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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC303-2014
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014).
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandante, señor CRISPÍN TRUJILLO LULIGO, contra la sentencia de 29 de noviembre de 2011 proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso ordinario de pertenencia promovido por el ahora recurrente contra SOFÍA BEATRIZ ANGULO DE RAMÍREZ y PERSONAS INDETERMINADAS, asunto al que se vinculó la señora MARÍA ROSANA PERAFÁN VELASCO como adquirente del inmueble materia de la disputa.
I. ANTECEDENTES
1. Surtido el trámite de la primera instancia, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayán profirió el 27 de septiembre de 2010 fallo estimatorio de las súplicas de la demanda.
2. Apelada dicha providencia por la señora MARÍA ROSANA PERAFÁN VELASCO, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, según sentencia de 29 de noviembre de 2011, la revocó y en su lugar negó prosperidad a las pretensiones formuladas.
3. La parte actora enfiló entonces contra la decisión de segundo grado, en tiempo, recurso extraordinario de casación.
4. El mencionado Tribunal, en auto de 7 de diciembre de 2011, ordenó que se justipreciara el interés del demandante para recurrir en casación y, con ese fin designó a Constanza Cecilia Amaya para que realizara el correspondiente trabajo pericial, persona ésta que no obstante haber sido informada de su nominación como conjuez (fl. 48), se subraya, compareció a tomar posesión en calidad de perito (fl. 49) y rindió el dictamen que se le solicitó (fls. 50 a 55), trabajo que luego fue ampliado (fls. 69-70) por decisión del ad quem.
5. Fue así como el juzgador de segundo grado, con sustento en el dictamen rendido, y en su ampliación, concedió en auto de 16 de marzo de 2012 el recurso extraordinario propuesto.
II. CONSIDERACIONES
1. Entre otros factores, la debida concesión del recurso de casación está condicionada por el valor actual del agravio que la sentencia censurada le hubiese ocasionado al impugnante (artículo 366 del Código de Procedimiento Civil), valor que puede ser establecido o acreditado, con soporte en los medios probatorios que obren en el proceso, o bien con apoyo en un dictamen pericial ordenado para tal efecto, cuando aquel «no aparezca determinado», según lo precisa el artículo 370 ibídem.
2. El referido justiprecio está sometido a todas las reglas que el ordenamiento procesal prevé para el dictamen pericial, entre ellas, aquella que dispone que los auxiliares de la justicia que se designen deben tomar posesión del cargo, diligencia en la cual «deberán expresar bajo juramento que no se encuentran impedidos; prometerán desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo, y manifestarán que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen» (numerales 2º y 3º del artículo 236 ejúsdem).
3. No obstante, se advierte que, conforme aparece a folio 49 del cuaderno 9, contentivo de la actuación surtida ante el Tribunal con ocasión del recurso de alzada, el acta que da cuenta de la posesión de la auxiliar de la justicia designada, no aparece suscrita por el Magistrado Ponente, ante quien debía realizarse la misma, lo que traduce que no se evidencia la satisfacción de la exigencia referida en precedencia y que, por tanto, el trabajo presentado por el auxiliar de la justicia no podía ser válidamente apreciado por el Tribunal con miras a conceder, como en efecto lo hizo, el recurso de casación de que se trata.
4. Otro tanto debe decirse de la omisión en que se incurrió en el trámite de la mencionada prueba pericial, en concreto lo atinente a la ampliación de la experticia, respecto de la que no se corrió traslado, con lo que se contravino lo preceptuado en el num. 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que así el dictamen no sea objetable, sí debe ponerse en conocimiento a las partes, con lo que quedaría satisfecha la contradicción inherente a tal medio de convicción.
5. De todo lo anteriormente expuesto se colige que, previamente a la concesión del recurso extraordinario interpuesto, no medió, en la forma legalmente establecida, el justiprecio exigido por el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil y que, en su momento, el propio ad quem ordenó, de donde resulta necesario devolverle el expediente para que disponga lo que corresponda, en orden a determinar, de manera atendible, el valor del interés para recurrir de la parte demandante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, se DECLARA PREMATURAMENTE CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el demandante, respecto de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en el proceso atrás referenciado.
Devuélvase el expediente al citado Tribunal para lo de su cargo. Ofíciese.
Notifíquese y cúmplase.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada