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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC432-2015
Radicación n.°11001-02-03-000-2014-02824-00
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil quince (2015)
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados de Familia de Soacha (Cundinamarca) y el Sexto de Familia de Ibagué (Tolima).
I. ANTECEDENTES
1. Rómulo Villa Valero, formuló demanda contra su hijo Andrés Villa Garzón, con el fin de que se le exonerara de la cuota alimentaria que le cancelaba a éste. [Folio 6, c. 1] exoneración
2. En el libelo incoativo se manifestó que la competencia se radicaba en los jueces de Ibagué en virtud de la vecindad de las partes y como dirección de notificación del demandado se señaló «Diagonal 1F No. 9-30 Bario Olivares de Soacha- Cundinamarca». [Folios 7, c.1]
4. No siendo posible la notificación personal del accionado, se ordenó su emplazamiento y agotado esté trámite sin que compareciera el llamado, se le designó Curador Ad-litem con quien se surtió el enteramiento del auto admisorio. [Folio 37, c.1]
5. El 11 de septiembre de 2014, en desarrollo de la audiencia de conciliación prevista en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador decretó la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia y en consecuencia, rechazó de plano la demanda y ordenó remitirla a los Jueces de Familia de Soacha (Cundinamarca), luego de considerar que en dicho lugar se encontraba la residencia del extremo pasivo de la litis. [Folio 44 a 45, c.1]
6. Recibido el asunto para su tramitación por el Juzgado de Familia del referido municipio, éste suscitó el presente conflicto, con sustento en que el funcionario de origen no podía variar motu proprio la competencia después de haber admitido la demanda, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis. Por esas razones dispuso la remisión de las diligencias a esta Corte. [Folio 51, c. 1]
II. CONSIDERACIONES
1. Es cuestión que no merece reparos, por ser un punto en el que existe consenso tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, que la competencia se determina, por regla general, en el momento en que se acude ante el juez para reclamar la protección del derecho sustancial, es decir cuando se interpone la demanda.
En ese orden, al funcionario judicial le asiste el deber de revisar desde un comienzo el cumplimiento de los requisitos formales que ha de contener el libelo, entre los cuales se encuentra la designación del domicilio del demandado, tal como lo preceptúa el numeral 2º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.
Es en ese momento cuando puede inadmitir o rechazar la demanda por alguna de las causas previstas en el artículo 85 ejusdem, que a su tenor dispone: «el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido.»
A su vez, el primer inciso del artículo 148 del mismo ordenamiento estatuye: «siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará su actuación. Estas decisiones serán inapelables.»
En contraste, el segundo inciso del artículo 148 preceptúa, que «el juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143». En armonía con ese precepto, el numeral 5º del artículo 144 señala que la nulidad se considerará saneada «cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso».
A partir de una sistemática interpretación de las normas que vienen de comentarse, es evidente que el significado del segundo inciso del artículo 148 es que el juez no puede rehusar el conocimiento del asunto cuando las partes no alegaron la incompetencia distinta de la funcional habiendo tenido la oportunidad de hacerlo mediante la formulación de sus excepciones previas.
Ello se justifica porque a pesar de la improrrogabilidad de la competencia consagrada en el artículo 13 de la ley procesal, la voluntad del legislador fue que la nulidad por falta de competencia distinta de la funcional fuese saneable ante el silencio de las partes en la formulación de esa causal.
El saneamiento de esa causal por la omisión de las partes presupone, naturalmente, que éstas hayan tenido la oportunidad de alegar la falta de competencia en su escrito de excepciones previas, lo cual no puede ocurrir más que cuando se ha conformado la relación procesal, esto es cuando se ha notificado al auto admisorio o el de mandamiento de pago, según el caso, al demandado.
3. Ahora bien, para establecer la competencia por el factor territorial se hace necesario acudir a la regla general contenida en el numeral primero del artículo 23 del ordenamiento procesal, a cuyas voces «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste.»
A su vez, el numeral 4º de la referida disposición señala: «4. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de sociedad conyugal, pérdida o suspensión de la patria potestad, o impugnación de la paternidad legítima, y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a los de nulidad, divorcio y separación de cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve».
De la inteligencia de los anteriores preceptos se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez de la vecindad del demandado. Sin embargo, en tratándose de los procesos de alimentos, específicamente, es competente también el juez del domicilio común si la parte actora lo conserva.
Como puede advertirse, en este tipo de asuntos el legislador no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escogiera si presentaba su demanda ante aquél o ante el juez del domicilio común si se conserva por el demandante.
En ese orden, es preciso convenir que si el caso sub-judice versa sobre alimentos de mayores, entonces concurren dos fueros para establecer el factor territorial; por manera que el accionante estaba legalmente facultado para presentar su libelo ante cualquiera de los funcionarios mencionados en el referido numeral quinto.
4. En el caso que se analiza, en la demanda se afirmó que las partes eran vecinas de la ciudad de Ibagué y por ende, la demanda se radicaba en el Juzgado Promiscuo de Familia de dicha ciudad.
Luego de revisar los requisitos formales que debe contener el libelo, el juez admitió la demanda el 7 de abril de 2014 y ordenó su enteramiento al demandado [folio 19, c.1], lo que significa que desde ese momento se fijó la competencia en tal funcionario, sin que le estuviera permitido variarla motu proprio, pues la supuesta falta de competencia por el factor territorial no constituye una nulidad insubsanable.
Por el contrario, en atención a las previsiones legales que se comentaron líneas arriba, y, específicamente las contenidas en el segundo inciso del artículo 148; el antepenúltimo inciso del artículo 143; y el numeral 5º del artículo 144 de la ley procesal, es ostensible que el funcionario judicial no está facultado para declarar esa especie de nulidad de manera oficiosa, pues luego de haber asumido el conocimiento del asunto, queda al arbitrio de la parte demandada decidir si formula la respectiva excepción previa, o si acepta el fuero establecido.
De ahí que si el actor señaló inicialmente que el domicilio del convocado se encuentra en Ibagué; si del contenido libelo el juez no dedujo una conclusión diferente; si admitió el asunto; y si la falta de competencia territorial no fue alegada por la parte interesada, entonces no existe ninguna razón para que el juez que asumió el conocimiento del trámite desde un comienzo se desprendiera del mismo con sustento en razones que no se encuentran previstas en la ley procesal.
5. Por tales razones se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué (Tolima), de lo cual se dará aviso al funcionario que planteó el conflicto y a las partes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado de Familia de Soacha, y a las partes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado