento. Y es más: como el objetivo de la función del juez en el proceso de conocimiento es el acto de decisión, en el que se concreta la voluntad de la ley, debe entenderse que ese acto decisorio se recoge, no solamente en el sector del fallo formalmente destinado a servir de sede de la sentencia, sino allí en dondequiera que por ésta se decida algún punto de la controversia, con esa específica significativa y, por lo tanto, con destino a producir fuerza de cosa juzgada sustancial.” (G.J. CXIII, pág. 82).
Es por esto que resulta atinado inferir que la parte resolutiva de una sentencia comprende “no el pasaje del fallo colocado en determinado lugar, sino lo que ha sido objeto de la decisión judicial, cualquiera que sea la forma que revista y el puesto que ocupe en la sentencia. De ahí que la fuerza de la cosa juzgada abarque lo mismo lo que ha sido fallado expresamente como lo que se ha decidido implícitamente. Sólo que esta decisión implícita debe ser de tal naturaleza que ella necesariamente está comprendida por lo que fue objeto de resolución expresa” (G.J. XLIV Pág. 461).
2. Lo anteriormente recapitulado tiene particular connotación en el asunto de esta especie pues es patente que el Tribunal, no obstante que en la parte motiva de su sentencia precisó que debía modificarse el fallo apelado “para reconocer en favor del señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, la suma de $350.000,00, pesos (sic.), más la corrección monetaria, por los gastos de entierro de ….”, a pesar de esa elucidación, se decía, tal condena no se reprodujo en el acápite relativo a la parte resolutiva de la sentencia. Sin embargo, debe entenderse, a la luz de los reseñados criterios, que dicha omisión no puede concebirse como ausencia de decisión sobre el punto, habida cuenta que con indisputable claridad el sentenciador hizo saber cual era, a su juicio, la voluntad concreta de la ley en ese punto del litigio, prescribiendo que la misma debía condensarse en una condena de $350.000,00, junto con la corrección monetaria pertinente.
En ese orden de ideas, no es posible calificar el fallo recurrido de inconconsante, toda vez que, reitérase, muy a pesar que la decisión echada de menos por el recurrente se encuentra en la parte motiva de la sentencia, no por ello puede aseverarse que la misma no existió o que carece de vigor vinculante, pues es innegable que en ella se advierte una resolución nítida e incontestable sobre ese aspecto del litigio, que reúne todas las características de una decisión judicial con fuerza obligatoria.
3. Es evidente, en cambio, que el fallador dejó de ocuparse de la pretensión relativa al pago de “los intereses de la suma que se fije como indemnización desde la fecha del daño hasta el momento real y efectivo del pago”, incurriendo, por ende, en el fallo diminuto por el que se le acusa. Por consiguiente, la sentencia recurrida habrá de casarse para adicionarla en tal sentido.
PRIMER CARGO
También con apoyo en la causal primera de casación, se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria, en forma directa y por interpretación errónea, del artículo 411 del Código Civil; equivocada inteligencia que condujo al juzgador a dejar de aplicar los artículos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del mismo Código.
Refiriéndose a la interpretación errónea por la que se queja puntualizó el inconforme que el Tribunal, al desestimar la pretensión resarcitoria por lucro cesante en relación con la muerte de Nubia Janeth Rodríguez Franco, con fundamento en que no se demostró la dependencia económica de sus padres respecto de la víctima, dijo atenerse a la jurisprudencia asentada por la Corte Suprema de Justicia, pero lo hizo con un sentido distinto a la norma y al fin perseguido por la jurisprudencia reseñada.
Transcribe, a continuación, el impugnante algunas decisiones, proferidas, tanto por esta Corporación, como por el Consejo de Estado, para sostener que de ellas fluye que el Tribunal no estuvo acertado al interpretar el artículo 411 del Código Civil, “pues ciertamente la jurisprudencia nacional presume en los alimentarios el perjuicio material reclamado”, motivo por el cual los padres de Nubia Janeth Rodríguez Franco están legitimados para pedir la indemnización por lucro cesante, en razón del perjuicio económico sufrido por la muerte de la hija, quien les brindaba ayuda, quedando este punto suficientemente establecido con la demostración del vínculo jurídico que la unía a ellos con la causante y con la capacidad de sostenimiento de ella, todo lo cual está acá probado, aunque, precisa, la discrepancia con el fallo recurrido no es de carácter fáctico, sino “en el ámbito de la inteligencia de la norma (error in judicando), y no en cuanto a los presupuestos de hecho, ya que en este terreno hay total identidad con la decisión”.
Lo que se evidencia es el yerro hermenéutico del sentenciador en la aplicación del artículo 411 del Código Civil, pues resulta claro que a esta norma se le dio un sentido y alcance que no tiene, lo que, a su vez, condujo a la violación de los artículos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil, porque cuando declaró la responsabilidad civil “aquiliana”, lo hizo en cuanto entendió que se reunían sus elementos estructurales, como son el daño, la culpa y la relación de causa a efecto entre ambos, debió, igualmente, aplicar tales reglas legales, para así dispensar la tutela jurídica incoada por los padres de Nubia Janeth Rodríguez Franco, haciendo imperativo el resarcimiento integral de los perjuicios sufridos por ellos a raíz del trágico deceso de su hija.
TERCER CARGO
Con fundamento en la causal primera de casación, se denuncia en él la infracción indirecta del artículo 411 del Código Civil y como “violación medio” la del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. La indebida aplicación de aquél precepto se originó, según el censor, en el error de derecho en que incurrió el Tribunal al apreciar las pruebas, equivocación que, a su vez, lo condujo a dejar de aplicar los artículos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil.
Refiriéndose a la aplicación indebida del artículo 411 del Código Civil, señaló el recurrente que el Juzgador al confirmar la apelada negó la indemnización de los perjuicios materiales reclamados por los padres de Nubia Janeth Rodríguez Franco, “por no haberse demostrado la dependencia económica respecto de la víctima”. No obstante, aunque el Juzgador dijo basar su providencia en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hizo caso omiso de ella, pues según ésta corresponde a quien desconoce la legitimación del demandante demostrar no sólo el hecho del incumplimiento de los alimentos, sino también la extinción futura de dicho derecho o la imposibilidad absoluta de su satisfacción.
Agrega el censor, no sin antes citar alguna sentencia de esta Corporación, que el perjuicio económico ocasionado a los padres de Nubia Janeth por la muerte de su hija que les brindaba apoyo queda demostrado “con el vínculo jurídico de la relación familiar existente entre la causante y ellos”, el cual está acreditado en el proceso y no fue echado de menos por el juzgador ad-quem, motivo por el cual sobre el punto no hay controversia con la sentencia impugnada. El error de derecho “manifiesto” en que incurrió el Tribunal surgió al apreciar el acervo probatorio, “toda vez que para la prueba de los perjuicios por lucro cesante exige la demostración de la dependencia económica, prueba ésta que legalmente no se requiere, en tanto que deja de apreciar la prueba que la ley considera suficiente, como es el caso de los registros civiles que acreditan el parentesco y defunción de la causante, lo mismo que la certificación sobre la productividad de Nubia Janeth, con lo que se hace patente la violación medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que ordena apreciar las pruebas en conjunto, y consecuentemente dicho quebranto conduce a la violación indirecta del canon 411 del Código Civil por aplicación indebida, en cuanto esta norma presume los perjuicios en los alimentarios, máxime cuando el fallo acusado constituye su único fundamento en la exigencia de la prueba de la dependencia de subsistencia”.
S E C O N S I D E R A:
1. Como es patente en la sinopsis que de ambos cargos se hiciera, en ellos subyace como argumento medular que el Tribunal malinterpretó el artículo 411 del Código Civil, por no inferir de tal regla jurídica que la ley presume los perjuicios materiales sufridos por los padres, originados en la muerte de sus hijos, sólo que dicha acusación, que en el primer cargo es frontal, en el tercero, no obstante ser notorias las deficiencias de índole técnica en la formulación del cargo, se encuentra encubierta detrás de hipotéticos yerros de apreciación probatoria; empero, siendo innegable la señalada coincidencia la Corte despachará conjuntamente tales imputaciones.
2. No cabe duda alguna que en nuestro ordenamiento el daño es uno de los elementos medulares de la responsabilidad civil, al punto que todo esfuerzo por establecerla se torna vano si no existió un perjuicio, o si éste no se pudo probar o determinar; de ahí que deba concluirse sin titubeo alguno que no puede existir responsabilidad civil sin daño; por supuesto que la obligación de reparar un perjuicio no entraña cosa distinta que la necesidad de trasladar a otro los efectos nocivos del detrimento sufrido por la víctima a raíz de un determinado acontecimiento, todo ello dentro de un contorno de equidad, equilibrio y solidaridad.
Pero, además, no basta con alegar y demostrar cualquier menoscabo, pues el compromiso asumido por el actor es el de acreditar la existencia de un perjuicio cierto, o sea aquél que comporta la lesión de un interés real y verdaderamente existente, con tal grado de certidumbre que pueda establecerse que por razón del hecho de cuyo acontecimiento el demandante se duele, su situación sufrió un deterioro; circunstancia que, desde luego, excluye las simples conjeturas o el detrimento meramente hipotético o eventual.
De modo que si se trata de reclamar el daño material sufrido por la muerte de un hijo, no le es suficiente a los padres demostrar el vínculo de parentesco que los une con el fallecido, sino que, además, deben acreditar que al momento de su deceso, su subsistencia dependía total o parcialmente de él, puesto que de no ser así, esto es, si no derivaban de él su sustento o no recibían de éste contribución alguna para su manutención, no puede decirse que su fallecimiento les hubiese ocasionado un detrimento patrimonial, desde luego que si ninguna ayuda económica les brindaba el hijo, con su muerte nada dejan de percibir. Podría replicarse que los padres perdieron la posibilidad de reclamar de su descendiente su asistencia, en caso de hacerse ella necesaria, mas se trataría, en ese evento, de un daño hipotético, ya que se fincaría en meras conjeturas como, por ejemplo, que los padres llegaren a verdaderamente necesitar algún día la ayuda económica del hijo, o que éste estuviese en posibilidad, para esa época, de concedérsela.
Por consiguiente, quien reclame la existencia de un perjuicio derivado de la pérdida de un auxilio económico debe acreditar que lo recibía, pues no existe precepto legal alguno que exonere, en la hipótesis de que se ha venido hablando, a los padres de probar la existencia del daño que reclaman, mucho menos el artículo 411 del Código Civil, de cuyo contenido no se vislumbra, ni por asomo, una inferencia de ese talante.
Otra cosa es que, en determinados casos, francamente excepcionales ( por ejemplo la sentencia del 24 de junio de 1996), la Corte, dentro de las limitaciones propias del recurso extraordinario de casación, no hubiese estimado como contrarias a la evidencia aquellas inferencias de los juzgadores de instancia por medio de las cuales, estos, atendiendo las singularidades del asunto sometido a su examen, coligieron de algunos supuestos de facto propios del mismo, mediante una presunción de hecho, no legal, que el aludido auxilio económico realmente se proporcionaba. Trátase, consecuentemente, de “praesumtiones hominis o facti”, de las que se vale el sentenciador para formarse, de la mano de las reglas de la experiencia, el convencimiento necesario para decidir un litigio, atendiendo para tal efecto el giro normal o usual de los acontecimientos. Como es sabido, dichas presunciones judiciales aparejan una inferencia lógica del fallador que le permiten adquirir convencimiento acerca de la existencia de un hecho hasta entonces desconocido, con fundamento en otros demostrados en el proceso, auxiliándose para tal efecto de las reglas de la experiencia que le indican la forma como suelen ocurrir un determinado acontecimientos.
Mas, como arriba se ha puntualizado, dichas deducciones obedecen a razonamientos de índole probatoria del juzgador y que, en cuanto tales, tienen como punto de partida un hecho o una situación debidamente probada en el proceso. En consecuencia, como no se trata de una presunción prevista en la ley, su omisión no apareja una violación directa de ésta.
Resulta palmario, entonces, que si a juicio del censor el Tribunal debió arribar a una inferencia de esa índole, su eventual omisión no puede denunciarse como una infracción directa de la ley, pues ya está visto que no existe norma alguna que consagra una presunción de ese linaje, sino que, por el contrario, debió denunciar el desconocimiento de las pruebas que en su entender eran demostrativas de los hechos que le habrían permitido al sentenciador alcanzar la anotada deducción. Por tal razón el cargo primero de la demanda no puede abrirse paso.
3. Tampoco prospera el cargo tercero porque, si bien se anunció como la imputación de la infracción indirecta de la ley, los argumentos que lo soportan son los mismos que estructuran el cargo que acaba de denegarse. Y aunque se advierte en él que el recurrente denunció la violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo que el sentenciador no valoró las pruebas en conjunto, lo cierto es que se abstuvo de precisar en qué consistió el yerro denunciado, tarea que, como es sabido, “entraña poner en evidencia que la labor valorativa del juez fue ajena al análisis de conjunto requerido por el precepto en comento, es decir, poniendo de manifiesto que la apreciación de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias” (Casación del 13 de octubre de 1995), nada de lo cual ocupó la atención del recurrente.
Puestas así las cosas, es patente que los reproches no se abren paso.
SEGUNDO CARGO
Igualmente apuntalado en la causal primera de casación, se acusa en él la sentencia impugnada de ser directamente violatoria del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, por haberse dejado de aplicar dicho “precepto sustancial”.
Aseveró al respecto el censor que el aludido artículo 307, modificado por el Decreto 2282/89, artículo 1° numeral 137, en tono imperativo le ordena al superior extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. En este caso el fallador ignoró tal precepto en relación con el mandato de indexar la condena por daño moral relativa a las muertes de Nubia Janeth y Yeimy Catherine Rodríguez Franco, Leidy Marroquín Rodríguez y Andrés Enrique Rodríguez, pues aunque encontró fundado el “pretium doloris” en los demandantes y acogió esta pretensión, no actualizó la condena conforme lo ordena la precitada norma.
El artículo 16 de la Ley 446 de 1998, añade, complementa el artículo 307 del estatuto adjetivo civil al disponer que “… ‘la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’”. En consecuencia, al proferirse el fallo de segunda instancia en la forma indicada, se conculcó directamente el citado artículo 307 y con ello se produjo al respecto una condena en cuantía inferior a la realmente debida por la demandada, dado que la jurisprudencia ha dicho que toda la obligación que se soluciona mucho tiempo después de su exigencia, debe llevar implícita la corrección monetaria.
Para concluir acota que el reparo formulado es por el error jurídico cometido, luego se trata de “una controversia de puro derecho que no involucra confrontación sobre conclusiones fácticas del ad-quem, amén de que no hay lugar a invocar otro concepto diferente de violación”.
S E C O N S I D E R A:
1. Como es diáfano en la síntesis que del cargo se ha hecho, el impugnante se duele de la violación directa del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, asumiendo para tal efecto que dicho precepto es de índole sustancial.
Empero, es patente, que la Corte, cuando en pretéritas ocasiones sostuvo que la norma en comento alcanzaba la citada calidad se atuvo a la estructura y función que ella tenía antes de la reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, infiriendo el rango sustancial de la misma en que no se conformaba con señalarle al juez un determinado comportamiento al proferir la sentencia condenatoria, sino que, además, consagraba en favor de los litigantes el derecho a que la condena fuese en concreto o en abstracto, dependiendo de que del acervo probatorio existente en el proceso permitieran o no conocer con precisión el monto o cuantía de la prestación reconocida.
Empero, como oportunamente puntualizara la Corte, “…Con ocasión de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989 al C. de P.C., el artículo 307 fue materia de una profunda y radical transformación. Su expresión actual, en los apartes que interesan para el despacho del presente cargo, es la siguiente: ‘La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin…. De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, constituye falta sancionable conforme al régimen disciplinario…’.
“Ahora bien, tampoco se puede negar, pues ello brota con toda nitidez de la innovación legislativa, que la norma, en su nueva formulación, contiene una pauta para el juez, como que le señala el camino a seguir a fin de que la condena, cuando haya lugar a proferirla, lo sea de manera concreta. Y si alguna duda pudiere subsistir en torno a la condición de regla de conducta para el juez que se le adscribe, ella se disipa observando que el inciso últimamente transcrito dice que el juez incurre en falta reprimible disciplinariamente cuando se abstiene de proceder según se le indica en la regla legal”.
Y más adelante destacó que sin con anterioridad a la reforma se sostuvo tal cosa, “hoy ya no es posible por la sencilla razón consistente en que el supuesto sobre el cual se levantaba el derecho deducido por la jurisprudencia ha desaparecido. Con mayor aproximación, si antes se planteaba una alternativa entre que la condena pudiera ser en concreto o en abstracto, extremos de los que se hacía depender la condena cuando se juzgaba pertinente su proferimiento, hoy ya las cosas no pueden asumir ese cariz, como que la cantidad y el valor determinados, de los que habla el precepto, han dejado de ser aspectos postergables del derecho, para convertirse en elementos cuya definición tiene que marchar a la par con el de la presencia misma del concepto respectivo, o sea, para el caso, con la del perjuicio” (Sentencia del 29 de noviembre de 1993).
2. Resulta axiomático, en consecuencia, que habiendo fincado el censor la acusación sobre la violación del aludido artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, el cargo deviene en defectuoso por no haberse dolido en él del quebrantamiento de una norma de rango sustancial; desde luego que, como ha quedado dicho, la citada disposición legal carece actualmente de tal calidad, debiéndose subrayar, por el contrario, como allí se hizo, su carácter instrumental, esto es, de regla orientadora de la actividad procesal del juez, motivo por el cual su transgresión no puede alegarse por ninguna de las causales previstas por el legislador para denunciar errores de juicio del juzgador, como aquí ha sucedido.
Subsecuentemente, el cargo no se abre paso.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
Como quiera que prosperó el cuarto cargo de la demanda de casación, en el que el recurrente se quejó porque el sentenciador se abstuvo de pronunciarse sobre los intereses reclamados y siendo que a ellos hay lugar por ser tal la ganancia que el demandante VICTOR MANUEL RODRIGUEZ dejó de percibir por el dinero que dispuso para los funerales de sus parientes, se impone adicionar el fallo recurrido en tal aspecto.
DECISION
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia del 9 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué dentro de los procesos acumulados adelantados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA y otros, cuyos nombres ya se indicaron, contra la SOCIEDAD TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., y otro, en los términos anotados en su oportunidad; y, actuando en sede de segunda instancia, dispone adicionar el fallo recurrido para condenar a la parte demandada a pagar un interés del 6 % anual sobre la suma de $350.000,00 que, junto con su corrección monetaria, se ordenó satisfacer en favor del demandado VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, a partir de su desembolso.
Sin lugar a costas en el recurso de casación
Cópiese y Notifíquese
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
SILVIO FERNANDOTREJOS BUENO
CESAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA