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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
AC142-2014
Radicación n° 11001-31-03-013-2008-00266-01
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza frente la sentencia de 28 de junio de 2013, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana y Justiniano Arbeláez Almanza, así como los impugnantes, contra Agripina León de Forero.
ANTECEDENTES
1. Los promotores pidieron declarar que la demandada es poseedora de un inmueble localizado en la AK 30 N° 8-08 sur de Bogotá, con folio de matrícula 50S-173302, y ordenar su restitución a los propietarios inscritos, con los frutos percibidos y dejados de percibir (folios 47 y 48, cuaderno 1).
1. La contraparte, una vez notificada, se opuso a las pretensiones y excepcionó «falta de legitimación en la causa» (folios 132 al 138, cuaderno 1). Simultáneamente, formuló reconvención por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio sobre el bien reclamado (folios 99 al 104, cuaderno 2).
1. Los gestores reaccionaron alegando como defensas las de «falta de legitimación sustancial y procesal para demandar por existir cosa juzgada material para este asunto» e «inexistencia de usucapión por falta de los requisitos legales» (folios 116 al 119, cuaderno 2). El curador ad litem designado a los interesados en la pertenencia, se estuvo a lo que se demostrare (folios 137 al 139, cuaderno 2).
1. Estando en curso el decreto y práctica de pruebas, el apoderado común de todos los accionantes renunció a seguirlos representando, lo que se aceptó en auto de 23 de febrero de 2009 (folios 143 y 144, cuaderno 1). Únicamente designaron nuevo mandatario Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza (folios 149, 150 y 154, cuaderno 1).
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en fallo de 29 de agosto de 2012, accedió a las pretensiones de la acción de dominio y negó las de pertenencia; ordenó la entrega del inmueble a los reivindicantes, así como el pago a su favor de noventa millones ochocientos dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos con setenta y dos centavos ($90’816.889,72) por frutos; y condenó a los propietarios inscritos pagar a la poseedora cuatrocientos veintinueve millones seiscientos mil pesos ($429’600.000), a título de mejoras (folios 279 y 280, cuaderno 1).
1. El vocero judicial de Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza recurrió en casación (folio 30, cuaderno 3).
En relación con esa impugnación se presentaron las siguientes situaciones:
a. En proveído de 26 de julio de 2013, se designó perito para justipreciar el «interés a recurrir de los aquí demandantes” (folios 32 y 33, cuaderno 3).
a. La auxiliar nombrada rindió la experticia el 12 de septiembre de 2013, señalando un avalúo de un mil ochocientos catorce millones cuatrocientos mil pesos ($1.814’4000) al bien en litigio (folios 42 al 74).
a. El Tribunal, en pronunciamiento de 9 de octubre de 2013, concedió «el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante principal» y ordenó la expedición de copias, a costa de los impugnantes, «para los fines de la ejecución» de la sentencia (folios 75 al 77, cuaderno 3).
CONSIDERACIONES
1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el cumplimiento de rigurosos requisitos, en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado.
Es así como se debe verificar la oportunidad en su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que le asiste al opugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
La decisión de admitir este medio de contradicción, por ende, lleva implícito un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte estén satisfechos. De no ser así, deben retornar las actuaciones al juzgador para que se solucionen los aspectos que lo tornan prematuro.
Esta Corporación en auto de 31 de julio de 2012, Rad. 2012-00264, dijo que
(…) se le ha atribuido competencia para decidir sobre la admisión del recurso de casación, facultad que implica no solo verificar los requisitos legales para ello, sino también auscultar la labor del Tribunal con el fin de constatar que la concesión se ajustó al ordenamiento jurídico, por manera que si se evidencia que el ad quem se apresuró al conceder el recurso extraordinario, dicha determinación no obliga a la Corte a admitir el recurso de casación, etapa distinta y posterior a la surtida ante el juzgador de segundo grado.
1. La labor de establecer el quantum del perjuicio que legitima al opugnante para disentir de las sentencias susceptibles de casación, corresponde al funcionario encargado de conceder el ataque.
Sin embargo, en caso de que existan inconvenientes en su determinación, la ley adjetiva contempla la posibilidad de acudir al apoyo de un profesional especializado, para que rinda una experticia en las materias que son ajenas al fallador. Ese medio de convicción, si bien es inobjetable, debe ser obtenido bajo las normas que gobiernan la prueba pericial, para su valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
De tal manera que rendido el dictamen, de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, «se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare», pues, de omitirse este paso, no quedaría sometido a contradicción y por ende adolecería de una irregularidad que imposibilita tasarlo.
La Corte en auto de 6 de marzo de 2012, Rad. 2006-00005, advierte sobre el particular que:
La debida concesión del recurso de casación está condicionada, entre otros factores, por el valor actual del agravio que la sentencia acusada le hubiere ocasionado al impugnante (artículo 366 del Código de Procedimiento Civil), el cual puede ser establecido o acreditado, ya con soporte en los medios probatorios que obren en el proceso, ora con apoyo en un dictamen pericial ordenado para tal efecto, cuando aquel “no aparezca determinado”, según lo precisa el artículo 370 ibídem (…) Cumple recordar que el referido justiprecio está sometido, como es natural, a las reglas que el ordenamiento jurídico prevé para la prueba pericial, salvo lo atinente a la objeción del mismo, la cual está eliminada expresamente por el citado artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, de la experticia que se rinda debe correrse traslado a las partes, quienes pueden pedir su aclaración o su complementación (num. 1º, artículo 238 ibídem). Además, en caso de así solicitarse y ordenarse, de la aclaración o de la complementación que se elabore deberá, igualmente, surtirse el traslado respectivo (num. 4º ibídem), con el cual se garantiza la publicidad de la pericia.
1. En el estudio de viabilidad de la impugnación extraordinaria también es menester verificar, cuando las partes son plurales, si el recurso lo interponen todos o algunos de sus integrantes; así mismo, en que calidad actúan. Estas condiciones tienen relevancia en la forma como se cuantifica el interés que asiste al litigante inconforme, ya sea por el total, cuando se trata de litisconsortes necesarios, o dividiéndolo por la participación de cada uno, si son facultativos.
Esta Sala al respecto, en auto de 25 de enero de 2013, Rad. 2009-00676, recalcó que:
La labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme (…) Bajo ese criterio, cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés para controvertir la decisión del juzgador, en el caso de que uno o varios de ellos advierta que la misma les es lesiva.
1. Tienen relevancia para la resolución que se toma los siguientes hechos:
a. Que la reivindicación la promueven Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana, Justiniano, Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza, quienes a su vez conforman la parte opositora en la pertenencia en reconvención (folios 47 al 51, cuaderno 1 y 99 al 104, cuaderno 2).
a. Que el apoderado inicialmente designado por los promotores renunció en el curso de la primera instancia (folios 143 y 144, cuaderno 1).
a. Que Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza encomendaron su representación a un nuevo profesional del derecho (folios 149, 150 y 154, cuaderno 1)
a. Que Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana y Justiniano Arbeláez Almanza quedaron sin vocero judicial.
a. Que la sentencia de segunda instancia de 28 de junio de 2013, revocó la del a quo que acogió la reivindicación y, en reemplazo, accedió a la pertenencia invocada por la poseedora (folios 7 al 28, cuaderno 3).
a. Que tanto la adherencia en la alzada, como la interposición de este medio extraordinario de contradicción, fueron a solicitud del gestor de Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza (folios 301, cuaderno 1 y 30, cuaderno 3).
a. Que la pericia rendida por decreto oficioso del ad quem, con el fin de justipreciar el interés de los impugnantes, no fue puesta en conocimiento de los intervinientes para que se pronunciaran.
a. Que por auto de 9 de octubre de 2013, se concedió «el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante principal» y se ordenó pagar las copias necesarias para el cumplimiento del fallo (folios 74 al 77, cuaderno 3)
1. El juzgador de segundo grado incurrió en omisiones que impiden dar vía a esta censura, como se pasa a precisar:
a. No sometió a contradicción el avalúo del inmueble materia de pleito, rendido por la auxiliar nombrada en segunda instancia, sin que las partes tuvieran la oportunidad de pedir su complementación o aclaración.
Tal falencia le restaba el mérito que se le confirió el Tribunal a esa prueba, al señalar que «el interés de la parte demandante en la acción de dominio para recurrir asciende a la suma de $1.814’4000.000, que es el avalúo comercial del inmueble trabado en la litis vigente para el año 2013, según la experticia ordenada en auto de julio de 2013».
Sobre esta irregularidad la Corporación, en auto de 8 de junio de 2012, Rad. 2007-02647, expuso que
Con el propósito de determinar el interés para recurrir en casación de la demandada en este asunto, el Tribunal ordenó la práctica de un dictamen pericial, a cuyas resultas se atuvo, sin más, para conceder la impugnación extraordinaria (…) Sin embargo, esa prueba no fue sometida a publicidad y contradicción, a pesar de que el 370 del Código de Procedimiento Civil apenas excluye la posibilidad de objetarla, es decir, que a la luz del artículo 238 ibídem, se trataba de un medio demostrativo susceptible de aclaración y complementación, por lo que ha debido surtirse su traslado con miras a que las partes, si así lo estimaban, ejercieran esas precisas herramientas (…) Como dijo la Corte en un evento similar al de ahora, “ingresado el dictamen al Despacho, en lugar de ordenarse el respectivo traslado a las partes, se decidió sobre la concesión del recurso de casación interpuesto por la parte actora. Así las cosas, la Sala colige que la omisión anotada denota, per se, la falta de publicidad de la mencionada actuación, lo que la convierte en una prueba no controvertida y, por lo mismo, inatendible, por lo que el Tribunal debió abstenerse de su valoración sin antes haberse surtido el traslado a las partes que ahora se extraña” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto de 6 de marzo de 2012, Exp. 11001-3103-016-2006-00005-01).
a. Pasó por alto el fallador que el recurso de casación no fue interpuesto por el «apoderado de la parte demandante principal», como lo dio por sentado, sino por quien representaba a tres de ellos, esto es, Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza, concediéndolo por ende a quienes nada dijeron al respecto.
Tampoco justificó por qué razón concluyó que «el interés de la parte demandante en la acción de dominio para recurrir asciende a la suma de $1.814’400.000”, siendo que tenía varios integrantes, no todos ellos opugnaron y ni siquiera verificó qué relación litisconsorcial los une.
a. Adicionalmente, contempló la ejecutabilidad de una sentencia meramente declarativa, sin verificar si se daba alguno de los casos de excepción que relaciona el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil.
1. Obro por tanto precipitadamente el sentenciador, al conceder indistintamente el recurso de casación a todos los accionantes, cuando sólo algunos lo propusieron, y sin agotar los pasos posteriores a la aportación de la experticia, rendida para estimar el valor comercial actual del inmueble usucapido.
1. Deberá, en consecuencia, reexaminarse la situación a fin de determinar, teniendo en cuenta lo expuesto, la presencia o no del interés económico requerido.
DECISIÓN
Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación frente la sentencia de 28 de junio de 2013, proferida por la Sala de Descongestión de esa misma Corporación, dentro del proceso ordinario de Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana, Justiniano, Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza, contra Agripina León de Forero.
Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen, para que una vez agotada la actuación pertinente, proceda como le compete.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado