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SC-048-2005 [14033]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
Bogotá D. C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005).
Referencia: Expediente No. 14033
Se decide por la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 16 de mayo de 2000, corregida el 23 de junio siguiente, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario adelantado por Miguel Fernando, Dora Libia, Gloria Efigenia y Rubén Darío López Ocampo, María Libia Ocampo Gutiérrez y Luis Gilberto López contra Juan Pablo Ocampo Alzate, quien llamó en garantía a la Compañía de Seguros Colmena S. A.
I. EL LITIGIO
1. Pretenden los demandantes que se declare que el demandado es civilmente responsable de los daños y perjuicios materiales ocasionados por el accidente de tránsito del que fue víctima Miguel Fernando López Ocampo; y en consecuencia se le condene a pagar $1.000.000 por daño emergente, $31.835.466 por lucro cesante, $6.000.000 por perjuicios fisiológicos y $ 76.224.000 por perjuicios morales, o las sumas que llegaren a probarse, debidamente reajustadas con base en los índices de precios al consumidor, junto con los intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.
a) Siendo las 9:20 de la mañana del día 27 de junio de 1993, Miguel Fernando López Ocampo conducía una motocicleta en la que viajaban como pasajeros María Eugenia Gaviria Ayala y el menor de edad Darwin Alexis Gómez Gaviria, cuando fue golpeado violentamente por el vehículo de placas KBI 474, lanzándolo contra otro automotor, en el cruce de la calle 49 con carrera 32 de la ciudad de Medellín.
b) El vehículo causante del accidente, “conducido por su propietario”, huyó del lugar de los hechos pero en el sitio quedó el “bomper” de dicho automotor con su correspondiente placa.
c) A raíz del accidente en mención, fallecieron los pasajeros de la motocicleta que conducía Miguel Fernando López Ocampo, y éste desde entonces quedó con serios quebrantos de salud que le impiden volver a desarrollar una vida corriente, toda vez que sufre incapacidad permanente para desempeñar cualquier actividad de carácter laboral, por lo que los perjuicios que se reclaman lo incluyen a él, a su progenitor y a sus hermanos.
3. El demandado se opuso a las pretensiones tras de afirmar que el lesionado conducía bajo los efectos del alcohol, con un pasajero más al permitido por las autoridades de tránsito y sin que para el momento del accidente portara los documentos que indicaran “que estaba capacitado para conducir tal automotor”. Adicionalmente sostuvo que el vehículo de su propiedad había sido hurtado momentos antes del accidente, motivo que tuvo en cuenta la justicia penal para eximirlo de responsabilidad, por consiguiente, formuló las excepciones de mérito que denominó “culpa exclusiva de la víctima”; “culpa exclusiva de un tercero”; “hecho de un tercero”; “compensación de culpas”; “fuerza mayor y caso fortuito”, “temeridad y mala fe”, y las demás que resulten probadas.
La compañía llamada en garantía, por su parte, también se opuso a las pretensiones y planteó en su defensa la inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa, las exclusiones contempladas en la póliza y el límite de la obligación.
4. La primera instancia concluyó con sentencia desestimatoria de las súplicas de la demanda, contra la cual apeló sin éxito la parte demandante, pues el tribunal la confirmó.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1. En lo de fondo, el sentenciador hace ver que los hechos en que se sustenta la demanda tienen que ver con la concurrencia del ejercicio de actividades peligrosas y que por consiguiente no es aplicable el artículo 2356 del Código Civil, sino el 2341 ibídem, motivo por el cual la víctima demandante debe entrar a probar el elemento subjetivo de la culpa del demandado; sin embargo, éste demostró que momentos antes del accidente el automotor causante del mismo le había sido hurtado por sujetos desconocidos.
2. Seguidamente hace mención de las copias del proceso
penal, que concluyó con la providencia de 23 de agosto de 1994 en la que se ordenó la preclusión de la investigación iniciada por la ocurrencia de estos mismos hechos, decisión que favoreció tanto al ahora contradictor como al propio actor también investigado penalmente por conducir la motocicleta donde viajaban los pasajeros muertos.
Se refiere luego a los testimonios de Catalina Ocampo, hermana de Juan Pablo, Ernesto Flórez, administrador del parqueadero donde se encontraba el vehículo hurtado antes del ilícito y Albeiro Jiménez, quien acompañó a aquel a denunciar su desaparición, para concluir que “corroboran que el demandado no conducía el automotor cuando se presentó el accidente porque en las primeras horas de la mañana se lo habían hurtado”.
En esas condiciones, da por probado que por razón del hurto tantas veces mencionado, en el momento del accidente el automóvil no iba conducido por el accionado, siendo un tercero el causante del daño, convicción probatoria que no sufre merma ni aun de frente a las contradicciones existentes en torno a la efectiva ocurrencia del referido ilícito, por cuanto aunque existen evidentes inconsistencias en las declaraciones que se refieren a ese suceso, éstas no trascienden la categoría de indicios leves “impidiendo la operación lógica de inferencia que constituye el medio probatorio comentado”, de suerte que la conclusión de los recurrentes, en el sentido de que el hurto no quedó suficientemente probado, aunque posible, no excluye la coexistencia con otras deducciones, dado que de todos modos no existe “prueba plena que permita ubicar temporalmente, en el momento del choque, al demandado”.
3. En esas condiciones, el sentenciador sostuvo que la
actividad peligrosa la ejercía una persona diferente a la parte pasiva, lo que releva a ésta de responsabilidad frente al hecho, como así quedó definido en la acción penal que para el caso de la acción civil tiene pleno efecto de cosa juzgada por ser decisión de carácter absolutorio en la que se concluyó que el hecho no lo cometió el sindicado, lo que le lleva a confirmar la decisión de primer grado.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
1. Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia impugnada de violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 2341, 2342, 2343, 2347 y 2356 del Código Civil, a consecuencia de haber incurrido el fallador en errores de hecho en la apreciación de la demanda, la contestación, los testimonios de Ana Catalina Ocampo Alzate, Ernesto Flórez Alvarado y Rafael Albeiro Jiménez Zapata y en el interrogatorio de parte del demandado.
2. La secuencia de errores que se denuncia parte del hecho de haber encontrado probado, sin estarlo, que Juan Pablo Ocampo no tenía la esfera de dominio del vehículo causante del accidente, lo que le llevó a dar por probada la excepción de culpa exclusiva de un tercero que le condujo a inaplicar, en consecuencia, las normas sustanciales referidas, previa su absolución, a pesar de haber encontrado probada no sólo la existencia del accidente, sino también que como consecuencia del mismo sufrió perjuicios el actor.
La conclusión referida deviene de haber incurrido en los
siguientes yerros en cuanto a la apreciación de las pruebas:
a) Tuvo en cuenta la declaración rendida en el proceso penal por Ana Catalina Ocampo Alzate, hermana del demandado, a pesar de que ésta no compareció a la audiencia de testimonios celebrada dentro del presente proceso civil, motivo por el cual la parte demandante no pudo contradecir dicha versión.
b) También tuvo como soporte el testimonio de Ernesto Flórez Alvarado, a pesar de que a éste, por ser trabajador indirecto de la parte demandada, “le asisten razones para mentir”.
c) Adicionalmente, la conclusión a la que arribó el tribunal, dejó de considerar que no se probó la diligencia y cuidado que ha debido desplegar el propietario del automotor para evitar su hurto.
d) Tampoco apreció que ni la víctima del atraco ni sus familiares informaron inmediatamente del punible, a pesar de que la ciudad de Medellín cuenta con mecanismos policivos apropiados para procurar la reacción inmediata contra ilícitos de tal naturaleza, toda vez que de la prueba documental se deduce que el denuncio se puso sólo a las 10:10 a.m. del 27 de junio de 1993, “es decir, después de ocurrido el accidente”, y que el vehículo fue recuperado “el mismo día del accidente cerca al lugar de los hechos el cual coincide con cercanías del lugar de residencia del demandado”.
e) No tuvo en cuenta las “innumerables contradicciones” en que incurrieron los testigos, que no permiten “inferir que el demandado no tenía la custodia del vehículo”, las cuales se desprenden de la diligencia de indagatoria del demandado, de las declaraciones de Rafael Albeiro Jiménez Zapata, Ana Catalina Ocampo Alzate, Alvaro Diego Jiménez Zapata y Ernesto Flórez Alvarado y del recurso de reposición del defensor Jaime Pérez Restrepo.
Las aludidas contradicciones las hace consistir en que no coincide ninguna de las versiones del ofendido del hurto en lo relacionado con el recorrido que hizo antes del ilícito; en que no es factible que al ser amarrado de manos únicamente, no haya caminado hasta un lugar público cercano; en la parquedad del testimonio de su hermana y en el hecho de equivocar ésta el número telefónico de su deudo; y porque es absurdo que siendo tantas las personas conocedoras del hurto, no hubiesen informado con prontitud sobre el hecho “y dejar al menos un registro de que dicho vehículo sí había sido hurtado”.
3. Adicionalmente, el recurrente aduce que la sentencia absolutoria de carácter penal se profirió en favor del accionado pero en relación exclusiva con el homicidio de las personas que viajaban como pasajeras de la motocicleta accidentada, motivo por el cual el tribunal incurrió en yerro al valorar la demanda por cuanto dedujo que en ella se reclama la indemnización por los aludidos fallecimientos, cuando la reclamación que se hace en este proceso se refiere únicamente a las lesiones personales de Miguel Fernando López Ocampo, “las cuales no fueron falladas en el proceso penal”; de manera que de haber apreciado en debida forma el escrito introductorio y la prueba obrante en el plenario, el tribunal habría tenido que admitir que se encuentran probados todos los elementos causantes del daño y que la sentencia penal no surte efectos en relación con el hecho de que trata este proceso civil, de manera que el fallo ha debido declarar la responsabilidad del demandado, “ya que los hechos y los perjuicios fueron demostrados fehacientemente”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Después de descartar para este asunto la aplicación de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de las actividades peligrosas, por considerar que no se está en presencia de una culpa presunta sino frente al fenómeno de la responsabilidad subjetiva, quedando en tal circunstancia a cargo del demandante la prueba de la conducta culposa del demandado, la base probatoria del fallo impugnado la hizo consistir el tribunal en que: 1º) no se demostró la participación del demandado como autor del accidente de tránsito, ni su responsabilidad como propietario del automóvil, por cuanto éste le había sido hurtado antes de la ocurrencia del mismo, siendo entonces un tercero quien causó el daño cuya reparación se reclama; y 2º) en que la jurisdicción penal absolvió al demandado precisamente por no haber sido él quien cometió el ilícito, decisión que en sentir del ad quem surte plenos efectos de cosa juzgada respecto de la presente acción civil.
2. En esas condiciones, le corresponde al recurrente destruir íntegramente ambos argumentos, para hacer ver como única posibilidad probatoria emergente del proceso la autoría y culpa del accidente en cabeza del contradictor, y que los susodichos efectos de la cosa juzgada penal absolutoria no tienen cabida aquí.
En ese sentido, el recurrente centra inicialmente su actividad
en tratar de erosionar la tesis en virtud de la cual el tribunal dedujo que el demandado se exoneró del hecho ilícito porque éste lo cometió un tercero, y para tal fin hace énfasis en que el sentenciador apreció erróneamente las pruebas, puesto que de ellas emana que la sustracción del automotor de propiedad del demandante fue un hecho que no quedó suficientemente demostrado.
3. Bajo dicho prisma, importa resaltar que el recurso evidencia un defecto técnico porque la acusación no comprende todos los fundamentos en que descansa el fallo impugnado.
En efecto, el impugnante hace énfasis en las deficiencias probatorias en torno a la demostración del hurto del vehículo, o incluso en la prueba que en su sentir evidencia la culpa o negligencia del accionado en la ocurrencia de tal hecho, todo con el fin de propender porque se descarte el eximente de responsabilidad consistente en que el accidente sucedió por culpa exclusiva de un tercero, pero omite combatir el argumento relativo a que no existe de todos modos plena prueba de la presencia del demandado como sujeto activo del accidente de tránsito, afirmación que ciertamente el censor pasa completamente por alto cuanto que no hace ninguna referencia a ella.
En lo último, ningún ejercicio dialéctico prodigó el recurrente, lo que sella la suerte adversa del cargo para obtener el quiebre del fallo acusado por ser incompleto, toda vez que la censura se quedó en el umbral por no aportar ningún elemento de juicio destinado a demostrar que, aun llegándose a establecer que no ocurrió el delito, existen pruebas suficientes para deducir que el causante del accidente fue Juan Pablo Ocampo Alzate y no otra persona; a todo lo cual se agrega la contradicción visible en el recurrente, y que consiste en que tras de imputarle al tribunal error por no haber considerado que no se probó la diligencia y cuidado que debió desplegar el propietario para evitar el hurto de su vehículo, a renglón seguido se ampara esencialmente en la inexistencia misma del ilícito, lo que hace inconsistente la acusación.
4. Se añade a lo anterior que otro de los fundamentos cardinales del fallo impugnado estriba en la absolución que favoreció al señor Ocampo Alzate en el trámite penal que se siguió contra ambos conductores – del automóvil y de la motocicleta -, por muerte y lesiones que tuvieron origen en el accidente de tránsito; y contra ese fundamento el único reparo que formula el impugnante estriba en que allí se investigaba la muerte de terceros y no las lesiones personales padecidas por el demandado, proposición esa que además de no corresponder enteramente a la realidad, tampoco alcanza a trascender para desvanecer los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria.
Así, es evidente que la providencia penal emanada de la fiscalía local correspondiente (folio 197), alude a un sumario por el delito de “homicidio y lesiones personales en Acc. De Tto”, y menciona como sindicados a “Juan Pablo Ocampo Alzate” y a “Miguel Fernando López Ocampo”, para finalmente calificar el mérito del mismo en sentido absolutorio a favor de ambos conductores.
En esas condiciones, a simple vista se advierte que no tiene soporte jurídico escindir las lesiones personales sufridas por el propio demandante, dentro de la acción penal que también por homicidio culposo se siguió teniendo como sindicados a los conductores del automóvil y la motocicleta, quienes en últimas resultaron absueltos; y aunque se tratara de causas diversas, que en verdad no lo fueron, lo cierto es que provienen de un mismo hecho que fue objeto de investigación y respecto del cual se concluyó que ninguno de los investigados tenía responsabilidad, por lo que válidamente es pertinente extender los efectos de la cosa juzgada penal a la acción de reparación civil intentada en este proceso.
5. Por lo demás, para rebatir ese desacertado argumento de la censura, no debe olvidarse que “la autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil descansa en el principio de orden público que lleva al juez a actuar en función de la tutela que dispensa el derecho penal, y que en principio no puede abandonarse a la actuación de los particulares…y es por ello, también, por lo que el fallo penal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, no sólo en cuanto al hecho en que la acción penal se funda, su calificación y la participación y responsabilidad del sindicado, sino también respecto de todas aquellas acciones que, como la del resarcimiento del daño, tengan su fundamento en hechos enjuiciados por el juez penal…” (G. J., T. LXX, pág. 234).
Además, el esfuerzo dialéctico desplegado por el recurrente resulta inane de cara a debatir el aspecto de la sentencia relativo al valor de la cosa juzgada penal en lo civil, porque siendo tal tema de índole meramente jurídica, la impugnación debió darse en el ámbito de la vía directa, pues la trasgresión de la ley –si es que se diera- no provendría de una desacertada comprensión de los hechos y de las pruebas, sino del alcance de las normas sustanciales llamadas a gobernarlo, en particular de aquellas que le dicen al juzgador civil hasta dónde queda sujeto a las determinaciones de la justicia penal.
6. Y si en los términos explicados queda incólume el valor de cosa juzgada penal absolutoria que para efectos civiles le dio el tribunal a la definición comentada de la fiscalía, pues ningún otro aspecto blandió el recurrente contra la extensión de tales efectos, se torna superfluo que la Corte se refiera a los demás yerros probatorios denunciados que, amén de venir expuestos al modo de un alegato de instancia, tratan de desvirtuar con elementos de juicio que no alcanzan para sustituir las razones en que se apoya el fallo impugnado para concluir que hubo sustracción del vehículo, soslayando, como se anotó, la falta de demostración de la presencia del demandado como autor de hecho causante de las lesiones que lo fue el accidente de tránsito y no el hurto propiamente dicho.
7. Se sigue de lo anterior, sin más, que el cargo no está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso de la referencia.
Condénase en costas a la parte impugnante, las cuales se tasarán en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE